Venezuela

  • Ongoing violations of fundamental rights require Council’s continued scrutiny

    Statement at the 50th Session of the Human Ricghts Council 

    Interactive Dialogue on High Commssioners report on Venezuela

    Delivered by Carlos Correa, Espacio Público 

    Espacio Público and CIVICUS reiterate the need to continue documentation of the human rights situation in Venezuela. The crisis continues with severe consequences for the most vulnerable people.

    Civil liberties violations impact economic and social rights guarantees. Restrictions on freedom and circulation of information seek to prevent legitimate criticism of public administration. Illegal blockades of digital media remain in place in an ecosystem dominated by state-controlled radio and television stations.

    A private telephone and internet service provider reported that in 2021 more than 1.5 million lines were tapped. And since 2016, over 1300 websites were blocked. There is a pattern of mass surveillance that violates the right to privacy.

    Civil society is at risk and nominal ‘new spaces for dialogue’ have done little to assuage this. The draft International Cooperation bill would restrict CSOs operation and access to funding. Human rights defenders continue to be intimidated, criminalised and arbitrarily detained.

    We urge you to maintain scrutiny on Venezuela; extend resolution 45/20 that enables this report, consolidate the presence of the High Commissioner's office in the country, support the renewal of the mandate of the Fact-Finding Mission and any initiative to accompany victims in their quest for justice.

    Thank you very much.

     Civic space in Venezuela is rated as "Repressed" by the CIVICUS Monitor 
  • Open Letter to president of Venezuela regarding the proposed International Cooperation Bill
    Presidente de la República
    S.E. Hugo Chávez Frías
    Palacio de Miraflores, Caracas,
    Venezuela
    Fax:+58.212.806 3698
    E-mail: 
     
    Your Excellency,
     
    Re: Proposed International Cooperation Bill
     
    I write as the Secretary General of CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, an international alliance of civil society with members and partners in over a hundred countries. CIVICUS works to strengthen civil society and citizen action throughout the world.
     
    We at CIVICUS, our members and partners, are deeply concerned about your recent comments urging National Assembly members to adopt a "severe" law to effectively stop international funding for NGOs. We would like to emphasise that Civil Society Organisations (CSOs) play an extremely important role in national life. Their constructive criticism and quest for greater accountability in public life are important assets for the nation. We therefore urge your government to respect expressions of legitimate dissent and unequivocally uphold civil society's rights to express, associate and assemble freely.
  • Organizaciones internacionales condenamos la represión de protestas en Venezuela

    31 de julio de 2024

    En el marco de las protestas en el contexto post-electoral en Venezuela y ante el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, las organizaciones firmantes exigimos respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

    Las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional. El Centro Carter, una de las dos misiones de observación técnica internacional invitada y acreditadas por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, declaró que "la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática".

    Las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Asimismo, las autoridades deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercen su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como a evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil.

    Tras la celebración de los comicios y hasta la publicación de este comunicado, organizaciones nacionales han registrado al menos 11 personas fallecidas y han identificado el uso de armamento letal por supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad y posible fuerza pública. Las organizaciones firmantes condenan el uso de este armamento y recuerdan que en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones. Según estándares internacionales, la privación del derecho a la vida en el contexto del uso de la fuerza por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida.

    Así, el contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela ha estado marcado por represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet.  Nos preocupa particularmente las cientas de detenciones arbitrarias posteriores al 28 de julio, documentadas por las organizaciones nacionales, quienes continúan recibiendo información de nuevos casos y llevan a cabo esta labor de documentación en un contexto sumamente adverso. 

    Además, nos alarma particularmente la criminalización de la protesta y en particular, las declaraciones  del Fiscal General Tarek William Saab quien informó a la prensa que más de 749 personas han sido detenidas en relación con las protestas. Las mismas estan siendo señaladas por "actos violentos" y se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo. Además, se les impondrá pena privativa de libertad.

    Recordamos que el Estado de Venezuela está obligado, según el artículo 68 de su Constitución y el derecho internacional, a respetar y proteger, sin discriminación alguna, los derechos de todas las personas manifestantes, así como de los observadores de protestas, transeúntes y periodistas. El uso de la fuerza constituye una violación de esta obligación si no se ajusta a las normas internacionales incluyendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas. Las autoridades en Venezuela tienen la obligación de desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral. 

    Tomando en cuenta los cortes de internet documentados en el contexto electoral, recordamos que el acceso a internet está íntimamente relacionado con el derecho a la protesta pues permite denunciar abusos, comunicarse en tiempo real y organizarse de manera pacífica. Los bloqueos de internet afectan la libertad de expresión y el acceso a la información, esenciales para la democracia y el pluralismo. Las restricciones al acceso a internet durante contextos de protesta son comúnmente utilizados como una forma de represión y control para limitar  la capacidad de la población de movilizarse y ejercer sus derechos libremente dentro y fuera del espacio digital.

    Es crucial que todas las personas puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación sin temor por su integridad física y vida. Además, las autoridades venezolanas deben garantizar que nadie sea procesado ni privado de libertad por ejercer sus derechos de manera pacífica. 

    Por último, hacemos un llamado a la comunidad internacional a exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela. Invitamos además a los mecanismos de justicia internacional, a mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas que se desarrollan desde el 28 de julio y a incluir la documentación de dichos crímenes internacionales en los mecanismos de justicia internacional en curso  como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU o la Corte Penal Internacional. 

    Organizaciones firmantes

    • Amnistía Internacional
    • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
    • CIVICUS
    • Comisión Internacional de Juristas
    • Freedom House 
    • Global Centre for the Responsibility to Protect
    • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 
    • International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRC
    • Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
    • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) 
    • Robert F. Kennedy Human Rights

    El espacio cívico en Venezuela está clasificado como 'cerrado' por el CIVICUS Monitor.
  • Orinoco mining arch: the crisis that few speak of in Venezuela

    By Ms. Barreto, researcher at CIVICUS, the World Alliance for Citizen Participation and Rafael Uzcategui, general coordinator of Provea, the Venezuelan Program of Education-Action in Human Rights.

    In 2016, the extraction of minerals was approved on a surface equivalent to 12.2% of the national territory, inhabited by 54,686 indigenous people and has a great ecological diversity.

    Read on: El País  

     
  • Outcomes & Reflections from 39th Session of UN Human Rights Council

    This session, the Council adopted landmark resolutions on several country situations, further enhancing its contribution to the protection of human rights. 

    On Myanmar, we welcome the creation of the independent investigative mechanism, which is an important step towards accountability for the horrific crimes committed in Myanmar, as elaborated in the Fact Finding Mission’s report to this session. The overwhelming support for the resolution, notwithstanding China’s shameful blocking of consensus, was a clear message to victims and survivors that the international community stands with them in their fight for justice. 

    On Yemen, the Council demonstrated that principled action is possible, and has sent a strong message to victims of human rights violations in Yemen that accountability is a priority for the international community, by voting in favor of renewing the mandate of the Group of Eminent Experts to continue international investigations into violations committed by all parties to the conflict. 

    Furthermore, we welcome the leadership by a group of States on the landmark resolution on Venezuela, and consider it as an important step for the Council applying objective criteria to address country situations that warrant its attention. The resolution, adopted with support from all regions, sends a strong message of support to the Venezuelan people. By opening up a space for dialogue at the Council, the resolution brings scrutiny to the tragic human rights and humanitarian crisis unfolding in the country.  

    While we welcome the renewal of the mandate of the Commission of Inquiry (CoI) on Burundi, to continue its critical investigation and work towards accountability, we regret, however, that the Council failed to respond more strongly to Burundi's record of non-cooperation and attacks against the UN human rights system. 

    We also welcome the Council’s adoption of the resolution on Syria, which among other things condemns all violations and abuses of international human rights law and all violations of international humanitarian law committed by all parties to the conflict.

    However, on other country situations including China, Sudan, Cambodia and the Philippines, the Council failed to take appropriate action. 

    On Sudan, we are deeply concerned about the weak resolution that envisions an end to the Independent Expert’s mandate once an OHCHR office is set up; a "deal" Sudan has already indicated it does not feel bound by, and which is an abdication of the Council’s responsibility to human rights victims in Sudan while grave violations are ongoing. At a minimum, States should ensure the planned country office monitors and publicly reports on the human rights situation across Sudan, and that the High Commissioner is mandated to report to the Council on the Office’s findings.  

    We also regret the lack of concerted Council action on the Philippines, in spite of the need to establish independent international and national investigations into extrajudicial killings in the government's 'war on drugs', and to monitor and respond to the government's moves toward authoritarianism. 

    In addition, we regret the Council’s weak response to the deepening human rights and the rule of law crisis in Cambodia, failing to change its approach even when faced with clear findings by the Special Rapporteur demonstrating that the exclusive focus on technical assistance and capacity building in the country, is failing.

    We share the concerns that many raised during the session, including the High Commissioner, about China’s human rights record, specifically noting serious violations of the rights of Uyghurs and other predominantly Muslim minorities in Xinjiang province. It is regrettable that States did not make a concrete and collective call for action by China to cease the internment of estimates ranging up to 1 million individuals from these communities. 

