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• ‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

  

  ¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

  El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

  La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

  Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

  ¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

  La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

  En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

  ¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

  Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

  Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

  En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

  Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

  Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

  La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

  ¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

  Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

  A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

  Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

  La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

  ¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

  En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

  También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

  ¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

  Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

  También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

  Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

  ¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

  Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

  Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

  El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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• Alerta de Solidaridad: Colombia

  Alerta de Solidaridad Colombia: la obstrucción de participantes en la marcha Rise for Climate muestra un patrón de violaciones contra los defensores del medio ambiente

  Activistas y campesinos del "Movimiento Ríos Vivos" fueron detenidos ilegalmente por la policía en Ituango, Colombia, el 8 de septiembre de 2018, mientras participaban en la movilización "Rise for Climate". La acción en Ituango fue parte de una movilización global organizada por el grupo de derechos ambientales 350.org. Las movilizaciones reunieron a miles de personas en las calles de ciudades de todo el mundo que participaron en 900 acciones en 95 países. Las movilizaciones pidieron la protección del medio ambiente e instaron a los gobiernos a comprometerse con las energías limpias. Ríos Vivos es un movimiento de derechos humanos integrado por comunidades afectadas por los impactos de "Hidroituango", uno de los mayores proyectos hidroeléctricos en América Latina, actualmente en construcción en el río Cauca.

  El 8 de septiembre de 2018, más de 400 personas viajaron desde diferentes pueblos de la región de Antioquia hasta la ciudad de Ituango, donde habían planeado una acción para exigir la protección del clima mundial. En el camino a Ituango fueron temporalmente retenidos por la Policía Nacional, que comenzó a hacer una lista de las personas que participan en la movilización. Esta acción fue denunciada por la oficina regional de 350.org para América Latina. Los miembros de la policía que retenían a los manifestantes también se negaron a mostrar su identidad y cubrieron sus nombres en sus uniformes.

  Después de que la caravana de Ríos Vivos llegó a la ciudad de Ituango, la policía no permitió que los manifestantes realizaran una actuación planificada que pedía la protección del río Cauca y el clima mundial. Según Isabel Zuleta, una de las voceras de Ríos Vivos, la policía detuvo a los manifestantes por orden del Alcalde de Ituango.

  El domingo 9 de septiembre, cuando la caravana de autobuses y autos con los manifestantes regresaba a sus lugares de origen, nuevamente fueron retenidos por un grupo de empleados de las Empresas Públicas de Medellín, la empresa que está construyendo el proyecto Hidroituango. La caravana eventualmente pudo continuar su viaje alrededor de las 6 p.m. después de haber sido retenida desde las 6 a. M.

  " No tiene justificación que en la actualidad una empresa pública comprometa los derechos al libre tránsito de grupos comunitarios defensores del ambiente. Lo que hizo EPM con Rios Vivos Antioquia sobrepasa el deber ser del Estado que es garantizar la protección de la ciudadanía", dijo Xiomy Acevedo, de 350.org Colombia.

  Las restricciones impuestas a la marcha de los activistas climáticos violan su derecho de reunión pacífica y refleja el ambiente hostil para los defensores del medio ambiente en Colombia. Según lo informado por el Monitor CIVICUS, el ambiente para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Colombia ha empeorado en los últimos meses.

  "Es extremadamente preocupante que los manifestantes pacíficos que participan en una campaña mundial contra el cambio climático en Colombia sean estigmatizados y hostigados por las autoridades como sucedió este fin de semana en Ituango", dijo Natalia Gomez, directora de promoción y compromiso de CIVICUS.

  Durante años, los miembros del Movimiento Ríos Vivos han sido objeto de amenazas, intimidación y estigmatización por oponerse a megaproyectos que amenazan a los ríos. Especialmente han sido blanco de su oposición a la construcción del proyecto “Hidroituango”, un proyecto que ha estado sumido en crisis durante meses y ha dejado cientos de personas afectadas.

  CIVICUS hace un llamamiento a las autoridades colombianas para garantizar un entorno seguro para los activistas medioambientales y respetar su derecho a plantear inquietudes y reunirse pacíficamente.

  CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fundado en 1993, promocionamos con orgullo las voces marginadas, especialmente del Sur Global, y tenemos miembros en más de 160 países en todo el mundo.

  
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  Comunicaciones –

  Natalia Gomez:
  
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• ARGENTINA: “El Estado está abandonando su rol de garante del acceso a derechos”

  CIVICUS conversa sobre el deterioro del espacio cívico y los derechos humanos bajo el actual gobierno argentino con Vanina Escales y Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fundado en 1979, bajo la última dictadura, el CELS promueve la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional.

  Desde su inauguración en diciembre de 2023, elgobierno de Javier Milei, autodesignado como “anarcocapitalista” pero aliado con sectores culturalmente conservadores, ha impulsado políticas de desregulación de la economía y reducción del Estado y el gasto social que han redundado en el aumento del desempleo y la pobreza. Frente a las protestas que suscitaron estas políticas, ha adoptado una postura restrictiva y represiva y ha vilipendiado al periodismo y a cualquiera que exprese opiniones críticas. Frente a estas restricciones del espacio cívico y los derechos humanos, la sociedad civil está buscando visibilidad y solidaridad internacional y recurriendo al litigio estratégico.

  ¿Cómo caracterizarían al gobierno de Milei?

  Este es el primer gobierno libertario o anarcocapitalista, como lo describe Milei, que hemos tenido en Argentina. Su ascenso se inscribe en un contexto internacional de desgaste de las democracias a raíz de las políticas de extremismo de mercado y el avance de la extrema derecha. Al igual que otras expresiones de ultraderecha en Europa o en los Estados Unidos, se caracteriza por cierto brutalismo y por recurrir al autoritarismo como ordenador de los conflictos sociales. También exhibe por momentos rasgos como el negacionismo histórico y valores retrógrados sobre los roles de género y los derechos de minorías sexo-genéricas y racializadas. Pero también tiene particularidades: a diferencia de lo que ocurre en el norte global, hasta el momento su nacionalismo xenófobo no puso el foco en la inmigración sino en los pueblos originarios.

  La agenda libertaria se ha manifestado, en el plano económico, en la liberación de los precios, que ha producido altos niveles de inflación y, por lo tanto, una brutal transferencia de ingresos desde los sectores medios y populares hacia los más concentrados.

  Respecto de las políticas sociales, cristalizó la tendencia a dejar en pie sólo las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas, magros subsidios o ayuda social como la Asignación Universal por Hijo que por sí solas no mitigan los efectos de la recesión ni los efectos de la retirada del Estado. Esta retirada se ve en la falta de entrega de alimentos y medicamentos y en el cierre de y la desinversión en espacios comunitarios y políticas sociales. El Estado se ha corrido del rol de garante del acceso a servicios básicos.

  El objetivo declarado es debilitar los controles sobre las empresas, especialmente extranjeras, para atraer inversiones. La desregulación tiene un impacto directo en materia ambiental, ya que desconoce todo derecho de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre los territorios donde buscan instalarse estas empresas. Éstas reciben privilegios mientras el país es despojado de sus recursos naturales.

  Algunas reformas han sido impuestas por decreto y otras a través de la llamada “Ley Bases”, que, luego de mucho debate y ajustes, ha sido aprobada por el Congreso.

  ¿Cómo se compatibiliza el libertarismo con el conservadurismo cultural?

  Dentro del mismo gobierno conviven en tensión sectores neoliberales que promueven la desregulación del mercado, la liberalización de la economía y transformaciones en el mundo laboral, con expresiones igualmente autoritarias pero conservadoras que reivindican la última dictadura militar, el terrorismo de Estado y la violencia estatal y arremeten contra movimientos emancipatorios como el feminismo y sus conquistas igualitarias.

  En este terreno el gobierno está dando una batalla tanto cultural como material. Los ataques verbales van junto al desmantelamiento de las políticas de género. Por ejemplo, disolvió primero el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y luego todas las políticas contra la violencia de género. También se ha expresado firmemente en contra del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en general.

  En el marco del desmantelamiento del Estado nacional se están eliminando programas destinados a prevenir embarazos adolescentes, políticas de contención, de cuidado y de salud, así como para la primera infancia. Nuestro monitoreo de las políticas de cuidados encontró que siguen vigente solo siete de 43. El Estado está abandonando su rol de mediador y garante del acceso a derechos.

  Además, el gobierno está poniendo en discusión en el plano internacional compromisos asumidos por el país a través de tratados internacionales, que en Argentina tienen jerarquía constitucional, y consagrados en su propia legislación. En la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, solicitó remover de los documentos finales toda mención del género, la población LGBTQI+ y el cambio climático. Creemos que la OEA, las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos deberían seguir de cerca el desempeño del gobierno argentino.

  ¿Cómo han repercutido estos procesos sobre el espacio cívico?

  El espacio cívico se ha visto severamente restringido. Las protestas han pasado a ser tratadas como delitos. Estas prácticas fundamentales en toda democracia son representadas, en el mejor de los casos, como obstáculos al tránsito y, en el peor, como actividades sediciosas que buscan derrocar al gobierno.

  Esto se materializa en normas claramente inconstitucionales como la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, conocida como el “protocolo antipiquetes”, que establece que toda manifestación que altere la circulación en ciudades o rutas es un delito flagrante y autoriza la intervención policial directa, sin necesidad de orden judicial, para dispersarla e investigar a los manifestantes.

  Sobre la base de esta resolución se autorizan enormes despliegues de fuerzas de seguridad cada vez que ocurre una protesta, las cuales con frecuencia hacen uso abusivo e indiscriminado de armas “menos letales”, como balas de goma o gases irritantes, y de violencia física y detenciones arbitrarias. En los últimos meses hemos registrado al menos 80 detenciones de este tipo. Los manifestantes han recuperado su libertad porque el gobierno no cuenta con pruebas concretas para sostener procesos penales. Pero como resultado del uso de estas tácticas, muchas manifestaciones se disuelven o directamente no suceden.

  En los últimos seis meses, asimismo, al menos 47 periodistas han sido heridos en manifestaciones. Muchos más han sido hostigados en redes sociales y llevados ante la justicia penal por sus dichos en contra del gobierno.

  El gobierno ha desmantelado los medios públicos al punto que no tenemos manera de enterarnos qué está pasando en los distintos puntos del país, a no ser que algún hecho llame la atención de medios privados y de corresponsales internacionales y decidan darle cobertura. En la Argentina de hoy se vulneran los derechos a generar información y ser informado con una pluralidad de voces.

  ¿Cómo se está organizando la sociedad civil para hacer frente a estas restricciones?

  Las organizaciones de la sociedad civil han presentado múltiples medidas cautelares con anterioridad a la realización de protestas para que el derecho a protestar quedara protegido. Pero el poder judicial no las ha aceptado, aduciendo que no hay un riesgo a priori, sino que hay que evaluar cómo se desarrolla la manifestación. El poder judicial también tiene un rol muy débil a la hora de controlar las detenciones arbitrarias y evaluar los excesos de violencia policial.

  Como la vía judicial no está dando frutos, es hora de recurrir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, cosa que el CELS ha hecho muchas veces a lo largo de su historia, desde su surgimiento bajo la dictadura. Trabajamos llevando información sobre las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Argentina.

  El 11 de julio participamos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Nacional estuvo presente, pero no hizo más que confirmar su postura en favor de la criminalización de la protesta social, justificándola como un mecanismo para hacer frente a la sedición y a los intentos de desestabilización. Ante preguntas como cuáles eran los protocolos vigentes para controlar el uso de armas menos letales o por qué se había derogado una norma sobre el control de la actuación policial en manifestaciones públicas, el gobierno se mostró evasivo y no respondió.

  También estamos armando un registro de ataques físicos y digitales procedentes de fuentes no estatales, y específicamente de sectores de la derecha radicalizada. Gracias al trabajo junto al Equipo de Investigación Política de Revista Crisis, ya registramos en el portal Radar alrededor de 280 casos de hostigamiento offline, y comenzamos a registrar ataques en línea, que incluyen la revelación de datos personales que podrían derivar en ataques físicos.

  Hoy más que nunca es necesario organizarse en redes nacionales e internacionales para llevar adelante campañas de información y de denuncia con una voz colectiva. Si esperamos a la destrucción total de los derechos para levantar la voz, será demasiado tarde.

  El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

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• BOLIVIA: ‘Empoderamos a los jóvenes para que ellos lideren el movimiento por el clima’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa conRodrigo Meruvia, coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al cuidado y conservación del medio ambiente. Basada en Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha impulsa iniciativas de investigación, extensión y desarrollo, a partir de la cooperación con otras OSC, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas.

  ¿Cuál es el principal problema ambiental en el contexto en que ustedes trabajan?

  El tema central es el cambio climático, un fenómeno planetario que está teniendo impactos en todos los niveles, sobre las poblaciones y sus sistemas productivos y alimentarios, y sobrepasa las capacidades locales e institucionales. Entre otras cosas, este fenómeno se refleja en un aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos y en la profundidad de sus impactos.

  Nosotros trabajamos con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales al cambio climático, así como la conciencia de las ciudades en relación con el modo en que los patrones de consumo afectan las visiones de desarrollo de muchas comunidades en el área rural. En ese sentido trabajamos, primero, viendo cómo el cambio climático impacta en zonas de pequeña producción familiar de subsistencia y generando mecanismos para ayudar a aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Por otro lado, trabajamos tanto en las comunidades rurales como en las ciudades empoderando a los jóvenes, capacitándolos en temas técnicos pero también de estrategia y liderazgo, para que puedan ser propositivos y generar alternativas en temas tales como la deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero. Los alentamos a generar proyectos para sus entornos inmediatos y propiciamos redes y puentes con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, para dar soporte en la implementación de las iniciativas.

  Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con universidades de Cochabamba en el tema del transporte alternativo, con el objetivo de generar ciclorutas entre los diferentes campus universitarios que hay en la ciudad, para que los jóvenes puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte libre de emisiones en condiciones seguras. Para eso se están generando aplicaciones para teléfonos móviles que indican las rutas más seguras y se están estableciendo parqueos para las bicicletas, entre otras cosas. También se está trabajando en la educación de los conductores de automóviles, no solo con la universidad sino también con el municipio y algunas empresas privadas están interesadas en este tema. 

  ¿Hubo en Bolivia movilizaciones por el cambio climático durante 2019?

  Si, en el mes de setiembre, cuando fueron las movilizaciones por el clima a nivel global, se sumaron también las principales ciudades de Bolivia. En Cochabamba, nosotros apoyamos al movimiento de jóvenes, apoyándoles para que pudieran ser ellos quienes lideraran el movimiento por el clima. Los apoyamos a nivel logístico y con respaldo institucional, porque todavía en nuestras ciudades todavía hay una falta de confianza en los jóvenes. Nosotros los impulsamos sin por ello convertirnos en voceros del movimiento. Generamos un proceso de capacitación en diferentes temas para darles los fundamentos y las bases conceptuales, para que pudieran dar cuenta de las razones de la movilización y que no fuera solo ir a una marcha con apenas una consigna. La idea es que fueran multiplicadores de información acertada tanto sobre las causas como sobre los efectos a nivel local del cambio climático global.

  Para eso hicimos varios talleres para jóvenes. Capacitamos en forma directa a unos 100 jóvenes, y en forma indirecta hemos llegado después a aproximadamente 1400.

  ¿La movilización por el clima en Bolivia replicó las demandas globales, o tuvo componentes locales específicos?

  En Bolivia, las manifestaciones tuvieron demandas relacionadas principalmente con los incendios forestales que vienen de la mano de la expansión de la frontera agrícola. La principal demanda fue la derogación de las leyes que benefician a la agroindustria, descuidando la protección de los bosques.

  La ley boliviana no protege a los bosques, sino más bien al contrario. A mediados de 2019, apenas unos meses antes de los grandes incendios forestales de ese año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de los departamentos de Beni y Santa Cruz, y habilitó las quemas controladas. En otras palabras, la ley da rienda suelta cualquier propietario interesado en expandir su espacio de producción, ya sea ganadera o agrícola. Lamentablemente esta ha sido hasta ahora la posición del Estado, y en nuestra experiencia el hecho de que el gobierno fuera de izquierda o de derecha no ha hecho ninguna diferencia. Más allá de la ideología de partido del gobierno de turno, están los intereses sectoriales de la agroindustria que son mucho más permanentes y amplios, ya que involucran no solo a actores locales sino también a empresas transnacionales.

  Creemos que la causa de los incendios es ante todo antrópica, ya que se los inicia para expandir la frontera agrícola. Así se han quemado alrededor de cinco millones y medio de hectáreas. Para dar una idea de las dimensiones del desastre: lo que se ha quemado en las tierras bajas de Bolivia equivale casi a la extensión del territorio de Guatemala. Y no solo se pierde masa boscosa, sino que se degrada todo el hábitat, desaparecen las fuentes de agua de ciertas comunidades y los efectos se extienden más allá de Bolivia, ya que se generan bioclimas y cambian las precipitaciones.

  Entendemos que el fenómeno que nos afecta es parte de un problema mayor, que este año se expresó en incendios en la Amazonia brasileña, en países africanos y en Australia. Hay lluvias insuficientes a raíz del cambio climático y los bosques se vuelven mucho más propensos a quemarse. Esto, sumado a las políticas de expansión agrícola, sobre todo para sembrar soja (que además es transgénica), vuelve a estos lugares mucho más vulnerables. Las consecuencias las padece no solamente la población que vive en el territorio donde suceden estos incidentes, que es afectada en forma directa, sino también la población en general.

  En paralelo con esto, enfatizamos también el tema de la deforestación urbana. En Cochabamba tenemos aproximadamente 200 muertes por año a causa de problemas respiratorios. Es una de las ciudades con el aire más contaminado en Latinoamérica, así que este también fue uno de los pedidos específicos de nuestras movilizaciones, más allá de que nos sumamos al llamado global a la acción definitiva y efectiva por parte de los gobiernos.

  ¿Han tenido la experiencia de participar en procesos internacionales relacionados con el cambio climático?

  Hemos participado desde el nivel local preparando a jóvenes para que pudieran tomar parte de los procesos internacionales de negociación, principalmente en las reuniones de a COP, la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

  Comenzamos haciendo una convocatoria en diversas instituciones que trabajan con jóvenes, y haciendo un diagnóstico para identificar quiénes estaban preparados y comprometidos para abordar el tema del cambio climático, y luego fuimos haciendo selecciones en función de los temas que íbamos trabajando. Dimos talleres en temas que iban desde el abordaje conceptual y técnico del tema del cambio climático hasta la gestión de proyectos medioambientales, pasando por las características del proceso de negociación, las estrategias para participar, y entrenamiento para expresarse de manera adecuada dentro de estos eventos. Fue un proceso largo pero dio muy buenos resultados, porque ya tenemos líderes en los nueve departamentos que están capacitados para ir a debatir y mostrar al mundo las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Bolivia.

  Lamentablemente, el cambio de último momento de la sede de la COP 25 a España – ya que no pudo realizarse en Santiago de Chile dado el contexto de protestas y represión - nos desinfló, porque teníamos una buena preparación y un posicionamiento muy fuerte que no pudimos llevar al evento. Esto nos afectó no solamente en Bolivia, sino más en general a nivel de Latinoamérica, donde se estaba preparando algo muy grande para compartir en Chile. El cambio de sede y la poca anticipación con que fue decidido nos complicó mucho en términos económicos y logísticos. En el caso de Bolivia se sumaron también los problemas resultantes de los recientes conflictos sociopolíticos, y todo esto impidió que nuestra estrategia ante la COP se hiciera efectiva.

  Sin embargo, no queremos desaprovechar la motivación existente y el trabajo de construcción que se ha hecho a lo largo de aproximadamente un año y medio, y seguimos trabajando en la preparación de líderes jóvenes. Nuestro objetivo es apuntalar la capacidad de los jóvenes para generar propuestas e iniciativas, tanto a nivel técnico como a nivel político, no solo en sus regiones sino también en espacios internacionales.

  ¿Crees que lo decepcionante de los resultados de la COP 25 estuvieron vinculados con la ausencia de muchos actores que estaban preparados para influir sobre la agenda pero no pudieron participar?

  Pienso que sí. Sin desmerecer el trabajo que hicieron los países y las organizaciones que sí participaron, creo que acabó siendo un evento muy improvisado, y que si se hubiese hecho en Chile como estaba planeado, los resultados podrían haber sido un poco más significativos y positivos gracias a la presencia e interlocución de los jóvenes. Bolivia iba a contar por primera vez con la participación de un grupo de jóvenes reconocidos por el Estado que iban a llevar el mandato de un proceso colectivo desarrollado en los nueve departamentos del país a lo largo de cuatro o cinco foros previos.

  Sin embargo, intentamos tomar este revés con una actitud constructiva, y aprovecharemos el tiempo extra que tendremos para prepararnos. Entretanto ya contamos con estos jóvenes que están en condiciones de ir a expresar sus demandas y propuestas adonde sea necesario, ya sea en Inglaterra, donde tendrá lugar la COP 26, como en cualquier otro evento internacional que se presente.

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• BRASIL: “Si Bolsonaro continúa como presidente, es una amenaza para la Amazonía y para la humanidad”

  PORTUGUESE

  CIVICUS conversa acerca de la situación del activismo ambiental en Brasil con Daniela Silva, educadora socioambiental popular y cofundadora del Proyecto Aldeas, una iniciativa de educación, arte, cultura y medio ambiente para niños y jóvenes del municipio de Altamira, en el estado brasileño de Pará.

  ¿Qué te llevó a convertirte en activista ambiental?

  Vivo en un territorio que ha sufrido grandes impactos sociales y medioambientales tras la implantación de la central hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingu. Y al igual que miles de personas, entre ellas ribereños, pescadores, indígenas, agricultores, barqueros, mujeres y jóvenes, mi familia y yo también vimos nuestras vidas fuertemente afectadas por el proyecto.

  Vivíamos en un barrio llamado Aparecida, en una comunidad de vecinos solidarios, donde niños y jóvenes jugaban en la calle sin miedo. Cuando una madre salía, dejaba a sus hijos al cuidado de algún vecino. Uno de mis mejores recuerdos es nuestro patio. Era como una granja: teníamos muchos árboles frutales, no necesitábamos dinero para comer fruta. La solidaridad se veía reforzada por el sentimiento de comunidad, que creo que está intrínsecamente ligado al sentimiento de pertenencia a un territorio. Todo esto fue destruido por un proyecto de “desarrollo” que menosprecia la subjetividad de los pueblos y las poblaciones.

  El desplazamiento provocado por la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte alejó a las familias del río Xingu, separando a comunidades que habían convivido durante décadas. Fragmentó los lazos comunitarios. Estos impactos sobre el territorio y la subjetividad tuvieron como consecuencia negativa la desconexión con la naturaleza y con el sentido de pertenencia amazónico. No sentirse parte de la Amazonia es peligroso, porque generalmente la gente solo defiende aquello que ama, conoce y de lo que se siente parte.

  Antes de que se construyera la represa, mi padre trabajaba como alfarero. Junto con mi madre, que trabajaba como funcionaria, criaron a ocho hijos. Todo se acabó con la construcción de la represa. Mi padre se quedó sin trabajo y mis hermanos también. Mi padre empezó a luchar para acceder al derecho a una pensión irrisoria. Mis hermanos se vieron obligados a buscar trabajos esporádicos en la ciudad. Fue un momento difícil. Me di cuenta de que adaptarse a una realidad impuesta es una de las peores violaciones de la dignidad humana.

  Soy activista por los derechos socioambientales y contra el racismo. Desde que era adolescente no he tenido otra opción que luchar. Somos naturaleza y, por lo tanto, tenemos que luchar por la naturaleza para garantizar un presente y un futuro mejores para nosotros y nuestros hijos e hijas.

  ¿Cómo se está movilizando la sociedad civil brasileña en favor del medio ambiente, y qué desafíos enfrenta?

  En la Amazonía hay muchos movimientos ambientales que se movilizan para denunciar los crímenes ambientales del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Pero lamentablemente las instituciones judiciales de nuestro país no han funcionado como lo indica la ley, dejándonos en una situación de vulnerabilidad.

  Muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde hace mucho tiempo en la Amazonia y otros biomas enfrentan el gran desafío de mantenerse, ya que tienen poco acceso a recursos financieros. La mayoría que logra mantenerse lo hace con financiación internacional, ya que en Brasil hay pocos incentivos para movilizar recursos domésticos. De hecho, la asfixia financiera es una de las tácticas que emplea el actual gobierno. Además, vivimos un momento económico muy negativo e inestable, con alta inflación y caída del salario real. En un país sin una cultura de la donación, esto complica aún más las cosas. En consecuencia, escasean los recursos para el mantenimiento de las organizaciones y la seguridad de quienes defienden el medio ambiente.

  Aun así, están surgiendo nuevos grupos y colectivos –como el que yo lidero, el Proyecto Aldeas–- que buscan defender la Amazonía e incluir a jóvenes en el liderazgo de los movimientos en defensa de sus territorios.

  Nuestro desafío es generar un espacio seguro, ya que estamos bajo constante amenaza. Para poder trabajar, hemos establecido alianzas con organizaciones experimentadas que pueden asesorarnos sobre las mejores prácticas para cuidar a nuestro personal, a nuestros socios y aliados e incluso a las comunidades con las que trabajamos. El trabajo en red nos ayuda a adquirir una visión amplia y a crear vínculos fuertes.

   

  ¿Qué piensas de la reciente sentencia del Supremo Tribunal Federal brasileño que reconoce al Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos?

  El Acuerdo de París es sin duda un importante instrumento jurídico, y es bueno que, en tanto que tratado de derechos humanos suscripto por el Estado brasileño, tenga rango constitucional. Pero, al igual que los demás documentos legales de Brasil, incluida la propia Constitución Federal, debe ser llevado a la práctica, especialmente por los funcionarios públicos, que continúan violando los derechos humanos y ambientales independientemente de lo que diga la Constitución brasileña.

  Para que el Acuerdo de París se implemente en el día a día de la sociedad brasileña, también es necesario que se difunda entre quienes más padecen los efectos de la crisis climática: las poblaciones indígenas, los ribereños y la población negra que vive en las periferias. También es importante que la comunidad internacional presione, mediante acciones enérgicas, al gobierno brasileño para que cumpla el acuerdo más allá del papel.

  ¿El resultado de las próximas elecciones supondrá alguna diferencia en relación con tus luchas?

  Las elecciones de octubre son quizás una de las más importantes de la historia de Brasil. Hay mucho en juego en relación con la Amazonía. Bolsonaro, el actual presidente, ha dado rienda suelta a la deforestación, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal en territorios indígenas. También está alentando la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonía.

  Con Bolsonaro no hay diálogo ni participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Si Bolsonaro continúa como presidente, es una amenaza para la Amazonía y sus pueblos, y por lo tanto para la humanidad. Estamos viviendo una crisis climática global y necesitamos que los líderes mundiales se preocupen por elaborar junto con la sociedad civil, la comunidad científica y la comunidad internacional propuestas a corto, medio y largo plazo para afrontarla.

  El avance de la deforestación en la Amazonía debería ser un factor determinante para que nos unamos para derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, pero lamentablemente no lo es. La sociedad brasileña sigue siendo muy ajena a la realidad de la Amazonía. Los grandes centros urbanos de Brasil no reconocen la realidad cotidiana de la selva y sus pueblos. La consecuencia de la ignorancia es la falta de posicionamiento enérgico contra el actual ecocidio del gobierno de Bolsonaro. Afortunadamente, hay muchos movimientos ecologistas de la Amazonía que están intentando perforar esta burbuja para que la sociedad brasileña sepa lo que está ocurriendo y se posicione.

  Ahora bien, aunque entendemos que es de suma importancia derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, también tenemos fuertes críticas a su principal rival, el Partido de los Trabajadores (PT). Al igual que los gobiernos de la derecha, los gobiernos del PT, encabezados por el actual candidato, Lula da Silva, y por su sucesora Dilma Rousseff, también produjeron acciones destructivas del medio ambiente: de hecho, Belo Monte se construyó durante los gobiernos del PT, en violación de la ley y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y ambientales.

  Pero, sin embargo, creemos que con Lula sería posible abrir diálogos y lograr una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales.

  ¿Qué crees que debería ocurrir en la próxima cumbre climática, la COP27, y qué crees que ocurrirá?

  En primer lugar, creo que es muy importante que la COP27 se celebre en territorio africano, ya que las naciones africanas se encuentran entre las más afectadas por la crisis climática provocada por un pequeño grupo de poderosos millonarios blancos. Esto les da la oportunidad de tener una mayor participación en la COP27 y exigir más ayuda a las naciones más ricas que son las causantes de la crisis climática. Espero que esta edición de la COP27 permita llevar a la práctica las promesas y los objetivos acordados. Y que mujeres, niños y adolescentes puedan ser protagonistas activos en este proceso de lucha por la justicia social y ambiental.

  Aunque esta es mi esperanza, sabemos que la COP es un terreno de conversaciones difíciles y que los gobiernos de las grandes naciones carecen de voluntad de enfrentar la realidad del cambio climático, especialmente cuando se trata de invertir financieramente y hacerse cargo de contrarrestar los daños que continúan siendo causados por su estrategia de desarrollo. Seguiremos de cerca todas las negociaciones y acuerdos. Estamos en un punto crítico y no hay tiempo que perder.

  ¿Qué tipo de apoyos de la comunidad internacional necesita el activismo ambiental de Brasil?

  La comunidad internacional es nuestra aliada en la lucha por la justicia climática, social y antirracista. Dar visibilidad al trabajo del activismo y apoyar directa e indirectamente sus luchas es una forma de ayudar. También lo es presionar a gobiernos genocidas y ecocidas como el de Bolsonaro para que respeten los derechos humanos y ambientales. Presten atención a nuestras luchas y escuchen las voces de quienes están en el territorio, en las periferias y a la vanguardia de esta guerra que peleamos a diario.

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• CHILE: “Grupos antiderechos atacaron la Marcha del Orgullo para intentar socavar su carácter pacífico”

  CIVICUS conversa sobre la lucha por los derechos LGBTQI+ en Chile con Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Fundado en 1991 MOVILH es una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de las personas LGBTQI+.

  En junio de 2024, un grupo de hombres encapuchados atacó la marcha del Orgullo en Santiago de Chile, la ciudad capital. Los agresores intentaron romper el cerco de seguridad que protegía a los asistentes, agrediendo a voluntarios que intentaban detenerlos. Golpearon a activistas y participantes, lanzaron piedras y pintura a las carrozas y dañaron un camión. El ataque ocurrió en medio de un clima de creciente homofobia, que incluyó llamados a boicotear el evento.

  ¿Qué avances y retrocesos han experimentado los derechos de las personas LGBTQI+ en Chile?

  Desde 1991 hasta 2022, año en que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Chile vivió un acelerado cambio a favor de los derechos de las personas LGBTQI+. Esto se reflejó en la derogación de normativas discriminatorias, la aprobación de 18 leyes protectoras y la introducción de políticas públicas antidiscriminatorias en educación, salud y trabajo, además de una transformación cultural favorable.

  Sin embargo, desde 2022, tanto las personas como las instituciones que apoyaban públicamente los derechos LGBTQI+ han comenzado a silenciarse, mientras que los opositores se han reorganizado. Los discursos de odio han superado a los discursos amigables, especialmente en redes sociales. Esto se debe, por un lado, a la percepción errónea de que con la aprobación del matrimonio igualitario todo está resuelto y, por el otro, a un retroceso en las convicciones democráticas que ha llevado a sectores antiderechos a ocupar cargos públicos.

  El impacto ha sido alarmante. Nuestro informe anual mostró que 2023 fue el peor año para la promoción de los derechos LGBTQI+. Los casos de discriminación aumentaron casi 53%, llegando a 1.597, la cifra más alta registrada, mientras que los discursos de odio se incrementaron 123%.

  Esta situación se ha agravado a causa de una ofensiva sin precedentes de grupos de ultraderecha que han ganado poder, especialmente en el Congreso Nacional. De ahí que una de las grandes prioridades para el movimiento LGBTQI+ sea el armado de campañas para contrarrestar los discursos de odio y proteger los derechos conquistados.

  ¿Cuán graves fueron los incidentes durante la reciente Marcha del Orgullo?

  En la última Marcha del Orgullo, un grupo reducido, de no más de 10 personas encapuchadas, perpetró un ataque con mensajes de odio dirigidos a los asistentes y activistas. Con este ataque, típico de los grupos antiderechos, intentaron, sin éxito, erosionar el carácter pacífico que ha caracterizado históricamente a estas marchas, con el objetivo de presentarlas como conflictivas o peligrosas para los intereses de las mayorías.

  Aunque el Ejecutivo no reaccionó específicamente en este caso, la Delegación Presidencial Metropolitana jugó un papel clave para asegurar que la marcha se desarrollara sin inconvenientes, ayudando a mantener su carácter pacífico y protegiendo a los participantes durante el recorrido. Esta intervención fue crucial para evitar que el incidente escalara y para preservar el espíritu inclusivo y festivo de la marcha.

  ¿Cuáles son las prioridades en la agenda LGBTQI+, y cómo trabajan las organizaciones para concretarlas?

  Además de la realización de campañas contra los discursos de odio, Chile necesita una reforma a la Ley Antidiscriminatoria para que provea protecciones efectivas y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de derechos humanos para reforzar el cambio cultural en las escuelas, educar en la diversidad y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTQI+.

  En Chile hay unas 50 agrupaciones LGBTQI+ distribuidas a lo largo del país. Una nueva forma de trabajo es la especialización: los colectivos surgidos en la última década se dedican exclusivamente a temas como salud, educación o infancia y adolescencia, y tienen un ámbito geográfico de actuación limitado, a diferencia de los movimientos más antiguos, que trabajaban a nivel nacional y buscaban abarcar todas las áreas. Independientemente de los temas que aborden, los colectivos hacen campañas comunicacionales e incidencia legislativa y en políticas públicas, y forman coaliciones para potenciar sus respectivas experticias, presentar demandas comunes, tales como la reforma de la Ley Antidiscriminatoria, y hacer frente a la ofensiva antiderechos.

  Además, las agrupaciones desarrollan estudios sobre la realidad de las personas LGBTQI+ en Chile, recopilan estadísticas sobre casos de discriminación y violencia, brindan asesoría legal y psicológica a las víctimas e imparten charlas y talleres de capacitación sobre diversidad sexual y de género a organismos tanto públicos como del sector privado.

  Mediante esta combinación de especialización y colaboración, los grupos LGBTQI+ logran enfrentar la violencia y la discriminación de manera más efectiva y continúan avanzando en la conquista de derechos.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento global y qué tipo de apoyo internacional necesitan?

  Las organizaciones LGBTQI+ en Chile integran diversas redes internacionales. MOVILH, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones internacionales como ILGA e integra varias redes latinoamericanas e iberoamericanas, que permiten intercambiar experiencias y aunar esfuerzos. Además, los colectivos LGBTQI+ colaboran bilateralmente con grupos de otros países, intercambiando experiencias y proporcionando ayuda mutua.

  A nivel global, los colectivos LGBTQI+ necesitan financiamiento, ya que son uno de los sectores vulnerables que globalmente reciben menos recursos. En el caso de Chile, esta necesidad es constante, ya que el hecho de que seamos un país considerado de ingresos medios-altos generalmente les impide recibir aportes externos. Esto tiene un impacto negativo en la lucha por la igualdad, ya que el país carece de financiamiento estatal focalizado para atender las necesidades de las personas LGBTQI+.

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• CHILE: “Hay un consenso social de que la exclusión arbitraria de las familias diversas es inadmisible”

  CIVICUS conversa con Marco Becerra, director de ACCIONGAY, acerca del proceso conducente a la reciente aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Chile. ACCIONGAY es una organización de la sociedad civil fundada en 1987 en respuesta a la epidemia de VIH/SIDA, por entonces ignorada o minimizada como un problema que solo afectaba a “grupos de riesgo”. Con el tiempo amplió su radio de acción en defensa de los derechos de las personas LGBTQI+, sobre la base del principio de que todas las personas tienen derecho a la autodeterminación en relación con sus vidas, cuerpos, salud, relaciones y sexualidad.

  ¿Cómo fue el proceso que culminó en la legalización del matrimonio igualitario en Chile, y qué papel desempeñó ACCIONGAY?

  Fue un proceso largo, de unos 30 años. El movimiento por la diversidad sexual y de género en Chile empezó a surgir a fines de los años ‘80 y principios de los ‘90. Este proceso tuvo distintas etapas. En un principio el trabajo se centró en la consolidación y visibilización del movimiento en un contexto de transición política postdictadura muy desfavorable para las demandas de igualdad de las personas LGBTQI+. En un segundo momento el trabajo se enfocó en la incidencia política con el objetivo de generar un compromiso efectivo de los actores políticos para enfrentar los desafíos relacionados con la inclusión de las personas LGBTQI+.

  Ya hacia fines de la década de los ‘90 se comenzaron a producir algunos cambios importantes, tales como la derogación de la ley que penalizaba las relaciones sexuales entre hombres adultos. Sin embargo, otras demandas -como la del matrimonio igualitario- recién aparecieron en la conversación pública alrededor de 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España. Para entonces ACCIONGAY recibió la visita del activista español Pedro Zerolo, quien nos ayudó a entender la importancia de ampliar el debate respecto de las uniones civiles y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+.

  En un sentido más amplio, me atrevería a firmar que las demandas de igualdad ante la ley fueron el resultado del cambio social y cultural que América Latina experimentaba desde hacía algunos años. La aprobación del matrimonio igualitario en Argentina y en Uruguay, además de su avance en Europa, impulsaron a los movimientos LGBTQI+ y a las organizaciones de la diversidad sexual de Chile a movilizarse en torno de los temas de la igualdad.

  Es importante destacar la contribución de numerosas organizaciones y activistas que trabajaron sostenidamente durante años para generar alianzas con sectores políticos progresistas, los cuales fueron comprometiéndose con estas luchas. La idea de la unión civil se concretó durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en 2015, y luego, a medida que fue aumentando la adhesión de la opinión pública junto con la percepción de estas desigualdades como una injusticia, fue tomando más fuerza la igualación de los derechos de familias formadas por personas del mismo sexo.

  El proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario fue enviado al Congreso por el segundo gobierno de Bachelet en 2017 y finalmente aprobada en diciembre de 2021. Entrará en vigor en marzo y representará un cambio muy significativo para la vida de cientos de familias homo-lesboparentales que no tenían reconocimiento legal y, por lo tanto, vivían en situación de completa indefensión frente al Estado.

  Las claves para conseguir este avance fueron la coordinación del movimiento, la incidencia con actores políticos y las campañas para concientizar y sensibilizar a la opinión pública.

  ¿Cómo interactuó este proceso con la ola de protestas de 2019 y el subsiguiente proceso constituyente?

  Chile está viviendo un proceso complejo, de cambio de época, como resultado del estallido social de 2019. Pero las exigencias de igualdad y reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexual y de género son anteriores. Este movimiento ya era muy fuerte antes del estallido social, con un entramado de organizaciones muy activas y movilizadas desde los años ‘90. No obstante, el contexto de movilización social generó un ambiente propicio para la consolidación de un actor político LGBTQI+ reconocible en las calles y en las manifestaciones ciudadanas por más igualdad.

  El cambio social profundo que empezó a ocurrir en Chile recogió las luchas históricas de las organizaciones y movimientos LGBTQI+ que se levantaron en el contexto del estallido social de 2019. En gran medida esto se vio reflejado en la cantidad de personas LGBTQI+ elegidas por medio de procesos eleccionarios, en especial para la Convención encargada de redactar la nueva constitución, así como en la designación de ministros y ministras de las disidencias sexuales en el gabinete del próximo presidente, Gabriel Boric.

  ¿Por qué la aprobación se demoró tanto, si las encuestas mostraban un altísimo grado de apoyo de la opinión pública?

  Si bien en Chile hay una sociedad civil muy activa, el sistema político, pese a que ha cambiado en los últimos tiempos, tenía enclaves muy conservadores. Esto se expresó en la dificultad que tuvo el Congreso para avanzar con esta ley. No menos cierto es que tampoco hubo un compromiso fuerte de los sucesivos presidentes. No obstante, el segundo gobierno de Bachelet incorporó la idea de legislar el matrimonio igualitario. Fue durante su gobierno que se aprobó la Ley de Unión Civil y se envió el proyecto de Ley de Identidad de Género, que se aprobó durante el gobierno del presidente Rafael Piñera.

  Desde el punto de vista de la percepción ciudadana, los cambios ocurrieron porque se alcanzó un consenso social de que la exclusión arbitraria de las familias diversas es inadmisible. El apoyo que recibe el matrimonio igualitario es impactante: casi un 70% de la gente está de acuerdo, y una cifra similar apoya la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

  Las campañas por el matrimonio igualitario las desarrollaron principalmente las organizaciones LGBTQI+ con el apoyo de otros movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y feministas, por nombrar a algunos. Paralelamente se generaron alianzas, solidaridades y complicidades, no solo con otras organizaciones sociales sino también con los sectores progresistas de los partidos políticos. El apoyo a la Ley de Matrimonio Igualitario fue bastante transversal, y llegó a incluir a sectores de la centroderecha liberal que aportaron sus votos para hacerla posible. Solo se autoexcluyeron los sectores ultraconservadores.

  En contra de la ley de Matrimonio Igualitario se movilizaron, sobre todo, algunos líderes de las iglesias evangélicas pentecostales que en la actualidad tienen cierta influencia social en Chile, pero fueron derrotadas en el debate parlamentario. La Iglesia Católica en cambio se mantuvo en silencio, probablemente debido a que en los últimos años ha perdido importancia social y política como consecuencia de los escándalos de pedofilia y abusos sexuales a niños, niñas y adolescente cometidos por el clero.

  ¿Cuáles serán los efectos inmediatos de la nueva ley, y qué es lo que queda por hacer?

  Esta ley tendrá consecuencias inmediatas en la medida en que garantizará el goce de todos los derechos y los efectos positivos de la institución del matrimonio independientemente del sexo y orientación sexual de las personas. Como la ley incorpora la adopción y la filiación, resolverá una serie de problemas que experimentan las familias homo-lesboparentales con hijos. Por ejemplo, los padres no biológicos no tenían ningún derecho legal sobre sus hijos de crianza; ahora tendrán reconocimiento legal.

  Chile ha tenido una seguidilla de avances legales: la Ley Antidiscriminación en 2012, la Ley de Unión Civil 2015, la Ley de Identidad de Género en 2018, y a partir de 2022 la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, persisten situaciones de mucha discriminación en los ámbitos laboral y educativo. La violencia contra las comunidades LGBTQI+ es permanente.

  Desde marzo se viene un desafío enorme que va a implicar revisar la agenda de trabajo, sobre todo desde que a partir del 11 de marzo tendremos un gobierno progresista que incorporó en su programa la igualdad y el reconocimiento de las comunidades LGBTQI+. 

  Estamos seguros de que será un gobierno muy diferente de los anteriores, y estamos muy esperanzados de que se podrá comenzar a cerrar la brecha de inclusión real de las personas LGBTQI+ en todos los ámbitos de la vida social, desde las instituciones de la administración pública hasta el ámbito educativo.

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• CHILE: “La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale”

  CIVICUS conversa acerca del inminente referéndum constitucional de Chile con Julieta Suárez Cao, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de Política Comparada en la Universidad Católica de Chile. Julieta desempeñó un rol destacado en el diseño y la promoción de un sistema electoral innovador que aseguró un resultado paritario de género en las elecciones constituyentes chilenas de 2021, por lo cual recibió el Premio al Compromiso Público 2022 de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política.

  ¿Cuáles consideras que han sido los elementos más novedosos del proceso constituyente chileno?

  Un elemento novedoso ha sido la conformación de la Convención Constitucional. Si bien en otras partes del mundo ya había habido experiencias tales como tener escaños reservados para pueblos indígenas y permitir las candidaturas extrapartidarias, en Chile a estos dos elementos se le agregó la conformación paritaria de género. Esto ya había ocurrido en la ciudad de México, pero nunca se había hecho a nivel nacional.

  Otro elemento novedoso tiene que ver con es un cambio de constitución, no una simple reforma. Es un cambio profundo a partir de una hoja en blanco, sin ninguna clase de acuerdo que establezca los parámetros de lo que se puede cambiar y lo que no. Lo único establecido fueron tres procedimientos centrales: la regla de los dos tercios para la votación de las normas, el plebiscito de entrada (para habilitar la convocatoria a la Convención Constitucional) y el plebiscito de salida (para aprobar la nueva constitución).

  También cabe resaltar que es un cambio constitucional que se produce en democracia, y no en un momento de transición. Si bien es una respuesta a la crisis social y política que sufre Chile, no es una respuesta apresurada a una situación coyuntural, dado que la discusión constituyente viene de mucho antes del estallido social del 2019. La expresidenta Michelle Bachelet ya había intentado llevarla adelante durante su último mandato, de 2014 a 2018, pero no lo consiguió. La derecha, que gobernó con Sebastián Piñera en el período siguiente, advirtió que iba a “cajonear” todo proyecto de reforma constitucional, y así lo hizo – hasta que el estallido social la obligó a reevaluar su posición, ante la necesidad de encauzar las demandas sociales por una vía institucional, mediante un proceso constituyente.

  ¿Cómo se ha dividido el campo político frente al plebiscito del 5 de septiembre sobre la Constitución?

  Las líneas divisorias frente al plebiscito constitucional son muy interesantes. La Convención Constitucional fue extremadamente transparente, tal vez demasiado, porque para cierta literatura especializada la política a veces necesita de cierta opacidad. Esto, en cambio, fue como un reality show constitucional, un espectáculo que era transmitido todos los días, las 24 horas del día. Evidentemente, las noticias que llegaban a la prensa solían ser sobre temas intrascendentes e incluso ridículos, que no representaban lo que realmente estaba ocurriendo allí. Por ejemplo, una constituyente propuso una derogar todos los poderes estatales; por supuesto, esto ni siquiera salió de la comisión, pero sin embargo ocupó los titulares durante mucho tiempo. Estas cosas generaron un clima adverso a la Convención, que creo afectó mucho la campaña.

  Visto en perspectiva, fue un proceso muy dinámico que, en tan solo un año, logró generar el documento completo de una nueva constitución. El proceso fue bueno, aunque haya dejado un clima de opinión enfocado en debates absurdos que fueron magnificados por los medios.

  Este clima de opinión terminó delimitando dos campos. Por un lado, el campo del rechazo, donde no está solamente la derecha, sino también muchas figuras de centroizquierda, incluidos muchos actuales senadores y senadoras. Son figuras que se unen al rechazo por muchas razones, no solamente porque no están de acuerdo con muchas de las reformas propuestas.

  En suma, la coalición del rechazo va desde la ultraderecha –que en Chile no solamente tiene presencia, sino que hace menos de un año llegó a la segunda vuelta presidencial– a figuras ubicadas en el centro político. Pero fueron estas últimas las que se convirtieron en la cara visible de la campaña del rechazo a la constitución.

  Esto ha sido el resultado de una buena estrategia comunicacional consistente en delegar la vocería en figuras moderadas y esconder a las extremistas. Casi no han hecho marchas ni actos públicos, porque lo que se vio frente al plebiscito de entrada fue que estas manifestaciones incluían armas, banderas nazis, esvásticas, imágenes que provocan un repudio fuerte.

  Por su parte, la coalición a favor de la nueva constitución incluye a numerosos ex convencionales, la mayoría de los cuales ha hecho campaña a favor, a diputadas y diputados, senadores y senadoras, y a muchos artistas populares. El gobierno no tiene permitido participar de la campaña ni pronunciarse directamente por una u otra opción. Por esta razón, solamente intervino mediante la provisión de información: en particular, colaboró con la impresión de la nueva constitución, que es ahora uno de los libros más vendidos en Chile.

  ¿Está la sociedad chilena surcada por esas mismas divisiones?

  Lo que muestran las encuestas de opinión pública es que la sociedad chilena no está polarizada, como sí lo están las élites.

  En Chile hay una polarización asimétrica, fenómeno que también ocurre en países como Brasil y Estados Unidos. Lo que genera esta polarización asimétrica es la presencia de un extremismo de derecha. La ultraizquierda, en cambio, es muy pequeña: tiene muy pocos votos, carece de presencia mediática y no tiene visibilidad nacional. La extrema derecha, en cambio, está casi normalizada.

  Lo que ocurre frente al referéndum es que éste es por naturaleza polarizante, simplemente por el hecho de presentar dos opciones contrapuestas. Si el plebiscito ocurre en un contexto donde las élites están polarizadas, se genera una división más pronunciada. Por el momento, sin embargo, pienso que los efectos no han llegado a lo profundo de la sociedad chilena.

  Hace unos meses las encuestas parecían mostrar una mayoría a favor de la aprobación, que luego parece haberse invertido. ¿Se ha erosionado el consenso reformista?

  Yo no diría que el consenso reformista se ha erosionado. Prácticamente nadie defiende la Constitución de Pinochet: casi todos los que promueven el rechazo lo hacen con el argumento de que hay que rechazar para luego reformar. Es decir, casi nadie aboga por mantener la constitución actual, aunque si gana el rechazo eso es precisamente lo que ocurrirá. Al menos, en el corto plazo. Dada la falta de acuerdos dentro de la coalición por el rechazo, su triunfo abriría un período de enorme incertidumbre.

  Ahora bien, si bien el consenso reformista no se ha erosionado, sí se ha generado un clima de opinión distorsionado mediante campañas de desinformación, con interpretaciones poco plausibles de los debates y noticias falsas para sembrar dudas sobre los contenidos del texto constitucional. Por ejemplo, circuló mucho la afirmación de que la nueva constitución no protege la propiedad privada o que las personas indígenas tendrían “privilegios”. Todo esto enrareció el debate público y echó un manto de dudas sobre la viabilidad de la propuesta.

  ¿Cuáles consideras que son los aspectos más positivos, y cuáles los más negativos, de la nueva constitución?

  Personalmente, la nueva constitución me gusta mucho. Establece un sistema político con menos poderes presidenciales y mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. La constitución actual, en cambio, está muy sesgada a favor del “hombre fuerte”, como buena constitución autoritaria.

  También me gusta la definición de Chile como un Estado regional, una especie de forma intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. Chile es de los países más centralizados de América Latina y el más centralizado de los países democráticos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

  Toda la agenda de derechos y de Estado social que incorpora la nueva constitución también me parece muy positiva. Y la incorporación de la paridad el enfoque de género y la multiculturalidad son grandes avances. Ya era hora de tener un reconocimiento a la plurinacionalidad y a los pueblos indígenas.

  Mis dudas son justamente en relación con temas que escapan de mi área de conocimiento: tienen que ver con algunos aspectos de la plurinacionalidad, como la implementación de sistemas de justicia diferenciados y autonomías indígenas. Este es también uno de los temas que genera mayor rechazo en la opinión pública, donde se mezclan cuestiones de racismo y clasismo, en un contexto complicado ya que en el sur de Chile se mantiene un conflicto entre el Estado y algunas comunidades del pueblo Mapuche.

  Pero lo cierto es que la mayoría de estas cuestiones solamente están enunciadas en la constitución y quedarán sujetas a la legislación ordinaria por parte de este Congreso, que no tiene representación reservada para los pueblos indígenas. Por esto, en mi opinión estos asuntos se moderarán mucho más y no habrá cambios muy radicales.

  En la ciudadanía en general, los derechos sociales son lo que genera más adhesiones. Poca gente defiende el Estado neoliberal o subsidiario que tiene Chile, aunque ciertos sectores de las élites muestran preocupación en relación con el costo de estos cambios: se preguntan de dónde saldrá el dinero para financiar todos estos derechos. ¡Como si esto fuera un buen argumento para decidir si reconocer o no un derecho!

  ¿Qué pasa si la nueva constitución es aprobada, y qué pasa si es rechazada?

  Si la Constitución es aprobada el proceso continúa, ya que muchas disposiciones de la nueva constitución quedan sujetas a la legislación ordinaria. En ese caso, se abrirá un proceso de intensa actividad legislativa para dar una forma concreta a los mandatos de la nueva Constitución.

  Si gana el rechazo, mucho dependerá del margen que obtenga. Si gana por mucho, será más difícil que el proceso constituyente continúe. De ganar la opción por el rechazo, el gobierno inmediatamente enviará un proyecto de ley para convocar a una nueva elección de convencionales. Pero su aprobación requiere de 4/7 de los votos en las dos cámaras, una mayoría que el gobierno no tiene, por lo que necesita los votos de la derecha. La disposición de la derecha a sentarse a negociar dependerá del margen de su victoria.

  Si gana por poco, intentará diseñar un proceso constituyente más inofensivo, con una convención más pequeña, con un mandato más breve, sin paridad de género, sin pueblos indígenas o con muy pocos escaños reservados. Si gana por mucho, no habrá convención constitucional, sino una reforma a través del Congreso o de una comisión de expertos. Aquí volveríamos a fojas cero y habría que volver a negociar absolutamente todo.

  La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale y el proceso no continúa o continúa de una manera insuficiente. No me atrevo a aventurar una respuesta a esta pregunta.

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• CHILE: “La redacción de la nueva constitución es una oportunidad histórica para las mujeres”

  CIVICUS conversa con Mariela Infante Erazo, directora de la Corporación Humanas, acerca de los impactos de la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile, y sobre sus expectativas frente al comienzo de un nuevo gobierno y los resultados del proceso constituyente en curso.

  Fundada en 2004, Humanas es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la incidencia para la profundización de la democracia y la inclusión de las mujeres.

  

  ¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile?

  La pandemia ha tenido un impacto gravísimo sobre los derechos humanos de niñas y mujeres. Las mujeres retrocedieron más de una década en su inserción laboral, Cuando cerraron los colegios, debieron asumir la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, tanto de sus hijos como de familiares enfermos o personas mayores, por lo que muchas tuvieron que dejar de trabajar. Las que siguieron trabajando -o teletrabajando- tuvieron una enorme sobrecarga, lo cual tuvo impactos sobre su salud tanto física como mental.

  La violencia de género también aumentó de manera escandalosa, ya que en Chile el encierro y las restricciones de movimiento fueron bastante estrictas. Según las estadísticas del Estado, los llamados por violencia doméstica de mujeres adultas se triplicaron. Pero la situación también afectó a las niñas que enfrentaban abusos familiares.

  Los ámbitos laborales más feminizados, como la educación y la salud, fueron los más exigidos durante la pandemia. Las mujeres son mayoría en las profesiones que dieron la batalla contra la pandemia -enfermeras, personal de la salud, de los servicios, de la educación- pero no tuvieron gran reconocimiento. Las educadoras debieron dar clase a distancia y esto perjudicó el aprendizaje, al menos entre los sectores de menores recursos económicos y culturales. En Chile no hay acceso universal al servicio básico de internet, lo cual perjudicó el acceso a la educación.

  Falta mucho para una recuperación total: el desempleo continúa siendo elevado y el empleo de las mujeres no se está recuperando a la par del de los hombres. Es necesario un enfoque de género para que las mujeres puedan regresar al ámbito laboral y recuperar autonomía económica, ya que ésta es clave para ejercer nuestros derechos.

  ¿Cómo ha respondido la sociedad civil en general, y Humanas en particular?

  En los primeros meses de la pandemia, y especialmente mientras duró el confinamiento, hubo una gran efervescencia entre las organizaciones feministas: muchos seminarios, encuentros, conversatorios. Hubo mucha reflexión y muchas ansias de compartir. Pero la virtualidad es muy desafiante y esos espacios con el tiempo se fueron agotando: el primer año la gente participaba más, pero luego la participación empezó a decaer. El formato está un poco agotado; creo que debemos pensar en nuevas formas de participación.

  Durante estos dos años en Humanas hemos hecho teletrabajo, cada una desde su casa, con las dificultades que esto a veces supone para la comunicación entre compañeras de trabajo. Se perdieron las oportunidades de comunicación informal y el trabajo se enlenteció. De cara hacia afuera, tuvimos que repensar talleres, seminarios y capacitaciones, porque es muy difícil hacer una capacitación interactiva y motivadora a través del computador. Por supuesto tuvimos que cancelar todos los viajes, lo cual resultó limitante para nuestra estrategia de articulación regional.

  Pero hicimos aprendizajes importantes respecto a cómo lo virtual reemplaza lo presencial, y nos fuimos adaptando.

  ¿Cuáles son los principales problemas de derechos de las mujeres en Chile?

  Al igual que en el resto de Latinoamérica, los desafíos son múltiples. En el terreno laboral, un gran problema es la precarización: las mujeres tenemos empleos más precarios, informales y peor pagados, así como mayores tasas de desempleo.

  Las mujeres también asumimos el grueso de la carga de cuidados familiares. Esto nos limita el tiempo libre, perjudica nuestra salud, limita nuestras perspectivas laborales y dificulta nuestra participación política. Por eso el movimiento feminista, dentro del cual nos contamos, prioriza el establecimiento en Chile de un sistema nacional de cuidados.

  En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el aborto -que solía estar prohibido en toda circunstancia- desde 2017 es legal bajo tres causales: cuando la vida de la persona embarazada corre peligro, cuando el feto padece malformaciones incompatibles con la vida, y cuando el embarazo es el resultado de una violación.

  Pero durante la pandemia aumentaron las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: disminuyó la distribución de anticonceptivos, se distribuyeron anticonceptivos defectuosos a través del sistema público, y disminuyó la cantidad de exámenes ginecológicos preventivos. Mucha gente dejó de consultar en centros de salud porque éstos estaban colapsados por la cantidad de casos de COVID-19, por lo que muchas patologías quedaron sin diagnosticar y sin tratar.

  Chile no tiene una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos y manifestaciones. Hay un proyecto de ley al respecto que lleva muchísimos años sin lograr avanzar. El número de femicidios –y de femicidios frustrados- es muy elevado. Los niveles de violencia son muy preocupantes, y aumentaron aún más con el confinamiento durante la pandemia.

  Además, Chile se ha convertido en uno de los principales países de acogida de migrantes venezolanos y ha adoptado una política restrictiva hacia las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y en particular con las mujeres. Como solicitar una visa se ha vuelto prácticamente imposible, la gente está entrando a Chile de manera irregular. Con ello han aumentado la trata y el tráfico de personas, cuyas principales víctimas son mujeres y niñas.

  La irregularidad migratoria también ha repercutido sobre la explotación laboral. Por no contar con documentación, muchas mujeres migrantes ni siquiera se atreven a concurrir a centros de salud por miedo a ser expulsadas del país. Según los principios de la Declaración de Cartagena, que establece una definición amplia de asilo, las mujeres venezolanas deberían ser consideradas sujetas de protección internacional, ya que están huyendo de una crisis de orden público. Pero no se les reconoce esa condición y se les niegan los derechos laborales y a la salud, entre muchos otros.

  Además, el racismo ha aumentado junto con la xenofobia. Las migrantes afrodescendientes, procedentes sobre todo de Haití y Colombia, han experimentado racismo y xenofobia. Lo mismo ocurre con la población indígena. En el marco del conflicto territorial con el pueblo Mapuche en el sur de Chile, la violencia institucional y policial ha afectado diferencialmente a las mujeres indígenas, por ejemplo cuando se hacen allanamientos violentos en las comunidades.

  ¿Cómo trabaja la sociedad civil para llevar estos temas a la agenda pública?

  En este momento, la Convención Constitucional es el espacio a través del cual estamos canalizando la agenda feminista. Tenemos mucha expectativa y estamos trabajando para que la Convención produzca un marco normativo general para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que luego deberá ser implementado mediante leyes y políticas públicas.

  Entiendo que la actual Convención Constitucional es la primera en su tipo en todo el mundo, con paridad de género y escaños reservados. La Convención no refleja la composición de la élite chilena –hombres heterosexuales blancos- sino al Chile verdadero: hay indígenas, mujeres y personas de todos los niveles educativos y profesiones, en vez de puros abogados como en el parlamento. La diversidad de perspectivas le da una enorme riqueza.

  El proceso de redacción de una nueva constitución para Chile es una oportunidad histórica que estamos tratando de aprovechar para canalizar los problemas de derechos de las mujeres. Este proceso fue producto de una movilización social masiva que reclamaba derechos, justicia y dignidad. Es la salida institucional al descontento y la fragmentación del tejido social chileno.

  Después de 40 años, hoy tenemos la posibilidad de reformular una constitución hecha en dictadura, que no garantiza derechos sociales. Estamos a pocos meses de tener un borrador que se va a plebiscitar, por lo que el momento constituyente es para nosotras un gran momento político con perspectivas de avance para los derechos de las mujeres.

  ¿Cómo podrían reducirse en Chile las brechas y desigualdades de género?

  La pandemia dejó al descubierto una crisis de cuidados que es estructural. El espacio privado y doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres, a lo cual se suman las labores remuneradas. Queremos un cambio de paradigma que establezca que esto es una responsabilidad social compartida, que no debe recaer exclusivamente en las mujeres. La creación de un sistema nacional de cuidados en el cual el Estado, el sector privado y las familias –pero las familias completas, no solamente las mujeres- asuman los cuidados familiares podría lograr verdadera una transformación de la división sexual del trabajo. 

  La atención al tema de los cuidados es un primer paso para avanzar en una cuestión estructural como es la división sexual del trabajo: sacando a las mujeres de un rol único, valorizando sus roles e incluso generando nuevas fuentes de trabajo para las mujeres. Necesitamos un paradigma de cuidados transversal que fomente los vínculos de respeto y solidaridad. Es de una importancia enorme: ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no nos hubiera cuidado.

  El tema del cuidado es también muy relevante en relación con la naturaleza, el agua y los bienes comunes, si es que han de servir para mejorar la calidad de vida de todas las personas, más que para generar riqueza para unos pocos. Lo importante es que el foco esté en el bien común y no en la extracción y la acumulación. El actual modelo de desarrollo extractivista reproduce desigualdades y está en la raíz de la violencia contra las mujeres defensoras de tierra y territorio.

  Actualmente el feminismo está teniendo una mirada mucho más global y está haciendo alianzas con otros movimientos sociales. Somos feministas, pero tenemos un vínculo con otros mundos -el del ambientalismo, las mujeres indígenas, las defensoras de tierra y territorio- que nos hace entender que las desigualdades y exclusiones provienen de la intersección de distintos sistemas de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado. Para generar una transformación profunda debemos tener una mirada integral.

  ¿Qué expectativas tiene el feminismo chileno ante el inicio del nuevo gobierno?

  Nuestras expectativas son altas pero realistas, no desmesuradas. Sabemos que cuatro años es poco tiempo para tantos desafíos y que no podremos transformar todo en tan poco tiempo, pero creemos que hay voluntad política para avanzar en leyes de cuidados, de igualdad y no discriminación, de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, y de violencia de género.

  El presidente Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, se identifica como feminista. Ya dio una buena señal al situar al Ministerio de la Mujer dentro del gabinete político, indicando que no entiende al género como una cuestión sectorial; esperamos que esto se traduzca en una real transversalización del enfoque de género, para permear todas las políticas.

  El gabinete del nuevo gobierno es más que paritario: tiene más ministras que ministros. Varias de las ministras -las de la Mujer, Justicia y Bienes Nacionales- son feministas. Esto es más importante que el hecho de que haya más mujeres, porque permitirá generar avances importantes en nuestra agenda. 

  Sabemos que, al igual que en el resto de Latinoamérica, se vienen momentos muy difíciles, de crisis económica y altísima inflación. Deberemos afrontar un proceso de mayor precarización de la vida, en un escenario de pandemia aún un poco incierto. No sabemos qué tanto podremos volver a la “normalidad”, ni cómo será.

  El nuevo gobierno deberá proteger el trabajo de la Convención, que es muy atacado y criticado por los medios hegemónicos que rechazan toda redistribución del poder. El nuevo gobierno deberá darle a la Convención las condiciones presupuestarias e institucionales para que pueda seguir trabajando. Luego recibirá el borrador de la nueva constitución -que al parecer será bien transformadora y esperamos que sea ratificada mediante un plebiscito- y tendrá el enorme trabajo de implementar gradualmente las normas de paridad en distintos espacios.

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• COLOMBIA: ‘La protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con un joven estudiante colombiano, activo en el movimiento climático, que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. Además de movilizarse en el marco de movimiento #FridaysForFuture, el entrevistado forma parte de Hijos del Postconflicto, un colectivo creado recientemente para visibilizar las experiencias de la gente en los territorios y defender el proceso de paz en Colombia. En la convergencia entre diversas luchas, el entrevistado enfatiza la defensa del proceso de paz como clave para preservar el medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

  

  ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el problema ambiental más urgente en Colombia?

  El problema ambiental más urgente es la deforestación. Las tasas de deforestación en Colombia son altísimas, y la situación no ha mejorado desde la firma de los acuerdos de paz. Eso se debe a que, en tiempos de conflicto armado, las guerrillas colombianas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían dominio de gran parte del territorio selvático de Colombia. Por supuesto que nadie se metía en ese territorio: no llegaban las multinacionales ni las petroleras; tampoco llegaba la ganadería. Con la firma de los acuerdos de paz y la retirada de las guerrillas se acentuó el problema que ha tenido Colombia desde la década del ’50: la distribución de las tierras.

  Colombia tiene una distribución de la tierra extremadamente regresiva; la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Con la retirada de la guerrilla y la llegada de las multinacionales el acaparamiento de tierras se ha acentuado. Muchas tierras son apropiadas, deforestadas y utilizadas para la cría de ganado, y la población local continúa siendo desplazada.

  Al mismo tiempo sigue habiendo grupos armados al margen de la ley que continúan activos, sobre todo grupos paramilitares de extrema derecha, aunque también queda la guerrilla, más pequeña, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las FARC que decidieron no acoplarse al proceso de paz. Estos grupos armados están disputando el territorio para hacerse del dominio de los cultivos de coca y expandirlos, provocando mayor deforestación.

  En consecuencia, tanto la continuidad del conflicto en algunos territorios como su finalización en otros influyen directamente sobre la deforestación. El proceso de paz contiene una serie de mecanismos para contrarrestar la deforestación, pero sus efectos dependerán de que efectivamente se lo implemente. En ese sentido, la protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz.

  ¿Qué mecanismos contemplados en los acuerdos de paz permitirían detener la deforestación?

  Los acuerdos de paz incluyen dos puntos específicos para frenar la deforestación. El primero es la reforma rural integral, que pretende distribuir el campo colombiano y respetar los usos asignados al suelo – por ejemplo, que si es para uso agrícola, no sea utilizado para ganadería. El segundo punto es el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que apunta a resolver el problema de las drogas. Es importante entender que muchas familias campesinas pobres se han visto obligadas a cultivar coca para sobrevivir; a través de este programa el Estado les ofrece incentivos económicos para que hagan una transición hacia otros cultivos sustentables. 

  ¿De qué modo colabora el activismo juvenil con la efectiva implementación de los acuerdos de paz?

  La lucha por la paz se da en todos los frentes. Nosotros hacemos tres cosas: nos movilizamos en las calles en defensa del proceso de paz; hacemos pedagogía para que la gente entienda porqué el proceso de paz es tan importante; y trabajamos en distintos espacios haciendo incidencia política.

  El contexto para este trabajo es bastante difícil. Ni bien asumió el poder, el presidente Iván Duque objetó el proceso de paz e intentó modificar todos los aspectos con los que no estaba de acuerdo o que según él no eran justos, lo cual en definitiva supondría desactivar el proceso que resultó de los acuerdos y volver a comenzar desde cero. Esto no fue una sorpresa: toda su campaña giró en torno del proceso de paz y se basó en la difusión de mentiras acerca del proceso de paz. Ganó las elecciones manipulando el temor de la gente, a la que le aseguró que los acuerdos consagraban la impunidad. Trató de asustarnos diciéndonos que si ganaba la izquierda nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. También mintió en relación con sus planes para las industrias extractivas: llegó a asegurar que no se autorizaría la exploración y explotación petroleras por medio de fracking, pero a fines de diciembre de 2019 hizo púbico un proyecto de decreto para habilitar el fracking.

  En tanto que activista por la paz y el medio ambiente en Colombia ¿has tenido alguna participación en el movimiento global por la justicia climática?

  Sí, con un pequeño grupo nos sumamos a la iniciativa Fridays for Future. Nuestra participación se limitó a una serie de acciones y plantones para dar inicio al movimiento climático en el país.

  Nos ha sido bastante difícil generar movilización en torno de la crisis climática global. Ante todo, hay mucha ignorancia. En Colombia la mayoría de las personas no tiene idea de lo que les están haciendo; de hecho, el actual presidente se aprovechó de ello para difundir mentiras, hacer una campaña de desinformación y ganar las elecciones. En un país donde la educación pública es muy mala y solamente la gente rica puede estudiar es muy fácil mentir y que te crean. Entonces, el primer problema es la ignorancia. A eso se suma el miedo: en Colombia a la gente le da miedo hablar, organizarse y manifestarse. Los colombianos vivimos una increíble zozobra debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ambientales. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos en general, y para los líderes ambientalistas en particular.

  Todo esto ha limitado la movilización por el clima. Hubo algunas acciones sueltas, pero no una gran marcha nacional de alto impacto. Por eso nos sorprendió que se produjera una movilización escolar masiva en el sur del país, en el departamento del Huila, donde menos esperábamos una movilización debido a las dinámicas complejas de seguridad que se viven en esos territorios. Logramos ponernos en contacto con los jóvenes que se movilizaron en Huila y juntos participamos de un encuentro nacional que realizamos en el departamento del Caquetá, también conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí logramos articular el trabajo con las comunidades que viven en territorio amazónico y hasta el momento seguimos en el proceso para elevar las consignas amazónicas e iniciar una resistencia en defensa de nuestra selva.

  Actualmente estamos empezando a sumarnos todos los colectivos ambientales en un mismo frente climático. Esperamos que esto inspire a los que tienen miedo para que también se sumen.

  ¿Han tenido alguna participación en foros internacionales sobre el clima?

  Hemos estado en un encuentro latinoamericano de Fridays for Future que se hizo en Chile con el apoyo de 350.org. Fue un encuentro de defensores del clima para generar lazos latinoamericanos e impulsar el movimiento a nivel regional. Nos ayudó bastante encontrar jóvenes de otras partes de la región que también estaban movilizándose, ver que podíamos unirnos y sentir que teníamos apoyos internacionales para hacer nuestro trabajo. Esto nos dio algo de esperanza.

  Fue después de esa reunión que empezamos a tratar de formar una red ambientalista nacional, viajando a la mayor cantidad de territorios y sumando a jóvenes de otras regiones del país. Todavía nos falta mucho por construir, pero estamos creciendo exponencialmente, porque cuando sumamos a un colectivo, ese mismo colectivo tiene llegada a otros tres o otros cuatro colectivos más. Todo el año 2019 nos hemos centrado en este proceso, recorriendo territorios, comunicando nuestro mensaje a la gente y haciendo lazos. Creemos que la próxima vez tal vez sí podamos movilizarnos a nivel nacional. Lo haremos el 24 de abril de 2020, cuando se realice la próxima huelga global.

  ¿Qué clase de apoyos necesitarían para poder hacer en 2020 la movilización que no pudieron hacer en 2019?

  Nuestra oportunidad en este momento es el paro nacional, la serie de manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades colombianas a partir de noviembre de 2019. En un país donde a la gente le da miedo hablar, el 21 de noviembre del año pasado salieron a la calle millones de personas, en una de las movilizaciones más grandes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad única. En el marco de estas protestas, el movimiento ambientalista también ha puesto sus propuestas y demandas. Tal vez no podamos movilizar a la gente específicamente por el clima, pero podemos aprovechar estas movilizaciones masivas y sumar nuestros temas. Si hay gente dispuesta a movilizarse, podemos acercarnos para contarles lo que está pasando en relación con el medio ambiente y comunicarles nuestras demandas para que vean que también les conciernen y se movilicen por ellas. Así es como logramos que el comité de paro incluyera entre sus demandas la declaración de la emergencia climática en Colombia. Este ha sido un avance muy grande.

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• COP26: “Mi esperanza reside en que la gente se una para exigir justicia”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Mitzi Jonelle Tan, una joven activista por la justicia climática basada en el área metropolitana de Manila, Filipinas, integrante de Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas y participante activa del movimiento internacional Viernes por el Futuro.

  ¿Cuál es el principal problema climático en tu comunidad?

  Filipinas padece numerosos impactos del cambio climático, desde sequías cada vez más largas y con mayor calor hasta tifones cada vez más frecuentes e intensos. Aparte de estos impactos climáticos -a los cuales no hemos podido adaptarnos y que nos dejan sin apoyos a la hora de afrontar las pérdidas y los daños-, también enfrentamos numerosos proyectos que son destructivos para el medio ambiente, a menudo emprendidos por empresas multinacionales extranjeras, que nuestro gobierno está permitiendo e incluso fomentando.

  Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas, la versión filipina de Viernes por el Futuro, aboga por la justicia climática y por que las voces de las personas de las comunidades más afectadas tengan espacio y sean escuchadas y amplificadas. Yo me convertí en activista en 2017, después de haber trabajado con líderes indígenas de Filipinas, porque este trabajo me hizo comprender que la única manera de lograr una sociedad más justa y más verde es a través de la acción colectiva conducente al cambio sistémico.

  ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

  Sí, al igual que cualquiera que se manifieste en contra de la injusticia y la inacción, nuestro gobierno, a través de sus troles a sueldo, designa como terroristas a los activistas: básicamente nos llama terroristas por exigir rendición de cuentas y presionar por un cambio. El hecho de ser activista por el clima va siempre acompañado de temor en Filipinas, el país que por ocho años consecutivos ha sido calificado como el más peligroso de Asia para las personas defensoras y activistas ambientales. Ya no se trata solamente de temor por los impactos climáticos, sino también de temor a que la policía y las fuerzas del Estado vengan a por nosotros y nos hagan desaparecer.

  ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

  Hago mucho trabajo de organización con la comunidad internacional, especialmente a través de Viernes por el Futuro - Personas y Áreas Más Afectadas, uno de los grupos del sur global de Viernes por el Futuro. Lo hacemos manteniendo conversaciones, aprendiendo unos de otros y creando estrategias juntos, todo ello mientras nos divertimos. Es importante que el movimiento global de jóvenes esté muy bien interconectado, que se una y exhiba solidaridad para poder abordar realmente el problema global de la crisis climática.

  ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

  Mi esperanza no reside en los mal llamados líderes, políticos que se han adaptado al sistema y lo han gestionado durante décadas para beneficio de unos pocos, normalmente del norte global. Mi esperanza reside en la gente: en los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para exigir justicia y poner en evidencia que este sistema enfocado en las ganancias que nos condujo a esta crisis no es el que necesitamos para salir de ella. Creo que la COP26 es un momento crucial y este proceso internacional tiene que resultar útil, porque ya hemos tenido 24 que no han aportado gran cosa. Estos problemas deberían haberse resuelto en la primera COP, y de un modo u otro tenemos que asegurarnos de que esta COP sea útil y resulte en cambios significativos, y no en más promesas vacías.

  ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

  El único cambio que pido es uno grande: un cambio de sistema. Tenemos que cambiar este sistema que prioriza la sobreexplotación del sur global y de los pueblos marginados en beneficio del norte global y de unos pocos privilegiados. El desarrollo bien entendido no debería basarse en el PBI y el crecimiento eterno, sino en la calidad de vida de las personas. Esto es factible, pero solamente si abordamos la crisis climática y todas las demás injusticias socioeconómicas que están en su raíz.

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• COP26: “Se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de los responsables”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns (CEC) - Filipinas, una organización de la sociedad civil (OSC) que ayuda a las comunidades filipinas a afrontar desafíos medioambientales. Fundada en 1989 por iniciativa de organizaciones que representan a pescadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, personas que experimentan pobreza urbana y sectores profesionales, el CEC se dedica a la investigación, la educación, la incidencia y las campañas medioambientales. También integra la secretaría de la Red de Defensores del Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APNED), una coalición de organizaciones que trabajan solidariamente para proteger el medio ambiente y a sus defensores.

  ¿Cuál es el principal problema climático en tu país?

  El principal problema ambiental que enfrenta Filipinas actualmente es la proliferación de proyectos y programas destructivos del medio ambiente. Esta situación ha persistido e incluso empeorado durante la pandemia.

  Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que ya tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento. Un ejemplo de ello es el pueblo de Didipio, Nueva Vizcaya, en el norte de Filipinas, donde se renovó por 25 años más un acuerdo minero con la empresa australiano-canadiense OceanaGold. Las comunidades indígenas de Bugkalot y Tuwali ya sufren la falta de suministro de agua debido a la actividad minera y temen que esto empeore si dicha actividad continúa.

  Los proyectos de infraestructura también son una prioridad del gobierno, que afirma que estos contribuirán a mejorar la situación de la economía. Sin embargo, hay proyectos financiados con onerosos préstamos extranjeros que solo empeorarán la situación de la población local. Un ejemplo de ello es la represa de Kaliwa, financiada por China, en la provincia de Rizal, al sur de la isla de Luzón. La reserva invadirá los territorios ancestrales del pueblo indígena Dumagat, incluidos sus lugares sagrados, así como un área protegida.

  Otro ejemplo son las plantaciones de monocultivo que se encuentran sobre todo en las provincias de Mindanao. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas Lumad se han convertido en plantaciones de plátanos y piñas. Algunos residentes reportan enfermedades causadas por los productos químicos sintéticos utilizados en las plantaciones y muchos están siendo desplazados de sus tierras de cultivo.

  Estos son algunos ejemplos de proyectos prioritarios impulsados por el gobierno para conducirnos al llamado desarrollo. Sin embargo, es evidente que no mejoran realmente la situación de las comunidades locales, que en su mayoría ya se encuentran en situación de pobreza. Además, los recursos naturales del país en su mayoría no son explotados en beneficio de sus ciudadanos, ya que los productos extraídos se destinan a la exportación. Se benefician de ellos unas pocas empresas locales e internacionales. Los recursos naturales se utilizan para obtener beneficios y no para impulsar el desarrollo nacional.

  ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que realizan?

  El CEC trabaja con las comunidades locales, ya que creemos que las luchas medioambientales no pueden ganarse sin el esfuerzo conjunto de quienes sufren el impacto medioambiental. El verdadero poder proviene de las organizaciones de base. Las OSC como la nuestra y otros sectores deben apoyar sus esfuerzos, conectando las luchas locales para construir un fuerte movimiento medioambiental a nivel nacional e internacional.

  A causa del apoyo que brindamos a las comunidades locales, hemos enfrentado represalias. En 2007, Lafayette Mining Ltd, una empresa minera australiana, presentó una demanda por difamación contra el entonces director ejecutivo de CEC, ya que éste había denunciado los impactos de las actividades de la empresa. En 2019 y 2021, nuestra organización fue víctima de una práctica habitual mediante la cual el gobierno declara a personas y organizaciones como terroristas o comunistas. Lo hizo en represalia por las misiones humanitarias que realizamos tras un tifón y durante la pandemia. 

  También se nos amenazó con una redada policial en nuestra oficina, en represalia por ofrecer refugio a niños indígenas Lumad que se habían visto obligados a abandonar sus comunidades debido a la militarización, las amenazas y el acoso. Nuestras acciones de protesta pacífica suelen ser dispersadas violentamente por la policía y las fuerzas de seguridad privadas, y en 2019 un miembro del personal de nuestra organización fue detenido.

  Detrás de todos estos ataques están las fuerzas de seguridad del Estado junto con las fuerzas de seguridad privadas de las corporaciones. La policía y el ejército claramente se han convertido en parte de las fuerzas de seguridad de las corporaciones, utilizando medidas represivas para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Dado que muchos países, especialmente del sur global, están experimentando problemas medioambientales similares, reconocemos la necesidad de conectarnos con organizaciones de otros países. En 2015, el CEC se contó entre los convocantes de la Conferencia Internacional de los Pueblos sobre la Minería, que ofreció a personas defensoras del medio ambiente la posibilidad de aprender de las experiencias de los demás y coordinar campañas locales.

