América del Norte
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COP26: “El norte global debe rendir cuentas y comprometerse con la lucha contra el cambio climático”
Mientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.
CIVICUS conversa con Lorena Sosa, directora de operaciones de Zero Hour, un movimiento dirigido por jóvenes que busca generar vías de acceso, ofrece formación y distribuye recursos para nuevos activistas y organizadores jóvenes. A través de Zero Hour, Lorena ha apoyado el trabajo de activistas de Jamaica, Filipinas y Singapur, buscando generar acción inmediata y llamar la atención sobre los impactos del cambio climático.¿Cuál es el problema climático de tu país en que trabaja tu organización?
Actualmente, Zero Hour está abocada a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en la política estadounidense y busca subsanar la ausencia de recursos para la organización y movilización por el clima. Recientemente hemos logrado organizar una manifestación virtual, “End Polluter Welfare” (“Acabemos con el Estado de bienestar para los contaminadores”), que contó con la participación del senador líder de la mayoría Chuck Schumer y el diputado Ro Khanna, así como una movilización llamada “People Not Polluters” (“La gente contra los contaminadores”) en la ciudad de Nueva York. También ayudamos a organizar la movilización “People vs Fossil Fuels” (“La gente contra los combustibles fósiles”) en Washington DC. Actualmente estamos trabajando en la revisión de una serie de actividades de formación para ayudar a nuestros capítulos a aprender a organizar campañas locales específicas para sus comunidades.
Muchas de nuestras acciones expresan nuestro deseo de vincularnos y colaborar con otras personas involucradas en el movimiento para elevar las acciones de los demás, porque es difícil conseguir cobertura y atención para las acciones que todos estamos organizando. Es muy lindo ver a los y las activistas apoyarse mutuamente; el amor y el apoyo son realmente necesarios para mejorar el estado del movimiento e impulsar sus reivindicaciones.
¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?
La reacción contra el trabajo de los activistas varía ampliamente, especialmente en el caso de nuestras secciones internacionales, que enfrentan límites a las protestas y movilizaciones a causa de restricciones gubernamentales. En Estados Unidos, el principal efecto negativo del trabajo que realizamos está relacionado con el agotamiento que resulta de trabajar sin ver ninguna acción por parte de los líderes que tienen el poder de iniciar acciones para el bien de nuestro planeta. El agotamiento es muy común en el movimiento juvenil por el clima, sobre todo porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer malabares con nuestras obligaciones académicas, nuestra vida social y nuestro activismo mientras tratamos de mantener viva la esperanza de que el cambio es posible.
En lo que respecta a conservar el bienestar y mantenerse a salvo de los impactos del agotamiento, he aprendido que lo mejor es comprometerme con la comunidad climática de la que formo parte; sé que no estoy sola con mis preocupaciones porque mantengo constantes intercambios acerca de ellas con mis amigos y colegas. No hay un remedio universal para el agotamiento, pero he aprendido que dedicar tiempo a cuidarme y a mantener el vínculo con mi familia y mis amigos es increíblemente útil para mantener los pies en la tierra.
¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?
Nuestros equipos de vínculos globales y Operaciones, liderados por Sohayla Eldeeb y por mí, han trabajado juntos para dar forma a nuestras comunicaciones con nuestros capítulos internacionales en Jamaica, Filipinas y Singapur. Hemos mantenido horas de consulta específicas para nuestras secciones internacionales para poder ayudarles a resolver todo conflicto que se les presentara en su trabajo de campaña y proporcionarles apoyo en todo lo que pudiéramos.
En cuanto a las campañas internacionales, nuestra directora adjunta de Asociaciones, Lana Weidgenant, participa activamente en campañas internacionales que buscan llamar la atención y fomentar la educación y la acción sobre la transformación de los sistemas alimentarios para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro medio ambiente. Lana fue vicepresidenta juvenil de Transición hacia Patrones de Consumo Sustentables para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, es una de las líderes juveniles de la campaña internacional Act4Food Act4Change (“Actúa por los alimentos, actúa por el cambio”) que ha recolectado los compromisos y las prioridades relativas a los sistemas alimentarios de más de 100.000 jóvenes y aliados de todo el mundo, y es una de las dos representantes juveniles en las negociaciones agrícolas de la COP26 de este año.
¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 logre avances en la lucha contra el cambio climático?
Me gustaría que el norte global rinda cuentas y se comprometa a aportar 100.000 millones de dólares para que el sur global pueda implementar con éxito sus propias medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
Muchas de nuestras perspectivas en Zero Hour se centran en la justicia, más que en la equidad, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores causantes de esta crisis. Los líderes del norte global, y especialmente los actores clave en los Estados Unidos, tienen que dejar de apoyar a la industria de los combustibles fósiles y empezar a comprometerse con soluciones que den prioridad a las personas más que a los contaminadores.
Me encantaría que todos los líderes que asistan a la COP26 tomaran medidas serias y contundentes para combatir y eliminar los efectos del cambio climático. El empeoramiento de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar ya han demostrado que la inacción va a ser perjudicial para el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes.
El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha destacado que existen pruebas suficientes para que nuestros dirigentes traten el cambio climático como la emergencia que es. Espero que todos los líderes mundiales que participen en la conferencia tengan muy en cuenta las conclusiones del informe del IPCC a la hora de redactar los resultados de la conferencia.
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EEUU: “Los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto”
CIVICUS conversa con Caroline Duble, directora política de Avow, sobre la actual reacción contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, y en Texas en particular, así como sobre las respuestas de la sociedad civil. Avow es una organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar el acceso al aborto sin restricciones para todas las personas en Texas, y se guía por la visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con respeto y tengan libertad para perseguir la vida que desean.
¿Cómo ha llegado Texas al punto en que el aborto ha quedado casi completamente prohibido?
Para quienes acaban de enterarse de esta cruel prohibición, que impide el aborto a partir de las seis semanas de gestación, puede resultar difícil creer que algo tan extremo pueda llegar a convertirse en ley. Pero quienes llevamos mucho tiempo luchando por el acceso al aborto en Texas sabemos que los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Esto queda claro si se observa la línea de tiempo completa de las restricciones médicamente innecesarias a los procedimientos de aborto que fueron imponiéndose en Texas desde la sentencia de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe vs Wade, que estableció que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de la mujer embarazada para optar por un aborto sin interferencias excesivas del gobierno. Han sido implacables, engañosos y crueles en sus intentos de poner la atención de la salud fuera del alcance de personas que la necesitan.
¿En qué se diferencia esta ley de otros intentos anteriores, menos exitosos, de prohibir el aborto en otros estados?
A diferencia de las prohibiciones impuestas en otros estados, que son implementadas por funcionarios estaduales, este proyecto de ley -conocido como Proyecto de Ley del Senado 8, o SB8- otorga a la ciudadanía una autoridad sin precedentes para hacer cumplir la prohibición. Permite que cualquier persona -incluidos activistas antiaborto sin ninguna relación con la paciente- actúe como cazarrecompensas y lleve a los tribunales a médicos, centros de salud y a cualquiera que ayude a otra persona a acceder a un aborto, con el incentivo de recibir 10.000 dólares por cada aborto denunciado. En otras palabras, el estado de Texas está intentando eludir el escrutinio judicial y la responsabilidad en los tribunales alentando a ciudadanos particulares a hacer el trabajo sucio en su lugar. Pero las maniobras legales del SB8 no cambian el hecho de que prohibir el aborto a las seis semanas es inconstitucional y, lo que es más importante, es injusto e inmoral.
¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la prohibición, y qué reacciones ha generado?
La SB8 está funcionando tal como se pretendía que lo hiciera. Desde que entró en vigor, el 1º de septiembre, ha diezmado nuestra ya vulnerable infraestructura de atención y ha dejado a las personas de Texas que necesitan acceso a atención y a servicios de apoyo temerosas de pedir ayuda, y a activistas y proveedores temerosos de ayudarles. Con esta ley, se le está negando a la gente de Texas los abortos que desean y necesitan. Muchas personas están tratando de reunir los miles de dólares necesarios para viajar fuera del estado, tomarse licencia laboral y organizar el cuidado de los niños y el transporte.