    On thematic resolutions, we welcome the adoption of the resolution on equal participation in political and public affairs but would have preferred a stronger endorsement and implementation of the guidelines.

    The resolution on safety of journalists, adopted by consensus, sets out a clear roadmap of practical actions to end impunity for attacks. Journalism is not a crime - yet too many States in this room simply imprison those that criticize them. This must end, starting with the implementation of this resolution. 

    We welcome the adoption by consensus of the resolution on preventable maternal mortality and morbidity and human rights in humanitarian settings. Women and girls affected by conflict have been denied accountability for too long. The implementation of this resolution will ensure that their rights, including their sexual and reproductive health and rights, are respected, protected and fulfilled. 

    Finally, the Council’s first interactive dialogue on acts of reprisals and intimidation was an important step to ensure accountability for this shameful practice, and we urge more States to have the courage and conviction to stand up for human rights defenders and call out countries that attack and intimidate them.

    Signatories:
    The African Centre for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS)
    Amnesty International 
    Article 19
    Center for Reproductive Rights
    CIVICUS
    DefendDefenders
    FIDH
    Forum Asia 
    Human Rights House Foundation (HRHF)
    Human Rights Watch 
    International Commission of Jurists
    International Service for Human Rights (ISHR)
  • Outcomes & reflections from UN Human Rights Council

    38th Session of the Human Rights Council
    End of Session Joint Civil Society Statement

    Our organisations welcome the adoption of the resolutions on civil society space, peaceful protest, on violence against women and girls and on discrimination against women and girls and the Council’s rejection of attempts to impede progress on protecting civil society space, peaceful protest and the rights to sexual and reproductive health.

    On civil society space, the resolution recognizes the essential contribution that civil society makes to international and regional organisations and provides guidance to States and organisations on improving their engagement with civil society.  On peaceful protest, it sets out in greater detail how international law and standards protect rights related to protests. 

    On violence against women and on discrimination against women, we consider that ensuring sexual and reproductive health and rights are vital in efforts to combat violence and discrimination against women, online and offline, as well as to ensure targeted and specific remedies to victims. We appreciate that the work of women human rights defenders towards this is recognised. 

    We consider the adoption of the resolution on the contribution of the Council to the prevention of human rights violations as an important opportunity to advance substantive consideration on strengthening the Council’s ability to deliver on its prevention mandate.

    Following challenging negotiations, we welcome the adoption by consensus of the resolution on human rights and the Internet, reaffirming that the same rights that people have offline must also be protected online, and calling on States to tackle digital divides between and within countries, emphasising the importance of tools for anonymity and encryption for the enjoyment of human rights online, in particular for journalists, and condemning once more all measures that prevent or disrupt access to information online.

    We welcome continued Council attention to Eritrea's abysmal human rights record. This year's resolution, while streamlined, extends expert monitoring of, and reporting on, the country and outlines a way forward for both engagement and human rights reform. We urge Eritrea to engage in long-overdue meaningful cooperation. 

    We welcome the renewal of the mandate of the Special Rapporteur on Belarus under item 4 with an increased vote - as it is still the only independent international mechanism to effectively monitor human rights violations in Belarus - while remaining concerned over a narrative to shift the mandate to item 10 in the absence of any systemic change in Belarus. 

    We welcome the consensus resolution on the Democratic Republic of Congo, putting in place continued monitoring and follow up on the expert’s recommendations on the Kasais. However, given violations and abuses throughout several regions in the country, occurring against the backdrop of an ongoing political crisis, delayed elections, and the brutal quashing of dissent, we urge the Council to promptly move towards putting in place a country-wide mechanism that can respond to events on the ground as they emerge.

    We welcome the strong resolution on Syria, which condemns violations and abuses by all parties, and appropriately addresses concerns raised by the COI about the use of chemical weapons, sexual and gender-based violence, and the need to address situations of detainees and disappearances. The Council cannot stay silent in the face of continued atrocities as the conflict continues unabated into its seventh year.

    We welcome the joint statements delivered this session on Cambodia, the Philippines,and Venezuela. We urge Council members and observes to work towards increased collective action to urgently address the dire human rights situations in these countries.  

    On the Philippines, we emphasise that the Council should establish an independent international investigation into extrajudicial killings in the ‘war on drugs’ and mandate the OHCHR to report on the human rights situation and on moves toward authoritarianism.  

    The joint statement on Cambodia represents a glimmer of hope after the Council's failure to take meaningful action against clear sabotage of democratic space ahead of elections. Close scrutiny of the human rights situation before, during and after the elections is paramount and the Council must take immediate action on current and future human rights violations in this regard.

    We welcome the joint statement delivered by Luxembourg  calling on the HRC President to provide short oral updates on cases of alleged intimidation or reprisal, including actions taken, at the start of the Item 5 general debate of each Council session and also provide States concerned with the opportunity to respond.

    Finally, the new Council member to replace the United States should demonstrate a principled commitment to human rights, to multilateralism and to addressing country situations of concern by applying objective criteria. 

    Joint Statement by Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), the Association for Progressive Communications, the Center for Reproductive Rights (CRR), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, DefendDefenders (the East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project), Human Rights House Foundation (HRHF), International Commission of Jurists (ICJ), the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), the International Service for Human Rights (ISHR) 
  • Progress and shortcomings from 44th Session of the Human Rights Council

    Joint Statement for the end of the 44th Session of the UN Human Rights Council

    The 44th session of the UN Human Rights Council began with China's imposition of legislation severely undermining rights and freedoms in Hong Kong. Within days, there were reports of hundreds of arrests, some for crimes that didn’t even exist previously. We welcome efforts this session by a growing number of States to collectively address China’s sweeping rights abuses, but more is needed. An unprecedented 50 Special Procedures recently expressed concerns at China’s mass violations in Xinjiang, Hong Kong and Tibet, suppression of information in the context of Covid-19, and targeting of human rights defenders across the country. The Council should heed the call of these UN experts to hold a Special Session and create a mechanism to monitor and document rights violations in the country. No state is beyond international scrutiny. China’s turn has come.

    The 44th session also marked an important opportunity to enable those affected directly by human rights violations to speak to the Council through NGO video statements.

    Amnesty's Laith Abu Zeyad addressed the Council remotely from the occupied West Bank where he has been trapped by a punitive travel ban imposed by Israel since October 2019. We call on the Israeli authorities to end all punitive or arbitrary travel bans.

    During the interactive dialogue with the Commission of Inquiry on Syria, victims’ associations and families of victims highlighted the human rights violations occurring in detention centers in Syria. We welcome the efforts by some States to underline their demands and welcome the adoption of the Syria resolution on detainees and urge the Syrian government to take all feasible measures to release detainees and provide truth to the families, noting the important pressure needed by Member States to further call for accountability measures for crimes committed in Syria.

    Collette Flanagan, Founder of Mothers against Police Brutality, also delivered a powerful video statement at the Council explaining the reality of racist policing in the United States of America. We fully support victims’ families’ appeals to the Council for accountability.

    We hope that the High Commissioner's reporton systemic racism, police violence and government responses to antiracism peaceful protests will be the first step in a series of meaningful international accountability measures to fully and independently investigate police killings, to protect and facilitate Black Lives Matter and other protests, and to provide effective remedy and compensation to victims and their families in the United States of America and around the world.

    We appreciate the efforts made by the Council Presidency and OHCHR to overcome the challenges of resuming the Council’s work while taking seriously health risks associated with COVID-19, including by increasing remote and online participation. We recommend that remote civil society participation continue and be strengthened for all future sessions of the Council.

    Despite these efforts, delays in finalising the session dates and modalities, and subsequent changes in the programme of work, reduced the time CSOs had to prepare and engage meaningfully. This has a disproportionate impact on CSOs not based in Geneva, those based in different time zones and those with less capacity to monitor the live proceedings. Other barriers to civil society participation this session included difficulties to meet the strict technical requirements for uploading video statements, to access resolution drafts and follow informal negotiations remotely, especially from other time zones, as well as a decrease in the overall number of speaking slots available for NGO statements due to the cancellation of general debates this session as an ‘efficiency measure.’

    We welcome the joint statement led by the core group on civil society space and endorsed by cross regional States and civil society, which calls on the High Commissioner to ensure that the essential role of civil society, and States’ efforts to protect and promote civil society space, are reflected in the report on impact of the COVID-19 pandemic presented to the 46th Session of the HRC. We urge all States at this Council to recognise and protect the key role that those who defend human rights play.

    These last two years have seen unlawful use of force perpetrated by law enforcement against peaceful protesters, protest monitors, journalists worldwide, from the United States of America to Hong Kong, to Chile to France, Kenya to Iraq to Algeria, to India to Lebanon with impunity.

    We therefore welcome that the resolution “the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests” was adopted by consensus, and that the Council stood strongly against some proposed amendments which would have weakened it. We also welcome the inclusion in the resolution of a panel during the 48th session to discuss such events and how States can strengthen protections. We urge States to ensure full accountability for such human rights violations as an essential element of the protection of human rights in the context of protests. The current context has accelerated the urgency of protecting online assembly, and we welcome that the resolution reaffirms that peaceful assembly rights guaranteed offline are also guaranteed online. In particular, we also commend the resolution for calling on States to refrain from internet shutdowns and website blocking during protests, while incorporating language on the effects of new and emerging technologies, particularly tools such as facial recognition, international mobile subscriber identity-catchers (“stingrays”) and closed-circuit television.

