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• HONDURAS: “Exigimos justicia ambiental frente a intereses corruptos e insensibles a las necesidades locales”

  CIVICUS conversa acerca de la resistencia comunitaria contra megaproyectos mineros en Honduras con Juana Esquivel, representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El Comité integra organizaciones y comunidades locales que resisten contra proyectos extractivos que amenazan el medio ambiente y los bienes públicos y comunitarios.

  El 13 de junio un cabildo abierto convocado por la alcaldía de Tocoa aprobó una planta termoeléctrica de coque de petróleo, pese a que la comunidad local había presentado un recurso de amparo en su contra. Se teme que el proyecto provoque deforestación, sedimentación y contaminación del río Guapinol. Un conflicto similar tuvo lugar en 2014, cuando sin consultar a las comunidades las autoridades otorgaron permisos para una mina en un parque nacional protegido que afectaba a los ríos Guapinol y San Pedro. En respuesta a sus protestas pacíficas contra el proyecto, numerosos activistas fueron criminalizados y ocho de ellos permanecieron largo tiempo detenidos.

  ¿Por qué se oponen al proyecto de planta termoeléctrica en Tocoa?

  Rechazamos la planta termoeléctrica porque sus impactos sobre la salud humana y al medio ambiente serían devastadores. El hecho de que se encuentra a menos de 150 metros de algunas comunidades incrementa significativamente los riesgos. Pero éstos no se reflejan en los estudios deimpacto ambiental presentados por la empresa, que contienen errores intencionales que minimizan los daños reales del proyecto.

  La planta utilizaría PETCoke, una sustancia derivada del carbón y petróleo que no está regulada en Honduras para la producción de energía. Para funcionar, demandaría enormes cantidades de agua, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para las comunidades locales. Los residuos serían vertidos al río Guapinol, afectando gravemente la vida acuática y el ecosistema. Los estudios de la empresa afirman absurdamente que los peces del río se adaptarán a las aguas calientes provenientes de la planta.

  Nuestras demandas son claras: el proyecto no debe instalarse debido a sus graves impactos ambientales y de salud. Exigimos que se respeten nuestros derechos y se proteja nuestro entorno.

  ¿Por qué objetaron la convocatoria al cabildo abierto del 13 de junio?

  La sociedad civilobjetó el llamado debido a la historia de manipulación y falta de transparencia en la implementación de megaproyectos en el municipio. La planta termoeléctrica es parte de un megaproyecto, conocido como Los Pinares/Ecotek del grupo Emco Holdings, que tiene otros seis componentes: dos concesiones mineras en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera, una planta procesadora de óxido de hierro y tres concesiones de agua sobre los ríos Guapinol, Quebrada de Ceibita y San Pedro.

  El municipio emitió un documento falsificado afirmando que hizo una consulta ciudadana para validar el proyecto. Éste es presentado a la comunidad como una solución a sus problemas energéticos, cuando en realidad está diseñado para abastecer de energía a la planta procesadora de óxido de hierro y no a la comunidad.

  En diciembre de 2023 asistimos a uncabildo abierto en el que entre 2.500 y 3.000 personas manifestamos nuestro rechazo al proyecto. Al ver la oposición masiva, el alcalde suspendió el evento alegando razones de seguridad, y en enero convocó unilateralmente otro cabildo, sin el respaldo de las instituciones municipales, que fue suspendido por un recurso de amparo que interpusimos. Finalmente, en el cabildo del 13 de junio, el alcalde manipuló la situación, realizó el cabildo abierto con la oposición de la comunidad y solo escuchó a quienes apoyan el proyecto, que son representante de patronatos controlados por la empresa minera.

  ¿Cómo se ha organizado la comunidad contra este megaproyecto, y qué represalias ha enfrentado?

  Estamos luchando contra el megaproyecto Los Pinares/Ecotek desde 2014. Hemos realizado numerosas manifestaciones de rechazo, incluyendo asambleas populares permanentes frente a al municipio y protestas multitudinarias gracias a las cuales logramos que se declarara a Tocoa como un municipio libre de minería y se restituyera la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.

  En 2018 instalamos el campamentoPor el Agua y la Vida, que duró 88 días. Esta acción directa desencadenó una oleada de criminalización y persecución. Larepresión contra el activismo ambiental ha sido feroz, con 32 requerimientos fiscales y ocho compañeros que estuvieron encarcelados por casi tres años.

  Ha habido asesinatos de personas defensoras y se ha creado un clima de constante amenaza y hostigamiento. Cientos de familias han sido desplazadas por las amenazas y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y de grupos armados contratados por la empresa. 

  A pesar de estos desafíos, persistimos en nuestra lucha contra la corrupción y la violencia estatal y empresarial que afecta a nuestras comunidades desde hace más de una década.