Muchas personas en Texas están autogestionando sus propios abortos, los cuales pueden ser extremadamente seguros, pero solamente si la persona embarazada tiene acceso a información y recursos. Y, trágicamente, innumerables personas en Texas se ven obligadas a continuar embarazos en contra de su voluntad. Por supuesto, esto está afectando con mayor intensidad a personas negras, latinas e indígenas, a personas indocumentadas y a personas de bajos ingresos, que enfrentan barreras más severas para acceder a atención fuera del estado y por consiguiente están siendo perjudicadas en forma desproporcionada por la nueva ley.
Frente a esto, la gente ha protestado financiando abortos. En conjunto, los fondos para el aborto en Texas han recaudado más de 3 millones de dólares desde el 1º de septiembre, y buena parte de esos fondos se utilizará para sacar del estado a quienes necesiten un aborto. La gente también está, literalmente, protestando. Basta con echar un vistazo a #BansOffOurBodies para ver las imágenes de las protestas que han tenido lugar en todo el país, y en particular de las marchas por los derechos reproductivos que tuvieron lugar el 2 de octubre. Y, por supuesto, la gente está aprendiendo más acerca del aborto autogestionado, porque la prohibición del aborto no acaba con la necesidad de abortar.
¿Qué tácticas utiliza Avow para evitar regresiones y ampliar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos?
Avow continuará luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas de Texas, por el motivo que sea. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona de nuestro estado que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.
Trabajamos para presentar el aborto bajo una luz positiva porque el aborto es seguro, común y normal, aunque esto no se sepa a causa del estigma que impide que la gente comparta sus experiencias de aborto. Nos comprometemos a cambiar la conversación acerca del aborto para que refleje esa realidad. Durante demasiado tiempo, los extremistas antiabortistas han dictado el modo en que se nos permite hablar del aborto; mediante la difusión de mentiras e inexactitudes médicas han controlado la narrativa a tal punto que incluso los partidarios del derecho al aborto se sienten incómodos al pronunciar esa palabra y prefieren utilizar en cambio eufemismos tales como “derechos de las mujeres”, “salud reproductiva” y “elección”. Esto ha permitido que el estigma impregne la provisión de servicios de aborto y, en última instancia, avergüence a las personas que han abortado y alimente una narrativa sobre la existencia de abortos “buenos” y “malos”. En Avow nos negamos a juzgar las razones de una persona para abortar, y en cambio la apoyamos una vez que ha tomado su decisión de hacerlo.
De cara a las elecciones de medio término de 2022, Avow se está preparando para exigir rendición de cuentas a los legisladores antiaborto mediante anuncios digitales, organización en el terreno y movilización de votantes. También estamos presionando al gobierno federal para que haga más por proteger el derecho al aborto mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que busca establecer legalmente el derecho de los proveedores de atención de la salud a prestar servicios de aborto, y el correspondiente derecho de los pacientes a recibir dicha atención, sin restricciones médicamente innecesarias. También les pedimos que deroguen la Enmienda Hyde, una disposición legislativa de 1980 que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos y es eminentemente racista. También seguiremos trabajando para acabar con el estigma del aborto, ayudando a las personas a hablar abiertamente sobre el aborto y sobre la importancia que tiene para ellas poder acceder a él.
¿Cuáles son las perspectivas de que se anule la prohibición?
Es muy preocupante que la Corte Suprema no haya bloqueado esta ley incluso antes de celebrar una audiencia sobre ella. Durante casi 50 años, la Corte Suprema ha afirmado que la Constitución garantiza el derecho al aborto, pero ahora en Texas vivimos una realidad diferente. Mucha gente da por sentado que la Corte Suprema es un órgano legal objetivo, pero sus jueces son nombrados por el presidente, y los presidentes tienen agendas políticas. La negativa de la Corte Suprema a bloquear la entrada en vigor de la SB8 es simplemente una prueba más de algo que sabemos desde hace años: la salvación no vendrá de los tribunales. Es necesario aprobar una ley federal que garantice el acceso y la financiación del aborto sin restricciones para todas las personas en este país.
Dicho esto, agradecemos que el Departamento de Justicia (DJ) esté emprendiendo acciones legales para luchar contra la SB8. El DJ está solicitando una orden de restricción temporaria y un mandato judicial preliminar en un tribunal federal con sede en Austin, la capital de Texas. De ser concedida, esta orden de restricción impediría al estado de Texas, incluidas las personas privadas que inicien demandas en virtud de la ley, implementar o hacer cumplir la SB8. Este es un primer paso necesario en lo que esperamos que sea una larga batalla judicial para detener esta ley. La orden de restricción debería ser concedida sin problemas porque la ley es claramente inconstitucional y las personas en Texas necesitan conservar el acceso a servicios de aborto mientras la ley haga su recorrido por el sistema judicial.
¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en Estados Unidos de sus pares de todo el mundo?
Lo mejor que la gente de fuera de Texas puede hacer por nosotros es apoyarnos contribuyendo a los fondos para el aborto y a las organizaciones de incidencia política de Texas, y amplificando nuestro mensaje. También pueden prestar más atención al impacto de las prohibiciones del aborto y el estigma en sus propias comunidades. En lugar de boicotear a empresas de Texas, aprueben ordenanzas locales que proporcionen apoyos concretos a las personas de sus regiones que buscan abortar.
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MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”
CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.
María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?
En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.
México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.
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MÉXICO: “El cambio legal en favor de los derechos LGBTQI+ no trae consigo un cambio social instantáneo”
CIVICUS conversa con Erika Venadero sobre la reciente extensión del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los estados mexicanos y las asignaturas pendientes en materia de derechos de las personas LGBTQI+ de México. Erika es activista por los derechos humanos de la diversidad sexual del estado de Jalisco e integrante de la Red Nacional de Juventudes Diversas (RNJD), una coalición de grupos de defensa de los derechos de los y las jóvenes LGBTQI+ de todo México.
¿En qué consiste el trabajo de la RNJD?
La RNJD es un espacio creado a partir del Parlamento Juvenil Consultivo de 2019, donde se discutió la Ley de Juventudes.
En tanto que jóvenes no contábamos con reconocimiento legal. Nunca habíamos sido contemplados como sujetos de derechos. Las personas encargadas de hacer las leyes y dictar las reglas en función de las cuales debemos dirigir nuestras vidas son adultas, incluso bastante mayores, y sobre todo hombres. No resulta sorprendente que no comprendan ni prioricen nuestros intereses y necesidades y que, en cambio, legislen a medida de los adultos, y sobre todo de los hombres. De aquí la necesidad de exigir que se nos reconozca como la juventud y, sobre todo, como juventud diversa.
Nuestra red es una asociación civil de creación muy reciente: estamos por cumplir apenas tres años. No obstante, hemos acompañado el proceso de legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si bien la mayoría de nosotros y nosotras no desea concretar una unión civil, acreditando nuestra relación ante un funcionario, con firmas y demás formalidades, sabemos que hay personas que desean tener esta experiencia, y que la exclusión de este derecho viene acompañada de muchas otras exclusiones. Aunque nosotros y nosotras no lo deseemos, o no lo deseemos en este momento de nuestras vidas, sabemos que otras personas del colectivo LGBTQI+ sí lo desean, y que la denegación de este derecho es parte de lo que hace a las personas LGBTQI+ ciudadanas de segunda.
¿Cómo fue el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y qué rol desempeñó la sociedad civil?
La lucha por el reconocimiento de la unión simbólica entre dos personas que se aman –simplemente dos personas, como bien lo dice la ley actual, sin marcadores de género– comenzó hace muchos años, y avanzó gracias al trabajo de personas y colectivos interesados en extender este derecho a todos y todas.
Las personas LGBTQI+ somos tratadas como ciudadanas de segunda simplemente porque no cumplimos con las normas socialmente establecidas que jerarquizan las relaciones heterosexuales. Las leyes son redactadas e implementadas, y todos los espacios políticos y sociales son creados, ocupados y dirigidos por personas heterosexuales. De ahí que esta lucha comenzara con una reflexión sobre nuestra falta de representación y visibilidad en diversos espacios: personales, políticos, sociales y laborales, entre otros. Tenemos derecho a vivir una vida plena, pero las prácticas hegemónicas que buscan imponérsenos nos impiden tener una vida libre por el simple hecho de ser quien somos y amar a quien amamos.
La legalización del matrimonio igualitario en México ha sido una victoria de la sociedad civil, y específicamente de los colectivos de personas LGBTQI+ y sus aliados, que trabajan día a día con estas poblaciones. A partir del trabajo cotidiano en la calle y en todos los espacios se cambiaron opiniones y generaron acuerdos para que el reconocimiento de nuestros derechos se trasladara al plano político de la toma de decisiones.