  El CEC también ayudó a crear la APNED, una red de campañas solidarias que provee apoyo mutuo para la realización de campañas, plantea los temas a nivel internacional, aboga por una mayor protección de las personas defensoras, realiza actividades de capacitación y facilita servicios. Creemos que la solidaridad entre personas defensoras es importante para ayudar a fortalecer los movimientos locales, así como la lucha internacional por nuestros derechos medioambientales.

  ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

  Incluso antes de la pandemia, existía preocupación por la inclusión de las personas defensoras del medio ambiente de base o en las primeras líneas en procesos internacionales tales como estas conversaciones sobre el clima. La falta de inclusión se hizo más evidente con la pandemia, ya que muchas OSC han tenido dificultades para asistir a causa de los requisitos y gastos adicionales. Además, sólo las organizaciones acreditadas pueden asistir a los actos oficiales, y son muy pocas las que están acreditadas. Asimismo, los informes de los gobiernos suelen estar muy alejados de la realidad. El empeoramiento de la crisis climática es la prueba de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.

  A pesar de ello, seguiremos participando en los eventos formales y paralelos de la COP26, con el objetivo de llamar la atención sobre la forma en que muchos países desarrollados y grandes empresas están profundizando la crisis climática mediante el acaparamiento de recursos y la explotación de los recursos naturales de los países pobres, exacerbando la pobreza existente, y de qué manera se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de su responsabilidad y falta de rendición de cuentas. También queremos destacar la importancia de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de nuestro entorno y la defensa de nuestros derechos medioambientales, y por lo tanto la necesidad de garantizar que no sufran más violaciones de sus derechos humanos por motivos políticos que les impidan realizar su importante labor.

  ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

  Esperamos que el marco capitalista orientado al beneficio cambie en Filipinas. Esto garantizaría el abordaje de los conflictos por los recursos, el mantenimiento de la protección del medio ambiente para el equilibrio ecológico, el establecimiento de auténticos programas de adaptación al cambio climático y la atención que los grupos vulnerables necesitan. Esto también supone responsabilizar a los países y a las empresas que contribuyen a la crisis climática y proporcionar apoyo a los países pobres para que puedan adaptarse.

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• COP26: “Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo”

  La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

  CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

  

  ¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

  Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

  En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

  Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

  En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

  Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

  Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

  ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

  Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

  Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

  Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

  ¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

  Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

  Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

  ¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

  Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

  Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

  ¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

  Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

  Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

  Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

  Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

  Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

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• COP26: “Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido”

   En portugues

  Mientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.

  CIVICUS conversa con Daniel Gutiérrez Govino, fundador de la Brigada de Incendios Forestales de Alter do Chão, un grupo que trabaja para prevenir, combatir y promover la coordinación sociopolítica contra los incendios en la selva amazónica en el estado de Pará, Brasil. Daniel también es cofundador del Instituto del Acuífero de Alter do Chão, institución que promueve proyectos sociales en la localidad de Alter do Chão, municipio de Santarém, estado de Pará.

  ¿Qué le llevó a convertirse en defensor del medio ambiente?

  Sentí la urgencia de trabajar para mantener al planeta viable para los seres humanos y otras especies. Me conmovió, y lo sigue haciendo hoy, la posibilidad de que los seres humanos reviertan sus acciones y su forma de pensar sobre nuestro papel en la naturaleza. Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido.

  ¿Qué hace la Brigada Alter do Chão?

  Trabajamos desde 2017 para prevenir y combatir los incendios forestales en Alter do Chão, en el municipio de Santarém, en el norte de Brasil. Reunimos a un grupo de voluntarios de la comunidad que, con gran valentía, han trabajado para proteger la biodiversidad, a la población de Alter do Chão y a la región de los incendios forestales. Para ello, recibimos formación del Cuerpo de Bomberos Militares, la Defensa Civil y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra. Hemos formado a nuevos brigadistas y promovido la coordinación sociopolítica y la comunicación con las comunidades locales.

  ¿Qué restricciones han enfrentado en respuesta a su activismo ambiental?

  En el caso de la Brigada de Alter do Chão, yo y otros tres brigadistas fuimos detenidos en 2019 bajo acusaciones infundadas de provocar incendios en un área de protección ambiental. Nuestro trabajo fue criminalizado porque propone soluciones y exige una transformación del contexto político local.

  Además, el contexto nacional actual es hostil para la sociedad civil organizada. Hemos sido chivos expiatorios en una narrativa que pretendía criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, en un momento en que el presidente del país y sus partidarios intentaban culpar a la sociedad civil del dramático aumento de los incendios forestales.

  También he enfrentado resistencias al intentar promover cambios en las políticas públicas actuales en el microcosmos de Santarém. El conservadurismo político y social socava todo movimiento que pretenda impulsar agendas progresistas. El gobierno, la policía civil y la élite local rechazan el activismo ambiental atacando nuestro trabajo. Hemos tenido suerte y nuestro privilegio nos ha mantenido con vida, pero los activistas de la Amazonia están permanentemente amenazados de violencia y muerte. No es una región segura para quienes luchan por la libertad y la justicia.

  ¿Qué tipo de apoyo recibieron cuando fueron criminalizados?

  Cuando nos detuvieron recibimos toda clase de apoyos, a nivel tanto nacional como internacional. El principal apoyo provino de los abogados penalistas pro-bono del Proyecto Libertad, que aún hoy nos acompañan. Pero también recibimos apoyo de instituciones nacionales como Proyecto Salud y Alegría y Conectas, así como de organizaciones internacionales como WWF Brasil, Artículo 19, Front Line Defenders y muchas otras.

  Salimos de la cárcel a los pocos días gracias a la actuación de estas redes de incidencia y protección. Sin embargo, el proceso penal contra nosotros continuó y ya lleva dos años, aunque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones en nuestra contra. A nivel federal, la investigación policial se cerró; sin embargo, las autoridades del estado de Pará han insistido en sus acusaciones. Recientemente, la fiscalía federal impugnó la competencia de la causa judicial, pero durante meses el proceso ha seguido dando vueltas en la justicia brasileña. Parte de nuestro equipo sigue estando confiscado hasta el día de hoy. Ya no tengo esperanzas de que se haga justicia.

  A pesar de todo, creo que la sociedad civil brasileña está saliendo fortalecida. Nuestro socio Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, que también trabaja en Alter do Chão, dice que se trata de algo así como un efecto búmeran. Creo que esta apreciación es brillante. Ellos nos atacan, y sus ataques nos hacen más fuertes.

  ¿De qué vías disponen los activistas de su región para buscar protección y apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan de la sociedad civil y de la comunidad internacional?

  Lo principal es conocer las redes de apoyo disponibles y coordinarse con ellas antes de que ocurra algo malo, es decir, coordinarse preventivamente. Esto incluye a instituciones nacionales e internacionales como las que nos apoyaron. Pero, sobre todo, es fundamental conocer las redes de apoyo locales.

  Los tipos de apoyos necesarios son específicos y dependen mucho de cada región. Brasil tiene un tamaño continental y las necesidades del sur, por ejemplo, no son las mismas que las de la Amazonia. Ni siquiera se puede decir que la Amazonia sea una región, porque es, de hecho, un continente con particularidades en cada región. Pero son estas redes las que pondrán en contacto a los que necesiten apoyo con los que puedan ayudar.

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• CUBA: ‘Las únicas opciones posibles son la prisión, el exilio o la sumisión’

  CIVICUS conversa con la activista cubana Carolina Barrero, exiliada en España desde febrero de este año, acerca de las circunstancias que llevan a cantidades cada vez mayores de cubanos y cubanas a salir del país.

  Carolina es historiadora del arte e integrante del movimiento 27N, constituido a partir de las protestas realizadas el 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para denunciar la falta de libertades, la represión del disenso y el acoso contra el Movimiento San Isidro, un movimiento de protesta formado por artistas. Fue obligada a salir de Cuba en represalia por su activismo en apoyo de familiares de presos políticos del 11J, las protestas del 11 de julio de 2021.

  ¿Por qué saliste de Cuba?

  Mi historia como activista forzada al exilio sigue el patrón utilizado por el aparato de seguridad del Estado para neutralizar a la disidencia. Muchas veces me dijeron que debía irme o de lo contrario sufriría consecuencias penales y eventualmente iría a la cárcel. Ninguna de esas veces cedí. Actualmente tengo cuatro causas abiertas, por instigación a delinquir, conspiración contra la seguridad del Estado, desacato y clandestinidad de impresos. En cada uno de los casos fui amenazada con ser procesada y encarcelada si no cesaba mi activismo. Me instaban a quedarme “tranquila”, un clásico eufemismo que utilizan para decir “sometida”.

  El 31 de enero de 2022 fui detenida en unaprotesta frente al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. Era el primer día deljuicio de un grupo de manifestantes del 11J. Estaba con otros activistas como Alexander Hall, Leonardo Romero Negrín, Daniela Rojo y Tata Poet, acompañando a las madres de los presos políticos que esperaban para poder ver a sus hijos a la distancia cuando los llevaran al tribunal. Cuando eso ocurrió todos aplaudimos y gritamos “libertad” y “son héroes”. La seguridad del Estado nos detuvo a todos violentamente, a los golpes, y nos subió a un camión jaula para llevarnos a distintas estaciones policiales.

  Al igual que las veces anteriores, la seguridad del Estado me dijo que tenía 48 horas para irme de Cuba. Pero esta vez me dijeron que, si no lo hacía, procesarían a doce madres de presos políticos por desorden público. En un primer momento creí que era solo una amenaza vacía, pero me dijeron ‘llevamos 20 años haciéndole esto a las Damas de Blanco’, que desde 2003 se movilizan por sus familiares detenidos. Es decir, estaban dispuestos a ir hasta el final.

  La dictadura cubana conoce muy bien cómo presionarnos utilizando a nuestras familias y nuestras vidas privadas porque nos tienen bajo vigilancia y lo saben todo. Por ejemplo, saben si tu madre sufre del corazón y le hacen una visita para obligarte a que te quedes tranquila y no la mates de un infarto. Si cometiste una infidelidad, te amenazan con mostrarle fotos a tu pareja. Si estás en la universidad, te amenazan con la expulsión. Si vives en una vivienda rentada, presionan a tus caseros para que te echen. Su táctica es detectar tu debilidad y chantajearte para someterte. Al final uno se cansa de esta vida y prefiere autocensurarse.

  Conmigo esas amenazas no tenían asidero, así que me amenazaron con atentar contra la libertad de terceras personas. Sabían de mis vínculos estrechos con las madres con hijos presos, y particularmente con Yudinela Castro y Bárbara Farrat. La mayoría de las madres vive en una situación de mucha precariedad y no puede denunciar las arbitrariedades que padecen. Muchas tienen a más de un hijo preso, o también a sus esposos, por lo que están bastante solas. Cuando me amenazaron con criminalizarlas y encarcelarlas, decidí que esta vez sí me tenía que ir.

  ¿Cuán diferente es la situación de los exiliados políticos de la de quienes emigran por razones económicas?

  En principio parecería haber una gran diferencia entre el exilio resultante del uso de la represión sistemática para castigar o neutralizar la disidencia política, y la emigración motivada por la asfixia social y económica. Sin embargo, esta clasificación oscurece las causas últimas de los factores que llevan a la gente a irse de Cuba.

  En una dictadura como la cubana, las razones profundas por las cuales la gente se va del país son siempre políticas. Todos los procesos de exilio cubanos, desde los años ‘60 hasta la fecha, tienen como trasfondo una causa política: la represión por parte del régimen. No solamente faltan las libertades políticas, sino todas las libertades necesarias para que uno pueda gestionarse su propio destino. En Cuba las personas no tienen agencia sobre ningún aspecto de su vida pública ni privada; todos los aspectos de la vida están controlados por el Estado cubano, que no es simplemente autoritario, sino totalitario.

  Nadie huye del paraíso. Nadie decide dejar su vida, su trabajo, su profesión y sus afectos para perseguir el “sueño americano”. Aunque haya casos en que el carácter forzado del exilio parece más claro que en otros, al final del día todo exilio de Cuba es un exilio forzado. Huimos para sobrevivir y para poder tener la oportunidad de ser.

  Muchos cubanos salen arriesgando sus vidas en el mar, cruzando selvas con sus bebés, para llegar a un lugar donde no conocen el idioma ni la cultura, todo para ser un poco más libres. En Cuba, si tú no encajas con el molde establecido por el Partido Comunista, el único partido autorizado y el que gobierna desde 1965, eres un criminal en potencia. Todo es determinado políticamente, desde el acceso a la educación y al sistema de salud hasta la posibilidad de ganarte la vida. La asfixia económica también tiene causas políticas: de ahí que sea engañoso distinguir tajantemente entre un exilio político y una migración económica.

  Tras las protestas del 11 de julio de 2021 y su represión, quedó más claro que nunca que las únicas tres opciones posibles para los cubanos son la prisión, el exilio o la sumisión. 

  Al igual que otros activistas cubanos exiliados, desde que saliste de Cuba no has parado de hacer incidencia internacional. ¿Piensas que el Estado cubano podría replantearse su táctica de ofrecer la salida en vez de la cárcel?

  Hoy por hoy, al Estado cubano le preocupa más tenernos dentro, encendiendo el fuego de la protesta, que afuera, denunciando la represión en foros internacionales. Pero creo que el régimen se equivoca en sus cálculos, porque quienes salimos al exilio no nos olvidamos de Cuba y no estamos dispuestos a abandonar la causa de la democracia. Y la incidencia internacional juega un importante rol en esta lucha.

  Esto que al régimen le puede parecer inocuo es una parte fundamental del activismo para poner fin a la dictadura porque ataca uno de los pilares fundamentales que han sostenido al régimen: la eficacia de la propaganda internacional. El Estado cubano ha destinado una enorme cantidad de recursos a la diplomacia para que cada embajada sea un centro de propaganda que promueva el relato, la épica y el mito de la Revolución Cubana.

  Para contrarrestar el efecto de esa propaganda sobre la opinión internacional, Cuba ahora tiene en nosotros un creciente ejército de embajadores que ha sido testigo y parte del último ciclo de protestas y puede dar cuenta en los foros internacionales de lo que realmente ocurre en Cuba. Creo firmemente que en buena medida la caída de la dictadura dependerá de la caída del mito. Esta es una labor importante para nosotros en el exilio.

  ¿Cuáles son las probabilidades de que se produzca una transición política en Cuba?

  No me atrevo a hacer predicciones con un tema tan delicado y tan deseado por los cubanos a lo largo de décadas. Lo que sí puedo destacar es un hecho: el régimen cubano nunca ha estado tan débil como ahora. Tras las protestas masivas, el régimen ya no puede ocultar la amplitud del descontento, que históricamente ha adjudicado a cinco opositores sueltos que según su narrativa están financiados por “el imperio”. El descontento social es evidente y masivo, y alcanza a todos los rincones de la isla y a todos los sectores sociales. La dictadura ya no posee el apoyo de los más pobres o de aquellos a quienes dijo defender, sino apenas de la cúpula militar y burocrática.

  También tiene un grave problema de sucesión. Desde que Miguel Díaz-Canel asumió el poder tras ser designado por Raúl Castro, no ha tomado ni una decisión administrativa que le haya valido un elogio. Todo ha sido un desastre y se le recordará como un dictador incompetente y con muy poco carisma. Creo que el régimen piensa las 24 horas del día en cómo solucionar esta especie de vacío de poder, ya que Díaz-Canel no tiene credibilidad alguna ni siquiera entre los funcionarios, y desmoraliza al propio aparato represor. El problema es que no tienen con quién reemplazarlo ni saben cómo. Podrían escenificar una votación, pero la situación está tan delicada que saben que todo podría salírseles de las manos muy fácilmente. Podrían incluso escenificar un autogolpe, pero este también es un camino muy delicado que podría ser letal. 

