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  • EL SALVADOR: “El objetivo del presidente es concentrar poder”

    CIVICUS conversa con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en El Salvador, acerca de la situación política luego de que el partido del presidente Nayib Bukele ganara las elecciones legislativas de febrero de 2021.

    Eduardo Escobar

    ¿Consideras que la democracia y el Estado de Derecho están siendo erosionados en El Salvador?

    Primero deberíamos preguntarnos si alguna vez hubo democracia y Estado de Derecho en El Salvador. Si reducimos la democracia a su dimensión lectoral, puede decirse que se respetaba voluntad de la gente y las elecciones se habían convertido en la única forma de acceso al poder. Pese a algunas irregularidades, en ese sentido sí había democracia. Desde 2009 algo se había avanzado también en el terreno de la separación de poderes, teníamos una Sala Constitucional de la Corte Suprema que era independiente, un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) independiente, y una fiscalía que intentaba funcionar.

    Así, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, había una democracia electoral en funcionamiento, con algunos avances importantes en la dimensión republicana y del Estado de Derecho. El presidente Bukele interrumpió este proceso, atacando constantemente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. En el marco de la pandemia, el gobierno vulneró la libertad de movimiento de forma ilegítima e inconstitucional. Lo poco que se había avanzado se perdió por completo.

    A partir de las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, que Bukele ganó por amplia mayoría, la seguridad jurídica dejó de existir. En cuanto se conformó, a principios de mayo, la nueva Asamblea legislativa destituyó a los jueces de la Sala Constitucional y al titular de la fiscalía general. Habíamos llegado a confiar en que la Sala Constitucional nos protegería de las arbitrariedades, pero esa certeza se desvaneció en un instante. Poco después, la nueva Sala Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata para un segundo mandato, hasta entonces prohibida por la Constitución de El Salvador.

    ¿Han podido la oposición o la sociedad civil hacer algo al respecto?

    La oposición no fue inteligente. Hasta mayo de 2021 contaba con la mayoría absoluta en la Asamblea, pero no la supo aprovechar. Los partidos de oposición no creían que hubiera apuro, nunca pensaron que iban a perder. Ahora se han vuelto irrelevantes. Su presencia es meramente testimonial porque el partido del presidente, Nuevas Ideas, y sus aliados tienen una supermayoría. La oposición se limita a hacer declaraciones y a impulsar propuestas que todos saben que no van a prosperar.

    A la mayor parte de la sociedad civil se le ha cerrado la posibilidad de participar en el proceso legislativo. No es que antes se aprobara cada propuesta de la sociedad civil – de hecho, muchas veces ni siquiera se las discutía – pero había ciertas áreas temáticas donde la participación de la sociedad civil era vital para aprobar una ley. Eso se terminó: ahora solamente las organizaciones afines al gobierno son convocadas y admitidas en las sesiones de las comisiones. La sociedad civil independiente tiene poca influencia sobre las políticas públicas porque el gobierno no entiende su rol y no está dispuesto a integrar sus aportes a la toma de decisiones. Así, ha quedado limitada a ser una voz de denuncia sin poder para revertir decisiones ilegales o inconstitucionales, ya que no quedan instituciones independientes que puedan reaccionar a sus demandas.

    El presidente Bukele hizo campaña con un programa anticorrupción. ¿Ha habido algún avance en ese sentido?

    La instrumentalización del tema de la corrupción fue una de las bases de la victoria de Bukele, cuyo slogan de campaña fue “devuelvan lo robado”. El tema de la corrupción es amplio y complejo, pero ese slogan era claro y preciso, y atrajo a mucha gente. Pero era solo una estrategia de campaña.

    Una vez en el poder, desactivó todos los mecanismos anticorrupción existentes, desacatando las resoluciones del IAIP, impidiendo auditorías de la Corte de Cuentas en los ministerios, negando la entrada de la fiscalía a organismos públicos involucrados en casos de corrupción, y finalmente removiendo al fiscal e imponiendo a un incondicional suyo, que incluso tiene denuncias en su contra. No tenemos cómo conocer los gastos del gobierno, en particular los relacionados con la pandemia. El manejo ha sido tan opaco que ni siquiera tenemos datos confiables de cuántas personas se contagiaron de COVID-19, cuántas están hospitalizadas, cuántas fallecieron. El gobierno no entrega información, la oculta. Y cuando hay revelaciones o denuncias de corrupción, ataca y difama al denunciante.

    ¿Cómo ha impactado esta situación sobre el trabajo de Acción Ciudadana?