    We welcome that the resolution on “freedom of opinion and expression” contains positive language including on obligations surrounding the right to information, emphasising the importance of measures for encryption and anonymity, and strongly condemning the use of internet shutdowns. Following the High Commissioner’s statement raising alarm at the abuse of ‘false news’ laws to crackdown on free expression during the COVID-19 pandemic, we also welcome that the resolution stresses that responses to the spread of disinformation and misinformation must be grounded in international human rights law, including the principles of lawfulness, legitimacy, necessity and proportionality. At the same time, we are concerned by the last minute addition of language which focuses on restrictions to freedom of expression, detracting from the purpose of the resolution to promote and protect the right. As we look to the future, it is important that the core group builds on commitments contained in the resolution and elaborate on pressing freedom of expression concerns of the day, particularly for the digital age, such as the issue of surveillance or internet intermediary liability, while refocusing elements of the text.

    The current context has not only accelerated the urgency of protecting assembly and access to information, but also the global recognition of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment. We welcome the timely discussions on ”realizing children’s right to a healthy environment” and the concrete suggestions for action from panelists, States, and civil society. The COVID-19 crisis, brought about by animal-to-human viral transmission, has clarified the interlinkages between the health of the planet and the health of all people. We therefore support the UN Secretary General’s call to action on human rights, as well as the High Commissioner’s statement advocating for the global recognition of the human right to a safe, clean, healthy and sustainable environment – already widely reflected at national and regional levels - and ask that the Council adopts a resolution in that sense. We also support the calls made by the Marshall Islands, Climate Vulnerable Forum, and other States of the Pacific particularly affected and threatened by climate change. We now urge the Council to strengthen its role in tackling the climate crisis and its adverse impacts on the realization of human rights by establishing a Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change, which will help address the urgency of the situation and amplify the voices of affected communities.

    The COVID crisis has also exacerbated discrimination against women and girls. We welcome the adoption by the Council of a strong resolution on multiple and intersecting forms of discrimination against women and girls, which are exacerbated in times of a global pandemic. The text, inter alia, reaffirms the rights to sexual and reproductive health and to bodily autonomy, and emphasizes legal obligations of States to review their legislative frameworks through an intersectional approach. We regret that such a timely topic has been questioned by certain States and that several amendments were put forward on previously agreed language.

    The Council discussed several country-specific situations, and renewed the mandates in some situations.

    We welcome the renewal of the Special Rapporteur’s mandate and ongoing scrutiny on Belarus. The unprecedented crackdown on human rights defenders, journalists, bloggers and members of the political opposition in recent weeks ahead of the Presidential election in August provide a clear justification for the continued focus, and the need to ensure accountability for Belarus’ actions. With concerns that the violations may increase further over the next few weeks, it is essential that the Council members and observers maintain scrutiny and pressure even after the session has finished.

    We welcome the extension of the mandate of the Special Rapporteur on Eritrea. We urge the government to engage, in line with its Council membership obligations, as the Special Rapporteur’s ‘benchmarks for progress’ form a road map for human rights reform in the country. We welcome the High Commissioner report on the human rights situation in the Philippines which concluded, among other things, that the ongoing killings appear to be widespread and systematic and that “the practical obstacles to accessing justice in the country are almost insurmountable.” We regret that even during this Council session, President Duterte signed an Anti Terrorism Law with broad and vague definition of terrorism and terrorists and other problematic provisions for human rights and rule of law, which we fear will be used to stifle and curtail the rights to freedom of opinion and expression, to freedom of peaceful assembly and of association. Also during this session, in a further attack on press freedom, Philippine Congress rejected the franchise renewal of independent media network ABS-CBN, while prominent journalist Maria Ressa and her news website Rappler continue to face court proceedings and attacks from President Duterte after Ressa’s cyber libel conviction in mid-June. We support the call from a group of Special Procedures to the Council to establish an independent, impartial investigation into human rights violations in the Philippines and urge the Council to establish it at the next session.

    The two reports presented to the Council on Venezuela this session further document how lack of judicial independence and other factors perpetuate impunity and prevent access to justice for a wide range of violations of civil, cultural, economic, political, and social rights in the country. We also urge the Council to stand ready to extend, enhance and expand the mandate of the Independent International Fact-Finding Mission when it reports in September. We also welcome the report of the Special rapporteur on the human rights situation in the Palestinian Territory occupied since 1967 and reiterate his call for States to ensure Israel puts an end to all forms of collective punishment. We also reiterate his call to ensure that the UN database of businesses involved with Israeli settlements becomes a living tool, through sufficient resourcing and annual updating.

    We regret, however, that several States have escaped collective scrutiny this session.

    We reiterate the UN Special Rapporteur Agnes Callamard’s call to pressure Saudi Arabia to release prisoners of conscience and women human rights defenders and call on all States to sustain the Council’s scrutiny over the situation at the September session.

    Despite calls by the High Commissioner for prisoners’ release, Egypt has arrested defenders, journalists, doctors and medical workers for criticizing the government’s COVID-19 response. We recall that all of the defenders that the Special Procedures and the High Commissioner called for their release since September 2019 are still in pre-trial detention. The Supreme State Security Prosecution and 'Terrorism Circuit courts' in Egypt, are enabling pre-trial detention as a form of punishment including against human rights defenders and journalists and political opponents, such as Ibrahim Metwally, Mohamed El-Baqer and Esraa Abdel Fattah, Ramy Kamel, Alaa Abdel-Fattah, Patrick Zaky, Ramy Shaat, Eman Al-Helw, Solafa Magdy and Hossam El-Sayed. Once the terrorism circuit courts resumed after they were suspended due to COVID-19, they renewed their detention retroactively without their presence in court. It’s high time the Council holds Egypt accountable.

    As highlighted in a joint statement of Special Procedures, we call on the Indian authorities to immediately release HRDs, who include students, activists and protest leaders, arrested for protesting against changes to India’s citizenship laws. Also eleven prominent HRDs continue to be imprisoned under false charges in the Bhima Koregaon case. These activists face unfounded terror charges under draconian laws such as sedition and under the Unlawful Activities (Prevention) Act. While we welcome that Safoora Zargar was granted bail on humanitarian grounds, the others remain at high risk during a COVID-19 pandemic in prisons with not only inadequate sanitary conditions but also limited to no access to legal counsel and family members. A number of activists have tested positive in prison, including Akhil Gogoi and 80-year-old activist Varavara Rao amid a larger wave of infections that have affected many more prisoners across the country. Such charges against protestors, who were exercising their rights to freedom of peaceful assembly must be dropped. We call on this Council to strengthen their demands to the government of India for accountability over the excessive use of force by the police and other State authorities against the demonstrators.

    In Algeria, between 30 March and 16 April 2020, the Special rapporteur on freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and of association, human rights defenders, issued three urgent appeals in relation to cases involving arbitrary and violent arrests, unfair trials and reprisals against human rights defenders and peaceful activists Olaya Saadi, Karim Tabbou and Slimane Hamitouche. Yet, the Council has been silent with no mention of the crackdown on Algerian civil society, including journalists.

    To conclude on a positive note, we welcome the progress in the establishment of the OHCHR country office in Sudan, and call on the international community to continue to provide support where needed to the transitional authorities. While also welcoming their latest reform announcements, we urge the transitional authorities to speed up the transitional process, including reforms within the judiciary and security sectors, in order to answer the renewed calls from protesters for the enjoyment of "freedom, peace and justice" of all in Sudan. We call on the Council to ensure continued monitoring and reporting on Sudan.

    ENDORSEMENTS

    International Service for Human Rights
    DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
    Center for Reproductive Rights
    Franciscans International
    The Syrian Legal Development Programme
    Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
    CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
    International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR)
    International Lesbian and Gay Association (ILGA World)
    Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
    Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
    Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
    ARTICLE 19
    International Federation for Human Rights (FIDH)
    Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
    IFEX
    Association for Progressive Communications
    International Commission of Jurists (ICJ)
    Amnesty International

     

    Current council members:

    Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Brazil, Cameroon, Chile, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Eritrea, Fiji, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Poland, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, Somalia, Sudan, Spain, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela

    Civic space ratings from the CIVICUS Monitor
    OPEN NARROWED OBSTRUCTED  REPRESSED CLOSED

     
  • Re: Proposed International Cooperation Bill
    Presidente de la República
    S.E. Hugo Chávez Frías
    Palacio de Miraflores, Caracas,
    Venezuela
    Fax:+58.212.806 3698
    E-mail:
     

    Your Excellency,

     
     

    Re: Proposed International Cooperation Bill

     
     
     
    I write as the Secretary General of CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, an international alliance of civil society with members and partners in over a hundred countries. CIVICUS works to strengthen civil society and citizen action throughout the world.
     
