COVID-19

 

  • ARGENTINA: ‘Debemos impedir el intento de volver a las injusticias de la pre-pandemia’

    CIVICUS conversa sobre la crisis del COVID-19 y las respuestas de la sociedad civil con Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácticas de democracia participativa y deliberativa.

    Sebastien Argentina

    ¿Qué impactos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los derechos de los y las argentinas?

    Sin perjuicio de los buenos resultados en términos sanitarios de las medidas de aislamiento, la pandemia ha golpeado muy especialmente a las poblaciones más vulnerables. Por citar solo algunos ejemplos, sobre las y los habitantes de asentamientos informales ha recaído en una proporción significativamente superior el impacto de los contagios. Los adultos mayores institucionalizados también han sufrido la pandemia de un modo particularmente cruel, y a ello se suma el presumible aumento de casos de violencia doméstica asociado al encierro.

    El hecho de que se les pida “quedate en casa” a quienes no encuentran satisfecho su derecho a una vivienda adecuada resulta una muestra clara de la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad, así como de la interrelación entre el derecho a la salud y otros derechos fundamentales. Sobre este punto justamente, a mediados de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena obligatoria, junto con otras OSC presentamos una nota al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtiendo la falta de políticas públicas adecuadas para las personas que viven en situación de calle, un grupo especialmente vulnerable ante la pandemia. Si bien el Gobierno de la Ciudad anunció medidas para mitigar la propagación del COVID-19, las acciones están principalmente orientadas al control de la circulación de esta población, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene y salud. Las causas que llevan a la situación de calle son estructurales y están relacionadas con la falta de políticas públicas que garanticen a todas las personas acceder a una vivienda digna. Las acciones que se adopten en esta emergencia deberían ser un punto de partida para construir una política a largo plazo que revierta la precariedad en que viven miles de personas en la ciudad.

    Más en general, la iniciativa multisectorial Habitar Argentina ha reclamado en el contexto de la pandemia la implementación de una política nacional de emergencia en materia de hábitat, que apunte no solamente a mejorar las condiciones de las personas que ya se encuentran en situación de calle, sino que incluya también la suspensión -por seis meses o hasta que se haya superado la pandemia- de todos los desalojos y ejecuciones judiciales que puedan producir mayor número de personas en situación de calle o empeorar sus condiciones sanitarias; así como políticas específicas para familias que alquilan, tienen hipotecas o habitan en viviendas precarias. También reclama la implementación de mecanismos de protección para mujeres, niños, niñas, adolescentes y minorías sexuales o disidencias de género que se encuentren en situación de violencia en cualquier tipo de hogar y territorio.

    ¿Qué obstáculos ha enfrentado ACIJ para continuar funcionando en este contexto, y cómo los ha superado?

    El mayor obstáculo se relaciona con las medidas de aislamiento y la consecuente imposibilidad de mantener, en las mismas condiciones, nuestra presencia territorial en las comunidades con las que trabajamos. Ello nos ha llevado a tener que redoblar nuestros esfuerzos para seguir en contacto -virtual o con presencias esporádicas autorizadas- con líderes y lideresas comunitarias, e impulsar acciones tendientes a brindar la protección especial requerida por el contexto.

    Así, por ejemplo, junto con la Fundación Huésped y TECHO organizamos una serie de capacitaciones destinadas a referentes populares, que históricamente han sido claves en las redes de contención en sus barrios. A partir del 5 de junio tuvimos cinco encuentros destinados a brindarles información sobre medidas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfermedades presentes en los barrios, información legal en el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en caso de violencia institucional y/o de género y medidas de prevención para comedores comunitarios y ollas populares, y a darles a conocer los programas de asistencia estatal que surgieron en el marco de la pandemia. De los encuentros participaron más de 90 referentes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Tucumán.

    También se desarrollaron un asistente virtual con información específica para responder a las consultas de los habitantes de los barrios populares y una serie de piezas de comunicación que fueron distribuidas a través de los grupos WhatsApp y Facebook de las comunidades.

    ¿Qué otras acciones han emprendido para defender los derechos afectados bajo la pandemia, y qué logros han conseguido?

    Entre las acciones más relevantes que llevamos adelante durante estos meses, cabe destacar las siguientes.

    En primer lugar, respecto de los habitantes de villas y asentamientos, impulsamos un protocolo especial de actuación frente al COVID-19, la creación de una plataforma web que georreferencia recursos y permite detectar las urgencias de dicha población, y una medida judicial para brindar acceso a internet gratuito por parte del Estado mientras duren las medidas de aislamiento.

    Este avance en materia de acceso a internet fue una respuesta a una demanda que iniciamos junto con otras OSC, con el objeto de posibilitar la continuidad pedagógica del conjunto de estudiantes en el marco de las medidas de educación a distancia dispuestas durante la emergencia. La medida cautelar dictada a principios de junio obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar a todos los estudiantes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social (beneficiarios de planes, becas, subsidios o programas sociales de la ciudad o del Estado nacional, o residentes en villas), un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares de modo de garantizar su continuidad pedagógica. Asimismo, el gobierno está obligado a instalar en todas las villas de la ciudad equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente mantiene en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existan impedimentos técnicos para ello, el gobierno local deberá entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.

    Esta medida es fundamental porque no solamente busca revertir la desigualdad existente en materia de acceso a equipamiento educativo, sino que también reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental que resulta instrumental -y en este contexto imprescindible- para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, la información o el acceso a la justicia.

    Segundo, respecto de las personas con discapacidad, entre otras cosas denunciamos la reducción de la cobertura de los apoyos, realizamos una campaña para mostrar los efectos del encierro sobre las personas internadas en manicomios, y lanzamos una plataforma web para canalizar el acceso a derechos.

    La plataforma discapacidadyderechos.org.ar fue lanzada a principios de julio y busca ayudar a las personas con discapacidad a exigir el cumplimiento de sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida independiente y a la protección social. La plataforma centraliza información relativa a los derechos, las prestaciones y servicios que reconoce la normativa vigente; las vías existentes para reclamar en casos de incumplimiento de obras sociales, empresas de medicina prepaga y del Estado; y los lugares a los que se puede acudir para recibir asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. La página cuenta con un total de 120 modelos de documentos tales como notas administrativas y cartas documento que cada persona puede adaptar a su situación. Además, dispone de una sección específica que brinda información sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia del COVID-19.

    Cabe subrayar que el proceso de desarrollo del sitio incluyó instancias de participación de personas con discapacidad y sus familiares, quienes probaron la plataforma e hicieron sugerencias para su mejora, y contó asimismo con el asesoramiento de especialistas en materia de accesibilidad y usabilidad digital.

    Tercero, para colectivos vulnerables en general, creamos junto a un grupo de instituciones académicas y de la sociedad civil una iniciativa de difusión de información legal para clarificar los alcances e impactos de la normativa de emergencia y contribuir al empoderamiento jurídico de diversos grupos desaventajados, e impulsamos un posicionamiento regional para alertar sobre el rol de la justicia frente a la crisis. También elaboramos un documento con información clave para revertir injusticias en materia tributaria y contribuir a una política fiscal respetuosa de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de pandemia.

    ¿Cuál dirías que ha sido la clave de la obtención de estos logros?

    Creo que los logros obtenidos durante este contexto se explican fundamentalmente por la articulación de tres variables: en primer lugar, la totalidad del equipo de ACIJ se mostró especialmente movilizado por la necesidad de realizar una contribución significativa desde nuestro rol institucional, y adoptó la flexibilidad necesaria para reaccionar a la crisis de un modo adecuado. En segundo lugar, nuestra cercanía histórica con las comunidades y grupos afectados en relación con las temáticas en que trabajamos fue clave para conocer en primera persona los obstáculos que están enfrentando las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos. Finalmente, la combinación de estrategias de incidencia en las políticas públicas, judicialización de conflictos colectivos y empoderamiento comunitario redundó en impactos de mayor envergadura que los que se hubieran obtenido en ausencia de esta articulación de estrategias.

    ¿Qué rol debería tener la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción de una mejor “nueva normalidad” post-pandémica?

    Lo primero que debe hacer la sociedad civil en este contexto es exhibir con mucha claridad las injusticias de aquel mundo que teníamos antes de la pandemia: la desigualdad política como estructurante de democracias de baja calidad; la desigualdad económica como estructurante de las vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales; y un modelo de producción de los bienes y de organización de los territorios que resultaba insostenible desde el punto de vista ambiental.

    Teniendo en cuenta que la pandemia ha profundizado las desigualdades preexistentes y generado mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia. En este contexto, es fundamental garantizar los recursos para financiar políticas sanitarias y de protección social adecuadas. De ahí que, junto con otras OSC de la región, hayamos producido una declaración para instar a los estados a implementar mecanismos para lograr un sistema tributario globalmente progresivo; evaluar las exenciones tributarias existentes para determinar cuáles deberían eliminarse por ser injustificadas e inequitativas; acordar la no aprobación de nuevos privilegios fiscales, salvo en casos urgentes y de efectividad comprobada y preferiblemente en beneficio de las poblaciones vulnerables y pequeñas empresas; y reformar y racionalizar el proceso de aprobación y revisión de los gastos tributarios, aumentando la transparencia, identificando beneficiarios/as, incluyendo evaluaciones de impacto, y sujetándolos a un escrutinio independiente.

    Es fundamental que la sociedad civil ayude a imaginar nuevos rumbos: el momento de crisis es también un contexto de oportunidad para estimular nuestra capacidad de idear modos distintos de relacionarnos como comunidad política, y nuevos valores para la reconstrucción de sociedades más justas.

    Finalmente, deberemos acompañar a quienes más dificultades tendrán para encontrar estrategias de supervivencia y satisfacer sus necesidades básicas, al mismo tiempo que buscamos espacios de participación para hacer escuchar nuestras voces en los ámbitos de toma de decisiones públicas y hacemos frente a los previsibles intentos de retomar, en la etapa post-pandémica, las injusticias y privilegios propios de la era anterior.

    El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con ACIJ a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@ACIJargentina y a@piloofkors en Twitter.

     

  • Tunisia: Exercise restraint and respect human rights as political tensions intensify

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    Tunisian authorities must refrain from the use of excessive force amid political tensions. 
     
    On 25 July people took to the streets in several cities in Tunisia expressing concerns over the government’s response to the COVID-19 pandemic, the roll out of vaccinations and the dire economic situation that Tunisians are facing.

    CIVICUS, a global alliance for civil society, is concerned about the violent attacks against protesters in Tunisia and calls on Tunisian authorities to exercise restraint amidst political tensions and to respect human rights.  

    Following a day of anti-government protests, President Kais Saied proceeded to invoke emergency powers, most of which are against Tunisia’s constitution suspending Parliament for 30 days and dismissing Prime Minister Hichem Mechichi. The ministers of Justice and Defence were also dismissed. A month-long curfew was imposed together with additional restrictions which prevent people from moving between cities outside of the curfew except for urgent health reasons. The authorities have also imposed restrictions on freedom of peaceful assembly prohibiting gatherings of more than three people in public places.

    On 26 July, 20 heavily armed police officers  raided the offices of international media outlet, Al-Jazeera, confiscated equipment and expelled staff from its premises. This raises serious concerns for press freedoms in the country.

    “President Saied should not use the current crisis and emergency powers to stifle democracy including, freedoms of expression and peaceful assembly in Tunisia. The consistent use of violence against peaceful protesters is  a worrying trend and the use of emergency measures to limit fundamental rights, under the guise of the COVID19 pandemic are an affront to democracy and a serious threat to gains made during pro-democracy protests ten years ago,” said Aarti Narsee, civic space researcher. 

    The imposition of current emergency measures in response to anti-government protests is reminiscent of an ongoing trend where demonstrations highlighting concerns on social and economic issues affecting Tunisians are violently repressed by the authorities. In January 2021,  security forces used excessive force, which included tear gas, water cannon and physical violence, against protesters, with one protester being killed as a result and thousands were arrested, including minors. Authorities also targeted human rights defenders and those who spoke out about the dire economic situation in Tunisia.

    Background:
    Civic space restrictions continue in Tunisia ten years after protests forced a political transition and human rights defenders, journalists and activists who raise concerns over human rights violations are targeted by the authorities. Freedom of assembly has been significantly curtailed under Covid-19-related emergency measures which have banned gatherings at different times.  In October 2020 security forces violently repressed peaceful protesters who demonstrated against legislation that would grant immunity to security personnel in front of Parliament in Tunis. Most of the protests are driven by the impact of a deteriorating economy, increases in the prices of basic communities and high levels of impunity enjoyed by security forces. After Sunday’s protests the President has assumed executive authority with the help of a new Prime Minister which he is going to select. In principle, the Prime Minister should be elected by Parliament, which is controlled by the Ennahda party, with which the President has a long standing feud.


    Civic space in Tunisia is rated as Obstructed by the CIVICUS Monitor.

     

  • 'Can job security be guaranteed?' Interview with Lysa John

    Interview with Lysa John about why protecting workers during the COVID-19 crisis is crucial.

    As the COVID-19 pandemic advances around the world, the threat of unemployment creates the main point of stress and discomfort for tens of millions of people. Economic activity across the globe is plummeting - 80% of the global workforce have had their workplace fully or partially closed and the ILO (International Labour Organisation) is projecting that 25 million workers may lose their jobs. CIVICUS Secretary-General, Lysa John sheds more light.