    Acción Ciudadana promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el combate a la corrupción y la impunidad. De ahí que buena parte del trabajo que hacemos consista hacer monitoreos - del financiamiento de la política, las elecciones internas de los partidos políticos y la propaganda electoral; de la labor de la fiscalía general, la transparencia de la gestión pública y los obstáculos para el acceso a la información; y del funcionamiento de los mecanismos institucionales de prevención, detección y castigo de la corrupción.

    Para hacer nuestras investigaciones necesitamos acceder a información pública, pero las vías de acceso se están cerrando. Por ejemplo, la ley establece que la información sobre los viajes de los funcionarios públicos debe ser pública; sin embargo, el gobierno decidió que esas informaciones se mantendrían reservadas por siete años. En este caso puntual hubo algo de presión en los medios y en las redes sociales y el gobierno modificó el criterio, y ahora retiene esa información hasta 30 días después del viaje, supuestamente para proteger la seguridad del funcionario – lo cual sigue siendo ilegal.

    Cuando se nos deniega la información que debería ser pública, ya no podemos acudir a las instancias que salvaguardan el acceso a la información porque o están cooptadas o tienen miedo. Por ejemplo, algunos partidos políticos – empezando por el oficialista - no nos entregan su información financiera. Llevamos casi tres años denunciándolo al Tribunal Supremo Electoral, pero éste no admite nuestras denuncias. Entonces cuando un partido no nos da información ya no recurrimos al Tribunal, y frente a una ley inconstitucional ya no recurrimos a la Sala Constitucional.

    También hemos perdido capacidad de incidencia. Normalmente nuestros monitoreos darían lugar a denuncias e investigaciones penales. Pero actualmente lo máximo que podemos hacer es publicar los resultados de nuestras investigaciones en algunos medios y ofrecerlos a la opinión pública, pero ya no alimentar con ellos procesos institucionales. Por ejemplo, encontramos que en la campaña presidencial de 2019 una empresa le donó un millón de dólares a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la coalición electoral de Bukele, y en 2020 el gobierno le adjudicó a esa empresa un contrato de asociación público-privada para administrar y ampliar el aeropuerto. Nosotros evaluamos que hubo un conflicto de interés, pero no podemos llevar el tema ni a la fiscalía ni a la Corte de Cuentas para pedirles que investiguen.

    El presidente Bukele parece difícil de clasificar ideológicamente. ¿Cuál es su programa?

    Si tuviera que clasificar al partido del presidente, diría que es un partido “atrapa-todo”, sin un proyecto político definido en términos ideológicos. Hasta que fue expulsado en 2017, Bukele era del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y se mostraba como una persona de izquierda revolucionaria que abrazaba a Hugo Chávez y hablaba de justicia social. Luego, como presidente electo, dio un discurso en la Fundación Heritage, uno de los centros de pensamiento más conservadores de los Estados Unidos, y más neoliberal no podía ser. Él siempre decía que las cosas que hay que resolver no son cuestión de ideología, y Nuevas Ideas se armó con la lógica de que ahí cabían todos sin importar si eran de izquierda o de derecha. Y así fue, allí adentro hay de todo.

    Bukele no tiene un programa ideológico; el objetivo que persigue es concentrar poder. Puede tomar medidas de derecha o de izquierda, pero no porque tenga una u otra ideología, sino porque es lo que más lo beneficia. Por ejemplo, la mayor parte del sistema de pensiones en El Salvador es privado y probablemente él lo nacionalice, pero no porque por una cuestión de principios considere que este servicio público esencial tiene que ser de gestión estatal, sino porque el Fondo de Pensiones mueve cantidades millonarias, y el gobierno quiere echarle mano porque no tiene recursos y está endeudado y sin fuentes de financiamiento, ya que se le acaba de caer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la privatización es presentada como un acto de justicia hacia los pensionados, que reciben pensiones de hambre. En función de esta medida un observador externo podría pensar que su gobierno es de izquierda, pero no es una medida ideológica sino de conveniencia. El gobierno se mueve en función de la búsqueda de provecho político y económico, y por eso muchas veces aparece como errático o improvisado. No hay una visión que oriente la planificación de las 

    ¿A qué se deben las protestas que enfrenta actualmente el gobierno?

    Las protestas que se iniciaron a principios de septiembre estallaron en reacción a la adopción del bitcoin como divisa oficial junto al dólar estadounidense. Mucha gente que apoya y valora a Bukele se opuso a esta medida pensando que les podría afectar. Ha sido la primera medida del gobierno que ha tenido un gran rechazo popular, y pienso que no ha sido solo por oposición hacia la criptomoneda, sino también por la forma en que se están tomando las decisiones, sin suficiente información, debate y participación. Bukele hizo el anuncio en un evento en Miami un día sábado, y el lunes siguiente se presentó el proyecto de ley, que fue aprobado el martes. Todo se resolvió en tres o cuatro días con total secretismo.

