Declaración: Nicaragua no implementa recomendaciones de derechos humanos

42 Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Declaración: Adopción del informe EPU de Nicaragua

Red Local y CIVICUS saludan el compromiso del gobierno de Nicaragua con el proceso EPU. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que, desde su evaluación anterior, Nicaragua no ha implementado ninguna de las 26 recomendaciones recibidas en relación con el espacio cívico, 17 de ellas referidas a la libertad de expresión y acceso a la información. También lamentamos que, durante el ciclo actual, las recomendaciones sobre el acceso de y la cooperación con mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, la investigación de los abusos de derechos humanos cometidos contra manifestantes, y la seguridad y libertad de periodistas y personas defensoras encarceladas, no fueron aceptados por el Gobierno.

Como lo detalla nuestra presentación, la legislación nicaragüense sigue tratando a la calumnia y la injuria como delitos penales, y la libertad de prensa continúa limitada por la manipulación de la distribución de publicidad oficial, la denegación de acceso para cubrir actividades gubernamentales, el control estricto del flujo informativo desde la cúspide del aparato estatal, y la concentración de medios en manos de la familia presidencial y sus aliados. También se han registrado actos de censura explícita.

Asimismo, nuestra presentación documenta que la legislación que regula la creación, el funcionamiento y la disolución de OSC es aplicada de manera arbitraria, con el objeto de obstaculizar e intimidar al personal de OSC independientes, las cuales también se han visto afectadas por restricciones legales o de facto para recibir financiamiento externo y mantener colaboraciones internacionales. Las personas defensoras del derecho al territorio, activistas por los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, periodistas y blogueras también son rutinariamente estigmatizadas, acosadas, criminalizadas, arrestadas arbitrariamente y atacadas físicamente.

El ejercicio de la libertad de reunión pacífica enfrenta obstáculos en la ley y en la práctica, desde requisitos de autorización para realizar manifestaciones y una Ley de Seguridad Soberana que define ampliamente las amenazas de seguridad para criminalizar tácticas comunes de los movimientos de protesta, hasta el uso ilegal de fuerza excesiva y mortal contra manifestantes, que entre abril y agosto de 2018 causó la muerte de por lo menos 300 personas.

Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que tome medidas proactivas para abordar estas preocupaciones e implemente recomendaciones para crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil.