acceso a la justicia
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COVID-19: “Esta crisis no es solamente sanitaria; también es una crisis de justicia”
CIVICUS conversa con Abigail Moy, directora de la Red de Empoderamiento Legal (Legal Empowerment Network), la comunidad más grande del mundo de personas defensoras que promueven la justicia a nivel de base. Liderada por la organización de la sociedad civil (OSC) internacional Namati, la Red reúne a 2.343 organizaciones y 8.761 individuos de más de 160 países, todos los cuales trabajan para promover la justicia para todas las personas. Hace unos tres años la Red lanzó Justicia para Todos, una campaña para aumentar el financiamiento y la protección de las personas defensoras que promueven la justicia en comunidades de todo el mundo.
¿Qué tipo de trabajo hace la Red de Empoderamiento Legal?
La Red de Empoderamiento Legal es una red global y multidisciplinaria que reúne a personas defensoras de la justicia a nivel de base. Somos más de 2.000 organizaciones de base de aproximadamente 160 países de todo el mundo. Lo que une a todos los integrantes de la Red es su dedicación a la tarea de ayudar a las comunidades a comprender, usar y dar forma a la ley. Entonces, ya sea que estén trabajando en temas de justicia ambiental, derechos de las mujeres, salud, educación o cualquier otro, estas personas defensoras ayudan a las comunidades a comprender cómo las políticas, la ley y la acción gubernamental les afectan y cómo pueden empoderarse para participar en estos procesos, utilizarlos y, en caso necesario, modificarlos para crear una sociedad más justa.
Nuestro trabajo se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el aprendizaje: somos un centro de aprendizaje donde las organizaciones de base intercambian experiencias y aprenden unas de otras sobre sus métodos y el impacto de su trabajo de empoderamiento legal. Antes de la pandemia de COVID-19, todos los años diseñábamos y realizábamos instancias de aprendizaje que ayudaban a los miembros a explorar soluciones prácticas para los problemas de justicia. Nuestra oferta solía incluir un curso anual de liderazgo, intercambios de aprendizaje en persona y seminarios en línea, y durante la pandemia hemos estado desarrollando nuevas oportunidades de aprendizaje virtual.
Nuestro segundo pilar es la incidencia y la acción colectiva. Trabajamos con nuestros miembros para transformar el entorno de la política pública de modo de abordar las injusticias y promover el empoderamiento legal a nivel nacional, regional y global. A menudo nos movilizamos en torno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en tanto que medio para abordar las necesidades de justicia en el territorio. Dos de nuestros principales llamamientos a la incidencia y la acción colectiva se centran en el aumento del financiamiento y la protección para las personas defensoras de la justicia en todos los niveles. Estas dos prioridades afectan a nuestros miembros más allá del país donde se encuentren; de ahí que el financiamiento y la protección sean los ejes de nuestra campaña Justicia para Todos.
El tercer pilar es la construcción de comunidad. Buscamos construir una comunidad más fuerte de personas defensoras de la justicia en el territorio para que puedan apoyarse y aprender unas de otras. Nuestro objetivo es desarrollar un núcleo de liderazgo más sólido para el movimiento y encontrar formas en que las personas defensoras puedan mejorar su trabajo conectándose, desarrollando su pensamiento y trabajando en colaboración.
Los tres pilares - aprendizaje, promoción y comunidad - alimentan nuestra visión, que consiste en cultivar un movimiento global para el empoderamiento legal que movilice a millones de personas para el abordaje colectivo de las mayores injusticias de nuestro tiempo.
¿Qué rol desempeña Namati en la Red de Empoderamiento Legal?
Namati es la organización que convoca la Red, y en muchos sentidos funciona como su secretariado. Nosotros nos consideramos como un miembro activo de la Red que se ocupa de aspectos tales como las finanzas, la coordinación y el mantenimiento de la infraestructura. Trabajamos con el Comité de Orientación de la Red, un consejo de miembros, para decidir las prioridades y estrategias de la Red y organizar oportunidades de aprendizaje e incidencia. Cada año encuestamos a los miembros de la Red para saber lo que quieren hacer, y esta información nos sirve como herramienta de planificación. En tanto que miembro de la Red, Namati participa en este proceso, pero es una voz entre muchas otras.
