América Latina

• ARGENTINA: ‘Debemos impedir el intento de volver a las injusticias de la pre-pandemia’

  CIVICUS conversa sobre la crisis del COVID-19 y las respuestas de la sociedad civil con Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácticas de democracia participativa y deliberativa.

  

  ¿Qué impactos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los derechos de los y las argentinas?

  Sin perjuicio de los buenos resultados en términos sanitarios de las medidas de aislamiento, la pandemia ha golpeado muy especialmente a las poblaciones más vulnerables. Por citar solo algunos ejemplos, sobre las y los habitantes de asentamientos informales ha recaído en una proporción significativamente superior el impacto de los contagios. Los adultos mayores institucionalizados también han sufrido la pandemia de un modo particularmente cruel, y a ello se suma el presumible aumento de casos de violencia doméstica asociado al encierro.

  El hecho de que se les pida “quedate en casa” a quienes no encuentran satisfecho su derecho a una vivienda adecuada resulta una muestra clara de la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad, así como de la interrelación entre el derecho a la salud y otros derechos fundamentales. Sobre este punto justamente, a mediados de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena obligatoria, junto con otras OSC presentamos una nota al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtiendo la falta de políticas públicas adecuadas para las personas que viven en situación de calle, un grupo especialmente vulnerable ante la pandemia. Si bien el Gobierno de la Ciudad anunció medidas para mitigar la propagación del COVID-19, las acciones están principalmente orientadas al control de la circulación de esta población, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene y salud. Las causas que llevan a la situación de calle son estructurales y están relacionadas con la falta de políticas públicas que garanticen a todas las personas acceder a una vivienda digna. Las acciones que se adopten en esta emergencia deberían ser un punto de partida para construir una política a largo plazo que revierta la precariedad en que viven miles de personas en la ciudad.

  Más en general, la iniciativa multisectorial Habitar Argentina ha reclamado en el contexto de la pandemia la implementación de una política nacional de emergencia en materia de hábitat, que apunte no solamente a mejorar las condiciones de las personas que ya se encuentran en situación de calle, sino que incluya también la suspensión -por seis meses o hasta que se haya superado la pandemia- de todos los desalojos y ejecuciones judiciales que puedan producir mayor número de personas en situación de calle o empeorar sus condiciones sanitarias; así como políticas específicas para familias que alquilan, tienen hipotecas o habitan en viviendas precarias. También reclama la implementación de mecanismos de protección para mujeres, niños, niñas, adolescentes y minorías sexuales o disidencias de género que se encuentren en situación de violencia en cualquier tipo de hogar y territorio.

  ¿Qué obstáculos ha enfrentado ACIJ para continuar funcionando en este contexto, y cómo los ha superado?

  El mayor obstáculo se relaciona con las medidas de aislamiento y la consecuente imposibilidad de mantener, en las mismas condiciones, nuestra presencia territorial en las comunidades con las que trabajamos. Ello nos ha llevado a tener que redoblar nuestros esfuerzos para seguir en contacto -virtual o con presencias esporádicas autorizadas- con líderes y lideresas comunitarias, e impulsar acciones tendientes a brindar la protección especial requerida por el contexto.

  Así, por ejemplo, junto con la Fundación Huésped y TECHO organizamos una serie de capacitaciones destinadas a referentes populares, que históricamente han sido claves en las redes de contención en sus barrios. A partir del 5 de junio tuvimos cinco encuentros destinados a brindarles información sobre medidas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfermedades presentes en los barrios, información legal en el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en caso de violencia institucional y/o de género y medidas de prevención para comedores comunitarios y ollas populares, y a darles a conocer los programas de asistencia estatal que surgieron en el marco de la pandemia. De los encuentros participaron más de 90 referentes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Tucumán.

  También se desarrollaron un asistente virtual con información específica para responder a las consultas de los habitantes de los barrios populares y una serie de piezas de comunicación que fueron distribuidas a través de los grupos WhatsApp y Facebook de las comunidades.

  ¿Qué otras acciones han emprendido para defender los derechos afectados bajo la pandemia, y qué logros han conseguido?

  Entre las acciones más relevantes que llevamos adelante durante estos meses, cabe destacar las siguientes.

  En primer lugar, respecto de los habitantes de villas y asentamientos, impulsamos un protocolo especial de actuación frente al COVID-19, la creación de una plataforma web que georreferencia recursos y permite detectar las urgencias de dicha población, y una medida judicial para brindar acceso a internet gratuito por parte del Estado mientras duren las medidas de aislamiento.

  Este avance en materia de acceso a internet fue una respuesta a una demanda que iniciamos junto con otras OSC, con el objeto de posibilitar la continuidad pedagógica del conjunto de estudiantes en el marco de las medidas de educación a distancia dispuestas durante la emergencia. La medida cautelar dictada a principios de junio obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar a todos los estudiantes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social (beneficiarios de planes, becas, subsidios o programas sociales de la ciudad o del Estado nacional, o residentes en villas), un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares de modo de garantizar su continuidad pedagógica. Asimismo, el gobierno está obligado a instalar en todas las villas de la ciudad equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente mantiene en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existan impedimentos técnicos para ello, el gobierno local deberá entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.

  Esta medida es fundamental porque no solamente busca revertir la desigualdad existente en materia de acceso a equipamiento educativo, sino que también reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental que resulta instrumental -y en este contexto imprescindible- para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, la información o el acceso a la justicia.

  Segundo, respecto de las personas con discapacidad, entre otras cosas denunciamos la reducción de la cobertura de los apoyos, realizamos una campaña para mostrar los efectos del encierro sobre las personas internadas en manicomios, y lanzamos una plataforma web para canalizar el acceso a derechos.

  La plataforma discapacidadyderechos.org.ar fue lanzada a principios de julio y busca ayudar a las personas con discapacidad a exigir el cumplimiento de sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida independiente y a la protección social. La plataforma centraliza información relativa a los derechos, las prestaciones y servicios que reconoce la normativa vigente; las vías existentes para reclamar en casos de incumplimiento de obras sociales, empresas de medicina prepaga y del Estado; y los lugares a los que se puede acudir para recibir asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. La página cuenta con un total de 120 modelos de documentos tales como notas administrativas y cartas documento que cada persona puede adaptar a su situación. Además, dispone de una sección específica que brinda información sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia del COVID-19.

  Cabe subrayar que el proceso de desarrollo del sitio incluyó instancias de participación de personas con discapacidad y sus familiares, quienes probaron la plataforma e hicieron sugerencias para su mejora, y contó asimismo con el asesoramiento de especialistas en materia de accesibilidad y usabilidad digital.

  Tercero, para colectivos vulnerables en general, creamos junto a un grupo de instituciones académicas y de la sociedad civil una iniciativa de difusión de información legal para clarificar los alcances e impactos de la normativa de emergencia y contribuir al empoderamiento jurídico de diversos grupos desaventajados, e impulsamos un posicionamiento regional para alertar sobre el rol de la justicia frente a la crisis. También elaboramos un documento con información clave para revertir injusticias en materia tributaria y contribuir a una política fiscal respetuosa de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de pandemia.

  ¿Cuál dirías que ha sido la clave de la obtención de estos logros?

  Creo que los logros obtenidos durante este contexto se explican fundamentalmente por la articulación de tres variables: en primer lugar, la totalidad del equipo de ACIJ se mostró especialmente movilizado por la necesidad de realizar una contribución significativa desde nuestro rol institucional, y adoptó la flexibilidad necesaria para reaccionar a la crisis de un modo adecuado. En segundo lugar, nuestra cercanía histórica con las comunidades y grupos afectados en relación con las temáticas en que trabajamos fue clave para conocer en primera persona los obstáculos que están enfrentando las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos. Finalmente, la combinación de estrategias de incidencia en las políticas públicas, judicialización de conflictos colectivos y empoderamiento comunitario redundó en impactos de mayor envergadura que los que se hubieran obtenido en ausencia de esta articulación de estrategias.

  ¿Qué rol debería tener la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción de una mejor “nueva normalidad” post-pandémica?

  Lo primero que debe hacer la sociedad civil en este contexto es exhibir con mucha claridad las injusticias de aquel mundo que teníamos antes de la pandemia: la desigualdad política como estructurante de democracias de baja calidad; la desigualdad económica como estructurante de las vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales; y un modelo de producción de los bienes y de organización de los territorios que resultaba insostenible desde el punto de vista ambiental.

  Teniendo en cuenta que la pandemia ha profundizado las desigualdades preexistentes y generado mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia. En este contexto, es fundamental garantizar los recursos para financiar políticas sanitarias y de protección social adecuadas. De ahí que, junto con otras OSC de la región, hayamos producido una declaración para instar a los estados a implementar mecanismos para lograr un sistema tributario globalmente progresivo; evaluar las exenciones tributarias existentes para determinar cuáles deberían eliminarse por ser injustificadas e inequitativas; acordar la no aprobación de nuevos privilegios fiscales, salvo en casos urgentes y de efectividad comprobada y preferiblemente en beneficio de las poblaciones vulnerables y pequeñas empresas; y reformar y racionalizar el proceso de aprobación y revisión de los gastos tributarios, aumentando la transparencia, identificando beneficiarios/as, incluyendo evaluaciones de impacto, y sujetándolos a un escrutinio independiente.

  Es fundamental que la sociedad civil ayude a imaginar nuevos rumbos: el momento de crisis es también un contexto de oportunidad para estimular nuestra capacidad de idear modos distintos de relacionarnos como comunidad política, y nuevos valores para la reconstrucción de sociedades más justas.

  Finalmente, deberemos acompañar a quienes más dificultades tendrán para encontrar estrategias de supervivencia y satisfacer sus necesidades básicas, al mismo tiempo que buscamos espacios de participación para hacer escuchar nuestras voces en los ámbitos de toma de decisiones públicas y hacemos frente a los previsibles intentos de retomar, en la etapa post-pandémica, las injusticias y privilegios propios de la era anterior.

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• ‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

  

  ¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

  El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

  La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

  Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

  ¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

  La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

  En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

  ¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

  Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

  Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

  En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

  Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

  Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

  La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

  ¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

  Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

  A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

  Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

  La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

  ¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

  En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

  También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

  ¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

  Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

  También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

  Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

  ¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

  Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

  Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

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• ‘La sociedad civil progresista debe reclamar para sí la defensa de la vida’

  En el marco de nuestroinforme temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con María Angélica Peñas Defago, especialista en temas de género, profesora e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones (CONICET) de Argentina, basada en la Universidad Nacional de Córdoba, y coautora del recienteinforme del Global Philanthropy Project, ‘Conservadurismos religiosos en el escenario global: Amenazas y desafíos para los derechos LGBTI’.

  ¿Piensas que los grupos anti-derechos han aumentado su actividad en los últimos tiempos?

  En primer lugar, habría que definir qué son los últimos tiempos, cuánto para atrás nos remontamos, y en qué contexto nos situamos, porque en América Latina la situación varía de país en país. En el caso de Argentina hemos visto a lo largo del tiempo - y no solamente en el último año, durante el cual se discutió en el Congreso un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo –reacciones contra los progresos de la agenda de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI. Si bien es cierto que en los últimos años los grupos anti-derechos se han visibilizado y unido más entre ellos, en gran parte en respuesta a los avances en temas de derechos sexuales y reproductivos conseguidos, hace décadas que están presentes, coaccionando nuestras agendas. En Argentina hace más de 20 años promueven activamente acciones de litigio contra todo intento de política pública de salud sexual y reproductiva o vinculada con esos derechos. En la provincia de Córdoba, donde vivo, estos esfuerzos han sido muy exitosos en las primeras instancias judiciales, pero los fallos favorables a estos grupos acabaron siendo revertidos en instancias superiores de la administración de justicia.

  En lo que se refiere a acciones callejeras, ya ha habido en el pasado reacciones fuertes de estos grupos, incluyendo marchas en todo el país, por ejemplo contra el matrimonio igualitario, que se aprobó en 2010 en Argentina. Los mismos grupos volvieron a manifestarse en contra de la legalización del aborto en 2018. Al mismo tiempo ha habido una nueva embestida contra la educación sexual en las escuelas, una batalla de larga data. La educación sexual fue implementada mediante una ley de 2006 que aún sigue siendo resistida. Durante el debate sobre el aborto los grupos anti-derechos fingieron promover la educación sexual como alternativa al aborto, pero luego de que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo fue rechazado en el Senado volvieron a la carga contra la educación sexual.

  Lo que hay en curso es una rearticulación conservadora y desde esa rearticulación creo que se han vuelto más visibles en el último tiempo. Si bien también han emergido nuevos actores dentro de la sociedad civil, el fenómeno central en el actual contexto sociopolítico es la rearticulación que se está produciendo en los campos político y económico. Esto se observa, por ejemplo, en las alianzas articuladas en Colombia en torno del referéndum de 2016 por el proceso de paz, así como en Brasil, con la elección de Jair Bolsonaro como presidente en 2018.

  En Colombia, durante la campaña conducente al plebiscito, las fuerzas contrarias a los acuerdos aseguraban que si ganaba el ‘sí’ se impondría la llamada ‘ideología de género’; en Brasil se multiplicaron durante la campaña electoral las noticias falsas que decían que el PT promovía la pedofilia e intentaba ‘convertir’ a los niños en homosexuales o transexuales.

  De diferentes maneras, el fenómeno se observa también en Argentina, donde se ha producido una convergencia entre los principales actores de oposición a la agenda progresista, y en particular a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos.

  ¿Crees que se trata de grupos puramente reactivos, cuya razón de ser es frenar los avances de la agenda progresista?

  En mi experiencia, efectivamente así es. En mi trabajo he monitoreado algunos congresos de grupos autodenominados ‘pro-vida’ y analizado sus acciones en los espacios regionales y globales, y sobre todo en la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, y es evidente que están perdiendo la hegemonía en lo que se refiere a formatos familiares y roles sexuales, y ellos lo saben. Estos grupos están reaccionando frente a lo que perciben como un retroceso. Su reacción está siendo coordinada no solo a través de la agenda temática de los derechos sexuales y reproductivos, sino también a través de una agenda política y económica nacionalista, neoliberal y en algunos casos fascista.

  El fenómeno Bolsonaro es un buen ejemplo de reacción ante una agenda pluralista en materia de moral sexual y derechos sexuales y reproductivos. El avance de esta agenda pluralista funcionó de agente aglutinante para una agenda política conservadora más amplia. En el marco de la reacción contra los progresos en materia de derechos sexuales y reproductivos, otros actores están aprovechando para imponer sus propias agendas conservadoras, por ejemplo en torno del tema migratorio. Hay algunos actores nuevos, sobre todo los que se suman desde otros campos - político, económico, religioso -, pero muchos de los que están adquiriendo mayor visibilidad son los mismos de siempre, que ahora están unificando agendas que solían discurrir en paralelo y de maneras menos coordinadas.

  ¿Cuáles son las tácticas que estos grupos han utilizado para hacer avanzar su agenda?

  El litigio contra los derechos sexuales y reproductivos ha sido una herramienta importante a lo largo de más de tres décadas. En Argentina, estos grupos han litigado, entre otras cosas, contra la administración de contracepción de emergencia y para frenar la aplicación de los protocolos para abortos no punibles. En Argentina el aborto es legal desde 1921 en los casos de violación, inviabilidad del feto, o peligro para la vida o la salud de la mujer; sin embargo, estos sectores han intentado impedir el acceso oportuno y seguro a este derecho.

  Para la parte de la sociedad civil que trabaja en el área de los derechos de las mujeres, estos grupos siempre han estado allí. Pero el litigio, en ocasiones, es bastante silencioso, y posiblemente escapara al conocimiento de la sociedad civil más amplia. Muchas veces todo quedaba en el terreno de la justicia y los servicios de salud. Lo cual no obstaba para que tuviera efectos muy fuertes, porque las decisiones judiciales en materia de salud sexual y reproductiva producen miedos, dudas y parálisis en los prestadores de salud, que son sujetos clave para el acceso a esos derechos.

  La presencia actual de grupos anti-derechos no es novedosa para los grupos feministas y LGBTQI, pero puede que sí lo sea para otros sectores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, que en el último tiempo los ven actuando más intensamente a través de la ocupación del espacio callejero y la creación de alianzas políticas partidarias, arenas claves de disputa en las democracias contemporáneas. Estos grupos están tratando de resignificar lo público, intentando mostrarse como mayoría, y de este modo están ganando visibilidad pública. En este terreno, una de sus estrategias más exitosas pasa por el uso de mensajes y simbologías coordinados. La campaña ‘Con mis hijos no te metas’, por ejemplo, usa las mismas frases y eslóganes, e incluso los mismos símbolos y colores, no solamente en toda América Latina, sino incluso más allá. Lo hemos visto en Europa del Este, en Italia, en España. Hacen un intenso uso de redes sociales para que estas estrategias y simbologías viajen, sean compartidas y nos lleguen repetidamente desde distintas latitudes.

  Si las posiciones anti-derechos tienen mayor visibilidad es porque los actores que las impulsan, en su mayoría actores religiosos, han un adquirido un protagonismo en el espacio público que hace 20 años no tenían. Las iglesias evangélicas, al igual que las católicas, son plurales y heterogéneas en su conformación. Pero en gran parte de América Latina, diversas iglesias evangélicas de las ramas más conservadoras están liderando los procesos políticos de resistencia a los derechos sexuales y reproductivos, en algunos casos en alianza con las jerarquías católicas y en otros con discrepancias e incluso con rupturas.

  A diferencia del litigio, la estrategia de ocupar la calle requiere de apoyo en grandes números. ¿Piensas que estos grupos están ganando popularidad?

  El fenómeno sociopolítico que han generado estos grupos no es menor. No se trata simplemente de campañas y eslóganes, sino que tienen una inserción profunda en el territorio. Para entender lo que está pasando en el terreno religioso y de la resistencia contra los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos es necesario tomar en cuenta el contexto socioeconómico y el modo en que operan estas iglesias a nivel territorial, en conexión con las poblaciones a las que movilizan.

  En Argentina, una sociedad muy movilizada políticamente, la movilización callejera ha sido largamente utilizada por estos grupos, no es una novedad. Lo novedoso es la masividad de la convocatoria. Hace 30 años, o más, estos grupos ya se movilizaban, pero no existían las redes sociales. Los modos de comunicación y convocatoria han cambiado al mismo tiempo que lo ha hecho el campo religioso frente a los avances de los derechos sexuales y reproductivos. Las iglesias evangélicas han crecido en toda la región, y dentro de ellas los que más han crecido han sido los sectores conservadores.

