autoritarismo

• EL SALVADOR: “Más que una verdadera política de seguridad, lo que tiene el gobierno es una estrategia electoral”

  CIVICUS conversa acerca del año transcurrido bajo el estado de emergencia en El Salvador con César Artiga, fundador y coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú y del Grupo Impulsor Nacional de la Resolución 2250 (Agenda de Juventud, Paz y Seguridad).

  Estas agrupaciones ciudadanas acompañan procesos de sensibilización social, empoderamiento jurídico e incidencia política desde el año 2017. Promueven y defienden los derechos humanos, la construcción de la paz, la justicia y la sustentabilidad mediante el trabajo con grupos y comunidades que viven en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, en particular en lo que se refiere a sus derechos ambientales.

  ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de propaganda en la afirmación de que Bukele ha triunfado en la lucha contra la violencia de las pandillas?

  A nivel de los medios, tanto nacionales como internacionales, se ha logrado posicionar que El Salvador se ha convertido en un paraíso. La portada de la revista Semana de Colombia salió con el titular “El milagro Bukele”. Se ha impuesto la narrativa de que el presidente ha resuelto uno de los grandes problemas del país: la inseguridad. Este era el problema al que se culpaba de todo: de la falta de oportunidades, de la falta de crecimiento económico, incluso de la falta de empleo. Todo era culpa de la inseguridad provocada por las pandillas que controlaban al país.

  Es innegable que el gobierno ha dado un golpe fuerte a las pandillas. Muchos integrantes de pandillas han tenido que salir huyendo hacia otros países y muchos han sido detenidos. Los niveles de violencia perpetradas por estos grupos han bajado dramáticamente, a un mínimo histórico.

  Pero para entender lo que ha ocurrido, es necesario diferenciar entre dos momentos. En un primer momento hubo un pacto del gobierno con las pandillas. Esto ha sido ampliamente documentado tanto a nivel nacional como internacional, con investigaciones incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Varios funcionarios, titulares de ministerios y otras agencias de gobierno estuvieron involucrados en diálogos con las pandillas para reducir la cantidad de homicidios a cambio de beneficios. Esto no es nuevo: otros gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Funes, que precedió a Bukele, fueron acusados de negociar la reducción de homicidios a cambio de crearles condiciones favorables.

  No está muy claro cuál fue el contenido del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas, pero según las investigaciones que se han dado a conocer, incluía beneficios para los líderes de las pandillas, que recibían trato preferencial en las prisiones y tenían la garantía de que no serían extraditados a los Estados Unidos.

  Mientras esto se mantuvo, hubo una reducción dramática de los homicidios, de más de 10 por día hasta casi cero. Pero en un momento ese pacto se rompió, y durante un fin de semana hubo una ola de violencia que llegó a más de 80 asesinatos, algo inédito en la historia de El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. Esto fue el desencadenante de la actual “guerra contra las pandillas”. El 27 de marzo de 2022, es decir hace exactamente un año, el gobierno declaró un estado de excepción que luego prorrogó una y otra vez. El argumento fue que para combatir a las pandillas era necesario limitar derechos, en particular la libertad de movimiento en ciertos territorios, y eventualmente en todo el país. Y efectivamente, el programa de detenciones masivas e indiscriminadas ha resultado nuevamente en la baja de la tasa de homicidios a mínimos históricos, pero al costo de violaciones masivas de derechos.

  ¿Qué tipos de violaciones de derechos humanos se han documentado en el marco de la “guerra contra las pandillas?

  La presidencia ha reconocido que hay un “margen de error”, que el gobierno estima en un 1%, de personas que son inocentes y que han sido detenidas bajo la acusación de pertenecer a pandillas. Pero esas detenciones arbitrarias e injustificadas no son un error: son parte de la política del gobierno.

  Si vas a las comunidades, te das cuenta de que persisten todas las condiciones estructurales que llevaron a la formación de las pandillas. Las pandillas tenían control del territorio porque tenían la capacidad de llegar adonde el Estado no llegaba y daban un espacio en sus estructuras a personas jóvenes sin ninguna otra forma de inserción social.

  En vez de hacer algo para mejorar la situación de esas comunidades, el gobierno está criminalizando a las poblaciones empobrecidas, que han sido históricamente asediadas por las pandillas. Alrededor de esas zonas catalogadas como “peligrosas” ahora hay cercos militares, y el ejército o la policía, según el caso, puede detener a cualquier persona que considere sospechosa por cómo se viste, por dónde vive o por no tener un empleo fijo, sin respetar las garantías constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso. Te pueden detener porque el gobierno ha instalado la noción de que el policía y el soldado son “jueces de calle”: tienen poder de decisión y no puedes reclamar nada por tus derechos.

  Ha habido más de 3,000 denuncias sobre este tipo de detenciones, y cabe imaginar que, sobre las más de 70.000 personas detenidas, hay un subregistro de las detenciones arbitrarias. Tenemos casos documentados de personas que han sido detenidas arbitrariamente cuando iban a su trabajo, e incluso de personas que las han ido a sacar de su trabajo, porque se ha instalado la denuncia anónima: cualquiera te puede denunciar por sospechas de colaboración con las pandillas mediante una llamada anónima.

  Esto ha resultado en la criminalización de quienes viven en estas zonas. Esto no es nuevo, no empezó con este gobierno, pero se ha intensificado porque está muy presente en el discurso de un presidente que es muy popular, y mucha gente lo acepta como cierto. Además, se ha extendido territorialmente: antes el foco estaba en las zonas urbanas históricamente controladas por pandillas, pero ahora se ha extendido a las comunidades rurales.