    Join more than 200 organisations and adopt the Social Security Protocol

     

  • #BEIJING25 : « Plus de femmes dans la fonction publique signifie un meilleur gouvernement et une démocratie plus forte »

    À l'occasion du 25e anniversaire duProgramme d'Action de Beijing, CIVICUS s'entretient avec des activistes, des dirigeants et des experts de la société civile pour évaluer les progrès accomplis et les défis qui restent à surmonter. Adopté en 1995 lors de la quatrièmeConférence mondiale des Nations Unies (ONU) sur les femmes, le Programme d'Action de Beijing poursuit les objectifs d'éliminer la violence contre les femmes, de garantir l'accès au planning familial et à la santé reproductive, d'éliminer les obstacles à la participation des femmes à la prise de décision et de fournir un emploi décent et un salaire égal pour un travail égal. Vingt-cinq ans plus tard, des progrès importants mais inégaux ont été faits, en grande partie grâce aux efforts incessants de la société civile, mais aucun pays n'a encore atteint l'égalité des genres.

    CIVICUS s'entretient avec Pakou Hang, directrice des programmes pour Vote Run Lead (Vote Candidate Dirige), une organisation dédiée à la formation de femmes afin qu’elles puissent se présenter aux élections et les remporter, augmentant ainsi la représentation des femmes à tous les niveaux de gouvernement. Créée en 2014, elle a déjà touché plus de 36 000 femmes aux États-Unis, dont près de 60% sont des femmes noires et 20% proviennent de zones rurales. De nombreuses formées à Vote Run Lead siègent désormais dans des conseils municipaux, des conseils de comté, des chambres d'État, des cours suprêmes et au Congrès des États-Unis.

    Pakou Hang

    Un quart de siècle plus tard, dans quelle mesure la promesse contenue dans le Programme d’Action de Beijing s’est traduite par des changements concrets ?

    Beaucoup de progrès ont été réalisés depuis 1995, mais il reste encore beaucoup à faire et nous sommes encore loin de l’égalité. En termes de représentation politique, il y a eu des progrès, mais cela a aussi été lent : globalement, au début de 2019, 24,3% des membres des parlements nationaux étaient des femmes, contre 11,3% seulement en 1995. Seuls trois pays dans le monde ont atteint ou dépassé la parité dans leurs chambres basses ou législatures monocamérales, mais beaucoup d'autres ont atteint ou dépassé le seuil de 30%. Jusqu'à l'année dernière, il y avait également 11 femmes chefs d'État et 12 chefs de gouvernement ; et les femmes occupaient près de 21% des postes ministériels, souvent dans les domaines les plus associés aux problématiques des femmes, tels que l'action sociale et les portefeuilles liés à la famille, à l'enfance, à la jeunesse, et aux personnes âgées et handicapées. Les résultats sont donc mitigés - beaucoup de progrès ont été accomplis, mais les progrès ont été lents et sont loin d'être suffisants.

    Il y a également eu de grandes variations entre les régions et les pays, d'environ 16% de femmes parlementaires dans la région du Pacifique à plus de 40% dans les pays nordiques. La moyenne pour les Amériques est de 30%, mais les États-Unis sont en dessous de la moyenne. Le Congrès reste dominé de manière disproportionnée par les hommes. Bien que les femmes représentent plus de la moitié de la population, elles n'occupent que 24% des sièges. Le Congrès est également moins diversifié sur le plan racial que la population dans son ensemble, 78% de ses membres s'identifiant comme blancs, une proportion nettement supérieure au 60% de la population américaine composée de personnes blanches.

    Selon le Centre pour les Femmes et la Politique Américaine (Center for American Women and Politics), la situation n'est pas très différente au niveau des états : 29,2% des sièges législatifs des états et 18% des postes des gouvernants sont occupés par des femmes. Il y a moins de données sur les pouvoirs exécutifs locaux et l'essentiel des informations disponibles se réfère aux plus grandes villes, dont 60% des maires sont des hommes blancs, alors que les hommes blancs ne représentent que 20% de la population de ces villes. Bien que davantage de femmes aient accédé à la fonction publique locale en 2018, les conseils municipaux et les commissions de comté ont continué à n'inclure qu'une seule femme ou pas de femmes.

    D’autre part, malgré le nombre relativement restreint de femmes parlementaires, et en particulier de femmes noires, le Congrès actuel est le plus diversifié de l'histoire. Ainsi, le bassin de candidats pour des mandats législatifs en 2020 était également le plus diversifié de l’histoire. Bien entendu, ces candidats ont reçu de violentes attaques de la part des médias et de l'opposition politique. Mais je pense que nous devons changer notre perspective pour comprendre l'ampleur du changement qui s'est produit. J’ai certainement été déçue de voir que nous nous retrouvions avec deux hommes blancs d’un certain âge à la tête des deux principaux sièges présidentiels - mais désormais, nous comptons également une femme noire d’origine indienne comme vice-présidente élue, ce qui constitue sans aucun doute un progrès.

    Je me souviens que lorsque le triomphe de Joe Biden et Kamala Harris à l'élection présidentielle de 2020 a été annoncé, j'ai appelé ma nièce de neuf ans pour lui annoncer la nouvelle. Elle était extatique. Cela m'a rappelé qu'elle appartient à une nouvelle génération d'Américains née sous la présidence de Barack Hussein Obama. Quand elle grandira elle saura que Donald Trump a été président, mais elle saura également que Trump a été vaincu par une femme noire d'origine indienne. Pendant que nous parlions, ma nièce m'a dit : "Nous avons presque réussi, ma tante." Et j'ai pris conscience qu'elle avait raison : oui, nous y sommes presque.

    Pourquoi est-il important d'atteindre la parité homme-femme dans la représentation politique ? S'agit-il uniquement des droits des femmes et de l'égalité des chances, ou aura-t-elle également des effets positifs sur les institutions démocratiques et les politiques publiques ?

    L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un plus grand nombre de femmes aux postes gouvernementaux est qu'elles ne gouvernent pas comme les hommes. Les femmes au gouvernement sont plus collaboratives, plus civiles, plus communicatives. Elles sont plus susceptibles de travailler avec des membres d'autres partis pour résoudre des problèmes. Elles obtiennent plus d'argent pour leurs localités, elles votent plus de lois et leurs projets sont davantage axés sur les populations les plus vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées et les malades. Les femmes élargissent l'agenda politique, au-delà des questions qui concernent traditionnellement les femmes. Et cela produit de meilleures politiques pour tous, c'est-à-dire non seulement pour les femmes et les filles, mais aussi pour les hommes et les garçons. Enfin, dans la mesure où elles apportent un nouvel ensemble de perspectives et d'expériences de vie au processus d'élaboration des politiques, leur présence garantit que les perspectives des femmes ne soient pas négligées et que des questions telles que la violence sexiste ou les soins aux enfants ne soient pas ignorées. En bref, les femmes occupant des postes gouvernementaux ont tendance à être plus efficaces que les hommes. Et étant donnée la situation actuelle de stagnation politique et d'hyper-partisanerie, nous devons changer la façon de faire. Plus de femmes dans la fonction publique signifie un meilleur gouvernement et une démocratie plus forte.

    De plus, la nécessité de femmes au pouvoir et en politique est devenue d’autant plus essentielle dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Lors du dernier cycle électoral, les bailleurs de fonds voulaient plus que jamais contribuer aux campagnes électorales des femmes candidates, étant donné que la pandémie les a sensibilisés non seulement aux nombreuses inégalités qui affectent notre société et le système de santé, mais aussi au travail remarquable que les femmes, et en particulier les femmes noires, entreprennent dans leurs communautés pour répondre aux besoins urgents, combler les lacunes des politiques inadéquates du gouvernement et résoudre les problèmes des communautés exclues qui ont été affectées de manière disproportionnée par la COVID-19 et la crise économique. Au cours de cette crise, les femmes ont joué un rôle essentiel en soutenant la connexion des communautés, en collectant et en distribuant de la nourriture et d'autres produits de base aux familles en difficulté, en trouvant des moyens de soutenir l'activité économique locale et en fournissant des services communautaires ad hoc, entre autres.

    Les recherches sur la manière dont divers pays ont répondu à la pandémie suggèrent que les pays avec des femmes au pouvoir ont tendance à avoir moins de cas et moins de décès dus à la COVID-19. Il semble que les femmes au pouvoir ont adopté un style de leadership transformateur qui peut être plus approprié pour la gestion des crises. Ce type de leadership se concentre sur les relations humaines profondes, l'investissement dans l'équipe de travail et l'échange de connaissances, l'action exemplaire et la motivation des autres. Cela représente des qualités très utiles dans notre contexte actuel.

    Pourquoi pensez-vous que la représentation politique des femmes aux États-Unis est encore si faible ?

    Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous n'avons pas de parité entre les sexes dans la représentation politique. Tout d'abord, il y a encore trop de raisons structurelles pour lesquelles les femmes ne se présentent pas et ne sont pas élues. Les femmes effectuent encore une quantité disproportionnée de travaux ménagers et l'éducation des enfants, et la couverture médiatique reste sexiste, se concentrant sur les apparences et les personnalités des femmes plutôt que sur leurs positions politiques. En outre, les personnes qui occupent les structures des partis et qui ont des connaissances politiques, des réseaux et de l’argent sont encore des hommes, et ce sont souvent eux qui déterminent qui est politiquement viable. Par exemple, un jeune homme qui a étudié le développement communautaire à Harvard est considéré comme plus viable qu'une femme d'âge moyen qui travaille dans l'organisation communautaire depuis 20 ans.

    Paradoxalement, les femmes candidates remportent les élections dans les mêmes proportions que leurs homologues masculins et, selon les sondages, les électeurs sont enthousiastes face à la possibilité d'élire des femmes. Mais la deuxième raison pour laquelle les femmes ne sont pas élues est tout simplement qu'elles ne se portent pas candidates autant que les hommes, et évidemment, dès lors que vous ne concourez pas, vous ne pourrez pas gagner.

    Pourquoi les femmes ne présentent-elles pas leurs candidatures à des fonctions publiques ? La raison peut-être la plus répandue est que les femmes doutent d'elles-mêmes. Elles ne sont pas considérées comme qualifiées. Elles ne voient pas d'autres femmes qui leur ressemblent ou qui pensent comme elles dans ces positions de pouvoir, et c'est donc un cercle vicieux. Et non seulement les femmes doutent d'elles-mêmes, mais les observateurs extérieurs aussi. De ce fait, si une position de pouvoir particulière n'a jamais été occupée par une femme, la question qui se pose encore de façon répétée dans les médias, sur un ton de doute, est : une femme pourrait-elle être élue ? C'est une question que l'on entend beaucoup dans le cadre des primaires présidentielles démocrates de 2020.

    Il y a aussi le fait que certaines qualités considérées comme positives chez les hommes, comme l'assurance ou l'ambition, prennent une connotation négative lorsqu'elles sont appliquées aux femmes. Alors qu'il y a sans aucun doute eu des hommes en colère et vengeurs qui ont été élus président, les femmes qui sont perçues comme « en colère » ou « vengeresses » sont considérées comme désagréables et donc disqualifiées. Les femmes candidates sont soumises à des attentes beaucoup plus élevées, parfois de leur propre fait, mais plus souvent par les autres, et par conséquent nous manquons de parité entre les sexes dans notre représentation politique.

    Quand avez-vous réalisé que, contrairement aux hommes, les femmes avaient besoin d'une formation pour se présenter à des fonctions publiques ?

    Bien que j'aie étudié les sciences politiques à l'université, je sentais que la politique américaine était sale et corrompue et je ne me suis jamais impliquée dans la politique électorale. Mais en 2001 ma cousine aînée, Mee Moua, a décidé de se porter candidate pour un siège au Sénat pour le district de East Saint Paul lors d'une élection spéciale. Le district oriental de Saint-Paul devenait rapidement un district où les minorités étaient majoritaires, mais tous ses élus, de l'état au comté et au niveau de la ville, étaient des hommes blancs conservateurs. Ma cousine était diplômée d'une université prestigieuse, avait exercé la profession d'avocate, avait été présidente de la Chambre de Commerce Hmong, et avait décidé de se présenter après avoir fait du bénévolat pendant des années dans de nombreuses campagnes politiques. Cependant, comme c'est souvent le cas pour les femmes candidates, on lui a dit qu'elle devait attendre son tour. Et bien, elle a décidé de ne pas le faire, et comme aucun acteur politique pertinent ne l'a aidée, elle a rassemblé nos 71 cousins germains pour devenir son armée de volontaires et m'a recrutée comme directrice de campagne, car j'étais la seule à avoir étudié les sciences politiques. Contre toute attente, sans expérience politique et au milieu de l'hiver du Minnesota, nous avons frappé aux portes, passé des appels téléphoniques, mobilisé les électeurs à l'aide des radios communautaires, amené les gens aux urnes, et gagné. Nous avons marqué l'histoire en élisant le premier législateur d'état Hmong de l'histoire américaine et de l'histoire des Hmong.

    Rétrospectivement, je me rends compte que j'ai mené la campagne uniquement par instinct, alimentée par l'expérience de mon enfance d'aider mes parents non anglophones à se déplacer dans le monde extérieur. Et même si nous avons gagné, on aurait pu affronter un adversaire mieux organisé et perdu. Ce n'est que des années plus tard, après avoir suivi une formation politique au Camp Wellstone, que j'ai constaté que les femmes candidates avions besoin de quelque chose conçu spécialement pour nous, quelque chose qui nous interpellerait directement et nous préparerait aux vrais défis auxquels nous serions confrontées en tant que femmes candidates.

    Quel type de formation propose Vote Run Lead et comment contribue-t-elle à briser les barrières qui empêchent les femmes d'accéder au pouvoir ?

