climate change

 

  • ‘Address the voice of the 99%’: Rio+20 interview with Jaehyun Jang, Programme Specialist, Reshaping Development Institute, Republic of Korea

    Jaehyun Jang is a Programme Specialist and Researcher at the Reshaping Development Institute (ReDI) in the Republic of Korea. ReDI is an independent think tank in the field of international development cooperation that aims to promote global development, study and research, and policy for the advancement of global knowledge cooperation. Here he tells us about his pessimism about the official Rio+20 process versus his hope in the People’s Summit, and the dangers in the current promotion of green growth and the green economy.

    What are your hopes and aspirations for Rio+20?

    I don’t have much expectation and hope for the forthcoming Rio+20. This is due to the fact that the main agenda of Rio+20 looks ‘zero ambitious’ compared to the original Rio summit, considering the seriousness and urgency of the multiple crises we and the earth face at the moment. By looking at the recent Rio+20 negotiations on the zero draft, it also seems that the recent failures in the UN climate change negotiations, caused by a growing tension between developed and major emerging developing economies, will lead the Rio+20 into another failure.

     

  • ‘Solo un gobierno auténticamente democrático podrá enfrentar seriamente el problema del cambio climático’

    English

    CIVICUS conversa con Enrique de León, dirigente del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), unaorganización de la sociedad civil dominicana que lucha por la desaceleración del calentamiento global. La organización trabaja para diseminar información y educar a la ciudadanía sobre el cambio climático, monitorear y presionar para que el gobierno cumpla con los compromisos contraídos en la materia, y promover las energías renovables y la descarbonización de la economía nacional.

    1. ¿A qué se debió el fuerte impacto que tuvieron los recientes huracanes Irma y María sobre el Caribe? ¿Cabe considerarlos desastres solamente “naturales”, o tuvieron causas humanas y acaso hubiera podido hacerse algo para morigerar sus impactos?

    En el Caribe siempre hemos tenido huracanes; los ha habido antes de que se iniciara el registro histórico. Pero han cambiado su intensidad, su frecuencia y su previsibilidad. Este año los ciclones fueron consecutivos y en línea, lo que no había pasado en mucho tiempo, por no decir nunca desde que se tenga registro. Y han tenido un comportamiento muy difícil de prever. Esto se debe al cambio climático, y más precisamente al aumento de la temperatura por efecto de la creciente concentración de partículas de dióxido de carbono. Sabemos que el enorme volumen de emisiones de dióxido de carbono en todo el planeta está creando las condiciones para que los huracanes en el Caribe sean más frecuentes, intensos y difíciles de prever.

    Lo que se puede hacer para evitarlo lo sabemos hace mucho, aunque algunos lo nieguen: tenemos que disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Es difícil, porque nuestra civilización está basada en la quema de combustibles fósiles – carbón, gas natural, petróleo - que emiten gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global. Pero la solución al problema está en manos de la humanidad, y en particular de la parte de la humanidad que es responsable de la mayor parte de la emisión de gases, es decir de los países altamente industrializados – aunque también los países menos industrializados tenemos un alto nivel de emisiones en términos relativos.

    Las emisiones de dióxido de carbono y el consiguiente calentamiento global constituyen una amenaza particularmente grave para los países insulares, vulnerables a la elevación del nivel del mar. Tal es nuestro caso, que además vivimos de nuestras playas. Más del 80% de nuestra población vive en las costas, y estamos perdiendo territorio. La elevación de la temperatura está afectando también la biodiversidad en nuestros arrecifes y, por consiguiente, la viabilidad de la pesca. De modo que también está en juego nuestra seguridad alimentaria.

    Los huracanes están provocando fenómenos extremos: en 2014-2015 tuvimos una gran sequía, mientras que a fines de 2016 tuvimos un diluvio en una época inhabitual, que fue un verdadero desastre. En 2017 tuvimos tres huracanes que vinieron en fila india, y si bien la isla de Santo Domingo – que la República Dominicana comparte con Haití – se libró por poco de su impacto directo, Puerto Rico fue atravesado por el huracán María, y todavía no consigue recuperar ni siquiera la energía eléctrica.

    En suma, se puede hacer algo para modificar la intensidad y el comportamiento de los huracanes en el Caribe: disminuir las emisiones de dióxido de carbono tal como lo establecen los Acuerdos de París de noviembre de 2015. Pero es difícil, porque ello depende de la introducción de cambios profundos en el sistema económico global.