  En la actual coyuntura internacional, la posición de Cuba frente a la invasión rusa de Ucrania vuelve a la dictadura cubana, la más antigua del hemisferio occidental, aún más difícil de justificar ante la opinión internacional. Justificar a Cuba se ha vuelto un desafío incluso para quienes tienen un marcado sesgo ideológico. A estos factores se suman la crisis económica, social y humanitaria, todo lo cual amenaza al régimen y a su continuidad. Ante la crisis energética y el desabastecimiento de bienes básicos, el propio canciller cubano ha solicitado apoyo a la administración Biden, algo totalmente inaudito. La ironía es total: en Cuba hay personas presas acusadas de mercenarismo por haber recibido apoyo estadounidense, y resulta que ahora el propio gobierno cubano se ha convertido en mercenario según sus propias definiciones.

  Lo que vaya a pasar o no, no me atrevo a pronosticarlo. Creo que las protesta no serán silenciadas y nuestras voces se seguirán escuchando. Solo espero que la transición democrática se produzca a través de un proceso pacífico y no de la violencia. 

  Más allá de derribar a la dictadura, el objetivo –y el desafío- es construir una democracia. Para ello necesitaremos el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como CIVICUS. Tras seis décadas de anestesia cívica y política, en los últimos años la sociedad civil cubana ha despertado y demostrado que tiene la capacidad, la voluntad y la determinación de avanzar hacia la democracia. Tenemos abierta una ventana de la oportunidad y, como diría el escritor cubano José Lezama Lima, tenemos la potencia del cambio.

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• CUBA: “Todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos”

  CIVICUS conversa acerca de la reforma de los códigos Penal y de las Familias cubanos y de las reacciones del régimen a las grandes protestas de 2021 con Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma cubana.

  

  Foto de María Lucía Expósito

  ¿Cuál es tu balance de la reciente reforma del Código Penal cubano?

  La reforma del Código Penal no se entiende sin referencia a las protestas del año pasado. El argumento que se dio para justificar la reforma refirió a la reforma de la constitución: una vez actualizada la constitución en 2019, era necesario hacer esta reforma. Pero ya el proceso constitucional resultó engañoso: uno pensaría que una actualización constitucional es algo positivo, pero en Cuba no necesariamente es así. El proceso de reforma constitucional ya de por sí fue complicado: se hizo el ritual de la consulta pero fue básicamente impuesta. Y en términos de sustancia, la nueva constitución contiene muchos elementos cuestionables, que son los que debieran haberse reformado, pero se trasladaron intactos de la vieja constitución.

  Por ejemplo, si bien la nueva constitución reconoce la existencia del mercado, continúa declarando que el sistema vigente es el de la economía socialista y subraya el carácter “irrevocable” del socialismo. El sistema de partido único continúa intacto, con el Partido Comunista Cubano reconocido como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” en función de “su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo”.

  Dicho esto, otras libertades que la Constitución también reconoce se vacían de sentido. Por ejemplo, la Constitución reconoce “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, […] siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley” – la misma ley que establece que la única pertenencia política legítima es al Partido Comunista Cubano.

  Lo mismo ocurre con la libertad de expresión y creación artística, reconocida si se ejerce “conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista”, o sea, solo si se expresa aquiescencia, pero no si se expresa un pensamiento crítico.

  Pero en función de esta reforma se sostuvo que se debía actualizar el resto del marco legal, incluidos el Código Penal y el Código de las Familias. En el caso del Código de las Familias, esto era realmente necesario, porque no se actualizaba desde 1975 y estaba totalmente desajustado en relación con la realidad de la sociedad actual. La reforma del Código Penal también se justificó por la necesidad de “modernizar” la legislación y codificar delitos que el anterior, que databa de 1987, no reconocía, como los delitos ambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género. Pero desde mi perspectiva, esta reforma solo se entiende en referencia a las protestas de julio del año pasado y sus antecesoras: las del 11 de mayo de 2019, el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021.

  Con el objeto de proteger al régimen del disenso, todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos de desorden público y contra la seguridad del Estado y se penaliza la financiación extranjera de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación. Así se busca ahogar a los medios disidentes, porque ¿cómo se va a financiar en Cuba un medio que no esté alineado con el Estado?

  También se han endurecido las penas para varios delitos. La pena de muerte no solamente no se ha eliminado, sino que se ha agregado para algunos delitos más. La edad de imputabilidad es de las más bajas del mundo ¿Qué clase de modernización es esta? Por algún motivo se decidió no someter esta reforma a ninguna clase de consulta.

  Si se analiza la producción de leyes de los últimos años, es evidente que ha habido un proceso de blindaje del régimen, que además ha avanzado más allá de controlar las acciones, para intentar también controlar el pensamiento. Este blindaje se cierra con el Código Penal, que busca evitar que se repitan las protestas del año pasado y acallar cualquier disenso

  ¿Cómo se entiende la discrepancia entre esta reforma tan regresiva del Código Penal y la aparentemente progresista reforma del Código de las Familias, actualmente en curso?

  El Código de las Familias también debió actualizarse tras la reforma constitucional, aunque en realidad hubiera debido –y hubiera podido– ser reformado mucho antes. La primera vez que oí hablar oficialmente en Cuba sobre el matrimonio igualitario fue en el año 2007. Ya desde entonces hubo peticiones de reforma surgidas de la academia, que es donde se concentraba el activismo vinculado a cuestiones de género, derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

  Pero hubo mucha resistencia y la excusa era que para reconocer el matrimonio igualitario se necesitaba reformar la constitución. Lo cual obviamente no era cierto: el matrimonio estaba regulado por el Código de la Familia y no por la constitución y cuando ésta se reformó, no se incorporó este derecho, sino que se lo excluyó y se lo dejó pendiente para cuando se reformara el Código de las Familias.

  El tema del matrimonio igualitario volvió a quedar en el centro del debate desde el momento que, como consecuencia de la reforma constitucional, se debe reformar el Código de las Familias, y entonces recomenzaron las presiones para que este derecho que no se consagró constitucionalmente fuera incluido en el Código – cosa que se podría haber hecho en 2007, 15 años atrás. Pero claramente en Cuba se gobierna así.

  En el Código de las Familias que se llevó a consulta no hay protección especial para las infancias trans. Nada, ni una mención, aunque sabemos que este grupo presenta altas tasas de abandono escolar, expulsión del hogar y bullying escolar, por parte tanto de alumnos como profesores, es decir, una total imposibilidad de vivir su identidad de género con garantías. Cuando crecen, las personas trans, y particularmente las mujeres trans, son las víctimas predilectas de disposiciones punitivas relativas a “conductas predelictivas”. Algo tan fascista que ya no está más con ese nombre en el actual Código Penal, pero que seguirá vigente en otras disposiciones, en el imaginario de los operadores del derecho y en los sesgos que de hecho seguirán existiendo. 

  ¿Por qué estamos discutiendo estos temas ahora? Daría la impresión de ser una cortina de humo, una maniobra para aplacar una demanda sin hacer cambios profundos en el régimen político. Las dos estrategias que parecen ser contradictorias -una reforma regresiva del Código Penal y una reforma aparentemente progresista del Código de las Familias- apuntan en la misma dirección, la estabilización del régimen.

  Digo “aparentemente progresista” porque después de todo un proceso de consultas, ahora el parlamento debe tomar las propuestas recibidas, reformular el proyecto y fijar una fecha para un referendo que lo convierta en ley. Todavía no sabemos qué va a quedar en ese proyecto y qué se va a diluir o a modificar. Tampoco se sabe cómo se traducirá ese documento a la vida cotidiana de las familias cubanas. 

  ¿Cuáles son elementos positivos que se espera que entren en el nuevo Código de las Familias?

  Uno de los temas incluidos en el proyecto del Código de Familias es el matrimonio entre personas del mismo sexo, con posibilidad de adopción. Otro tema que se ha incluido es el de la llamada gestación solidaria, o gestación subrogada, hasta ahora ilegal. Este último genera una preocupación enorme entre las activistas feministas. Recordemos que estamos en un contexto de machismo brutal y de feminización de la pobreza. ¿Cómo se regulará la gestación solidaria? Aunque la ley sea clara en relación con la prohibición de remuneración, ¿cómo se podrá evitar en este contexto el desarrollo de un mercado negro basado en la explotación de las gestantes?

  Otro tema importante es el de los derechos de los abuelos a tener relación con sus nietos, que tiene su contraparte en algunas disposiciones sobre responsabilidad parental, entre las que se contarían la de respetar y facilitar el derecho de los hijos a mantener comunicación con sus abuelos y otros parientes cercanos.

  Otro parteaguas es de hecho el tema de la responsabilidad parental, que viene a sustituir al concepto de patria potestad, con un desplazamiento interesante de la idea del poder de los padres y madres sobre los hijos a la idea de que los padres y las madres tienen una responsabilidad sobre los hijos e hijas. Esto es muy interesante, y sin embargo ha generado revuelo, no solo desde sectores socialmente conservadores, sino también por parte del activismo político.

  Esto hay que entenderlo en el contexto político de Cuba. Los y sobre todo las activistas –no necesariamente conservadoras– piensan que el énfasis en la responsabilidad le permitiría al Estado aducir irresponsabilidad para quitarles a sus hijos, o utilizar esta amenaza para obligarles a desistir de su activismo. Muchos activistas, y en particular las mujeres con responsabilidad maternal, hemos recibido esta clase de amenaza, con comentarios tales como “cuida a tus hijos”, “sabemos que estás con tu hija”, “ten cuidado por tu hijo”.

  Pero yo pienso que estas amenazas de hecho ya existen, y lo que podría ocurrir bajo el nuevo Código es que también los padres sean obligados a hacerse cargo de sus responsabilidades –algo que actualmente no sucede en Cuba, con la consecuente feminización de la pobreza. Al igual que en otras partes de la región, han aumentado masivamente los hogares monoparentales, liderados por mujeres, algo que las cifras oficiales no reconocen.

  Otro asunto en que se ha centrado la discusión es el de la autonomía progresiva de los niños y niñas. Sabemos que el castigo –incluso físico– se encuentra normalizado en Cuba, y que los padres toman decisiones importantes por sus hijos, sin consultarles. La idea de que los padres tienen que decidir todo por sus hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad ha cambiado con el tiempo, y ha sido reemplazada por el concepto de que los niños van adquiriendo progresivamente la capacidad de tomar sus propias decisiones. Personalmente creo que como padres ya no debemos hablar estrictamente de crianza, sino más bien de acompañamiento de nuestros hijos en el aprendizaje.

  Un tema importante contenido en la versión del documento que se llevó a consulta fue el del matrimonio infantil, incorporado a último minuto como resultado de una fuerte presión del activismo feminista, medios independientes y personas aliadas. Es un tema vital pero las personas encargadas de legislar no lo habían visto.

  Muchos de estos temas han generado controversia, pero no considero que haya habido un auténtico debate. En un marco de semejante polarización política, el país no está preparado para debatir. Como lo han reportado activistas que participaron como observadores independientes, los debates que han tenido lugar en las etapas consultivas han estado mal orientados y no han sido liderados por personas bien entrenadas para conducirlos. En Cuba realmente no existe el debate; simplemente se escuchan monólogos a favor y en contra.

  ¿Qué otros problemas has detectado?

  En términos generales, el problema no está en el contenido del Código de las Familias. Las mujeres somos más de la mitad de la población, y si se cuenta también a niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes al colectivo LGBTQI+, el nuevo Código estaría respondiendo a las necesidades de una amplia mayoría.

  Pero tenemos grandes dudas respecto de las razones por las cuales se lo está impulsando justo ahora, sobre todo por el modo en que se alentaron algunas controversias que sirvieron para oscurecer el hecho de que al mismo tiempo se nos estaba imponiendo, sin ningún debate, una reforma terriblemente regresiva del Código Penal. 

  En el nuevo Código Penal, todo lo que hacemos en tanto que activistas y ciudadanos está criminalizado. Es un código medieval. El Código de las Familias, en cambio, se nos presenta como ultramoderno y consensuado, lo cual también genera incertidumbre respecto de su implementación. Pero mientras de la implementación del Código Penal no nos quedan dudas –sabemos que será implementado a rajatabla– del Código de las Familias, si termina siendo todo lo moderno y progresista que se anuncia, tengo enormes dudas de que sea realmente aplicado. 

  En gran medida, quienes se verían beneficiados por el nuevo Código de las Familias son los mismos que serán reprimidos con el nuevo Código Penal. Quienes están protestando por liberar a los activistas encarcelados tras las protestas de 2021 son, en su mayoría, madres solas que reclaman la libertad de sus hijos. Quienes salieron a las calles a protestar eran pobres, afrodescendientes, personas trans e hijos de madres solas. Este problema existe desde hace mucho tiempo y no ha habido políticas públicas para resolverlo. No se ha hecho el más mínimo intento de hacer políticas públicas con un enfoque de género. Los cambios que puedan resultar del Código de las Familias, en este contexto, son más que relativos.

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• EL SALVADOR: “La justicia patriarcal persigue, tortura y abusa de las mujeres”

  CIVICUS conversa con Sara García Gross acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño y la lucha de las mujeres de El Salvador por el derecho al aborto.

  Sara García Gross es coordinadora de incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Fundada en 2009, la organización concientiza a la ciudadanía para cambiar las leyes sobre el aborto, provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por abortos o delitos relacionados, y difunde información sobre la importancia de que las mujeres reciban asistencia adecuada en materia de salud sexual y reproductiva para evitar que recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.

  ¿Qué reclama el movimiento feminista de El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos?

  Como feministas estamos luchando para cambiar la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. En El Salvador se persigue a las mujeres injustamente. Se violan los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que viven en situación de pobreza, y de las que viven en zonas rurales del país. En ese sentido, desde el movimiento feminista luchamos para cambiar este marco normativo tan restrictivo, absolutista y absurdo.

  También luchamos por la libertad de las mujeres. En la actualidad hay doce mujeres que están en la cárcel pagando penas que son sumamente injustas. Nuestra lucha es por la libertad y la vida de las mujeres. Queremos que el aborto sea legal en El Salvador. Luchamos por que las mujeres tengamos el derecho de construir nuestro proyecto de vida. Denunciamos los embarazos impuestos; esto constituye una forma de tortura. Hay niñas de apenas diez años que enfrentan la maternidad forzada, Hay jóvenes que no han recibido educación sexual y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos para que se garantice el derecho a recibir una educación sexual integral.

  También luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+, porque los crímenes de odio son otra forma cruel de tortura que el Estado impone o condona.

  ¿Qué tácticas utiliza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto?

  En nuestra lucha por la libertad de las mujeres hemos impulsado múltiples estrategias, empezando por el litigio estratégico para conseguir desde conmutaciones de penas hasta revisiones de sentencias. El foco está puesto en conseguir la libertad, llevando a la práctica la consigna feminista “Yo te creo hermana”. Luchamos para que se reconozca la inocencia de las mujeres que enfrentan penas injustas y absurdas.

  Pero la estrategia jurídica no ha sido la única estrategia clave; también ha pesado mucho la movilización social a nivel nacional y regional. El movimiento feminista se ha organizado y se ha pronunciado en relación a los casos de las mujeres criminalizadas. Se han organizado plantones frente a embajadas de El Salvador y de otros países, se han enviado cartas a los juzgados y se han hecho campañas por la justicia reproductiva, tales como la campaña “Nos faltan las 17”.

  Otra de nuestras grandes estrategias ha sido interpelar al sistema interamericano de derechos humanos. Hemos llevado el caso de la mujer conocida como Manuela a la Corte IDH, logrando que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.

  Otra estrategia ha sido la recolección de evidencia. Hemos realizado una investigación titulada “Del hospital a la cárcel” que nos ha permitido visibilizar esta problemática. A través de una revisión y análisis de expedientes, sentencias e instrucción, hemos logrado entender contra quiénes apunta la legislación antiaborto, a quiénes persigue: mujeres jóvenes y pobres que viven en zonas rurales. Esto constituye discriminación interseccional.

  Las campañas, diálogos, y debates que impulsamos a nivel de la academia y de las comunidades en diferentes territorios también han formado parte de nuestra estrategia. Los procesos de incidencia política son fundamentales para que, a partir de ventanas de oportunidad que se identifiquen en la Asamblea Legislativa u otras instituciones del Estado, puedan presentarse nuevas propuestas de ley.