Es por eso que desde la RNJD hemos acompañado todo el proceso, desde los borradores de la ley hasta los debates y votaciones parlamentarias. Estos son debates que pueden prolongarse mucho; se trata de temas “delicados” por lo que ciertos sectores de políticos intentan aplazar las votaciones indefinidamente con la esperanza de que el tema se pierda en el olvido. Por eso fue importante que la RNJD se parara firme para exigir el tratamiento y la votación de estas leyes. Lo mismo vamos a seguir firmes para que las leyes se cumplan.
¿Enfrentaron campañas antiderechos o alguna otra forma de rechazo?
Cada vez que sale una noticia relacionada con el colectivo LGBTQI+, la respuesta es una avalancha de comentarios diversofóbicos. Nuestra naturaleza incomoda. Todas nuestras vidas nos han obligado a vivir bajo la heteronorma por lo que hemos enfrentado expresiones antiderechos desde que tenemos memoria.
En el proceso reciente para cambiar la ley hemos enfrentado una intensa campaña antiderechos. No solamente nos insultan y agreden; también denuncian nuestras publicaciones en redes sociales e incluso han logrado que fueran retiradas. Los y las activistas sufrimos constantes ataques personales y son frecuentes los bloqueos de cuentas en redes sociales. En mi caso, por ejemplo, una vez un grupo antiderechos me atacó tanto y reportó tantas veces mi perfil que Facebook me lo dio de baja. Es realmente difícil de entender qué es lo que tanto les molesta.
Tenemos muchos haters, es decir, personas que expresan odio hacia nosotros. Hay muchos que están pendientes de cada cosa que hacemos y de todo lo que subimos, tanto en la página de la RNJD como en nuestros perfiles personales.
Claramente la gente ya ubica quiénes somos y lo que hacemos. La red está sumamente activa y visible en ámbitos sociales, políticos y culturales. Hemos tenido discusiones internas muy tensas en relación con la doble cara de la visibilidad. Nuestro trabajo nos ha hecho visibles tanto para quienes nos odian como para quienes están abiertos a informarse, a conocer nuestro trabajo, a entender y eventualmente a apoyarnos. Yo prefiero enfocarme en quienes se acercan en busca de información antes que en quienes expresan su odio.
Para hacer frente a los movimientos antiderechos y a los discursos de odio, nuestra estrategia es generar narrativas alternativas. Incluso utilizamos el humor para desarmar sus argumentos. Por ejemplo, decimos que a ellos les encanta tanto la familia tradicional heterosexual que por eso tienen dos – en referencia a las infidelidades y a lo que coloquialmente en México se conoce como la “casa grande” y la “casa chica”. Estos mecanismos de respuesta nos han permitido inducir al diálogo.
¿Cuáles son los próximos pasos tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Jalisco?
Eso de que ahora el matrimonio igualitario es legal en todos los estados mexicanos y las personas LGBTQI+ nos podemos casar en todos los rincones de México es sencillamente falso.
Aunque en Jalisco se ha votado la ley, el manual del registro civil continúa diciendo que la unión matrimonial es entre hombre y mujer. Mientras los y las diputadas locales no lo modifiquen, habrá muchos funcionarios en los registros civiles que se apoyarán en ese texto para negarnos el acceso al matrimonio igualitario.
Además, muchos estados de México han aprobado leyes similares hace años y las han implementado, pero siguen existiendo muchísimas trabas. El cambio legal no trae consigo un cambio social instantáneo. De ahí la importancia de seguir enfocándonos en el cambio cultural. Las leyes pueden cambiar muy rápido, y de hecho cambian de un día para el otro, pero la cultura no, y no debemos olvidar que quienes atienden los registros civiles son personas socializadas en una determinada cultura. Aunque sean servidores públicos y tengan que aplicar las reglas emanadas del Estado, es posible que también tengan ciertas convicciones religiosas o morales. Cambiarlas lleva tiempo. El proceso de cambio cultural es sumamente lento, pero necesitamos que ocurra para abrir todos los candados.
¿Qué otros desafíos enfrentan las personas LGBTQI+ en México, y qué más debe cambiar?