Namati también tiene programas nacionales. Los miembros de la Red trabajan en una amplia gama de desafíos relativos a la justicia en todo el mundo, y Namati trabaja en estrecha colaboración con algunos de ellos para abordar tres cuestiones urgentes - justicia ambiental y territorial, justicia sanitaria y justicia ciudadana - en seis países: Estados Unidos, India, Kenia, Mozambique, Myanmar y Sierra Leone.
¿Podría contarnos un poco más sobre la campaña Justicia para Todos?
Lanzamos la campaña Justicia para Todos hace casi tres años. Nuestra campaña anterior, llamada Justicia 2015, fue un llamado a integrar la justicia en los ODS. Lo logramos, pero después de la adopción de los ODS nadie centró su atención en el cumplimiento del compromiso del Objetivo 16 de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas. En respuesta a ello lanzamos la campaña Justicia para Todos, centrada en el hecho de que el financiamiento y la protección de las personas defensoras de la justicia son las bases necesarias para el cumplimiento del Objetivo 16, y en realidad de cualquiera de los ODS, y que por lo tanto es necesario impulsar el empoderamiento legal.
Los miembros de la Red promueven la campaña Justicia para Todos de diferentes maneras en sus países y regiones y a nivel global. Algunos miembros han organizado reuniones con sus gobiernos, otros actores de la sociedad civil y otras partes interesadas para discutir estos problemas y tratar de encontrar soluciones de política pública para aumentar el financiamiento y la protección de las personas defensoras de la justicia en el terreno. Otros miembros se han centrado en la arena global, acercándose a donantes internacionales y asistiendo a eventos globales tales como el Foro Político de Alto Nivel sobre los ODS (HLPF, por sus siglas en inglés). Y otros miembros se han concentrado en sus respectivas regiones, tratando de ejercer influencia sobre organismos o acuerdos regionales.
Como miembro de la Red con fuertes conexiones globales, Namati vincula las experiencias de los miembros a nivel nacional con la esfera global. Hemos trabajado mucho para resaltar las experiencias de base al hacer incidencia en el HLPF, la Asamblea General de la ONU y otras conferencias y eventos de alto nivel, y hemos trabajado con los principales donantes de todo el mundo para que reconozcan el valor del empoderamiento legal y la necesidad de financiamiento.
¿Han debido hacer algún cambio en respuesta a la pandemia de COVID-19?
Durante la pandemia, la Red de Empoderamiento Legal hizo un giro para responder directa e integralmente a las necesidades de sus miembros generadas por la crisis. Para comprender cuáles eran sus necesidades más urgentes administramos una encuesta. Les preguntamos a los miembros de la Red cómo les estaba afectando la pandemia, cómo se estaban adaptando, qué tipo de recursos necesitaban para seguir haciendo su trabajo, qué tipos de intervenciones de política pública consideraban necesarias para garantizar una respuesta justa, y cómo podíamos ayudarles.
Con respecto a los desafíos que enfrentan los miembros de la Red, clasificamos las respuestas a la encuesta en cuatro categorías: desafíos del trabajo a distancia, desafíos financieros, desafíos de logística y movilidad, y desafíos de seguridad, protección y salud. El trabajo a distancia resultó ser un gran problema para los miembros de la Red, al igual que las finanzas, a causa tanto del aumento de los gastos como de la reducción de los ingresos.
En reacción a la encuesta reunimos recursos que se ajustaban a las necesidades. Primero, creamos un centro virtual que ofrece recursos multilingües para ayudar a los grupos de empoderamiento legal a comprender la pandemia, obtener información veraz y confiable e identificar formas de mitigar los daños. Elaboramos un documento con respuestas a preguntas frecuentes sobre la COVID-19, con consejos útiles sobre las formas en que las organizaciones de base de acceso a la justicia pueden prepararse y protegerse. Adaptamos esta información para abordar los desafíos que enfrentan subconjuntos específicos de miembros de la Red, por ejemplo, quienes viven o trabajan en áreas densamente pobladas. La información se obtuvo de las principales autoridades en materia de salud pública, tales como la Organización Mundial de la Salud, y fue compilada por expertos en salud pública.