    1. Más allá de lo que pase a nivel global, ¿hay algo que los países más afectados por estos fenómenos puedan hacer para protegerse?

    Ante todo, podemos y debemos emprender una acción política, consistente en apelar a la comunidad internacional, y en particular a los países con mayor responsabilidad en la emisión de dióxido de carbono, para que reduzcan sus emisiones. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, dado que si bien son bajas en términos absolutos, las emisiones per cápita de la República Dominicana son muy altas (3,8 toneladas anuales). De modo que somos corresponsables, y no podemos demandar que otros reduzcan sus emisiones si nosotros no hacemos lo mismo.

    Por lo menos es necesario cumplir con las metas fijadas por el Acuerdo de París, aunque habría que fijar metas más ambiciosas, ya que está comprobado que con aquellas no será suficiente para llevar el calentamiento global a niveles aceptables. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), al igual que todo el movimiento ambientalista latinoamericano y mundial, sostiene que los países más vulnerables, que son los estados insulares del mundo en desarrollo, deben exigir que los mayores responsables por un lado reduzcan las emisiones, y por el otro ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y a establecer un sistema económico más sostenible.

    Este tiene que ser un movimiento político. Hemos hecho una apuesta fuerte en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 23) que tuvo lugar en Noviembre de 2017. Con el liderazgo de los compañeros peruanos, que han resultado muy golpeados por el cambio climático, hemos formado una coalición latinoamericana con apoyos europeos que presiona para que se alcancen acuerdos puntuales, tales como la eliminación para 2020 del uso del carbón para generar electricidad. Aunque la eliminación de la minería de carbón pueda llevar más tiempo, al menos no deben seguir construyéndose nuevas plantas eléctricas de carbón. También hemos planteado, sobre todo con los compañeros bolivianos y brasileños, que para 2030 se mantenga por lo menos el 80-85% de las reservas mundiales de hidrocarburos bajo tierra. Como contrapartida, deben usarse energías renovables tanto para la generación de energía eléctrica como para el transporte y otras necesidades.

    Lamentablemente, dependemos de la voluntad de los gobiernos y de los políticos, que en muchas partes del mundo responden a intereses económicos muy mezquinos. El mejor ejemplo de esto es el presidente de los Estados Unidos, que es realmente un energúmeno, pero no uno cualquiera sino uno que representa a otros energúmenos cuyos intereses y fortunas están vinculados a la reproducción de una economía basada en la quema de combustibles fósiles. El hecho de que Estados Unidos se haya retirado de los Acuerdos de París es un retroceso catastrófico, así como la expresión de que la cúpula dominante de ese país está dispuesta a arriesgar un holocausto global con tal de conservar sus tasas de ganancia.

    Esta es una batalla política que no puede ser de unos pocos, y que como todas las luchas cruciales debe librarse en las calles. Tenemos que sacar a la humanidad a la calle, como lo hicimos en 2015, para dejar en claro que no está dispuesta a sacrificarse en aras de las ganancias de una minoría, y exigir que los yacimientos de hidrocarburos permanezcan bajo tierra y que se impulsen con fuerza las energías renovables en todas sus expresiones. En las islas del trópico, por ejemplo, debe promocionarse la energía solar y eólica.

    1. Internamente, en la República Dominicana, ¿libran ustedes en tanto que sociedad civil  una lucha similar con su propio gobierno, o acaso el gobierno dominicano está alineado con estas posturas?

    Efectivamente libramos una lucha similar. El nuestro es un gobierno canalla: de un modo ilegal y corrupto hasta un grado nunca visto en nuestra historia, desde 2013 construye dos plantas de carbón de 770 megavatios en Punta Catalina, a 50 kilómetros de la capital. Al mismo tiempo, en noviembre de 2015 nuestro presidente fue a París a liderar a los estados insulares más amenazados en el planteo de la demanda de reducción de la huella de carbono, y a prometer una disminución del las emisiones de 25% para 2030. Cosa que será imposible de cumplir si se pone a funcionar unas plantas de carbón que por sí solas generarán 6,34 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, lo cual supone un incremento de más de 20% en las emisiones totales del país.