En México, las personas LGBTQI+ enfrentamos muchísimos retos, en gran medida como producto de la superposición de vulnerabilidades y desigualdades. Por ejemplo, las mismas problemáticas que afectan a las mujeres en general, también nos afectan a las mujeres del colectivo LGBTQI+: el hecho de ser lesbianas, bisexuales o transexuales no quita que seamos mujeres y podamos quedar embarazadas. Pero en la mayor parte de México todavía no es legal la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de lo que haya dicho la Corte Suprema.
Otro enorme problema en México es el de las desapariciones forzadas. Jalisco, mi Estado, de hecho, es uno de los que lidera el ranking de personas desaparecidas– y a las personas LGBTQI+ también nos desaparecen.
Otro asunto pendiente es la Ley de Cuidados, actualmente bloqueada en el Congreso. Las personas LGBTQI+ necesitamos un espacio seguro para vivir, crecer y envejecer. Todas nuestras investigaciones, todas las cifras indican que la comunidad LGBTQI+ en México está sola y sin apoyos.
Un problema específico de las personas LGBTQI+ es el de las mal llamadas “terapias de reconversión”. Estas terapias consisten en actos inhumanos y denigrantes que tienen el fin de suprimir las orientaciones sexuales diversas, es decir, de eliminar nuestro verdadero ser. Yo personalmente he vivido una violación correctiva: mis agresores, personas que se dicen seguidoras de la palabra de Dios, me dijeron que pretendían “convertirme en mujer”.
Los centros que ofrecen “terapias de reconversión” operan en todo México y lo hacen legalmente. Actualmente se está legislando a nivel nacional para acabar con estas terapias, pero entretanto siguen en funcionamiento. En Jalisco los centros que ejercen este tipo de prácticas solamente deben registrarse y pagar una mensualidad. Un simple trámite y un pago les habilita a cometer innumerables atrocidades.
Otro tema pendiente es el del reconocimiento de la identidad de género, sobre todo de las infancias. Varios estados tienen leyes que otorgan a las personas trans el reconocimiento legal de su identidad autopercibida, pero muchos todavía no han avanzado en esa dirección.
Tal vez por más de que sigamos luchando y movilizándonos no lleguemos a ver todos estos cambios. En ese caso lo estaremos haciendo por las generaciones que vendrán después. Estamos generando espacios para el futuro de la misma manera que otros lo hicieron por nosotras en los años 80. Nos aseguraremos de que el proceso siga avanzando.
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MÉXICO: “El problema de la inseguridad es central, pero no se resuelve con militarización”
CIVICUS conversa acerca de la militarización de la seguridad en México y sus implicancias para la sociedad civil con Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez-Centro Prodh.
El Centro Prodhes una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana fundada en 1988 por la Compañía de Jesús con el objetivo de defender a víctimas de violaciones graves de derechos humanos e impulsar cambios estructurales que permitan a todas las personas en México gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de sus derechos humanos. Su trabajo se enfoca específicamente en personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión.
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MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”
CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.
DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.
¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?
Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.
El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.
En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.
DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.
Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.
En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.
La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.
DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?
Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.
La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.
Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.
Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.
La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.
¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?
Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.
La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.
La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.
Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.
Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.
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MÉXICO: “Las personas defensoras ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida”
CIVICUS conversa con Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en México, y específicamente de la situación de Kenia Hernández, una defensora indígena criminalizada e injustamente encarcelada.
El CDHZL es una organización de la sociedad civil del estado de México que acompaña procesos de lucha de comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que buscan una vida digna a través del ejercicio y el reclamo de sus derechos humanos.
¿Quién es Kenia Hernández, y por qué está detenida?
Kenia es una joven mujer indígena amuzga. Tiene 32 años. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo neoliberal. Es abogada de formación profesional, se reivindica feminista y se dedica a la defensa de los derechos humanos, y particularmente a la defensa de personas presas por motivos políticos, a la búsqueda para hallar con vida a personas desaparecidas y al acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.
Kenia fue detenida el 18 de octubre de 2020, acusada de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia. La acusaron de delitos graves para asegurarse de poder internarla en el penal femenino de máxima seguridad más terrible de todo México.