En segundo lugar, publicamos un informe, “Justicia de base en la pandemia: garantizar una respuesta y una recuperación justas”, que hace recomendaciones a las autoridades políticas, los donantes y las instituciones multilaterales sobre cómo financiar y proteger a las personas promotoras del acceso a la justicia en el territorio durante y después de la pandemia. Lo compartimos ampliamente con diversas partes interesadas, tales como donantes gubernamentales y filantrópicos.
En tercer lugar, facilitamos una serie de conversaciones entre personas defensoras de base, examinando el trabajo de empoderamiento legal durante la pandemia, a través de una serie de conferencias telefónicas y webinarios. Estos últimos se han desarrollado durante los últimos meses. Cientos de miembros han participado en estas conversaciones. Las conversaciones temáticas y regionales subsiguientes sirvieron como espacios para el debate sobre buenas prácticas y aprendizaje a partir de las formas en que los miembros están adaptando sus esfuerzos, monitoreando y respondiendo a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis y accediendo a apoyo financiero y demás recursos necesarios. En estas conversaciones también exploramos lo que podemos hacer juntos para ayudarnos mutuamente a salir adelante. Compilamos las mejores prácticas de trabajo a distancia y estamos preparando más materiales acerca de recursos, servicios y técnicas que pueden usarse para trabajar durante la pandemia.
Nos hemos dado cuenta de que en una crisis como esta no se puede seguir actuando como de costumbre, de modo que nos deshicimos de nuestro plan anual y comenzamos desde cero para hacer lo que teníamos que hacer.
¿Qué ha logrado hasta ahora la campaña Justicia para Todos?
La campaña ha ayudado a enhebrar una narrativa común que resalta las perspectivas de base en eventos globales de alto nivel, fomenta el diálogo y la comprensión pública e insta a la acción sobre los dos temas clave: el financiamiento y la protección de quienes promueven la justicia en el territorio.
A nivel nacional, ha ayudado a la gente a articular sus necesidades y traducirlas en esfuerzos de incidencia a más largo plazo. Los miembros de la red dijeron que el informe producido por la campaña les resultó muy útil en sus discusiones con sus gobiernos nacionales acerca de las razones por las cuales debería haber financiamiento local para los grupos comunitarios de apoyo legal.
A nivel mundial, hemos cambiado la discusión y las normas vigentes. Antes no se hablaba de lo que se debía hacer para promover el acceso a la justicia y alcanzar el Objetivo 16; no se reconocía que los servicios de justicia requerían financiamiento y que quienes realizaban el trabajo necesitaban seguridad. En este momento, estos temas se están abordando a alto nivel y se han integrado en informes y agendas relevantes. De modo que sentimos que hemos influido en el diálogo internacional en torno de las personas defensoras del acceso a la justicia, y si bien hay más trabajo por hacer, eso de por sí ya es una victoria.
En el ámbito financiero, la campaña Justicia para Todos ha influido sobre los donantes para que destinaran nuevos recursos al acceso a la justicia y al empoderamiento legal. Durante la pandemia, la campaña ajustó su enfoque: estableció un Fondo de Justicia de Base COVID-19 y logró convencer a varios donantes para que hicieran contribuciones. Esto fue una respuesta a la desesperada necesidad de financiamiento de nuestros miembros bajo la pandemia. Nos dimos cuenta de que no necesitaban montos desmesurados; era mucho lo que podía lograrse con pequeñas inyecciones de fondos, por ejemplo, bajo la forma de subvenciones únicas de unos pocos miles de dólares. Estos fondos relativamente modestos podían hacer una gran diferencia en términos del abordaje de problemas urgentes de acceso a la justicia relacionados con la pandemia. Lanzamos este fondo en julio con el objetivo de recaudar un millón de dólares, y creemos que lo vamos a lograr. Hemos recibido mucho apoyo; ya hemos aceptado las primeras solicitudes y el dinero debería distribuirse en el próximo mes. Se trata de montos pequeños, de entre 3.000 y 20.000 dólares, para que los grupos de base que promueven el acceso a la justicia solventen costos de insumos, capacitación, salarios y cualquier otra cosa que necesiten para mantenerse a flote. La idea subyacente es que la pandemia no es solamente una crisis sanitaria, sino que también es una crisis de justicia, y que debemos sostener a las personas defensoras que están ayudando a las comunidades a hacerle frente
¿Qué tipo de apoyo de la sociedad civil internacional necesitarían para poder continuar haciendo este trabajo?