    Vote Run Lead est le programme de leadership des femmes le plus vaste et le plus diversifié aux États-Unis. Nous avons formé plus de 38 000 femmes pour se présenter à des fonctions publiques, y compris des femmes rurales, des femmes transgenre, des jeunes femmes et des femmes noires, autochtones et de couleur. Plus de 55% de nos diplômées qui ont participé à l'élection générale de 2020 ont gagné, et 71% de nos diplômées qui sont des femmes de couleur ont également été élues.

    Les femmes que nous formons décident généralement de se présenter aux fonctions publiques parce qu'elles identifient quelque chose de négatif dans leurs communautés et veulent y remédier. Mais elles ne voient pas beaucoup de personnes comme elles dans des positions de pouvoir. Vote Run Lead propose plusieurs modules de formation qui apprennent aux femmes tout ce qu'elles doivent savoir sur la campagne électorale, qu'il s'agisse de prononcer un discours, de constituer une équipe de campagne ou de rédiger un message, de collecter des fonds ou de motiver les gens à voter. Mais ce qui distingue notre programme de formation, c'est que nous formons les femmes pour qu’elles postulent telles qu'elles sont. Les femmes ont souvent besoin de soutien pour se considérer comme étant des candidates qualifiées, capables et dignes. Nous leur montrons qu'elles n'ont pas besoin de rechercher une autre promotion ou d'obtenir un autre titre puisque, en fait, leur histoire personnelle est leur plus grand atout. Notre programme de formation, Run As You Are, rappelle aux femmes qu'elles suffisent et qu'elles sont le genre de leaders que nous devons élire pour bâtir la démocratie juste que nous méritons.

    Quel est le profil « typique » de la femme que vous aidez à postuler ? Soutenez-vous une femme qui souhaite concourir quelle que soit son orientation politique ?

    Il n'y a pas de formée typique de Vote Run Lead. Nous sommes une organisation non partisane, nous formons donc des femmes des milieux les plus divers, de toutes les professions, de tous les partis politiques et quel que soit leur niveau de développement politique. Nos valeurs sont profondément liées à la promotion de femmes intersectionnelles et antiracistes engagées à construire une démocratie plus juste et équitable.

    Compte tenu du phénomène généralisé de suppression des électeurs aux États-Unis, le programme vise-t-il également à motiver la participation électorale ?

    Traditionnellement, Vote Run Lead n'utilise pas son propre programme pour motiver la participation électorale (GOTV, pour son acronyme en anglais) étant donné que la plupart de nos diplômées dirigent une élection ou travaillent sur une campagne. Mais en 2020, lorsque les niveaux déjà élevés de suppression des électeurs ont été alimentés par des campagnes de désinformation et des préoccupations en matière de sécurité sanitaire, Vote Run Lead a lancé un solide programme GOTV qui a mobilisé les femmes formées chez nous. Ce programme GOTV comprenait huit modules de formation spécifiques pour motiver la participation électorale, allant de la manière de répondre à l'apathie et au cynisme autour de l'élection, aux plateformes numériques et aux outils de communication à utiliser pour promouvoir la participation. Nous avons également contacté plus de 200 bénévoles, eu 3 000 conversations, effectué 30 000 appels téléphoniques et envoyé plus de 33 000 messages texte pour que nos diplômés et leurs réseaux votent.

    Avant l'été, nous avons également lancé une série intitulée « Votre armoire de cuisine », avec laquelle nous formons les femmes à la collecte de fonds, au contact direct avec les électeurs et même au lancement d'un plan numérique tout en maintenant une distanciation sociale. Ces guides et webinaires sont disponibles sur notre site Web et sur notre chaîne YouTube et offrent des conseils en temps réel et des informations factuelles.

    L'espace civique aux États-Unis est classé « obstrué » par leCIVICUS Monitor.
    Entrez en contact avec Vote Run Lead via sonsite Web ou sa pageFacebook, et suivez @VoteRunLead sur Twitter.

     

  • #BEIJING25: ‘More women in public office translates into better government and a more robust democracy’

    For the 25th anniversary of theBeijing Platform for Action, CIVICUS is interviewing civil society activists, leaders and experts about the progress achieved and the challenges ahead. Focused on eliminating violence against women, ensuring access to family planning and reproductive healthcare, removing barriers to women’s participation in decision-making and providing decent jobs and equal pay for equal work, the Beijing Platform for Action was adopted at the United Nations’ (UN)Fourth World Conference on Women in 1995. After 25 years, significant but unequal progress has occurred, not least as the result of incessant civil society efforts, but no country has yet achieved gender equality.

    CIVICUS speaks to Pakou Hang, Chief Program Officer at Vote Run Lead, an organisation dedicated to training women to run for political office and win, increasing women’s representation at every level of government. Founded in 2014, it has already reached over 36,000 women across the USA, nearly 60 per cent of whom are women of colour, and 20 per cent of whom are from rural areas. Numerous Vote Run Lead alumnae are now serving on city councils, county boards, statehouses, supreme courts and the US Congress.

    Pakou Hang

    A quarter century later, how much of the promise contained in the Beijing Platform for Action has translated into actual change?

    A lot of progress has transpired since 1995, but there is still a lot to be done, and we are still far from equitable. In terms of political representation, there has been some progress, but it has also been slow: globally, 24.3 per cent of all national parliamentarians were women in early 2019, compared to just 11.3 per cent in 1995. Only three countries around the world have achieved or surpassed parity in their single or lower houses, but many more have reached or exceeded the 30 per cent threshold. As of last year, there were also 11 women serving as heads of state and 12 serving as heads of government, and women accounted for almost 21 per cent of government ministers – often in areas most associated with women’s issues, such as social affairs and portfolios dealing with family, children, young people, older people and people with disabilities. So the bottom line is mixed: a lot of progress has been made, but it has been slow and it is far from sufficient.

    Also, there has been a lot of variation among regions and countries, from about 16 per cent female legislators in the Pacific to more than 40 per cent in Nordic European countries. The Americas averages about 30 per cent, but the USA is below average. Congress is still disproportionately male: although women make up more than half the population, we hold barely 24 per cent of seats. Congress is also less racially diverse than the overall population, with 78 per cent of members identifying as white, a much higher percentage than the population’s 60 per cent of white Americans.

    According to the Center for American Women and Politics, the situation is not very different in states across the country: 29.2 per cent of state legislative seats and 18 per cent of state governorships are occupied by women. There is fewer data about local executives, and the information mostly concerns major cities, 60 per cent of whose mayors are white men, although they make up just 20 per cent of the population of those cities. And even as more women ascended into local office in 2018, it was still not uncommon for city councils and county commissions to include just one woman or no women at all.

    On the other hand, despite the relatively small number of women legislators, and especially women of colour, the current US Congress is the most diverse in history. And the group of candidates who ran for Congress in 2020 were also the most diverse we have ever seen. Of course, these candidates received a lot of backlash from the media and their political opponents. But I think we need to shift our perspective to understand the amount of change that has taken place. I surely was disappointed that we ended up with two older, white men leading the two major presidential tickets – but now we also have a Black, Indian American woman as our Vice President-elect, so there is progress.

    I remember when the 2020 presidential election was called for Joe Biden and Kamala Harris, I contacted my nine-year-old niece with the news. She was ecstatic. I was reminded that she belongs to a new generation of Americans who were born under President Barack Hussein Obama. And growing up, she will know that Donald Trump was the President, but she will also know that Trump was beaten by a Black, Indian American woman. As we were talking, my niece said to me, “We are almost there, Auntie.” And it dawned on me: yes, we are almost there.

    Why is it important to achieve gender parity in political representation? Is it only a matter of women’s rights and equal opportunity, or would it also have positive effects on democratic institutions and policymaking?

    A big reason why we need more women in public office is because they govern differently than men. Women in government are more collaborative, more civil, more communicative. They are more likely to work across the aisle to solve problems. They bring home more money for their constituents, pass more bills, and their bills focus more on vulnerable populations like children, older people and sick people. Women broaden the political agenda, well beyond traditional women’s issues. And the result is better policies for all of us, not just for women and girls but also for men and boys. Because they bring an entirely new set of perspectives and life experiences into the policymaking process, the presence of women also ensures that women’s perspectives are not sidelined, and issues such as gender-based violence or childcare are not ignored. All in all, women in public office tend to be more effective than their male counterparts. And given the current gridlock and hyper-partisanship in politics, we need to do things differently. More women in public office translates into better government and a more robust democracy.

    Moreover, the need for women in power and politics has become even more critical in the context of the COVID-19 pandemic. This past electoral cycle, donors wanted to contribute to female candidates’ campaigns more than before, because the pandemic brought awareness not just about the many inequities that plague our society and the healthcare system, but also of the outstanding work women, and in particular women of colour, are doing in their communities to respond to urgent needs, fill in the gaps left by inadequate government policies, and address the needs of excluded populations who have been disproportionately impacted on by COVID-19 and the economic downturn. During this crisis, women have played major roles in keeping communities connected, collecting and distributing food and other staples to needy families, finding ways to support local businesses and providing pop-up community services, among other things.

    Research that looks at the ways in which various countries have responded to the pandemic seems to show that countries with female leaders tended to have fewer cases and fewer deaths from COVID-19. It seems that women in power have embraced a transformative style of leadership, which may be better at handling crises. This type of leadership focuses on deep human relationships, investment in teams and sharing knowledge, and being a role model and motivating others. These qualities are very useful in our current context.

    Why do you think the political representation of women in the USA is still so low?

    There are many reasons why we do not have gender parity in our political representation. First, there are still too many structural reasons why women do not run nor get elected. Women still do a disproportionate amount of housework and child-rearing and there is still sexist media coverage that focuses on women’s appearances and personalities rather than their policies. Further, those in party structures and the people with political knowledge, networks and money still continue to be men, and often they determine who is politically viable; for example, a young man who studied community development at Harvard is deemed more viable than a middle-aged Black woman who has been a community organiser for the past 20 years.

    Paradoxically, female candidates win at roughly the same rates as their male counterparts, and according to polls, voters are excited about getting women elected. But the second reason why women don’t get elected is simply that women don’t run at the same rate as men – and of course, you can’t win if you don’t run.

    Why don’t women run for public office? Perhaps the most pervasive reason is that women are self-doubters. They do not believe they are qualified. They do not see other women who look like them or think like them in those positions of power, and thus it’s a self-fulfilling cycle. But it’s not just women who self-doubt. Outsiders do plenty of that too. In fact, if a woman has never filled a position of power, then a question that keeps coming up in the media, said in a doubtful tone, is: is a woman electable? We heard a lot of that during the 2020 Democratic presidential primary race.

    There’s also the fact that certain qualities that are deemed positive in men are given a negative connotation when applied to women, like assertiveness or ambition. While angry and vindictive men have surely been elected president, women who are perceived as ‘angry’, or ‘vindictive’ are deemed unlikeable, and thus disqualified. Women candidates are held to much higher standards of competency, sometimes by themselves, but more often by others, and as a result we do not have gender parity in our political representation.

    When was it that you realised that, unlike men, women needed training to run for office?

    Even though I had studied political science in college, I felt that American politics was dirty and corrupting and I never got involved in electoral politics. That was until 2001, when my older cousin, Mee Moua, decided to run for a State Senate seat on the East Side of Saint Paul in a special election. The East Side of Saint Paul was fast becoming a district where people from minorities were in the majority, and yet all its elected officials from the state level to the county and the city were all white, conservative-leaning men. My cousin was Ivy League-educated, had been a lawyer and the president of the Hmong Chamber of Commerce, and she decided to run for public office after having volunteered on numerous political campaigns over many years. However, as often happens with female candidates, she was told she needed to wait her turn. Well she didn’t, and since no one in the mainstream political community would help her, she looked to our 71 first cousins to become her volunteer army and recruited me to be her campaign manager because I was the only one of us who had studied political science. Against all odds, without any political experience, and in the middle of a Minnesota winter, we knocked on doors, made phone calls, mobilised voters using ethnic radio stations, drove people to the polls and won, making history by electing the very first Hmong state legislator in US and Hmong history.

    Looking back, I realised that I managed that campaign purely based on instincts, honed from my childhood experience helping my non-English speaking parents navigate the mainstream world. And while we won, we could have just as easily been out-organised and lost. It was only years later, after having gone through a Camp Wellstone political training course, that I realised women candidates needed something for ourselves, something that uniquely spoke to us, and prepared us for the real issues we would face as female candidates.

    What kind of training does Vote Run Lead provide, and how does it help break down the barriers that keep women away from power?

    Vote Run Lead is the largest and most diverse women’s leadership programme in the USA. We have trained over 38,000 women to run for public office, including rural women, transgender women, young women, moms and Black and Indigenous women and women of colour. Over 55 per cent of our alumnae who were on the general election ballot in 2020 won their races, and 71 per cent of our alumnae who are women of colour won their races too.

    The women we train often decide to run for public office because they see something wrong in their community and they want to fix it. But they do not see a lot of people who look like them in positions of power. Vote Run Lead offers a number of training modules that teach women the basics about campaigns, from delivering a stump speech to building a campaign team or crafting a message, to fundraising and getting out the vote. But what makes our training programme different is that we train women to run as they are. Women often need support to view themselves as qualified, capable and deserving candidates. We show them that they don’t need to obtain another promotion or degree and that in fact, their personal story is their biggest asset. Our Run As You Are training curriculum reminds women that they are enough and that they are the fierce leaders we need to elect to build the just democracy that we all deserve.

    What’s the ‘typical’ profile of the women you help run for office? Do you support any women willing to run, regardless of their politics?

    There isn’t a typical Vote Run Lead alumna. We are a nonpartisan organisation, so we train women from all walks of life, all professions, all political parties, and in all stages of their political development. Our values are deeply embedded in promoting intersectional, anti-racist women who are committed to building a just and fair democracy.