    Lamentablemente, la reacción en este tema ha sido la excepción, y posiblemente se deba a que es un tema del que mucha gente no entiende demasiado y eso provoca temor. En términos generales, la mayoría aplaude al presidente, a su manejo de la pandemia y a su Plan de Control Territorial, que es una estrategia de militarización de la seguridad ciudadana. Esto se debe a que la narrativa que construyó el gobierno ha sido exitosa. Por ejemplo, cuando destituyeron a los jueces de la Sala Constitucional – una maniobra que desde la sociedad civil se denunció como un golpe de Estado - el gobierno dijo que habían echado a los corruptos y mucha gente se lo creyó. Hubo gente que salió a protestar, no solo de la sociedad civil organizada, sino también ciudadanos comunes, pero fueron una minoría. Contrarrestar la narrativa oficial es difícil. 

    ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil salvadoreña para poder ejercer plenamente su rol?

    Es bien complicado. Los periodistas logran que les filtren información y sacan sus notas, pero nosotros no somos periodistas. Nuestras vías para conseguir el material que necesitamos para desempeñar nuestro rol de contralor es buscarlo en los portales institucionales y hacer solicitudes de información. Nos ayudaría cualquier esfuerzo para lograr que las instituciones públicas abran un poco más la información. 

    También necesitamos apoyo en términos de seguridad personal y digital, así como en el área de comunicaciones, porque evidentemente desde la sociedad civil no hemos logrado comunicar adecuadamente nuestros mensajes y no hemos logrado construir una narrativa alternativa a la oficial.

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  • GUATEMALA: “las manifestaciones reflejan tanto la organización social como la autonomía ciudadana”

    Sandra MoraenCIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Guatemala con Sandra Morán Reyes, activista por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+. Con una larga trayectoria en los movimientos sociales, Sandra fue una de las cofundadoras del primer grupo lésbico guatemalteco y organizadora de la primera Marcha del Orgullo de Guatemala, celebrada en 1998 en la Ciudad de Guatemala. En 2015 fue elegida diputada nacional, convirtiéndose en la primera congresista y política homosexual en un cargo de elección popular en la historia de su país, desde el cual promovió diversas iniciativas en favor de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

    ¿En qué contexto se produjeron las protestas de noviembre de 2020, y cómo comenzaron?

    En enero de 2020 se inició un nuevo gobierno, y poco después la pandemia nos dejó a todos encerrados. Pero alrededor de mayo o junio algunos compañeros y compañeras comenzaron a salir a la calle de nuevo, en parte para criticar la actitud del gobierno frente a las necesidades de la población a medida que empezaron a verse claramente los efectos de la crisis generada por la pandemia. De pronto aparecieron banderas blancas, en las calles, en las puertas de las casas, en manos de personas y familias que recorrían las calles o se sentaban en los portales. Con la bandera blanca la gente indicaba que no tenía para comer y empezaron a darse acciones de solidaridad como las ollas solidarias, que aquí en Guatemala antes no existían. Hubo un gran movimiento de solidaridad entre personas. Mientras que las organizaciones se volcaron a atender a sus integrantes, la ciudadanía realizó esfuerzos importantes para brindar apoyo de persona a persona. Se volvió corriente que la gente saliera a recorrer las calles para repartir un poco de lo que tenía entre quienes más lo necesitaran. Esto se repitió luego en relación con las personas que fueron afectadas por los huracanes y perdieron todo.

    A nivel estatal, se aprobaron muchísimos recursos para paliar los efectos de la pandemia, pero estos recursos no llegaban a la gente y las necesidades de la población seguían desatendidas, de modo que la pregunta que empezó a plantearse fue “¿dónde está el dinero?”.

    Desde 2017 nosotros denunciábamos lo que llamábamos el “pacto de corruptos”, que vinculaba a funcionarios, empresarios e incluso representantes de la iglesia, aliados en defensa de sus propios intereses. En 2015, tras seis meses de manifestaciones masivas sostenidas, terminaron en la cárcel el presidente y la vicepresidenta, pero los gobiernos que les sucedieron acabaron reafirmando el mismo sistema. El gobierno del presidente Jimmy Morales finalizó unilateralmente el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en continuidad del anterior, ha ido avanzando en el control de la justicia, el Congreso y todas las instituciones del Estado para sostener la corrupción como forma de gobierno.

