La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) expresan su profunda preocupación por el creciente deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela. Los días 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió las sentencias N° 155 y 156, mediante las cuales declaró a la Asamblea Nacional en desacato, privó a los legisladores de inmunidad parlamentaria y asumió atribuciones del Congreso, así como la prerrogativa de delegarlas en quien juzgara conveniente, en este caso en la presidencia.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolanas han manifestado que estas decisiones equivalen en la práctica a un intento de golpe de Estado contra el Poder Legislativo, un pilar fundamental de las instituciones democráticas y la encarnación del derecho de la ciudadanía a estar representada allí donde se toman las decisiones clave que repercuten sobre sus vidas y sus derechos. Del mismo modo, la Fiscal General consideró que estas decisiones del TSJ representan una ruptura del orden constitucional.

Los últimos acontecimientos han sido la culminación de un proceso de erosión de la autoridad del Congreso que lleva varios años, y que ha sumido al país en una profunda crisis social. Durante el pasado año y medio, el TSJ emitió más de 50 resoluciones que socavaron las funciones de la Asamblea Nacional y otorgaron poderes ilimitados al Ejecutivo. Esta es la razón por la cual la decisión del TSJ de dar marcha atrás sobre sus últimas decisiones no supuso un restablecimiento de la separación de poderes y del estado de derecho. El hecho de que el TSJ revirtiera sus decisiones a petición del Ejecutivo, asimismo, no hizo más que enfatizar la falta de independencia del poder judicial y la degradación en curso de las instituciones republicanas en Venezuela.

A lo largo de los años, la erosión de los controles constitucionales y la consiguiente polarización política han ido acompañados de restricciones cada vez mayores sobre las libertades cívicas, es decir, sobre los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica sin los cuales no puede funcionar una sociedad civil activa y empoderada.

A su vez, la creciente concentración de poderes de decisión en el liderazgo ejecutivo ha redundado en graves fallos en la formulación de políticas públicas, intensificando en vez de resolver la crisis social que afronta el país, con fenómenos que incluyen una aguda escasez de alimentos y otros bienes básicos, el desmoronamiento del sistema público de salud y un aumento de la violencia callejera que afecta desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas. También resulta preocupante la creciente represión estatal contra individuos y grupos de la sociedad civil que se expresan, organizan y protestan acerca de estos problemas.

Frente a esta crisis multidimensional, hacemos un llamado al gobierno venezolano para que:

  1. Restaure las funciones y recursos constitucionalmente definidos de la Asamblea Nacional, así como las prerrogativas de sus miembros, devuelva las facultades extraordinarias conferidas al Poder Ejecutivo mediante sucesivas sentencias del TSJ, e introduzca medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial.
  2. Derogue el estado actual de excepción, establecido mediante decreto ejecutivo, y cumpla con los compromisos de derechos humanos asumidos bajo el derecho internacional en materia de garantía de las condiciones básicas para el trabajo de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
  3. Garantice el derecho a las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión. Las fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza y el arresto arbitrario de manifestantes pacíficos.
  4. Participe en un diálogo con actores nacionales relevantes, incluyendo a la sociedad civil, para resolver la actual crisis; y asegure el acceso a alimentos y medicamentos para toda la población.
    Instamos también a la comunidad internacional, y en particular a la Organización de los Estados Americanos y a sus Estados miembros, a colaborar en aras de la resolución de la crisis social y política que enfrenta Venezuela.

Contactos:
Eleanor Openshaw,
ISHR Oficina de Nueva York
+12124902199
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Inés Pousadela
CIVICUS Políticas e Investigación
+598 2901 1646
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