    Así, mientras construye estas plantas de carbón que van a disparar nuestras emisiones de carbono, que ya son altas en términos relativos, el gobierno se compromete con la comunidad internacional a reducirlas sustancialmente. Frente a esto, desde principios de 2016 el CNLCC, junto con otras veintitantas OSC, sobre todo del movimiento ambientalista, desarrolló una campaña intensa para que nuestro país ratificara los Acuerdos de París. Una vez que, gracias a la campaña, logramos que el Congreso de la República ratificara los acuerdos, y que lo hiciera de manera rápida, unánime y en una sola lectura, tuvimos que esperar tres meses para que del despacho de la Cancillería se dignaran a informárselo a la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Para que eso sucediera tuvimos que movilizarnos; el gobierno se resistía a la ratificación porque sabía que con las nuevas plantas de carbón le sería imposible cumplir con las metas, más allá de su plan de sembrar un millón de árboles de caoba, con los cuales en 50 años con suerte lograrían absorber la cuarta parte del dióxido de carbono que esas plantas van a emitir.

    Nuestro país tiene una gran necesidad de energía eléctrica porque, aún bajo un modelo de gran desigualdad y exclusión, la economía está creciendo. Actualmente tenemos déficit energético, con producción de energía cara e ineficiente, y por eso tenemos grandes apagones. O sea que sí necesitamos producir más y mejor energía, pero lo que no necesitamos es que esa energía salga del carbón, cuando nosotros ni siquiera somos productores de carbón. Gracias a la lucha de la sociedad civil dominicana, en 2012 fue aprobada la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 27 estableció la meta de reemplazar antes de 2030 los combustibles fósiles importados por energías renovables, y así descarbonizar la economía. Pero desde que llegó al poder en 2013, el gobierno de Danilo Medina ha hecho todo lo contrario, con acuerdos muy redituables para establecer nuevas plantas eléctricas de carbón.

    1. ¿Por qué el gobierno dominicano optó por el carbón en vez de energías renovables? ¿A qué intereses representa?

    La opción por el carbón, así como la elección de la empresa Odebrecht, que encabeza el consorcio que construye Punta Catalina, fue una decisión de financiamiento político. El gobierno de Danilo Medina necesitaba reelegirse, y la reelección estaba prohibida, de modo que tuvo que financiar primero la reforma electoral y luego la campaña para la reelección. Ese financiamiento lo facilitó la planta de carbón construida junto con Odebrecht. Está plenamente documentado que la licitación fue amañada: Odebrecht compró ese contrato, tal como lo confesó en diciembre de 2016 en Nueva York. En tanto que forma de financiamiento político corrupto, la obra incluyó desde el principio una sobrevaluación de mil millones de dólares. De los 2945 millones de dólares que iba a costar la obra, mil eran sobreprecios. Esto lo denunciamos, pero no hubo forma de que se abriera un proceso de investigación serio, porque nuestro Poder Judicial es extremadamente dependiente del Ejecutivo.

    De hecho, esas plantas van a terminar costando mucho más caras, porque recientemente se develó que hay un sobrecosto de 708 millones más, ya que no se habían hecho los estudios correspondientes y para hacerlos le están pasando la factura al gobierno. Además, una de las socias de Odebrecht en la construcción de la planta ha hecho una reclamación por 720 millones por montos adeudados a proveedores y por la reposición de un generador dañado por la empresa estatal cuando quiso montar a toda velocidad la primera unidad para hacer una demostración. Nosotros denunciamos que la planta no estaba lista, y efectivamente tiene una enorme demora, pero para demostrar que no era así el gobierno se apuró y dañó un generador. En cuanto a los pagos adeudados, los retrasos se deben a la campaña que hicimos con el apoyo de aliados europeos para que los bancos europeos que estaban financiando las obras detuvieran el desembolso por razones de corrupción.

    1. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía dominicana a medida que se develaron estos hechos de megacorrupción?

    Desde el 22 de enero de 2017 ha habido todos los meses manifestaciones multitudinarias inéditas en nuestra historia, en reclamo del fin de la corrupción y la impunidad. Y el corazón de esa demanda es Punta Catalina, que es realmente la prueba del delito. Estos reclamos expresados en las calles obligaron al gobierno a montar una ópera cómica: al fin y al cabo procesó a todo el mundo menos a los principales culpables. Odebrecht ha comprado contratos desde 2001 hasta 2015, y el gobierno procesó a gran parte de los presuntos implicados hasta 2012, pero a ninguno desde 2012 para acá. Es decir, no rozó siquiera a los involucrados en Punta Catalina, entre ellos el propio Presidente de la República. Además, ni uno solo de los procesados está en prisión.