    A los efectos de la no atención de los impactos de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota, que golpearon en octubre y noviembre de 2020, se sumaron los ataques contra los funcionarios del Ministerio Público que continúan luchando contra la corrupción. Los descontentos se fueron sumando hasta que en noviembre de 2020 el Congreso aprobó de madrugada el presupuesto nacional para 2021. Era un presupuesto altísimo – el más alto en la historia del país - con bolsones evidentes para la corrupción, especialmente en el rubro de obra gris, que es donde se concentra el grueso de la corrupción, pero sin ninguna atención a la salud y a la educación en el marco de la pandemia. El presupuesto incluso recortaba el programa de nutrición, en un país que tiene un enorme problema de desnutrición infantil. Esa fue la gota que derramó el vaso. Personas que normalmente no son las que protestan – una chef profesional, un artista, muchas personas conocidas en distintos ámbitos - comenzaron a escribir en las redes sociales y a manifestarse en contra de esta decisión. Así se convocó la primera manifestación, y de repente éramos como 25.000 personas – en medio de una pandemia.

    Para esa época ya se habían levantado todas las restricciones a la circulación y a las reuniones, pero la pandemia continuaba y el riesgo de contagio también. Nadie preveía una protesta tan masiva, y sin embargo ocurrió. Las manifestaciones fueron inicialmente pacíficas, pero ya en la segunda hubo violencia y represión. Un pequeño grupo provocó un incendio en el edificio del Congreso, un hecho que continúa bajo investigación. Sobre esto se justificó la represión: gases lacrimógenos, golpes, arrestos y detenciones, algo que hace mucho que no ocurría. En otra manifestación se quemó un bus. Desde nuestra perspectiva, los actos de violencia fueron instigados para justificar la necesidad de un mayor control policial de las manifestaciones y la eventual represión.

    ¿La convocatoria a la movilización se hizo exclusivamente a través de las redes sociales? ¿Quiénes se movilizaron?

    Hubo a través de las redes sociales una serie de llamados que apelaron sobre todo a las clases medias, pero también convocaron los movimientos sociales y las Autoridades Indígenas. Estas últimas han desempeñado un rol cada vez más importante en los últimos años, y en el marco de esta crisis publicaron una declaración en la que propusieron un consejo de gobierno de los cuatro pueblos que integran Guatemala - Maya, Xinka, Garífuna y Mestizo – para hacer una transición hacia una Asamblea Constituyente. Ellos han ido visitando territorios y haciendo un trabajo de formación de alianzas, y es la primera vez que avanzan hacia el gobierno nacional, ya que tienen autoridad solamente en sus territorios. El rol que han desempeñado es importante porque la oligarquía toda la vida le ha temido al levantamiento indígena; ese temor les mueve. Así como les movió el hecho de que en 2019 la candidata a presidenta del Movimiento de Liberación de los Pueblos, un partido fundado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), quedara en cuarto lugar. Una mujer maya, campesina, con poca escolaridad, quedó en cuarto lugar, y eso les hizo ruido.

    Ha habido cuatro actores movilizados: pueblos indígenas, mujeres, juventud y comunidades en resistencia – comunidades locales, generalmente lideradas por mujeres, que resisten frente a megaproyectos extractivos en sus territorios. En las últimas manifestaciones se observó el resultado del proceso de unidad del movimiento estudiantil universitario: a partir de 2015 los estudiantes de la universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad pública, marcharon junto con los de las dos universidades privadas, la Rafael Landívar, de clase media, y la Universidad del Valle, de clase alta. El lema con que marchaba la universidad pública, “USAC es pueblo” se transformó en “Somos Pueblo” a partir de esta convergencia. Fue un hecho histórico que representó el regreso de la juventud universitaria organizada a las luchas populares.

    El rol de la juventud también se observa en el movimiento feminista, ya que hay muchos movimientos feministas jóvenes. En particular se destaca el colectivo Mujeres en Movimienta, una expresión muy importante de feministas universitarias. La diversidad sexual también ha estado presente, y ha estado muy activa en la denuncia de los femicidios y homicidios de personas LGBTQI+.

    A ellos se sumó la clase media empobrecida tras el fuerte golpe de la pandemia. En las manifestaciones hubo mucha gente de clase media, muchos profesionales. Muchos ciudadanos y ciudadanas que no pertenecían a ninguna organización ni colectivo indígena, estudiantil o de mujeres salieron por su cuenta, movidos por el hartazgo. Así, las manifestaciones de noviembre de 2020 reflejaron tanto la organización social como la autonomía ciudadana.

