Argentina

• Construyendo juntos un mejor entorno habilitante para todas las organizaciones sociales en el mundo

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  Con motivo de los25 años de CIVICUS,RACI:la Red Argentina de Cooperación Internacional queremos,explica de qué manera el ser parte de CIVICUS - Alianza Mundial para la participación ciudadana – permitecconstruir juntos un mejor entorno habilitante para todas las organizaciones sociales en el mundo.

  “RACI se une, con mucha alegría, a la celebración del vigésimo quinto aniversario de CIVICUS. Desde la Red Argentina de Cooperación Internacional queremos desearle un feliz cumpleaños a CIVICUS y esperamos que vengan otros veinticinco años más.

• COVID-19: ‘Necesitamos políticas públicas que reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidado no remunerado’

  CIVICUS conversa acerca de los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre las desigualdades de género y las respuestas formuladas por la sociedad civil con Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). CIPPEC es una organización de la sociedad civil argentina dedicada a la producción de conocimiento y recomendaciones para la elaboración de políticas públicas orientadas al desarrollo, la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la eficacia y solidez de las instituciones.

• COVID-19: ‘We need public policies that reduce and redistribute unpaid care work’

  CIVICUS speaks about the impacts of the COVID-19 pandemic on gender inequalities and civil society responses with Gala Díaz Langou, director of the Social Protection Programme of the Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC). CIPPEC is an Argentinian civil society organisation dedicated to producing knowledge and recommendations towards the advancement of public policies aimed at fostering development, equity, inclusion, equal opportunity and solid and effective institutions.

• Crisis en Argentina: hay que poner fin a la violencia contra las personas activistas y garantizar las libertades cívicas

  Desde la alianza global de la sociedad civil CIVICUS hacemos un llamamiento al gobierno argentino para que ponga fin a la violencia y al hostigamiento de activistas y periodistas, además de garantizar el derecho de la ciudadanía a expresarse, reunirse y protestar. Asimismo, debe retractarse y derogar los proyectos de ley que han sido presentados recientemente y que restringen y criminalizan los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

  En un contexto de tensiones económicas y sociales, el espacio cívico del país está sufriendo un alarmante deterioro, ya que las autoridades restringen cada vez más los espacios cívicos. Las protestas han sido violentamente reprimidas, y los periodistas y activistas sociales se enfrentan a un creciente acoso y criminalización.

  El presidente Javier Milei anunció, tras su toma de posesión en diciembre de 2023, un decreto por el que se derogaban o modificaban más de 70 leyes. Las medidas introdujeron cambios regresivos en materia de libertad de expresión y reunión, así como en educación, derechos de género, sanidad y vivienda. El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió una resolución que permite la criminalización y la dispersión violenta de las protestas.

  El uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra las protestas se ha convertido en algo habitual. El 12 de junio, la policía hizo un uso desproporcionado de la fuerza contra las personas que participaban en una protesta organizada por sindicatos, universidades y organizaciones de derechos humanos contra el proyecto de Ley Ómnibus propuesto por el presidente Milei. El Ejecutivo argentino ha reclamado al Congreso la capacidad de utilizar a discreción poderes legislativos de carácter extraordinario y ha replanteado la protesta social como un delito contra el orden público. 

  Periodistas y al menos 33 manifestantes fueron agredidos y detenidos de manera arbitraria por presuntos delitos contra el orden público y constitucional, actos de intimidación pública e incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, entre otros cargos.

  La alianza mundial de la sociedad civil y las organizaciones abajo firmantes hacen un llamamiento al gobierno de Argentina para que:

  1. Respete la libertad de las personas para expresarse y participar plenamente en las protestas sin sentir miedo.
  2. Abandone todos los proyectos de ley restrictivos que pretendan atacar, controlar, perseguir o censurar a las organizaciones de la sociedad civil y a los activistas que trabajan para proteger los derechos de todas las personas en Argentina.
  3. Derogue el nuevo protocolo de seguridad y todas las medidas represivas que criminalizan la protesta y restringen el espacio cívico.

   

  Firmantes: 

  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

  CIVICUS, Alianza Global para la Sociedad Civil

  Fundación Comunidad

  Fundación Otras Voces

  FUNDAMET

  Jóvenes Solidarios

  Red Encuentro

  TALENTO FUTBOL CLUB

  Consciente Colectivo

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  El espacio cívico en Argentina está clasificado como 'estrecho' por el CIVICUS Monitor.

• G20: ‘El activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios’

  En diciembre de 2018 miles de personas marcharon contra las políticas neoliberales en Buenos Aires, Argentina, mientras se celebraba la Cumbre de Jefes de Estado del G20. Tanto durante la cumbre como en el proceso que la antecedió, la sociedad civil argentina, latinoamericana y global hizo uso tanto de los espacios institucionales de participación como de acciones autónomas y protestas callejeras para hacer oír su descontento.CIVICUSconversa sobre las acciones en torno del G20 con Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora argentina e integrante delComité Ejecutivo de Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), una red de feministas del sur global que trabaja por la justicia económica, ecológica y de género, así como por el desarrollo democrático ysostenible.