  Las personas detenidas son sometidas a procesos judiciales en los que la fiscalía reclama medidas de privación de libertad con el argumento de que son personas sin arraigo, ya que no tienen propiedades a su nombre ni empleo formal, de donde deducen no solamente que tienen alto riesgo de fuga, sino que además consiguen sus ingresos mediante la colaboración con las pandillas.

  Básicamente, la justicia está consagrando la idea de que la pobreza es un delito en El Salvador, algo inaceptable si consideramos que es parte del mismo sistema que reproduce los patrones de pobreza y desigualdad en que viven estas personas.

  En este marco, las personas defensoras de derechos humanos que son parte de o trabajan con esas comunidades excluidas están siendo específicamente atacadas. Es decir, se está usando el régimen de excepción para perseguir a activistas que trabajan sobre el tema del derecho al medio ambiente, la alimentación, a la tierra y el agua.

  Un caso resonante ha sido el de Levi César Morales Ramírez, un joven indígena de 21 años, hijo de un líder social de una comunidad nahuat pipil en el occidente del país. Levi César fue capturado en noviembre de 2022 junto a dos de sus tíos, cuando se dirigían a realizar labores agrícolas. En febrero de 2023 tuvieron una audiencia de revisión de medidas solicitada por su familia y por la organización de la sociedad civil (OSC) que acompaña su caso, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Por presiones del gobierno, la jueza rechazó la adopción de medidas sustitutivas a la detención argumentando que no se podía acreditar el arraigo del joven ya que no tiene bienes a su nombre ni cuenta con un empleo formal.

  En la actualidad el país carece de un marco de políticas públicas robustas de prevención, participación, protección y reinserción de las juventudes. El aparato del Estado sólo ofrece como opción la represión. El enfoque punitivo es la contrapartida de su negligencia y su incapacidad para garantizar los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a lo largo del ciclo de vida de las personas.

  ¿Está el gobierno abusando de las facultades que le otorga el estado de excepción para perseguir otros fines?

  Efectivamente, casos como el de Levi César no caben dentro de lo que el gobierno considera un “margen de error” aceptable en su “guerra contra las pandillas”. El estado de excepción está siendo muy útil para el propósito del presidente de acumular poder sin ningún control. Por ejemplo, bajo el estado de excepción toda la información ha sido declarada reservada. Todos los procesos de compra y adjudicación han sido hechos a un lado y se hacen compras directas de servicios y bienes, totalmente discrecionales, con la excusa de que el Estado necesita mantener en reserva la información porque hay una guerra contra las pandillas. Esto ha dado rienda suelta a la corrupción dentro del aparato estatal.

  En el fondo, la guerra contra las pandillas es una excusa para muchas otras cosas. Más que una verdadera política de seguridad, lo que tiene el gobierno es una estrategia electoral. La seguridad nunca fue el foco del programa de Bukele: su plan de gobierno, el Plan Cuscatlán, apenas contenía declaraciones muy generales sobre el tema seguridad, que además estaban centradas en la necesidad de garantizar seguridad jurídica a las empresas, y en cambio se enfocaba en una serie de “proyectos insignia”, megaproyectos que incluían la llamada “Bitcoin City”, una suerte de paraíso fiscal para las criptomonedas y la tecnología blockchain, que tendría su propio aeropuerto y línea férrea, y un proyecto turístico llamado Surf City, un circuito de playas a lo largo de la costa del país. Su objetivo declarado era convertir a El Salvador en un centro global de turismo y negocios, la “Singapur de América”.

  El mandato de Bukele termina en 2024 y de todos sus proyectos insignia no ha concretado ninguno. Ahora necesita mostrar éxitos en la política de seguridad, aunque sean efímeros, para quedarse en el poder aún contra lo que establece la constitución, que prohíbe la reelección inmediata. Así que toda su propaganda pasa por decirle a la gente que, si quiere que el “clima de paz y tranquilidad” continúe, y que todos los criminales que él encerró no vuelvan a salir a la calle, deben volver a votarlo a él, que es el único que puede garantizarles seguridad.

  Asimismo, se escuda en la pandemia para justificar que sus proyectos insignia no avanzaron, para lo cual reclama un nuevo período en el que sí se podrán concretar. Cuando en realidad, la pandemia le vino como anillo al dedo, porque la declaración de la emergencia sanitaria le dio un enorme margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos que le permitió invertir en sus estrategias políticas. Esto se reflejó en las elecciones legislativas de 2021, en las cuales se quedó con 56 de los 84 diputados. Eso significa que ahora tiene mayoría absoluta para aprobar cualquier ley – al costo de que ya no existan garantías constitucionales ni institucionales para nada ni para nadie.

  ¿Piensas que Bukele conseguirá la reelección?

  El camino lo tiene allanado. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que él nombró luego de que la Asamblea Legislativa que él domina destituyera a cinco de sus magistrados, interpretó que la Constitución de El Salvador, que prohíbe expresamente la reelección para dos mandatos consecutivos, en realidad la permite.

