Peru

• PERÚ: “La inestabilidad política y social ya ha costado decenas de vidas”

  CIVICUS conversa sobre la crisis política en Perú con Nadia Ramos, CEO del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas y portavoz oficial de la Red Hemisférica Somos Lideresas, organizaciones que impulsan el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en Perú y en América Latina.

  ¿Cómo se gestó el conflicto de poderes que acabó con la salida del presidente Castillo?

  El expresidente Pedro Castillo fue elegido democráticamente a través del voto popular, pero desde antes de iniciar su mandato vivió un acoso constante de grupos que argumentaban que su victoria electoral nació a partir del fraude y, por ende, no lo reconocían como presidente legítimo. Estos grupos presentaron denuncias sin pruebas ante organismos internacionales para tratar de impedir su juramentación.

  Perú tiene un sistema presidencialista híbrido, ya que, en vez de estar completamente separados, los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen poderes para destituirse o disolverse recíprocamente. Hay un Consejo de Ministros conformado por todos los ministros de Estado cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente del Perú. El Congreso otorga su voto de confianza al presidente del Consejo de ministros, pero si le niega su confianza en dos oportunidades el presidente de la República puede disolver el Congreso.

  Los dos poderes están constantemente midiendo fuerzas, y durante el Gobierno de Castillo el choque institucional se sintió aún más. Si a esto se le suma que tenemos partidos políticos débiles, el resultado es una situación política inestable, algo a lo que estamos los peruanos muy acostumbrados.

  Durante su gobierno, Castillo fue acosado por el Congreso, a lo que luego se sumó una denuncia grave de corrupción presentada por la Fiscal de la Nación. También fue atacado por la prensa tradicional, que durante meses nunca pudo obtener una entrevista con el presidente. Castillo no daba explicaciones de nada: guardó absoluto silencio y daba mensajes a la nación de un minuto de duración para explicar temas puntuales de su gestión.

  A pesar de no tener mayoría en el Congreso, Castillo evitó ser destituido por el Congreso en varias oportunidades. Como se supo luego, lo hizo buscando discretamente apoyos en algunas bancadas clave. Pero mientras que sus antecesores tuvieron entre seis meses y un año en que pudieron gobernar, Castillo nunca tuvo tregua. Ante el acoso y la persecución, finalmente recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la activación de la Carta Democrática, un instrumento de defensa de la democracia bajo amenaza, argumentando que era víctima de un complot que buscaba sacarlo del poder. La OEA respondió enviando una Comisión de Alto Nivel a Perú para analizar la situación política y confirmar si se estaba gestando un complot en su contra, amenazando la democracia.

  La democracia en Perú es muy precaria, y este fue un gobierno precario que buscó sobrevivir día a día. Era prácticamente imposible que llegara hasta el final de su mandato el 28 de julio de 2026.

  ¿Qué ocurrió el 7 de diciembre?

  Desde hacía tiempo Castillo venía siendo hostigado por el Congreso, que de manera constante presentaba mociones de vacancia, aunque no obtenía los votos suficientes para destituirlo. Mientras tanto, el presidente guardaba silencio y se concentraba en lograr los apoyos necesarios para sobrevivir en el cargo. Hasta el 7 de diciembre, cuando el escenario político cambió por error del propio Castillo.

  Ese día, el presidente inesperadamente quebró el orden constitucional de Perú y cometió un suicidio político. Durante su mensaje a la nación ordenó instaurar un “Gobierno de excepción”, disolvió el Congreso y convocó a elecciones para un Congreso Constituyente encargado de elaborar una nueva constitución. Declaró un toque de queda por 48 horas y anunció la reorganización del Poder Judicial, entre otras medidas.

  Pero Castillo no contaba con que sus ministros renunciarían en bloque y las Fuerzas Armadas le darían la espalda y sacarían un comunicado indicando que no le debían obediencia a un gobierno usurpador. En respuesta a su mensaje a la nación, el pleno del Congreso hizo un llamado a todas las bancadas para celebrar una sesión extraordinaria en la que aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral con 101 votos a favor -bastantes más de los 87 requeridos- y cuatro en contra, en ausencia de varios congresistas afines al gobierno.

  Castillo quedó detenido y una semana más tarde un juez dictó 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por rebelión, crimen organizado y corrupción, delitos por los cuales de ser condenado podría pasar varias décadas de prisión.

  ¿Cómo se resolvió la crisis institucional?

  En los últimos años hemos visto pasar a seis presidentes y sobrevivido a varias situaciones de inestabilidad profunda. Esta crisis política se resolvió en pocas horas, ya que el Congreso enseguida vacó al presidente y convocó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para asumir como la primera presidenta del Perú.