  Por otro lado, creo que entender cómo opera el contexto neoliberal de precarización general de la vida es clave para entender este fenómeno. En el contexto sociopolítico del Estado neoliberal, con la retirada del Estado de sus funciones básicas, muchos actores religiosos han pasado a realizar tareas y a proveer servicios que corresponden al Estado. En algunos sitios, como en los Estados Unidos, la Iglesia Católica lleva décadas prestando servicios a ciertos grupos, por ejemplo a los migrantes, que el Estado no ofrece. En América Latina, es impresionante el rol de las iglesias evangélicas en el terreno de la asistencia y la contención relacionada, por ejemplo, con las adicciones. Los sectores evangélicos están creciendo exponencialmente porque están asistiendo a comunidades que están siendo relegadas por el Estado. Los pastores evangélicos desempeñan roles centrales en las comunidades, están activos en las políticas de asistencia, de adicciones, de salud, de educación, y son centrales a la hora de convocar a la movilización - en parte, además, porque muchos de ellos son miembros de esas comunidades. Viven en los mismos barrios y mantienen vínculos estrechos con las personas que integran sus iglesias.

  De modo que no estamos ante una mera batalla de narrativas. Los discursos que debemos enfrentar están enraizados en las prácticas de las comunidades de base, y muchas de las convocatorias se realizan desde las iglesias. El llamado desde el púlpito es importante, porque para muchas personas que están excluidas la iglesia es indispensable. En países con altísimas tasas de pobreza, para mucha gente la iglesia es el único lugar de pertenencia y amparo que queda cuando tanto el Estado como el mercado la han excluido, y no tienen acceso a trabajo, educación o salud. Más allá del hecho de que la religiosidad sigue siendo un aspecto central de la identidad de muchas personas, la pertenencia y la idea de comunidad no son una cuestión menor en el contexto de la precarización y la individualización extremas que suponen los modelos económicos, políticos, sociales y culturales del neoliberalismo.

  ¿Qué puede ofrecer frente a esto la sociedad civil progresista?

  La sociedad civil progresista tiene mucho para ofrecer, porque se centra en la disputa y la generación de modos de vida vivibles, ricos, plurales, basados en la solidaridad y el apoyo mutuo. No creo que haya una receta única, porque se trata de movimientos muy diversos. Hay movimientos feministas y LGBTQI que trabajan desde el pluralismo religioso, disputando la idea del monopolio de la fe, y son espacios muy ricos de lucha y de pertenencia. Las religiones, todas ellas, tienen espacios plurales, democráticos y horizontales, que muchas organizaciones aprovechan para dar una batalla por los sentidos. Otras organizaciones tienen experticia en la creación de mensajes, y desde allí contribuyen. Pero esta batalla no tiene lugar solamente, ni principalmente, en las redes sociales, ya que no todo el mundo tiene siquiera acceso a internet. La disputa por el sentido es fundamental tanto en las redes sociales como fuera de ellas, como se observa en torno del rótulo ‘pro-vida’ que se auto-imputan muchos grupos anti-derechos. Los grupos de mujeres y LGBTQI que trabajan a nivel de base lo referencian continuamente, con el interrogante: ¿cuánto vale mi vida si no tengo acceso a un trabajo, al reconocimiento de mi identidad, a la protección de mi salud, si la vida que se me ofrece no es una vida digna? La sociedad civil progresista debe reclamar para sí la defensa de la vida, entendida como vida digna, plenamente humana.

  Para ofrecer esta respuesta, la sociedad civil progresista necesita aliarse con otros actores que comparten los valores del pluralismo, la libertad y la igualdad. La agenda feminista plural, inclusiva, no esencialista y decolonial es una buena base sobre la cual articular alianzas con múltiples actores que antes no eran convocados por el feminismo, para poder disputar sentidos no solo en el terreno retórico, sino también en la realidad concreta. El feminismo popular representa un regreso a lo real, a lo que los principios implican para el día a día de la gente. Si hablamos del aborto, por ejemplo, debemos centrarnos en las consecuencias de la legalidad o la ilegalidad de esta práctica sobre la realidad cotidiana de las personas gestantes, de las familias y las comunidades. La religiosidad y la fe son una parte importante de la vida de las personas, y el movimiento feminista, o al menos una buena parte de él, está trabajando desde esa realidad.

  Contáctese con María Angélica través de su perfil deFacebook y encuentre sus trabajos enResearchGate.

• ‘Threats to women’s and LGBTI rights are threats to democracy; any retrogression is unacceptable’

  Recent years have seen an apparently growing tendency for anti-rights groups to seek to claim the space for civil society, including at the intergovernmental level. CIVICUS speaks about it with Gillian Kane,asenior policy advisor for Ipas, a global women’s reproductive health and rights organisation.Founded in 1973, Ipas is dedicated to ending preventable deaths and disabilities from unsafe abortion. Through local, national and international partnerships, Ipas works to ensure that women can obtain safe, respectful and comprehensive abortion care, including counselling and contraception to prevent future unintended pregnancies.

  1. Do you observe any progress on sexual and reproductive rights in the Americas? What are the main challenges looking ahead?

  Ipas has robust programmes in Latin America, and we have definitely seen progress on legislation that increases women’s and girls’ access to safe and legal abortions, including in Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay and Mexico City. Still, according to the Guttmacher Institute, a research and policy organisation, more than 97 per cent of women of childbearing age in the region live in countries where abortion is restricted or completely banned. A woman who lives in restrictive settings and wants an abortion will have to do so under illegal conditions and at great risk to not just her health, but also her security. Women who have abortions are vulnerable to harassment, intimidation, arrest, prosecution and even jail time.

  We also see that restrictive abortion laws are damaging the provider-patient confidentiality relationship. A study by Ipas and the Georgetown Law School’s O’Neill Institute found that an alarming number of medical staff across Latin America are reporting women and girls to the police for having abortions. Many countries now require, protect or encourage medical providers to breach their confidentiality duties when they treat women seeking post-abortion care.

  2. Are we facing a democratic regression at the global level? Do you think women are being targeted?

  We are indeed facing a democratic regression, and I do think women are being targeted, both which are incredibly alarming. With the United States leading, we’re seeing the rapid degradation of the political and legal infrastructure that is designed to promote and protect the interests of citizens. For example, you see this in attacks against the Istanbul Convention, which is intended combat violence against women. You would think this would be uncontroversial. Yet, there are right-wing groups like the Alliance Defending Freedom (ADF) objecting to the Convention, claiming that it takes away parental rights and that it promotes gender as social construct, and not as a binary biological truth, as they see it. This is also happening in international spaces. This year at the United Nations’ Commission on the Status of Women, the US State Departmentappointed two extremists to represent it. One was an executive leader of a known LGBTI-hate group, and the other was from an organisation that has advocated for the repeal of legislation that prevents violence against women. And at the country level, for example in Brazil, conservative leaders are downgrading the power of ministries that promote equal rights for women and black communities.

  But it’s not all doom and gloom. Women are responding forcefully. Poland provides an amazing example of women organising and effecting change. In late 2016 thousands of women and men crowded the major cities of Warsaw and Gdansk to join the ‘Black Monday’ march, to protest against a proposed law banning abortions. The full ban wasn’t enacted, which was a huge victory. And of course, the women’s marches and the #MeToo movement are incredible, and global.

  3. Not many people in Latin America have ever heard of the Alliance Defending Freedom. How is this organisation surreptitiously changing the political conversation in the region?

  ADF is a legal organisation. It was founded in 1994 by a group of white, male, hard-right conservative evangelical Christians. It was designed to be the conservative counterpoint to the American Civil Liberties Union (ACLU), which they saw as out to squash their religious liberties. They are huge, and have a global reach, which they say is dedicated to transforming the legal system through Christian witness. To that end they litigate and legislate on issues linked to the freedoms of expression and religion.

  I wouldn’t say that their actions are surreptitious; they’re not deliberately trying to fly under the radar. They are intervening in spaces that don’t necessarily get a lot of news coverage, such as the Organization of American States (OAS). But in recent years they have definitely increased their activism both at the regional and country level in Latin America. In terms of the conversation, what they are doing is reframing rights issues to use religion as a sword, rather than a shield. Right now they are litigating, in the United States Supreme Court, the case of a baker who refused to make a wedding cake for a gay couple. As my colleague Cole Parke has explained, they are corrupting religious freedom. They are claiming it is legal to discriminate against a gay couple because of religious beliefs: that religion trumps all other rights. They are doing the same with conscientious objection: they have supported a midwife in Sweden who has refused to provide abortion as required by law. The list goes on.

  4. What strategies have anti-rights groups used, and what accounts for their success in international forums?

  As I have explained in a recent op-ed, in international forums these groups express concern for the wellbeing of children, who they claim are being indoctrinated by permissive governments in the immoral principles of ‘gender ideology’. Of course there is no such thing as a gender ideology, and much less governments forcing children to learn inappropriate material. The wellbeing of children is being used as a cover to disable efforts to enforce rights and protections for girls, women and LGBTI people.

  The 2013 General Assembly of the OAS, held in Guatemala, witnessed the first coordinated movement agitating against reproductive and LGBTI rights. This was, not coincidentally, also the year when the OAS approved the Inter-American Convention against all forms of discrimination and intolerance, which included protections for LGBTI people.

  At the 2014 OAS General Assembly in Paraguay, these groups advanced further and instead of only being reactive, began proposing human rights resolutions in an attempt to create new policies that they claimed were rights-based, but were in fact an attempt to take rights away from specific groups. For instance, they proposed a ‘family policy’ that would protect life from conception, in order to prevent access to abortion.

  From then on, their profile increased with each subsequent assembly, in the same measure that their civility declined. At the 2016 General Assembly in the Dominican Republic, they even harassed and intimidated trans women attending the event as they entered women’s restrooms. As a result, the annual assembly of the OAS, the regional body responsible for promoting and protecting human rights and democracy in the western hemisphere, turned into a vulgar display of transphobic hate.

  5. Should progressive civil society be concerned with the advances made by these groups in global and regional forums? What should we be doing about it?

  Progressive civil society should definitely be concerned. Constant vigilance is needed. There are many ways to respond, but being informed, sharing information and building coalitions is key. I would also recommend that progressive movements think broadly about their issues. Consider how groups like ADF have managed to attack several rights, including abortion, LGBTI and youth rights, using one frame, religion. We need to be equally broad, but anchored, I would argue, in secularism, science and human rights. We started the conversation talking about democracy, and this is where we should end. We need to show how threats to specific rights for women and LGBTI people are threats to democracy. Any retrogression is unacceptable.

  Get in touch with Ipas through theirwebsite or theirFacebook page, or follow @IpasLatina and @IpasOrg on Twitter.

• 85 organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por el reingreso de Cuba al Consejo de DDHH de la ONU

  En respuesta a la elección de Cuba para su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos, 85 organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos y libertad de expresión en conjunto con medios independientes de comunicación emitieron la siguiente declaración:  

  Nos preocupa profundamente la decisión de otorgarle a Cuba una nueva oportunidad para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos.  Esto no sólo recompensa el pobre historial de Cuba en materia de derechos humanos, sino que también socava la integridad del Consejo para responsabilizar a los gobiernos abusivos por sus acciones en la región y en todo el mundo.  

  Las naciones que tienen el honor de integrar el Consejo deben comprometerse con el derecho internacional de los derechos humanos. Los miembros del Consejo deben asegurarse de que Cuba no eluda la responsabilidad de su propia conducta ni utilice su asiento para debilitar estas normas internacionales. Como organizaciones dedicadas a la protección y promoción de derechos humanos estaremos vigilantes, monitoreando las acciones de Cuba dentro del Consejo, certificando que los derechos humanos y las libertades fundamentales están siendo respetados y protegidos.  

  Antecedentes 

  En octubre 13 de 2020, en la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional otorgó a Cuba un nuevo asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Desde su fundación en 2006, Cuba ocupó, en cuatro mandatos, uno de los ocho puestos del Consejo de Derechos Humanos correspondientes a América Latina y el Caribe. En los 12 años de Cuba en el Consejo, el país solo apoyó 66 de las 205 resoluciones aprobadas en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo.   

  En los tres ciclos del Examen Periódico Universal Cuba ha recibido severos señalamientos sobre violaciones a la libertad de asociación y expresión, persecución política, detenciones arbitrarias, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero, ausencia de independencia judicial, censura, control de Internet y escasa pluralidad de medios de comunicación. En julio de 2020, estas violaciones incluso se manifestaron públicamente en el Consejo de Derechos Humanos cuando el representante cubano y sus aliados censuraron al defensor de derechos humanos, Ariel Ruiz Urquiola, mediante constantes interrupciones mientras hablaba sobre los crímenes cometidos contra él y su hermana por el gobierno cubano. 

    Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al país al Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos por delitos de carácter político, no ha logrado ingresar a la isla desde 1989. Cuba es también el único país de la América que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990.   

  En el informe “Libertad en el Mundo 2020” de Freedom House, Cuba obtuvo una puntuación de 14 puntos de un posible de 100 con respecto a las libertades civiles y políticas, la más baja de América Latina. En 2019, el informe “El estado de la democracia en el mundo” de International IDEA declaró que Cuba se ubica entre el 25 por ciento más bajo del mundo en participación de la sociedad civil, y que es el único país de la región que no ha dado pasos significativos hacia una transición democrática en las últimas cuatro décadas. Clasificado como un régimen autoritario, en la posición 143 de los 167 países del “Índice de Democracia 2019” de The Economist Intelligence Unit, Cuba también ha obtenido múltiples clasificaciones bajas por parte de organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión. Por ejemplo, en su informe más reciente, Human Rights Watch destacó la continua represión del gobierno cubano y el castigo de la disidencia y la crítica pública a través de palizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos laborales arbitrarios. 

  En 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que en Cuba “persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones”. Asimismo, en su informe de 2020 sobre la situación de derechos humanos en Cuba, la CIDH identificó un patrón común en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento empleado por la policía y por agentes de la Seguridad del Estado. Según organizaciones como Prisoners Defenders y Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay entre 125 y 138 presos políticos en Cuba en octubre de 2020.  

  El país sigue estando, año tras año, entre los peores calificados en materia de libertad de prensa en América Latina, y ocupa el puesto 171 de los 180 países analizados en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras (RSF). El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluye a Cuba en una lista de los 10 países con mayor nivel de censura del planeta. 

  Firmantes:

  1. 14yMedio
  2. AC Consorcio, Desarrollo, Justicia
  3. ADNCuba
  4. Alas Tensas
  5. Alianza Democrática Oriental
  6. Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
  7. Árbol Invertido
  8. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
  9. Asociación Cubana de Pequeños Emprendedores (ACPE)
  10. Asociación Cubana para la Divulgación del Islam
  11. Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)
  12. Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)
  13. CADAL
  14. Centro Cubano de Derechos Humanos
  15. Centro de Justicia y Paz - Cepaz 
  16. Christian Solidarity Worldwide (CSW)
  17. CIVICUS
  18. Civil Rights Defenders
  19. Club de Escritores y Artistas de Cuba
  20. Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba (CPIC)
  21. Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH)
  22. Comité de Ciudadanos por la Integración Racial 
  23. Comunidad Judía Sefardita Bnei Anusim de Cuba
  24. Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba
  25. Corriente Agramontista (agrupación de abogados independientes cubanos)
  26. CubaLex
  27. CubaNet 
  28. Cultura Democrática
  29. Delibera Organización
  30. Demo Amlat 
  31. Demóngeles
  32. Diario de Cuba
  33. Editorial Hypermedia
  34. Espacio Público (Venezuela)
  35. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela 
  36. Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas
  37. Foro Penal 
  38. Forum 2000 Foundation
  39. Freedom House
  40. Frente Democrático Estudiantil 
  41. Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador).
  42. Fundación Nacional de Estudios Jurídico, Políticos y Sociales  
  43. Hearts on Venezuela
  44. Instar
  45. Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)
  46. Instituto La Rosa Blanca
  47. Instituto Patmos
  48. Instituto Político para la Libertad (IPL)
  49. Inventario
  50. Justicia, Encuentro y Perdón 
  51. Juventud Activa Cuba Unida
  52. La Hora de Cuba
  53. Libertad Cuba Lab
  54. Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC)
  55. Ministerio Internacional Apostólico y Profético “Viento Recio”
  56. Ministerio Mujer a Mujer
  57. Movimiento para la Libertad de Expresión (MOLE) 
  58. Movimiento San Isidro
  59. Museo de la Disidencia en Cuba 
  60. Observatorio Cubano de Derechos Humanos
  61. Observatorio de Libertad Académica (OLA)  
  62. OtroLunes - Revista Hispanoamericana de Cultura
  63. Outreach Aid to the Americas, Inc. (OAA)
  64. Palabra Abierta
  65. PEN America
  66. PEN Argentina
  67. PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio
  68. PEN Internacional
  69. PEN Nicaragua
  70. People in Need (PIN)
  71. People in Need Slovakia
  72. Prisoners Defenders
  73. Programa Cuba 
  74. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
  75. Puente a la Vista 
  76. Red Apostólica Internacional Fuego y Dinámica RAIFD
  77. Red de Cultura Inclusiva
  78. Red Defensora de la Mujer (REDAMU)
  79. Red Femenina de Cuba 
  80. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD)
  81. Robert F. Kennedy Human Rights
  82. Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC)
  83. Tremenda Nota
  84. Un Mundo Sin Mordaza
  85. Yucabyte 
• Advocating for women’s sexual and reproductive rights in Peru, a risky fight against powerful enemies

  Spanish

  CIVICUS speaks to María Ysabel Cedano, Director of DEMUS –Study for the Defense of Women’s Rights, a Peruvian feminist organisation that since 1987 defends human rights, and particularly women’s sexual and reproductive rights, by promoting their free exercise and questioning the hegemonic cultural paradigm on women and their sexuality. DEMUS carries out public opinion campaigns and advocacy work with the three branches of government; it conducts strategic litigation and promotes mobilisation on issues related to the promotion of equality and non-discrimination, a life free from gender-based violence, access to justice, and sexual and reproductive rights.

  1. How would you describe the context for the exercise of feminist activism in Peru?
  Generally speaking, conditions for activism greatly depend on the ideology, programme and nature of the organisation and movement in question - on its stance regarding the state and the incumbent government, and on its relationship with political forces and the powers that be.

  Due to our agenda, we feminists are antagonists of Fujimorism, the political movement founded by Alberto Fujimori, who ruled Peru between 1990 and 2000. Our organisation has criticised and opposed them since the 1990s, as we have fought for justice and reparations for the thousands of victims of the Fujimori administration’s policy of systematic forced sterilisation. Its victims were mostly peasant, indigenous and poor women who underwent irreversible surgical contraception without being able to give their free and informed consent, in a context of widespread violence.