     
    We at CIVICUS, our members and partners, are deeply concerned about your recent comments urging National Assembly members to adopt a "severe" law to effectively stop international funding for NGOs. We would like to emphasise that Civil Society Organisations (CSOs) play an extremely important role in national life. Their constructive criticism and quest for greater accountability in public life are important assets for the nation. We therefore urge your government to respect expressions of legitimate dissent and unequivocally uphold civil society's rights to express, associate and assemble freely.
     
     

    We would like to draw your attention to the International Cooperation Bill, currently being discussed by law makers. We believe that the bill has been drawn up without adequate consultation with civil society. Moreover, we are deeply apprehensive that that passage of the Bill in its current form will severely curtail civil society space in the following ways:

    1. Subjecting CSOs to additional layers of bureaucracy by requiring them to register with the government in order to receive funds from international sources could increase the possibility of subjective denial of registration to CSOs who have been critical of official actions.
    2. The creation of an official fund for International Cooperation and Assistance for the collection of monetary grants from overseas and their subsequent disbursement by the government is likely to impede international cooperation activities between Venezuelan CSOs and their counterparts abroad. Moreover, it will lead to government ownership and prioritisation of international cooperation funds rather than democratic ownership by CSOs and local communities.
    3. By increasing executive discretion to monitor CSO affairs through the creation of an Agency for International Cooperation, limits of whose powers and have not been clearly defined, raising apprehension of increased restrictions on CSO affairs. 

    We believe that the registration and funding requirements of the Bill, given their ambiguity, have the potential to breach the right to freedom of association embodied in the Venezuelan Constitution, the International Covenant on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights and the UN Human Rights Defenders Declaration. 

    We urge you to use your executive powers and influence to carry out consultations with civil society with regard to the need for an international cooperation law as well as the principles that should underpin any regulatory mechanism for civil society.

    Sincerely,

    Ingrid Srinath
    Secretary General
    CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
  • Solidaridad con las personas defensoras los derechos humanos venezolanas

    La reciente, continuada e injustificada detención de cinco miembros de la ONG venezolana "Azul Positivo" es un hecho más de una serie de amenazas, hostigamientos, ataques, restricciones, represalias y procesos penales contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas, que se ha intensificado desde noviembre de 2020. En los últimos meses y semanas, agentes del Estado han entrado por la fuerza en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil; se han proferido amenazas públicas contra las personas defensoras que han interactuado con los mecanismos de derechos humanos, se han congelado las cuentas bancarias de las ONG y se han emitido órdenes de detención contra lxs trabajadorxs humanitarixs.
  • Standing in solidarity with Venezuelan human rights defenders

    The recent, ongoing and unwarranted detention of five members of the Venezuelan NGO ‘Azul Positivo’ is one more event in a series of threats, harassment, attacks, restrictions, reprisals and criminal proceedings against Venezuelan civil society organizations and human rights defenders, which has been intensifying since November 2020. In recent months and weeks, state agents have forcibly entered the offices of civil society organizations; public threats have been made against defenders who have been engaging with human rights mechanisms, NGO bank accounts have been frozen and arrest warrants issued for aid workers.
  • Statement: Mass arrests and killings of protesters in Venezuela

    41st Session of the UN Human Rights Council
    Interactive Dialogue on the report of the High Commissioner on Venezuela 

    CIVICUS thanks the High Commissioner for her report, which shows how deeply the human rights situation has deteriorated in Venezuela.  The escalating political crisis has precipitated a significant increase in violations of civic freedoms: according to the local NGO Foro Penal, as of May 2019 there were 857 political prisoners. Many have reportedly been tortured. Reports of serious reprisals against human rights defenders and humanitarians show the increasing danger of simply carrying out legitimate work to provide humanitarian support in the midst of a crisis, or protect human rights as violations escalate.

    CIVICUS is deeply concerned by mass arrests and killings of protesters during demonstrations. Since the beginning of the year, 60 protesters have reportedly been killed in the protests. Of five killed by security forces during protests calling for the resignation of Nicolas Maduro on 30 April and 1 May, three were not yet 18.

    Venezuela’s indigenous communities have been among those hardest-hit by the humanitarian crisis. A siege of the Pemon indigenous community, imposed after the community attempted to help humanitarian aid enter the country, forced more than 700 hundred members of the community to leave their lands. At least 7 people were killed and 62 arbitrarily arrested during the confrontation. We call for the special protection of indigenous communities.

    We are concerned by politically-motivated internet restrictions and the blockage of online content, including that of BBC and CNN International. Online censorship has affected over 20 online media outlets, severely restricting citizens’ right to information.

    We welcome the agreement reached between the office of the High Commissioner and the Venezuelan Government for a team of human rights officers based in the country, and we hope this is the first step towards enhanced monitoring and reporting on the worsening human rights crisis in Venezuela, including measures to ensure accountability for perpetrators and reparations to the thousands who have fallen victim to human rights abuses.

    We echo the High Commissioner’s remarks in her June statement that ‘the people of Venezuela cannot afford further deterioration of the situation. We ask the High Commissioner what immediate steps the Council and its member states can take to support those in Venezuela who are advocating for the protection of their rights and those seeking redress for the harm they have suffered?
  • Tanzania, Kenya, Angola Join Watch List of Countries of Concern

    Attacks by the authorities on protesters, critics, NGOs and the media in Angola, Kenya and Tanzania have led global civil alliance, CIVICUS, to add the nations to its Watch List of countries where there are serious and ongoing threats to civic space.

    The updated Watch List, which is regularly reviewed in response to current events, was released today.
  • UN Declaration defends peasant farmers, but will it help stop attacks and human rights abuses?

    By Natalia Gomez Peña, CIVICUS Advocacy & Engagement Officer

    This article is has been produced in partnership with CIVICUS in the context of the International Civil Society Week conference 2019, held this year in Belgrade, Serbia.

    The old cliché “action speaks louder than words” has a deadly ring for campesino (peasant farmers) activists contemplating a historic international pledge to do better to protect them from state-sponsored attacks. One of the toughest, deadliest years for campesino (peasant farmers) activists in Latin America ended in December with a historic United Nations declaration to ensure their wellbeing and prosperity.
  • UN Human Rights Council: Response to High Commissioner´s update

    CIVICUS deeply appreciates High Commissioner’s update, regretfully on an ever darker and more dangerous world.

    We are shocked by the report of the man-made disaster in Yemen. In addition, according to the CIVICUS Monitor journalists and human rights defenders continue work in risky conditions caused by the ongoing conflict that has forced three million people to flee their homes.  The conflict has left more than seven million at risk of famine and there are currently 500,000 suspected cases of cholera - a third of these are children. NGOs have called for an independent international Inquiry into human rights abuses and violations of international humanitarian law, and we strongly reiterate this call and urge members of the Council to vote for a resolution with such a mandate.

    We equally share the HC’s concern about Venezuela. Findings from CIVICUS Watch show that there are serious violations of the rights to freedom of association, peaceful assembly and expression. Freedom of expression is severely constrained; Radio and Television channels have been closed and, according to Espacia Publica 49 radio stations removed from the air.  800 attacks against freedom of expression documented. Due to new regulations on peaceful assembly more than 5000 were detained during anti -government protest since April 2017 with more than 1,300 persons still in detention. Detainees were often subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and, in several cases documented, the ill-treatment amounted to torture. We call on members of the Council to address the situation in Venezuela as a matter of urgency.  The government should be made aware of the fact that those responsible for these human rights abuses will be brought to justice once judicial independence is restored. In addition we call on the Maduro government to:

    • End the repression and release all political prisoners
    • Set a date for free and fair elections with proper independent oversight
    • Restore judicial independence and the power of the National Assembly, and
    • Immediately allow sufficient international aid into the country
  • Unamos fuerzas en defensa del espacio cívico en Venezuela

    Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; Civicus,  IFEX-ALC y Voces del Sur exhortamos a la comunidad internacional a rechazar abiertamente la nueva iniciativa legislativa que habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación.

    El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”. Desde su presentación ante el parlamento se plantea un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como “enemigas de la patria”.

    Venezuela atraviesa desde hace varios años una crisis estructural con impacto negativo en la garantía de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y con consecuencias a nivel regional por el desplazamiento de millones de personas en condición crítica hacia otros países del continente. Esta situación ha sido atendida por organizaciones de la sociedad civil a través de asistencia social y humanitaria, cuyo trabajo se vería restringido a través de esta ley.

    A la fecha de publicación de este comunicado, el proyecto de ley no es de acceso público. Una vez presentada, la propuesta se aprobó de forma inmediata; la Asamblea Nacional no discutió la normativa ni cumplió el proceso establecido en la Constitución para el tratamiento de los proyectos de ley. 

    En Venezuela las organizaciones  están sometidas a una serie de registros y cumplen con sus compromisos fiscales. Es el Estado el que impide de facto que nuevas organizaciones se registren o actualicen su documentación al paralizar los procesos en los registros públicos.

    La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia. Además, el proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar “datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno. La transparencia es un pilar fundamental del trabajo de la sociedad civil y se ejerce como una buena práctica, sin embargo la obligatoriedad contenida en la ley debe estar enmarcada en garantías institucionales claras, que respeten y protejan de manera efectiva la libertad de asociación.