  ¿Ha cumplido elgobierno dela presidentaXiomara Castro sus promesas en relación con Guapinol?

  La actuación del gobierno en relación con este tema ha sido negligente y ha exacerbado la polarización y la conflictividad. Aunque el gobierno ha hecho de Guapinol un tema central en su agenda política, la liberación de los defensores ambientales encarcelados ha sido el resultado de años de movilización y resistencia comunitaria más que de la intervención directa de las autoridades centrales.

  Persiste una deuda significativa del gobierno con Tocoa y Guapinol: la cancelación completa del megaproyecto Los Pinares/Ecotek. En febrero de 2024 se emitió un decreto para proteger áreas del Parque Nacional Carlos Escalera, pero es crucial asegurar su implementación efectiva y la reparación de los daños ambientales ya causados.

  La comunidad sigue vigilante y activa, exigiendo justicia ambiental y la preservación de sus recursos naturales frente a intereses económicos y políticos corruptos e insensibles a las necesidades locales.

  El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”

  CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.

  María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.

  ¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?

  En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.

  México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.

• MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”

  CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.

  DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.

  ¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?

  Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.

  El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.

  En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.

  DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.

  Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.

  En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.

  La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.

  DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  ¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?

  Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.

  La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.

  Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.

  Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.

  La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.

  ¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?

  Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.

  La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.

  La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.

  Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.

  Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.

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• PANAMÁ: “Tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades”

  

  CIVICUS conversa acerca de los resultados de lasrecientes elecciones presidenciales de Panamá con Olga de Obaldía, directoraejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

  La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es una organización de la sociedad civil que trabaja en defensa de las libertades fundamentales, la formación de la ciudadanía para la participación democrática y el fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la transparencia y la lucha anticorrupción.

  ¿Quién es José Raúl Mulino, y por qué ganó las elecciones?

  Mulino ganó las elecciones en gran medida debido a la popularidad y carisma del expresidente Ricardo Martinelli, y también en parte debido a las particularidades del sistema electoral panameño.

  Martinelli hizo campaña a pesar de estar inhabilitado para ser candidato o ejercer cargos públicos tras haber sido condenado por lavado de activos en el marco de un gran esquema de corrupción relacionado con sobreprecios en la construcción de carreteras. Inicialmente intentó que su esposa se postulara como su compañera de fórmula, suponemos que para luego dejarle su lugar si sus deudas con la justicia le imposibilitaban competir. Sin embargo, debido a que la constitución prohíbe al presidente nombrar a familiares de primero o segundo grado, desistió de ese plan.

  En lugar de a su esposa nombró a Mulino, quien fue su ministro de seguridad entre 2009 y 2014. La sentencia contra Martinelli quedó firme en febrero: fue condenado a más de 10 años de cárcel y, para no ir a prisión, buscó asilo en la embajada de Nicaragua. El Tribunal Electoral habilitó a Mulino para que tomara el lugar de Martinelli. Esta decisión fue apelada con una demanda de inconstitucionalidad, pero dos días antes de las elecciones la Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Electoral.

  Condenado y todo, Martinelli mantuvo su enorme popularidad y, desde el encierro en la embajada, inició una campaña mediática basada en la consigna “Mulino soy yo”, para intentar traspasar a Mulino el núcleo duro de su apoyo electoral, estimado en entre 30 y 35%.

  Como en Panamá el presidente es elegido por pluralidad simple de votos, sin segunda vuelta, habiendo ocho candidatos en competencia, Mulino fue electo con el 34% de los votos.

  Este sistema electoral debería ser revisado para garantizar la voluntad popular. Cabe destacar, sin embargo, el civismo de los panameños, quienes aceptaron pacíficamente el resultado aunque la mayoría había votado en contra del presidente electo.

  ¿Cuáles fueron las promesas de campaña de Mulino?

  Entre las promesas de Mulino se destacaron las de “poner ‘chen-chen’ (dinero) en el bolsillo” de la gente y construir obras de infraestructura, y específicamente un tren para conectar la ciudad de David, en el extremo este del país, con la ciudad de Panamá. Las justificaciones esgrimidas son que mejoraría el transporte entre el interior y la capital, y estimularía el desarrollo económico en regiones apartadas y postergadas.

  Otro tema recurrente de la campaña de Mulino fue la necesidad de acabar con la llamada “persecución judicial”. Es que en el partido de Martinelli hay muchas personas imputadas en casos de corrupción durante su administración. Varias de estas personas fueron electas para el Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fueros ante acciones judiciales, según un tratado que equipara sus privilegios con los de los diputados nacionales.