  ¿Quiénes salieron a protestar contra la cumbre del G20 en Argentina, y qué tácticas utilizaron?

  Las acciones de protesta callejera durante el G20 no fueron un evento aislado, sino que estuvieron en continuidad con las reacciones que generó la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que también se realizó en Argentina el año anterior. No se organizaron específicamente ante el G20 sino que son parte de un proceso de resistencia más amplio protagonizado por una articulación de organizaciones sociales que lleva la voz contra el proceso de globalización financiera. Yo formo parte de una organización feminista del sur global, DAWN, y por lo tanto estuve involucrada sobre todo en el trabajo desde lo que llamamos el Foro Feminista, un subgrupo dentro de esta articulación de organizaciones. Lo que se organizó en ocasión del G20 fue muy similar a lo que se había hecho ante la OMC, una semana de acciones que inicialmente se pensaron como acciones ante al G20 pero terminaron siendo acciones contra el G20. Hubo distintas clases de acciones e intervenciones. Desde el Foro Feminista aprovechamos el contexto para tener una jornada específica de formación en economía feminista, así que entre otras cosas DAWN lideró la Escuela de Economía Feminista. Hubo un par de días en que se organizaron jornadas de debate más académico, las cuales funcionaron en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hubo mesas sobre los diversos temas que se discuten en estos espacios multilaterales, desde extractivismo hasta economía digital. Y luego hubo un par de jornadas de acciones más callejeras: la primera fue un día completo de debates y paneles en carpas montadas en la calle, una de las cuales fue la del Foro Feminista. Allí hicimos un conversatorio, un tribunal donde se presentaron casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas trasnacionales, y una asamblea del Foro Feminista para discutir estrategias y perspectivas. El tribunal es una forma de manifestación pública similar a la que realiza la Alianza Global por el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos: un espacio donde se expone la denuncia y se deja claramente en evidencia lo que la justicia debería hacer al respecto.

  El último día de la semana, cuando ya estaba en curso la cumbre del G20, se hizo la marcha de protesta, en un contexto bastante restrictivo, ya que el gobierno argentino, que presidía la reunión, había militarizado la ciudad de Buenos Aires y establecido una zona de exclusión, con lo cual la marcha transcurrió bastante lejos de donde se estaba haciendo la cumbre.

  En términos muy generales, las consignas de la semana de acción se centraron en la denuncia de las implicancias para los derechos humanos del tipo de políticas que promueven los gobiernos de los países que integran el G20, y fundamentalmente los efectos de las decisiones del capital concentrado y las acciones de las empresas multinacionales en los territorios. Denunciamos que la actual dinámica global conduce a un aumento escandaloso de las desigualdades y a la permanente violación de los derechos humanos, con evidencias de casos concretos, muchos de ellos vinculados a las acciones de empresas extractivas. El otro gran mensaje es el de la resistencia: tenemos que resistir colectivamente las políticas que están impulsando los países que forman el G20 y construir colectivamente otra economía y otra sociedad.

  ¿Fueron protestas de organizaciones y movimientos sociales locales, o se trató de una protesta auténticamente global?

  La resistencia es global. Si bien en el caso de Argentina la participación de organizaciones y activistas del exterior fue mayor durante la reunión de la OMC que cuando se hizo la del G20, yo lo atribuyo más bien al hecho de que el G20 involucra a menos cantidad de países. Además, el G20 no está en el radar, y por lo tanto en la agenda, de tantas organizaciones, no solo en Argentina sino también en la región y en el mundo. Pero la coalición global que se movilizó en esta oportunidad fue la misma que también sale a la calle cuando se hacen las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos rectores de las finanzas globales.

  Tanto en la reunión de la OMC como en la del G20, en las que yo pude participar porque tuvieron lugar en Argentina, hubo una presencia sobre todo argentina y latinoamericana. Entiendo que esto se explica tanto por la distancia física que nos separa del resto del mundo como por la potencia que tiene el activismo sobre estos temas en América Latina.

  Más allá de los participantes que por diversas razones hayan querido o podido estar, lo que hace global a la protesta contra el G20 es precisamente la naturaleza del blanco al que apunta. El G20 es la unión de las economías más grandes y concentradas del mundo. Contando a los países de la Unión Europea, que conjuntamente integran el G20, éste da cuenta del 85% del producto bruto mundial. Las decisiones que toman y los acuerdos a los que llegan los gobiernos de los países que lo integran afectan a todo el mundo. Es natural entonces que las resistencias al G20 tengan carácter global, aunque mantengan color local y modifiquen su composición en función del lugar donde se realicen las cumbres anuales.