Nuestra encuesta hizo a nuestros miembros exactamente esa pregunta, y el 58% respondió que necesitaban apoyo tecnológico. La naturaleza del trabajo de empoderamiento legal es en gran medida un ejercicio de construcción de confianza que generalmente requiere de interacciones cara a cara. La mayoría de los grupos de base con los cuales trabajamos están acostumbrados a salir a hablar con miembros de la comunidad, convocar reuniones comunitarias presenciales y educar a la gente. No están acostumbrados a trabajar a distancia; no están familiarizados con el trabajo con aplicaciones y no tienen suficientes dispositivos para hacerlo. Además, el 67% respondió que necesita apoyo para el fortalecimiento de capacidades. Necesitan este apoyo tanto para adaptarse a la tecnología como para imaginar nuevas formas de hacer su trabajo en forma remota o con distanciamiento social. Por último, pero no menos importante, el 88% respondió que lo que necesitan de la sociedad civil internacional es apoyo financiero. Y dejaron en claro que no se trata solamente de conseguir más fondos aquí y ahora, sino más bien de asegurar un financiamiento más sostenible y confiable en el largo plazo.
Contáctese con la Red de Empoderamiento legal a través del sitio websitio web o el perfil deFacebook de Namati, y siga a@GlobalNamati en Twitter.
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EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: “Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas”
CIVICUSconversa sobre el proceso para desarrollar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos y el rol de la sociedad civil con Ivette González, directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).
PODER es una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como a fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.
¿Por qué es tan importante contar con un tratado sobre empresas y derechos humanos?
Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.
Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.
El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.
Toda empresa debe operar con debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones, como ciclo continuo de gestión y abarcando desde el planteamiento del proyecto, la inversión, las operaciones, fusiones, cadenas de valor y suministro, relaciones con clientes y proveedores, y cualquier otra actividad que pudiera generar impactos negativos sobre los derechos, incluyendo a los territorios. El tratado sirve para que los Estados, en tanto que principales sujetos de obligaciones para proteger los derechos humanos, exijan a las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades y lo monitoreen.
Asimismo, este tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.
¿Qué avances ha habido en la negociación del tratado?
En la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2022, se produjeron desarrollos interesantes. Si bien no hay una línea de tiempo y un plazo estricto para producir la versión final del tratado, una de las personas expertas convocadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el desarrollo del instrumento propuso el año 2025 para concluir las negociaciones. Ese es el plazo que se espera poder cumplir si los Estados tienen voluntad política para generar consensos. Y por lo pronto, se observa que algunos Estados que en el pasado fueron reticentes a participar ahora están teniendo un poco más de interés.
Por ahora el borrador cuenta con 24 artículos, los primeros 13 de los cuales se discutieron en la última sesión. Las discusiones incluyeron temas centrales como la definición de los derechos de las víctimas y su protección y la definición del propósito y el alcance del tratado, es decir, si debe de incluir solamente a las empresas transnacionales o también a otras empresas. El Estado mexicano, por ejemplo, sostiene que este instrumento debe abarcar todas las actividades que tengan un carácter transnacional. También se ha discutido acerca de la prevención de daños y el acceso a reparaciones, así como acerca de la responsabilidad legal, la jurisdicción que abordará la denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional, entre otros temas.
Algunos Estados han hecho aportes para mejorar el contenido en negociación. Por el contrario, otros Estados buscan minimizar el alcance del tratado en algunos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a protecciones a pueblos y comunidades indígenas, salvaguardas ambientales y derechos de las mujeres y la niñez, entre otros.