    Given the widespread phenomenon of voter suppression in the USA, does your programming also focus on getting out the vote?

    Traditionally, Vote Run Lead does not employ our own get out the vote (GOTV) programme because most of our alumnae are either running or working on a campaign. But in 2020, with the high levels of voter suppression fuelled by misinformation campaigns and health safety concerns, Vote Run Lead did launch a robust GOTV programme with our alumnae. This GOTV programme included eight GOTV-specific training modules, from how to respond to apathy and cynicism around voting, to which digital field and communication tools to use to get out the vote. We also activated over 200 volunteers, had 3,000 conversations, made 30,000 phone calls and sent out over 33,000 text messages to get our alumnae and their networks to go vote.

    Prior to the summer, we also launched a series we called ‘Your Kitchen Cabinet’, where we trained women on how to raise money, do direct voter contact and even launch a digital plan while social distancing. Those guides and webinars can be found on our website and YouTube channel and offer real-time advice and fact-based information.

    Civic space in the USA is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with Vote Run Lead through itswebsite orFacebook page, and follow@VoteRunLead on Twitter.

     

  • #BEIJING25: “Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida”

    En ocasión del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

    CIVICUS conversa con Pakou Hang, Directora de Programas de Vote Run Lead (Vota Compite Lidera), una organización dedicada a capacitar a mujeres para que se postulen para cargos políticos y ganen la elección, aumentando la representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Fundada en 2014, ya ha alcanzado a más de 36.000 mujeres en los Estados Unidos, casi el 60% de las cuales son mujeres de color y el 20% procede de las zonas rurales. Numerosas graduadas de Vote Run Lead ahora ocupan puestos en ayuntamientos, juntas de condado, cámaras estatales, cortes supremas y en el Congreso de los Estados Unidos.

    Pakou Hang

    Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales?

    Se ha avanzado mucho desde 1995, pero todavía queda mucho por hacer y todavía estamos lejos de la equidad. En términos de representación política ha habido algunos avances, pero estos también han sido lentos: a nivel global, a principios de 2019 el 24,3% de los integrantes de los parlamentos nacionales eran mujeres, en comparación con apenas 11,3% en 1995. Solo tres países en todo el mundo alcanzaron o superaron la paridad en sus cámaras bajas o legislativos unicamerales, pero han sido muchos más los que alcanzaron o superaron el umbral del 30%. Hasta el año pasado había también 11 mujeres jefas Estado y 12 jefas de gobierno; y las mujeres ocupaban casi el 21% de los puestos ministeriales, a menudo en las áreas más asociadas a las temáticas de la mujer, tales como acción social y carteras relacionadas con la familia, la niñez, la juventud, la tercera edad y la discapacidad. Así que el resultado final es mixto: se ha avanzado mucho, pero el progreso ha sido lento y está lejos de ser suficiente.

    También ha habido una gran variación entre regiones y países, desde alrededor de 16% de mujeres parlamentarias en la región del Pacífico hasta más del 40% en los países nórdicos. El promedio para las Américas es 30%, pero Estados Unidos se encuentra por debajo del promedio. El Congreso sigue siendo desproporcionadamente dominado por hombres. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población, ocupan solamente el 24% de las bancas. El Congreso también es menos racialmente diverso que el conjunto de la población, ya que el 78% de sus miembros se identifican como blancos, una proporción sustancialmente superior al 60% de la población estadounidense compuesta de personas blancas.

    Según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (Center for American Women and Politics), la situación no es muy diferente a nivel estadual: el 29,2% de los escaños legislativos estaduales y el 18% de las gobernaciones son ocupados por mujeres. Hay menos datos sobre los ejecutivos locales y el grueso de la información disponible refiere a las ciudades más grandes, el 60% de cuyos alcaldes son hombres blancos, a pesar de que estos dan cuenta de apenas el 20% de la población de esas ciudades. Aunque en 2018 más mujeres accedieron a cargos públicos locales, siguió siendo frecuente que los ayuntamientos y las comisiones de los condados incluyesen a una sola o a ninguna mujer.

    Por otro lado, a pesar del relativamente pequeño número de mujeres legisladoras, y especialmente de mujeres de color, el Congreso actual es el más diverso en la historia. Y el grupo de candidatos que se postularon para cargos legislativos en 2020 también fue el más diverso jamás visto. Por supuesto, estos candidatos recibieron fuertes ataques de los medios y de la oposición política. Pero creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva para entender la magnitud del cambio ocurrido. Sin duda que me decepcionó que termináramos con dos hombres blancos y mayores a la cabeza de las dos principales fórmulas presidenciales, pero lo cierto es que ahora también tenemos a una mujer negra y de ascendencia india como vicepresidenta electa, y eso es un avance.

    Recuerdo que cuando se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2020 llamé con la noticia a mi sobrina de nueve años. Ella estaba extasiada. Lo cual me recordó que ella pertenece a una nueva generación de estadounidenses nacidos durante la presidencia de Barack Hussein Obama. Cuando crezca sabrá que Donald Trump fue presidente, pero también sabrá que Trump fue vencido por una mujer negra de ascendencia india. Mientras hablábamos, mi sobrina me dijo: “Ya casi lo logramos, tía”. Y caí en la cuenta de que tenía razón: sí, ya casi estamos.

    ¿Por qué es importante alcanzar la paridad de género en la representación política? ¿Es solo una cuestión de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades, o también tendrá efectos positivos en las instituciones democráticas y en las políticas públicas?

    Una de las principales razones por las cuales necesitamos más mujeres en puestos gubernamentales es que ellas gobiernan en forma diferente de los hombres. Las mujeres en el gobierno son más colaborativas, más civiles, más comunicativas. Son más proclives a trabajar con miembros de otros partidos para solucionar los problemas. Consiguen más dinero para sus localidades, aprueban más leyes, y sus proyectos están más enfocados en las poblaciones más vulnerables como la niñez, la ancianidad y las personas enfermas. Las mujeres amplían la agenda política, más allá de los asuntos tradicionalmente concernientes a las mujeres. Y el resultado son mejores políticas para todas las personas, es decir no solo para las mujeres y las niñas, sino también para los hombres y los niños. Por último, dado que ellas traen a los procesos de formulación de políticas un nuevo conjunto de perspectivas y experiencias de vida, su presencia asegura que las perspectivas de las mujeres no sean dejadas de lado, y que asuntos tales como la violencia de género o el cuidado infantil no sean ignorados. En resumen, las mujeres en puestos gubernamentales tienden a ser más efectivas que los hombres. Y dada la actual situación de estancamiento político e hiperpartidismo, necesitamos hacer las cosas de un modo diferente. Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida.

    Además, la necesidad de mujeres en el poder y en la política se ha vuelto aún más crítica en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el último ciclo electoral los donantes quisieron contribuir a las campañas de las candidatas mujeres más que nunca antes, porque la pandemia los hizo tomar conciencia no solo las numerosas inequidades que atraviesan a nuestra sociedad y al sistema de salud, sino también de la labor sobresaliente que las mujeres, y en particular las mujeres de color, están llevando a cabo en sus comunidades para responder a las necesidades urgentes, cubrir las lagunas de políticas gubernamentales inadecuadas, y abordar los problemas de las comunidades excluidas que han sido desproporcionalmente afectadas por el COVID-19 y la crisis económica. Durante esta crisis, las mujeres han desempeñado roles fundamentales a la hora de mantener conectadas a las comunidades, recolectar y distribuir alimentos y otros bienes básicos para las familias necesitadas, encontrar maneras para apoyar a la actividad económica local y proveer servicios comunitarios ad hoc, entre otras cosas.

    Las investigaciones que analizan las formas en que diversos países han respondido a la pandemia parece mostrar que los países con líderes mujeres tienden a tener menos casos y menos muertes por COVID-19. Parece que las mujeres en el poder han adoptado un estilo de liderazgo transformador que puede resultar más apropiado para el manejo de crisis. Este tipo de liderazgo se centra en las relaciones humanas profundas, la inversión en el equipo de trabajo y el intercambio de conocimientos, la acción ejemplificadora y la motivación de los demás. Estas cualidades son muy útiles en nuestro contexto actual.

    ¿Por qué crees que la representación política de las mujeres en los Estados Unidos sigue siendo tan baja?

    Hay muchas razones por las cuales no tenemos paridad de género en la representación política. En primer lugar, todavía hay demasiadas razones estructurales por las cuales las mujeres no se postulan y no son elegidas. Las mujeres siguen realizando una cantidad desproporcionada de las tareas domésticas y de crianza y la cobertura mediática sigue siendo sexista, ya que se enfoca en las apariencias y en la personalidad de las mujeres más que en sus políticas. Además, las personas que ocupan las estructuras partidarias y cuentan con conocimiento político, redes de contactos y dinero siguen siendo hombres, y a menudo son ellos quienes determinan quién es políticamente viable. Por ejemplo, un hombre joven que estudió desarrollo comunitario en Harvard es considerado más viable que una mujer de mediana edad que ha desarrollado labores de organización comunitaria durante 20 años.

    Paradójicamente, las candidatas mujeres ganan elecciones en aproximadamente las mismas proporciones que sus homólogos masculinos y, según las encuestas, a los votantes les entusiasma la posibilidad de elegir mujeres. Pero la segunda razón por la cuales las mujeres no son electas es simplemente que no se postulan en las mismas cantidades que los hombres, y desde ya que si no compites no puedes ganar.

    ¿Por qué las mujeres no se postulan para cargos públicos? Quizás la razón más generalizada es que las mujeres dudan de sí mismas. No se consideran calificadas. No ven a otras mujeres que se parecen a ellas o que piensan como ellas en esas posiciones de poder y, por lo tanto, es un círculo vicioso. Y no solamente las mujeres dudan de sí mismas, sino que también lo hacen los observadores externos. De hecho, si una determinada posición de poder nunca ha sido ocupada por una mujer, entonces la pregunta que se plantea una y otra vez en los medios, en tono de duda, es: ¿podría una mujer ser elegida? Es una pregunta que escuchamos mucho durante las primarias presidenciales demócratas de 2020.

    También está el hecho de que ciertas cualidades que se consideran positivas en los hombres, como la asertividad o la ambición, adquieren una connotación negativa cuando se aplican a las mujeres. Mientras que sin duda ha habido hombres furiosos y vengativos que fueron elegidos presidente, las mujeres que son percibidas como “enojadas” o “vengativas” son consideradas desagradables y, por lo tanto, descalificadas. Las mujeres candidatas son sometidas a estándares de calificación mucho más altos, a veces por sí mismas, pero más a menudo por otras personas, y como resultado de ello carecemos de paridad de género en nuestra representación política.

    ¿Cuándo se dio cuenta de que, a diferencia de los hombres, las mujeres necesitaban entrenamiento para postularse a un cargo público?

    A pesar de haber estudiado Ciencia Política en la universidad, sentía que la política estadounidense era sucia y corrupta y nunca estuve me involucré en la política electoral. Pero en 2001 mi prima mayor, Mee Moua, decidió postularse para un escaño en el Senado estadual por el distrito Este de Saint Paul en una elección especial. El distrito Este de Saint Paul se estaba convirtiendo rápidamente en un distrito donde las minorías eran mayoría, pero aun así todos sus funcionarios electos, desde el nivel estadual al condado y la ciudad, eran hombres blancos y conservadores. Mi prima se había graduado en una universidad prestigiosa, había ejercido como abogada y había sido presidenta de la Cámara de Comercio Hmong, y decidió postularse después de ser voluntaria por años en numerosas campañas políticas. Sin embargo, como sucede a menudo con las candidatas mujeres, le dijeron que tenía que esperar su turno. Bueno, decidió no hacerlo, y como ningún actor político relevante la ayudó, reunió a nuestros 71 primos hermanos para convertirlos en su ejército de voluntarios y me reclutó a mí como jefa de campaña, porque yo era la única que había estudiado Ciencia Política. Contra todo pronóstico, sin ninguna experiencia política y en medio del invierno de Minnesota, golpeamos puertas, hicimos llamadas telefónicas, movilizamos a los votantes usando estaciones a través de las radios de la colectividad, llevamos a la gente a las urnas y ganamos. Hicimos historia al elegir al primer legislador estadual hmong en la historia de los Estados Unidos y en la historia hmong.

    En un examen retrospectivo, me doy cuenta de que dirigí la campaña basándome puramente en el instinto, alimentado a partir de mi experiencia infantil de ayudar a mis padres, que no hablaban inglés, a moverse en el mundo exterior. Y aunque ganamos, bien podría haber sucedido que enfrentáramos a un adversario mejor organizado y perdiéramos. Recién años más tarde, tras hacer una capacitación política en Camp Wellstone, me di cuenta de que las candidatas mujeres necesitábamos algo diseñado especialmente para nosotras, algo que nos interpelara directamente y nos preparara para los problemas reales que enfrentaríamos en tanto que candidatas mujeres.

    ¿Qué tipo de capacitación ofrece Vote Run Lead, y cómo ayuda a derribar las barreras que mantienen a las mujeres alejadas del poder?

    Vote Run Lead es el programa de liderazgo de mujeres más grande y diverso de los Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 38.000 mujeres para postularse a cargos públicos, incluidas mujeres rurales, mujeres trans, mujeres jóvenes y mujeres negras, indígenas y de color. Más del 55% de nuestras graduadas que compitieron en la elección general de 2020 ganaron, y el 71% de nuestras graduadas que son mujeres de color también fueron electas.