    Pedimos a la comunidad internacional su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región sigan proliferando, ya que solo buscan mermar el espacio cívico en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes e incentivan más acciones de este tipo por parte de sectores de poder con motivaciones cada vez menos democráticas. De aprobarse esta ley, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela estaría bajo una seria amenaza, lo que aumentaría las restricciones en un espacio cívico ya estrecho en el país. 

    Una democracia saludable requiere el trabajo de la sociedad civil; personas, organizaciones, movimientos y colectivos para contener el avance de políticas que buscan mermar sus bases, desnaturalizando mecanismos legítimos que al vaciarlos de contenido y convertirlos en  instrumentos para conservar y aumentar el poder lo único que logran es sacrificar a quienes ejercen de manera legítima sus derechos.

    El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
  • Venezuela failed to implement over 80% of UN recommendations on civic rights

    International human rights groups raise alarm about the state of civic rights in Venezuela ahead of the country's review at the United Nations Human Rights Council on 25 January, 2022.

    CIVICUS, the Latin American and Caribbean Network for Democracy (REDLAD) and Espacio Público call on UN member states to urge the government of Venezuela to protect civic freedoms as its human rights record is examined by the UN Human Rights Council on 25 January 2022 as part of the 40th session of the Universal Periodic Review (UPR).

    The last time the country’s rights record was reviewed was in November 2016, when UN member states made a total of 274 recommendations, 40 of which related to civic freedoms. Venezuela subsequently accepted 23 recommendations and committed to taking concrete measures. Among these measures, to “fully guarantee freedom of expression and free access to information and protect journalists against threats and attacks” and to ensure “a proportional use of force by security forces and ensure that cases of torture are investigated and that the perpetrators are brought to justice.”

    In a joint submission to the Human Rights Council this UPR cycle, our organisations assessed the implementation of these recommendations and compliance with international human rights law and standards over the last five years. The submission found that since 2016, Venezuela has persistently failed to address unwarranted restrictions on civic space, particularly those related to the rights to the freedoms of peaceful assembly and expression. Of the 40 recommendations received, Venezuela only partially implemented seven and did not implement 33.

    We are deeply concerned by the restrictions facing civil society organisations, particularly those working on humanitarian and human rights issues. Judicial persecution and financial restrictions against civil society, rights defenders and journalists have intensified, combined with a stigmatising discourse that seeks to justify attacks against the legitimate exercise of the freedoms of association and expression. We are also alarmed by the continuing systematic suppression of peaceful protests.

    The 2017 Anti-Hate Law for Peaceful Coexistence and Tolerance uses vague wording about ‘hate’ offences to give the government ample power to censor dissent and curtail independent media. It has been used to criminalise peaceful protests and prosecute human rights defenders, civil society activists and journalists. Since the law was enacted, at least 42 people have been prosecuted under its provisions, including HRDs, journalists, protesters, healthcare workers and individuals who expressed dissatisfaction on social media.

    The operation of civil society organisations is restricted through a repressive regulatory framework and a hostile environment. The 2010 Law for the Defence of Political Sovereignty and National Self-Determination remains in force, bans organisations working on promoting and protecting political rights from receiving foreign funding. In 2020 and 2021, authorities created additional registration and reporting requirements that create bureaucratic hurdles for organisations and restrict their operation. 

    Despite commitments to freedoms of expression guaranteed in the Constitution, the government has also continued to use restrictive laws such as criminal defamation provisions under the Penal Code to criminalise criticism of the authorities. Tactics to curtail independent press such as financial strangulation, cancellation of broadcasting licences, equipment confiscation, and censorship are widespread.

    ‘States must take the opportunity of Venezuela’s human rights review to hold the government to account for violations. The authorities have not only failed to deliver on the human rights commitments it made but has continued to use the judicial system to silence dissent,’ said David Kode, Advocacy & Campaign Lead at CIVICUS

    Between 2016 and 2020, Venezuela has experienced waves of mass demonstrations and frequent localised social protests demanding a range of rights. These were invariably met with brutal repression, including widespread and systematic excessive use of force by security agents against protesters. In 2017 alone, at least 120 people were killed and 5,000 detained in the mass protests sparked by a constitutional crisis after the government and the country’s highest court disavowed the National Assembly. In this period, the response to protests was characterised by a pattern of violations that included arbitrary detentions, enforced disappearances and extrajudicial executions.

    ‘It is time for Venezuela to take action to reverse this environment of violations. The authorities must stop creating a legal framework that suppresses the defence of human rights,’ commented Ángela Rodríguez, Research Assistant at REDLAD.

    As highlighted in our joint submission, CIVICUS, REDLAD, and Espacio Público urge states to make recommendations to Venezuela, which, if implemented, would guarantee the freedoms of association, peaceful assembly and expression, and the state’s duty to protect.
    Key recommendations that should be made include:

    • Cease actions to suspend and close civil society organisations and remove all undue restrictions on their ability to receive international and domestic funding.
    • Provide civil society members, HRDs and journalists with a safe and secure environment to carry out their work and ensure that they can carry out their legitimate activities without fear or undue hindrance, obstruction, or legal and administrative harassment.
    • Review and amend laws to remove undue restrictions on civil society and the press, including the Law for the Defence of Political Sovereignty and National Self-Determination and Penal Code articles on criminal defamation
    • Repeal the Anti-Hate Law and immediately and unconditionally release all those detained under the law for exercising their fundamental rights.
    • Reinstate all media outlets that have unwarrantedly been closed and cease practices of confiscating equipment and materials and censoring media.
    • Immediately and impartially investigate all instances of extrajudicial killing and excessive force committed by security forces in the context of protests. Provide recourse to judicial review and effective remedy to victims.

    The examination of Venezuela will occur during the 40th Session of the UPR. The UPR is a process, in operation since 2008, which examines the human rights records of all 193 UN Member States every four and a half years. The review is an interactive dialogue between the State delegation and members of the Council and addresses a broad range of human rights topics. 11 other countries will also have their rights record reviewed, including Haiti, Syria and Zimbabwe. Following the review, a report and recommendations are prepared, discussed and adopted at the following session of the Human Rights Council (June 2022).

    Civic space in Venezuela is rated as ‘repressed’ by the CIVICUS Monitor.
  • Venezuela no ha aplicado más del 80% de las recomendaciones de la ONU en materia de derechos cívicos

    Grupos internacionales de derechos humanos dan la voz de alarma sobre el estado de los derechos civiles en Venezuela antes de que el país sea examinado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 25 de enero de 2022.

    Los grupos de derechos humanos CIVICUS, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y Espacio Público hacen un llamamiento a los Estados miembros de la ONU para que insten al gobierno de Venezuela a proteger las libertades cívicas cuando su historial de derechos humanos sea examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 25 de enero de 2022 como parte de la 40ª sesión del Examen Periódico Universal (EPU).

    La última vez que se revisó el historial de derechos del país fue en noviembre de 2016, cuando los Estados miembros de la ONU hicieron un total de 274 recomendaciones, 40 de ellas relacionadas con las libertades cívicas. Posteriormente, Venezuela aceptó 23 recomendaciones y se comprometió a tomar medidas concretas. Entre estas medidas destacan "garantizar plenamente la libertad de expresión y el libre acceso a la información y proteger a los periodistas contra amenazas y ataques" y asegurar "un uso proporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y garantizar que se investigan los casos de tortura y que los autores son llevados ante la justicia."

    Para este ciclo de EPU, nuestras organizaciones evaluaron en una presentación conjunta al Consejo de Derechos Humanos la implementación de estas recomendaciones y el cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos en los últimos cinco años. En este informe se constató que, desde 2016, Venezuela no ha abordado de forma decidida las restricciones injustificadas al espacio cívico, en particular las relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas, Venezuela solo implementó parcialmente siete y no implementó 33.

    Estamos profundamente preocupados por el cierre del espacio en el que operan las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en temas humanitarios y de derechos humanos. Se ha intensificado la persecución judicial y las restricciones financieras contra la sociedad civil, contra defensores de los derechos y contra periodistas, unido a un discurso estigmatizador que pretende justificar los ataques contra el ejercicio legítimo de las libertades de asociación y expresión. También estamos alarmados por la persistente supresión sistemática de las protestas pacíficas.

    La Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017 se sirve de una redacción vaga sobre los delitos de "odio" para dar al gobierno un amplio poder para censurar la disidencia y restringir los medios de comunicación independientes. Se ha utilizado para criminalizar las protestas pacíficas y perseguir a quienes defienden los derechos humanos, a los activistas de la sociedad civil y a los periodistas. Desde que se promulgó la ley, al menos 42 personas han sido procesadas en virtud de sus disposiciones, entre ellas defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes, trabajadores sanitarios y personas que expresaron su descontento en las redes sociales.

    La actuación de las organizaciones de la sociedad civil está restringida por un marco normativo represivo y un entorno hostil. Sigue en vigor la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional de 2010, que prohíbe a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos políticos recibir financiación extranjera. En 2020 y 2021, las autoridades establecieron requisitos adicionales de registro y presentación de informes que suponen trabas burocráticas para las organizaciones y restringen su funcionamiento. 

