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CIVICUS conversa con Héctor Ulloa, estudiante de doble licenciatura en Derecho y Economía, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Honduras y fundador del Movimiento Progresista Universitario (PRO).

¿Cuáles son las raíces del conflicto que tiene a los estudiantes universitarios movilizados desde hace meses? ¿Qué demandan los estudiantes hondureños?

El eje del conflicto es la falta de participación estudiantil. En 2004 se inició en la universidad un proceso de reforma. Se aprobó una nueva ley orgánica que eliminó la paridad estudiantil, y en cambio estableció para los estudiantes un 33% de participación en todos los órganos de gobierno universitario, desde los niveles más bajos – como los comités técnicos de carrera, donde se tratan las reformas curriculares de cada carrera – hasta el consejo universitario, el órgano superior, donde se tratan el presupuesto, el modelo educativo de la universidad, las normas académicas, etc. La nueva ley orgánica, en definitiva, consagra el derecho de participación estudiantil; sin embargo, hasta la fecha no ha habido tal participación.

En 2012-2013, la actual rectora Julieta Castellanos introdujo a través del Congreso Nacional una modificación de la ley orgánica que nos niega el derecho de tener representantes, y en cambio atribuye a las autoridades universitaria el derecho de elegir a los representantes de los estudiantes. Entonces, de 2013 para acá han sido las autoridades universitarias las que han elegido a unos supuestos “representantes” estudiantiles. Las autoridades los imponen a dedo y luego estos “representantes” votan a favor o en contra de las diferentes medidas sin consultar con los estudiantes. El estudiante verdaderamente no tiene participación en ningún órgano de gobierno y las agrupaciones estudiantiles no son reconocidas.

La movilización contra esta reforma autoritaria se intensificó en el 2016, cuando se aprobó una nueva normativa académica que resultó en la expulsión de más de 10 mil estudiantes por tener un bajo índice académico. Esta reforma pasó precisamente a través de la votación de aquellos falsos representantes estudiantiles impuestos a dedo.

A esto se suman otros problemas, tales como la situación precaria de los centros regionales – no hay laboratorios, no hay insumos. Todas estas deficiencias se derivan de una situación en la cual el estudiante no tiene ni voz ni voto en ningún ámbito: ni financiero, ni de control, ni académico. Para las actuales autoridades universitarias el estudiante simplemente no existe.

A mediados de 2016, después de dos meses de tomas de instalaciones universitarias, hubo un acuerdo firmado por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y las autoridades de la universidad. Sin embargo, las autoridades no solamente incumplieron totalmente este acuerdo, sino que la criminalización continuó y en 2017 tres estudiantes fueron condenados por su participación en las protestas estudiantiles. Ante esta situación el movimiento estudiantil ha dado recientemente un paso adelante, con la presentación de un proyecto ante la cámara legislativa para que sea el Congreso Nacional y no las actuales autoridades universitarias el que dirima este asunto. Porque nosotros no estamos dispuestos a volver a dialogar con la rectora y su equipo, quienes no han hecho otra cosa que atacar y reprimir a los estudiantes. De hecho, hace unos pocos días se dio el caso de que expulsaron a 19 compañeros por quince períodos académicos, es decir por cinco años.

¿Cómo ha reaccionado el Estado ante la protesta estudiantil? ¿Han enfrentado también obstáculos adicionales procedentes de actores no estatales?

El problema ha sido justamente que las autoridades universitarias han instrumentalizado al Poder Judicial y a los entes represivos del Estado para evitar que los estudiantes logren recuperar sus derechos de participación. Ha habido más de cien casos de estudiantes judicializados por las autoridades universitarias a través del Ministerio Público. En los últimos años ha habido cinco o seis desalojos policiales, y se ha hecho uso de gases lacrimógenos contra protestas pacíficas; como ya he mencionado, este año tres estudiantes fueron condenados a entre tres y cinco años de cárcel por haber formado parte del movimiento estudiantil, y actualmente hay otros 26 procesos judiciales activos. A estos se suman 75 del año pasado y 16 de 2014 y 2015, que por el acuerdo firmado el año pasado se extinguieron. Sin embargo, este año tenemos 26 procesos nuevos y tres compañeros condenados. El mes pasado, una de las protestas contra la criminalización fue desalojada del edificio de la Facultad de Química y Farmacia por la Policía Nacional y terminó con seis heridos. Y el 23 de junio el padre de un estudiante, que actuaba como portavoz de un colectivo de padres de 19 estudiantes de la UNAH, fue asesinado justo al día siguiente de que manifestara su apoyo público a su hijo y al movimiento estudiantil a través de entrevistas con los medios de comunicación.