  On this issue, in 2003 we reached a Friendly Settlement Agreement (FSA) in the Mamérita Mestanza case. As a result, the Peruvian state acknowledged its responsibility for human rights violations in the context of the forced sterilisation policy and committed to providing justice and reparation to victims. We also obtained favourable statements by the Inter-American Commission on Human Rights that have boosted our work to defend the right to access justice and to promote a policy of integral reparations. That made us a target of Fujimorist attacks, in the form of defamation in the national media as well as in social media. We have in fact sued former congressman Alejandro Aguinaga, under investigation in the preliminary examination of forced sterilisations as a crime against humanity and other serious violations of human rights, which the Public Ministry opened in 2004 in compliance with the already mentioned FSA. The case still remains in its preliminary stages due to political interference, which we have publically denounced. For more than fourteen years, the Public Ministry has failed to accuse former President Fujimori and his former Health Ministers, including Aguinaga, and no prosecution has taken place. In the meantime, Fujimorism has not undergone any renovation whatsoever: it still does not believe in human rights and cannot fathom the right of women to decide on their own. In fact they all remain very convinced that it is the state that has to decide for them.

  The other antagonists we have as a result of our feminist agenda are the Catholic and Evangelical ecclesial hierarchies, as well as other conservative and fundamentalist religious groups such as Opus Dei, Sodalitium and Bethel. These are the leaders of an anti- sexual and reproductive rights agenda and seek to legislate and implement public policies to strengthen the institutions that guarantee their political, economic, social and cultural dominance, thereby ignoring the secular character of the state that the authorities in turn fail to enforce. For decades they have run a strong campaign against what they call “gender ideology”, not just in Peru but throughout Latin America and the Caribbean, and beyond. These are multimillion-dollar campaigns that maintain that “gender ideology” attacks life, marriage and family. The funding they poured into the fear campaign against the peace accords in Colombia is a good example of this. They have also promoted a campaign called "Don't mess with my children" in several countries in the region.

  While these actors have questioned the scientific and legal validity of the gender perspective, the concept of gender has been adopted in the Beijing Platform for Action (1995) and in standards such as CEDAW, the Rome Statute of the International Criminal Court and the Convention of Belém do Pará. In Peru it was included into several laws, public policies and institutions, as a result of which conservative sectors are currently trying, for instance, to eliminate the gender perspective from the school curriculum, including all allusions to sexual orientation and gender identity. They have done so by means of both street actions and lawsuits. These however have not yielded the desired results: the overwhelming response from the Ministry of Justice’s Attorney General even covered them in ridicule. As a result, they had no alternative left other than using their power in Congress, where there are currently two bills that have been submitted by Fujimorism towards that aim.

  Lastly, in addition to harassing us through their press, as they have always done, these sectors now also attack us for our funding sources. They say we are the instruments of great powers seeking to impose Western models of family and sexuality in our country.

  Thanks to a journalistic investigation that then became a criminal investigation, we currently know of child sexual abuse perpetrated by members of the Sodalitium, one of the most conservative and powerful groups within the Catholic Church. The scandal contributed to weakening the attacks coming from the ecclesial hierarchy. We are also beginning to know about the unholy business the Church does with education, health and even cemeteries within the framework of the Concordat between the Peruvian state and the Vatican. The very same priests who have spent years fighting us on the decriminalisation of abortion for rape cases, and who have said the worst things about us because they consider themselves to be the “defenders of life”, have allegedly covered for rapists of children and adolescents in their congregations and communities. This has helped people overcome their fear of denouncing the Catholic Church’s hypocrisy and double standards, and has limited the church’s ability to demand the government implement specific policies. For instance, the government has recently obeyed a court order to resume the distribution of emergency oral contraception despite pressures from Cardinal Cipriani.

  Given that our struggles for transitional justice have led us to seek justice and integral reparations for the victims of sexual violence during the internal armed conflict (1980-2000), we face not only Fujimorism but also APRA, a traditional party that ruled during a part of this period. They both seek to divide Peruvians between terrorists and non-terrorists and associate the left and human rights with terrorism. They never get tired of asserting that those who attack the military are terrorists - or ungrateful to say the least, for persecuting those who freed us from terrorism. If we strive for the legalisation of abortion we are abortionists, and if we defend human rights we are terrorists.

  2. How does DEMUS work to overcome these obstacles?
  We combine organisational and mobilisation strategies to strengthen the feminist and women’s diversity movement, public and political advocacy for legislation, public policies and access to justice measures, and strategic litigation. Among the latter were for instance the Manta y Vilca trial on rape during the internal armed conflict, which established that this was a crime against humanity; the case of forced sterilisations during the Fujimori administration; and other cases that have allowed us to move forward in terms of the recognition and guarantee of the human right to therapeutic abortion, among other sexual and reproductive rights.

  Ours is not just a lawyers’ struggle: we work in multidisciplinary teams and in alliances and within networks including other feminist, women’s, LGBTIQ and human rights NGOs, groups and platforms. Experience has taught us that it is not enough to obtain jurisprudence, standards, laws and public policies if there are no social movements and citizens defending them, that is, if there is no social base accompanying and empathising with the victims. Strategic litigation, legal defence and psycho-legal and therapeutic help are therefore always to be accompanied with mobilisation and campaigning.

  3. Is the Peruvian women’s movement integrated into regional or global networks, so as to face an adversary that is?
  There are indeed very important global and regional networks. In Latin America, the level of articulation reached by indigenous, peasant and environmental women human rights defenders is astonishing in contrast with the weakening of some feminist networks. New technologies have revolutionised communications, and we now have various alternative means to organise ourselves in networks.

  We must think about how to strengthen our thematic networks, for instance in the field of sexual and reproductive rights, in order to resist together. This is facilitated by a number of conceptual convergences, but complicated by the scarcity of resources reaching Latin America, competition around which affects alliances and articulations. Neoliberalism has also had an impact on inter-subjective relations: conflicts and rivalries arise due to scarce funding. It is impossible to understand the degree of difficulties we face without analysing the changes in and the new rules of international cooperation and funding mechanisms.
  On the other hand, we must not forget that Peru’s is a post-conflict society, with open wounds and an abundance of distrust, which has not yet learned to resolve differences without violence. We need to be aware of these limitations, so as not to reproduce what we criticise. But we are certainly still very strong: with much greater organisation and resources than we have, Catholics and evangelicals have not yet managed to create enough pressure in the streets and on public opinion to remove sex education from the school curriculum. Their only hope is now placed on authoritarian conservative forces in Congress.

  4. What progress or setbacks do you perceive in the struggle for women’s rights in Peru?
  Taking stock of the forty years of contemporary feminism in Peru, there has been net progress in terms of the legal-institutional framework. Advances have been the result of constant struggle and permanent dispute, and are neither ideal nor stable: they need to be continuously defended and perfected.

  For instance, in late 2015 a substantial amendment to Law No. 26260 (1993) on domestic violence was finally passed. The new legislation, Law No. 30394, is a law against gender-based violence. Shortly after, in July 2016, the Third National Plan against Gender Violence (2016-2021) was passed. In both cases there was a dispute over the diversity of the women to be protected. There was much resistance against the possibility that legislation would also protect lesbian, bisexual and transgender women. In fact, recognition of the variety of forms that gender violence can take was not as resisted as the extension and recognition of the objects of protection. The women’s movement succeeded in getting some previously unacknowledged forms of gender violence recognised as such, including gender-based violence in the context of social conflicts. We wanted the new law to protect women human rights defenders of land, the environment, and natural resources, that is, indigenous and peasant women who are currently criminalised and on whom conflicts have a differential impact on the basis of gender. This we achieved. We had also proposed that the violation of sexual and reproductive rights be recognised as gender violence. And while we achieved recognition of forced sterilisation, rape in the context of internal armed conflict, violence due to sexual orientation, and obstetric violence as forms of gender-based violence, such recognition was not expressed in the language of sexual and reproductive rights. In additional, sexual orientation-based violence was recognised but gender identity-based violence was not.

  Fifteen years after the First National Plan was launched, and more than twenty after the first law against then-called “domestic” or “intra-family” violence was passed, tension between women’s rights and family protection persists. Although Law No. 30364 has in many respects aligned legislation with the Belém do Pará Convention, violence based on gender identity discrimination has not yet been recognised. Public debate continues to focus on nature as a determinant of sexuality, reproduction and family.

  Why is it that feminists and LGBT people perceive “family protection” as contrary to our rights? First, because not all families are protected. Family rights of the LGBT population are not recognised. Secondly, because why protect the existing family – a traditional, hierarchical, violent family based on sexual division of labour and the exclusive recognition of heterosexual sexuality? A family organisation free of discrimination and gender-based violence should be promoted instead. In other words, measures should be taken to dismantle the patriarchal family, which functions as the very first place of normalisation and control, particularly for women and LGBT persons. The family has become a space in which physical, psychological and sexual violence remain unpunished: in fact, Peru has the second highest rate of denunciation of sexual offences against girls and adolescents in the region, and these are in many cases perpetrated by family members. Finally, a person’s (and in this case a woman’s) rights can never be subordinated, conditioned or reduced to a by-product of family welfare, in the same way as the rights of an actual person cannot be subordinated to the rights of being yet to be born.

  In sum, in historical perspective there has been progress in the recognition and guarantee of rights, but these have been the product of constant struggle. We face strong resistance, and if we had not permanently defended our conquests, we would certainly have seen them retreat long ago.

  5. In this context, how has DEMUS’ agenda changed since its beginnings in 1987?
  DEMUS is an organisation well known for its work for the right to a life free of gender-based violence. We specialise in prevention, care, denunciation, therapeutic and psycho-legal accompaniment, litigation, advocacy with legislative, policymaking and justice administration bodies, and campaigning and mobilisation on gender-based violence. For instance, we developed the “Not one more death” campaign, which placed femicide on the public agenda, and the “A man doesn't rape” campaign, which contributed to call attention on the problem of sexual violence, impunity and the culture of rape.
  
  In the beginning we had to dispute about the very concept of what was then called “intra-family violence”, which we designated as “violence against women” and today we call “gender-based violence”. We saw violence against women as a problem of power inequality, sexual discrimination and impunity, so we advocated for equality and access to justice. However, as years passed and the first laws and policies on the issue were passed, we realised that we were not obtaining the results we expected.

  The fight against violence against women had gained consensus as part of the state agenda and had occupied a space in the institutional structure of the state (commissions, ministries, etc.), and even ultraconservatives had begun to accept equal opportunities between men and women (which was enshrined in Law No. 28983 of 2007) all the while resisting the recognition of other sexual orientations and gender identities. So we began a conceptual revision and concluded that if we wanted to combat gender-based violence, our central strategic battle had to revolve around women’s autonomy and self-determination in the field of sexuality and reproduction, the recognition of and the provision of guarantees for sexual and reproductive rights understood as fundamental human rights, and access to justice in cases where these were violated. The perspective of sexual and reproductive rights came to enrich the equality and non-discrimination approach in addressing the problems of gender-based violence and impunity.

  Thus, although the defence of LGBT rights and the legalisation of abortion were already in DEMUS’ agenda, they have since become more central to it. And our strategies became richer in the process, because besides strategic litigation and therapeutic and psycho-legal accompaniment we started to focus as well on organisation and mobilisation, public advocacy and communication. We have used the whole toolbox in our search for justice and reparations for the victims of forced sterilisations, and also in our campaigns for emergency oral contraception and the legalisation of abortion (first of all for reasons of rape, foetal malformations incompatible with extra-uterine life, and unconsented artificial insemination and egg transfers, and eventually on the basis of women’s dignity and right to decide).

  Most recently, in our work to defend victims of sexual violence and impunity, we have learned from the indigenous and peasant women defenders of land and water that women human rights defenders are being differently affected by the extractivist economy due to their gender, and are being specifically criminalised by corporations such as the Yanacocha mining company and by the state itself. In their struggle to defend lakes and resist mining projects such as Conga, women are having a hard time, since gender-based violence is being used against them. In the actions of the police and the Armed Forces we are currently seeing a criminalisation of social protest, threats and violations of women’s rights echoing those that took place during armed conflict. In order to avoid the repetition of serious violations of human rights and crimes against humanity, we are using the new legislation, which now enables it, to denounce Yanacocha and make it clear that there is gender-based violence behind situations of harassment like that suffered by women human rights defenders such as Máxima Acuña.
  
  The other agenda that we increasingly adopted as central is the defence against discrimination based on sexual orientation and gender identity, in order to achieve recognition of and guarantees for the right to gender identity and lesbians’ right to maternity. We choose the issues we fight for on the basis of several criteria. One of them is that of revolutionising whatever the system resists the most, so that if we win, we will not only have obtained a law, public policy or jurisprudence, but we will also have conquered people’s common sense. And what the system most resists today is transgender identity and the right of LGBT persons to love and family. The system condemns us to civil death, poverty, marginalisation, murder, harassment and rape.

  6. In Peru, there have recently been major mobilisations with the motto #NiUnaMenos. How was the issue placed on the public agenda in such a way that mobilisation turned out to be so massive? What roles did regional networks play in the process?

  The marches in Argentina, Mexico and other countries inspired many of us: we wanted to do something similarly massive in our own country. But mobilisation did not occur in Peru as a response to a regional call, or as a result of prior coordination within a regional network.

  A year prior to this mobilisation there was a high profile case in Peru, in which a woman was savagely attacked in a hotel in Ayacucho, dragged by the hair and almost raped and murdered. The episode had been recorded on video, and everyone followed the case in the media and expected the attacker to be convicted. The ruling came out a few months before the demonstration, and it acquitted the accused. It denied that an attempted rape and femicide had taken place, and it even ruled that the injuries on the victim had been minor. This generated a social phenomenon of indignation that spread throughout the national territory and in social media. Women who were in the ideological and social antipodes from one another agreed that something had to be done, and feminists started talking about a mobilisation meant to make it clear that “if they touch one of us, they are touching us all”. The #NiUnaMenos (#NotOneLess) slogan was adopted out of the belief that the time had finally come and that this would be a mobilisation of a magnitude similar to those that had taken place in other countries.
  
  In Peru, the idea persists that if you do not obtain justice it is because you cannot prove what has happened to you. You only have your word and that is not enough for justice administrators. Now, if even in a case where there is a video like that, the aggressor is eventually absolved, what kind of security and justice is left for the rest of us? This created an unprecedented feeling of helplessness. Fear quickly turned into indignation, and this in turn into mobilisation. I was invited to join a Facebook chat a few hours after the video was made public. There were ten of us to start with, and a little while later we were over sixty, and the next day we were meeting at a comrade’s place. Within a few hours, the closed group formed in Facebook went from a few women testifying to the various forms of violence in their daily lives to 20 thousand, 40 thousand women reporting on their own stories of violence: at home, in the streets, at work, in school. Terrible stories, and everybody was telling them and keeping each other company.

  Thus, in Peru citizens went out into the streets to reject impunity and defend the right to justice. People began to wonder why violence against women persists despite all the laws and policies to combat it. The media started talking about patriarchy and machismo as its causes. There was some recognition of the importance of the feminist struggle, at least in that particular context. Much of the leadership and organisational work towards mobilisation was done by various organised and unorganised female citizens, leaders of feminist groups in neighbourhoods, universities, trade unions, NGOs. Women of a wide diversity of movements, colours, desires, education, professions and talents, in alliance and dialogue with the survivors whose emblematic cases united diverse sectors of society. Conservative sectors have still not managed to obtain similar success in defence of their agenda.

  7. Did the mobilisation have any positive effect in terms of public policy?
  The mobilisation resulted in some concrete measures, although these were too narrowly focused and involved little public investment. A Circle of Protection program was created, thereby extending attention to 24/7 in five out of over 200 Emergency Women’s Centres (EWC). Coverage of the emergency line Línea 600 was extended to all days of the week. This contributed to an increase in addressed complaints. Also, cases of femicide and rape were subsequently included into the rewards programme to stop offenders.

  Additionally, there were announcements regarding the expansion of temporary shelters, the provision of gender training to justice operators, and in particular to the National Police, and the creation of at least 50 new EWCs in various police stations across the country. The Public Ministry adapted its guidelines to Law No. 30364 and announced the creation of prosecution offices specialised in femicide. The Judiciary established a National Gender Commission.
  
  Nonetheless, femicidal violence persists as a savage daily occurrence; there is in fact a patriarchal and male chauvinist counteroffensive underway. They continue to kill us and rape us, and the femicide and rape culture keeps blaming us for it. And the measures adopted by the state in defence of the gender approach and gender equality fall short: they are basically reactions and responses to public pressure. We women do the reporting and monitoring job that the state should be doing. The state and the government always give in when it comes to the sexual and reproductive rights of women and LGBTIQ people. Which makes it clear that unless it becomes feminist, public policy will yield no results. If public policy priorities do not change, women will continue to die.
  
  The most important changes have occurred in the realms of common sense. #NiUnaMenos has shown that there is widespread rejection of violence against women, and that women have become empowered to talk about sexual violence in the same way that we first learned to talk about partner and domestic violence. There is no longer shame in having been a victim: it is clear that the other party is the one at fault. Women now know that there are things that are not right, and that if they happen to them it is not their fault, or God’s will, or the work of nature: it is a violation of rights and a matter of justice, and those responsible have to be punished.

  Civic space in Peru is rated as ‘obstructed’ in the CIVICUS Monitor.
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• ARGENTINA: ‘El cambio es inevitable, es solo una cuestión de tiempo’

   

  

  En 2018, tras años de esfuerzos de la sociedad civil, el Congreso argentino por primera vez debatió un proyecto de legalización del aborto. Aunque la prohibición, excepto en algunas circunstancias específicas, sigue en pie, los actores pro-legalización consideran que el debate ha progresado.CIVICUSconversa sobre la campaña con Edurne Cárdenas, abogada del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado, para luego ampliar su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

  ¿Cuándo comenzó el CELS, una organización clásica de derechos humanos, a trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, y por qué?

  El CELS ha tenido una gran capacidad para trabajar en la época que le ha tocado y, en consecuencia, para enriquecer su agenda, siempre actúa en alianza con movimientos sociales y otras organizaciones. En la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, en 1993, se articuló explícitamente la idea los derechos de las mujeres como derechos humanos. A mediados de los ’90, creo que más precisamente en 1996, el informe anual del CELS incluyó contribuciones de activistas del movimiento de mujeres acerca de los derechos reproductivos. En los años siguientes, muchas veces en alianza con otras organizaciones, el CELS participó en presentaciones ante órganos internacionales de protección: por ejemplo, en 2004 contribuyó a un informe sombra ante el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW). La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se formó en 2005 y el CELS pasó a integrarla en 2012. Poco después de esos primeros artículos en el informe anual, se incorporó de forma paulatina a nuestras preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos el acceso a los abortos no punibles, como los denomina el Código Penal, es decir, abortos que son legales si peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. La temática también se instaló a partir del gran trabajo militante de activistas feministas al interior de la organización.