    A pesar de los compromisos con la libertad de expresión garantizados en la Constitución, el gobierno también ha seguido utilizando leyes restrictivas, como las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para criminalizar las críticas a las autoridades. Se han generalizado las tácticas para reducir la prensa independiente, como el ahogo financiero, la cancelación de licencias de emisión, la confiscación de equipos y la censura.

    “Los Estados deben aprovechar la oportunidad de revisar los derechos humanos en Venezuela para exigir al gobierno que rinda cuentas por las violaciones. Las autoridades no sólo no han cumplido con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, sino que han seguido utilizando el sistema judicial para silenciar a la disidencia", ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y campañas de CIVICUS.

    Entre 2016 y 2020, Venezuela ha experimentado oleadas de manifestaciones masivas y frecuentes protestas sociales de carácter local para exigir una serie de derechos. Todas ellas han sido respondidas con una brutal represión, con un uso excesivo y sistemático de la fuerza por parte de los agentes de seguridad contra los manifestantes. Solo en 2017, al menos 120 personas murieron y 5.000 fueron detenidas en las protestas masivas desencadenadas por una crisis constitucional después de que el gobierno y el máximo tribunal del país desautorizaran a la Asamblea Nacional. En este periodo, la respuesta a las protestas se caracterizó por un patrón de violaciones que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

    “Es momento de que Venezuela tome acciones para revertir este ambiente de violaciones. Las autoridades deben dejar de crear un marco jurídico que suprime la defensa de derechos humanos,” comentó Ángela Rodríguez, Asistente de Investigación en REDLAD.

    Como destacamos en nuestra presentación conjunta, desde CIVICUS, REDLAD y Espacio Público instamos a los Estados a formular recomendaciones a Venezuela que, de aplicarse, garantizarían las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, y el deber de protección del Estado. Entre las principales recomendaciones a realizar se encuentran:

    • Poner fin a las acciones de suspensión y cierre de organizaciones de la sociedad civil y eliminar todas las restricciones injustificadas que impiden que puedan recibir financiación internacional y nacional.
    • Proporcionar un entorno seguro a los miembros de la sociedad civil, a las personas defensoras de los derechos humanos así como a los periodistas para que puedan llevar a cabo su trabajo y garantizar que puedan desarrollar sus actividades legítimas sin miedo ni obstáculos indebidos, obstrucciones o acoso legal y administrativo.
    • Revisar y modificar las leyes para eliminar las restricciones injustificadas a la sociedad civil y a la prensa, incluida la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional y los artículos del Código Penal sobre la difamación penal.
    • Derogar la Ley contra el Odio y poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas en virtud de dicha ley por ejercer sus derechos fundamentales.
    • Restablecer todos los medios de comunicación que han sido cerrados injustificadamente y poner fin a las prácticas de confiscación de equipos y materiales y de censura de los medios de comunicación.
    • Investigar de forma inmediata e imparcial todos los casos de ejecuciones extrajudiciales y de uso excesivo de la fuerza cometidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas. Facilitar el recurso a la revisión judicial y la reparación efectiva a las víctimas.

    El examen de Venezuela tendrá lugar durante la 40ª sesión del EPU. El EPU es un proceso que se realiza desde 2008 y que examina el historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU cada cuatro años y medio. El examen es un diálogo interactivo entre la delegación del Estado y los miembros del Consejo y aborda una amplia gama de temas de derechos humanos. También se revisará el historial de derechos de otros 11 países, entre ellos Haití, Siria y Zimbabue. Tras el examen, se preparan un informe y unas recomendaciones que se debaten y adoptan en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos (Junio 2022).

    El espacio cívico en Venezuela está calificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.
  • Venezuela Presidential Election: International Organizations Call on Authorities to Guarantee Transparency 

    July 30, 2024

    The undersigned international organizations condemn the lack of transparency in the announced results of Venezuela’s July 28 presidential elections. This lack of clarity raises serious questions about the fairness and integrity of the election, leading to widespread doubts about the credibility of the claim that Venezuelans awarded Nicolás Maduro a third presidential term. Given this situation, the international community should insist that Venezuelan authorities immediately ensure and facilitate  an independent verification process of the election results.

    On July 28, Venezuelans participated massively and peacefully in the presidential election, demonstrating an inspiring commitment to democratic principles. This occurred despite the electoral process being severely marred by human rights violations and irregularities, including arrests of opposition members, arbitrary disqualifications of opposition candidates, arbitrary restrictions imposed on Venezuelans to vote abroad and young people, and efforts to further restrict civic space. Venezuelans deserve elections where every vote is counted, accurately and transparently.

    Based on the right of the Venezuelan people to participate in fair elections, Venezuela’s National Electoral Council (Consejo Nacional Electoral, CNE - in Spanish) should immediately: 

    1. Make available the totality of the tally sheets to all Venezuelan citizens and to national and international election observers as required under Venezuelan law. The CNE should publish the data by state, municipality, parish, voting center, and polling station; and review  possible discrepancies in the results of the public tally sheets.
    2. Complete the electoral audit and citizen verification processes as required by law with the purpose of reconciling the voting receipts with the data registered in the Scrutiny Report issued by each polling station. The audit should be public and the process verifiable. 

    Until these conditions are met and Venezuelans’ right to transparent information about the electoral process is fulfilled, the international community should refrain from recognizing the announced outcome. Governments and international and regional intergovernmental organizations should use every diplomatic tool at their disposal to call on Venezuelan authorities to conduct a fair and transparent vote count that respects the right of Venezuelans to vote in elections “guaranteeing the free expression of the will of the electors” and effectively choose their political future.  

    Additionally, the Carter Center and the UN Panel of Electoral Experts, as the only international technical observation missions accredited by the CNE, should have access to all the information of the electoral process in order to proceed with their impartial reports in accordance with the memorandums of understanding agreed by each organization with the Venezuelan authorities. 

    Failure by Venezuelan authorities to ensure a full and transparent account of the election results, as required by Venezuelan law, risks the loss of vital channels of diplomatic engagement and renewed regional and international isolation, with potentially dire consequences for Venezuelans inside and outside the country.

    Between July 26 and 29, local organizations reported documenting over 130 arbitrary arrests, as well as confirmed and potential unlawful deaths. These arrests have taken place in a context of harassment, persecution, and criminalization that marked the electoral campaign.

    Finally, we call for the immediate release of arbitrarily detained individuals, respect for due process guarantees, and the non-criminalization of opposition leaders and citizens exercising their right to peaceful protest. We also urge the utmost respect for their rights to freedom of assembly, freedom of expression, liberty, and security of person and to freedom of movement.

    Signed by:

    • La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
    • Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
    • Robert F. Kennedy Human Rights
    • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
    • CIVICUS
    • Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P) 
    • Comisión Internacional de Juristas 
    • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
    • Human Rights Watch (HRW)
    •  International Service for Human Rights
    • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 

    Adhere: 

    • Apuesta Solidaria AC - México
    • Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) - Costa Rica
    • Asociación Paz y Esperanza - Perú
    • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú
    • Asociación Pro-Búsqueda - El Salvador
    • Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez - México
    • Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia - Colombia
    • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina
    • Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad- Perú
    • Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) - Perú
    • Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género - Corporación Humanas - Chile
    • CISAS - Costa Rica
    • CIVILIS - Venezuela
    • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más - Nicaragua
    • Conectas Direitos Humanos - Brasil
    • Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia
    • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - Honduras
    • Equipo Jurídico por los Derechos Humanos - Honduras
    • Fundación Étnica Integral - Republica Dominicana
    • Instituto de Defensa Legal (IDL) - Perú
    • Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana (MENAMIRD) - República Dominicana
    • Movimiento Autónomo de Mujeres - Nicaragua
    • Observatorio Venezolano de Prisiones - Venezuela
    • Oficina Jurídica para la Mujer - Bolivia
    • Plataforma Internacional contra la Impunidad - Guatemala
    • Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) - El Salvador
    • Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe - Regional
    • Vicaría de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela

    Civic space in Venezuela is rated 'closed' by the CIVICUS Monitor.
  • Venezuela: ‘Ante la profundización de la crisis económica y social, el descontento solo puede ser acallado mediante maniobras político-electorales y represión’

    English

    Al final de un año en que Venezuela ha pasado por crisis económica, desorden político y protestas masivas, CIVICUS conversa con Nizar El Fakih, abogado de derechos humanos y director de Proiuris. Proiuris es una organización de la sociedad civil venezolana centrada en el estudio y la defensa del estado de derecho y en la denuncia de sus violaciones.

    1. ¿Qué fue lo que condujo a la fundación de Proiuris en 2015, y qué objetivos persigue la organización?

    Proiuris se constituyó formalmente en 2015, luego de la oleada de detenciones arbitrarias masivas de manifestantes que tuvo lugar durante el año 2014. El objetivo original de su constitución fue sumar voluntades para ayudar legalmente a personas detenidas arbitrariamente por ejercer legítimamente sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Posteriormente Proiuris fue ampliando su ámbito de trabajo para abarcar la investigación, la documentación y la divulgación tanto de violaciones de derechos civiles y políticos como de violaciones de derechos económicos y sociales, obligado por las circunstancias de un país donde la problemática de derechos humanos es seria, sistemática y transversal.