Hay Estados que apoyan las nuevas propuestas del presidente relator, el embajador de Ecuador, pero gran parte de la sociedad civil considera que, en su mayoría, van en detrimento de lo alcanzado durante siete años hasta 2021, y le quita fuerza al tratado. Promueven la asimetría de poder entre Estados del norte y el sur, así como entre las empresas y las personas y comunidades titulares de derechos. El tercer borrador revisado es el que reconocemos como legítimo y sobre el que se consideramos que se deben continuar las negociaciones.
¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil?
Decenas de OSC están impulsando un tratado efectivo. Entre ellas se cuentan PODER, junto con la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países, y muchas otras alianzas, movimientos y articulaciones como la Alianza para eltratado, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad.
Por supuesto que en la sociedad civil hay diversidad de opiniones en varios temas, pero estamos de acuerdo en la necesidad de regular la actividad empresarial con una perspectiva de derechos humanos. Hemos identificado los elementos que debe de contener este tratado y las condiciones para su implementación. Y tratamos de ponerle urgencia al proceso, que va demasiado lento, mientras que las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personas defensoras no se detienen, sino que aumentan cada año.
La sociedad civil ha hecho incidencia con los y las tomadoras de decisiones para que se abrieran espacios de discusión con la sociedad civil. PODER, junto con la Red-DESC, en particular, ha insistido en la participación constructiva y proactiva de los Estados del sur global en el proceso, y específicamente de América Latina. También trabajamos para integrar una perspectiva de género e interseccional tanto en el proceso como en el texto; un ejemplo ha sido la propuesta de utilizar la política exterior feminista de México.
La sociedad civil parte de la convicción de que no es posible desarrollar un tratado legítimo si no se coloca en el centro de todo el proceso la participación de los y las titulares de derechos – personas y comunidades rurales afectadas, pueblos indígenas, sindicatos independientes, personas LGBTQI+ y personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.
¿Cuáles son las probabilidades de que la versión final del tratado satisfaga las expectativas de la sociedad civil y cumpla con su cometido?
Esperamos que el tratado contribuya a acabar con la impunidad corporativa y que los Estados asuman su obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Que se eviten abusos y violaciones, se reparen daños y se asegure que estas situaciones no se repitan.
Aunque existen procesos establecidos para el desarrollo de tratados internacionales, este es un tratado inusual y debe ser tratado como tal, por lo que deben hacerse los cambios que sean necesarios tanto en el proceso como en el contenido para que sea realmente efectivo.
La satisfacción completa de las expectativas de la sociedad civil requeriría de un cambio de paradigma basado en el principio de que las empresas tienen una función social y que sus operaciones no deben rebasar ciertos límites para tener una vida digna y un medio ambiente limpio sano y sostenible. Sabemos que no lograremos concretar todas nuestras aspiraciones con un tratado, con Planes Nacionales de Acción y con regulaciones y normativas, aun cuando éstas sean correctamente implementadas. Pero todos estos son pasos importantes para intentar equilibrar la balanza, limitando el poder que el sistema económico global ha otorgado a las corporaciones empresariales.
Si bien el tratado difícilmente satisfaga todas nuestras expectativas, las OSC que estamos exigiendo el máximo nivel de exigencia para este tratado seguiremos haciéndolo hasta el final. Seguiremos llevando propuestas de personas expertas y de las comunidades y grupos afectados que luchan por la justicia y la reparación de los daños que viven en carne propia, abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas y permanezcan en el centro de las negociaciones en todo momento e incluyendo en las consultas sobre el texto a personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.
Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí, y solo contribuiría a mantener un statu quo insostenible.
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NACIONES UNIDAS: ‘Los temas pendientes del tratado vinculante sobre empresas y DDHH son políticos’
CIVICUS conversa sobre el proceso para elaborar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos con Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos.
¿Por qué es tan importante contar con un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos?
El proceso para desarrollar este tratado surge de la convicción de que se necesita un instrumento legalmente vinculante que regule las obligaciones de las empresas y, sobre todo, facilite el acceso a la justicia para las víctimas de sus abusos. El objetivo es incorporar protecciones a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.