    Las mujeres que entrenamos usualmente deciden postularse a cargos públicos porque identifican algo negativo en sus comunidades y quieren arreglarlo. Pero no ven a mucha gente parecida a ellas en posiciones de poder. Vote Run Lead ofrece varios módulos de capacitación que enseñan a las mujeres todo lo que necesitan saber sobre las campañas, desde dar un discurso, armar un equipo de campaña o elaborar un mensaje, hasta recaudar fondos y motivar a la gente a votar. Pero lo que diferencia a nuestro programa de capacitación es que entrenamos a las mujeres para que se postulen tal como son. Las mujeres a menudo necesitan apoyo para verse a sí mismas como candidatas calificadas, capaces y merecedoras. Les mostramos que no necesitan buscar otra promoción u obtener otro título ya que, de hecho, su historia personal es su mayor activo. Nuestro currículo de capacitación, Run As You Are (Compite Tal Como Eres), les recuerda a las mujeres que ellas son suficiente y que son el tipo de líderes que necesitamos elegir para construir la democracia justa que merecemos.

    ¿Cuál es el perfil “típico” de la mujer que ustedes ayudan a postular? ¿Apoyan a cualquier mujer que quiera competir independientemente de su orientación política?

    No hay una graduada típica de Vote Run Lead. Somos una organización no partidaria, por lo que capacitamos a mujeres de las procedencias más diversas, de todas las profesiones, de todos los partidos políticos, y cualquiera sea nivel su desarrollo político. Nuestros valores están profundamente vinculados con la promoción de mujeres interseccionales y antirracistas comprometidas con la construcción de una democracia más justa y equitativa.

    Dado el fenómeno generalizado de la supresión de votantes en los Estados Unidos, ¿el programa también se orienta a motivar la participación electoral?

    Tradicionalmente, Vote Run Lead no utiliza un programa propio para motivar la participación electoral (GOTV, por sus siglas en inglés) ya que la mayoría de nuestras graduadas están ya sea compitiendo en una elección o trabajando en una campaña. Pero en 2020, cuando los ya elevados niveles de supresión de votantes fueron alimentados por campañas de desinformación y preocupaciones por la seguridad de la salud, Vote Run Lead lanzó un sólido programa GOTV que involucró a nuestras graduadas. Este programa GOTV incluyó ocho módulos de capacitación específicos para motivar la participación electoral, que abarcaron desde cómo responder a la apatía y el cinismo en torno a la elección, hasta cuáles plataformas digitales y herramientas de comunicación usar para promover la participación. También contactamos a más de 200 voluntarias, tuvimos 3.000 conversaciones, hicimos 30.000 llamadas telefónicas y enviamos más de 33.000 mensajes de texto para que nuestras graduadas y sus redes fueran a votar.

    Antes del verano también lanzamos una serie llamada “Tu gabinete de cocina”, con la cual capacitamos a las mujeres sobre cómo recaudar dinero, hacer contacto directo con los votantes e incluso lanzar un plan digital manteniendo la distancia social. Esas guías y seminarios virtuales se pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube y ofrecen consejos en tiempo real e información basada en evidencia.

    El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con Vote Run Lead a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@VoteRunLead en Twitter.

     

     

  • #UN75 : « Désormais, l'ONU doit demeurer accessible par le biais de plateformes virtuelles »

    Laura ObrienEn commémoration du 75ème anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU), CIVICUS organise des discussions avec des activistes, des avocats et des professionnels de la société civile sur les rôles que l'ONU a joués jusqu'à présent, les succès qu'elle a obtenu et les défis qu'elle doit relever pour l'avenir. CIVICUS s'entretient avec Laura O'Brien, responsable du plaidoyer avec les Nations Unies pour Access Now, une organisation de la société civile qui s'est donné pour mission de défendre et d'étendre les droits numériques des utilisateurs en danger dans le monde entier. Access Now se bat pour les droits humains à l'ère numérique en combinant le soutien technique direct, le travail politique intégral, le plaidoyer mondial, le soutien financier de base, des interventions juridiques et des réunions telles que la RightsCon.

    Dans quelle mesure la charte fondatrice des Nations Unies est-elle adéquate à l'ère de l'internet ?

    Depuis des années, la société civile encourage l'ONU à moderniser ses opérations afin de demeurer pertinentes à l'ère du numérique. En 2020, l'ONU a été confrontée à une dure réalité. L'organisation internationale a été obligée de faire la plus grande partie de son travail en ligne, tout en essayant d'atteindre de manière significative la communauté mondiale et de faire progresser la coopération internationale au milieu d'une crise sanitaire mondiale, d'un racisme systémique, du changement climatique et d'un autoritarisme croissant. La commémoration du 75ème anniversaire de l'ONU par un retour à sa charte fondatrice - un document axé sur la dignité inhérente de l'être humain - ne pourrait être plus cruciale.

    La Charte des Nations Unies a été rédigée bien avant l'existence d'Internet. Toutefois, sa vision globale reste cohérente avec la nature universelle de l'internet, qui permet au mieux la création illimitée de sociétés de connaissance fondées sur les droits humains fondamentaux, tout en amplifiant la nécessité de réduire les risques, non seulement par des moyens souverains, mais aussi par la coopération internationale. Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies, la Déclaration rendue publique à l’occasion de la célébration du soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies s’engage à renforcer la coopération numérique dans le monde entier. Par cet engagement formel, les Nations Unies ont enfin pris en compte l’impact transformateur des technologies numériques sur notre vie quotidienne, ouvrant la voie - ou mieux, comme l’a dit le secrétaire général de l’ONU, établissant une « feuille de route » - pour nous guider à travers les promesses et les dangers de l’ère numérique.

    Alors que les dirigeants mondiaux ont reconnu la nécessité d'écouter « les peuples », comme le stipule le préambule de la Charte des Nations Unies, la société civile continue de rappeler à ces mêmes dirigeants d'écouter plus activement. Compte tenu de sa mission d'étendre et de défendre les droits fondamentaux de tous les individus, la société civile reste une force clé pour faire progresser la responsabilité de toutes les parties prenantes et garantir la transparence dans des processus multilatéraux souvent opaques.

    Quels défis avez-vous rencontré dans vos interactions avec le système des Nations Unies et comment les avez-vous relevés ?

    J'ai commencé à travailler dans mon rôle public en tant que défenseuse des intérêts de Access Now aux Nations Unies, quelques mois avant le confinement dû à la COVID-19 ici à New York. En ce sens, j'ai dû, dans mon nouveau rôle, relever les défis auxquels la société civile était confrontée à l'époque : comment faire en sorte que les acteurs de la société civile, dans toute leur diversité, participent de manière significative aux débats de l'ONU, alors que cette dernière déplace ses opérations au monde virtuel ? À l'époque, nous craignions que les mesures exceptionnelles utilisées pour lutter contre la pandémie soient utilisées pour restreindre l'accès de la société civile et ses possibilités de participer aux forums des Nations Unies. Nous nous sommes donc mobilisés. Plusieurs organisations de la société civile, dont CIVICUS, ont travaillé ensemble pour établir des principes et recommandations à l'intention des Nations Unies afin d'assurer l'inclusion de la société civile dans ses discussions pendant la pandémie et au-delà. Cela nous a aidé à travailler ensemble pour présenter une position unifiée sur l'importance de la participation des parties prenantes et pour rappeler aux Nations Unies de mettre en place des protections adéquates visant à garantir l'accessibilité des plateformes en ligne, ainsi que des garanties suffisantes pour protéger la sécurité des personnes impliquées virtuellement.

    Qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement et devrait changer, et comment la société civile travaille-t-elle pour apporter ce changement ?

    L'année 2020 a été une année d'humble réflexion critique sur soi-même, tant au niveau individuel que collectif. Aujourd'hui plus que jamais, le monde se rend compte que le modèle centré sur l'État ne conduira pas à un avenir prometteur. Les problèmes auxquels est confrontée une partie du monde ont des conséquences pour le monde entier. Les décisions que nous prenons maintenant, notamment en ce qui concerne les technologies numériques, auront un impact sur les générations futures. Alors que le monde se remet des événements de 2020, nous avons besoin que les dirigeants mondiaux tirent les leçons de l'expérience acquise et continuent à s'engager dans cette réflexion critique. La résolution de problèmes mondiaux exige une action interdisciplinaire qui respecte et protège les détenteurs de droits issus de milieux divers et intersectoriels. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à fonctionner et à traiter ces questions de haut en bas. En effet, les menaces telles que la désinformation ont souvent leur origine au sommet.

    Partout dans le monde, la société civile se mobilise en première ligne des campagnes mondiales qui cherchent à sensibiliser aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et à leur impact sur les générations futures, tout en plaidant pour la responsabilisation dans les forums nationaux, régionaux et internationaux. De la condamnation des coupures d'Internet de #KeepItOn à la remise en question de la mise en œuvre des programmes d'identité numérique dans le monde de #WhyID, nous nous efforçons d'informer, de surveiller, de mesurer et de fournir des recommandations politiques qui respectent les droits, en fonction de nos diverses interactions avec les personnes les plus à risque.

    Quelles sont, selon vous, les principales faiblesses du système multilatéral mondial actuel et quelles leçons peut-on tirer de la pandémie de COVID-19 ?

    Le système multilatéral mondial doit cesser de fonctionner et de traiter les problèmes mondiaux de manière déconnectée. Cela nécessite non seulement un multilatéralisme mieux organisé en réseau - dans l'ensemble du système des Nations Unies, tant à New York qu'à Genève, et incluant les organisations régionales et les institutions financières, entre autres - mais aussi une approche plus interdisciplinaire des problèmes mondiaux. Par exemple, les recherches disponibles suggèrent que plus de 90 % des objectifs de développement durable sont liés aux droits de l'homme et au travail au niveau international. Pourquoi, alors, les acteurs internationaux continuent-ils à soulever ces objectifs uniquement en relation avec les débats sur le développement et non en relation avec les droits de l'homme ?

    De nombreux enseignements peuvent être tirés de la pandémie pour promouvoir une coopération internationale plus inclusive. En 2020, les Nations Unies ont pris conscience des avantages de la connectivité Internet : atteindre des voix plus diverses dans le monde entier. Des personnes qui, en raison d'innombrables obstacles, sont généralement incapables d'accéder physiquement aux instances des Nations Unies basées à Genève et à New York ont désormais la possibilité de contribuer de manière significative aux débats des Nations Unies via Internet. Dans le même temps, cependant, le basculement en ligne a également conduit à la reconnaissance officielle par les Nations Unies des graves conséquences pour les quatre milliards de personnes qui ne sont pas connectées à Internet. Ces personnes peuvent se heurter à divers obstacles dus à la fracture numérique et à l'insuffisance des ressources en matière de culture numérique, ou demeurer hors ligne en raison de l'imposition de coupures sélectives de services Internet.

    À l'avenir, l'ONU devrait continuer à donner accès à ses débats par le biais de plateformes virtuelles accessibles. Tout comme l'ONU est conçue pour faciliter les interactions entre les États, la société civile gagnerait à avoir à sa disposition des espaces tout aussi sûrs et ouverts pour se connecter. Malheureusement, trop de communautés continuent d'être marginalisées et vulnérables. Les gens subissent souvent des représailles lorsqu'ils élèvent la voix et diffusent leurs histoires au-delà des frontières. Nous nous efforçons de créer ce genre de forum civil ouvert avec RightsCon - le principal sommet mondial sur les droits de l'homme à l'ère numérique - et d'autres événements similaires. En juillet 2020, RightsCon Online a réuni 7 681 participants de 157 pays du monde entier dans le cadre d'un sommet virtuel. Les organisateurs ont surmonté les obstacles liés au coût et à l'accès en lançant un Fonds pour la connectivité qui a fourni un soutien financier direct aux participants pour qu'ils puissent se connecter et participer en ligne. Ces réunions doivent être considérées comme faisant partie intégrante non seulement de la gouvernance de l'internet, mais aussi de la réalisation des trois piliers des Nations Unies - développement, droits de l'homme et paix et sécurité - à l'ère numérique. Lorsqu'elle est menée de manière inclusive et sécurisée, la participation en ligne offre la possibilité d'accroître le nombre et la diversité des participants sur la plateforme et supprime les obstacles liés aux déplacements et aux contraintes de ressources.

    Globalement, la communauté internationale doit tirer les leçons de l'année 2020. Nous devons travailler solidairement pour promouvoir une coopération internationale ouverte, inclusive et significative pour un avenir prospère pour tous.

    Contactez Access Now via sonsite web ou son profilFacebook, et suivez@accessnow et@lo_brie sur Twitter.

     

  • #UN75 : « La pandémie de la COVID-19 a montré que les institutions multilatérales sont essentielles »

    Pour marquer le 75ème anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU), CIVICUS s'entretient avec des activistes, des avocats et des professionnels de la société civile sur les rôles que l’ONU a joués jusqu’à présent, les succès qu’elle a obtenus et les défis à venir. CIVICUS s’entretient avec un membre anonyme d’une organisation internationale de la société civile (OSC) responsable du plaidoyer au sein des Nations Unies sur les opportunités et les défis rencontrés par les OSC qui s’engagent auprès de divers organes des Nations Unies.

     

  • #UN75 : « La société civile doit être la conscience de la communauté mondiale »

    En commémoration du 75ème anniversaire de la fondation des Nations Unies (ONU), CIVICUS organise des discussions avec des activistes, des avocats et des professionnels de la société civile sur les rôles que l'ONU a joués jusqu'à présent, ses succès et les défis qu'elle doit relever pour l'avenir. CIVICUS s'entretient avec Keith Best, directeur exécutif par intérim du Mouvement fédéraliste mondial - Institut de politique mondiale (WFM/IGP), une organisation non partisane à but non lucratif qui s'engage à réaliser la paix et la justice dans le monde par le développement d'institutions démocratiques et l'application du droit international. Fondé en 1947, le WFM/IGP s'emploie à protéger les civils des menaces de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, à faciliter la transparence de la gouvernance, à améliorer l'accès à la justice et à promouvoir l'État de droit.