  En suma, si el CELS trabaja sobre este tema es porque entiende que la penalización del aborto impacta de forma negativa en el goce de las mujeres de sus derechos humanos. El aporte central del CELS fue inscribir el debate del aborto dentro del paradigma de los derechos humanos y poner en circulación argumentos de derechos humanos para alimentar el cuerpo argumental de la cuestión. El CELS no se especializa en salud, pero trabaja en alianza con otras que examinan el problema desde ese ángulo. Desde nuestro punto de vista, se trata de un tema en el que está en juego la libertad y la igualdad, cruzado por otras cuestiones que históricamente han sido centrales en nuestro trabajo: la violencia institucional.

   

  El debate por la legalización del aborto avanzó más que nunca en Argentina durante 2018, pero no alcanzó para que la ley se aprobara. ¿Qué lecciones extraes de esta experiencia?

  En 2018 por primera vez se trató en el Congreso una iniciativa para legalizar el aborto. Fue la séptima vez que se presentó una iniciativa de estas características y se trató de un proyecto promovido y redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 500 organizaciones del movimiento de mujeres, articulada, horizontal y con 13 años en esta lucha. Antes de 2018, los proyectos no habían avanzado ni siquiera en las comisiones que deben dar dictamen para que se trate en el recinto. La Argentina tiene ya una tradición de feminismo muy movilizado y, desde 2015, con mucha presencia en las calles y una demanda clara de aborto legal. Este año empezó con una novedad: en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente de la Nación hizo mención al tema, con lo cual, gracias a la presión de la agenda feminista, habilitó el debate parlamentario. Fue algo absolutamente inédito. Lamentablemente, luego de recibir media sanción en Diputados en junio de 2018, la iniciativa fue rechazada por el Senado en agosto.

  El proceso estuvo liderado por el movimiento de mujeres. Todos los otros movimientos y organizaciones nos integramos detrás de ese liderazgo. En Diputados la estrategia fue exitosa porque fue multipartidaria y diversa, la participación de los movimientos fue fuerte y la influencia de la calle se hizo sentir. En el Senado, la cámara más conservadora, hizo falta más trabajo. Allí nos fallaron las alianzas, que no lograron replicar la transversalidad que hubo en Diputados. Una pregunta que quedó planteada, entonces, fue cómo llegar a la cámara más conservadora con un reclamo que necesariamente debe pasar por allí.

  Además, lo que la derrota en el Senado dejó en evidencia fue que tenemos que trabajar más para entender y contrarrestar el discurso de posverdad nuestros adversarios. Estamos viendo una avanzada conservadora que pone en riesgo la calidad institucional y, en última instancia, la institucionalidad democrática. Lo que fue interesante es que toda la ciudadanía pudo enterarse y tomar nota de qué piensan y cómo votan sus representantes.

  Podría decirse que los resultados de esta batalla han sido agridulces. ¿Cuánto hubo en ellos de derrota y cuánto de victoria, y por qué?

  La postal de desilusión del 9 de agosto, cuando el Senado votó en contra, es una imagen muy parcial del proceso. En nuestro balance, la lista de lo que ganamos es mucho más larga que la lista de lo que perdimos. Entre lo perdido está por supuesto esta oportunidad -pero solo esta, la de 2018, porque realmente creo que el cambio es inevitable y es solo una cuestión de tiempo. No sé si el año en 2019, pero en algún momento va a ocurrir. Y lo que sí creo que tiene que pasar en 2019 es que, tratándose de un año electoral, todos los temas que se pusieron sobre la mesa durante este proceso deben ser parte de la agenda de la campaña presidencial.

  Lo que ganamos, sin duda, fue masividad y presencia en el espacio público –tanto en la calle como en la opinión. Este año se discutió sobre el aborto como nunca antes, se quebraron silencios y tabúes. Pero el proceso tuvo un subproducto negativo: al poner en la agenda un tema divisivo, al volverse la movilización tan masiva y adquirir tal centralidad en la escena política, generó una fuerte reacción de los sectores más conservadores. Estos sectores se organizaron y también ganaron una visibilidad que antes no tenían.

  Con la emergencia de estos actores, el debate por el derecho al aborto puso en discusión algunas cosas que creíamos que eran consensos básicos intocables. Pero algunos sectores comenzaron a decir en voz alta cosas que hace pocos años no estaban bien vistas. Así, por ejemplo, la campaña “Con mis hijos no te metas”, contra la ley de educación sexual integral, puso en cuestión el rol del Estado en la educación.

  ¿Qué rol desempeñó el CELS en la campaña por la legalización del aborto?

  El liderazgo indiscutido en todo el proceso fue del movimiento de mujeres, y específicamente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El CELS es parte de la Campaña, pero junto a otras organizaciones de derechos humanos hicimos específicamente un aporte importante de organización, articulación y argumentación.

  Por su trayectoria, el CELS es una organización con mucha legitimidad. Que el CELS hable de aborto puede marcar la diferencia a la hora de llegar a audiencias más amplias. Ya desde 2014, cuando pareció que el proyecto de legalización podía tratarse en comisión, el CELS comenzó a elaborar insumos para el debate legislativo, con una revisión de la jurisprudencia y los estándares vigentes y, en suma, la justificación de por qué el debate sobre el aborto tenía que darse en clave de derechos humanos.

  Al mismo tiempo, el CELS ha participado en distintas causas judiciales en calidad de amigo del tribunal. Aunque consideramos que el objetivo último, y el único compatible con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres como sujetos plenos de derecho, es la legalización del aborto, hemos considerado necesario entretanto asegurar que puedan realizarse los abortos que ya son legales, según las causales para abortos no punibles. En 2012, en su fallo en el caso F.A.L., la Corte Suprema clarificó sin lugar a dudas las causas permitidas para acceder a un aborto de forma legal y las obligaciones del Estado en consecuencia. Este hecho reflejó el gran trabajo realizado por los movimientos de mujeres y de derechos humanos en las calles, en los hospitales, en la academia, en los tribunales. Pero el acceso es muy desigual, y aún en provincias “de avanzada” sigue habiendo barreras para el acceso a abortos legales. En gran medida eso refleja la limitación estructural del sistema de causales, que fracasa porque depende de que alguien certifique esas causales. Además de que el sistema de causales descarta de entre las posibles causales a la más importante: la voluntad de la persona embarazada. Esto es lo que puso en primer plano el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados.

  Durante el debate de 2018, el CELS hizo varias presentaciones en las audiencias públicas en ambas cámaras del Congreso, en apoyo del proyecto. El director ejecutivo y yo expusimos en Diputados – significativamente, tanto en la apertura como en el cierre del debate – y nuestro director de litigio expuso en el Senado. Editamos al momento del comienzo del debate una publicación que suscribió gran parte del arco del movimiento de mujeres, feminista y organizaciones con argumentos, legislación y jurisprudencia, para acercar información clara a los y las representantes de ambas cámaras.

  También estuvimos presentes en las calles, no solamente en las vigilias durante las sesiones de votación, sino también en la organización, dando apoyo y coordinando con el movimiento de mujeres, las otras organizaciones de la Campaña por el Aborto Legal, las estudiantes secundarias, profesionales de la salud y otros actores movilizados. Esta articulación y la presencia sostenida del movimiento en las calles fueron lo que marcó la diferencia durante 2018. Finalmente, nos manifestamos enérgicamente por la libertad de expresión y el derecho de manifestación, ya que a lo largo de este proceso se produjeron diversos actos de violencia contra activistas por la legalización por parte de grupos movilizados en contra.

   

  Has mencionado varias veces la oposición de los grupos anti-derechos ¿Crees que estos grupos están en ascenso? De ser así, ¿qué debería hacer la sociedad civil progresista para proteger los derechos ganados y seguir avanzando?

  Los grupos anti-derechos efectivamente han crecido y se organizan bajo un paraguas en común contra lo que llaman “ideología de género”. Este debate fue para ellos una oportunidad para organizarse como nunca antes. Ahora son más: antes eran solamente grupos vinculados con la Iglesia católica, y ahora hay también numerosos grupos de iglesias evangélicas, bien organizados y bien financiados, así como otros grupos no necesariamente religiosos. Su presencia nos demanda atención porque sus objetivos van contra los derechos de buena parte de la población, ya que buscan limitar el acceso a derechos de la infancia, de mujeres, lesbianas, gays, travestis, personas trans. Están aterrizando en toda América Latina y su presencia nos plantea interrogantes sobre sus alianzas y fines. ¿Cómo y cuándo llegaron a la Argentina? ¿Cuáles son sus demandas, hasta dónde están dispuestos a llegar? Hemos visto que detrás del “no al aborto” traen una agenda más amplia, relacionada con el rechazo de lo que llaman “ideología de género”, de la educación sexual en las escuelas, hasta de las vacunas, y quién sabe de qué más.

  El movimiento progresista necesita pensar una estrategia para enfrentarlos. La fortaleza del movimiento de derechos humanos es el uso de la creatividad y de la estrategia de la razón. En cambio, lo que hacen los movimientos anti-derechos es copiar en espejo las estrategias del movimiento de derechos humanos. Ahora bien, aunque corremos con la ventaja de la creatividad y la innovación, el movimiento anti-derechos nos está haciendo perder el tiempo discutiendo cosas que creíamos que estaban saldadas. Para colmo no es ni siquiera una discusión honesta, ya que las afirmaciones que hacen e incluso los datos que utilizan no resisten el menor chequeo. Lo que resulta de esto no es un debate, es decir, un auténtico intercambio de argumentos y razones. Pero así y todo no tenemos otra alternativa que responder. De modo que cuando “debatimos”, en realidad no debatimos con ellos ni para tratar de convencerlos a ellos, sino que lo hacemos ante una audiencia, para convencer a esa audiencia. Usamos ese simulacro de debate para levantar nuestros principios ante la opinión pública. En esto, las redes sociales han sido clave, aunque también han sido un arma de doble filo. De hecho, fue en este debate donde pudimos ver de primera mano el funcionamiento de las “fake news” (noticias falsas), sobre todo cuando las recogen actores de peso fuera de las redes y las llevan a otros terrenos. Pasó, por ejemplo, que datos totalmente falsos tomados de las redes fueron citados por legisladores en el debate parlamentario. En ese terreno tenemos mucho por hacer.

  Un desafío para nuestros movimientos es liderar la agenda de los debates. Esto nos plantea la necesidad de estar un paso adelante en la discusión. Nosotros no debemos “debatir” con los grupos anti-derechos, sino hablar para las grandes audiencias y debatir con los representantes elegidos por el pueblo, que son quienes tienen la obligación de sancionar leyes en nuestro beneficio y de cumplir con la obligación del Estado de garantizar al goce de los derechos humanos. El debate por la legalización del aborto fue una punta de lanza para pensar otras cuestiones. El sistema de causales para el aborto legal, similar al que se acaba de aprobar en Chile, existe en Argentina desde 1921. El paso de un sistema de causales a un sistema de plazos requiere de una simple decisión legislativa de modificación del Código Penal. ¿Por qué tanto revuelo entonces? Porque este debate pone en primer plano otras discusiones: cuál creemos que deba ser el rol de las mujeres y las personas gestantes, cuál debe ser el rol del Estado, hasta dónde y en qué cosas se mete… y ahí es donde saltan las contradicciones de los sectores conservadores, que quieren que el Estado se meta hasta en tu cama para penalizar, pero que a la hora de educar o de vacunar mejor no se meta.

  No podemos quedarnos a la defensiva, tenemos que ir a la ofensiva e instalar la cuestión de la laicidad y plantear el rol del Estado. Y debemos hacerlo en un contexto subregional regresivo. Brasil, nuestro gran vecino y principal socio, acaba de elegir un presidente que está alineado con la agenda de su poderosa bancada evangélica y que acaba de designar como Ministra de Derechos Humanos a una pastora evangélica que dice que la mujer nace para ser madre.

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• ARGENTINA: “El cambio cultural habilitó el cambio legal, y el cambio legal profundizó el cambio cultural”

  A diez años de la aprobación en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario que fue un hito para América Latina, CIVICUS conversa con la dirigente LGBTQI+ María Rachid, acerca de las estrategias utilizadas y las tácticas que mejor funcionaron para hacer avanzar la agenda de la igualdad, y que aún pueden resultar de utilidad en la actualidad. María es la actual titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Federación Argentina LGBT). En 1996 fundó la organización feminista lesbiana La Fulana y en 2006 cofundó la Federación Argentina LGBT, que nuclea a diversas organizaciones de la diversidad sexual y desempeñó un rol central en la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario.

• ARGENTINA: “El triunfo de Milei expresa el rechazo a la gestión de los últimos gobiernos”

  CIVICUS conversa con Yanina Welp, investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, en las que se impuso un outsider de la ultraderecha libertaria.

  ¿Cómo se explica el triunfo de Javier Milei, un outsider sin estructura?

  El triunfo de Milei, como el de cualquier otro político, no se puede explicar por una sola razón. Hay por lo menos tres grandes explicaciones de su victoria.

  En primer lugar, la situación económica. Además de tener un elevado nivel de pobreza – 40% y creciendo –, Argentina tiene una inflación muy alta, y hace muchos años que la economía no crece. Lo mismo pasa con el empleo formal. Es decir, hay mucha precariedad y mucha gente vive con altos niveles de incertidumbre.

  En segundo lugar, la incapacidad de la clase política para dar respuesta a estas demandas. En los últimos tiempos los gobernantes incluso han actuado con arrogancia. Han aumentado la inseguridad, los escándalos de corrupción y la pasividad de las autoridades ante todos estos problemas. El liderazgo de Milei vino a encarnar el sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Mucha gente lo ha votado porque expresa bien el rechazo de las últimas gestiones, y no necesariamente porque apruebe o adhiera a las políticas que ha propuesto implementar.

  En tercer lugar, el rol de la dirigencia política, y en particular del oficialismo, no solamente por no haber hecho nada frente a esta amenaza sino por haber alentado la candidatura de Milei con el objeto de dividir el voto opositor, pensando que así tenía más posibilidades de ganar. Eso lo hizo primero el peronismo, en la antesala de la primera vuelta, y en la segunda lo hizo el ex presidente Macri poniendo en crisis su propia coalición, Juntos por el Cambio.

  ¿Piensas que el electorado se ha derechizado?

  A diferencia de las propuestas vagas y generales de casi todos los demás candidatos, Milei compitió con un programa muy fuertemente ideológico, que además no paró de explicar durante toda la campaña.

  Sin embargo, cuando se analizan los posicionamientos de la ciudadanía los datos son contradictorios, ante todo porque no hay una noción única y universal de lo que se supone que es ser “de derecha” o “de izquierda”. Por ejemplo, las encuestas muestran una creciente preocupación por el aumento de la inseguridad, pero sería muy elitista pensar que tener esta preocupación es ser de derecha. El aumento de la criminalidad da cuenta de que es una preocupación “real”.

  Es cierto que en este proceso electoral ha aumentado la visión positiva del sector privado frente a la gestión pública, posiblemente por efecto del discurso de Milei pero también porque las últimas gestiones han deteriorado mucho la imagen del Estado. En ese sentido podría hablarse de cierta derechización del electorado. Pero del triunfo de Milei con casi 56% no debería deducirse que más de la mitad del electorado se ha inclinado fuertemente a la derecha, o incluso a la derecha radical, porque muchos lo votaron por encarnar la reacción frente al status quo más que por sus propuestas ideológicas.

  Durante la campaña se planteó que estaba en juego la democracia. ¿Corre peligro la democracia en Argentina?

  La democracia no corre peligro inminente, como ocurría con los golpes de Estado, que la eliminaban de un día para el otro. Hay, sí, señales de erosión de la democracia, pero éstas han estado presentes durante los últimos años. Constantemente se observan avances y retrocesos, tales como intentos de cooptación de la justicia, uso indebido de recursos del Estado y prácticas clientelares.

  En términos generales, las instituciones democráticas en Argentina funcionan. A pesar de las denuncias de la oposición sobre el sistema electoral, las elecciones se desarrollaron con normalidad e incluso los resultados se conocieron muy rápido.

  En cambio, sí hemos visto un retroceso enorme a nivel de debate público. Hay mucha intolerancia y violencia discursiva. Partidarios de las distintas opciones políticas casi no pueden dialogar. Hay mucha agresividad en las redes sociales. Todas estas son señales de alerta de mediana intensidad que, si no son abordadas, abonan el terreno para salidas más violentas y autoritarias.

  ¿Cómo se reconfigurará el escenario político argentino tras esta elección?

  Desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se fue configurando un sistema de coaliciones que a partir de 2007, con Cristina Fernández de Kirchner, fue impulsando mediante la introducción de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Éstas sirvieron para evitar la fragmentación partidaria, pero tuvieron el efecto negativo de erosionar las diferencias programáticas o ideológicas. Las dos coaliciones que se formaron en consecuencia tenían sus propias alas derecha e izquierda, con lo que se difuminó el debate ideológico que fue reemplazado por la clave peronismo-antiperonismo. Eso terminó alentando una polarización de tipo afectivo con alineamientos muy estancos donde se hace cada vez más difícil buscar puntos en común.

  El hecho de que haya ganado las elecciones presidenciales un partido que hace un par de años no existía obligará a las dos grandes coaliciones de las últimas décadas, el oficialismo peronista y la oposición de Juntos por el Cambio, a reconfigurarse profundamente.

  Dentro del peronismo, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner fue la gran perdedora de esta elección. En los últimos tiempos se ha ausentado de la escena política, dejando al peronismo sin un liderazgo claro. El peronismo tiene un fuerte arraigo en sindicatos y organizaciones sociales que tienen una alta dependencia del Estado. Estas organizaciones tienen incentivos para negociar, en caso de que el nuevo gobierno abriera ese espacio. Sin embargo, el discurso inicial de Milei fue completamente en otra dirección, estableciendo que tomará medidas de choque.

  ¿Cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno?

  El nuevo gobierno debería hacer frente a tres grandes desafíos. El primero es estabilizar la economía, es decir, parar la inflación y ordenar el tipo de cambio. En segundo consiste en introducir reformas para incrementar la productividad y solucionar la crisis del empleo formal. Y el tercero es la gobernabilidad. Argentina tiene organizaciones sociales muy fuertes, lo cual tiene aristas tanto positivas como negativas, pero en cualquier caso es una sociedad fuertemente organizada y muy predispuesta al conflicto.