  Durante la campaña también se mencionó la posibilidad de “cerrar” el Tapón del Darién, es decir, la frontera con Colombia, para frenar el flujo migratorio por esa selva. Sin embargo, la viabilidad e impactos de esta medida no están claros. Las prohibiciones impuestas anteriormente para detener la migración no han hecho otra cosa que alentar la clandestinidad y profundizar los problemas humanitarios. La situación del Darién es compleja y requiere soluciones de fondo.

  Estas promesas claramente fueron populares entre algunos sectores de la población, pero su viabilidad y potenciales consecuencias deberían ser cuidadosamente consideradas.

  Finalmente, otra promesa fue “ayudar” al expresidente Martinelli. Todavía no está claro qué forma tomará esa ayuda. El presidente electo ha declarado que su gobierno se ceñirá al Estado de Derecho, y su primera gran prueba será la solución del impassedel expresidente asilado en la embajada de Nicaragua, desde la cual sigue tratando de influir sobre la política nacional.

  ¿Qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para abordar los principales desafíos sociales y económicos del país?

  El nuevo gobierno deberá tomar decisiones críticas en un contexto de profunda crisis económica. Entre ellas se destaca el rescate del sistema de seguridad social.

  Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. La informalidad laboral ha alcanzado el 55%, con 20.000 empleos que no se han recuperado desde la pandemia. El Seguro Social está en peligro de quiebra: atiende al 80% de la población, aunque solo el 30% cotiza. El sistema de jubilaciones y pensiones carece hoy de los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones a futuro, y podría colapsar.

  El problema económico se agrava con la caída de la inversión. La deuda pública ha aumentado a 49 mil millones de dólares sin que haya habido inversiones claras en infraestructura o generación de empleo. El Estado debería hacer un primer gran pago de deuda en tres meses, pero no parece tener los fondos suficientes para afrontarlo.

  El presidente electo ha anunciado que buscará formar un gobierno de unidad nacional. No está claro qué forma tomará, pero es evidente que ante tamaños problemas, la única vía es un gobierno de coalición o alguna forma de colaboración intersectorial. Por las declaraciones del presidente electo, el empresariado sería su aliado natural en la búsqueda de soluciones.

  ¿En qué condiciones trabaja la sociedad civil en Panamá? ¿Cabe esperar cambios bajo el nuevo gobierno?

  Al acercarse las elecciones, enfrentamos un fenómeno recurrente en nuestra pequeña sociedad civil: un éxodo hacia la actividad política partidista. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, están profesionalizadas –es decir, tienen gobernanza, personal administrativo, presupuesto y estructuras definidas–, la mayoría depende del voluntariado. Tradicionalmente, después de las elecciones se observa un éxodo inverso, desde los partidos políticos no ganadores hacia la sociedad civil.

  Además, son pocas las organizaciones que centran su trabajo en la incidencia en favor de los derechos y libertades civiles y políticas y la gobernanza democrática. La mayoría se enfoca en la provisión de asistencia para la pobreza o la provisión de servicios sociales como salud o educación, y en ese sentido son más bien socias del Estado en la implementación de sus programas. Con todo, en los últimos años hemos presenciado un aumento en el activismo y la formación de nuevos grupos identitarios que reivindican la igualdad de derechos, al tiempo que nuevos grupos de jóvenes han surgido en el plano nacional como la fuerza política y social mayormente responsable del éxito de las movilizaciones nacionales en octubre y noviembre del 2023 contra la minería a cielo abierto.

  En el proceso electoral de 2024, si bien la participación de la sociedad civil siguió siendo limitada, ya que son pocas las organizaciones dedicadas a promover valores cívicos o libertades fundamentales, sí vimos múltiples iniciativas no partidistas de generar voto informado y varias organizaciones nos aliamos en ese esfuerzo.

  No sabemos qué pasará bajo el nuevo gobierno, pero nos preocupan los antecedentes del gobierno de Martinelli, que limitó el espacio cívico con tácticas de intimidación contra las organizaciones civiles críticas, sumadas a un hostigamiento judicial contra activistas y periodistas. No está claro qué patrón seguirá el gobierno de Mulino, pero tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades fundamentales o restringir el espacio cívico.

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• Tendencias políticas y acción ciudadana en 2022: ¿qué nos espera?

  Por Inés M. Pousadela y Andrew Firmin

  En 2022 veremos más protestas ciudadanas, movilización climática, ataques a la democracia, lucha contra el populismo de derechas y esperanza ante una nueva generación de activistas.

  Leer artículo completo sobre Open Democracy

• VENEZUELA: “Con la nueva ley de ONG, el gobierno pretende tomar el control de todo el tejido asociativo”

  CIVICUS conversa con Rigoberto Lobo Puentes, fundador de Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), sobre la Ley de ONG que, de ser aprobada, obstaculizaría aún más la labor de la sociedad civil en Venezuela.

  PROMEDEHUM reúne a personas procedentes de diferentes esferas con el objetivo común de educar, promover y defender los derechos humanos.