    El país no solo está indignado: está frustrado y harto, y se siente violentado. Para contener posibles reacciones ciudadanas, el Ministerio Público apeló la liberación de dos de los imputados: el empresario Ángel Rondón, intermediario a cargo del reparto del dinero de los sobornos y las ganancias ilícitas, y Víctor Díaz Rúa, ministro de Obras Públicas del gobierno anterior. Sin embargo, la Suprema Corte mantuvo la libertad de ambos. Esto realmente no sorprendió a nadie.

    El pueblo dominicano hizo uso del medio más democrático que tenía a su disposición: la manifestación callejera. El gobierno se mantuvo indiferente y apostó al desgaste del movimiento: lo dejó gritar y patalear hasta cansarse. Pero ya hay una parte importante de la población que piensa que este gobierno es el principal obstáculo para impartir justicia y acabar con la impunidad, y que hay que terminar con él. Hace poco se comprobó que en las elecciones de 2016, en las que fue reelecto el presidente Danilo Medina, la empresa que proveyó los escáneres también programó el conteo de los votos. La ciudadanía lo tomó con calma, porque de hecho ya lo sabía, pero desde entonces se está buscando alguna forma de acortar esta presidencia.

    El 16 de julio de 2017 el movimiento anticorrupción Marcha Verde hizo la manifestación más grande en la historia del país, y allí se lanzó la idea de procesar al presidente. El pueblo dominicano ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para encontrar una salida, y hasta ahora no la ha encontrado porque el Poder Ejecutivo tiene secuestrada a toda la institucionalidad democrática. Ni el Legislativo ni el Judicial son poderes independientes, de modo que ¿quién va a procesar al presidente?

    Más recientemente, sectores de la Marcha Verde y diversas agrupaciones políticas están haciendo el planteo de que el año próximo se busque un gran acuerdo de todos los sectores para ponerle fin al mandato presidencial y buscar una solución institucional mediante una Constituyente que establezca un Poder Judicial y un Poder Legislativo realmente independientes y provea garantías de pulcritud electoral, de modo de preparar las condiciones para la elección de un nuevo gobierno en 2020.

    1. ¿Hay alguna chance de que nuevas elecciones lleven al poder a alguien que represente intereses más amplios, y que esté en condiciones de enfrentar seriamente el problema del cambio climático?

    No perdemos las esperanzas de que así sea. El pueblo dominicano nunca se ha cansado de luchar por una auténtica democracia. El 22 de enero de 2017, un pueblo al que muchos creíamos derrotado se levantó con fuerza en rechazo de la corrupción. No lo hizo por aumentos de salarios ni por rebajas en los precios de los alimentos, ambas causas legítimas, sino por simple indignación en relación con las implicaciones que las confesiones de Odebrecht tenían para nuestro país.

    El Estado dominicano está atravesado de punta a punta por la corrupción y la impunidad, y ello limita fuertemente su capacidad para luchar contra el cambio climático. Hoy por hoy, a las autoridades no les importa en lo más mínimo mentirle a la comunidad internacional, prometiendo una cosa que saben que no van a cumplir.

    Nosotros abogamos por que una parte del Fondo Verde establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se utilice para mitigar los daños que sufre la República Dominicana a causa del calentamiento global. Es decir, que una parte de esos 100 mil millones de dólares anuales que los países desarrollados, los mayores emisores de gases causantes del cambio climático, aportarán para materializar acciones de mitigación y adaptación en las naciones en desarrollo, financie la adaptación tecnológica, cultural y productiva de nuestro país. Para mitigar desastres y volver a reconstruir se necesita mucho dinero: por ejemplo, el huracán Georges, que en 1998 nos pegó de lleno, provocó en República Dominicana pérdidas que representaron el 14% del PIB (de 1997). La lluvia de finales de 2016 nos costó 9478 millones. Con el huracán María, nuevamente, hemos tenido entre 9 mil y 10 mil millones de dólares en pérdidas, pese a que no nos pegó directamente sino que solamente pasó cerca.