  Estando habilitado a presentarse, seguramente ganará. En un país con una cultura cívica y democrática tan débil, encuentras mucha gente que admite que se están cometiendo injusticias y violaciones de derechos, pero considera que, si ese es el precio a pagar por la eliminación de las pandillas, sigue valiendo la pena. Encuentras incluso personas que tienen familiares o personas muy cercanas que han sido detenidas pero que aceptan el discurso del gobierno de que son errores y consideran que lo que está haciendo el gobierno está bien – a lo sumo expresan que lo podría haber hecho con más cuidado, utilizando mejor la inteligencia del Estado disponible para no capturar personas inocentes.

  En general, hay una gran aceptación de que las cosas son así. Y entre quienes no aceptan las explicaciones del gobierno, lo que predomina es el temor. El gobierno ha acumulado mucho poder y si expresas una opinión disonante puedes ser considerado enemigo del país, agente extranjero, y te pueden detener y dejar preso, sobre todo si te identificas como persona defensora de derechos humanos.

  Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Bukele arrasaría. Pero pienso que lo haría en un contexto de creciente abstencionismo. Nosotros hacemos mucho trabajo territorial, conocemos cientos de estructuras territoriales que votaron por él por desencanto con los partidos tradicionales, y mucha gente nos ha dicho que no va a ir a votar porque no está de acuerdo con lo que está haciendo, pero no hay otras opciones. Es decir, el abstencionismo va a beneficiar a Bukele: mucha de la gente que vote, va a votar por él, y la gente que no quiere votar por él, en su mayoría no va a ir a votar.

  ¿Qué puede hacer la sociedad civil para resistir esta regresión autoritaria?

  La historia de los autoritarismos nos dice que esto también pasará. Bukele no va a ser eterno: en algún momento ya no va a estar, y por eso tenemos que monitorear y documentar todo. Necesitamos construir la memoria histórica de lo que está pasando, documentar todas las violaciones de derechos humanos y darles visibilidad internacional, porque al fin y al cabo este gobierno está tratando de crearse una imagen internacional de artífice de un milagro económico, y no podemos dejar que esa sea la imagen que prevalezca.

  La sociedad civil tiene que defender la democracia de los atropellos de un gobierno que se dice democrático por el hecho de que todas las decisiones que está tomando las está tomando con el respaldo de la mayoría. Al fin y al cabo, puede tomar las decisiones que quiera porque tiene una abrumadora mayoría legislativa y una gran popularidad que se confirmaría si hoy hubiera nuevas elecciones presidenciales. Este es un discurso muy dañino porque mucha gente comienza a cuestionarse si acaso la democracia es esto: que en una democracia el gobierno pueda violar tus derechos.

  Las OSC continuaremos en las comunidades educando a la ciudadanía, preparando a la gente para la participación cívica y democrática, insistiendo en la importancia de los frenos y contrapesos institucionales, mostrando que la concentración de poder en una sola persona no es la vía para la solución de nuestros problemas. Parafraseando a Monseñor Romero, seguiremos caminando con el pueblo, porque el abandono de las comunidades nos ha salido caro.

  Sin embargo, sabemos que enfrentaremos crecientes dificultades en este trabajo, porque el gobierno lleva mucho tiempo diciéndole a la gente que las OSC son enemigas del gobierno, y que dado que el gobierno representa los intereses del pueblo, pues las OSC son enemigas del pueblo.

  Antes de que las cosas mejoren todavía van a seguir empeorando. Creo que cuando asuma su segundo mandato vamos a ver una cara mucho más feroz de Bukele. Va a tomar medidas impopulares, como ajustes fiscales bastante regresivos, porque el margen de maniobra que le dan las finanzas públicas es cada vez menor. Y lo va a hacer en un contexto en el que no hay prácticamente una red de seguridad y protección social. Va a tratar de avanzar con megaproyectos de infraestructura y turismo, con impactos muy fuertes a nivel local, incluyendo desplazamientos forzados de comunidades y daños ambientales severos. La represión a la sociedad civil va a aumentar.

  Pero sabemos que no podemos hacer cualquier cosa con tal de sacar a Bukele. Yo tengo esperanza, pero con un optimismo de largo plazo. Tenemos que enfocarnos en promover la participación democrática. Bukele no es lo peor que nos podría pasar: si no apostamos a la profundización de la participación democrática, podría sobrevenir algo peor. Debemos mantenernos alertas y trabajar mucho con las comunidades porque en política, el espacio vacío no existe. Si se abandonan las comunidades, siempre habrá un oportunista que vendrá a aprovecharse.

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  El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

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• GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”

  CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.

  Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.

  ¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?

  En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.

  En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.

  ¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?

  En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.

  Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.

  No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.

  La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.

  Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.

  Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.

  ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?

  Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.

  Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.

  ¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?

  La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.

  Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.

  El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.

  Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.

  ¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?

  La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.

  En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.

  La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

  Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.

  ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?

  Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.

  El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.

  El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.

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  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• GUATEMALA: “Nuestra democracia corre riesgo en manos de redes político-criminales”

  CIVICUS conversa con Evelyn Recinos Contreras acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.

  Evelyn es ex investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ex asesora de la fiscal general de Guatemala. Actualmente vive en el exilio a causa de su activismo por los derechos humanos.

  ¿Cuál es la situación del espacio cívico en Guatemala?

  El espacio cívico en Guatemala se encuentra gravemente amenazado. Para entenderlo mejor hay que saber que, como consecuencia del conflicto armado, el tejido social está roto. Es difícil hablar de un involucramiento ciudadano de base. Los sectores que durante décadas sirvieron de motor de cambio social, como el magisterio, el sindicalismo y los estudiantes de institutos y de la universidad pública, fueron golpeados irreparablemente por la violencia.