El 15 de marzo de 2022 el tribunal de enjuiciamiento de Ecatepec, en el estado de México, determinará si es culpable o inocente en una de las cinco causas penales que existen en su contra. Todas estas causas fueron fabricadas con el exclusivo propósito de aislarla y evitar que siga protestando, además de mandar una señal de castigo ejemplar a todas aquellas personas que ella había logrado articular en un movimiento de corte nacional que cuestionó la concesión privada de las autopistas.
¿Es el caso de Kenia parte de una tendencia más amplia a la criminalización de las personas defensoras indígenas en México?
Efectivamente, el caso de Kenia nos revela que el Estado mexicano tiene una clara política de “pedagogía del escarmiento”, por dos razones.
Por un lado, manda una señal a las personas que protestan, y particularmente a quienes protestan poniendo de relieve el tema de las autopistas privadas, para que ya no recurran a la manifestación pública como forma de movilización social, porque si lo hacen padecerán como consecuencia un encierro injusto y cruel como el que vive Kenia.
Por el otro lado, los funcionarios del Estado mexicano tratan de someter y doblegar la voluntad de Kenia, pretenden castigarla por haber protestado pero también vulnerar sus convicciones, limitar su energía y fuerza en la protesta, hacerle saber quién manda y quién obedece. Como ella no se ha sometido continúan manteniéndola en prisión. Saben que si la liberan volverá a su activismo.
Ambas situaciones son de una gravedad por demás preocupante, porque buscan revertir décadas de luchas sociales y de apertura de espacios democráticos.
¿Qué está haciendo la sociedad civil, y particularmente el CDHZL, para conseguir su liberación?
El CDHZL se dedica a difundir, promover y defender los derechos humanos de pueblos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Defendemos el medio ambiente, la tierra y el territorio, el derecho humano al agua y la cultura indígena. Y nos enfocamos particularmente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ya que en México estas personas ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida.
Parte de nuestro trabajo consiste en dar defensa legal a personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas por defender pacíficamente algún derecho. En sus diez años de vida, el CDHZL ha ayudado a recuperar su libertad a alrededor de 250 personas.
Esperamos que pronto Kenia sea una más de ellas. La sociedad civil mexicana ha dado mucha visibilidad a su caso, poniendo en la agenda pública la criminalización de que es objeto e involucrando a actores clave, y en particular a senadores de la República, para convencer a tomadores de decisión relevantes de dejar de criminalizar a Kenia. También hemos tratado de llevar su caso al ámbito internacional, señalando la política punitiva del gobierno federal de México.
A través de su amplio equipo de abogados y abogadas, el CDHZL ha sostenido una defensa jurídica en los cinco procesos legales contra Kenia, con todo lo que ellos implican: decenas de audiencias, impugnaciones y juicios de garantías, algunos de ellos ganados. Pero claramente esto es mucho más que una lucha jurídica, ya que altos funcionarios se han empeñado en mantener a Kenia en prisión a toda costa.
¿No ha habido mejoras en la situación de las personas defensoras indígenas tras el ascenso del actual gobierno de izquierda?
Nuestra expectativa era que hubiera mejoras en la situación de las personas indígenas, las personas defensoras y los derechos colectivos en general, pero desafortunadamente continúa habiendo un desdén generalizado en el gobierno federal, más allá de su corte de izquierda.
El gobierno no ha podido o no ha querido sintonizar con las demandas más sentidas de los pueblos originarios. Han continuado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Entre los casos de prisión, el de Kenia Hernández es uno de los ejemplos más lacerantes del uso indebido del sistema penal en contra de una persona defensora, producido bajo este gobierno que se autoproclama artífice de una “cuarta transformación” – un proceso de cambio profundo supuestamente comparable a los de la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917).
¿Qué clase de apoyos regionales e internacionales necesita la sociedad civil mexicana en su lucha por los derechos humanos y el espacio cívico?
Sin duda la observación internacional, muy mal aceptada por el gobierno actual, ayuda y ayudará a recuperar espacios democráticos para la protesta social y la libre manifestación de las ideas.
Llamamientos al gobierno de la República Mexicana pueden ayudar a sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de respetar los derechos humanos y a quienes los defienden más allá de filiaciones a partidos políticos.
La mediación y buenos oficios internacionales serán sin duda una herramienta fundamental para fortalecer a la sociedad civil en los procesos de defensa de derechos humanos, y particularmente en aquellos donde se encuentren en juego la vida y libertad de personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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