  ¿Cómo ha cambiado recientemente el espacio cívico en Venezuela?

  El espacio cívico ha experimentado tensiones durante más de una década. En 2010 el gobierno implementó la Ley de la Soberanía y Autodeterminación Nacional para restringir el acceso a financiamiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, invocando supuestas amenazas externas contra el gobierno venezolano. Esta ley fue solamente el puntapié inicial. Desde 2016, cuando el partido oficialista perdió el control de la Asamblea Nacional, el gobierno comenzó a emitir decretos de emergencia que otorgaron facultades al Ministerio de Relaciones Exteriores para auditar todo convenio firmado por organizaciones o personas con organismos internacionales para ejecutar proyectos en Venezuela. Esto fue parte de la estrategia de asfixiar financieramente a las organizaciones de derechos humanos hasta que debieran cerrar.

  En 2020 el organismo gubernamental que regula al sistema bancario ordenó a los bancos que monitorearan las operaciones financieras de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), supuestamente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A raíz de las críticas de organismos internacionales de protección de derechos humanos, en 2021 las disposiciones de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en relación con las OSC fueron ligeramente modificadas. Sin embargo, continuaban infringiendo las normas internacionales de derechos humanos. Entre otras cosas, establecían la creación de nuevo órgano encargado de autorizar el registro y funcionamiento de OSC y obligaban a las OSC a proveer información sensible.

  Este ataque provocó fisuras en la sociedad civil, ya que muchos pensaron que, puesto que el foco estaba en las organizaciones de derechos humanos, las demás OSC, incluidas las organizaciones humanitarias, estaban fuera de peligro, aunque también de uno u otro modo defendieran los derechos humanos. Muchas OSC dijeron no tener problema con la obligación de registrarse. La situación fue muy confusa: nunca quedó claro dónde funcionaba o funcionaría el registro y en cada ciudad las organizaciones recibían información distinta.

  En 2021, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó por unanimidad un plan legislativo nacional que incluía la Ley de Cooperación Internacional, que también establecía un registro obligatorio para las OSC. El objetivo era, nuevamente, limitar el acceso de las OSC a financiamiento.

  En 2022 el Grupo de Acciones Financieras del Caribe refutó el argumento de que todas estas regulaciones eran necesarias. Su evaluación de Venezuela concluyó que no había evidencia de que los registros de OSC propuestos o implementados sirvieran para prevenir potenciales abusos vinculados con la financiación del terrorismo.

  Por último, en enero de 2024 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, más conocida como “ley de ONG”. Si se aprueba, esta ley permitirá al gobierno restringir aún más el funcionamiento de la sociedad civil, ya que prohíbe de manera muy amplia las “actividades políticas” sin definir de manera clara a qué se refiere, y podría resultar en la imposición de sanciones o incluso en la clausura de OSC que se considere que están involucradas en tales “actividades políticas”. En la sesión en que se aprobó el proyecto, más de 60 OSC fueron mencionadas como enemigas y traidoras a la patria.

  Las continuas amenazas, denuncia y persecución de OSC y personas defensoras de derechos humanos, así como las restricciones y ataques contra medios de comunicación y periodistas, el allanamiento de sedes de organizaciones y el encarcelamiento de actores humanitarios, han creado un clima de mucho miedo. Muchas OSC han perdido integrantes, algunas han cerrado y muchas personas defensoras han migrado por diversas razones, incluida la de haber sido objeto de persecución o temer serlo en el futuro cercano. Incluso algunas organizaciones, al igual que medios de comunicación, han recurrido a la autocensura o cambiado la naturaleza de sus actividades para prevenir represalias.

  ¿Cómo impactaría ley de ONG en este contexto?

  La ley de ONG busca limitar la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos. Convertiría la libertad de asociación en un asunto de orden público, exponiendo a las organizaciones a la vigilancia y el control policial. Las organizaciones que no se inscriban o no revelen sus fuentes de financiación podrían enfrentarse a multas, cancelación de su registro oficial e incluso acciones penales. Podrían ser criminalizadas con acusaciones de terrorismo, lavado de dinero, desestabilización, conspiración e injerencia extranjera.

  Aunque el proyecto de ley parezca apuntar exclusivamente contra las organizaciones de derechos humanos, sus impactos serán mucho más amplios, ya que pretende tomar el control de todo el tejido asociativo. Cualquier forma organizativa, incluidos partidos políticos y organizaciones educativas y académicas, es un potencial objetivo. Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedarse sin apoyo jurídico. Las personas afectadas por la emergencia humanitaria podrían perder el acceso a programas humanitarios de la sociedad civil, que podrían ser sustituidos por programas gubernamentales con condiciones de acceso restrictivas.