  No obstante, la ciudadanía esperaba que Boluarte renunciara, que el Congreso eligiera una nueva Mesa Directiva – el órgano encargado de la dirección administrativa del Congreso – y que el presidente del parlamento asumiera la presidencia para convocar a nuevas elecciones generales. Cuando Boluarte decidió continuar al frente se desató una ola de protestas en todo el país en reclamo de su dimisión. En la represión de las protestas fueron asesinadas 28 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Esto llevó a la renuncia de dos ministros y a la renovación del primer gabinete del gobierno de Boluarte.

  A continuación el Congreso aprobó en primera votación que las elecciones generales se lleven a cabo en abril de 2024. Ahora toca llevar a cabo una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Esperamos que las reformas electorales y políticas continúen para garantizar que las personas correctas puedan llegar al Congreso y a la presidencia.

  ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil peruana, y qué clase de apoyos internacionales necesita?

  La sociedad civil peruana está llevando a cabo protestas pacíficas, pero la represión ha sido una constante durante las últimas semanas. La inestabilidad política y social ya ha costado decenas de vidas, por lo que esperamos mensajes firmes de condena de la comunidad internacional, la continuidad de las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que las redes internacionales de derechos humanos sean nuestra voz para que los crímenes cometidos contra adultos y adolescentes peruanos no queden impunes.

  Buscamos y exigimos justicia y reparación para los familiares de las víctimas. Asimismo, exigimos judicialización de todos los responsables –desde quien dio la orden y cometió las matanzas, hasta los involucrados en el sembrado de pruebas falsas contra líderes de organizaciones sociales y civiles para acusarlas falsamente de terrorismo.

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• PERÚ: “Las regulaciones ambientales se flexibilizaron, cuando se deberían haber reforzado”

  CIVICUS conversa sobre el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima, Perú, con Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías en Oceana, la mayor organización internacional dedicada a proteger y restaurar los océanos del mundo. Fundada en 2001, Oceana enfoca su labor en la recuperación de las pesquerías, la promoción de energías limpias y la creación de áreas marinas protegidas.

  ¿Ha habido alguna atribución de responsabilidades por el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima?

  El derrame de petróleo, causado por la empresa petrolera española Repsol, ocurrió el 15 de enero de 2022. Por su magnitud y su visibilidad, ha sido el peor desastre ecológico de la historia reciente del Perú. Se produjo en una zona de pesca artesanal, con áreas protegidas y una actividad económica estacional muy definida, y ha sido el derrame más grande que hemos tenido.

  El derrame ocurrió a causa de las altas mareas generadas por la erupción del volcán submarino de Tonga, las cuales afectaron el proceso de descarga de petróleo de un barco petrolero de Repsol a la refinería La Pampilla. La pregunta es: ¿cómo es posible que se dieran cuenta de la magnitud del derrame recién al día siguiente? La negligencia de la empresa determina las consecuencias de este derrame.

  Lamentablemente hemos visto pocos avances con relación con la asunción de responsabilidades de Repsol de recuperar el ecosistema. Ni siquiera se sabe con certeza el volumen exacto de petróleo derramado. La reacción de la empresa fue muy lenta, lo cual es preocupante porque las primeras 24 horas tras un accidente de esta naturaleza son clave, ya que la película del petróleo se vuelve muy delgada y se expande mucho. Recién casi 20 días después trajeron equipos más sofisticados para abordar el problema.

  En general no hay suficiente transparencia. En este caso, el plan de contingencia no se implementó. Se supone que las actividades actualmente en curso son producto de un plan, pero no se han hecho públicos ni los compromisos de la empresa ni los contenidos de ese plan. La zona entre Ancón y Chancay fue fuertemente impactada por el derrame, y allí no hay bahía, solamente se ve el acantilado y el agua. Se percibe que se ha hecho muy poco en materia de recuperación.

  También hay poca transparencia en la investigación. Aún no es claro si Repsol entregó el aparato que estaba bajo el agua para poder investigar y determinar qué pasó el día del derrame.

  Esta falta de transparencia es sintomática del modo de funcionamiento del Estado peruano. Salvando las distancias, esto es similar a lo que ocurrió cuando se desató la pandemia y “descubrimos” que teníamos un sistema de salud absolutamente precario, que claramente no estaba a la altura. En este caso, tenemos estructuras, legislación y procedimientos ambientales en el papel, pero sin correlato en la realidad. La opacidad informativa pretende ocultar esta discrepancia.