    1. ¿Cuáles han sido las causas principales del descontento y las protestas de abril-junio de 2017 en Venezuela?

    Las protestas han tenido su causa principal en una enorme crisis económica y social, que tiene su expresión más dramática en la escasez de alimentos y medicinas que afecta con mayor fuerza a los sectores más empobrecidos de la población venezolana. Hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes hurgan en la basura en busca de comida, y el desabastecimiento de medicinas alcanza el 85% (y 95% para los tratamientos de enfermedades crónicas) según cálculos de los representantes de la industria farmacéutica en el país. Los pacientes de enfermedades crónicas mueren de mengua, pues los fármacos que requieren son de muy alto costo y el Estado no se los suministra oportunamente. La escasez de antirretrovirales para personas que viven con VIH/Sida, por ejemplo, es la peor en 20 años. Esta es una crisis que no tiene precedentes en el país y ante la cual el gobierno presenta como excusa una supuesta “guerra económica” promovida desde el exterior.

    La tragedia social y económica se ha profundizado por la ineficiencia del gobierno para dar respuestas a las contingencias. Pero más allá de la coyuntura, la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país tiene causas estructurales, pues es el resultado de la progresiva destrucción del aparato productivo del país y la creciente dependencia de las importaciones, las cuales a su vez han disminuido sustancialmente a causa la caída de los precios internacionales del petróleo.

    En definitiva, el Estado venezolano actualmente no es capaz de garantizar el derecho a la alimentación. En materia de salud, asimismo, la situación es sumamente grave. Por ejemplo, epidemias como el paludismo y la difteria, que habían sido erradicadas en el país hace 50 años, han regresado y causado muertes que solo se conocen de manera extraoficial, porque las autoridades, de manera ilegal, insisten en ocultar los informes epidemiológicos que demuestran la gravedad de la situación.

    El progresivo deterioro en la prestación de servicios básicos alimentó el deseo de un cambio en la conducción política del país. Entre marzo y junio de 2017 miles de personas tomaron las calles de ciudades y pueblos de Venezuela para expresar su descontento.

    1. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas? ¿Ha seguido movilizándose la ciudadanía venezolana?

    Lejos de atender las legítimas demandas de la población, el gobierno venezolano reaccionó con violencia extrema, una violencia mucho mayor que la empleada durante las protestas de 2014. El reporte oficial del Ministerio Público indica que hubo 121 muertos, muchos de ellos a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos violentos y en algunos casos armados autodenominados “colectivos”, los cuales operan con el apoyo o la aquiescencia estatal. Extraoficialmente se registraron más de 7000 detenidos, muchos de los cuales fueron sometidos a la jurisdicción militar a pesar de ser civiles.

    Las manifestaciones de marzo-junio de 2017 fueron claramente protestas contra el gobierno. De más está decir que el gobierno ha hecho todo lo posible por desvirtuarlas, por ejemplo calificándolas de actos terroristas y tipificando lo ocurrido en ellas como delitos militares. En un auténtico sistema democrático habría contrapesos institucionales que evitarían que esta clase de excesos presidenciales, pero en Venezuela la cooptación oficialista de todas las instituciones y el empeño en censurar cualquier forma de disidencia ha sido un componente determinante de la crisis.

    El derecho a la manifestación pacífica y sin armas está consagrado en el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, que establece la obligación del Estado en garantizar que las manifestaciones se desarrollen sin desbordar los límites establecidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Constitucional, ha desdibujado las garantías de este derecho a través de una interpretación regresiva de la referida norma, al extremo de condicionar el derecho a manifestar a una previa autorización de la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente. Ello, en la práctica, ha hecho del centro de Caracas, donde se encuentran las sedes de los principales organismos públicos, territorio vedado para manifestaciones antigubernamentales, ya que está ubicado en el municipio Libertador, cuyo alcalde es oficialista.

    La represión brutal del gobierno, junto con la falta de un liderazgo que canalice el malestar ciudadano, acabaron debilitando las protestas. Sin embargo, la crisis económica y social se ha profundizado y las razones del descontento y la disidencia no han podido ser acalladas sino mediante maniobras políticas y electorales. Entre esas maniobras, una especial referencia merece la instalación de una autodenominada “Asamblea Nacional Constituyente” plenipotenciaria, convocada, elegida e instalada al margen de la Constitución, que ha vaciado de competencias a la Asamblea Nacional, el único órgano del poder público controlado por la oposición.

    1. ¿Experimentaron los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil restricciones a la hora de documentar lo ocurrido en las protestas?

    Periodistas y medios, nacionales e internacionales, han sido víctimas de la censura y de las represalias gubernamentales por informar sobre la conflictividad social en Venezuela. El 25 de junio de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que desde el 31 de marzo hasta el 24 de junio, 376 trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos, y que en el 60% de los casos los responsables fueron funcionarios militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana.

    El asedio a la prensa durante las protestas de 2017 constituye una evidencia adicional de la política sistemática de represión ejecutada por el gobierno, mediante el uso desproporcionado de la fuerza en el control de las manifestaciones.

    Pero la libertad de expresión es un derecho humano y, por lo tanto, todos los ciudadanos deben tener garantías para ejercerla. En el contexto de las protestas, muchos ciudadanos fueron brutalmente reprimidos por el hecho de registrar y difundir lo que ocurría en las calles de Venezuela. Y no solamente fueron detenidos, sino que también padecieron agresiones físicas y el robo de sus cámaras y teléfonos celulares.

    1. ¿Cómo ha respondido la sociedad civil antes estas violaciones de derechos?

    La sociedad civil organizada y con visión de incidencia reaccionó de diversas formas: desde formalizar las denuncias, a pesar de ser conscientes de los mecanismos de impunidad que operan en un sistema de administración de justicia genuflexo ante el gobierno, hasta el desarrollo de formas de expresión creativas, entre ellas el “Muro de la Vergüenza”, en el cual se identificó públicamente a los personeros del gobierno responsables de la represión y la violación de derechos humanos. Diversas formas de expresión artística - canto, danza, teatro - también se incorporaron a las protestas y se desplegaron en lugares públicos tales como plazas y centros comerciales.

    Otras reacciones importantes fueron la formación de alianzas con los medios de comunicación para divulgar los atropellos y la organización de protestas de grupos de vecinos focalizadas cerca de sus sitios de residencia.

    1. ¿Considera que las respuestas de la comunidad internacional ante la situación de Venezuela han sido adecuadas? ¿Qué apoyo necesita hoy la sociedad civil venezolana de sus contrapartes extranjeras, regionales y globales?

    Ante la indiferencia del gobierno, los sectores de oposición que promueven un cambio político han dedicado esfuerzos a llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que sucede en Venezuela. Por su parte, el movimiento de derechos humanos venezolano ha desarrollado una labor valiosísima a efectos de documentar las violaciones y denunciarlas ante los organismos internacionales. Sin embargo, no ha sido fácil competir con el aparato de propaganda oficialista que se esfuerza por mostrar que en Venezuela hay una democracia vigorosa y que el caos que resuena en la prensa internacional es parte de la supuesta “guerra” contra Venezuela orquestada desde centros imperiales.

    Lo prioritario, en este momento, es lograr que los organismos internacionales admitan que en Venezuela hay en curso una crisis humanitaria compleja que el Estado no puede o no quiere resolver. En ese sentido es auspicioso, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud haya reconocido, por primera vez y con todas las letras, que en el país hay una crisis humanitaria, a propósito de su Informe Mundial sobre el Paludismo 2017. Y más allá del reconocimiento de la crisis humanitaria, es vital que allí donde sea necesario los organismos internacionales flexibilicen sus protocolos para hacerle frente, de modo de brindar a los venezolanos la ayuda que necesitan, sobre todo en lo que se refiere a alimentos y medicamentos.

    Venezuela no es el primer país del mundo que padece un gobierno autoritario que pretende perpetuarse en el poder. La sociedad civil venezolana agradecería que sus pares en América Latina y en el mundo compartan su experiencia organizativa acumulada para luchar contra el sistema que nos oprime y que contribuyan a denunciar y visibilizar los atropellos sistemáticos que se cometen en Venezuela. Los venezolanos sabríamos agradecer que desde el exterior se examine la crisis humanitaria compleja que nos afecta con un enfoque de derechos humanos, es decir, a partir de la reivindicación de la dignidad humana mediante un efectivo ejercicio de solidaridad. Estamos seguros de que los auténticos promotores y defensores de derechos humanos en cualquier parte del mundo no serán indiferentes ante el hecho incontrovertible de que en Venezuela hay niños que están muriendo de hambre.

