Nicaragua: la violencia y la represión continúan

42 reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
-Diálogo en el informe del Alto Comisionado sobre Nicaragua

Ha pasado más de un año desde que empezó la crisis en Nicaragua y la violencia y la represión no cesan. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y centenares han sido criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta. Un informe de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, identifica dos nuevas fases de represión durante el 2019: Hostigamientos y restricción a las libertades públicas y Ejecuciones extrajudiciales.

La mayoría de los prisioneros políticos fueron excarcelados recientemente bajo una Ley de Amnistía, aprobada unilateralmente por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), misma que perpetúa la impunidad para los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, pues establece que no se realizará ninguna investigación respecto de estos crímenes. Además, el informe de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua señala existen aun 121 presos y presas políticas en manos del Estado Nicaraguense, 54 de los cuales corresponden capturas realizadas en 2018 y 67 a capturas que se han presentado en 2019.

Los ataques contra el espacio cívico continúan. La Unidad Nacional Azul y Blanco en Nicaragua ha denunciado como el Gobierno de Nicaragua continúa criminalizando a ciudadanos por motivos políticos o por su participación en protestas u otras iniciativas.  La represión de voces disidentes a través del arresto, el cierre de protestas y el cierre de organizaciones representan una alarmante falta de voluntad del gobierno para comprometerse y escuchar a quienes gobierna.

La situación de violación de derechos humanos también se presenta en los territorios rurales y transfronterizos  del país, los que viven situaciones de incertidumbre y zozobra debido a la militarización de comunidades, persecución de ciudadanos que participaron en las protestas, asedios por parte de la Policía Nacional, y hostigamiento a autoridades de las municipalidades opositoras, entre otros.

Al igual que a la Alta Comisionada, nos preocupa ver como en Nicaragua no hay disposición de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares; ni garantías de que se reiniciarán las negociaciones, las cuales fueron canceladas de manera unilateral por el gobierno, o de que se cumplirán los compromisos acordados entre las partes. En este clima, el escrutinio internacional sobre Nicaragua sigue siendo tan crucial ahora como siempre. Nicaragua no cumple con su responsabilidad de garantizar la rendición de cuentas y la justicia. Acogemos con beneplácito la continua supervisión e informes del ACNUDH sobre Nicaragua y pedimos al Consejo que establezca un mecanismo de investigación independiente como los primeros pasos hacia la rendición de cuentas por los crímenes  ocurridos y justicia para los afectados.