    El problema es que si ese dinero llega hasta aquí, corre el riesgo de perderse, ya que los desastres y la posterior reconstrucción son ocasiones perfectas para la corrupción. Así, por ejemplo, los fondos destinados a la mitigación de los efectos de las lluvias de 2016 nunca llegaron a los territorios. La gente de Marcha Verde en las regiones más afectadas reclamó una y otra vez que el dinero no había llegado. De modo que enfrentamos un dilema muy duro: al mismo tiempo que reclamamos a la comunidad internacional apoyo para enfrentar las consecuencias y combatir las causas del cambio climático, nos sometemos a la rapacidad de nuestros propios gobiernos. Evitar que ese dinero se pierda y lograr que llegue a su destino es un problema que compartimos con otros países de la región. Solo un gobierno auténticamente democrático, que represente los intereses de la mayoría de la ciudadanía en vez de los intereses concentrados de los empresarios y los políticos aunados por la corrupción, podrá enfrentar seriamente el problema del cambio climático.

    • El espacio cívico en República Dominicana recibe la calificación de ‘obstruido’ en elCIVICUS Monitor, lo cual indica la existencia de restricciones serias de las libertades cívicas.
    • Visite el perfil deFacebook delCNLCC o siga en Twitter a @CNLCC2016

     

     

     

  • ‘Young women are a vital part of shaping the future’ – Rio+20 interview

    A Rio+20 interview with Nyaradzayi Gumbonzvanda, World YWCA

    Nyaradzayi Gumbonzvanda is the General Secretary of the World YWCA, a global federation in 125 countries, and a human rights lawyer with extensive experience in CSO governance and transition management. She is also the Vice Chair of CIVICUS. She is active in trying to ensure that young women are able to help shape the future sustainable development agenda, and that the women's human rights impacts of climate change and sustainability challenges are taken into account. She talks to CIVICUS about her hopes for Rio+20 and the work of the World YWCA.

    How is the World YWCA planning to advance women's issues, and participation at Rio+20?

    The World YWCA will have a small delegation of YWCA representatives at Rio+20 with two clear goals – to ensure young people, and particularly young women, play a role in shaping the sustainable development agenda, and to ensure the agenda coming out of Rio+20 is inextricably linked with advancing gender equality and women's human rights. It is also essential that commitments are adequately resourced and that we continue to strengthen accountability mechanisms.

     

  • 6. Fighting from the frontlines of the Pacific’s climate crisis

    Pacific Island countries are suffering the devastating effects of climate change. But as CIVICUS Youth Action Team’sBetty Barkha stresses, they are amazingly resilient. 

    The sea is coming closer to home, we don’t have to walk to the lagoon anymore.” The haunting words of a four-year-old playing with his friends near Bonriki village, on the main island of Tarawa in Kiribati, still gives me chills. Little did he know that the ocean that gives him and his friends so much happiness was out to claim their home.

     

  • Africa to Address Post- 2015 Disaster Resilience Agenda

    Governments from over 50 countries in Africa will meet in Arusha, Tanzania from 13-15 February for the Fourth Africa Regional Platform on Disaster Risk Reduction (ARP) to address the challenges of building a disaster resilient society.


    The Africa region is home to some of the fastest growing economies in the world. The International Monetary Fund (IMF) is projecting economic growth of 5.25% for sub-Saharan Africa in 2013, a rate that places the region second only to Asia's booming economies and well above a world forecast of 3.6%.


    As the countries in this blossoming region continue to develop, this impressive growth could be undermined by exposure to disaster risks and a changing climate. A recent statement "Raising the African Voice" at the Eighth Annual Meeting of the African Science Academies, claims that climate change will impact Africa more severely than any other region in the world and that severe weather events such as droughts and floods are on the increase.

     

    Read more at reliefweb

     

     

     

  • As global tensions rise, the UN stands on the sidelines

    By  Mandeep Tiwana

    It’s tempting to lay the blame for unresolved conflicts at the UN’s door but the reality is that the UN can only deliver when it has the support of member states and the buy-in of citizens.
    Read on: Jerusalem Post

     

  • Civil Society Meeting Calls for Solidarity, Radical Change to Deal with Global Crises

    By Amy Taylor

    Our strategies have failed us. We can no longer respond to the crises facing us in the same way. We have to be more radical, more creative — together — to build the future we want. This was one of the resounding messages to emerge from a key global gathering of more than 700 leading thinkers, influencers and doers from more than 100 countries in Suva, Fiji in early December.

    Read on: Inter Press Service

     

  • Climate change as a matter of peace

    By Flávia Bellaguarda, Co-Founder and COO,Youth Climate Leaders

    FlaviaThe Youth Climate Leaders (YCL) was honored to be selected to attend the first edition of the Paris Peace Forum, from 11th to 13th November, and to showcase our startup in the environmental village among other 119 projects from all over the world. Youth Climate Leaders would like to give a special "thank you" to CIVICUS for supporting us to attend the Paris Peace Forum. It was a well-organized and bustling event.