  En ese sentido, evidentemente no todos estamos siempre en todas partes, pero pasamos a integrar la resistencia cuando el G20 se reúne en nuestros países, y esperamos que las organizaciones y movimientos sociales de otros países lo hagan a su vez. DAWN es una organización del sur global y tiene integrantes en Argentina, de modo que era natural que nos involucráramos ante la reunión del G20 en Argentina. Pero no estamos contemplando en lo más mínimo movilizarnos el año que viene cuando el G20 se reúna en Japón. Para nosotros esta vez era fácil participar y no hacerlo hubiera sido desperdiciar la oportunidad de ser parte activa de esta coalición de resistencia de la que ya participábamos de otras maneras y en otras instancias. Nos pareció que teníamos que aprovechar que esto ocurría en Buenos Aires para que nuestra resistencia pública sirviera para informar a la ciudadanía sobre qué es el G20 y que implicancias e impactos tiene, además de contrarrestar la narrativa exitista que diseminó el gobierno argentino. Pero la acción frente al G20 no está entre nuestras prioridades estratégicas: no andamos siguiendo al G20 por el mundo. De hecho, lo de este año fue una relativa anomalía, porque hay pocos países del sur en el G20. Esperamos que el año que viene la sociedad civil japonesa tome la posta; sería natural que la resistencia contra el G20 pase a ser protagonizada por organizaciones y activistas de Asia. Si bien algunas organizaciones más grandes que están basadas en el norte tienen la posibilidad de ir a todos lados, la lógica indica que en cada caso la movilización sea sobre todo local y regional.

  Además de recurrir a la acción callejera, ¿cómo utilizaron los espacios institucionales para la participación de la sociedad civil dentro del G20?

  No todo el movimiento de resistencia contra el G20 tiene la misma posición frente a estos espacios. La postura de DAWN es aprovecharlos, y como representante de DAWN yo participé en el Observatorio de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, coordinado por Mabel Bianco, presidenta de la organización feminista argentina FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer). El objetivo del Observatorio era hacer, durante el año de la presidencia argentina del G20, el seguimiento del cumplimiento de los puntos del plan de implementación de acuerdos básicos aprobado por el grupo W20 (Mujeres20) en Berlín, Alemania, el año anterior. Hicimos algunas actividades locales y nacionales, produjimos policy briefs y otros materiales escritos para incidir sobre quienes iban a participar de las reuniones y negociar las declaraciones en el marco del G20. Trabajamos sobre todo con los grupos de afinidad de G20, y en particular desplegamos mucha actividad alrededor de las reuniones de los grupos de trabajo y las cumbres del C20 (el foro de sociedad civil) y el W20. También hubo participación feminista en otro grupo de afinidad, el T20 (el foro de think tanks), que tenía una task force de género.

  La participación en el W20, en particular, fue muy controvertida y trabajosa dentro del movimiento feminista, y nosotras de hecho no fuimos delegadas, aunque sí participamos desde adentro para sentar posiciones en el W20. Esto supuso muchas discusiones con compañeras que consideran que estar adentro es legitimar y convalidar. Son argumentos atendibles, pero mi conclusión después de haber estado tanto adentro como afuera es que fue un acierto que nosotras nos mantuviéramos adentro y algunas compañeras de otras organizaciones aceptaran ser delegadas, porque caso contrario la declaración del W20 hubiera sido mucho peor de lo que fue. Fue muy importante que hubiera voces feministas adentro, y esas voces fueron las nuestras, porque la persona nombrada por el gobierno argentino para liderar el W20 era una mujer de negocios con una mirada no solamente nada feminista, sino también bastante paternalista y completamente divorciada de la realidad en que vive la mayoría de las personas.

  En suma, el resultado del trabajo de estos grupos de afinidad depende en gran medida de quién los lidera, y no sorprende que haya sido mucho más productivo el trabajo en el C20, que acabó emitiendo una declaración mucho más positiva que el propio W20 en relación con los derechos de las mujeres.

  En una época de creciente nacionalismo económico y populismo de derecha, ¿cómo puede la sociedad civil ofrecer una crítica progresista del neoliberalismo globalizado que tenga eco en la ciudadanía enojada que actualmente abraza el populismo?

  Ojalá tuviera una respuesta. Creo que el activismo global, y en particular el que se despliega en estos espacios multilaterales, está fuertemente desconectado de la experiencia en los territorios. El progresismo en general tiene grandes dificultades para entender las experiencias y las opciones de las personas – por ejemplo, porqué en Brasil la gente votó por Jair Bolsonaro, o porqué en Filipinas siguen apoyando a Rodrigo Duterte. Las personas que vivimos en una posición de relativo privilegio somos generalmente incapaces de imaginar cómo vive la gente en las barriadas pobres de nuestras grandes ciudades. Deberíamos hacer un esfuerzo para entender la racionalidad de una mujer con un hijo quemado por la droga que quiere que vengan los militares a sacar a los narcotraficantes a los tiros de la villa. En suma, el activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios.