  De todos ellos probablemente el único sector de base que actualmente está organizado son los pueblos mayas indígenas, en lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales. Y en la ciudad, las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos y por la democracia, que organizaron su trabajo alrededor del fortalecimiento de las instituciones democráticas, con fuerte énfasis en el tema de la justicia.

  Son precisamente esos sectores los que están siendo golpeados nuevamente mediante el autoritarismo y la violencia estatal. En el interior del país miles de lideresas y líderes comunitarios están siendo criminalizados y comunidades enteras tienen órdenes de captura y son amenazadas con procesos penales. Similar situación se vive a nivel urbano donde el sistema de justicia ha sido capturado por redes político-criminales que utilizan las plataformas del Estado para financiar sus empresas criminales y amedrentar a operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y activistas que luchan por los derechos humanos y el fortalecimiento del espacio cívico y la democracia.

  Las redes de corrupción e impunidad afectan al propio espacio democrático, como lo evidencia el hecho de que se impidiera la inscripción de candidaturas y la participación en las elecciones de personas como Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos.

  ¿Cuáles son las causas de la erosión democrática que vive Guatemala?

  La erosión democrática en Guatemala se debe a que redes político-criminales han tomado las instituciones y las usan para perseguir sus intereses, no para el bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Pero ha sido un proceso gradual y casi imperceptible. Se han debilitado varias instituciones clave, como la Policía Nacional Civil, que se encarga de dos tareas principales: prevenir el delito y mantener la seguridad ciudadana, y colaborar en investigaciones criminales. Durante años la sociedad civil trabajó con los mandos policiales para construir una institución al servicio de la seguridad democrática, de modo que su labor sirviera para procurar un espacio cívico en el que las y los ciudadanos pudieran gozar de sus derechos fundamentales y vivir una vida digna sin violencia. Pero partir de 2017 hemos visto un debilitamiento de la institución, el despido de mandos y el mal uso de sus recursos.

  En el poder judicial encontramos problemas similares. Las altas cortes no han llevado a cabo el proceso normal de alternancia, es decir que no han realizado las elecciones de nuevos magistrados, pero además las dos últimas elecciones que se realizaron fueron denunciadas e investigadas por actos de corrupción. El Ministerio Público también ha sido debilitado por efecto de una política de persecución penal y criminalización de operadores de justicia, que además ha hecho que se dejara de lado la investigación de delitos contra la vida, la violencia contra la mujer y contra el patrimonio que golpean duramente a la ciudadanía. Los índices de violencia e inseguridad en Guatemala son prácticamente tan elevados como los que se viven en países con conflictos armados internos.

  ¿Considera que la lucha contra la corrupción en Guatemala ha fracasado?

  Es muy difícil responder en términos absolutos sobre el éxito o fracaso de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Creo que los casos que se llevaron a juicio tuvieron el sustento de pruebas y se respetó el debido proceso. En ese sentido fueron exitosos. Pero esto era solamente una parte de la lucha contra la corrupción, ya que el derecho es una plataforma limitada. El daño a la sociedad ya estaba hecho, los recursos ya se habían perdido.

  La lucha contra la corrupción solo tiene verdadero éxito cuando hay un involucramiento social que conlleva un escrutinio de la función pública y reclama rendición de cuentas. A eso, tristemente, aún no hemos llegado.

  Para quienes se han involucrado en la lucha contra la corrupción, las consecuencias negativas han sido evidentes. Fiscales, jueces y juezas, personas defensoras, activistas, lideresas y líderes comunitarios son perseguidos con acusaciones infundadas y empujados al exilio. Eso transmite un mensaje contundente de temor a la sociedad guatemalteca. Pero estoy convencida que la lucha no acaba aquí. Nos merecemos un país en el que todas y todos podamos vivir con libertad y dignidad. Los pueblos mayas llevan resistiendo por más de 500 años, creo que son nuestro mejor ejemplo.

  ¿Piensa que de esta elección podría surgir un cambio positivo?

  Creo que hay esperanza. La ciudadanía demostró que está cansada de los mismos actores oscuros que durante años han encarnado a intereses económicos voraces que explotan pueblos y territorios y usan la discriminación, la doble moral y la violencia estructural.

  La llegada a la segunda vuelta electoral del binomio del partido Semilla, nacido después de las protestas ciudadanas anticorrupción de 2015 y que reúne muchas personas que nunca participaron en partidos políticos, es una evidencia del deseo de cambio. La ciudadanía rechazó a los típicos actores políticos que representan intereses económicos arcaicos y encarnan formas de hacer política autoritarias y corruptas.

  Para que el cambio realmente se materialice, necesitamos que la comunidad internacional vuelva los ojos a Guatemala. El riesgo que corre nuestra democracia en manos de redes político-criminales no debe pasar desapercibido. Necesitamos que la comunidad internacional llame la atención y se pronuncie sobre la situación de nuestro país, porque la violación de los derechos humanos de los y las guatemaltecas nos afecta a todos como humanidad.

  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

  
  

   

  
  
  

• PARAGUAY: “Se vienen años muy duros para la sociedad civil que promueve los derechos humanos”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones generales de Paraguay con Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia.

  Fundada en 2006, Semillas para la Democracia es una organización de la sociedad civil (OSC) cuyo principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia en Paraguay, para lo cual promueve la participación ciudadana, la equidad social y el ejercicio responsable del gobierno.