  En suma, el gobierno busca una sociedad civil a su medida. Tiene interés en la continuidad de organizaciones que realizan acciones humanitarias, ya que éstas lo liberan de cierta carga y le ayudan a mantener una imagen de apertura frente a la comunidad internacional. Pero pretende que las organizaciones humanitarias desempeñen un rol puramente asistencialista, que deje de lado los derechos humanos, y que se abstengan de publicar cualquier dato que pueda proyectar una imagen negativa del país.

  El gobierno ya ha hecho avances en este terreno. En alguna medida ya controla las actividades de las organizaciones humanitarias y obtiene información constante sobre sus actividades en toda Venezuela.

  ¿Por qué se reflotó ahora la ley de ONG, que había quedado en suspenso el año pasado?

  El gobierno ha avanzado con esta ley ante las perspectivas de un proceso electoral en el futuro cercano. La ley puede ser utilizada no solamente contra las OSC de derechos humanos sino contra toda forma organizativa que sea considerada un espacio de pensamiento crítico o disenso. Esto aplica especialmente a las OSC que trabajan en temas de derechos civiles y políticos, que exigen transparencia electoral, monitorean las campañas y observan las elecciones.

  Para el gobierno la sociedad civil pone en riesgo sus perspectivas de mantenerse en el poder. En condiciones electorales medianamente justas, la labor de monitoreo, documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos perpetradas por un gobierno que ya goza de baja popularidad podría diezmar su caudal electoral. Durante años el gobierno ha buscado someter, asfixiar o anular a las OSC, y esto se intensificará en la medida en que necesite asegurar su continuidad en el poder.

  La ley de ONG había quedado suspendida pero no olvidada. El gobierno simplemente esperó a encontrar el momento adecuado para retomar sus ataques. Recientemente, se produjeron una serie de acusaciones y detenciones de militares, integrantes de partidos políticos y periodistas en relación con un supuesto plan de magnicidio que ha sido tipificado como terrorismo. Esto es parte de un escenario creado por el gobierno para justificar acciones para neutralizar a quienes le supongan un obstáculo en una elección. En este contexto, no debe descartarse la posibilidad de que la ley de ONG sea aprobada.

  ¿Cómo han reaccionado la sociedad civil y la opinión pública ante estos ataques?

  Pese a la gravedad de la ley, hay mucha desinformación y un elevado desconocimiento por parte de la ciudadanía venezolana. Incluso hay OSC que desconocen su existencia o su importancia.

  Sin embargo, la sociedad civil ha emitido numerosas expresiones de rechazo. Entre 2022 y 2024, OSC nacionales e internacionales han publicado al menos 15 comunicados y análisis de las leyes de ONG y de cooperación internacional. Se han realizado numerosos foros, conversatorios y campañas de difusión, tanto dentro como fuera de Venezuela.

  Muchas organizaciones y personas defensoras hemos participado en diálogos interactivos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y en eventos paralelos en la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Cumbre de las Américas, y hemos presentado informes ante organismos de derechos humanos. Como resultado de esta incidencia, entre 2021 y 2023 se publicaron 11 pronunciamientos e informes de organismos internacionales sobre estas leyes.

  Quienes estamos fuera de Venezuela también hemos hecho incidencia frente a los gobiernos de nuestros países de acogida. En Argentina, donde me encuentro en este momento, actores tanto políticos como de la sociedad civil han expresado públicamente su rechazo de la ley de ONG.

  El gobierno venezolano redobló la apuesta y el 12 de enero inició una consulta pública sobre la ley, sin siquiera haber publicado el texto oficial del proyecto de ley o convocado a participar a las OSC de derechos humanos. Según la información que ha trascendido, la mayoría de los participantes en la consulta han sido funcionarios del Estado, incluidos funcionarios policiales. Por lo que hemos podido observar en los eventos de consulta, que se realizan de manera relativamente espontánea en diversos sitios y sin un formato establecido, así como en las discusiones sobre el tema en la Asamblea Nacional, ha prevalecido un discurso de descalificación de las OSC, tratadas como enemigas del Estado.

  ¿Qué garantías necesita la sociedad civil venezolana para continuar haciendo su trabajo?

  Para continuar nuestra labor de incidencia en defensa del espacio cívico necesitamos que más organizaciones y actores internacionales se sumen para ayudar a informar sobre el deterioro de la situación. Las OSC necesitan acceso a información más precisa y confiable para impulsar la formación de alianzas de manera más rápida y efectiva.

  Las OSC venezolanas continuamos trabajando para comunicar cualquier cambio que se produzca y dar la señal de alerta cuando se producen avances contra los derechos. Seguimos haciendo incidencia con otros Estados, especialmente cuando se producen cambios de gobierno que podrían afectar la política internacional. Un riesgo inminente es que no se renueve la Misión Internacional para la Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sería un duro golpe para la sociedad civil venezolana.