    ¿Qué demandaba la ciudadanía movilizada?

    A pesar de que hubo varios sectores movilizados y muchísimas demandas acumuladas, hubo un orden en el petitorio de las protestas. Si bien los distintos sectores tenían sus propias demandas, todos acogieron los grandes reclamos. El eje central era que el presidente vetara el presupuesto, ya que lo que gatilló la movilización fue el descaro de un Congreso que hizo un presupuesto que no era para la ciudadanía de Guatemala sino para ellos mismos, para alimentar la corrupción. En ello las manifestaciones tuvieron un éxito inmediato, ya que pocos días después de la quema del edificio del Congreso, este dio marcha atrás y anuló el presupuesto que había aprobado. Junto con la retirada del presupuesto estaba la demanda de que se aprobara un presupuesto que respondiera a las necesidades de la población, pero esta demanda sigue pendiente.

    Tras la represión de las protestas, otra demanda central fue la renuncia del ministro de Gobernación, que no se produjo; el funcionario sigue en su cargo. También se reclamó la renuncia del presidente, que tampoco se produjo.

    Finalmente, se volvió a reflotar la demanda de una nueva Constitución, que está en la agenda de los movimientos sociales desde hace varios años. En el 2015, cuando tuvieron lugar las grandes manifestaciones que llevaron a la renuncia de todo el gobierno, los movimientos sociales evaluamos que la corrupción no estaba solamente en las personas, sino que teníamos un sistema corrupto y que por lo tanto hacía falta un cambio de sistema. Las organizaciones indígenas y campesinas tienen su propuesta de cambio constitucional, basada en su reclamo de reconocimiento de los pueblos indígenas e instauración de un Estado plurinacional que les dé autonomía y poder de decisión.

    Otros grupos tienen propuestas más embrionarias. Yo fui diputada hasta enero de 2020, y cuando todavía estaba en el Congreso trabajé con las organizaciones de mujeres pensando en que podía darse esta coyuntura y teníamos que prepararnos. Iniciamos el Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente para ir configurando una propuesta de una nueva constitución desde la perspectiva de las mujeres en su diversidad.

    ¿Cuáles son los principales cambios que proponen?

    Nosotros tenemos una constitución que fue redactada en 1985 y tiene un contenido importante de derechos humanos; incluye la figura del Ombudsman, que en ese momento era una innovación. Pero los derechos humanos son encarados desde una perspectiva individual; están ausentes los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, y también los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, y por supuesto lo más avanzado en materia constitucional que son los derechos de la naturaleza. La nuestra es una propuesta política emancipadora de los pueblos, de las mujeres y de las diversidades. Se basa en la idea de una economía para la vida, que pone a la comunidad en el centro, y en una economía feminista que reorganice el trabajo y los cuidados.

    ¿Piensas que las protestas continuarán?

    Sí, las protestas van a continuar. Con las fiestas de fin de año se produjo una desmovilización, pero en estos días se supo que CODECA va a volver a salir a la calle. CODECA es una organización que normalmente sale sola, no coordina con otros movimientos sociales, pero tiene una gran capacidad de movilización. Si ellos vuelven a las calles, abrirán una nueva etapa de manifestaciones.

    Ahora mismo el ministro de Finanzas está elaborando un nuevo presupuesto, que en un mes se tendrá que volver a discutir en el Congreso. Queda por verse no solamente cuánto se invertirá en salud, educación y reactivación económica, sino también qué es lo que considera “reactivación económica”. Hasta ahora el énfasis ha estado puesto siempre en la inversión privada internacional, que solo genera espacios de mayor explotación y megaproyectos. Hay una ley de promoción de la agricultura familiar que no hay manera de que se apruebe. De modo que la demanda de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, va a continuar expresándose en las calles.

    Por el momento, se trata de una convocatoria sectorial, no de una convocatoria amplia a la ciudadanía. Pero no hace falta demasiado para que se reactive la protesta ciudadana, ya que tras las manifestaciones de noviembre el presidente hizo una serie de promesas que no cumplió. El 14 de enero de 2021 se cumplió un año de gobierno y los niveles de apoyo que recibe el gobierno son bajísimos. El Congreso también tiene escasa legitimidad, dada la cantidad de diputados que integran el “pacto de corruptos”, suficiente para conformar una mayoría ordinaria para aprobar las leyes.

    Sin embargo, puede que haya miedo a movilizarse porque estamos en un pico de infecciones por COVID-19. Y otro obstáculo para la continuidad de las movilizaciones es la ausencia de un liderazgo unificado y la limitada coordinación.

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