  ¿Cuáles son los principales desafíos de Paraguay, y en qué medida los resultados de la reciente elección podrían contribuir a resolverlos?

  Los principales problemas del Paraguay son fundamentalmente de tipo económico, derivados de la profunda desigualdad existente. En los últimos años Paraguay ha tenido indicadores macroeconómicos muy buenos, con un alto crecimiento, pero ha seguido teniendo una enorme desigualdad, alto desempleo, gran informalidad laboral y falta de acceso a salud, educación y oportunidades. Es un país manejado por unas élites ganaderas y agroexportadoras inmensamente ricas que gobiernan en su beneficio y en detrimento de una sociedad terriblemente desigual. Creo que esa es la característica central de la sociedad y la economía paraguaya. Es un problema estructural y profundo, y esta elección no ha hecho nada por resolverlo. De hecho, han ganado los mismos de siempre, es decir, los mismos sectores que han mantenido al país en esta situación desde hace más de 70 años.

  En esta elección estuvo en juego la posibilidad de alternancia en el poder. Sin embargo, esto no necesariamente hubiera significado un cambio radical, porque el candidato de la Concertación, la coalición opositora, también era conservador, aunque del Partido Liberal. Llevaba de compañera de fórmula a una mujer, pero así y todo continuaba representando a un sector conservador de la sociedad. No eran candidaturas disruptivas que representaran un cambio real en la forma de hacer política o de ejercer el poder, ni en las políticas públicas ni el sector social al que representan.

  ¿Cómo explicas la cómoda victoria del Partido Colorado, pese al bajísimo nivel de aprobación del actual presidente?

  Los resultados se explican en gran medida por los efectos, que ya anticipábamos, de sistema de listas desbloqueadas con voto preferente en el contexto de una oposición dividida.

  Hace un par de años se hizo una reforma electoral que reemplazó las listas partidarias cerradas y bloqueadas por listas desbloqueadas con voto preferente. En estas el votante puede seleccionar un candidato dentro de la lista que elija, de modo que vota tanto por un partido como por un candidato; luego, de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos y su lista, se distribuyen los escaños mediante el sistema D’Hont.

  Este sistema se estrenó en las pasadas elecciones municipales y ya sabíamos que iba a tener algunos efectos negativos. Un gran problema que tienen las listas desbloqueadas es que generalmente el candidato que cuenta con más dinero es el que consigue posicionarse mejor. También generan una fuerte competencia de todos contra todos dentro de los partidos.

  Además, se cambió el sistema antiguo por urnas electrónica sin dar suficiente capacitación, es decir, sin que la gente esté preparada para utilizarlo. Ello permitió la difusión del llamado “voto asistido”, que es ilegal, y que básicamente consiste en que haya gente en los lugares de votación interfiriendo con el voto con la excusa de ayudar al votante a usar el sistema electrónico.

  Todo esto benefició al Partido Colorado, que por el tiempo que lleva al frente del Estado es el partido que cuenta con mayores recursos, y que logra presentar suficiente diversidad interna como para dar opciones de recambio a quienes están descontentos con su propia gestión de gobierno.

  Se produjeron, sin embargo, algunas pequeñas mejoras en la representación de las mujeres. Por primera vez dos mujeres han sido elegidas gobernadoras y hay algunas más que antes en ambas cámaras del Congreso.

  Pero con la oposición dividida, el Partido Colorado sacó la diferencia más amplia de todo el período democrático. Además de ganar la presidencia, obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso y de 15 de las 17 gobernaciones.

  El otro elemento que definió a esta elección fue la emergencia de un tercer espacio político de oposición de carácter populista-autoritario y estilo mesiánico. Liderado por Paraguayo Cubas, representa al llamado “voto bronca”, es decir, a los descontentos con los partidos tradicionales y con la forma en que se ha llevado adelante la política durante décadas. Esta candidatura no le quitó votos al gobierno sino a la oposición, y se colocó inesperadamente en un cercano tercer lugar, con más de 20% de los votos.

  ¿Qué sustento tienen las denuncias de fraude que expresan las actuales movilizaciones callejeras?

  Los seguidores de Paraguayo Cubas, a los que se ha sumado gente de prácticamente todos los sectores de la oposición, muchos de ellos jóvenes desafectados de la política, están saliendo masivamente a las calles de todo el país para denunciar fraude, pese a que tuvieron una votación muy buena, que ni siquiera ellos esperaban. El hecho de que un grupo antisistema esté movilizando protestas de unas dimensiones que no se han visto en mucho tiempo representa un gran desafío para el futuro de la democracia en Paraguay.

  Estas fueron unas elecciones relativamente pacíficas en las que prácticamente no hubo violencia. Lo que sí hubo en abundancia fue desinformación, discurso de odio y agresiones a través de las redes sociales durante toda la campaña. Estas agresiones afectaron fuertemente a las OSC, incluida la nuestra, Semillas para la Democracia, y procedieron mayormente del partido de gobierno y de la agrupación y los seguidores de Paraguayo Cubas, aunque también la Concertación tuvo expresiones similares contra sus oponentes políticos.

  ¿Qué rol desempeñó la sociedad civil en el contexto electoral?

  La sociedad civil desempeñó un rol relativamente importante, a pesar de las restricciones que ha debido enfrentar. El Tribunal Electoral en principio no autorizó la observación electoral de la sociedad civil y en cambio sacó un reglamento bastante restrictivo. Finalmente aceptó que el Consorcio Sakã, una coalición de sociedad civil, hiciera una observación y un conteo paralelo, pero con muchísimas restricciones.