    Keith best

    Quel type de relation la société civile a-t-elle entretenu avec l'ONU tout au long de ses 75 ans d'histoire ?

    La relation de la société civile avec l'ONU tout au long de son histoire a été principalement celle d'un ami critique, et l'expérience du WFM/IGP en témoigne. Ce sentiment a souvent été réciproque. Je me souviens très bien que lorsqu'il était Secrétaire général des Nations Unies (SGNU), lors d'une réunion avec des organisations de la société civile (OSC), Boutros Boutros-Ghali nous a demandé de l'aider à obtenir des États-Unis qu'ils paient leurs arriérés - ce qu'ils ont fait dès qu'ils ont eu besoin de soutien pour la guerre du Golfe ! L'ancien directeur exécutif du WFM/IGP, Bill Pace, a également écrit que « Kofi Annan était un secrétaire général très important, avec lequel j'ai eu la chance de développer une relation à la fois professionnelle et personnelle. Bien que son héritage soit toujours débattu, je crois qu'il s'est engagé à faire face aux grandes puissances et à s'opposer à la corruption des principes énoncés dans la charte ». C'est grâce à Kofi Annan que la doctrine de la responsabilité de protéger a été adoptée à l'unanimité.

    En quoi le travail de l'ONU a-t-il fait une différence positive ?

    On a tendance à ne considérer l'ONU que sous l'angle de son rôle de maintien de la paix et de ses efforts plus visibles pour tenter de maintenir la paix mondiale, en négligeant le travail moins célèbre mais parfois plus efficace accompli par ses agences. Je n'en mentionnerai que trois. Malgré la récente controverse concernant la COVID-19,  dont le principal reproche était peut-être son manque de pouvoirs et de coordination, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a obtenu un succès durable. Elle a été officiellement créée le 7 avril 1948 dans le but «d’atteindre le niveau de santé le plus élevé possible pour tous les peuples», la santé étant entendue non seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité, mais aussi comme le plein bien-être physique, mental et social de chaque individu. Son plus grand triomphe a été l’éradication de la variole en 1977 ; de même, ses efforts mondiaux pour mettre fin à la polio en maintenant à leur phase finale. Ces dernières années, l’OMS a également coordonné les luttes contre les épidémies virales d’Ebola en République démocratique du Congo et de Zika au Brésil. Ce serait une catastrophe si les États-Unis s’en retirent au lieu de l’aider à mettre en place un mécanisme d’alerte plus efficace et à coordonner la distribution de médicaments après une pandémie qui, assurément, ne sera pas la dernière.

    Un autre héros méconnu est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a travaillé dur pour améliorer la situation des petits agriculteurs, la préservation et l'amélioration des méthodes agricoles et la connaissance des biotechnologies, entre autres choses. En outre, le Programme des Nations Unies pour le développement, fondé en 1965, encourage la coopération technique et la coopération en matière d'investissement entre les nations et plaide en faveur du changement en mettant les pays en contact avec les connaissances, l'expérience et les ressources nécessaires pour aider les gens à se construire une vie meilleure ; il fournit des conseils d'experts, des formations et des subventions aux pays en développement, en mettant de plus en plus l'accent sur l'aide aux pays les moins avancés. Certaines de ces agences ont été critiquées non pas tant pour le travail qu'elles font mais plutôt pour la conduite et les actions de certains de leurs employés. Le mode de sélection de certains d'entre eux est une question en suspens pour le WFM/IGP.

    En grande partie grâce au travail des Nations Unies, des développements importants ont eu lieu, tels que la création de la Cour pénale internationale (CPI) et la responsabilité de protéger. Sur la base des recommandations de la Commission du droit international et des tribunaux de Nuremberg, Tokyo, Rwanda et Yougoslavie, la CPI a consacré pour la première fois dans l'histoire la responsabilité individuelle des chefs d'État et autres personnes en position d'autorité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de génocide et, plus récemment, crimes d'agression. Avec le recul, on peut considérer qu'il s'agit là d'une évolution importante du concept de responsabilité internationale qui, jusqu'à présent, n'était attribuée qu'aux États, et non aux individus. Le concept de responsabilité de protéger, approuvé à une écrasante majorité en 2005 lors du sommet mondial des Nations Unies, le plus grand rassemblement de chefs de l'État et de gouvernement de l'histoire, a fait basculer des siècles d'obligations du citoyen envers l'État - une obligation non seulement de payer des impôts, mais aussi, en fin de compte, de donner sa vie - sur la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens, pour souligner son contraire. Elle pourrait mettre fin à 400 ans d'inviolabilité de l'État pour répondre à ses pairs, consacrée par le traité de Westphalie, dans la mesure où le concept de non-intervention n'a pas survécu au siècle dernier.

    Quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas actuellement et qui devraient changer, et comment la société civile travaille-t-elle pour que cela se produise ?

    Ce qui a été décevant, bien sûr, c'est l'incapacité de l'ONU à se réformer de l'intérieur de manière efficace et, principalement en raison de l'intérêt des grandes puissances à maintenir le statu quo, le fait qu'elle soit devenue inadéquate pour remplir sa mission dans le monde moderne. Le meilleur exemple en est l'utilisation ou la menace d'utilisation du veto au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU). Le P5, c'est-à-dire ses cinq membres permanents, est encore constitué par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'en 1971, la République populaire de Chine a remplacé le Taïwan/République de Chine. Jusqu'au Brexit, deux sièges étaient occupés par des États qui faisaient partie de l'Union européenne. Ni la plus grande démocratie du monde, l'Inde, ni sa troisième économie, le Japon, ne sont représentées. Ces dernières années, l'utilisation ou la menace d'utilisation du veto a rendu l'ONU incapable de prévenir les conflits dans un certain nombre de situations. Dans un livre récent, Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes (Les limites juridiques actuelles du pouvoir de veto du Conseil de sécurité face aux crimes d'atrocité), Jennifer Trahan explique que cet abus de pouvoir est en fait contraire à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies. D'autres États exercent une pression croissante pour réduire ces abus, et nous espérons que les campagnes de la société civile à cet effet apporteront des changements.

    Une autre chose qui doit changer est la manière dont le Secrétaire général des Nations Unies est nommé, qui dans le passé a été en coulisse, ce qui n'a peut-être pas permis de prendre en compte tous les candidats compétents. Mais grâce à la Campagne 1 pour 7 milliards, à laquelle le WFM/IGP a activement participé avec de nombreux autres acteurs, y compris des gouvernements, le processus de sélection du SGNU a peut-être changé à jamais, car l'espace où il se déroulait, et qui permettait des accords entre les grandes puissances, s’est déplacé du CSNU à l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU). L'actuel Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a souvent fait l'éloge et soutenu le nouveau processus par lequel il a été sélectionné. Ce processus est le résultat du travail conjoint de nombreuses organisations dirigées par un comité directeur informel composé d'Avaaz, de la Fondation Friedrich Ebert-New York, de l'Association des Nations Unies-Royaume-Uni et du WFM/IGP, et a été soutenu par plus de 750 OSC, avec une portée estimée à plus de 170 millions de personnes. Nombre d'entre eux espèrent donner un nouveau souffle à une campagne visant à consolider et à améliorer les résultats obtenus jusqu'à présent. L'un des points sensibles est que la campagne initiale favorisait un mandat unique et plus long pour le SGNU plutôt que deux mandats potentiels ; cet objectif restera en place et, espérons-le, le titulaire actuel ne le considérera pas comme une menace pour sa propre position.

    De nombreuses organisations demandent maintenant une conférence de révision en vertu de l'article 109 de la Charte des Nations Unies, mais nous devons faire attention à ce que nous souhaitons. Dans le climat actuel, dominé par un nationalisme et un populisme à courte vue, nous pourrions bien nous retrouver avec une version édulcorée de la Charte actuelle. Il vaudrait beaucoup mieux encourager un changement évolutif et progressif, qui sera probablement plus durable.

    Pensez-vous qu'il est nécessaire et possible de démocratiser l'ONU ?

    Oui, tout à fait. Les principales faiblesses du système des Nations Unies appellent non seulement à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin que ses membres permanents - et beaucoup soutiennent qu'il ne devrait pas y en avoir, ou du moins qu'aucun nouveau membre ne devrait être ajouté - reflètent plus fidèlement la puissance économique et diplomatique dans le monde actuel, mais aussi à remédier à son manque fréquent de transparence et de responsabilité et à l'absence d'éléments démocratiques ; d'où la campagne « 1 pour 7 milliards ».

    Dans un avenir proche, l’ONU continuera probablement à s’appuyer sur les États-nations, dont l’égalité au sein de l’AGNU est l’une des caractéristiques les plus intéressantes. Cependant, il existe un appel croissant en faveur d’une plus grande démocratie pour réaliser le principe « Nous, peuples des Nations Unies », par opposition à la simple représentation gouvernementale. D’où l’appel à la création d’une assemblée parlementaire de l’ONU, qui pourrait être créée en vertu de l’article 22, et débuterait non pas comme un organe législatif mais comme un organe de contrôle de l’ONU et de ses agences, puisque toute attribution de pouvoirs législatifs garantirait son échec : les États s’y opposeraient dès le départ. Puisqu’autant d’organisations et de traités internationaux comprennent des assemblées parlementaires disposant de divers pouvoirs, il ne devrait y avoir aucune raison, si ce n’est la mécanique électorale, pour que cela ne se produise pas également au niveau mondial.

    Quels enseignements peut-on tirer de la pandémie de la COVID-19 pour la coopération internationale ? Qu’est-ce qui devrait changer suite à la crise ? 

    La pandémie de la COVID-19 a certainement focalisé notre attention, mais il reste à voir si elle sera finalement assez cataclysmique pour devenir un moteur du type de changement qui a été stimulé par les guerres mondiales dans le passé. La pandémie a souligné que nous sommes « tous dans le même bateau », qu'un croisement entre l'animal et l'homme ou le développement d'un nouveau virus dans une région éloignée de la planète peut très rapidement produire des effets partout, sans frontière pour l'arrêter. Elle a clairement mis en évidence que les sociétés les plus touchées sont celles qui étaient déjà les plus vulnérables, les plus pauvres, les moins préparées et les moins équipées d'un point de vue sanitaire. Il est révélateur que les compagnies pharmaceutiques enseignent actuellement l'éthique en matière de distribution équitable des médicaments aux politiciens, afin de s'assurer que ce n'est pas la richesse qui en détermine l'accès. C'est une leçon qui a une applicabilité plus large. Elle a mis en évidence la nécessité de décisions mondiales exécutoires dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Il s'agit là encore d'un message d'une plus grande pertinence dans le contexte du changement climatique et de la crise environnementale.

    Une grande partie de l'idéalisme des années 1960 et 1970, qui ont été des périodes passionnantes pour ceux d'entre nous qui les ont vécues, a été traduite dans le réalisme de l'époque actuelle. Cela n’a rien de mauvais, car ces questions doivent résister à un examen minutieux. La technologie a mis en évidence le fait que les guerres sont désormais menées contre des civils plutôt que contre des soldats en uniforme, et que les cyber-attaques contre l'approvisionnement en énergie et en eau sont plus susceptibles de neutraliser l'ennemi que les armements, qui sont maintenant si coûteux qu'ils sont confrontés à des contraintes de durabilité et ne sont utiles qu'aux États qui peuvent se les permettre. Le monde est devenu plus petit, au point que nous sommes plus susceptibles de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde que chez notre voisin. Grâce aux médias numériques, les voix des gens sont de plus en plus présentes et mieux articulées ; les gens veulent que leur voix soit entendue. La technologie des satellites permet non seulement l'extraction précise des individus, mais aussi l'observation de leurs actions jusqu'au niveau le plus élémentaire : il n'y a plus d'endroit où se cacher. Si elle est utilisée de manière responsable pour promouvoir la justice internationale selon des normes universellement acceptées, cette technologie moderne peut constituer un acteur du bien, mais si elle est mal utilisée, elle peut aussi nous conduire à la destruction.

    Le défi du multilatéralisme aujourd'hui est de diffuser ces messages d'interdépendance et de faire comprendre que, de plus en plus, pour atteindre leurs objectifs et répondre aux aspirations de leurs citoyens, les États doivent travailler ensemble, en partenariat et sur la base d'une compréhension mutuelle. En soi, cette compréhension conduira inévitablement à la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de gérer notre climat et notre comportement, sachant que l'action de chacun provoquera une réaction ailleurs susceptible de nous affecter. Qu'il s'agisse de la destruction de la forêt amazonienne ou de l'appauvrissement d'un peuple par le pillage et l'autoritarisme, le reste de l'humanité sera touché. La pauvreté détruit les marchés des nations industrialisées, ce qui produit ensuite l'instabilité, qui à son tour entraîne une augmentation des dépenses pour la prévention ou la résolution des conflits. La réponse aux flux migratoires ne consiste pas en la clôture et le renforcement des frontières, mais à s'attaquer aux causes profondes de la migration.

    Nous vivons l'époque la plus rapide de l'histoire, où même les certitudes récentes sont remises en question et mises de côté. Cela est perturbateur, mais cela peut aussi nous ouvrir de nouvelles possibilités et à de nouvelles façons de faire les choses. Dans un tel climat politique, la capacité du WFM/IGP et de la société civile à être la conscience de la communauté mondiale et à viser une meilleure forme de gouvernance, qui soit fédéraliste et permette à la voix du peuple d'être entendue, est plus importante que jamais.