  Estos tres desafíos deben abordarse en forma coordinada y consistente, lo cual es bastante difícil.

  ¿Piensas que el gobierno de Milei podrá hacerles frente?

  Tengo serias dudas de que el nuevo gobierno pueda hacer frente a estos desafíos, no solamente en el terreno de la estabilización y las reformas estructurales, sino también y sobre todo en materia de gobernabilidad. Muchas de las medidas que propone, como la propia dolarización, podrían ser declaradas inconstitucionales. Otras medidas requieren mayorías legislativas que no tiene. La única perspectiva de obtener un apoyo legislativo sustancial pasaba por Juntos por el Cambio, pero con la división de la coalición opositora Milei no tendría quorum en el Congreso.

  Milei no tiene ni una gobernación provincial y casi no tiene intendencias. Sin embargo, el poder subnacional siempre ha sido acomodaticio o pragmático en Argentina. Aun así, algunas de las medidas clave van directamente en contra de los intereses de las provincias, como la de eliminar la coparticipación, es decir, el sistema de distribución de los recursos públicos obtenidos mediante impuestos nacionales que el Estado federal distribuye a las provincias. Luego está el potencial enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires.

  Milei podría intentar gobernar por decreto, pero en ese caso habría una crisis inmediata, y en un eventual juicio político asumiría la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no asegura ningún cambio de estrategia sino algunos elementos negativos añadidos.

  Milei fue electo con una amplísima mayoría, por lo que cuenta con una gran legitimidad popular. Pero esta mayoría podría ser ficticia, como suele ocurrir con las segundas vueltas, a lo que se le suman la volatilidad e impaciencia de buena parte del electorado argentino. Si logra implementar su programa ultraliberal, único en el mundo, los costos sociales serán altísimos. Y si no lo logra, podría aumentar el desencanto de la ciudadanía con la política y ponerse en cuestión su adhesión a la democracia.

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• ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”

  CIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.

  ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?

  Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.

  Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.

  Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.

  Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.

  En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.

  En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.

  El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.

  La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.

  En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.

  El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.

  En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.

  La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.

  ¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?

  Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.

  El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.

  El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.

  El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.

  ¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?

  En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.

  En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.

  El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.

  La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.

  El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.

  ¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?

  En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.

  Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.

  Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.

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• BOLIVIA: ‘Empoderamos a los jóvenes para que ellos lideren el movimiento por el clima’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa conRodrigo Meruvia, coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al cuidado y conservación del medio ambiente. Basada en Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha impulsa iniciativas de investigación, extensión y desarrollo, a partir de la cooperación con otras OSC, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas.

  ¿Cuál es el principal problema ambiental en el contexto en que ustedes trabajan?

  El tema central es el cambio climático, un fenómeno planetario que está teniendo impactos en todos los niveles, sobre las poblaciones y sus sistemas productivos y alimentarios, y sobrepasa las capacidades locales e institucionales. Entre otras cosas, este fenómeno se refleja en un aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos y en la profundidad de sus impactos.

  Nosotros trabajamos con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales al cambio climático, así como la conciencia de las ciudades en relación con el modo en que los patrones de consumo afectan las visiones de desarrollo de muchas comunidades en el área rural. En ese sentido trabajamos, primero, viendo cómo el cambio climático impacta en zonas de pequeña producción familiar de subsistencia y generando mecanismos para ayudar a aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Por otro lado, trabajamos tanto en las comunidades rurales como en las ciudades empoderando a los jóvenes, capacitándolos en temas técnicos pero también de estrategia y liderazgo, para que puedan ser propositivos y generar alternativas en temas tales como la deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero. Los alentamos a generar proyectos para sus entornos inmediatos y propiciamos redes y puentes con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, para dar soporte en la implementación de las iniciativas.

  Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con universidades de Cochabamba en el tema del transporte alternativo, con el objetivo de generar ciclorutas entre los diferentes campus universitarios que hay en la ciudad, para que los jóvenes puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte libre de emisiones en condiciones seguras. Para eso se están generando aplicaciones para teléfonos móviles que indican las rutas más seguras y se están estableciendo parqueos para las bicicletas, entre otras cosas. También se está trabajando en la educación de los conductores de automóviles, no solo con la universidad sino también con el municipio y algunas empresas privadas están interesadas en este tema. 

  ¿Hubo en Bolivia movilizaciones por el cambio climático durante 2019?

  Si, en el mes de setiembre, cuando fueron las movilizaciones por el clima a nivel global, se sumaron también las principales ciudades de Bolivia. En Cochabamba, nosotros apoyamos al movimiento de jóvenes, apoyándoles para que pudieran ser ellos quienes lideraran el movimiento por el clima. Los apoyamos a nivel logístico y con respaldo institucional, porque todavía en nuestras ciudades todavía hay una falta de confianza en los jóvenes. Nosotros los impulsamos sin por ello convertirnos en voceros del movimiento. Generamos un proceso de capacitación en diferentes temas para darles los fundamentos y las bases conceptuales, para que pudieran dar cuenta de las razones de la movilización y que no fuera solo ir a una marcha con apenas una consigna. La idea es que fueran multiplicadores de información acertada tanto sobre las causas como sobre los efectos a nivel local del cambio climático global.

  Para eso hicimos varios talleres para jóvenes. Capacitamos en forma directa a unos 100 jóvenes, y en forma indirecta hemos llegado después a aproximadamente 1400.

  ¿La movilización por el clima en Bolivia replicó las demandas globales, o tuvo componentes locales específicos?

  En Bolivia, las manifestaciones tuvieron demandas relacionadas principalmente con los incendios forestales que vienen de la mano de la expansión de la frontera agrícola. La principal demanda fue la derogación de las leyes que benefician a la agroindustria, descuidando la protección de los bosques.

  La ley boliviana no protege a los bosques, sino más bien al contrario. A mediados de 2019, apenas unos meses antes de los grandes incendios forestales de ese año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de los departamentos de Beni y Santa Cruz, y habilitó las quemas controladas. En otras palabras, la ley da rienda suelta cualquier propietario interesado en expandir su espacio de producción, ya sea ganadera o agrícola. Lamentablemente esta ha sido hasta ahora la posición del Estado, y en nuestra experiencia el hecho de que el gobierno fuera de izquierda o de derecha no ha hecho ninguna diferencia. Más allá de la ideología de partido del gobierno de turno, están los intereses sectoriales de la agroindustria que son mucho más permanentes y amplios, ya que involucran no solo a actores locales sino también a empresas transnacionales.

  Creemos que la causa de los incendios es ante todo antrópica, ya que se los inicia para expandir la frontera agrícola. Así se han quemado alrededor de cinco millones y medio de hectáreas. Para dar una idea de las dimensiones del desastre: lo que se ha quemado en las tierras bajas de Bolivia equivale casi a la extensión del territorio de Guatemala. Y no solo se pierde masa boscosa, sino que se degrada todo el hábitat, desaparecen las fuentes de agua de ciertas comunidades y los efectos se extienden más allá de Bolivia, ya que se generan bioclimas y cambian las precipitaciones.

  Entendemos que el fenómeno que nos afecta es parte de un problema mayor, que este año se expresó en incendios en la Amazonia brasileña, en países africanos y en Australia. Hay lluvias insuficientes a raíz del cambio climático y los bosques se vuelven mucho más propensos a quemarse. Esto, sumado a las políticas de expansión agrícola, sobre todo para sembrar soja (que además es transgénica), vuelve a estos lugares mucho más vulnerables. Las consecuencias las padece no solamente la población que vive en el territorio donde suceden estos incidentes, que es afectada en forma directa, sino también la población en general.

  En paralelo con esto, enfatizamos también el tema de la deforestación urbana. En Cochabamba tenemos aproximadamente 200 muertes por año a causa de problemas respiratorios. Es una de las ciudades con el aire más contaminado en Latinoamérica, así que este también fue uno de los pedidos específicos de nuestras movilizaciones, más allá de que nos sumamos al llamado global a la acción definitiva y efectiva por parte de los gobiernos.

  ¿Han tenido la experiencia de participar en procesos internacionales relacionados con el cambio climático?

  Hemos participado desde el nivel local preparando a jóvenes para que pudieran tomar parte de los procesos internacionales de negociación, principalmente en las reuniones de a COP, la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

  Comenzamos haciendo una convocatoria en diversas instituciones que trabajan con jóvenes, y haciendo un diagnóstico para identificar quiénes estaban preparados y comprometidos para abordar el tema del cambio climático, y luego fuimos haciendo selecciones en función de los temas que íbamos trabajando. Dimos talleres en temas que iban desde el abordaje conceptual y técnico del tema del cambio climático hasta la gestión de proyectos medioambientales, pasando por las características del proceso de negociación, las estrategias para participar, y entrenamiento para expresarse de manera adecuada dentro de estos eventos. Fue un proceso largo pero dio muy buenos resultados, porque ya tenemos líderes en los nueve departamentos que están capacitados para ir a debatir y mostrar al mundo las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Bolivia.

  Lamentablemente, el cambio de último momento de la sede de la COP 25 a España – ya que no pudo realizarse en Santiago de Chile dado el contexto de protestas y represión - nos desinfló, porque teníamos una buena preparación y un posicionamiento muy fuerte que no pudimos llevar al evento. Esto nos afectó no solamente en Bolivia, sino más en general a nivel de Latinoamérica, donde se estaba preparando algo muy grande para compartir en Chile. El cambio de sede y la poca anticipación con que fue decidido nos complicó mucho en términos económicos y logísticos. En el caso de Bolivia se sumaron también los problemas resultantes de los recientes conflictos sociopolíticos, y todo esto impidió que nuestra estrategia ante la COP se hiciera efectiva.

  Sin embargo, no queremos desaprovechar la motivación existente y el trabajo de construcción que se ha hecho a lo largo de aproximadamente un año y medio, y seguimos trabajando en la preparación de líderes jóvenes. Nuestro objetivo es apuntalar la capacidad de los jóvenes para generar propuestas e iniciativas, tanto a nivel técnico como a nivel político, no solo en sus regiones sino también en espacios internacionales.

  ¿Crees que lo decepcionante de los resultados de la COP 25 estuvieron vinculados con la ausencia de muchos actores que estaban preparados para influir sobre la agenda pero no pudieron participar?

  Pienso que sí. Sin desmerecer el trabajo que hicieron los países y las organizaciones que sí participaron, creo que acabó siendo un evento muy improvisado, y que si se hubiese hecho en Chile como estaba planeado, los resultados podrían haber sido un poco más significativos y positivos gracias a la presencia e interlocución de los jóvenes. Bolivia iba a contar por primera vez con la participación de un grupo de jóvenes reconocidos por el Estado que iban a llevar el mandato de un proceso colectivo desarrollado en los nueve departamentos del país a lo largo de cuatro o cinco foros previos.

  Sin embargo, intentamos tomar este revés con una actitud constructiva, y aprovecharemos el tiempo extra que tendremos para prepararnos. Entretanto ya contamos con estos jóvenes que están en condiciones de ir a expresar sus demandas y propuestas adonde sea necesario, ya sea en Inglaterra, donde tendrá lugar la COP 26, como en cualquier otro evento internacional que se presente.

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• BOLIVIA: ‘La pandemia se convirtió en un justificativo para estrechar el control informacional’

  CIVICUS conversa sobre el panorama político y el calendario electoral bolivianos en el contexto de la pandemia del COVID-19 con Cristian León, director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360, un proyecto que persigue el fortalecimiento democrático de los gobiernos subnacionales y se implementa en tres países latinoamericanos.Asuntos del Sur es una organización de la sociedad civil de alcance regional, basada en Argentina, que diseña e implementa innovaciones políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Cristian León es también uno de los fundadores, y actualmente también colaborador, de InternetBolivia.org, que defiende los derechos digitales en Bolivia.

• BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

  CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

  Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

  La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

  En todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

  En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

  En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

  Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

  A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

  ¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

  La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

  Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

  Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

  Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

  La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

  Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

  Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

  Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

  Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

  ¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

  En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

  La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

  En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

  La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

  En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

  Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

  Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

  También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

  En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

  En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

  Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

  En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

  Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

  ¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

  La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

  El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

  Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

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• BOLIVIA: “Los incendios forestales se traducen en pérdida de biodiversidad y en baja calidad de vida”

   

  

  CIVICUS conversa con Jordi Surkin, director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Bolivia, sobre los recientes incendios en cuatro de los nueve departamentos del país.

  WWF trabaja en Bolivia desde 1993, con la visión de un país donde los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

  ¿Cómo han evolucionado los incendios que se desataron en el mes de octubre?

  Es importante aclarar que el uso del fuego como parte del manejo agrícola para la preparación del terreno es una práctica milenaria. Sin embargo, los incendios se han salido de control a causa de las sequías, que podrían estar vinculadas al cambio climático. Sin ir muy lejos, en 2019 se quemaron 6.4 millones de hectáreas en Bolivia. Hay años en que la situación no es tan grave, pero sigue siendo significativa.

  El impacto y la envergadura de los incendios varía de año a año dependiendo de factores climáticos. Las condiciones climáticas extremas de sequía, temperaturas y vientos – como parte del impacto del cambio climático – junto con los altos niveles de deforestación incrementan las probabilidades de incendios de gran magnitud.

  Los incendios también se han salido de control por el uso creciente e inadecuado del fuego. Hay productores agrícolas que lo usan para preparar las tierras sin tomar las medidas necesarias para prevenir que se expanda más allá de su predio. Y por supuesto, está también el uso del fuego con fines ilegales como la especulación de tierras y las plantaciones ilegales.

  ¿Está el aumento de la incidencia y severidad de los incendios vinculado con el cambio climático?

  El cambio más tangible que ha vivido Bolivia han sido temperaturas inusualmente altas. Las temperaturas que hemos experimentado en los últimos meses de manera sostenida han sido altísimas. Además, casi 300 municipios se han declarado en emergencia por las sequias y el principal problema en muchos casos es la falta de agua. No ha estado lloviendo.

  Ahora, es importante aclarar de que en Latinoamérica vivimos los fenómenos climáticos de la Niña y el Niño, que son cíclicos y se manifiestan bajo la forma ya sea de sequías o de inundaciones. Entonces, no todo es atribuible al cambio climático. Lo que sí podemos atribuir al cambio climático son las manifestaciones extremas, nunca antes vistas, de estos fenómenos.

  ¿Qué impactos están teniendo estos incendios?

  Estamos viendo que muchas hectáreas que son quemadas año a año ya no se están regenerando. Se está perdiendo la capacidad de recuperación de estos bosques.

  Pero el impacto negativo de los incendios forestales no solo se traduce en pérdida de biodiversidad, sino que también afecta la calidad de vida de todos. El impacto humano es enorme: cientos de miles de personas han visto su salud afectada por el humo este año y muchas comunidades han sido desplazadas.

  Como consecuencia de los incendios en los bosques, en muchas comunidades los pozos de agua se secan. En 2019, por ejemplo, muchas familias tuvieron que dejar sus comunidades y emigrar a centros urbanos por el humo y la falta de agua. Este año hay cientos de familias en esta situación.

  La situación también ha sido desesperada en las ciudades a causa del humo y el aumento del calor. Durante todo el mes de noviembre, Santa Cruz ha estado entre las ciudades más contaminadas del mundo por el humo de los incendios. Casi no hemos visto el sol en todo el mes. Las clases debieron suspenderse porque muchos niños estaban teniendo problemas respiratorios. Hace unas semanas la ciudad tuvo un récord histórico de consumo de electricidad porque la gente está recurriendo desesperadamente al aire acondicionado para ventilar y mantenerse fresca.

  ¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil a enfrentar el problema de los incendios forestales?

  Ante todo, hay que decir que no hay gobierno que pueda parar los incendios si al mismo tiempo hay gente que continúa incendiando los bosques. Y mucho menos en contextos de sequía, altas temperaturas y vientos de 80 kilómetros por hora, como los que hemos tenido recientemente.

  La capacidad del gobierno de Bolivia para luchar contra los incendios es limitada. No dispone del equipamiento adecuado, ni siquiera de la cantidad de bomberos necesarios.

  Desde WWF Bolivia estamos contribuyendo a dotar de equipamiento a los bomberos voluntarios autoconvocados que se organizan para mitigar estos incendios. Es importante aclarar que somos una organización de conservación más que de emergencia; sin embargo, intentado colaborar dentro de nuestras posibilidades.

  Hemos estado trabajando más activamente con las comunidades indígenas para que tengan un plan de gestión de riesgos. Esto les ayuda a emprender acciones para reducir la probabilidad de incendios. También estamos trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales para monitorear y generar alertas tempranas.

  ¿Qué debería hacer el gobierno para prevenir y controlar eficazmente los incendios?

  Dentro del propio gobierno nacional se ha iniciado un debate sobre la reversión de un paquete de leyes que se percibe contribuye a agudizar la situación. Revisar y consolidar un marco legal y regulatorio que proteja a los bosques y la biodiversidad es un importante primer paso.

  También habría que implementar las leyes que ya existen. Es fundamental aumentar las penas por la provocación de incendios porque actualmente las multas son irrisorias, por lo que no constituyen un disuasivo. Necesitamos reducir la cantidad de acciones de uso de fuego indebido, que son los que se salen de control.

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• BOLIVIA: “Para ejercer nuestros derechos, los pueblos indígenas no necesitamos el permiso de nadie”

  CIVICUS conversa acerca de las luchas de los pueblos indígenas de Bolivia con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).

  CONTIOCAP surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

  

  ¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Bolivia en la lucha por sus derechos territoriales?

  El desafío más grande para los pueblos indígenas es el propio gobierno boliviano, que se ha convertido en el principal órgano y fuente de violación de derechos, ya que no garantiza el cumplimiento de la Constitución ni protege los derechos de sus ciudadanos, y particularmente los de los pueblos indígenas. Somos seres humanos de tercera categoría, sin derechos, a los que se sacrifica.

  Las organizaciones que nos representaban han sido sometidas políticamente y convertidas en cómplices y brazos operativos de la violación de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y campesinos. El aparato estatal está imponiendo todas las formas de extractivismo en nuestros territorios y áreas protegidas: minería, agroindustria y exploración y explotación de hidrocarburos.

  El derecho a la consulta libre, previa e informada está siendo manipulado y convertido en un simple trámite administrativo de elaboración de actas y firma de planillas en el que participan grupos afines al gobierno, que éste identifica como interlocutores válidos aunque no se trata de los verdaderos afectados por los proyectos en cuestión.