  Semillas para la Democracia ha participado activamente en la denuncia de los problemas del financiamiento político, un tema que hemos logrado instalar en la agenda. Es que el otro gran problema de Paraguay, junto con la enorme desigualdad, es la corrupción. La falta de control sobre el dinero en la política ha llevado al poder a grupos ligados al crimen organizado, tanto en el Congreso como en las gobernaciones.

  Pronto estaremos trabajando en el control del financiamiento político. En Paraguay el gasto de las campañas se controla con posterioridad a las elecciones. Recién un mes después, cuando los partidos van presentando sus rendiciones, se empieza a hacer un control a través del Observatorio Ciudadano de Financiamiento Político que tiene el Tribunal Electoral, cruzando datos de contrataciones públicas con las declaraciones juradas que tienen los sitios web de los organismos públicos. La ley de acceso a la información de Paraguay es bastante buena y nos permite hacer ese trabajo.

  ¿Cómo ves en futuro de a democracia en Paraguay?

  En el mediano o largo plazo veo una situación bastante difícil. Quedan muchas cosas a resolver para mejorar la calidad de la democracia. El nuevo sector emergente es violento, antiderechos, fundamentalista y mesiánico. Su inspiración es el presidente popular autoritario de El Salvador, Nayib Bukele, y su forma de gobernar, por lo que creo que nos esperan años muy duros.

  El sector del Partido Colorado que ganó las elecciones es un sector cuyos dirigentes atacan a la sociedad civil. Son antiderechos, autodefinidos como “provida”, están en contra del matrimonio igualitario, de los derechos sexuales y reproductivos y atacan todos los temas relativos a la agenda de género. Por eso creo que a la sociedad civil nos esperan años muy duros. Vamos a tener que hacer esfuerzos para unirnos y articular acciones entre los distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo los que trabajamos temas de derechos.

  En este momento algunas organizaciones contamos con algunos fondos de la cooperación internacional, y esperamos que estos apoyos aumenten y se fortalezcan para que podamos llevar adelante un trabajo articulado frente a todos estos desafíos. Va a ser una lucha constante, tanto más difícil porque ya hemos visto ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.

  No espero gran cosa de los próximos meses. Por el momento, debemos estar atentos para entender en qué dirección avanza esto. Pero lo que sí es seguro es que se vienen años muy duros para las OSC que promovemos los derechos humanos.

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  El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

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• Venezuela: “Necesitamos de la comunidad internacional un enfoque multilateral, flexible, y creativo”

  CIVICUS conversa con Feliciano Reyna, fundador y presidente de Acción Solidaria, una organización de la sociedad civil (OSC) venezolana establecida en 1995 con la misión de contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH, que a raíz de las múltiples crisis que enfrenta Venezuela ha expandido su radio de acción para proveer medicinas e insumos médicos a poblaciones más amplias en situación de vulnerabilidad.

  

  ¿Cómo se ha llegado a la crisis actual en Venezuela?

  Se ha producido a lo largo de varios años un proceso de desmontaje del Estado de derecho que aún continúa. Hace tiempo que la justicia dejó de ser independiente y opera en función de los intereses del gobierno. A esto se agrega un gran nivel de corrupción. Hay muchos documentos e informes, como uno reciente de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que describe cómo se fue instaurando una estructura de justicia no independiente, que se aprovechó de la opacidad de los datos públicos y del manejo discrecional del Estado.

  Esto llevó a que muchos, actuando en función de sus intereses, destruyeran el aparato económico y productivo. Hoy en día la economía venezolana es el 20% de lo que era en 2013. Esto impacta sobre los niveles de pobreza, la calidad de los servicios públicos y la total falta de protección.

  Hubo un primer periodo de ingentes ingresos, gran derroche de riqueza, que permitió que durante muchos años les llegaran recursos a los principales grupos de apoyo del gobierno de Hugo Chávez, entre 2005 y 2013. Pero era solo gasto en beneficios individuales, nada de inversión en servicios públicos. Así, poco a poco lo público fue quedando en un estado de total abandono: hospitales, carreteras, alumbrado, sistema eléctrico, distribución de agua. Todo está muy destruido. Hay alrededor de cuatro millones de personas que cocinan con leña o carbón porque no les llega el gas. En donde yo vivo recibimos agua una vez a la semana durante 24 horas, y hay momentos en que no nos llega agua durante dos o tres semanas.

  Hubo un cambio importante en la economía mundial, con una fuerte caída del precio del petróleo que coincidió en los últimos días de Chávez en el gobierno. Cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013 quedó en evidencia la fragilidad de un régimen en gran medida basado en la personalidad de Chávez. Tras el triunfo de Maduro se desencadenaron protestas políticas porque su mandato fue cuestionado, y en consecuencia se iniciaron prácticas represivas muy duras. Desde entonces se percibe un gran deterioro conducente a esta crisis de derechos humanos. Las OSC han documentado detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en prisión. Ha habido un ataque sostenido a la disidencia y a los adversarios políticos. A cualquiera que tenga una posición de poder y sea visto como una amenaza política lo sacan de juego.