    Contactez le World Federalist Movement-Global Policy Institute via sonsite web ou sa pageFacebook, et suivez@worldfederalist sur Twitter. 

     

  • #UN75: ‘Moving forward, the UN should continue to provide access through accessible virtual platforms’

    Laura Obrien

    Following the 75th anniversary of the founding of the United Nations (UN), CIVICUS is having conversations with civil society activists, advocates and practitioners about the roles the UN has played so far, the successes it has achieved and the challenges ahead. CIVICUS speaks to Laura O’Brien, UN Advocacy Officer at Access Now, a civil society organisation that works to defend and extend the digital rights of users at risk around the world. Through direct technical support, comprehensive policy engagement, global advocacy, grassroots grant-making, legal interventions and convenings such as RightsCon, Access Now fights for human rights in the digital age.

    To what extent is the UN’s founding Charter fit for the internet era?

    For years civil society has encouraged the UN to modernise its operations to maintain its relevance in the digital age. In 2020, the UN met this harsh reality. The international organisation was forced to take the majority of its operations online, all the while trying meaningfully to reach the global community and advance international cooperation amid a global health crisis, systemic racism, climate change and rising authoritarianism. Commemorating the UN’s 75th anniversary by revisiting its founding Charter – a document centred on inherent human dignity – could not have been more crucial.

    The UN Charter was drafted long before the internet even existed. Nonetheless, its global outlook remains consistent with the universal nature of the internet, which at its best enables borderless knowledge societies grounded in fundamental human rights, while also amplifying the need to reduce risks, not solely through sovereign means, but also through international cooperation. Guided by the principles of the UN Charter, the Declaration on the Commemoration of the 75th Anniversary of the United Nations rightfully commits to improving digital cooperation worldwide. Through this formal commitment, the UN finally paid heed to the transformative impact digital technologies have on our daily lives, paving a path – or, as better captured by the UN Secretary-General, a ‘roadmap’ – to steer us through the promises and perils of the digital age.

    While world leaders recognised the need to listen to ‘the people’ – as captured in the preamble of the UN Charter – civil society continues to remind those leaders to listen more actively. With missions rooted in extending and defending the fundamental human rights of all individuals, civil society remains an essential force to advance stakeholder accountability and ensure transparency in often opaque multilateral processes.

    What challenges have you faced in your interactions with the UN system, and how did you manage them?

    I stepped into my public-facing role as UN Advocacy Officer at Access Now a few months before the COVID-19 lockdown here in New York. As such, I was a new voice navigating the challenges civil society was facing at that time: how do we ensure that civil society partners, in all their diversity, are meaningfully involved in UN discussions as the UN transitions its operations online? At that time, we feared that the exceptional measures used to fight the pandemic could be cited to restrict civil society access and opportunities for participation within UN fora. So we mobilised. Several civil society organisations, CIVICUS included, worked together to provide principles and recommendations to the UN to ensure civil society inclusion in UN discussions during the pandemic and beyond. This helped us work together to present a united position on the importance of multi-stakeholder engagement and to remind the UN to put adequate protections in place to ensure accessible online platforms and sufficient safeguards to protect the security of those participating virtually.

    What things are currently not working and would need to change? In what ways is civil society working towards that kind of change?

    2020 was a humbling year of critical self-reflection both on an individual and collective level. Now, more than ever, the world is realising that the state-centric model will not propel us into a hopeful future. Problems in one part of the world have consequences worldwide. The decisions we make now, particularly regarding digital technologies, will impact on future generations to come. As the world recovers from the events of 2020, we need world leaders to build off the lessons learned and continue to engage in critical reflection. Solving global challenges requires interdisciplinary action that respects and protects rights-holders who come from diverse and intersectional backgrounds. We simply cannot continue to operate or tackle these issues top-down. Indeed, threats like disinformation often originate at the top.

    Civil society worldwide is mobilising to spearhead global campaigns to raise awareness of the issues we face today, and their impact on future generations, while advocating for accountability across national, regional and international forums. From condemning internet shutdowns – #KeepItOn – to questioning the implementation of digital identity programmes worldwide – #WhyID – we are working to report, monitor and measure, and provide rights-respecting policy recommendations based on our diverse interactions with those most at risk.

    Looking more broadly at the global multilateral system today, what do you think are its main weaknesses, and what lessons can be drawn from the COVID-19 pandemic?

    The global multilateral system needs to stop operating and addressing global issues in silos. This requires not only better networked multilateralism – across the UN system in both New York and Geneva, and including regional organisations and financial institutions, among others – but also that global issues be addressed from a more interdisciplinary perspective. For instance, research suggests that over 90 per cent of the Sustainable Development Goals (SDGs) are connected to international human rights and labour. Protecting human rights is therefore necessary to reach the SDGs. Why then do international actors continue to raise the SDGs only in tandem with discussions around development and not human rights?

    Many lessons can be drawn from the pandemic to advance more inclusive international cooperation. In 2020 the UN was made acutely aware of the benefits of internet connectivity, reaching more diverse voices worldwide. People normally unable physically to access UN platforms based in Geneva and New York – due to a myriad of barriers – were now able to contribute meaningfully to UN discussions online. Yet simultaneously, online operations also made the UN formally acknowledge the severe impact for the approximately 4 billion people who continue to remain disconnected from the internet. Those individuals may suffer network discrimination, experience various barriers due to digital divides and inadequate digital literacy resources, or remain disconnected through targeted internet shutdowns.

    Moving forward, the UN should continue to provide access to UN discussions through accessible virtual platforms. Just as the UN is built to facilitate state-to-state interactions, the world would benefit from similarly secure and open venues for civil society to connect. Unfortunately, too many communities remain marginalised and vulnerable. People often face reprisals for raising their voices and telling their stories across borders. We strive to create this open civil forum at RightsCon – the world’s leading summit on human rights in the digital age – and similar events. In July 2020, RightsCon Online brought together 7,681 participants from 157 countries across the world in a virtual summit. The organisers overcame affordability and access barriers by launching a Connectivity Fund to provide direct financial support for participants to connect and engage online. These convenings should be considered integral to internet governance, but also to achieving the three pillars of the UN – development, human rights and peace and security – in the digital age. When carried out inclusively and securely, online participation presents an opportunity to widen the number and diversity of those engaging with the platform and removes barriers and resource constraints linked to travel. 

    Overall, the international community must lean into the lessons of 2020. We must work in solidarity to advance open, inclusive and meaningful international cooperation in order to achieve a prosperous future for all.

    Get in touch with Access Now through itswebpage orFacebook profile, and follow@accessnow and@lo_brie on Twitter.

     

  • #UN75: ‘The COVID-19 pandemic showed that multilateral institutions are essential’

    To mark the 75th anniversary of the founding of the United Nations (UN), CIVICUS is having conversations with civil society activists, advocates and practitioners about the roles the UN has played so far, the successes it has achieved and the challenges ahead. CIVICUS speaks to the UN advocacy lead of an international civil society organisation (CSO), who responded on conditionof anonymity, about the opportunities and challenges faced by CSOs engaging with various UN bodies.

    UN photo

    In which ways do you think the UN has made a positive difference?

    The UN has made many positive differences over its 75 years, and it’s making a difference now. From my perspective, a significant recent reaffirmation of the UN’s importance, which is a kind of inverse reflection of recent failures or shortcomings, is that the UN Secretary-General (UNSG) has quickly responded to the human security aspects of the COVID-19 pandemic.

    One of my longstanding critiques of the UN has been its lack of public leadership at the top. It’s been the approach of the current UNSG, who’s chosen backdoor diplomacy over outspoken advocacy. I won’t deny he’s in a difficult situation, but nonetheless he hasn't been forthright enough in holding major states to account for human rights violations.

    I think the pandemic changed things in a way we hadn’t seen in a long time. The UNSG finally did what he should have been doing as a general rule, which is to say that this is not about politics or having to tiptoe around the sensitivities of certain member states – this is about telling the world that the only way we will overcome this crisis is by coming together, and that this requires an immediate suspension of hostilities globally. That is aspirational and idealistic, but it’s also technically correct. 

    Also the World Health Organization (WHO), despite obvious challenges, essentially showed what it’s there for and its relevance to the general public. Of course the UN Security Council (UNSC) let the UNSG down as a political body, but still the pandemic showed that UN agencies and multilateral institutions more generally are essential and that we need them, both in the context of a public health crisis and to organise a global response to any global crisis.

    The obvious long-term success of the UN has been to build multilateralism and establish an international rules-based framework for human rights, sustainable development and the protection of civilians. The framework is there, and the challenge is its implementation. Not only are we currently not seeing implementation, but we are also seeing a steady erosion of these international norms and standards, which has taken place over the past few years. China and Russia are becoming more active in conflicts around the world, either directly or indirectly, and have become emboldened in eviscerating the UN or remoulding institutions to serve their visions, while those states that would traditionally protect and even champion these norms are either less willing or less empowered to do so. The UN made much progress over six or seven decades in building this framework, but now it’s under severe stress.

    How have you engaged with the UN, and what challenges have you encountered?

    Our work focuses on protecting civilians in armed conflicts, so our UN engagement is almost entirely in relation to the UNSC, and UN agencies with a focus on security and peacebuilding. We tend to engage with the Human Rights Council (UNHRC) and the General Assembly (UNGA), mostly when we identify that the UNSC is completely paralysed, which unfortunately is happening increasingly often. But in previous roles I have worked across a wide range of UN agencies, including the UNHRC, the UNGA and other agencies that work on climate change and education, so I’m aware of the comparative opportunities available for civil society engagement.

    The means of civil society engagement with the UNSC are much more informal than those with the UNHRC. And I think there are quite a few advantages to not having formal processes for civil society engagement, because the absence of a formal process can result in more effective engagement. At the UNHRC, there is an agenda item and 500 CSOs queue up to give a two-minute statement, which no policy-maker listens to, and you end up with this process of artificial participation that is not very productive. With the UNSC, many CSOs don’t see where the opportunities lie; they think it’s not for them. This means there are fewer CSOs looking for an entry point, so it’s a less crowded field.

    Working at the UNSC requires you to build direct relationships with the states that are on the UNSC. You don’t maintain a high public profile. You build relations with the missions, and through that process you often end up having more direct and meaningful influence. So the absence of a formal process can often result in more effective CSO engagement. True, it may also be more difficult, although it varies depending on the composition of the UNSC when it comes to the elected members. Some of them don’t have a long history of engagement with civil society, are not very interested in listening, or have very little capacity. But there’s always some states that prioritise civil society engagement and recognise that the only way the UNSC has legitimacy is by reflecting the experiences and perspectives of those directly affected. I would emphasise that one of the successes of the UNSC in the past 20 years has been to open up space for civil society briefers, particularly on women, peace and security issues. Fewer speakers means they tend to have more weight: you get the 15 UNSC members to listen to this one person whose time is unlimited and who is very focused on the protection of civilians or other issues. In terms of public participation, that is a sign of progress.

    Of course, there’s also the fact that we have to engage with the five permanent UNSC members whether we like it or not, because they are there to stay and they have the veto. And in that respect the situation is currently very bad. From our perspective, the current US administration is not on the right side of things and is not consistently championing accountability for war crimes. France and the UK are inconsistent across countries, and China and Russia are at least consistent in their positions, but for all the wrong reasons. China is opening up to international engagement with civil society, which I think is part of a wider strategy. Five or six years ago, China wouldn’t think it needed to engage with civil society and appeared not to recognise the legitimacy of international human rights CSOs, but now its ambassadors have started agreeing to meet with civil society groups collectively. It may be a public relations exercise, or China may have gained enough confidence to confront international CSOs directly. It’s a clear shift in its foreign policy. Russia, to its credit, has long done the same, and sees value in engagement to some extent, although the dynamic can be a difficult, adversarial one.

    How have you managed these challenges?

    Collective advocacy often works best with the UNSC. When civil society can form quick coalitions of humanitarian organisations, human rights organisations, local partners, faith leaders and youth representatives and present a few key asks that are consistent across these groups, it builds credibility with UNSC members and increases the chances that it will act promptly. There are about 30 CSOs that work consistently on the UNSC. They have different priorities and a variety of messages, so they certainly engage individually as well. But the message is more powerful when it’s expressed collectively. For instance, if something goes wrong in Yemen and the UK is the penholder it is way more powerful when 12 organisations engage the UK on the same points collectively than the 12 organisations complaining individually. 

    What things are currently not working and would need to change?

    The one thing that needs to be reformed fundamentally, which is the very core of the UN and has been a problem since day one, is the veto. The UNSC is clearly not fit for purpose in this regard; its composition and balance of power doesn’t reflect the world we now live in. There is no reason why France or the UK should have a veto – or any state for that matter. The inherent problem of the UN is that it was built as part of an agreement amongst the winning powers after the Second World War that they would hold the reins of power, and there is no way to dismantle that without their collective agreement. That is not going to happen with China, Russia, the USA or even the UK. France, to its credit, is at least openly supportive of voluntary processes to check misuse of the veto.

    I don’t want to sound too pessimistic, and I wouldn’t if I were speaking about other things, such as progress towards the Sustainable Development Goals. But the UNSC is power politics in its purest form and no amount of citizen participation will change it. The only way to circumvent the veto would be to dismantle the UN and start from scratch – unless somehow we found ourselves in a parallel world in which these five countries were led by enlightened leaders who at the same time realised they should give up that power for the sake of humanity. But that couldn’t be farther from our current reality, when the veto power is actually being misused, by China, Russia and the USA, as a weapon to discredit the UN.