Un tratado internacional permitiría trascender las limitaciones jurisdiccionales de los Estados. El capital transnacional opera más allá de fronteras. Una enorme cantidad de empresas en la mayoría de los sectores opera con cadenas de suministro globales. Cuando en algún lugar de esas cadenas ocurren abusos es muy difícil para las víctimas acceder a la justicia, ya que no contamos con mecanismos de justicia que transciendan las fronteras. Las operaciones de las empresas son transnacionales, pero la justicia no.
Desde ya que los países tienen que tomar medidas a nivel doméstico, fortalecer sus regulaciones, mejorar sus leyes y desarrollar política pública y planes de acción para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos. Y también las empresas deben adoptar compromisos para mejorar sus prácticas. El tratado que se está negociando formaría parte de un conjunto de medidas que son complementarias, no excluyentes.
El proceso del tratado comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la creación de ungrupo intergubernamental de trabajo de composición abierta que recibió el mandato de negociar y acordar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.
¿Qué rol está desempeñando el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos?
ElGrupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos es un procedimiento especial de la ONU instituido porresolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011, con el mandato de promover, difundir y aplicar losPrincipios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Su mandato ha sido sucesivamente renovado en 2014, 2017 y 2020. Está integrado por cinco expertos y expertas independientes, en su mayoría académicos y con representación geográfica equilibrada. Yo formo parte del Grupo de Trabajo desde 2021. Los otros cuatro integrantes actuales son de Australia, Nigeria, Polonia y Tailandia. Tres de los cinco somos mujeres.
Si bien no tenemos ninguna autoridad para tomar decisiones en cuanto al Tratado, el Grupo de Trabajo desempeña un rol importante. Participamos de casi todas las sesiones de negociación a través de mesas de debate y de discusión, y emitimos opiniones técnicas. Hemos hecho comentarios sobre el articulado y fomentamos la participación proactiva de los Estados de las distintas regiones del mundo.
Una de las premisas de los Principios Rectores es el desarrollo de medidas que se puedan combinar con el fin de abordar los problemas que existen en el terreno de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Un instrumento legalmente vinculante es justamente una de esas medidas necesarias.
El Grupo de Trabajo ha sido muy claro en dar un mensaje favorable al proceso de negociación del tratado.
¿Qué avances se han producido en la negociación del tratado?
En laentrevista anterior que tuvimos en el año 2018, el proceso llevaba cuatro años. En ese momento estaba por comenzar en Ginebra la cuarta sesión de negociaciones sobre la base del ‘borrador cero’. Y yo aún no formaba parte del Grupo de Trabajo. Han pasado ya cuatro años más, y en la sesión de octubre de 2022, la octava, se discutió el tercer borrador, surgido previo a las negociaciones de 2021.
La pandemia afectó los procesos de negociación, en parte porque se perdió el contacto cara a cara por mucho tiempo. Los representantes y delegados en Ginebra, por ejemplo, no pudieron reunirse en persona por más de un año, por lo que las posibilidades de intercambios se vieron muy limitadas. A su vez, la pandemia afectó la participación de la sociedad civil y demás sectores en estos debates. Los procesos se ralentizaron y por lo tanto se extendieron.
Actualmente se sigue discutiendo el tercer borrador, y aparentemente Ecuador, que preside el Grupo de Trabajo intergubernamental, ha dicho que no va a traer otro borrador nuevo a la mesa, sino que se seguirán realizando cambios, modificaciones y adendas a este tercer borrador. Eventualmente, todos estos ajustes permitirán llegar a un borrador final.
El borrador actual ha avanzado mucho en temas tales como la mención de grupos vulnerables, mujeres, infancias y pueblos indígenas. También se ha ido aclarando su alcance, que fue un tema muy duro en las negociaciones. En general, la sociedad civil tiene la postura de priorizar a las transnacionales, mientras que el borrador actual propone que todas las empresas estén bajo el paraguas del tratado. Esta última es la postura compartida por nuestro Grupo de Trabajo. Varios temas se han desatorado, aunque aún quedan muchas cosas por resolver.
¿Cuáles son los temas pendientes de resolución?