  Los años entre 2014 y 2016 fueron terribles. Además de la vulneración a los derechos humanos, hubo un daño generalizado a la población en materia de salud, nutrición, acceso al agua, educación y otros derechos. A medida que la economía se fue deteriorando, comenzó a haber muchas protestas sociales, no por razones políticas sino por problemas de ingresos, falta de recursos, cortes de electricidad, falta de medios de transporte y servicios públicos. Con dos grandes excepciones – las olas de protesta de 2017 y de 2019, que expresaron un desacuerdo político -, la gran mayoría de las protestas han sido protestas sociales, no ideológicas, en las cuales expresaba su descontento mucha gente que en última instancia apoyaba y votaba al gobierno.

  Mientras que el ataque a la oposición y a la disidencia ha llevado a muchos al exilio, las carencias económicas han provocado una ola migratoria masiva. Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado y se han ido muchos profesionales, maestros, médicos, lo cual debilitó aún más a los sistemas de prestación de servicios.

  ¿Cómo es el contexto en que trabaja la sociedad civil?

  Hay un gran debilitamiento del Estado, que claramente no puede controlar todo el territorio bajo su jurisdicción, y por eso ha ido entregando el control a otros actores. El poder está cada vez más en manos de actores locales paraestatales que gozan de pequeñas burbujas de bienestar en el marco de la inmensa pobreza en que vive la gran mayoría de la población.

  A causa del debilitamiento del Estado y del deterioro de la industria petrolera, siempre la principal fuente de ingresos del país, el gobierno ha abierto algunos espacios a una economía más libre. Eso significa que para servir a las poblaciones con las que trabajamos, hemos podido importar medicamentos e insumos gracias a la cooperación internacional. Tenemos donantes internacionales que nos envían los insumos o que pagan el transporte para que podamos recibirlos, usando el sistema de transporte puerta a puerta.

  Desde 2017 Acción Solidaria ha traído casi 240 toneladas de ayuda. Hemos pasado de ser nueve personas en 2016 a ser 40 en 2021. Cada semana recibimos a unas 120 personas que vienen a las oficinas de Acción Solidaria a buscar medicina. La mayoría son mujeres y personas con muy pocos recursos, mayores de 55 años. Puede que las cosas que ellas necesitan estén disponibles en la economía paralela, pero a unos precios que les resulta imposible pagar.

  Pero el entorno para la sociedad civil sigue siendo de alto riesgo. El año pasado tuvimos un allanamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales, el comando más temible de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que nos hicieron no fue un operativo oficial sino una acción delictiva. La sociedad civil que hace incidencia en derechos humanos es objeto de criminalización, y la sociedad civil que trabaja en acción humanitaria enfrenta graves problemas de acceso, es extorsionada por estos grupos autónomos y por actores paraestatales. Nos hemos convertido en blanco no porque seamos opositores o disidentes, sino porque tenemos recursos codiciados.

  De hecho, tenemos a un compañero preso hace 160 días y otros cinco compañeros de una organización que trabaja junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados que estuvieron presos un mes en una instalación militar.

  Con el proceso electoral, las redes de información del gobierno en los sectores populares parecen haber alertado que los programas gubernamentales - que transfieren a los beneficiarios el equivalente a unos cuatro dólares mensuales - no podían competir con los cerca de 60 dólares que organizaciones humanitarias transferían a las personas pertenecientes a sus poblaciones objetivo, sin exigirles nada a cambio, como parte de la respuesta humanitaria. De modo que intervinieron de inmediato y suspendieron los 38 programas de ayuda humanitaria que hacían transferencias en efectivo.

  Después de las elecciones se ha empezado a recomponer el ecosistema de transferencias, pero por el momento solo se han activado los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF.

   

  ¿Cuánto apoyo popular le queda al gobierno de Maduro? ¿Suficiente para ganar las elecciones regionales de noviembre, o ha recurrido al fraude?

  En noviembre de 2021 se realizaron las elecciones regionales en las que se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales y los 335 municipios del país. La cifra oficial de participación fue de poco más de 40%, y el gobierno obtuvo 19 gobernaciones, frente a cuatro de la oposición. El chavismo también ganó 213 alcaldías, pero los distintos grupos de oposición obtuvieron una cantidad no desdeñable, 121.

  Las condiciones de la lucha electoral se plantearon bastante antes de la selección de las candidaturas, las campañas y la propia votación, con el nombramiento de nuevos miembros para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Foro Cívico, una OSC, había propuesto nombres de personas independientes para integrar el CNE – personas con mucha trayectoria en lo electoral, que podían establecer un puente de diálogo con la gente en el gobierno que quiere gobernar de una manera menos autoritaria. Así se consiguió un CNE más equilibrado, con un rector independiente y uno procedente de la oposición, entre los cinco principales, y tres suplentes propuestos por la sociedad civil, entre los cinco suplentes. Esto permitió pensar que las elecciones tendrían mayor legitimidad que otras anteriores.

  El proceso electoral fue muy tenso; si bien no hubo fraude en el sentido de que se cambiaran las cifras de la votación, hubo muchas presiones y obstáculos para que no votaran los partidarios de la oposición. Políticos de mucho peso en la oposición fueron inhabilitados y no pudieron presentar sus candidaturas. Se cambiaron las condiciones en los centros de votación, incluidos los horarios, para mayor conveniencia del gobierno, y se acarreó mucha gente para que fuera a votar, aunque ya el gobierno no tiene la misma capacidad de movilización que en procesos anteriores. La participación fue baja por varias razones: influyó el hecho de que millones de personas han migrado, y de que muchas figuras populares de la oposición no participaban de la competencia.