  En términos generales, el contexto actual es hostil y la prioridad es la resistencia. No creo que estemos en una etapa proactiva de construcción de alternativas, sino que el imperativo número uno es resistir y proteger los pequeños avances que se fueron consiguiendo con tanto esfuerzo a lo largo de décadas en materia de fortalecimiento de derechos e institucionalización de políticas de igualdad. Si bien en última instancia la preservación de esos avances dependerá de la construcción de una narrativa alternativa que permita poner freno a las fuerzas regresivas, lamentablemente aún no hemos llegado a ese punto. Así como estamos, el esfuerzo de construcción de una narrativa alternativa sería extremadamente superficial. El progresismo, al menos en América Latina y posiblemente también en otras latitudes donde la extrema derecha está en ascenso, necesita con urgencia hacer una autocrítica, sin la cual difícilmente pueda avanzar en ninguna dirección. Si experiencias como la del PT en Brasil, que en sus orígenes fueron tan esperanzadoras, acabaron dejando un terreno fértil para que la gente optara por alguien como Bolsonaro, el progresismo tendría mínimamente que preguntarse qué es lo que se hizo mal, como prerrequisito para poder construir una nueva narrativa progresista.

  Como feminista y latinoamericana tengo mis esperanzas cifradas en el hecho de que en la región el feminismo lleva años trabajando en el territorio y está más que nunca antes nutrido por las diversas experiencias de vida de las mujeres reales y de las personas en general. Es por eso mucho más plural y menos clasista que nunca antes. Si acaso queda un movimiento social que, en este contexto desolador, tiene un nivel de vitalidad prácticamente incomprensible, es el feminismo. Eso lo está convirtiendo en uno de los actores sociales más relevantes tanto para sostener la resistencia como para construir la alternativa.

   

  Contáctese con DAWN a través de supágina web o su perfil deFacebook, o siga a@DAWNfeminist en Twitter. 

• G20: ‘Global activism must reconnect with the real experiences of people on the ground’

  In December 2018 thousands of people marched against neoliberal policies in Argentina, where the Summit of the G20 Heads of State was being held in the capital, Buenos Aires. Both during the summit and in the process leading up to it, Argentine, Latin American and global civil society worked in institutional participation spaces while organising autonomous actions and holding street protests to make their discontent heard. CIVICUS speaks about action around the G20 with Corina Rodríguez Enríquez, an Argentinian economist, researcher and member of the Executive Committee of Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), a network of feminists from the global south working for gender, economic and ecological justice, and for democratic and sustainable development. 

  Who came out to protest against the G20 summit in Argentina? What tactics did they use?

  Street protest during the G20 summit was not an isolated event. It has to be viewed in continuity with the reactions provoked by the meeting of the World Trade Organization (WTO) that was also held in Argentina the previous year. It was not organised specifically before the G20 but was part of a broader resistance led by coordinated social organisations that raise their voices against the process of financial globalisation. I belong to a feminist organisation of the global south, DAWN, and therefore I was involved in particular in the work done by what we call the Feminist Forum, a subgroup within this network of organisations. What we organised on the occasion of the G20 was very similar to what had been done before the WTO - a week of action that was initially thought of as action vis-a-vis the G20 but ended up being action against the G20. Various kinds of actions and interventions were staged. We at the Feminist Forum took advantage of the context to hold a specific day of training in feminist economics, so among other things DAWN led the School of Feminist Economics. There were a couple of days in which more academic debates were held, which took place at the School of Social Sciences of the University of Buenos Aires. Roundtables were organised dealing with the various topics that are discussed in these multilateral forums, from extractivism to the digital economy. And then there were a couple of days of street action: on the first full day, debates and panel discussions were held in tents pitched on the street, one of which was the Feminist Forum’s. In there we held a discussion, staged a tribunal where cases were presented of human rights violations perpetrated by transnational companies, and held a Feminist Forum meeting to discuss strategy and perspectives. Tribunals are forms of public actions similar to the ones staged by the Global Alliance for a Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights: a forum where complaints are presented and it is made clear how justice should be done about it.

  On the last day of the week, when the G20 summit was already underway, we marched in protest, and we did so in a rather restrictive context, since the Argentine government, which presided over the summit, had militarised the city of Buenos Aires and established an exclusion zone, forcing the protest to remain quite far away from the summit site.

  In very general terms, the mottoes of the week of action focused on denouncing the implications for human rights of the type of policies promoted by the governments of the countries that make up the G20, and fundamentally the impacts of the decisions made by concentrated capital and the actions of multinational companies on the ground. We affirmed that current global dynamics are leading to a scandalous increase in inequalities and to the systematic violation of human rights, and provided clear evidence, mostly from cases related to the actions of extractive companies. The other overall message is one of resistance: we need collectively to resist the policies driven by G20 countries and collectively build an alternative economy and a different society.

  Were these protests by local organisations and social movements, or were they global protests?