    The opening ceremony was full of Heads of State, Heads of Government, and leaders of international organizations. It was a life-time experience to share the same room with President Trudeau, President Macron, President Putin, Chancellor Angela Merkel, UN Secretary-General António Guterres, Nobel Peace Nadia Murad, just to name a few. A crucial part of YCL mission is to enable young people worldwide to increasingly occupy those spaces.

    President Macron opened the ceremony stating that the world is in a different path because in the centenary of the 1918 Armistice we had in the same room 84 heads of states peacefully reunited in Paris under the Arc de Triomphe. The Chancellor Angela Merkel stated that peace must be pursed, and the first step is to recognize that the world is facing severe crises. She emphasized the refugee crisis we are facing saying that countries must be united in order to solve the situation providing real support for those in need.

    Additionally, the UN Secretary-General António Guterres highlighted that climate change is the biggest challenge of 21st century and that multilateral efforts are crucial for us to take actions as we are gearing up for COP24. He complemented Merkel saying that in the context of climate change, demography and migration issues are the second most important challenge of our century. It reminded me of the amazing lecture that Dr. Caroline Zickgraf gave to us in Paris about the intersection of climate change and the refugee crisis during the #YCL2018Immersion.

    The main purpose of the Paris Peace Forum was thus to produce two primary outputs: testifying and mobilizing in favor of collective action and multilateralism, and advancing concrete projects of global governance. Altogether, the Forum featured three spaces: (1) a Space for Solutions showcasing governance projects in five “Villages” (peace and security, environment, development, new technologies and inclusive economy); (2) a Space for debates where initiatives from the Villages as well as cross-cutting themes were discussed; and (3) a Space for Innovation which invited developers and programmers to devise digital solutions for the identified challenges.

    It was a difficult task to decide which discussion I should participate in, as there were so many interesting topics! Fortunately, the YCL stand was always full of people keen to learn more about our startup and we had the chance to network with amazing people from all over the world. For that reason, I did not have time to participate in a lot of panels, so I chose the panels “Finance for Climate: a Way to go Forward, a Way to go Faster” and “Fleshing out 2250: A Role for Youth in Global Stability”.

    We had three intense days at the Paris Peace Forum, where we could foster important connections to strengthen our ability to solve the challenges mentioned by President Macron. I was happy to hear in the closing ceremony that the next edition of the Paris Peace Forum they will have more open spaces for youth. We were not well represented in many panels, both as speakers and participants, nor as project leaders showcasing projects in the Villages. On the other hand, I was proud to see organizers recognizing this issue and that in order to pursue peace and have a multilateral effort to solve the world problems the youth must be included.

    So, I hope to see many of you on the next edition of the Forum!

     

  • Climate refugees need global protection – with or without the US

    By Danny Sriskandarajah

    The United States’ abandonment of global migration and climate change agreements in the same year could be disastrous for climate refugees. When it comes to addressing the growing problem of climate change induced displacement, neither the UN’s Global Compact on Migration nor the Paris Climate Change agreement go far enough. With or without the support of the United States, we need both of these agreements to be more ambitious and implemented faster, to protect some of the world’s most vulnerable people.

    Read on: Open Democracy 

     

  • Donors must improve on Istanbul summit pledge to world's poorest

    Budget squeeze no excuse to let targets slip

    BRUSSELS, 6th May, 2011: The first UN summit for the world's poorest countries in a decade must ensure that developed nations make good on commitments to help the most destitute, a global coalition of over 1000 civil society organizations said today.

    "Richer nations cannot use the economic crisis as an excuse not to follow through on their engagements," said Tony Tujan, co-chair of BetterAid.

    "This week's conference must ensure the immediate flow of 0.15 percent - 0.20 percent of the total gross national income of developed countries to the less developed countries, in line with previous commitments."

    The four-day United Nations conference on the 48 Less Developed Countries opens in Istanbul on 9 May. The so-called LDC-4 summit will adopt an "action program" for the coming decade that is likely to include a target of cutting the number of people suffering from poverty and hunger by half.

    BetterAid insists the Istanbul summit must go beyond good intentions to produce concrete results that go beyond the limited achievements of the last LDC conference in 2001.

     

  • Grassroots Organising Points the way in Fight Against Rising Repression

    By Lysa John, CIVICUS Secretary General

    This article is part of a series on the current state of civil society organisations (CSOs), which will be the focus of International Civil Society Week (ICSW), scheduled to take place in Belgrade, April 8-12. 