  En el pasado se presentaron varios proyectos para reformar el artículo 133 del Código Penal de modo de despenalizar el aborto bajo cuatro causales. Estos proyectos estuvieron lejos de aprobarse; en algunos casos fueron rápidamente archivados y en otros languidecieron durante años en comisiones legislativas. Las organizaciones de mujeres fueron recibidas con gran hostilidad. Sin embargo, nuestras estrategias de incidencia política lograron poner el tema del aborto en la agenda pública.

  ¿Qué piensa la opinión pública salvadoreña sobre el aborto? ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para instalar una narrativa alternativa a la criminalización?

  En la opinión pública hay una amplia aceptación de la causal vinculada a salvar la vida de las mujeres: más de la mitad de la población lo ha manifestado en diversas encuestas.

  Vivimos en un país conservador, con algunos grupos fundamentalistas que se autodenominan a favor de la vida. La realidad es que están a favor del aborto clandestino, de la criminalización, y de la muerte de las mujeres. Estos grupos sostienen una doble moral que nosotras, como sociedad civil organizada y feminista, ponemos en evidencia. Mientras que las mujeres que viven en situación de pobreza son criminalizadas, las que cuentan con recursos económicos viajan y acceden a abortos seguros. Esta doble moral es inaceptable.

  Para nosotras es importante visualizar otras narrativas y dar a conocer la realidad de las mujeres. Disminuir el estigma exige mostrar, humanizar, hablar de historias y proyectos. Se trata de mujeres que tenían un proyecto de vida que la violencia de Estado les impidió concretar.

  Dialogar sobre el tema en diferentes espacios, humanizar esta realidad, y cuestionar este sistema que impone el mandato de la maternidad -un prejuicio de género-, permite abordar el tema sin estigmas ni prejuicios y, sobre todo, desde una perspectiva de derechos humanos.

  ¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte IDH en el caso Manuela?

  Este fallo llegó tras años de trabajo y lucha. Empezamos acompañando el caso en el año 2011, dando acompañamiento psicosocial, político y jurídico a la familia de Manuela.

  La incidencia en el sistema interamericano fue fundamental. El fallo en el caso de Manuela es histórico: la Corte IDH ha reconocido que Manuela era inocente, que realmente enfrentó una emergencia obstétrica, y que los estereotipos de género, empezando por el mandato de la maternidad, permearon todo el proceso. La Corte IDH ha entendido que la penalización absoluta del aborto genera criminalización y obstáculos para acceder a derechos reproductivos.

  La sentencia tiene efectos tanto a nivel nacional como a nivel regional. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga tanto a El Salvador como al resto de los países de la región a tomar una serie de medidas. Primero, garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos vinculados con el aborto. Segundo, asegurar que no se apliquen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que restringen a las mujeres a roles reproductivos y les adjudican un instinto maternal. Tercero, garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.

  El Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo algunas acciones adicionales en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Primero, mientras esté en proceso de regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, debe eliminar la práctica de los profesionales médicos de denunciar a las mujeres que recurran a ellos en busca de servicios de salud reproductiva. Segundo, debe reparar de manera integral a la familia de Manuela. Tercero, debe realizar cambios legislativos y de política pública para asegurar la no repetición, de modo que nadie más sufra una situación similar, por ejemplo garantizando la atención integral en casos de emergencias obstétricas y adecuando la figura de prisión preventiva para que se aplique solo de forma excepcional.

  Nosotras continuamos luchando para que las mujeres nunca más sean criminalizadas. Aún hay 12 mujeres que siguen privadas de libertad, pero creemos que el caso de Manuela ilumina estas injusticias y nos da fuerza para seguir luchando. Para nosotras, Manuela es justicia y esperanza.

  ¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en El Salvador de sus pares de todo el mundo?

  Nosotras consideramos que la solidaridad feminista es fundamental. Queremos visibilizar este tema en la región y en el mundo. Queremos que se hable de lo que está ocurriendo aquí. Queremos que se hable de las consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto. Queremos que se hable de cómo este sistema punitivista no resuelve nada.

  No puede ser que el ejercicio de un derecho reproductivo -un derecho a la salud- sea tratado como un crimen con penas de cárcel. Necesitamos poner los ojos del mundo sobre El Salvador y que el Estado salvadoreño se sienta observado. Debemos exigir, en cada oportunidad que tengamos, libertad para las mujeres, libertad para las 12 que siguen presas, y reparaciones para todas las mujeres que han enfrentado esta criminalización. Debemos exigir que el aborto sea un derecho reconocido por ley.

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• EL SALVADOR: “Las elecciones son solamente un trámite para dar luz verde a una dictadura”

  
  CIVICUS conversa acerca de las elecciones generales de El Salvador con Carolina Amaya, periodista salvadoreña independiente especializada en crisis climáticas y conflictos socioambientales.

   

  ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones generales?

  Al cumplirse 80 años del fin de la dictadura de Maximiliano Martínez, El Salvador se acerca a una nueva dictadura. El 4 de febrero, con la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños perderemos la garantía de nuestros derechos humanos básicos.

  La primera gestión de Bukele se caracterizó por la violación masiva de derechos humanos: militarización desmedida, un prolongado régimen de excepción, estigmatización y criminalización de la pobreza como sinónimo de vínculos con pandillas, ataques a la prensa independiente, despojo de tierras, destrucción ambiental, persecución de defensores ambientales, y la lista sigue. Esa realidad es maquillada por la propaganda que difunden medios de comunicación y creadores de contenidos alineados con el gobierno. Su narrativa se resume en que las pandillas regresarán a las calles si Bukele o su partido, Nuevas Ideas, pierden el poder.

  Bukele está buscando su reelección como resultado habiendo ignorado la Constitución de El Salvador, que no lo permite. Por lo tanto, su nueva gestión será inconstitucional, así como todas las decisiones que tome. Es de temer que todos los derechos establecidos en esa misma constitución sean violentados. Además, ya no podremos saber cuánto tiempo Bukele y su círculo se mantendrán en el poder.

  En suma, lo que está en juego en estas elecciones es nuestra agonizante democracia. La ciudadanía salvadoreña se expresará en las urnas, pero no es posible saber si en el futuro podrá volver a hacerlo libremente.

  ¿Cuáles son las perspectivas de que estas elecciones sean verdaderamente libres y competitivas?

  Las elecciones serán libres, pero completamente irregulares dado la participación del candidato que se perfila como ganador es inconstitucional. El proceso está viciado desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de la candidatura de Bukele, pese a estar inhabilitado para la reelección.

  En cuanto al elemento de competitividad, hay otros partidos con otras propuestas, pero la competencia es desigual. El partido de gobierno ha hecho uso de fondos oficiales para su campaña electoral, mientras que los demás debieron financiarse con fondos propios para hacer frente a una maquinaria bien financiada y con fuerte presencia tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales. Esto aniquila toda alternativa, por lo que las elecciones son solamente un trámite para dar luz verde a una dictadura.

  La democracia nacida en 1992 se ha ido degradando a través de los años. Cada partido político que ha ejercido el poder se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. La corrupción, la prepotencia de las elites, la ineficacia del Estado y la falta de transparencia han generado descreimiento generalizado. Las comunidades más precarias se han vuelto bastiones del bukelismo porque dependen de sus políticas asistencialistas para satisfacer necesidades inmediatas, ya que tienen claro que no pueden esperar soluciones de largo plazo.

  El gobierno ha hecho una intensa campaña electoral en torno de la entrega de cajas de alimentos y de la inauguración de obras, cosas que están prohibidas por el Código Electoral. No hay autoridad que pueda poner freno a estas ilegalidades porque toda la estructura estatal, incluido el poder judicial y los órganos de contralor, está cooptada por el bukelismo.

  ¿Cuál ha sido el clima de opinión de cara a las elecciones generales?

  En redes sociales como YouTube y TikTok predominan la desinformación y la manipulación de la información predominan, mientras que en medios televisivos se ha impuesto una campaña del miedo. Esto no es novedad en El Salvador: durante mucho tiempo los partidos políticos explotaron en campaña el temor de que El Salvador pudiera convertirse en otra Cuba u otra Venezuela. Ahora la amenaza se enfoca en la seguridad y la preservación de la vida.

  Es muy preocupante el modo en que este mensaje ha calado en la ciudadanía salvadoreña, al punto no solamente de normalizar la candidatura inconstitucional de Bukele sino también de darle la certeza de que ganará cómodamente.

  ¿Cómo se han posicionado la sociedad civil, la oposición política y la opinión pública frente a la política de seguridad del gobierno?

  El gobierno de Bukele ha sido autoritario a lo largo de todos estos años y en muchos sentidos, no solamente en lo que se refiere a la política de seguridad. Durante la pandemia encerró a miles de personas que no acataban el aislamiento. Cuando acabó la cuarentena instauró el régimen de excepción que le permite espiarnos, perseguirnos y capturarnos. Ha militarizado las calles, y esto se ha intensificado en enero de 2024, y particularmente en vísperas de las elecciones presidenciales. Los militares están patrullando cada barrio de San Salvador, la ciudad capital, para demostrar su presencia y su poder.

  La población en general agradece el que las pandillas perdieran gran parte del control del territorio. Ese es el principal logro de la gestión Bukele. El problema es que la mayoría desconoce la realidad de las negociaciones de Bukele con las pandillas, por lo que piensa que logró limpiar las calles de pandilleros solo con someterlos al régimen de excepción.

  El manejo mediático de las imágenes de los pandilleros en las cárceles ha sido muy efectivo, al punto que ha tenido repercusiones internacionales. En varios países de Latinoamérica que experimentan el flagelo del crimen organizado la gente reclama por una figura autoritaria como Bukele para ponerle fin. Hasta la presidenta de Honduras, ideológicamente muy lejana a Bukele, ha optado por la militarización y el uso de la represión para lidiar con las pandillas.

  ¿Cómo se ha restringido el espacio cívico durante la presidencia de Bukele?

  Desde mi rol de periodista puedo atestiguar que muchas personas les escapan a las cámaras porque no se atreven a hacer declaraciones públicas. Fuentes de años dejaron de atenderme a partir de 2019, cuando llegó Bukele al poder. En los cinco años de esta gestión esta situación se ha profundizado. La libertad de expresión es cada vez más limitada, al igual que la libertad de reunión. Por ejemplo, cuando se convocan marchas en la capital se activan dispositivos policiales para retener los buses que vienen desde el interior.

  El acoso a voces disidentes se ve también en redes sociales. Día tras día, periodistas y personas defensoras de derechos humanos son denigradas por ejércitos de trolls. Yo misma he sido sido una de las 10 periodistas más atacadas en Twitter. Los ataques contra nosotras suelen tener contenidos misóginos.

  Algunas organizaciones, como Acción Ciudadana, la Asociación de Periodistas de El Salvador y Cristosal, denuncian la falta de un ambiente libre para opinar, pues estas denuncias no han surtido mayor efecto. La libertad de expresión ha continuado degradándose. Un país sin libertad de expresión, donde se violan derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos son perseguidas, no es otra cosa que una dictadura.

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• EL SALVADOR: “Legalizar el aborto equivale a reconocer la condición ciudadana de las mujeres”

  CIVICUS conversa con la Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, acerca de la lucha por el derecho al aborto en El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo.

  Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil salvadoreña que busca generar conciencia pública sobre temas de salud sexual y reproductiva, aboga por la reforma de lalegislación sobre el derecho al aborto y provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por aborto o delitos relacionados.

  ¿Cuál es la situación de las mujeres que abortan en El Salvador?

  Actualmente la legislación de El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera si se trata de un embarazo en una niña de nueve años, absolutamente impuesto, de un embarazo con riesgo de vida a la persona gestante, o de un caso de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Incluso en los embarazos ectópicos, que se producen fuera del útero y no pueden ser llevados a término, los médicos normalmente se ven obligados a esperar a que no haya latido fetal para hacer la interrupción, poniendo en grave riesgo de hemorragia a la persona gestante.

  Esa es la realidad que enfrentan las mujeres que buscan terminar un embarazo en El Salvador. Enfrentan restricciones legales, denuncias, persecución judicial y riesgo de cárcel. Solo les queda el aborto clandestino, que muchas veces es inseguro. Las mujeres en situación de pobreza enfrentan riesgos mucho mayores; las que tienen recursos económicos pueden salir del país y buscar asistencia en alguna parte donde el aborto sea legal, mientras que las que no los tienen carecen de opciones.

  Esto explica que el suicidio se haya convertido en la primera causa indirecta de muerte materna entre adolescentes. Ante la falta de alternativas para la interrupción del embarazo, algunas adolescentes con embarazos impuestos o no deseados recurren al suicidio como única salida.

  ¿Cómo trabajan las organizaciones feministas de El Salvador, y Agrupación Ciudadana en particular, en pos de la descriminalización del aborto?

  Las organizaciones feministas en El Salvador – y en particular la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista – hemos trabajado para generar una conversación sobre aborto desde nuevas perspectivas. Lo hemos abordado como tema de salud pública, de justicia social y de justicia reproductiva, así como también desde la perspectiva de la democracia, ya que al fin y al cabo de lo que se trata es de reconocer la condición ciudadana de las mujeres.

  Desde la Agrupación Ciudadana trabajamos en tres ejes combinados. El primero de ellos es el litigio y la defensa legal de mujeres criminalizadas en causas de aborto o emergencias obstétricas. Hemos denunciado esto como una violación de derechos humanos y hemos logrado sacar de la cárcel a 73 mujeres que habían sido condenadas.

  El segundo eje es el de las campañas y la incidencia por el cambio legal. Hemos difundido una narrativa de defensa de los derechos y la libertad de las mujeres, y hemos presentado iniciativas de reforma del Código Penal, además de un recurso de inconstitucionalidad y peticiones de seguimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la necesidad de reformar la legislación.

  En este terreno hemos realizado avances desiguales. Ha habido progresos en el terreno de la opinión pública, pero éstos no se han reflejado todavía en el marco legal, en parte porque el sistema político en El Salvador es controlado por un solo partido, y en parte porque los poderes religiosos y conservadores tienen gran influencia sobre el Estado.

  El tercer eje de nuestro trabajo es el litigio en instancias internacionales como el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.

  ¿Quiénes se posicionan a favor y en contra del aborto legal en El Salvador?

  Los bloques en pugna, en El Salvador, no son homogéneos. El que se opone activamente al aborto no es muy numeroso, pero incluye a gente con mucho poder económico, influencia mediática y capacidad de presión sobre las instituciones. No son muchas personas, pero tienen mucho poder. Por ejemplo, para una reciente audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se prepararon muy bien, contratando a estudios jurídicos muy caros. Tienen también su ejército de troles en redes sociales que atacan y amenazan a quienes sostenemos que es necesario cambiar.

  Sin embargo, el lado del cambio hay numerosas organizaciones, no solamente feministas y con foco en los derechos de las mujeres, sino también organizaciones de derechos humanos que poco a poco han ido comprendiendo que la penalización absoluta del aborto es una violación de los derechos humanos. Estas organizaciones han apoyado las audiencias en la Corte IDH a pesar de que la despenalización del aborto no es el eje central de su trabajo. Simplemente nos han apoyado desde una perspectiva de justicia social ante una realidad que es demasiado injusta para las mujeres, y para las mujeres pobres en particular.

  Se trata, en suma, de un amplio espectro de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, pero que trabajan fuera de las instituciones y tienen muchos menos recursos económicos y acceso a medios de comunicación de gran influencia.

  ¿Qué significación podría tener el esperado fallo de la Corte IDH sobre el Caso Beatriz?

  El caso Beatriz, emblemático en la lucha por la legalización del aborto en El Salvador, es el caso de una joven a quien el Estado de El Salvador impidió abortar, aunque su embarazo ponía en peligro su integridad física y su vida.

  Un fallo de la Corte IDH sobre el caso tendría enorme significación. Ya a fines de 2021 la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por el caso Manuela, una joven criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica, y que murió por no recibir la necesaria atención médica. Este fallo estableció que la criminalización de mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas es inseparable del contexto de penalización absoluta del aborto.

  Un fallo en el caso Beatriz pondría en evidencia otras derivaciones de la prohibición absoluta del aborto y podría derivar en una flexibilización de la legislación que priorice los derechos de las mujeres.

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• GUATEMALA: ‘El derecho penal es utilizado como arma de persecución política’

  CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.

  Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.