  Resistance is global. Although in the case of Argentina there was greater participation by foreign organisations and activists during the WTO meeting than the G20 summit, I attribute this to the fact that the G20 involves fewer countries. In addition, the G20 is not on the radar, and therefore on the agenda, of that many organisations, not only in Argentina but also in the region and around the world. But the global coalition that mobilised on this occasion was the same coalition that takes to the streets during meetings of the International Monetary Fund and the World Bank, among other global finance governing bodies.

  Both during the WTO and G20 summits, both of which I was able to participate in because they were held in Argentina, there was a strong Argentine and Latin American presence. I think this can be explained by two factors: the physical distance that separates us from the rest of the world and the strength that activism around these issues has in Latin America.

  Regardless of which activists were for whatever reason able or willing to attend, what makes protest against the G20 global is precisely the nature of its target. The G20 includes the largest and most concentrated economies in the world. Including the countries that form the European Union, which are collectively a member of the G20, it accounts for 85 per cent of the world’s gross product. The decisions made and agreements reached by the governments of its member countries affect the entire world. It is therefore only natural for resistance against the G20 to have a global character, even though it takes its local colour and its composition varies according to where the annual summits are held.

  In that sense, even though obviously not all of us are always everywhere, we become part of the resistance when the G20 meets in our country, and we hope that the organisations and social movements of other countries will do the same when their turn comes. DAWN is an organisation of the global south and has members in Argentina, so it was only natural for us to get involved when the G20 meetings were held in Argentina. But we are not in the least contemplating mobilising next year as the G20 gathers in Japan. This time around it was easy for us to participate, and not doing so would have been a wasted opportunity to be an active part of this resistance coalition in which we had already been taking part in other ways and on other occasions. We thought we needed to take advantage of the fact that this was happening in Buenos Aires so that our public resistance would serve to inform citizens about what the G20 is and what its implications and impacts are, as well as countering the narrative of success disseminated by the Argentine government. But action against the G20 is not among our strategic priorities: we will not be following the G20 around the world. In fact, this year's summit was a relative anomaly, because few countries of the global south are members of the G20. We hope that next year Japanese civil society will take over; it would only be natural for resistance against the G20 to be led by Asian organisations and activists. While some larger organisations are based in the global north and have the means to go everywhere, logic indicates that in each case mobilisation will be primarily local and regional.

  In addition to resorting to street action, how did you take advantage of institutional spaces for civil society participation within the G20?

  Members of the resistance movement against the G20 don’t have a unified position regarding those spaces. DAWN's decision is to take advantage of them, and as a representative of DAWN I participated in the Observatory of Women’s Rights Human Rights Defenders, which was led by Mabel Bianco, president of the feminist organisation Foundation for Studies and Research on Women (FEIM). Throughout the year when the government of Argentina presided over the G20, the aim of the Observatory was to monitor compliance with the implementation plan for the basic agreement points approved the previous year by the W20 (Women20) group in Berlin, Germany. We held some local and national-level activities and produced policy briefs and other written materials to influence those who would participate in the meetings and negotiate the G20 statements. We mainly worked with the G20 affinity groups, and in particular we deployed a lot of activity around the meetings of the working groups and summits of the C20 (the civil society meeting) and W20. There was also feminist participation in a third affinity group, the T20 (of think tanks), which included a gender taskforce.

  Participation in the W20 in particular was very controversial within the feminist movement, and it was hard. We did not attend as delegates, although we did participate from within to set our positions in the W20. This provoked many discussions with colleagues who believed that inside participation has a legitimising and validating effect. These are worthy arguments, but my conclusion after having been both inside and outside these spaces is that it was a good idea for us to stay within and for some colleagues of other organisations to accept the role of delegates, because otherwise the W20 statement would have been much worse than it actually was. It was very important that there were feminist voices in there, and that those voices were ours, because the person that the Argentine government appointed to lead the W20 was a businesswoman with a perspective that was not only not in the least feminist, but also quite paternalistic and completely divorced from the reality in which most people live.

  In sum, the result of the work of these affinity groups depends largely on who leads them, and it was not surprising that work was much more productive within the C20, which eventually issued a much better statement regarding women’s rights than the W20 itself.

  At a time of rising economic nationalism and right-wing populism, how can civil society offer a progressive critique of globalised neoliberalism that resonates with the angry citizens currently embracing populism?

  I wish I had an answer to that. I think global activism, and particularly the kind that unfolds in these multilateral spaces, is strongly disconnected from people’s experiences on the ground. Generally speaking, progressives have great difficulties in understanding people's experiences and choices, such as why people in Brazil voted for Jair Bolsonaro, or why people in the Philippines continue to support Rodrigo Duterte. People who live in a position of relative privilege are usually unable to imagine how people live in the slums of our metropolis. We should make an effort to understand the mentality of a woman whose son is being killed by drugs and wants the military to come in and take drug traffickers out. In short, global activism must reconnect with the real experiences of people on the ground.