  Las organizaciones venezolanas también deberíamos evaluar y repensar nuestras estrategias en función del impacto que tiene la información que producimos. Deberíamos mostrar mejor las fortalezas del movimiento de derechos humanos venezolano. Quizás la transparencia proactiva, en la medida en que no ponga en mayor riesgo a las organizaciones y sus integrantes, podría servir para influir tanto sobre la comunidad internacional como sobre la ciudadanía. Es crucial que la gente en Venezuela comprenda las dimensiones de la pérdida que el deterioro del espacio cívico y la desaparición de organizaciones suponen para nuestro país.

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• VENEZUELA: “El gobierno busca avivar el sentimiento nacionalista para tratar de conservar el poder”

  CIVICUS conversa con Mariano de Alba, Asesor Sénior del International Crisis Group, acerca del reciente referéndum convocado por el gobierno de Venezuela sobre el estatus del territorio del Esequibo, disputado con la vecina Guyana, y sus posibles implicaciones para la democracia en Venezuela y la paz en la región.

  El International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico.

   

  ¿Por qué el gobierno venezolano decidió someter la cuestión del Esequibo a un referéndum?

  El anuncio de la realización del referéndum surgió en primer lugar como una reacción del gobierno de Venezuela a las recientes rondas de licitaciones petroleras realizadas por Guyana en zonas que Venezuela considera áreas marítimas pendientes de delimitación. Conforme se fue organizando el referéndum, se volvió evidente que el gobierno venezolano le daba un valor adicional como herramienta para probar su capacidad de movilización electoral a pocos meses de la elección presidencial que debería ocurrir este año.

  Adicionalmente, al poner la disputa con Guyana en la agenda pública, el gobierno venezolano busca avivar el sentimiento nacionalista en la población venezolana, y muy especialmente en las fuerzas armadas, un actor clave en su estrategia para conservar el poder.

  ¿Cuál es el valor jurídico del referéndum?

  Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial venezolana, el referéndum consultivo, que es una figura establecida en la Constitución venezolana, no tiene carácter vinculante. Esta posición fue ratificada públicamente por el abogado principal que fue designado por el gobierno para preparar las preguntas del referendo.

  Pero por motivos políticos, desde antes del referéndum y especialmente en vista de sus resultados, el gobierno ha insistido en que sí tiene carácter vinculante para justificar una serie de acciones que ha anunciado en relación con el territorio en disputa. Éstas, sin embargo, no han pasado de anuncios simbólicos, ya que las fuerzas armadas de Venezuela no han ingresado en el territorio en disputa, desde hace muchísimos años bajo administración de Guyana.

  ¿Cómo se posicionó la oposición, y cómo impactará el referéndum sobre las elecciones de 2024?

  Hubo diferencias sobre cómo posicionarse frente al referéndum. Ante todo, hay que recordar que el 17 de octubre, cuando el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre condiciones electorales, también firmaron otro acuerdo en el que se comprometieron a “ratificar los derechos históricos” de Venezuela y a “defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966”, el tratado que reavivó la controversia, en el cual Guyana, Venezuela y el Reino Unido acordaron buscar una solución al conflicto. En consecuencia, al menos para una parte de la dirigencia opositora fue difícil oponerse al referéndum.

  Sin embargo, María Corina Machado, la principal líder de la oposición, electa como candidata de unidad en las primarias de finales de octubre de 2023, sí criticó la consulta, argumentando que “la soberanía se ejerce, no se consulta”. La diferencia más importante en la oposición es que algunos líderes opositores piensan que hay que participar en todos los procesos electorales, independientemente de las condiciones, mientras otros no. Algunos votaron en el referéndum y otros no lo hicieron.

  Frente a las elecciones presidenciales, un elemento central de la estrategia del gobierno es fomentar la división de la oposición, de modo que una parte llame a la no participación por falta de condiciones suficientes y otra decida participar. El gobierno tiene posibilidades reales de ganar la elección frente a una oposición dividida, ya que bajo el sistema electoral vigente es electo quien obtenga más votos, aunque no alcance el 50%. La elección tendrá lugar en un contexto autoritario en el cual las condiciones de la competencia serán deficientes y hay un alto riesgo de represión gubernamental.

   

  ¿Cómo se ha manifestado Guyana?

  Guyana está centrada en la búsqueda de una decisión favorable en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde en 2018 presentó una demanda para que se ratifique la validez del laudo arbitral de 1899, que le otorgó el territorio que hoy día controla y administra y que Venezuela desconoce con el argumento de que el laudo fue producto de un fraude procesal.