  Otro desafío que tenemos los pueblos indígenas es entender que nos han colonizado mentalmente con ofertas de una gran riqueza que nunca llega. Debemos entender que la riqueza que se genera en nuestros territorios se la llevan los de afuera y sus entornos corruptos. Tras la fachada de la interculturalidad, el gobierno nos divide para disciplinarnos y ponernos al servicio de su interés político.

  Una vez que entendamos eso, el principal desafío será recuperar la unidad de nuestros pueblos indígenas originarios, recuperar nuestra memoria ancestral de libertad, hacer nuestra autocrítica y volcarnos a proyectar y construir el país que queremos ejerciendo los derechos que ya están reconocidos en la Constitución.

  La Constitución de Bolivia y los convenios y declaraciones internacionales son hasta el momento avances en el papel. La forma en que los administra el Estado boliviano los convierte en retrocesos abismales, brechas, murallas y barreras. A 13 años de su promulgación, el 7 de febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional sigue guardada en algún cajón de escritorio. En la última década y media, el Estado monocultural, centralista, autoritario, patriarcal, elitista, y clasista -que impone su política económica radicalmente extractivista y capitalista- es al arma más letal contra el pluralismo económico, cultural, social y de la justicia.

  Las violaciones de los derechos territoriales incluyen intimidación, acoso, hostigamiento, desacreditación, descalificación, judicialización y procesos legales para acallar a las personas defensoras de los territorios. Estos actos son ejecutados por las empresas petroleras y mineras, por la fuerza pública, por la justicia que está sometida al gobierno, e incluso por organizaciones indígenas afines al gobierno, que emiten resoluciones públicas para desconocernos y coartar nuestro derecho a defender derechos.

  ¿Cuáles son sus estrategias de movilización?

  Nuestra estrategia consiste en siempre mantener la integridad y la dignidad e insistir en ejercer los derechos amparados en la Constitución de Bolivia y en los convenios internacionales. Para ejercer nuestros derechos no necesitamos el permiso ni la aprobación de nadie, solo reconocernos como seres libres e independientes con plenos derechos. Eso es lo que venimos haciendo desde CONTIOCAP. Si el gobierno no cumple, hay que recordarle que el Estado es de todos, y que todos tenemos la obligación moral de cuestionar las malas prácticas de los gobiernos, debatir qué país queremos, y buscar las vías para que todos tengamos la oportunidad de crecer como seres humanos.

  Históricamente, hemos recurrido a largas marchas como forma extrema de movilización para llamar la atención y buscar justicia. Primero marchamos para lograr una Constitución que reconociera nuestros derechos como pueblos indígenas. Y en los últimos 13 años marchamos para reclamar que esos derechos se cumplieran.

  Nuestras marchas han sido ignoradas, invisibilizadas, aisladas, acosadas y reprimidas. Han sido acusadas de responder a intereses oportunistas y desacreditadas por poderosos actores económicos, políticos y gubernamentales.

  La marcha de 37 días que iniciaron los hermanos de tierras bajas en septiembre de 2021 no ha sido la excepción en ese sentido. Después de tanto sacrificio, tras dejar abandonados sus pueblos, sus casas, sus familias, sus animales, la respuesta que obtuvieron del gobierno fue insultante: mientras ellos esperaban una señal del gobierno, éste se reunió no con ellos sino con organizaciones sometidas a su interés. Fue un claro mensaje de que es el gobierno quien decide si somos ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.

  ¿Qué cambios legislativos reclaman?

  Entre las normas que van en contra de los pueblos indígenas está la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014, que atenta contra principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Otorga privilegios a los operadores mineros que quedan colocados por encima del principio de igualdad universal de los ciudadanos. Les otorga derechos de acceso al agua por encima de los de las comunidades locales. Vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la consulta previa, la cual es reducida a un trámite administrativo con plazos y procedimientos que atentan contra la consulta como derecho.

  También exigimos la derogación de la Ley 969 de 2017, que vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, del Decreto Supremo 2298 de 2015, que vulnera nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada en el sector hidrocarburífero, y del Decreto Supremo 2366 de 2015, que permite la exploración petrolera en áreas protegidas.

  Son muchas las normas que reclamaríamos se aprueben, pero en el actual contexto de control total de todos los poderes por el gobierno del Movimiento al Socialismo es peligroso plantear una agenda legislativa. En el mejor de los casos, el gobierno podría utilizarla para lavar su imagen, y en el peor, para impulsar sus propios intereses. Nosotros solo serviríamos para validar normas que podrían incluso ir en nuestra contra.

  Pero sí reclamamos una norma para garantizar la inclusión económica de las organizaciones comunitarias productivas y las familias productoras, la aprobación de la Ley de Restitución de Territorios Ancestrales, que fue presentada en 2019, y la modificación del artículo 10 de la Ley 073 sobre deslinde jurisdiccional. Exigimos que se le dé prioridad al cumplimiento efectivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y de otros acuerdos, convenciones, pactos y convenios internacionales.

  ¿Considera que sus luchas forman parte de un movimiento regional más amplio?

  La lucha para proteger al medio ambiente y a los territorios no es la lucha de un solo movimiento sino una lucha global por la defensa de la vida mediante la protección de nuestros territorios. Tampoco es producto de una inspiración repentina, sino de la conciencia de nuestro derecho y el de todas las formas de vida a existir en este mundo. Buscamos respeto como seres humanos que hemos cuidado el mundo para todos, incluso para quienes hoy lo destruyen.

  En ese orden, nuestras luchas son las mismas que llevan los pueblos indígenas en todo el mundo. De algún modo estamos conectados y articulados a nivel regional y global, aunque en los últimos dos años la pandemia de COVID-19 nos ha impedido realizar intercambios presenciales, mientras que los intercambios virtuales fueron obstaculizados por las limitaciones de acceso a las comunicaciones desde nuestros territorios. Sin embargo, ahora estamos retomando el intercambio de experiencias y la articulación.

  ¿Qué apoyos de la sociedad civil internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Bolivia?

  Pueden ayudarnos haciendo visibles nuestras luchas, dándolas a conocer para que podamos conectar con otras luchas de hermanos indígenas alrededor del mundo. Queremos que sepan que defendemos nuestros territorios en condiciones precarias y con nuestros propios recursos y sacrificando la economía de nuestras familias, más aún después de la pandemia. Y no lo hacemos solo para nosotros sino para todo ser que requiere oxígeno y agua para vivir. Necesitamos apoyo directo con pequeños fondos para acciones legales y otras acciones de emergencia. 

  Esperamos que nos ayuden a desenmascarar el doble discurso de los gobiernos bolivianos de los últimos 16 años, que en los espacios internacionales se han erigido en salvadores de los pueblos indígenas y defensores de la Madre Tierra. Eso está muy lejos de la verdad, son solo discursos que suenan bien desde afuera y que gustan a los organismos internacionales.

  Hay que desenmascarar la propaganda internacional sobre los gobiernos de izquierda. Para nosotros, los pueblos indígenas, todos los gobernantes de Bolivia -de la línea política que sean- han tenido los mismos planes contra los pueblos indígenas. Buscan relegarnos, postergarnos, dividirnos y enfrentarnos entre nosotros para perpetuarse en el poder.

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• BRASIL: ‘La discriminación y el discurso de odio se están normalizando’

  En el marco de nuestroinforme temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa sobre los derechos de los trabajadores migrantes con Dariele Santos, joven fundadora del Instituto Alinha, una empresa social enfocada en el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores migrantes empleados en la industria de la moda.

  ¿Cuándo y por qué decidiste crear el Instituto Alinha?

  Cuando estaba en la universidad tuve varios trabajos con los que suplementaba mi beca, y uno de esos trabajos fue una investigación sobre el tema migratorio, y más específicamente sobre los inmigrantes latinoamericanos empleados en la industria del vestido en San Pablo. Entonces empecé a conversar con algunos migrantes y me fui interiorizando en sus precarias condiciones de vida y de trabajo, es decir, en la realidad de la cadena de producción de la industria de la moda en Brasil.

  Brasil abarca todos los eslabones de la cadena de esta industria, desde la producción del algodón hasta la confección de la prenda. La industria de la moda está distribuida en todo el país, pero su eslabón final, la confección de vestimenta, está muy concentrado en San Pablo, y ocupa mayormente a trabajadores migrantes. Es una producción muy tercerizada; las marcas de ropa subcontratan con talleres de costura que intervienen en las diversas fases del proceso de confección, y cuantos más talleres intervienen en el proceso, más difícil es ejercer algún control y más garantías laborales se pierden. Muchos de estos talleres son pequeños, familiares, y funcionan en la vivienda de la familia, todos cuyos miembros trabajan, y lo hacen a destajo. Trabajan hasta 90 horas semanales porque les pagan poquísimo por cada pieza producida.

  Al conocer las historias de estos trabajadores migrantes empecé a caer en la cuenta de las dimensiones del problema, y me di cuenta de lo poco que sabía hasta entonces, y de lo poco que sabemos en general sobre la cadena de la moda: no nos importa la historia de la ropa que usamos. El problema de la enorme desigualdad e injusticia en la cadena de la moda es completamente invisible. Es una cadena de super lujo, que genera mucho dinero, en la misma medida en que es una cadena de enorme explotación.

  Junto con una amiga comenzamos a pensar en un emprendimiento social que aplicara la tecnología para atacar este problema, y lanzamos Alinha en 2014.

  ¿Qué hace Alinha para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes?

  La idea es simple: Alinha asesora a empresarios de talleres de costura para que regularicen sus negocios, garantizando las condiciones de seguridad, plazos y remuneraciones adecuadas, y los conecta con fabricantes y diseñadores de ropa interesados en contratar un taller, asegurando así condiciones justas para todas las partes involucradas.

  Más concretamente, empezamos por visitar los talleres de costura que se inscriben para recibir asesoramiento, y evaluamos sus déficits para recomendarles lo que deberían hacer para salir de la informalidad. Miramos las formas de contratación, condiciones sanitarias y de seguridad, equipamiento, etc. Después hacemos una segunda visita con una técnica en seguridad de trabajo. El riesgo de incendio en los talleres es alto, porque los talleres almacenan mucho tejido y tienen instalaciones eléctricas precarias, y para peor suele haber muchos niños en las casas donde funcionan los talleres. Una vez hecha la evaluación de seguridad hacemos un plan de acción que apunta a regularizarlos o ‘alinearlos’ con las normas laborales y de seguridad (de ahí justamente el nombre de Alinha). Lo hacemos en un lenguaje llano, traducimos las leyes para los trabajadores, damos nociones de contabilidad, ayudamos a calcular la inversión requerida y su traslado a los precios de los productos. Cuando las mejoras han sido realizadas y consideramos que el taller ha alcanzado un umbral mínimo de seguridad y formalización, lo subimos a la plataforma Alinha para conectarlo con marcas y diseñadores. En nuestra plataforma tenemos marcas y diseñadores que buscan cambiar la forma de producir y están dispuestos a garantizar condiciones justas de pago y plazos, y nosotros los conectamos.

  Los precios de estos productos seguramente son más elevados que los de los productos elaborados en condiciones de explotación extrema. ¿Han logrado convencer a los consumidores de que vale la pena pagar más por ellos?

  Estamos en eso. Sabemos que es importante conectar a los consumidores, porque ellos tienen en sus manos un poder enorme: al elegir la marca que van a comprar, pueden optar por apoyar a una que garantice condiciones justas de trabajo. Pero los consumidores no pueden elegir realmente si no saben cuáles son las marcas que tienen contratos con talleres alineados. Por eso tenemos una plataforma donde las marcas alineadas colocan datos que el usuario puede comprobar – por ejemplo, que está haciendo determinada cantidad de piezas con tal o cual taller, para que después de lanzadas las informaciones en la plataforma Alinha, desde el taller puedan confirmar telefónicamente que están confeccionando esas piezas, ganando determinada cantidad por hora, y con tales o cuales plazos. Cuando todos los eslabones de la cadena de producción confirman la información, se genera un código de identificación de la pieza que se pone en la etiqueta de la prenda, para que el usuario pueda rastrear la historia de la prenda. Todas las informaciones y confirmaciones son guardadas en Blockchain, para que haya más seguridad y confianza en las informaciones.

  En este momento también estamos haciendo un cortometraje que relata la historia detrás de la ropa, basada en la historia de una costurera inmigrante boliviana. La presentación de una historia individual busca generar conexión y empatía: queremos que el consumidor vea a una mujer con sueños y esperanzas iguales a los suyos. Nuestro objetivo es plantearle al consumidor una pregunta: ¿cuál historia quiere elegir: una historia de explotación o una de trabajo justo?

  ¿Piensas que la situación de los migrantes en Brasil ha empeorado en los últimos tiempos?

  El problema de los migrantes no es reciente, viene desde mucho tiempo atrás. Hay muchos migrantes que viven aquí, y que trabajan en condiciones terribles, desde hace décadas. Los migrantes que trabajan en talleres de costura en San Pablo son mayormente bolivianos, aunque también hay de otros países como Paraguay y Perú. Muchos de ellos primero emigraron de sus países primero hacia Argentina, pero con la crisis financiera de 2008 se fueron desplazando hacia Brasil. Las condiciones políticas y económicas – el gobierno de Lula y un período de fuerte crecimiento económico – hicieron de Brasil un mejor destino.

  Pero es difícil ser inmigrante en Brasil. Es el único país de la región donde no se habla español, de modo que hay dificultades de comunicación y de acceso a la información. Los migrantes sin documentación legal o sin empleo formal tienen miedo todo el tiempo. La presión psicológica es muy fuerte: no salen del taller de costura, piensan que los van a atrapar y los van a hacer regresar. Los inmigrantes temen las consecuencias de reclamar por sus derechos.

  Si bien la explotación de los trabajadores migrantes no es un problema nuevo, y el temor de las personas migrantes ha sido siempre una constante, recientemente la situación ha empeorado. El actual presidente, Jair Bolsonaro, representa a la extrema derecha, y su discurso es extremadamente xenófobo. Se coloca por encima de las leyes y por encima de todas las garantías democráticas. Su mensaje para los trabajadores migrantes es: ‘agradece todo lo bueno que tienes aquí, y si algo no te gusta mejor que te vayas’. El hecho de que el discurso de odio provenga de tan alto está envalentonando a gente que siempre pensó así, pero antes no lo decía y ahora se siente legitimada para decirlas. En ese sentido, la discriminación y el discurso de odio se están normalizando.

  Esta situación se repite en distintos ámbitos. Es un momento peligroso para los activistas de derechos humanos, ambientales, de las mujeres, las personas LGBTQI, las personas negras o indígenas y los migrantes. Hay mucho temor porque ponerse en contra del gobierno supone riesgos altos. Así lo demuestran los casos de Marielle Franco, la activista LGBTQI y concejala de Río de Janeiro asesinada en marzo de 2018, y el parlamentario y líder LGBTQI Jean Wyllys, que se fue de Brasil a causa de las amenazas contra su vida.

  Afortunadamente, no todos los brasileños se hacen eco del discurso de Bolsonaro. Vivimos una situación de mucha polarización. Mientras que muchos se han desplazado hacia la extrema derecha y han adoptado posiciones nacionalistas, mucha gente está cada vez más convencida de que lo que hay que hacer es garantizar más derechos para más personas.

  En este contexto, ¿qué puede hacer la sociedad civil que promueve los derechos humanos?

  La sociedad civil se mueve con márgenes estrechos. Nuestra estrategia es generar un discurso que cree empatía en la opinión pública más que un discurso de confrontación y crítica del presidente, porque esto nos generaría problemas con un amplio sector de la sociedad que lo vería como una cosa de izquierda. Estamos viviendo un momento difícil: no conviene anunciar que se lucha por los derechos humanos porque los derechos humanos están asociados con la izquierda más que como algo que es patrimonio de todos. Por eso nos resulta más productivo centrarnos en la persona y en su historia, mostrar la foto de una persona de carne y hueso e interpelar al público: ‘¿crees que esta mujer es una persona trabajadora, que se esfuerza como tú, que merece mejores condiciones de trabajo, que merece salir adelante?’

  Realmente es bastante trágico tener que disimular la lucha por los derechos humanos porque no es vista como una causa legítima. Desde la elección de Bolsonaro, un montón de activistas tuvieron que dejar Brasil. Los que se quedan deben elegir: si quieren hacer un activismo frontal y directo, tienen que estar dispuestos a correr riesgos. Hoy por hoy, el mío es un activismo diplomático – me siento a conversar con empresarios, y tengo que estar abierta a charlar con gente que no necesariamente piensa como yo ni hace las cosas de la forma que yo pienso que se deben hacer, pero con las que puedo conseguir algunos progresos.

  ¿Qué apoyos internacionales necesita la sociedad civil brasileña para seguir trabajando?

  Aunque a veces no parezca evidente, porque Brasil es considerado un país de ingresos medio-altos, la sociedad civil brasileña necesita de toda clase de apoyos para seguir trabajando en este contexto hostil. Afortunadamente, yo he recibido apoyo del programa Goalkeepers Youth Action Accelerator, que busca acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este programa dio apoyo a un grupo de jóvenes activistas con proyectos innovadores de utilización de datos para abordar los ODS 1 al 6, es decir, para buscar soluciones a desafíos de desarrollo local relacionados con la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género y el agua y el saneamiento.

  Este ha sido un apoyo súper estratégico, ya que incluyó financiamiento, apoyo técnico y conexiones, y me permitió adquirir nuevas herramientas. Se necesitan muchas más iniciativas como esta, porque la sociedad civil brasileña se está reduciendo, no solamente a causa del clima político sino también por la crisis económica que ya lleva varios años. Según un estudio reciente, entre 2013 y 2016 se cerraron en Brasil más de 38.000 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales brindaban servicios básicos a poblaciones vulnerables. El segmento de la sociedad civil que más se resintió fue el de desarrollo y defensa de los derechos humanos: más de 10.000 organizaciones que cerraron sus puertas actuaban en favor de minorías tales como la población negra, mujeres, indígenas y personas LGBTQI, así como por los derechos de las comunidades.

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• CHILE: ‘Este histórico momento constituyente es un logro de la ciudadanía’

  CIVICUS conversa con Marcela Guillibrand De la Jara, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile y Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar. La Red de Voluntarios es una plataforma nacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas que promueven el voluntariado.Ahora Nos Toca Participar es una iniciativa de organizaciones sociales agrupadas en el Nuevo Pacto Social (NPS-Chile) que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y a cohesión social mediante la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito sobre la reforma constitucional previsto para octubre de 2020 y en el proceso constituyente que se espera que se inicie con el plebiscito. La campaña se centra en la formación ciudadana, la creación de espacios de diálogo y la generación de propuestas para alimentar el proceso constituyente.