  Generally speaking, the current environment is hostile and resistance is the priority. I do not think we are yet at a proactive stage in which alternatives are built; our number one imperative is to resist and protect the small achievements that we secured through so much effort over decades and that have strengthened rights and institutionalised equality policies. Although in the final analysis the preservation of these achievements will depend on whether an alternative narrative is built that allows us to bring regressive forces to a halt, unfortunately we have not yet reached that point. As we are now, any effort to build an alternative narrative would be extremely superficial. Progressive movements, at least in Latin America, and possibly elsewhere where the extreme right is on the rise, urgently need to do a critical self-assessment, without which they will hardly be able to move in any direction. Given experiences like those of the Workers’ Party in Brazil, which initially inspired so much hope but ended up creating fertile ground for people to turn to someone like Jair Bolsonaro, progressives should at least wonder what was done wrong, as a prerequisite for putting together a new progressive narrative.

  As a feminist and a Latin American woman, I have my hopes set on the fact that in our region feminism has been working on the ground for years and, as a result, today more than ever it is nourished by the diverse life experiences of real women, and of people more generally. That is why it is much more plural and less class-biased than ever before. If there is one social movement that still has a vitality that is practically incomprehensible in this bleak context, it is feminism. That is turning it into one of the most relevant social actors both to sustain resistance and to build an alternative.

  Get in touch with DAWN through itswebsite andFacebook page, or follow@DAWNfeministon Twitter.

• G20: Why civil society should be at the table

  Spanish

  by Inés M. Pousadela, Senior Research Specialist

  As the G20 – the world’s wealthiest and most powerful states – meet in Argentina throughout 2018, in preparation for their leaders’ summit in late November, the important role that civil society plays in creating healthy and peaceful societies should also be on their agenda. As the host of this year’s summit, Argentina has an opportunity to engender better understanding and recognition of why it is crucial to enable civil society’s work and open up more space for civil society in the G20 processes.

  Difficult conditions for civil society

  These are not easy times for civil society, and this should concern all of us. The difficulties that civil society is facing are similar to, and have the same roots as, those that democracy is going through.

  Read on: C-20 Argentina 2018

• La sociedad civil de América Latina y el Caribe presiona por un acuerdo vinculante sobre acceso a la información y derechos ambientales

  English

  CIVICUS conversa con Andrés Nápoli, abogado especializado en derecho ambiental y Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Fundada en 1985, FARN es una organización de la sociedad civil dedicada a impulsar el desarrollo sustentable. Con énfasis en la participación ciudadana, FARN promueveuna ciudadanía ambiental inclusiva, el desarrollo y la implementación de herramientas para mejorar la transparencia de las políticas públicas y el acceso a la información en materia ambiental. Además construye y lidera redes y alianzas en espacios colaborativos y estratégicos de conocimiento.

  Hace unos días se desarrolló en Buenos Aires una nueva ronda de negociaciones en pos de la adopción de un tratado sobre desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. ¿Cuáles serían los contenidos de este tratado, y qué rol está desempeñando la sociedad civil en el proceso?

  Este es un acuerdo de negociación que se conoce como “acuerdo por el principio 10”, en referencia al principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que garantiza el acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y a la justicia de todos los actores afectados.

  A partir de esa declaración y de un proceso similar que se dio en Europa y que ya a fines de los ‘90 resultó en la Convención de Aarhus, diez países de América Latina y el Caribe iniciaron negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 2012. Lo que buscaban era un acuerdo, un instrumento regional, para garantizar el acceso a la información sobre medio ambiente y que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en procesos de toma de decisiones que puedan afectar su calidad de vida o el ambiente y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, por ejemplo para reparar daños.

  Durante varios años el proceso fue avanzando mediante una serie de reuniones de puntos focales, hasta que finalmente en el año 2015 se dio inicio al proceso de negociación. Los países involucrados actualmente son 24. El proceso es apoyado, en calidad de Secretaría Técnica, por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), un organismo que integra el sistema de las Naciones Unidas y que ha tenido un rol muy activo.

  El proceso tiene una característica muy peculiar: sigue el modelo establecido en la Convención de Aarhus, que tenía el objetivo de consolidar los procesos democráticos en Europa del Este y que para ello contempló la incorporación activa de la sociedad civil. Así, el proceso actualmente en curso en nuestra región también establece mecanismos para la participación activa de la sociedad civil, la que cuenta con representantes en el Comité de Negociación que integran los representantes de los países. La sociedad civil cuenta con dos representantes electos por sus pares que debaten e intercambian ideas en la mesa de negociación del Convenio. Pueden incluso proponer texto para incorporar en el instrumento, el cual es incorporado si obtiene el apoyo de al menos uno de los países.

  ¿Cómo fueron seleccionados los representantes de la sociedad civil? ¿Ha trabajado la sociedad civil en alianzas o redes?

  Los representantes de la sociedad civil (a la que en este proceso se denomina “público”) fueron electos en una votación realizada por medios electrónicos y en la que participaron los miembros del público que se encontraban inscriptos en el proceso al inicio de la negociación. Resultaron electos como titulares las representantes de la sociedad civil de Chile y Jamaica. En mi caso resulté electo como miembro alterno, junto con otros cuatro representantes de diversos países de la región.