    “I never thought it would get so big and I think it is amazing.”

    The words of a 16-year-old Swedish teenager who skipped school to protest outside her government’s inaction on climate change. Greta Thunberg is marvelling at how, in just a few short months, her solitary protests outside Sweden’s parliament, have inspired and united hundreds of thousands of young people and others across the globe into a powerful, growing grassroots movement for climate change action.

    Read on: Inter Press Service

     

  • Pacific Island leaders are tightening the screws on press freedom, dissent

    By Josef Benedict, CIVICUS  civic space research officer. 

    It’s not only climate change and rising sea levels that threaten the lives and well-being of Pacific Islanders. Rising levels of official intolerance of dissent and free speech across the region poses a threat to the well-being of their democracies.
    Read on: Asian Correspondent

     

  • Paris Climate Agreement comes into force: A review of the UN's Climate Change Conference in Marrakech (A.K.A. COP22)

    One year since the historic Paris Climate Change Agreement, over 20,000 leaders from government, business and civil society met in Marrakech, Morocco for the 22nd Conference of the Parties (COP22). The two week conference reviewed progress on implementation, produced additional commitments and examined the relationship between the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals. 

    In the beginning, there was a lot of enthusiasm with the ratification of the Paris agreement in a record time just before the negotiations started. However, in the third day of the Conference participants were hit by the election of Donald Trump as President of the United States. Despite reassuring remarks on the resilience of the Paris Agreement and the possibility of leadership on the local and regional levels, concerns and uncertainty about the future of climate cooperation were present throughout the event.

     

  • Photos: Lives rent asunder by climate change in Bangladesh

    In 2018, two global agreements - one focused on the protection of refugees and the other on migration - are in the final stages of negotiation between governments, under the auspices of the United Nations. Each offers a rare opportunity to protect migrants from one of the biggest sources of displacement today - climate change. Through these images GMB Akash presents stories of loss from among the around 18 million Bangladeshis who risk displacement as the sea moves inward, expected to submerge as much as 17% of the country’s land by 2050.

    See on: Hindustan Times 

     

  • Putting the Pacific on the Map

    By Danny Sriskandarajah

    This year, CIVICUS International Civil Society Week will take place in Fiji, and will allow civil society delegates from around the world to explore the frontlines in the global fight against climate change. 

    Read on:Open Democracy 

     

  • Sign on! Global Civil Society Declaration on Climate-Induced Migration

    At the conclusion of International Civil Society Week 2017 (ICSW) on December 7th, more than 700 civil society leaders and activists from over 100 countries have called for climate change to be formally recognised as a primary driver of migration. The call comes just days after Donald Trump announced that he is withdrawing the United States from the United Nations Global Compact on Migration. 

    Add Your Voice! Sign on Today

    The Global Civil Society Declaration on Climate Induced Displacement was first presented to delegates of ICSW, held in Suva, Fiji, by global civil society alliance CIVICUS and the Pacific Islands Association of Non Governmental Organisations (PIANGO). This is the first time in more than 20 years of convening that ICSW was held in the Pacific region, where rising sea levels are already displacing communities.
     The declaration calls on the international community to commit to protecting the human rights of all persons, regardless of their migratory status and fulfill the objectives of the Paris Climate Agreement.  

    “The UN global compact process is a critical opportunity to develop a consensus position on how the  international community should promote rights-based migration and protect refugees,” said Danny Sriskandarajah, Secretary General of CIVICUS. “We are urging policymakers to protect the rights and dignity of individuals who are being forced to move, and promote the cultural rights of the communities affected,“ Said Sriskandarajah.

    Organisations which have contributed to the declaration include the Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations, the Pacific Islands Development Forum, Oxfam Pacific, 350.org, ACT Alliance and CIVICUS, among others. 

    WHAT YOU CAN DO

    Add Your Voice! Sign on Today

    Spread the word

    Share the message on social media:

    .@Pacific_2030, @PIDF01, @oxfampacific, @350, @ACTAlliance, CIVICUS & many others, launch Declaration on Climate Induced Displacement. Read the full declaration and sign on here: http://bit.ly/2B6eVDI

    More than 700 civil society leaders and activists from over 100 countries call for #climatechange to be recognised as a key driver of #migration! Join the call here: http://bit.ly/2B6eVDI #ICSW2017

    I just joined others around the world in signing on to the Climate Declaration! You can too: http://bit.ly/2B6eVDI

    .@CIVICUSSG calls on policymakers to protect the rights & dignity of individuals who are being forced to move, and protect the cultural rights of the communities affected. Join the call http://bit.ly/2B6eVDI 

    Rising seas and extreme weather are leading many to have no option but to abandon their homes! Sign on to the Climate Declaration and call on policy makers to protect climate refugees http://bit.ly/2B6eVDI

    Find out more:
    Check out these stories by journalists and delegates attending ICSW. 