Hay muchas discusiones que son más políticas que técnicas. Algunos Estados y el sector privado han manifestado que el texto es demasiado prescriptivo y rígido. La sociedad civil ha manifestado que quiere más clarificaciones y especificidades sobre algunos temas como la definición de las cortes donde se dirimirían los casos enmarcados en el tratado y la consideración de la perspectiva de las víctimas, ya que la carga de la prueba sigue siendo un tema polémico. En este punto el Grupo de Trabajo ha sido muy claro: los Estados tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia y eliminar las barreras y obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.
Si bien la Unión Europea (UE) y Estados Unidos participan de este proceso, les falta convencimiento sobre el rumbo del texto. La UE tiene una participación muy activa, pero observo posturas divergentes entre sus Estados miembros. Muchos países, como Francia, lo apoyan, pero la UE en conjunto tiene reservas.
Uno de los grandes triunfos que vivió el proceso en sus inicios fue que China no lo bloqueó, sino que se abstuvo. Lo mismo ocurrió con India. Esto ocurrió, en parte, porque se suponía que el tratado sería sobre empresas transnacionales. A China no le ha gustado la ampliación del alcance del tratado a todas las empresas, y últimamente ha tenido una postura bastante cerrada.
Los Estados africanos han participado muy poco en las últimas dos rondas de negociación. Creemos que Sudáfrica, que fue co-líder con Ecuador cuando se negoció la resolución que inició el proceso, tampoco se encuentra satisfecha con la ampliación del enfoque más allá de las empresas transnacionales. Incluso, Ecuador convocó recientemente a la formación de un grupo de “amigos de la presidencia” y África es la única región sin miembros participantes.
América Latina está participando bastante proactivamente, si bien la región ha experimentado muchos cambios políticos, incluyendo en el propio Ecuador, que posiblemente influyan sobre las posturas en las negociaciones.
En suma, hay discusiones técnicas sobre los artículos, pero la mayoría de los temas pendientes son discusiones sobre todo políticas. Por esta razón, creo que el proceso llevará varios años más.
¿Piensas que la versión final del tratado satisfará las expectativas de la sociedad civil?
Mi deseo es que no nos quedemos con un tratado que enuncie buenas intenciones sin colocar reglas claras. Como ocurre en todas las negociaciones de esta naturaleza, seguramente algunos de los temas que reclama la sociedad civil queden pendientes. Hay muchísimas cosas para acomodar: las perspectivas de los Estados, las expectativas de las empresas y del sector privado en general, y los reclamos de la sociedad civil y de todas las personas titulares de derechos.
Yo esperaría un texto bastante bueno, que de alguna manera refleje el carácter del proceso, que contó con una sociedad civil y movimientos sociales muy fuertes. Desde mi perspectiva, el proceso se ha sostenido, además de por compromiso de los Estados para negociar, por el impulso de la sociedad civil y el diálogo entre todos los actores.
Mi expectativa es intermedia. Con cierta cautela en cuanto al alcance del articulado, pienso que el tratado contendrá algunos elementos que satisfagan a la sociedad civil, particularmente a las víctimas.
¿Qué trabajo habrá que hacer una vez que el tratado sea aprobado?
Para empezar, creo que falta mucho para que este tratado se apruebe. Puede que esto todavía lleve varios años más. Hay un largo camino por recorrer en las negociaciones y en lo que respecta al contenido del texto.
Una vez que el tratado se apruebe, se deberá impulsar su ratificación. Recordemos que los tratados internacionales solo entran en vigor cuando una cierta cantidad de Estados los ratifican, y que solo quedan obligados por ellos los Estados que los ratifican. Aquí es donde yo veo un enorme desafío. Ojalá que una vez que lleguemos a buen puerto, con un texto bueno y abarcativo, el proceso de ratificarlo no sea tan lento y pausado.
Para esto necesitaremos una sociedad civil fuerte que empuje a los Estados a ratificar el tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. Nuevamente esperaría que este proceso fuese largo y arduo, ya que el tema de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial es bastante espinoso, puesto que hay muchos intereses de por medio. Lo que se viene será un gran desafío para todos los actores involucrados.
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