  Sin embargo, las tensiones recientes complican el panorama para Guyana. Primero, porque al menos en el papel, las fuerzas armadas venezolanas tienen capacidades sustancialmente superiores a las guyanesas. De allí su intención de tratar de fortalecer sus alianzas militares y obtener garantías de otros países. Segundo, porque la incertidumbre producto de estas tensiones podría afectar el destacadísimo desarrollo económico que está teniendo Guyana, un país con escasa población pero con altos ingresos debido al reciente descubrimiento y explotación de recursos petroleros. Ya a mediados de diciembre de 2023 el mercado de seguros Lloyd’s de Londres calificó como riesgosa la zona económica exclusiva guyanesa, lo podría aumentar el costo del envío de petróleo desde esa zona.

   

  ¿Cuáles son los riesgos de que se produzca una escalada bélica?

  El referéndum ha aumentado sustancialmente las tensiones entre Guyana y Venezuela. Guayana vio en él y en las ulteriores acciones del gobierno venezolano una amenaza. Aunque también Guyana ha aprovechado las tensiones para tratar de fortalecer sus alianzas diplomáticas y militares con países como los Estados Unidos y el Reino Unido.

  En el corto y mediano plazo, el riesgo de que estas tensiones desemboquen en un conflicto armado es bajo, en parte, porque la reacción internacional sería muy crítica. Además, si bien el gobierno venezolano ha anunciado y ejecutado acciones tales como el nombramiento de una autoridad para el territorio en disputa, se ha cuidado de que la ejecución de esas acciones permanezca por ahora en territorio venezolano.

  Pero la escalada bélica no es un escenario descartable. La tensión podría desembocar en un enfrentamiento limitado tras el cual se vuelva difícil para uno o ambos países desescalar.

  Desde la perspectiva venezolana, la escalada es una apuesta riesgosa porque podría generar mayor descontento en las fuerzas armadas venezolanas, que tendrían que arriesgar sus vidas, especialmente si Guyana recibe el apoyo de un aliado importante como Estados Unidos. Además, el gobierno venezolano se está esforzando por reinsertarse en la comunidad internacional e iniciar un conflicto con Guyana desbarataría esos esfuerzos.

  Del lado guyanés, es una incógnita si efectivamente recibiría un apoyo militar sustancial en caso de un conflicto. Éste, además, podría volver muy riesgosos los negocios de algunas empresas que operan en ese país. Por ende, al menos en el corto y mediano plazo, salvo sorpresa, predominarán los intentos de mantener las tensiones en la escena pública, pero sin emprender una escalada real.

  Al final del día, ambos países, como vecinos, están obligados a tratar de negociar. Aunque Guyana obtenga una decisión favorable de la CIJ, ese difícilmente será el fin de la disputa, ya que sin la colaboración de Venezuela la ejecución de la sentencia será muy difícil; además, el área marítima seguirá pendiente de delimitación, por lo que algún día habrá que negociar.

  ¿Cómo continúan las negociaciones diplomáticas?

  Ha habido importantes esfuerzos diplomáticos de diversos países para tratar de convencer a ambos gobiernos de la importancia de rebajar las tensiones y evitar un conflicto armado. Estos esfuerzos desembocaron en un acuerdo que se firmó en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre. Allí se acordó no solamente rebajar las tensiones sino también realizar una nueva reunión en Brasil antes de fines de marzo.

  Sin embargo, la desconfianza entre ambos gobiernos sigue siendo profunda. No ayudó tampoco el hecho de que a fines de diciembre se produjera la visita de un buque de guerra británico a Guyana, que Venezuela interpretó como una amenaza a la cual respondió con la realización de ejercicios militares en su territorio.

  Las perspectivas son complicadas porque ambos gobiernos consideran que pueden sacar rédito político de las tensiones. Venezuela más por razones de política interna, y Guyana en primer lugar para fortalecer sus alianzas militares y secundariamente porque, si maneja acertadamente la situación, las perspectivas del partido de gobierno podrían mejorar de cara a las elecciones de 2025.

  Tras bastidores, los esfuerzos diplomáticos continúan porque frente a la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza prevalece la idea de que no hay espacio internacional para otro conflicto armado, y menos aún en América Latina y el Caribe, que por tantos años ha sido una zona de paz, al menos en lo que se refiere a los conflictos interestatales.

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• VENEZUELA: “El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada”

  CIVICUS conversa sobre la “ley anti-ONG” recientemente aprobada en Venezuela con Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una organización de la sociedad civil (OSC) que se dedica a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país.

  El 15 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuelaaprobó una ley conocida como “ley anti-ONG”, que restringe severamente la libertad de asociación. La ley obliga a las OSC a declarar el origen de sus fondos, impone estrictas obligaciones de reporte, incluido el requisito de proveer informaciones sensibles, y prohíbe OSC que se considere que promueven “fascismo, intolerancia y odio”. La medida, propuesta tiempo atrás, acabó siendo adoptada tras laselecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se impuso por amplia diferencia. El gobierno ha desconocido los resultados, reprimido violentamente las protestas en reclamo de democracia e intentado sofocar toda fuente de disenso.