  La oposición tuvo también mucha responsabilidad en esto, porque contempló las elecciones con mucha suspicacia, voceros de peso se oponían a participar, y no cerró acuerdos amplios que le hubieran permitido hacerse con hasta diez o doce gobernaciones. En parte, vio limitado su crecimiento por los obstáculos impuestos por el gobierno, pero también por su incapacidad para ponerse de acuerdo.

  Aun así, es importante recalcar que las condiciones de la competencia no eran equitativas. La oposición podría haber ganado más gobernaciones de las que ganó, pero esto tenía un claro límite. Esto se vio en el estado Barinas, de donde era originario Hugo Chávez, que el gobierno no podía permitirse dejar en manos de la oposición. Allí ganó claramente un candidato opositor, pero luego de las elecciones el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el candidato en realidad no cumplía con las condiciones para estar habilitado para competir, y ordenó repetir las elecciones.

  Frente a estas limitaciones, que eran previsibles, hubo una parte de la oposición que desde el inicio se opuso a participar en las elecciones y dejó abierto el camino a muchos triunfos oficialistas que tal vez en otras circunstancias no se hubieran producido.

  ¿Cuán consolidado está el régimen de Maduro, y cuáles son las chances de que pueda producirse una apertura democrática?

  La apertura democrática no parece ser una opción en el corto plazo. La oposición es muy diversa y está muy dispersa en términos de programa y manejo institucional, por lo que es cuestionable si sería capaz de gobernar si ahora mismo tuviera la oportunidad.

  Lo que tenemos por delante es un largo tránsito por el desierto. El gobierno padece muchas debilidades, pero tiene apoyos en China, Irán, Rusia, Turquía, y mucho apoyo político de Cuba y de otros países de la región, como se puede ver en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A imagen y semejanza de estos estados que le apoyan, el gobierno de Maduro ha tenido un manejo hábil: a pesar de la corrupción y la falta de transparencia, ha ido abriendo la economía al tiempo que ha mantenido intacta su conducta represiva.

  Los apoyos internacionales que recibe el gobierno son importantes y han sido sistemáticamente subestimados, en tanto se ha sobreestimado el apoyo que recibe el gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Se dice que tiene de su lado a Estados Unidos y a 60 países, pero quienes lo apoyan con acciones concretas son en realidad muchos menos.

  Para muchos en la oposición el interinato en sí mismo ha sido un gran problema, en parte porque quedó asociado a la administración de Donald Trump, y en parte porque desde que se instaló el interinato lo que hacía el gobierno interino pasó a ser lo único que importaba y se abandonó el espacio de la Asamblea Nacional, que había contado con un amplio apoyo popular.

  El interinato fue impulsado sobre la base del artículo 233 de la Constitución venezolana; puesto que en virtud de su reelección fraudulenta Maduro en 2018 no era reconocido por la oposición como presidente legítimo, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, proclamó a su presidente, en aquel momento Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Pienso que se debería haber continuado trabajando a través de la Asamblea Nacional, un cuerpo electo y legítimo en cuya presidencia se alternaban los partidos con más votos. Se podrían haber presentado pruebas de la corrupción y buscado mecanismos para proteger los activos del país con ayuda de la comunidad internacional.

  En cambio, la oposición se asumió como un gobierno legítimo sin ningún control sobre los procesos internos. Y al asumir, planteó condiciones y plazos expeditos, reclamando que primero saliera Maduro del gobierno para que el gobierno interino se constituyera en gobierno de transición y organizara elecciones libres.

  La opción por el interinato fue el resultado de la subestimación de las fuerzas del gobierno y la sobreestimación de las fuerzas propias. Cuando las expectativas no se satisficieron, como era evidente que iba a ocurrir, empezó a aumentar la desafección hacia el gobierno interino. Sigue habiendo un deseo enorme de cambio, porque las cosas están mal para la gran mayoría de la población, pero se fue perdiendo la esperanza de que ese cambio se lograría con el interinato.

  ¿Qué clase de apoyos debería brindar la comunidad internacional para facilitar una salida democrática?

  Lo que desearíamos de la comunidad internacional es un enfoque multilateral, flexible, y creativo. El cambio de administración en Estados Unidos es sumamente importante porque la postura del gobierno de Trump era unilateral y avasalladora. Afortunadamente, el gobierno de Biden parece adherir a un enfoque multilateral, que incluye a Europa, Canadá y otros países de nuestra región.

  De parte de Europa, fue muy importante que enviara una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre, así como lo fue que la ONU y el Centro Carter enviaran a expertos electorales. La ONU también tiene aportes esenciales que hacer en materia humanitaria y de derechos humanos, tanto en lo que se refiere a la movilización de recursos para atender la emergencia humanitaria en el país y en apoyo a personas migrantes y refugiadas en la región, como respecto de las situaciones de violación de derechos humanos que siguen ocurriendo.

  La comunidad internacional debe escuchar a la sociedad civil y prestar atención a los reclamos de la gente que es directamente afectada por las medidas que actores externos toman en relación con Venezuela. Muchas de las sanciones que se han impuesto al gobierno, como la sanción secundaria de Estados Unidos que penaliza el intercambio de petróleo por diésel, terminan no afectando al gobierno, que tiene vías de acción alternativas, y en cambio perjudican a los usuarios y consumidores, a personas comunes cuyas vidas, ya complicadas, se complican aún más.

  Si se escuchara a esa parte de la sociedad venezolana, se podría pensar políticas alternativas para generar los espacios de negociación y acuerdos que nos permitan retomar el camino de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, de manera no violenta.

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