    Al Jazeera: Ex-New Zealand PM: Manus refugees deserve humanity
    Open Democracy: Climate refugees need global protection – with or without the US
    Inter Press News: Migrants Deserve Dignity” says CIVICUS While Trump Pulls out of Proposed Migrant Compact
    Open Democracy: Climate refugees need global protection – with or without the US
    Reuters: Where is the justice?' ask climate 'refugees', sidelined from global deal
    Fiji Times: Call for solidarity on migration
    Radio New Zealand: Climate-induced migration critical issue for Pacific NGOs

    Want to know more about what happened at International Civil Society Week 2017? Visit the live blog archive. 

     

  • The Coming Wave of Climate Displacement

    By Kumi Naidoo

    Not since 1951 has the international community produced a treaty to protect the legal status of the world's refugees. Now, two agreements are currently under discussion at the United Nations, and each offers a rare opportunity to protect global migrants from the biggest source of displacement today.

    Read on: Project Syndicate 

     

  • The two borderless challenges of our time: Migration and climate change

    Civil society response to the Zero Draft of the UN´s Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 

    There are over a quarter billion migrants and refugees in the world. Over 5,000 died last year on their dangerous journeys. The United Nations has been moved to act. 

    Governments are currently negotiating a Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration. The agreement is meant to protect the rights of those displaced and help address the root economic, environmental and social drivers that are compelling people to leave their communities and countries. 

    Last week, the UN released its draft agreement and will have until December to negotiate the final details. A key area where the document falls short is on commitments to tackle the primary causes of migration. A stated aim of the Global Compact is to “mitigate the adverse drivers and structural factors that hinder people from building and maintaining sustainable livelihoods in their countries of origin”. However, the current text lacks actionable commitments to control the numerous man-made forces underlying global mass migration. 

    The reasons are different for every migrant and diaspora, but we know that natural disasters are the number one cause of internal and international displacement. With rising sea levels, desertification and extreme weather events, climate action must be a part of any meaningful agreement. 

    "Climate induced displacement is upon us. Coastal communities are being evacuated and relocated the world over.” Said Emele Duituturaga, Executive Director of the Pacific Islands Association of Non Governmental Organisations. “Here in sea locked countries of the Pacific Ocean, disappearance of our island homes is imminent". 

    To protect the growing number of climate migrants, a necessary starting place for the compact is to  reaffirm the importance of the Paris Climate Change Agreement and accelerate efforts to limit global average temperature rise to 1.5°C, instead of the more conservative and ambiguous target to keep the world “well below” 2°C above pre-industrial levels. Missing just one of these targets will lead to millions of people being displaced.  The United Nations´ climate science panel (The Intergovernmental Panel on Climate Change) gauges that the half a degree gap in warming “amounts to a greater likelihood of drought, flooding, resource depletion, conflict and forced migration”. Climate models show us that the additional 0.5°C would  further raise sea levels by 10 centimeters and cut crop yields by half across the tropics.

    From Fiji to Trinidad and Tobago, from Bangladesh to Morocco, civil society groups are calling on their governments to make climate mitigation a fundamental pillar of the Global Compact on Migration. Over 400 civil society groups at International Civil Society Week (Fiji, December) signed a joint declaration on climate induced displacement,  outlining key demands for the Global Compact. Among other recommendations, we are urging the UN to address the causes and consequences of migration, including:

    • Recognize that communities must have key human rights like food, water, housing and health protected to reduce the necessity of migration.
    • Commit to protect those who are most vulnerable to climate displacement.
    • Ensure that those most vulnerable to climate displacement are able to participate in the design and governance of the Global Compact. 

    The upcoming multi-stakeholder consultations on 21 February and 21 May at UN Headquarters will provide civil society with the opportunity to raise the ambition of the Global Compact and to help ensure meaningful action is taken to reduce the man-made causes of migration and incorporate key recommendations put forth in the joint civil society declaration.