  ¿Qué establece la ley anti-ONG, y qué lugar ocupa en la arquitectura represiva del régimen gobernante?

  Esta nueva ley fue presentada como un instrumento para reglamentar el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, cuando en realidad busca obstaculizarlo. La tercera parte de sus 39 artículos contiene severas sanciones tales como multas, anulación de registros, la expulsión de extranjeros e incluso la disolución de organizaciones. Aunque dice buscar mayor transparencia y rendición de cuentas, tiene solamente dos artículos sobre este tema, que además ya estaba regulado por el Código Civil.

  Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que obliga a las OSC a reinscribirse dentro de un plazo de 180 días, y podría dejarlas en un limbo legal en el caso de que no reciban una respuesta de las autoridades. Además, impone revisiones anuales, añadiendo cargas administrativas innecesarias incluso sobre aquellas que no cuentan con recursos financieros.

  La ley anti-ONG ley se enmarca en una estrategia represiva de larga data que incluye violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Es un engranaje más en una maquinaria represiva que incluye medidas tales como la anulación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos y activistas, la vigilancia ilegal de teléfonos y redes sociales y la censura de plataformas como WhatsApp y Twitter/X. Altos funcionarios del gobierno ya nos han clasificado como “terroristas”, alentando y justificando la intensificación de la represión.

  La ley anti-ONG también puede ser vista como una respuesta a la presión internacional que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones del 28 de julio. Con ella, el gobierno redobla la apuesta y muestra que está dispuesto a castigar a cualquiera que cuestione su legitimidad.

  ¿Qué efectos podría tener esta ley?

  Nos preocupa mucho el hecho de que la nueva ley se parece mucho a la de Nicaragua, que en solo un año resultó en la ilegalización de más de 3.000 OSC.

  A mediano plazo, la nueva ley puede afectar gravemente la situación humanitaria. Las nuevas restricciones podrían resultar en una disminución del número de OSC, mientras que las que sigan operando podrían verse forzadas a reducir su capacidad de ejecutar proyectos. Es posible que muchas OSC acaben optando por la informalidad. Aunque esto reduciría costos, también limitaría su capacidad para recibir financiamiento, ya que los donantes suelen preferir trabajar con entidades jurídicas formales.

  Es decir, los daños que podría causar no se limitan a las OSC, sino que también afectan a las personas que dependen de sus servicios. Por razones políticas, el gobierno de Venezuela adopta posiciones contradictorias: obliga a empresas en quiebra a seguir operando para “proteger el trabajo”, y al mismo tiempo disuelve OSC por no pagar una multa. Dice proteger el empleo, pero disuelve organizaciones que generan trabajo en el sector humanitario.

  La ley anti-ONG busca limitar la independencia de la sociedad civil, permitiendo operar solamente a las OSC afines. El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada.

  ¿Cómo trabaja la sociedad civil por una transición democrática en Venezuela?

  En un contexto marcado por la censura a la expresión política y la libertad de prensa, la sociedad civil venezolana juega un papel crucial en la lucha por una transición democrática. Frente a las restricciones impuestas a los partidos políticos y al control gubernamental sobre los medios, las OSC nos hemos convertido en fuentes confiables de información, aportando un análisis alternativo a la versión oficial. Brindamos datos que el gobierno preferiría ocultar, tales como los referidos al aumento de la desnutrición infantil. Mostramos la realidad y es justamente por eso que nos quieren reprimir.

  Las OSC están actuando como observadoras y denunciantes, ofreciendo un análisis crítico y proponiendo alternativas para el futuro del país. Abogamos por una transición dialogada y negociada, pero también establecemos límites éticos y legales claros, de modo de garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados.

  ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil venezolana?

  La comunidad internacional puede ayudarnos a mantener lo que está pasando en Venezuela dentro del debate global, haciéndose eco de nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto es sumamente importante para que los sectores ideológicos más reticentes reconozcan que las violaciones de derechos humanos no tienen ideología y que la tortura, sin importar quién la comete, es inaceptable y debe ser condenada y castigada.

  Es importante que los países con capacidad de influir sobre el gobierno venezolano, como Brasil y Colombia, utilicen su posición para fomentar el diálogo. La presión diplomática y la mediación por parte de países amigos podrían facilitar un proceso de negociación y solución pacífica. Hace más de dos décadas que enfrentamos una emergencia humanitaria compleja; todo apoyo para mitigar la crisis es sumamente valorado, y nos seguirá dando esperanzas y fuerza para enfrentar la situación tan grave que nos toca vivir.

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