  

  A fines de 2019 se convocó a un referéndum para disparar un eventual proceso constituyente. ¿En qué medida se trató de una victoria de la sociedad movilizada?

  En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse, para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando en nuestro país desde largo tiempo atrás.

  Todo esto fue inicialmente motivado por el descontento de los jóvenes respecto de un alza de 30 pesos (0,33 USD) en el costo de la tarifa del sistema de transporte de la capital de Chile, el Metro. En reacción al aumento se produjeron manifestaciones que primero se tradujeron en la evasión del pago del pasaje pero que eventualmente se hicieron eco en consignas tales como “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al tiempo que llevamos viviendo en democracia – desde la transición que se produjo en 1990 - y al sentimiento compartido por gran parte de la población de que no somos parte de las decisiones que se han venido tomando. Esto fue alimentado por elevados índices de desconfianza en las instituciones, una gran desafección política y la reacción contra un modelo que empujó a nuestro país a una mirada y a una participación más individualista en todos los ámbitos.

  Ante una movilización que no cedía, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de distintos sectores firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con ello se abrió a la ciudadanía la oportunidad de decidir a través de un plebiscito, que se realizará el próximo 25 de octubre, si desea una nueva constitución. Mediante el plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse además sobre el mecanismo que se utilizaría para redactar la nueva constitución: una convención constitucional, un órgano íntegramente elegido para ello, o por una convención mixta constitucional, que estaría compuesta por un 50% de congresistas actuales y un 50% de representantes elegidos para este cometido. Para un gran sector de la sociedad este proceso abre una oportunidad única de elegir de manera libre el Chile que queremos. Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro de la ciudadanía.

  En el marco de este proceso, la sociedad civil también ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso. De imponerse en el plebiscito la opción de redactar una nueva constitución, regirá para la elección de constituyentes la regla de la paridad de género. Sin embargo, ésta solo operará plenamente si se impone la opción de la convención constitucional, ya que todos los integrantes de este órgano serían elegidos en un acto eleccionario. En cambio, en el caso de la convención mixta constitucional, las reglas de paridad operarían para la mitad del cuerpo que será electo, pero no para la mitad constituida por parlamentarios que ya ocupan una banca legislativa.

  ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil chilena frente a la perspectiva de un proceso de reforma constitucional?

  A medida que se acerca la fecha del plebiscito ha aumentado el interés sobre el tema. Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia de COVID-19, y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte. Así y todo, de a poco han manifestado un interés creciente en el tema constitucional. Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación ciudadana de los cuales puedan disponer y articular distintos espacios formativos a través de plataformas digitales y de otros mecanismos para llegar a distintos territorios, tales como las radios o la mensajería de texto.

  En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red Nuevo Pacto Social, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente - que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra plataforma web, www.ahoranostocaparticipar.cl, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole. La idea es que todas las personas que lo deseen puedan encontrar respuestas en estos materiales sobre la constitución y el posible proceso constituyente, de modo de poder participar en el plebiscito de manera libre e informada y así contribuir a lograr la votación más masiva de la historia de Chile.

  A causa de la pandemia, el plebiscito originalmente planeado para abril fue postergado para octubre. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la postergación y la fijación de la nueva fecha?

  El escenario sanitario motivado por la pandemia obligó a las instituciones pertinentes a mover la fecha del plebiscito para octubre. El sector de sociedad civil con el cual nos relacionamos entendió que el cambio era necesario en función de un bien común superior, la salud de las personas. Por el momento damos por hecho que el plebiscito tendrá lugar en octubre, ya que las instituciones que podrían tomar la decisión de moverlo aún no lo han hecho, por lo que seguimos trabajando en función de esa fecha. Actualmente se están discutiendo temas relativos a la implementación del plebiscito, en primer lugar sobre los resguardos sanitarios, pero también sobre cómo promover la participación de la ciudadanía en esta instancia que sin duda tendrá características muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Se han conformado mesas de trabajo intersectoriales para trabajar en el tema. Primero el Senado formó una mesa para recibir recomendaciones y analizar experiencias comparadas con otros países que han estado en nuestra misma situación. Luego el Servicio Electoral dio continuidad a esta mesa, para seguir trabajando en la línea de garantizar un plebiscito seguro y participativo. A esta mesa han sido invitadas distintas OSC, entre ellas Ahora Nos Toca Participar. Junto a estas organizaciones produjimos un documento de recomendaciones que abarca desde los temas sanitarios hasta la regulación de las campañas, pasando por temas de acceso a información y formación ciudadana, que son nuestros temas. Actualmente, esta mesa continúa en funcionamiento.

  ¿Se están tomando medidas para que la participación ciudadana en la campaña y la votación no se vea menoscabada por efecto de la pandemia?

  El actual escenario de pandemia naturalmente nos obliga a tomar resguardos. Por de pronto, el pasado 26 de agosto, se dio inicio al periodo de propaganda electoral, esto es, a la posibilidad de hacer propaganda en lugares públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral, así como también en los medios de comunicación. El debate está teniendo lugar con mucha fuerza en las redes sociales, que dada la necesidad de tomar recaudos, evitar las aglomeraciones y el contacto físico y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad, constituyen hoy el principal espacio de visibilización.

  Cómo hacer para garantizar a todas las personas el derecho a participar el día del plebiscito es algo que ha estado en discusión. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, algunos lugares de nuestro país permanecen en confinamiento, múltiples sectores se encuentran en cuarentena por casos activos y hay comunas que habían iniciado un plan de desconfinamiento pero tuvieron que retroceder ante el rebrote del virus.

  ¿Cómo garantizamos el derecho a la participación de las personas contagiadas de COVID-19? ¿De qué alternativas disponemos? Estas son preguntas que hoy debate tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes que están en condiciones de dar una respuesta a esta demanda. 

  En esta línea, en conjunto con diversas OSC estamos impulsando una serie de recomendaciones que atienden no solamente el aspecto sanitario - para que pacientes con COVID-19 puedan sufragar – sino también cuestiones tales como la garantía del acceso a información oportuna y de formación ciudadana para todas aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la participación por múltiples razones, entre ellas por no contar con canales de información adecuados para recibir los contenidos o porque éstos no se disponibilizaban en diferentes lenguas. En ese sentido, es importante que se hagan los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la participación, no solo a quienes en este momento podrían no estar en condiciones de ejercerlo por razones de salud, sino también a quienes se han encontrado históricamente en una situación más vulnerable, tales como los adultos mayores, los miembros de pueblos originarios, las poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes.

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• CHILE: ‘Hay un rechazo estructural hacia la forma de gobernar de todas las décadas anteriores’

  En octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Nicole Romo, directora del área de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, una red de más de 200 organizaciones de la sociedad civil de Chile que trabajan para combatir la pobreza y la exclusión. En conjunto, las organizaciones miembros trabajan con más de 900.000 usuarios y cuentan con unos 11.000 trabajadores y más de 17.000 voluntarios.

  ¿Por qué estalló la movilización en Chile, y qué hizo que las protestas escalaran como lo hicieron?

  El estallido social en Chile se produjo luego de décadas en que se fue profundizando un modelo de desarrollo que se concentró en generar riquezas, las cuales fueron distribuidas por años sin equidad y justicia. Se profundizaron políticas sociales individuales, cortoplacistas y asistencialistas que dañaron profundamente la cohesión social y el sentido comunitario y colectivo del bienestar, políticas de vivienda que segregaron a los chilenos en territorios “de ricos” y territorios “para pobres” donde el acceso a bienes y servicios también quedó distribuido de la misma manera, un sistema de pensiones que tiene como consecuencia un grave empobrecimiento en la vejez, falta de acceso a la salud de manera oportuna y con adecuados estándares de calidad, y un sistema de educación que también segrega y otorga oportunidades diametralmente distintas a ricos y pobres.

  En este contexto, la frase “no son treinta pesos, son treinta años”, que se escuchó mucho en las protestas, explica muy bien el sentir de la ciudadanía, puesto que si bien este movimiento social comenzó con la evasión masiva del pago del transporte público por parte de los estudiantes (tras un alza de 30 pesos chilenos) el verdadero malestar se ha acumulado por más de 30 años, y a pesar de reiteradas manifestaciones por diversas demandas sociales, nunca había sido escuchado y ni siquiera visibilizado. El estallido social del 18 de octubre de 2019 es la acumulación de un rechazo estructural hacia el gobierno y la forma de gobernar de todas las décadas anteriores.

  ¿Qué actitud han tomado la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en relación con la protesta?

  La movilización nacional que estamos viviendo ha dejado en evidencia de manera nítida que tenemos dos Chiles habitando en un mismo territorio, dos Chiles que no se conocen y no se encuentran. Esta división expresa brutalmente la diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen privilegios y quienes no los tienen. Nuestro país se pasó las últimas décadas convenciéndose de que los logros están basados en el mérito individual, que solo el esfuerzo de cada cual es garantía de movilidad social, cuando en realidad y en base a diversos estudios eso no es cierto en absoluto.

  Frente a esto, los datos de distintas encuestas muestran una alta aprobación de la ciudadanía hacia las demandas sociales. Sin embargo, lo que genera una mayor división son los actos de violencia, y especialmente aquellos que han afectado infraestructura pública y privada, como saqueos, la destrucción de comercios y la quema de locales comerciales y otros tipos de servicios, así como la violencia de los agentes del Estado que han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos.

  ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas?

  El gobierno ha tenido un cuestionable manejo de este conflicto, con el foco puesto principalmente en la agenda de seguridad, criminalizando la protesta, con una agenda legislativa centrada en la sanción de la protesta, lo cual revela que no se ha comprendido la naturaleza de la movilización nacional, como tampoco sus demandas y urgencias.

  La agenda social propuesta por el gobierno es débil. No apunta a generar cambios radicales en la estructura existente, que profundiza la inequidad y no garantiza los derechos de todas las personas. Los avances y contenidos de la agenda social liderada por el gobierno no están a la altura de las demandas y de la urgencia de ‘estas. Sus numerosas iniciativas y medidas suponen mejoras acotadas, necesarias pero que no tocan la estructura que genera las inequidades en nuestro país; por lo tanto, no hacen sino duplicar la misma política pública cortoplacista que no está basada en un enfoque de derechos y se centra en el individuo más que en las necesidades de miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

  Los últimos informes hablan de decenas de muertos y centenares de heridos. ¿Podrías describir el alcance de la represión y de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas?

  Desde que comenzó el estallido social en Chile se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. Estas violaciones han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, pero el Estado ha tendido a relativizarlas.

  Para nosotros es fundamental reiterar que en todo momento debe haber un respeto irrestricto de los derechos humanos, y que cada caso de violación debe ser investigado y debe haber sanciones y reparación para cada una de las víctimas. La sociedad civil es clave en el seguimiento y la vigilancia de estos procesos, para garantizar que sean transparentes y resulten en la asunción de responsabilidad por parte del Estado.

  Los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que en el 48% de los casos observados de detenciones, las personas detenidas se estaban manifestando pacíficamente (más allá de que estuvieran o no ocupando la calzada). Asimismo, se utilizaron gases en forma indiscriminada en el 56% de los casos observados, y en el 60% de los casos observados se apreció falta de gradualidad en el uso de fuerza, que sobrevino sin previo aviso y en ausencia de diálogo. Se registraron en los hospitales 2.727 casos de personas adultas heridas, así como 211 casos de niños, niñas y adolescentes, y 241 personas resultaron con lesiones oculares. También se constató una serie de violaciones de derechos humanos contra las personas detenidas y retenidas en comisarías. La más frecuente de estas fue el uso excesivo de la fuerza durante la detención, con 751 casos. En total, se registraron 190 casos de acoso o violencia sexual, 171 de ellos correspondientes a desnudamientos.

  ¿Cómo han respondido la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil ante la represión estatal y las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas?

  Hemos respondido sin miedo. Ciudades completas han gritado sin miedo en protesta por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos meses. Muchísimas personas han levantado material testimonial para visibilizar el nivel de exposición y violencia en que se encontraron durante las protestas.

  Desde la sociedad civil la respuesta ha sido variada, pero en general todas las organizaciones han llamado a la no violencia, a la generación de nuevos espacios de diálogo y de encuentro conducentes al fortalecimiento de una sociedad con mayor justicia social y equidad. Sin lugar a dudas, la sociedad civil tomó un lugar preponderante, incitando a estos espacios de encuentro y ayudando a relevar las demandas ciudadanas. Lo hizo a través de la creación de una gran red de redes llamada Nuevo Pacto Social, que reúne a más de 600 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por la búsqueda de soluciones reales a las demandas de fondo.

  Desde la Comunidad de Organizaciones solidarias sostenemos el principio de no violencia y desde el primer día del estallido social manifestamos la necesidad de respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Si bien nuestro ámbito de acción es otro, creemos que este estallido visibilizó la urgencia de reestructurar las fuerzas policiales. Creemos fielmente en los datos entregados desde el Institución Nacional de Derechos Humanos, y sabemos que su trabajo es consciente y riguroso, al igual que el informe entregado por Amnistía Internacional, por lo que, como organizaciones de la sociedad civil, apoyaremos desde nuestro ámbito de acción todas las acciones tendientes a la reparación de los derechos vulnerados durante el estallido social.

  ¿Qué medidas inmediatas debería tomar el gobierno de Chile para superar esta crisis? ¿Qué chances hay de que ello ocurra y se alcance una solución duradera?

  Una salida duradera requeriría de un proceso largo de construcción y cambios, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

  Las medidas de corto plazo y mediano plazo tienen relación con la agenda social, que tiene tres dimensiones. La primera es la mejora de la calidad de vida a través de medidas en temas tales como salud, educación y pensiones. La segunda dimensión abarca medidas para terminar con los abusos de las élites económicas y políticas y cerrar las brechas de aplicación de justicia ante delitos cometidos por integrantes de la élite económica y ciudadanos comunes, quienes enfrentan sanciones completamente distintas: “clases de ética” para los primeros y cárcel efectiva para los segundos. La tercera dimensión refiere a la recaudación de los recursos que el Estado necesita para llevar adelante una agenda social profunda y contundente. Chile requiere una reforma tributaria que permita aumentar la recaudación y de un sistema con mayor eficiencia en la gestión.

  El eje de largo plazo pasa por el proceso constituyente, cuyos principales hitos ya están establecidos: plebiscito de entrada, elección de representantes, plebiscito de cierre. Sin embargo, aún no se han logrado condiciones que garanticen una participación transversal y representativa, paridad de género, cuotas para minorías y candidaturas independientes. Sin estas condiciones, la legitimidad del proceso constituyente se verá severamente debilitada.

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• CHILE: ‘Los grupos anti-derechos se fortalecen cuando su discurso es expresado desde el gobierno’

  En el marco de nuestroinforme temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Héctor Pujols, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. La Coordinadora es una red quereúne a activistas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos de la población migrante en Chile, y busca incidir para lograr la aprobación de legislación y la implementación de políticas públicas inclusivas de las comunidades migrantes.

   ¿Podrías contarnos qué trabajo hace la Coordinadora Nacional de Inmigrantes?

  La Coordinadora es una articulación de organizaciones, un colectivo o movimiento de personas migrantes; nuestra perspectiva es que las personas migrantes necesitan de una organización que les sea propia. La Coordinadora existe desde 2014, pero muchas organizaciones que la integran, sobre todo las vinculadas a la migración peruana, llevan trabajando entre 20 y 25 años. Nuestra membresía es diversa e incluye a organizaciones de tipo cultural; temáticas, dedicadas por ejemplo a temas laborales o de vivienda; sectoriales, como por ejemplo la Secretaria de Mujeres Inmigrantes; de carácter territorial, vinculadas a determinadas comunas; y organizadas por nacionalidad, para proporcionar espacios y oportunidades a las colectividades argentina, ecuatoriana o peruana.

  En tanto que Coordinadora, una de nuestras tareas principales, aunque no la única, es la incidencia política a nivel nacional para mejorar la inclusión de la población migrante. Es un trabajo que hacemos que hacemos autoorganizándonos, en tanto que migrantes, y articulándonos con otras organizaciones, como sindicatos y otras clases de organizaciones de la sociedad civil.

  El Senado chileno discute actualmente un proyecto de Ley de Extranjería, ¿qué opina la Coordinadora al respecto?

  Históricamente, al menos en la época contemporánea, Chile no ha tenido una migración de dimensiones comparables a las de otros países de América Latina. El fenómeno aumentó en los años ’90, con flujos de migración boliviana y peruana, pero en los últimos diez años se empezó a hacer más significativo, con el aumento de la cantidad de inmigrantes de otros países de la región, principalmente Colombia, Haití, República Dominicana y más recientemente Venezuela.

  En este contexto, hace por lo menos cinco o seis años se empezó a plantear la necesidad de actualizar la Ley de Extranjería de 1975, surgida de un contexto dictatorial y con una visión centrada en la seguridad nacional, que ve al migrante como un agente extranjero, un agitador ideológico, alguien que viene a hacer la revolución. En el contexto de la dictadura, la ley fue hecha pensando en el migrante de la época de la Unidad Popular, el gobierno de izquierda que la precedió - argentinos, cubanos y uruguayos que llegaban en apoyo de ese gobierno de izquierda o que venían a refugiarse de otros gobiernos que los perseguían.

  El nuevo contexto migratorio es bien diferente, por lo que ha habido un gran consenso respecto de que la ley de 1975 no se ajusta a la realidad actual. La Coordinadora y otras organizaciones llevamos años reclamando un nuevo marco legal que permita la inclusión de la población migrante.

  Sin embargo, el debate ha sido complejo y en el último año, tras la asunción de Sebastián Piñera en la presidencia, el gobierno presentó un proyecto de ley muy similar al que ya había presentado en 2013: un proyecto que se desplaza de la visión del extranjero como un agitador externo hacia la visión del extranjero como un aporte económico, cuyo valor depende de cuánto dinero trae en el bolsillo. Ha sido un debate complejo en el que Chile trató de situarse en el mundo adoptando un sistema de visas similar al de países como Australia o Canadá, sin entender que el contexto migratorio y las características de la migración en Chile no son las mismas que las de esos países. Este proyecto ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado.

  Nosotros planteamos que, si se aprueba, esta ley generaría una gran irregularidad migratoria, que ya es un problema en Chile. La ley incentivaría a las personas a llegar como turistas para quedarse luego de su expiración, sin perspectivas de regularizar su situación aún en caso de conseguir trabajo. La irregularidad migratoria afecta el acceso a todos los derechos, a la salud, la educación e incluso a un trabajo decente. Una persona que no puede firmar un contrato de trabajo va a trabajar de todos modos porque de algo tiene que vivir, pero va a hacerlo en condiciones mucho más precarias. En suma, el proyecto de ley adopta en la superficie el discurso de la sociedad civil sobre la necesidad de renovar el marco legal, pero fundamentalmente es una iniciativa anti-derechos.