  Los representantes de la sociedad civil establecimos una red por medio de la cual desarrollamos nuestra tarea de manera articulada y conjunta. Contamos además con diferentes voceros en el proceso de negociación, como así también con el asesoramiento de expertos de países de la región y de Aarhus.

  ¿Ha habido desacuerdos importantes entre sociedad civil y estados en el curso de las negociaciones?

  El proceso de negociación debería terminar a fines de este año, y si eso no se consigue habría alguna reunión más el año que viene. Se está negociando un texto propuesto por la Secretaría Técnica y sobre la base del cual se ha ido avanzando. Las negociaciones están entrando en su fase final.

  Pero ha habido muchas idas y vueltas, y hay cosas importantes que aún no están definidas. Un tema en que la sociedad civil ha venido insistiendo, y sobre el cual hay una decisión cada vez más firme, es que el acuerdo debe tener carácter vinculante, vale decir que debe obligar a los países que formen parte del mismo. En tal sentido, entendemos que un acuerdo basado en derechos no puede admitir otro carácter. No queremos que este proceso sea una nueva declaración de principios, o una suerte de Ley Modelo: queremos un acuerdo que obligue a los países a establecer e implementar ciertos mecanismos efectivos de participación y acceso a la información en materia ambiental, como así también un amplio acceso a la justicia para reclamar la protección y tutela del derecho a gozar del ambiente.

  Varios países se han pronunciado a favor de esta posición: entre ellos se cuentan Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay; también Argentina se expresó en ese sentido en la última reunión. Otros países sin embargo todavía no se han pronunciado en ese sentido, pero negocian el acuerdo como si fuera a adoptarse un mecanismo de carácter vinculante.

  Sin embargo, nosotros creemos que hay ciertos países que no están negociando de buena fe el acuerdo. Ante todo, aún no se han pronunciado sobre si van a firmar el documento, ni sobre si aceptan que se trate de un acuerdo vinculante. Además, varios de esos mismos países negocian el acuerdo buscando bajar sistemáticamente los estándares de protección de derechos a establecer en el acuerdo, en algunos casos incluso fijando estándares más bajos que los que establecen sus propias legislaciones nacionales.

  Estos intentos de bajar los estándares y garantías llevaron a que se generaran muchas discusiones que han prolongado por demás los plazos de las negociaciones y al mismo tiempo han generado un creciente malestar en los representantes de la sociedad civil.  Esto se ha visto muy claramente en temas de acceso a información pública, donde se han establecido numerosas barreras que tornarán mas dificultoso al ciudadano acceder a la información en poder del estado.

  De hecho, en la última reunión en Buenos Aires se planteó la posibilidad de que la sociedad civil abandonara el proceso si esta actitud persistía. Pero esto fue más que nada un llamado de atención para los negociadores: como sociedad civil trazamos un límite a la discusión, por debajo del cual ya no estaremos dispuestos a permanecer.

  Esperamos que en la próxima reunión, que se va a hacer en Chile cerca de fin de año y en la cual se van a abordar las cuestiones referidas al acceso a la justicia, los estándares de los países se mantengan elevados. Caso contrario, va a ser muy difícil que aquellos países que ya tienen buenos estándares en sus legislaciones mejoren su cumplimiento.

  ¿Por qué es importante la participación de las sociedad civil? ¿Qué diferencia hace su presencia en estos foros?

  La participación de la sociedad civil es muy importante no solo porque legitima los procesos de negociación; también permite que haya mayores niveles de apertura y transparencia. Lo que es más importante, la sociedad civil trae a la mesa de negociaciones muchos de los temas que los estados no están dispuestos a tratar, aporta una perspectiva que va más allá de los intereses estrechos de los estados y al mismo tiempo busca que se eleven los estándares exigidos de protección de derechos. Cuando hay transparencia y la atención pública está puesta en estos procesos, es mucho más difícil para los estados negarse a abordar estas discusiones.

  Un ejemplo de los temas que se han impuesto por la impronta de la sociedad civil es el de la situación por la que atraviesan los defensores ambientales y de derechos humanos en la región y la necesidad de establecer garantías para que puedan llevar a cabo su labor sin sufrir amenazas y atentados, que a muchos les han costado la vida.

  América Latina es la región del mundo con mayor cantidad de asesinatos de activistas ambientalistas. Nosotros creemos que el Acuerdo por el Principio 10 debe contener mecanismos que posibiliten la prevención y la protección efectiva de los defensores ambientales.

  Hay incontables conflictos ambientales abiertos en toda América Latina y el Caribe, asociados a muchísimas violaciones de los derechos humanos, y por el momento no hay mecanismos institucionalizados de negociación entre los estados y las comunidades afectadas. El acuerdo por el Principio 10 puede ser una muy buena herramienta para canalizarlos.