En suma, el Estado ha actuado en contubernio con las autoridades universitarias, a las que ha apoyado tanto en la judicialización como en los desalojos y en la represión de la protesta estudiantil. Adicionalmente hemos sufrido represión por parte de actores no estatales: empresas privadas de seguridad contratadas por las autoridades universitarias. De hecho tenemos una empresa privada de seguridad, ESPA (Empresa de Seguridad Privada del Aguán) adentro de la universidad, que ha estado involucrada en muchos actos violentos de conflicto con estudiantes. Y el último acontecer fue que las autoridades universitarias contrataron a un grupo de esos que hacen seguridad en los conciertos, conocidos como “gorilas”, para que fueran a la universidad a desalojar edificios. Eso resultó en una batalla campal; esta gente llevaba tubos y cadenas, y hubo varios heridos que terminaron en el hospital.

¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los activistas en Honduras?

El principal problema en Honduras es la falta de seguridad jurídica. El hondureño es un Estado prácticamente fallido, con muy baja capacidad de gestión pero con gran poder de represión. La reciente reforma del Código Penal, aprobada en febrero de este año, permite la tipificación de la protesta social como terrorismo. Esto ocurre porque la definición de “terrorismo” adoptada es muy amplia, e incluye actos tales como quemar ómnibus o vandalizar edificios; además, ofrece aún mayores protecciones a los agentes de seguridad del Estado. El presidente ha sostenido que este cambio era necesario para combatir el delito; en cambio, tanto la oposición como grupos de sociedad civil y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo han rechazado con el argumento de que redundará en una mayor criminalización de la protesta social.

Honduras es actualmente uno de los países con más muertes de activistas y defensores de derechos humanos y periodistas, como lo demuestran los datos producidos por numerosas organizaciones de la sociedad civil. El último informe de Global Witness, por ejemplo, documenta que desde 2010 más de 120 personas fueron asesinadas en el país por su activismo ambiental. Así lo reconocen también organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Existen iniciativas de la sociedad civil para superar estas limitaciones?

Quienes velan por nuestras libertades y garantías son ante todo las organizaciones no gubernamentales que vigilan y cuidan a los activistas para evitar mayores tragedias. La sociedad civil se moviliza y protesta contra las medidas autoritarias y regresivas, pero es difícil porque vivimos en un país autoritario donde la disidencia es aplastada.

¿Cuán conectado está el movimiento estudiantil hondureño con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿De qué modo pueden los actores externos apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil en Honduras?

Nosotros como movimiento estudiantil universitario tenemos bastante contacto con federaciones de estudiantes de países latinoamericanos. La relación más estrecha que tenemos es con la FEUCA (Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe) y con universidades públicas de nuestro país, como la Universidad Nacional de Agricultura, que por cierto también ha enfrentado una fuerte represión. Los contactos se utilizan básicamente para compartir información, videos e imágenes de lo que está sucediendo y exteriorizar nuestra problemática: es importante que se emitan comunicados, noticias, entrevistas, que mantengan presente la cuestión. Esto ha sido muy importante porque diferentes actores internacionales se han pronunciado en vistas de todas las campañas de difusión que están haciendo otros movimientos estudiantiles latinoamericanos. A su vez, muchos movimientos de otros países de la región han venido a apoyarnos una vez que la situación de la UNAH pasó a ser un tema vigente en la opinión pública internacional.

  • El espacio cívico en Honduras es clasificado por el CIVICUS Monitor en la categoría “obstruido”.
  • Visite el perfil de Facebook de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UNAH, o siga en Twitter @aedunah.
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