  En los últimos tiempos se observa un ejercicio más intenso de las libertades cívicas por parte de las personas migrantes. ¿Cómo se ven los inmigrantes en relación con la ciudadanía?

  Pienso que el ejercicio de los derechos de organizarnos, movilizarnos y reclamar por nuestros derechos no se plantea en términos de ciudadanía porque la propia Constitución de Chile equipara la ciudadanía con la nacionalidad, de modo que los extranjeros no pueden ser ciudadanos. Sin embargo, la Constitución también establece que tras cinco años de permanencia los extranjeros podemos votar. E independientemente del tiempo de residencia o de los derechos que nos asignen la Constitución y las leyes, ejercemos en la práctica otros derechos relacionados con la ciudadanía, al organizarnos, movilizarnos y hacer incidencia política, pese a que está prohibido por la Ley de Extranjería.

  La Ley de Extranjería establece como motivo de expulsión el atentar contra los intereses del Estado o inmiscuirse en situaciones políticas del Estado. Su interpretación y aplicación son muy arbitrarias; siempre redunda en la expulsión de personas progresistas o que tienen una visión crítica, y no en la de personas que hacen política de extrema derecha. Hace no mucho, en 2017, a unos jóvenes peruanos los expulsaron por tener libros sobre marxismo. La Coordinadora planteó un recurso de amparo y lo ganamos, pero la ejecución ya se había hecho y ellos ya estaban expulsados del país.

  Este no fue un caso aislado, ha habido muchos otros. Un periodista italiano fue expulsado porque ser el comunicador de visual de un proceso de movilización de un sindicato muy importante. Expulsaron también a un compañero vasco porque estaba en las comunidades indígenas Mapuche; alegaron que tenía vínculos con la organización terrorista vasca ETA y aunque se demostró que era falso lo expulsaron igual. Todo esto ocurrió durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, o sea que es independiente de la orientación del gobierno de turno.

  Estaban ustedes en medio de la discusión del proyecto de ley cuando comenzaron los llamados a la movilización anti-migrante. ¿Quiénes son estos grupos que llamaron a la movilización?

  Estos grupos no son nuevos. Ya habían hecho otro llamado antes pero no habían tenido el eco que tuvieron esta vez. Son grupos que están vinculados a una extrema derecha histórica, esa derecha que no muere en ningún país; aunque quizás por momentos decaiga su presencia siempre queda latente esperando una oportunidad para salir de nuevo. Son grupos que defienden a la dictadura, pero saben que si salen a la calle a decir ‘viva Pinochet’ mucha gente los va a rechazar. Pero encuentran diferentes temas que les permiten instalar su discurso. Por ejemplo, se montan en el rechazo a la supuesta ideología de género y se suman a las marchas contra el aborto, y ahora también con el tema de la inmigración.

  Los grupos de extrema derecha se caracterizan por su discurso extremadamente simple y excluyente: el otro, el diferente, el que llega de afuera, el extraño que no es chileno es el enemigo, porque es la causa de todos los males del país. Estos grupos vienen de diversos sitios, pero encuentran amparo en un discurso institucional del gobierno actual, que culpa de todo a la inmigración. El presidente Piñera dijo hace unas semanas que el aumento del desempleo en Chile es producto de la llegada de población migrante, aunque el Ministro de Trabajo lo desmintió. El ex Ministro de Salud dijo que el aumento del VIH/SIDA en Chile era culpa de la población migrante. Estos discursos institucionales, basados en falsedades, se van instalando y son aprovechados por los grupos de extrema derecha.

  ¿Qué es lo que explica que esta vez hayan tenido mayor eco que en el pasado?

  Estos grupos se fortalecen cuando su discurso es expresado desde el gobierno. Los planteos de la extrema derecha son los mismos que ha hecho el gobierno: por ejemplo, negar la atención sanitaria a personas con menos de dos años de residencia, eliminar el acceso a la educación. El gobierno dice ‘vamos a quitarles derechos a los inmigrantes’ y sobre esa base estos grupos dan un paso más y dicen ‘vamos a echar a los inmigrantes’. El diagnóstico es en ambos casos el mismo: estamos invadidos, vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos las ayudas, primero Chile.

  En este caso, además, las redes sociales jugaron un rol de amplificación. Estos grupos han aprendido a utilizar las redes sociales, aprendieron mucho de la experiencia de Brasil, algunos de hecho habían viajado para apoyar al entonces candidato Bolsonaro. El uso hábil de Facebook, Instagram y Twitter les permite llegar a una audiencia interesante - el chileno que pasa por una situación difícil – al que le ofrecen una explicación y una solución sencillas: usted no encuentra trabajo, la culpa es de los inmigrantes, la solución es echarlos.

  Te refieres a un fenómeno curioso: grupos de extrema derecha ultra-nacionalistas que sin embargo se internacionalizan, se organizan en red, colaboran y aprenden de sus pares de otros países…

  Sí, hay un proceso internacional donde la extrema derecha chilena aprende de lo que hace la extrema derecha argentina y ésta aprende de la de Brasil y así sucesivamente. Los discursos que hemos escuchado en Chile son un calco de los de la extrema derecha España, con el fenómeno de Vox, el partido de extrema derecha que apareció hace prácticamente un año. Son una copia exacta pese a que la realidad chilena es muy diferente. En España fue muy intenso el discurso de que los migrantes se llevan todas las ayudas sociales, y en Chile se ensayó el mismo discurso, ya que es una táctica internacional, pero lógicamente tuvo menos repercusión porque las ayudas sociales en Chile son muy precarias. O sea que no siempre les funciona, es prueba y error. Pero se trata de una red que se está fortaleciendo internacionalmente y eso es muy preocupante.

  Estos grupos convocaron a una marcha contra los inmigrantes para el 12 de agosto de 2019, pero la marcha finalmente no ocurrió. ¿Podrías explicar lo que pasó?

  La convocatoria a la marcha se difundió por las redes sociales, y una persona influencer de la extrema derecha, miembro de los grupos convocantes, llamó los manifestantes a portar armas para defenderse de los colectivos anti-fascistas que habían convocado a una contramarcha.

  En Chile es necesario pedir autorización para movilizarse en las calles, y en la capital, Santiago, la encargada de dar la autorización es la Intendencia. Después de varias idas y vueltas, ante la presión de las organizaciones sociales y del Colegio de Abogados, que también solicitó que se denegara el permiso, la Intendencia no autorizó la marcha. Hubo algunos incidentes aislados provocados por una veintena de personas que igual asistieron, pero no pasó de allí.

  La Coordinación convocó a otro evento para ese mismo día, entendiendo que era complejo para nosotros adherir a la contramarcha que hacían los colectivos antifascistas, dada la limitación de los derechos de participación política de los migrantes. Convocamos a un acto ese mismo domingo a la mañana en el Museo de la Memoria, que es un espacio dedicado a las víctimas de la dictadura. El eje de nuestra convocatoria fue el rechazo del discurso de odio, que hoy es contra los inmigrantes pero en otros momentos fue contra las mujeres o contra los que pensaban diferente, y que lleva a las prácticas que vivimos en dictadura. Cuando deshumanizas a una persona puedes torturarla, tirarla al mar o hacerla desaparecer. Ese fue la respuesta que dimos nosotros. Vinieron unas 150 personas, que no es tanto pero debería dar señal de que también somos parte de este país y que tenemos memoria.

  ¿Qué estrategia tendría que adoptar la sociedad civil defensora de los derechos humanos de las personas migrantes frente a los grupos anti-derechos?

  Estos grupos están para quedarse, ya tienen convocada una nueva movilización para el 7 de septiembre de 2019. El discurso instalado es el de la invasión migrante, de modo que la nuestra es una disputa por el sentido común, una lucha de largo plazo. Trabajamos en una alianza estratégica con los movimientos progresistas y democráticos, pero estos tienen que dejar de lado su mirada paternalista hacia la población migrante. Nosotros no queremos ser tratados como desvalidos necesitados de ayuda; por eso somos una organización de personas migrantes, no una organización que defiende los derechos de las personas migrantes. No queremos ayudas paternalistas, queremos los mismos derechos.

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• CHILE: ‘Se ha producido un despertar ciudadano de dimensiones históricas’

  En octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Soledad Fátima Muñoz, activista chilena y fundadora del programa de mentoría y festival feministaCurrent Symposium.  (Foto de Kati Jenson)

  ¿Cómo fue que lo que empezó con un pequeño aumento en el precio del boleto del metro se convirtió en una movilización de dimensiones sin precedentes?

  Lo primero que hay que aclarar es que esto no se debe tan solo a un aumento del precio del boleto del metro, ni tampoco es una protesta aislada. Las movilizaciones en contra de los abusos derivados del sistema neoliberal han sido constantes en Chile durante años. Entre ellas se destacaron las protestas masivas contra el sistema de pensiones privatizadas, contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y contra la Ley de Pesca, las protestas feministas y del movimiento impulsado bajo la consigna “Ni Una Menos”, las movilizaciones por la deuda histórica con los profesores, las protestas estudiantiles en 2006 y 2011, y las recientes movilizaciones de alumnos en contra de la llamada Ley de Aula Segura. A esto se le suma la indignación por la represión estatal sistemática de los pueblos originarios en Wallmapu, las muertes de Camilo Catrillanca y Macarena Valdés, y el encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao y el Lonko Alberto Curamil, entre otros presos políticos. En combinación con el descontento generacional ante la impunidad de los culpables de las torturas, desapariciones y homicidios de miles de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet, esto produjo un ambiente propicio para un despertar ciudadano de dimensiones históricas. Tras años de abusos, el pueblo chileno despertó y quiere una nueva constitución, ya que la actual fue creada durante la dictadura y está diseñada para promover la desigualdad social.

  La gran diferencia entre la protesta actual y todas las anteriores pasa por las acciones del gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y el toque de queda, y con ello desató una represión de Carabineros y militares contra el pueblo chileno que solo es comparable con los crímenes perpetrados durante la dictadura.

  Las protestas no tienen un único ente organizador ni una consigna política específica, sino que hay muchas iniciativas independientes que hacen llamados a reunirse y manifestar, a través de las redes sociales o por distintos canales de información independiente. Algunas de las demandas generalizadas reclaman el llamado a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. También se reclama una estatización de los servicios básicos y la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos el cobre, el litio y el agua. Hay también demandas de democracia directa y plebiscitos vinculantes, penalización de la corrupción político-empresarial, reivindicación de los pueblos originarios y respeto de la soberanía plurinacional del territorio, y salud, educación y pensiones dignas. A ello se suman algunas demandas más específicas, tales como el aumento del salario mínimo a $500.000 (unos 650 dólares estadounidenses), la reducción de los sueldos de los legisladores y el alza de los impuestos a los más ricos.

  Estos fueron los reclamos por los cuales empezó el movimiento, pero ante la represión desmedida del Estado, la ciudadanía hoy pide también la renuncia y el enjuiciamiento de Sebastián Piñera y de las personas involucradas en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en el pasado mes.

  Se ha reportado una veintena de muertos durante la represión de las movilizaciones, además de gran cantidad de personas heridas y bajo arresto. ¿Podrías describir las violaciones de derechos cometidas contra los manifestantes?

  Es difícil dimensionar en este minuto las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Sebastián Piñera, ya que – al igual que ocurría en la dictadura - hay miles de detenidos incomunicados. Es por eso que cuando se las llevan detenidas en las calles, las personas gritan su nombre, apellido y cédula de identidad. Las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile son de 335 acciones judiciales, 489 víctimas representadas, 6.199 personas detenidas (726 de ellas menores de edad) y 2.365 personas heridas registradas en hospitales. Pero es difícil asegurar la veracidad de estas cifras ya que las instituciones que las difunden pueden haberse visto presionadas por el gobierno.

  El INDH, específicamente, perdió parte de su credibilidad cuando su director negó en un programa de televisión abierta la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Eso es simplemente una mentira, ya que la propia institución se ha querellado en contra del actuar de Carabineros y militares. Se constataron más de 200 casos de mutilación ocular por el uso desmedido de perdigones por parte de Carabineros y maltratos, violencia sexual y torturas en los centros de detención. A esto se sumó el caso del Liceo 7 de Santiago, donde un carabinero disparó en contra de las estudiantes que se encontraban dentro del recinto. Se han efectuado allanamientos en domicilios privados y detenciones desde automóviles sin acreditamientos policial.

  A esta represión uniformada se agrega la acción de un grupo de ciudadanos que se autoproclaman “chalecos amarillos” y dicen que su misión es mantener el orden cívico y proteger la labor de Carabineros, pero en realidad son un grupo violento de ultraderecha. Entre ellos se encuentra un tal John Cobin, quien disparó un arma de fuego contra un manifestante a plena luz del día en las calles ocupadas del balneario de Reñaca y pertenece a la Liga del Sur, una organización de supremacistas blancos de California.

  ¿Qué acciones inmediatas debería adoptar el gobierno de Chile para salvaguardar los derechos civiles y las libertades democráticas?

  A un mes del inicio de las manifestaciones, el gobierno se ha caracterizado por no escuchar a la ciudadanía, y en cambio ha respondido con mayor violencia. En la madrugada del 15 de noviembre los parlamentarios llegaron a un acuerdo político entre cuatro paredes, autodenominado “Acuerdo de Paz” que daría paso a una nueva Constitución. El acuerdo garantiza una “hoja en blanco” para que haya una discusión libre y establece el llamado a una convención constituyente a través de un plebiscito público. Pero parte de la ciudadanía movilizada no está conforme con los plazos ni con el quórum (de dos tercios) establecido para la toma de decisiones del órgano constituyente, ya que piensa que reencauzará el actual proceso democrático a un sistema diseñado para proteger a la clase política y evitar que las voces minoritarias adquieran poder.

  Pienso que lo más importante en este minuto es la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, de las comunidades en mayor riesgo social, que no solo son las más afectadas por el sistema neoliberal, sino que también son el epicentro de la violencia descriteriada de los Carabineros y las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello fue la comunidad de Lo Hermida, en Peñalolén, que tras el anuncio de las autoridades de no construir las viviendas dignas que les habían prometido se tomaron la viña de Cousiño-Macul. La represión de Carabineros no tardó en llegar, y en una noche hubo más de 200 personas heridas, dos de ellas con trauma ocular severo. Además, Carabineros ingresó y lanzó gas pimienta dentro de hogares donde había personas de la tercera edad y menores.

  Es hora de que el gobierno de Sebastián Piñera detenga la represión, deje en libertad a los más de 6.000 manifestantes que hoy se encuentran en centros de detención, asuma las consecuencias de sus acciones, y - por primera vez en la historia de Chile desde Pinochet - acabe con la impunidad ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El gobierno de Piñera deberá responder ante la ley por los más de 20 personas muertas y 200 con mutilaciones oculares, las torturas a menores y los abusos sexuales contra mujeres, hombres y personas de género no binario, ya que todo esto fue consecuencia de la pésima administración de su gobierno, y se hubiese evitado, por lo menos en parte, si desde un principio hubiera mantenido un diálogo directo con la población. En ese sentido, la consigna en las calles es “Sin justicia no hay paz”.

  ¿Piensas que las movilizaciones en Chile forman parte de tendencias más amplias a nivel regional?

  Lo que está pasando en Chile es estructuralmente internacional, ya que se deriva de las medidas de austeridad perpetradas por el neoliberalismo. El sistema socioeconómico actual del país tiene sus raíces en el colonialismo europeo y fue consagrado con el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Específicamente, con un grupo de estudiantes de las élites chilenas que a mediados de la década del ’50 se formaron en Estados Unidos en la ideología del monetarismo extremo y el neoliberalismo, bajo la tutela de Milton Friedman y Arnold Harberger. Estos alumnos - apodados “Chicago Boys” - sirvieron como ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura, instalando medidas de privatización extrema. Estas medidas fueron incorporadas y naturalizadas por una población en estado de shock y represión.

  Las consecuencias de esa privatización se traducen en abusos de las corporaciones multinacionales que son habilitados por gobiernos en todo el mundo. En Chile, un buen ejemplo de ello es el caso expuesto por la periodista Meera Karunananthan en un artículo publicado en The Guardian en 2017. La autora explica que Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) es el mayor inversionista en Aguas del Valle, Essbio y Esval, que controla el 41% del sistema de agua y saneamiento en Chile. Esto es posible porque la Constitución chilena habilita la propiedad privada de las aguas, lo cual ha dejado a comunidades enteras en situación de sequía y sin el amparo de la ley. Sin embargo, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano; eso significa que en Chile los derechos humanos se violentan no solo a través de la represión policial sino también a través del sostenimiento de un sistema económico injusto y abusivo.

  El ejemplo citado es uno solo dentro de la gran cadena de abusos internacionales perpetrados por corporaciones que, como la empresa canadiense Barrick Gold y la empresa estatal de Noruega Statkraft, continúan abusando de las políticas del Estado subsidiario chileno y atentando en contra de nuestro planeta. Es por eso que debemos crear conciencia a nivel internacional para que se respeten las decisiones del pueblo de Chile y se brinde protección a sus pueblos originarios, sin los bloqueos ni las intervenciones políticas que resguardan al capital extranjero y perpetúan la destrucción de nuestro medio ambiente.

  ¿Qué apoyos necesita la sociedad civil chilena de la sociedad civil internacional en este proceso?

  En estos momentos es importante reconocer y crear conciencia internacional en torno de los abusos en contra de la clase obrera, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y las minorías sexuales. Personalmente he aprendido mucho en el curso de estas movilizaciones. Una de las cosas más subversivas que está impulsando la ciudadanía es el rechazo del binarismo derecha/izquierda que ha afectado severamente a las sociedades latinoamericanas y que ha sido utilizado por los gobiernos neoliberales como excusa para reprimir a la gente trabajadora.  El predominio de una política ciudadana no identificada con ninguna posición dogmática en el espectro derecha/izquierda hizo que el gobierno no pudiera identificar un enemigo ideológico y que acabara declarándole la guerra a su propio pueblo.

  La prensa establecida, nacional e internacional, está tergiversado los hechos y construyendo una narrativa en contra de la población movilizada. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy estamos equipados de cámaras en nuestros celulares y podemos informar directamente. Invito a la gente del mundo a informarse a través de canales independientes y de la sociedad civil para saber realmente lo que está ocurriendo.

  El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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