    • El espacio cívico en Venezuela es clasificado como ‘represivo’ en elCIVICUS Monitor, lo cual indica la presencia de restricciones serias de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
    • Visite elsitio web o el perfil deFacebook de Proiuris, o siga en Twitter a @Proiuris_Ve y a @nizarUCAB
  • VENEZUELA: ‘El venezolano no emigra en busca de mejores oportunidades, sino para salvar su vida’

    Venezuela 3CIVICUS conversa con Alicia Pantoja, cofundadora de Manos Veneguayas. Basada en Montevideo, Uruguay, Manos Veneguayas es una organización de la sociedad civil (OSC) liderada por venezolanos para dar contención a sus compatriotas que llegan a Uruguay. Trabaja en alianza con otras organizaciones y con los aportes de ciudadanos uruguayos y venezolanos residentes en Uruguay. Desde 2014, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país escapando de la represión política, la escasez de alimentos y medicamentos, la violencia en las calles y la falta de oportunidades. Mientras que algunos gobiernos latinoamericanos los han rechazado en las fronteras, otros - como el de Uruguay, y otros países miembros del Mercosur - han apostado a una política de brazos abiertos. En Uruguay son actualmente más de 8000 los venezolanos que han tramitado la residencia legal.

    ¿Cómo ves la situación de Venezuela, y cómo piensas que está alimentando la emigración?

    Pienso que la situación en mi país es crítica: literalmente, la gente se está muriendo de hambre. Ha aumentado la desnutrición; se ven cada vez más casos de niños que no son más que piel y huesos. Mueren adultos mayores; mueren niños en los hospitales, por simples infecciones completamente evitables, porque están contaminados. Veo un futuro muy duro, ya que es difícil que esa generación que se está criando ahora en Venezuela tenga fuerzas para sacar el país adelante.

    No es un secreto para nadie que el venezolano no está emigrando en busca de mejores oportunidades; está emigrando para salvar su vida. Desde 2014 para acá, la calidad de vida en Venezuela ha desmejorado hasta niveles inimaginables. Para quienes tenemos a nuestra familia allá, esto es muy duro. Cuando estás en la noche en tu casa y suena el teléfono se te para el corazón. Siempre temes recibir una llamada en la que te digan que fulano se murió o que a fulano lo mataron.

    Más que lograr que otros países se abran para que siga llegando una migración venezolana masiva, habría que hacer algo para cambiar la situación que hace que semejante cantidad de gente abandone Venezuela. Pero entretanto, desde Manos Veneguayas buscamos ayudar a los venezolanos que llegan a Uruguay.

    ¿Qué hace tu organización para ayudar?

    Manos Veneguayas funciona como organización de apoyo para los migrantes venezolanos en Uruguay desde noviembre de 2016. Somos un equipo de nueve fundadores y unos 40 voluntarios. Tenemos autonomía en nuestras decisiones, pero contamos con el apoyo de otras organizaciones. El Instituto de Estudios Cívicos (IEC) e Idas y Vueltas, dos OSC constituidas desde hace mucho tiempo, son algo así como nuestros padrinos. El IEC nos presta la sede y nos apoya en cada evento. Con Idas y Vueltas hemos aprendido a trabajar en conjunto. Ellos siguen trabajando en la contención de los migrantes en general y nosotros nos volcamos específicamente hacia los venezolanos. Claro que si bien somos una organización de venezolanos y para venezolanos, atendemos a todos los migrantes que llegan a nuestra puerta pidiendo una mano; no le negamos ayuda a nadie.

    Inicialmente nuestra idea era dar contención emocional: estaba llegando gente que no sabía cosas tales como que este país es frío en invierno y caluroso en verano, no tenía idea de lo que es vivir en un país de cuatro estaciones. Los recién llegados no sabían siquiera cómo vestirse para las bajas temperaturas o cómo protegerse del sol, y muchas veces tampoco tenían las vestimentas adecuadas. Muchos llegaban sin nada, así que hemos hecho colectas, por ejemplo de ropa de abrigo.

    Entonces, la idea inicial era acompañar a los recién llegados en la adaptación al país, para que sintieran que no estaban solos en el proceso migratorio. Como la principal urgencia para los que llegan es conseguir un empleo, primero creamos un banco de trabajo, Clasificados Veneguayos.

    Al principio nos desgastábamos las pestañas cazando ofertas en internet, pero tuvimos la enorme suerte de que en una de nuestras primeras jornadas un diario nos hizo una tremenda entrevista que tuvo mucha difusión, e hizo que Manos Veneguayas quedase en el radar de muchos empresarios. Desde entonces las ofertas comenzaron a llegarnos directamente, y tenemos una base de centenares de currículums que facilitamos a posibles empleadores. Y si bien mucha gente solicita empleadas de servicio doméstico, nosotros tratamos de que las personas se inserten dentro de sus profesiones. Aunque lo más importante es que al menos uno de los integrantes de la familia tenga ingresos. Todos los trabajos dignifican. Nosotros damos charlas para que los recién llegados conozcan sus derechos respecto a la salud y el trabajo, y los ayudamos a preparar un currículum o una entrevista de trabajo. Los apoyamos para que puedan obtener su documentación.

    Hemos hecho una especie de censo, básicamente a través de Facebook, para relevar las necesidades de los venezolanos que están llegando a Uruguay. Para los que están llegando ahora, a la búsqueda de trabajo se suma el problema de la vivienda. La desesperación en aumento está haciendo que migren grupos familiares completos, lo que vuelve más difícil el proceso. Antes venía primero el jefe de familia, generalmente un hombre solo que llegaba a una residencia, trabajaba y al cabo de tres o cuatro meses podía conseguir una garantía para alquilar un monoambiente, traer a la esposa y después trabajar los dos y conseguir algo más grande. Pero ahora están llegando familias de cuatro o cinco personas, y lo que les cobran las residencias y pensiones las dejan fuera de su alcance. Legalmente, la garantía para alquilar solo se consigue luego de estar empleado un mínimo de tres meses. Caso contrario, se necesita traer mucho dinero, y en el caso de los venezolanos que están emigrando, si digo que el 1% trae algún respaldo económico, ya estoy exagerando. Los refugios están a reventar porque además, no solo están llegando venezolanos, sino también dominicanos y cubanos.

    El éxodo venezolano ha suscitado algunos casos de discriminación y xenofobia en la región. ¿Han experimentado esto en Uruguay?

    Un sociólogo con quien hablaba recientemente me comentó sobre algunos casos. Pero pienso que son casos puntuales. En los cuatro años que tengo viviendo en el Uruguay yo personalmente no he visto ningún tipo de discriminación ni por el color de la piel ni por la nacionalidad.

    Por supuesto que hay gente que piensa que el venezolano le viene a quitar oportunidades al uruguayo. Y obviamente no es cierto: simplemente hay un abanico de ofertas y hay quien encaja y quien no. Si bien hay muchos profesionales venezolanos trabajando como conductores de Uber, meseros, vendedores y cadetes, también hay profesionales empleados dentro de su área: enfermeros, fisioterapeutas, ingenieros, incluso algunos arquitectos que han podido revalidar sus títulos. De hecho, la migración de profesionales venezolanos ha sido muy importante para Uruguay, ya que el país está accediendo a un personal muy bien preparado en cuya formación no ha tenido que invertir nada.

    Sabemos que con los inmigrantes es común que la reputación de todos quede en entredicho por las acciones de unos pocos. Cuando un venezolano mete la pata, luego resulta que todos los venezolanos son incumplidos o no tienen palabra. Así que para ayudar a la gente a ubicarse en un empleo somos muy cuidadosos. Cuando llegan y nos dicen ‘estoy desesperado, quiero trabajar en lo que sea’, les pedimos que piensen cuál es su límite, porque se necesita un compromiso, no pueden estar en un empleo dos semanas y luego irse. Lo mismo ocurre con los tiempos: en Venezuela si te quedas parado te pasan por encima, pero aquí todo sucede más lentamente, y el venezolano no está acostumbrado a eso. Nuestra tarea es calmar a esa juventud que llega con ansias de comerse el mundo porque en Venezuela estaban comiendo aire. Hay que calmarlos y enseñarles que este país es maravilloso y nos está abriendo sus puertas, pero que tenemos que ir a su ritmo.

    ¿Cuál es la perspectiva para los venezolanos que emigran: hacer su vida afuera o retornar a Venezuela?

    Esa es una de las cosas que siempre hablamos acá. Hay algunos que consideran que su vida ahora está aquí y han venido para quedarse, pero un alto porcentaje tiene la visión de que está aquí para aprender porque el plan es volver para reconstruir nuestro país. Yo misma tengo ganas de volver, y creo que la mayoría de la gente piensa que esto es algo temporario, que nuestro país va a salir adelante y nos va a necesitar. Entretanto, lo mejor que podemos hacer es tratar de dejar una honda huella en este país que nos está recibiendo para que el día mañana puedan decir que Venezuela hizo su aporte.

    El espacio cívico en Venezuela es clasificado como ‘represivo’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con Manos Veneguayas a través de su página deFacebook.

Page 2 of 4

Sign up for our newsletters

Our Newsletters

civicus logo white

CIVICUS is a global alliance that champions the power of civil society to create positive change.

brand x FacebookLogo YoutubeLogo InstagramLogo LinkedinLogo

 

Headquarters

25  Owl Street, 6th Floor

Johannesburg
South Africa
2092

Tel: +27 (0)11 833 5959


Fax: +27 (0)11 833 7997

UN Hub: New York

CIVICUS, c/o We Work

450 Lexington Ave

New York
NY
10017

United States

UN Hub: Geneva

11 Avenue de la Paix

Geneva

Switzerland
CH-1202

Tel: +41 (0)79 910 3428