Aumentan las restricciones pese al predominio de la democracia

En América Latina y el Caribe la sociedad civil está bajo creciente presión a pesar de la prevalencia de la democracia en la región, afirma un nuevo informe publicado hoy por la alianza global de la sociedad civil CIVICUS.

Si bien en la mayor parte de los países las libertades fundamentales que componen el espacio cívico –las de asociación, reunión y expresión- tienen reconocimiento constitucional, las barreras legales, administrativas y de hecho que limitan su ejercicio han aumentado en todo el continente. Estas restricciones han resurgido tras una nueva ola de protestas ciudadanas en torno de problemas profundamente arraigados en la región: la desigualdad, la corrupción y los abusos del poder político.

“Cuando el espacio para la sociedad civil se reduce en los países democráticos, la calidad de sus democracias debe ser puesta en cuestión”, afirma Inés M. Pousadela, investigadora principal y autora del informe. “Entonces tenemos que preguntarnos: ¿cuán representativas, responsables y capaces de responder a la ciudadanía son nuestras instituciones democráticas; qué tan abiertas están a la participación de los ciudadanos y en qué medida están contribuyendo a la vigencia efectiva de los derechos humanos?”

Según el informe, gran parte de los peligros que hoy enfrenta la sociedad civil resulta de las redes de corrupción que entrelazan los intereses de políticos y funcionarios públicos con los de las empresas privadas y, en algunos casos, del crimen organizado.

Aunque no busca documentar exhaustivamente todas las restricciones al espacio cívico, el informe ofrece una serie de ejemplos que ilustran las principales tendencias en la región.

En relación con la libertad de asociación, el informe documenta:

  • obstáculos para la creación, el funcionamiento, la comunicación y la búsqueda de recursos para las organizaciones de la sociedad civil que han sido mantenidos o se han introducido recientemente en Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Venezuela;
  • el aumento del escrutinio y la vigilancia, operativos de cierre forzoso de organizaciones de la sociedad civil, y campañas de difamación contra actores de la sociedad civil en Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela;
  • detenciones, encarcelamiento y manipulaciones del sistema judicial en perjuicio de activistas de la sociedad civil en Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Paraguay y Venezuela;
  • intimidación y asesinatos selectivos de activistas y defensores de derechos humanos en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.

Estas medidas afectan desproporcionadamente el trabajo de organizaciones, activistas y periodistas dedicados a labores de incidencia con el objeto de obligar a los gobiernos a rendir cuentas, exponer la mala gobernanza y defender los derechos de poblaciones excluidas.

En lo que concierne a la libertad de reunión, el informe documenta:

  • cambios legales en dirección de un manejo más autoritario de las protestas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay y Venezuela;
  • represión de manifestaciones Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.
  • Respecto de la libertad de expresión, el informe documenta:
  • persecución judicial y empleo de la legislación penal sobre difamación contra periodistas y activistas en Guatemala, Honduras y Venezuela;
  • violencia contra periodistas, así como contra organizaciones y activistas de la sociedad civil que hacen uso de los medios en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela.

A pesar de la tendencia ininterrumpida a la adopción de leyes de acceso a la información, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión se han deteriorado. Los conflictos entre gobiernos y medios críticos, así como la creciente concentración de la propiedad de los medios, están teniendo un fuerte impacto negativo en la región.

El informe concluye que a pesar de las restricciones, los activistas de la sociedad civil continúan organizándose y planteando el desafío de la responsabilidad y la rendición de cuentas a gobiernos y corporaciones. Asimismo, afirman su propio poder resistiendo frente a las limitaciones y aprovechando toda oportunidad para expandir el espacio cívico.

Entre las recomendaciones que presenta el informe se cuentan las siguientes:

  • adopción de marcos nacionales para proteger a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil y establecimiento de las responsabilidades correspondientes por parte de las agencias burocráticas y de seguridad;
  • inicio de procesos de reforma legal y de política pública para habilitar el ejercicio de las libertades fundamentales, por ejemplo mediante la clasificación de la difamación como delito civil en vez de penal y la remoción de obstáculos legales y administrativos injustificados para la formación y el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil, así como para la celebración de manifestaciones pacíficas;
  • entrenamiento de las fuerzas policiales y de seguridad para impedir el uso excesivo de la fuerza en el manejo de las protestas; y
  • fortalecimiento de las instituciones nacionales para acabar con la impunidad por los ataques contra periodistas y activistas.

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