  Para nosotros es muy claro: Repsol asumir públicamente responsabilidades claramente definidas.

  ¿Qué impactos ecológicos y económicos ha tenido el derrame?

  Ha habido un gran daño ambiental. La zona afectada por el derrame incluye a varias áreas naturales protegidas: las Islas Guaneras, la Zona Reservada de Ancón y la Zona Reservada de Punta Salinas. El derrame ha impactado en la fauna marina y ha afectado a animales como lobos marinos, nutrias, pingüinos y aves. Muchos ejemplares se han manchado de petróleo y corren riesgo de vida. Oceana actualmente está relevando estos daños, así como el daño adicional provocado por la reacción demorada.

  Para las comunidades de la zona, la mayor preocupación es económica. En su mayoría se trata de personas de bajos ingresos que se dedican a la pesca artesanal. Más allá de los impactos individuales e inmediatos -por ejemplo, para quienes hicieron una inversión en un negocio estacional justo antes del derrame-, las consecuencias son colectivas y de largo plazo. Ahora no se puede pescar ni en Ancón ni Chancay, y es difícil saber cuándo será posible hacerlo, porque el petróleo tiene un tiempo de degradación mucho más largo cuando se sedimenta en el lecho marino. A los pescadores y a todos los trabajadores involucrados en la logística del proceso y la distribución también les preocupa la variación del precio del producto de la pesca y la caída de la demanda.

  Nosotros hemos hecho un cálculo del valor económico de la pesca costera de esos lugares para darnos una idea de la pérdida económica. También creemos que hay un impacto importante en la actividad turística: para los nueve millones de habitantes de Lima, la capital, y los tres millones que habitan un poco más al norte, estas playas son el sitio más cercano para veranear, y el derrame ha truncado la temporada de verano, que se extiende entre enero y abril. Ya hemos advertido a las municipalidades que deben estimar el daño provocado al turismo.

   

  ¿Cómo ha respondido la sociedad civil?

  Todos hemos reaccionado con preocupación y con un gran interés en ayudar al otro. Hemos visto cantidad de personas voluntarias ayudando a limpiar las playas, así como a expertos y académicos contribuyendo desde sus áreas de conocimiento.

  Sin embargo, el trabajo voluntario tiene limitaciones porque para rescatar a la fauna marina del impacto petrolero se deben usar determinados procedimientos y productos que permiten quitar de forma apropiada el petróleo del plumaje o la piel del animal. A causa de ello, el interés por ayudar generalmente no se traduce en resultados 100% exitosos.

  Además, como es la primera vez que enfrenta un desastre de estas dimensiones, Perú no tiene toda la expertise que necesitaría. En otros lados hay expertise y experiencia post-derrame; es necesario traerlas. También sería importante profundizar en la discusión de cuál es la matriz energética que tenemos y cómo cambiarla volcándonos a los recursos renovables de que disponemos.

  ¿Cómo se podría lograr que las empresas asuman su responsabilidad y contribuyan a prevenir futuros desastres?

  La falta de rendición de cuentas es un reclamo de larga data de las comunidades de estas zonas, y el hecho de que haya sido sistemáticamente ignorado es un síntoma del fuerte centralismo que hay en el Perú. Hace varios años que los pescadores artesanales del norte advierten sobre esta situación y no ha habido ninguna respuesta significativa. La extracción de petróleo en Perú data del siglo XIX, de hecho, Perú tuvo el primer pozo de Sudamérica. En las décadas de 1950 y 1960 se instalaron las plataformas marinas que están en la raíz de los derrames y las fugas por los que reclaman los pescadores. También hay reclamos por lo que ocurre en el proceso de transporte, que tiene implicancias mucho mayores.

  Esta situación alentó a la sociedad civil a priorizar la búsqueda de soluciones. Desde hace casi una década que en Perú se han ido reduciendo los requisitos ambientales; resulta necesario desandar ese camino. Perú se dedica a la pesca, la minería y otras actividades para las cuales las regulaciones se han flexibilizado, cuando se deberían haber reforzado. La bajísima capacidad ambiental del Estado y la deficiente respuesta de las empresas ante el desastre exhibe claramente su insuficiencia. Perú padece una gran crisis de gobernanza y de respeto del Estado del Derecho. 

  La posibilidad de que ocurra otro derrame está siempre presente. Es necesario minimizar la probabilidad de que ocurra, y asegurar que cuando ocurra tenga el menor impacto posible por su magnitud, su frecuencia y sus consecuencias. Para ello tenemos que empezar por no perder de vista quiénes son los responsables de este desastre y las consecuencias que está teniendo su acción irresponsable.

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