  Como lo muestran numerosos informes publicados recientemente por CIVICUS, PWYP, Global Witness y Front Line Defenders, la sociedad civil que se ocupa del medio ambiente y los recursos naturales enfrenta amenazas crecientes. ¿Qué se puede hacer frente a estas amenazas?

  Efectivamente, América Latina es la región más problemática en materia de garantía de los derechos de los defensores ambientales. Un caso emblemático ha sido el de Berta Cáceres, pero lamentablemente no se trata de un caso único sino que ha habido centenares de defensores asesinados en Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay, México, Nicaragua y Guatemala, entre otros países. En la mayoría de estos procesos están involucradas grandes inversiones, tanto en la lucha contra las mega represas hidroeléctricas como en el avance de la frontera agropecuaria o de la explotación minera. En esos contextos, los defensores ambientales, que son los que trabajan codo a codo con las comunidades afectadas, ven peligrar sus derechos e incluso su integridad física y su propia vida.

  Frente a esto se requieren garantías y salvaguardas fuertemente expresadas por los estados, pero no solamente cuando suceden los ataques sino a manera de prevención, para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos que están expresando estos defensores ambientales. Muchos de nosotros tenemos la suerte y el privilegio de trabajar desde las capitales, pero los defensores ambientales están junto con los grupos de poblaciones afectadas cuando suceden, por ejemplo, las ocupaciones de tierras por parte de las empresas extractivas o cuando ocurren los desplazamientos del territorio de las poblaciones que lo habitan, que es cuando ocurren las peores violaciones de derechos humanos. De ahí la necesidad de que haya instrumentos internacionales y políticas activas de prevención y protección para estos defensores.

  ¿Qué tendencias, positivas o negativas, observa en materia de participación de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones?

  Hay una tendencia que yo creo que es irreversible: la discusión entre estados, con exclusión de la sociedad civil, no ha dado muchos resultados ni tiene mucho futuro. Sin embargo, estos procesos no son lineales; muchas veces se avanza en algunos espacios mientras que se retrocede en otros. Este proceso es un buen ejemplo de que la participación activa de la sociedad civil dentro del proceso puede ser virtuosa y que los acuerdos son posibles; también muestra que se requiere de tiempo, conocimientos y, sobre todo, se requiere ganar confianza.

  Al mismo tiempo, estos procesos ponen en evidencia que muchos países “hacen como que” participan, “hacen como que” informan, pero esto es ficticio. Muchos países garantizan los derechos en sus legislaciones pero fracasan en su implementación. De ahí que nuestras luchas se centren en garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos.

  ¿Qué recursos necesita la sociedad civil para fortalecerse y responder mejor a los desafíos que enfrenta?

  Sobre este punto volvería a referir otra vez al tema con que iniciamos esta conversación: las negociaciones por el Principio 10. Este es un proceso abierto para toda la sociedad civil de América Latina y el Caribe, de modo que quiero hacer un pedido directo a toda la sociedad civil, no solamente a organizaciones sino también a personas individuales, profesionales en diversas áreas, para que se informen y tengan una participación activa en este proceso. Eso se puede hacer de manera muy sencilla, para lo cual hay primero que registrase en el proceso en www.cepal.org/es/register/p10. La idea es que el proceso pueda crecer cada vez más a través de una buena comunidad de participantes que contribuya a consolidarlo.

  En términos de fortalecimiento de la sociedad civil, es muy importante que cada uno atienda a los temas que son de su interés y especialidad, pero que también podamos entre todos elegir temas para trabajar en conjunto. El trabajo colectivo fortalece cada uno de los reclamos y cada una de las luchas. En este sentido la sociedad civil siempre tiene elementos para aportar y para construir agenda. Esta agenda no se realiza en el corto plazo: hay que sostenerla en el tiempo. Por eso es bueno trabajarla en forma colectiva, de modo que el día en que uno no puede sostenerla, otro pueda hacerlo en su lugar y que el proceso no se detenga.

  En relación con los derechos que defienden organizaciones como la nuestra, ningún resultado de interés público y de interés colectivo se obtiene en el corto plazo. Se requiere continuidad en el tiempo y, por lo tanto, trabajo colectivo. Apostamos a que estas luchas por los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente sano se consoliden en instrumentos internacionales y formen un círculo virtuoso, en la medida en que cada vez más ciudadanos se movilicen, se informen y participen en el proceso de toma de decisiones, y que en ese proceso se generen más y mejores mecanismos institucionales y legales que garanticen esos mismos derechos de movilización, acceso a la información y participación a nivel tanto nacional como internacional mayores serán los resultados que se obtendrán en estos procesos.

  El espacio cívico en Argentina es clasificado en elCIVICUS Monitor en la categoría “estrecho”.

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• Pressure increasing on Argentine civil society, a vital force for change

  Guest article by Gastón Chillier, Executive Director of the Centre for Legal and Social Studies (Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS), Argentina