    Apart from this unsurmountable problem, other things have been changing for good. For instance, we are now seeing climate change and security on the UNSC agenda. While China, Russia and the USA seek to block use of the very words ‘climate change’, Germany, Niger and a number of other states went on to create an informal working group on climate change, although to place the issue on the UNSC agenda, they agreed to call it ‘environmental degradation’ instead. This obviously should have happened decades ago, but at least it’s happening now and it’s progress.

    What lessons for international cooperation can be drawn from the COVID-19 pandemic? What should change so we will be better prepared when the next crisis strikes?

    During the pandemic, civil society supported and coordinated engagement towards an unprecedented call for a global ceasefire. The initial statement by the UNSG was highly ambitious to the point of being unrealistic, but he was absolutely right both in terms of what should happen in the world and in taking that leadership and not consulting first with Donald Trump, Xi Jinping, or anybody else. It was courageous and correct. It momentarily reinvigorated the role of the UNSG and the UN as a whole.

    While the UN institutional response from the top down was good, the UNSC was an absolute failure. China and the USA and engaged in hostile and juvenile behaviour at a time when the world’s future rested on the UN being effective.

    On the other hand, the UNGA responded reasonably well, taking the initiative despite not being able to meet physically. In early April it passed a resolution calling for international cooperation and multilateralism in the fight against COVID-19. Mexico was also very strategic in pushing a resolution on international cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19, adopted by consensus in late April. In view of the challenges that the UNGA experienced, however, I think one procedural lesson learned was the need for the UN be better prepared to work virtually in the event of another crisis.

    An assessment of the performance of other multilateral institutions like the WHO lies outside my area of expertise, but we all read about the allegations that it wasn’t sufficiently aggressive with China early on. This is currently under independent review, which suggests as least that basic checks and balances are in place.

     

  • #UN75: “En lo sucesivo, la ONU debe seguir proporcionando acceso a través de plataformas virtuales”

    Laura ObrienEn conmemoración del 75º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), CIVICUS está teniendo conversaciones con activistas, personas defensoras y profesionales de la sociedad civil acerca de los roles que la ONU ha desempeñado hasta ahora, los éxitos que ha conseguido y los desafíos que enfrenta de cara al futuro. CIVICUS conversa con Laura O’Brien, Oficial de Incidencia en la ONU de Access Now, una organización de la sociedad civil que se ha propuesto la misión de defender y extender los derechos digitales de los usuarios en riesgo en todo el mundo. Access Now lucha por los derechos humanos en la era digital mediante una combinación de apoyo técnico directo, labor política integral, incidencia global, apoyo financiero a nivel de base, intervenciones legales y encuentros tales como RightsCon. 

    ¿En qué medida la Carta fundacional de la ONU resulta adecuada en la era de internet?

    Durante años la sociedad civil ha animado a la ONU a modernizar sus operaciones para mantener su relevancia en la era digital. En 2020, la ONU se encontró con una dura realidad. La organización internacional se vio obligada a llevar a cabo la mayor parte de su trabajo en línea, al tiempo que intentaba llegar de forma significativa a la comunidad mundial y avanzar en la cooperación internacional en medio de una crisis sanitaria global, el racismo sistémico, el cambio climático y el autoritarismo creciente. Conmemorar el 75º aniversario de la ONU mediante un retorno a su Carta fundacional - un documento centrado en la dignidad inherente al ser humano - no podría ser más crucial.

    La Carta de las Naciones Unidas fue redactada mucho antes de que existiera internet. No obstante, su visión global sigue siendo consistente con el carácter universal de internet, que en el mejor de los casos permite crear sociedades del conocimiento sin fronteras basadas en los derechos humanos fundamentales, al tiempo que amplifica la necesidad de reducir los riesgos, no solo por medios soberanos, sino también mediante la cooperación internacional. Guiada por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la conmemoración del 75º aniversario de las Naciones Unidas se compromete acertadamente a mejorar la cooperación digital en todo el mundo. A través de este compromiso formal, las Naciones Unidas finalmente prestaron atención al impacto transformador que las tecnologías digitales tienen sobre nuestra vida cotidiana, allanando el camino – o mejor, como lo expresó el Secretario General de las Naciones Unidas, estableciendo una “hoja de ruta” - para guiarnos a través de las promesas y peligros de la era digital.

    Si bien los líderes mundiales reconocieron la necesidad de escuchar a “los pueblos”, tal como se recoge en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, la sociedad civil continúa recordándoles a esos mismos líderes que deben escuchar más activamente. Dada su misión de ampliar y defender los derechos humanos fundamentales de todos los individuos, la sociedad civil sigue siendo una fuerza clave para avanzar en la rendición de cuentas de todas las partes involucradas y garantizar la transparencia de procesos multilaterales que a menudo son opacos.

    ¿Qué desafíos ha enfrentado en sus interacciones con el sistema de las Naciones Unidas y cómo los ha manejado?

    Comencé a trabajar en mi rol de representación externa, en calidad de Oficial de Incidencia en la ONU de Access Now, pocos meses antes del confinamiento por el COVID-19 aquí en Nueva York. En ese sentido, debí navegar en mi nuevo rol los retos que enfrentaba la sociedad civil en ese momento: ¿cómo asegurarnos de que los actores de la sociedad civil, en toda su diversidad, participen de forma significativa en los debates de las Naciones Unidas a medida que la ONU desplaza sus operaciones al ámbito virtual? En ese momento temíamos que las medidas de excepción utilizadas para luchar contra la pandemia pudieran ser utilizadas para restringir el acceso de la sociedad civil y sus oportunidades de participación en los foros de las Naciones Unidas. De modo que nos movilizamos. Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas CIVICUS, trabajaron juntas para establecer principios y recomendaciones para la ONU de modo de asegurar la inclusión de la sociedad civil en los debates de la organización durante la pandemia y en lo sucesivo. Esto nos ayudó a trabajar juntas para presentar una posición unificada en relación con la importancia de la participación de las partes interesadas y para recordar a las Naciones Unidas que debía establecer protecciones adecuadas para garantizar plataformas en línea accesibles y suficientes salvaguardas para proteger la seguridad de quienes participan en forma virtual.

    ¿Qué es lo que actualmente no funciona y debería cambiar? ¿De qué manera está trabajando la sociedad civil para lograr ese cambio?

    El año 2020 fue un año de humilde autorreflexión crítica a nivel tanto individual como colectivo. Ahora, más que nunca, el mundo se está dando cuenta de que el modelo estadocéntrico no nos conducirá a un futuro esperanzador. Los problemas que enfrenta una parte del mundo tienen consecuencias para todo el mundo. Las decisiones que tomemos ahora, en particular en lo que respecta a las tecnologías digitales, repercutirán sobre las generaciones futuras. A medida que el mundo se recupere de los acontecimientos de 2020, necesitamos que los líderes mundiales aprovechen las lecciones aprendidas y continúen participando en esta reflexión crítica. La solución de los problemas globales requiere de una acción interdisciplinaria que respete y proteja a personas portadoras de derechos procedentes de entornos diversos e intersectoriales. Sencillamente, no podemos seguir operando ni abordando estas cuestiones desde arriba hacia abajo. De hecho, amenazas tales como la desinformación suelen originarse en la cúspide.

    En todo el mundo la sociedad civil se está movilizando al frente de campañas globales que buscan sensibilizarnos acerca de los problemas que enfrentamos actualmente y su repercusión sobre las generaciones futuras, mientras que abogan por la rendición de cuentas en foros nacionales, regionales e internacionales. Desde la condena de los cortes de internet de #KeepItOn hasta el cuestionamiento de la implementación de programas de identidad digital en todo el mundo de #WhyID, estamos trabajando para informar, supervisar, medir y proporcionar recomendaciones de políticas que respeten los derechos, sobre la base de nuestras diversas interacciones con las personas que están en mayor riesgo.

    ¿Cuáles son, en su opinión, las principales debilidades del actual sistema multilateral global, y qué lecciones pueden extraerse de la pandemia de COVID-19?

    El sistema multilateral global debe dejar de funcionar y de abordar los problemas mundiales en forma inconexa. Esto requiere no solamente un multilateralismo mejor conectado en red - en todo el sistema de las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, e incluyendo a las organizaciones regionales y las instituciones financieras, entre otras organizaciones - sino también un abordaje de los problemas mundiales desde una perspectiva más interdisciplinaria. Por ejemplo, las investigaciones disponibles sugieren que más del 90% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) se vinculan con los derechos humanos internacionales y el trabajo. Por lo tanto, es necesario proteger los derechos humanos para alcanzar los SDG. ¿Por qué, entonces, los actores internacionales siguen planteando los SDG únicamente en relación con los debates sobre el desarrollo y no en relación con los derechos humanos?

    Se pueden extraer de la pandemia muchas lecciones para promover una cooperación internacional más inclusiva. En 2020, las Naciones Unidas tomaron conciencia de los beneficios de la conectividad a internet: llegar a más voces diversas en todo el mundo. Gente que debido a un sinfín de barreras normalmente no puede acceder físicamente a las plataformas de las Naciones Unidas con sede en Ginebra y Nueva York, ahora pudo contribuir significativamente a los debates de las Naciones Unidas vía internet. Sin embargo, al mismo tiempo el funcionamiento en línea también hizo que las Naciones Unidas reconocieran oficialmente el grave impacto que representan los aproximadamente 4.000 millones de personas que siguen desconectadas de internet. Esas personas pueden sufrir discriminación en la red, experimentar diversas barreras debido a las brechas digitales y a la insuficiencia de recursos de alfabetización digital, o permanecer desconectadas a cause de la imposición de cortes selectivos del servicio de internet.

    En lo sucesivo, la ONU debe seguir proporcionando acceso a sus debates a través de plataformas virtuales accesibles. Así como la ONU están construida para facilitar las interacciones entre los Estados, el mundo se beneficiaría si hubiera espacios igualmente seguros y abiertos para que la sociedad civil se conecte. Lamentablemente, demasiadas comunidades continúan siendo marginalizadas y vulnerables. La gente a menudo sufre represalias cuando alza la voz y difunde sus historias a través de las fronteras. Nosotros nos esforzamos por crear ese tipo de foro civil abierto con la RightsCon - la principal cumbre mundial sobre derechos humanos en la era digital - y otros eventos similares. En julio de 2020, RightsCon Online reunió a 7.681 participantes de 157 países de todo el mundo en una cumbre virtual. Los organizadores superaron barreras de costos y acceso mediante la puesta en marcha de un Fondo de Conectividad que proporcionó apoyo financiero directo para que los participantes pudieran conectarse y participar en línea. Estas reuniones deben considerarse una parte integral no solo de la gobernanza de internet sino también de la concreción de los tres pilares de las Naciones Unidas - desarrollo, derechos humanos y paz y seguridad - en la era digital. Cuando se lleva a cabo de manera inclusiva y segura, la participación en línea ofrece la oportunidad de ampliar el número y la diversidad de participantes en la plataforma y elimina las barreras y limitaciones de recursos relacionadas con los viajes.

    En términos generales, la comunidad internacional debe aprender las lecciones de 2020. Debemos trabajar de manera solidaria para promover una cooperación internacional abierta, inclusiva y significativa a fin de lograr un futuro próspero para todos y todas.

    Póngase en contacto con Access Now a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@accessnow y a@lo_brie en Twitter.

     

  • 16 Days of Activism - Women in Solidarity during COVID-19

    16 Days of Activism, running annually from 25 November to 10 December, comes at the end of a year that saw a global pandemic affect families, economies, and every aspect of society worldwide. All around the globe, women stepped up when governments and businesses failed to act. After a tough year, this 16 Days global civil society alliance CIVICUS is celebrating the inspiring stories of women: activists involved in protest, women human rights defenders behind bars, and women’s organisations across the globe working to mitigate rising levels of gender based violence during the COVID-19 pandemic.

     

  • 16 Días de Activismo - Mujeres en Solidaridad durante la COVID-19

    16 Días de Activismo que comienzan anualmente el 25 de noviembre y se extienden hasta el 10 de diciembre, este año completan un año caracterizado por una pandemia global que afectó a las familias, las economías y todos los aspectos de la sociedad mundial. En todo el mundo las mujeres dieron un paso al frente cuando los gobiernos y las empresas no lograban actuar. Luego de un año extremadamente duro, en el evento 16 Días de Activismo la Alianza Global de la Sociedad Civil CIVICUS celebra historias inspiradoras de mujeres: activistas involucradas en la protesta, defensoras de los derechos humanos de las mujeres detrás las rejas y organizaciones de mujeres en todo el mundo que trabajan para mitigar los niveles de violencia de género que crecieron durante la pandemia.

     

  • 16 jours d'activisme : Les femmes unies par la solidarité pendant la COVID-19

    Les 16 jours d'activisme, qui se déroulent chaque année du 25 novembre au 10 décembre, clôturent une année marquée par une pandémie mondiale qui a touché des familles, des économies et tous les aspects de la société dans le monde entier. Partout dans le monde, les femmes se sont mobilisées lorsque les gouvernements et les entreprises n'ont pas su agir. Après cette année difficile, pendant ces 16 jours, l'alliance mondiale de la société civile, CIVICUS, célèbre les histoires inspirantes de femmes, y compris celles des activistes qui protestent, des femmes défenseures des droits humains derrière les barreaux et des organisations de femmes du monde entier qui travaillent à atténuer la hausse des niveaux de violence à l'égard des femmes pendant la pandémie COVID-19.

     

  • 2020 to reshape the future of humanity

    By Hafiz Jawad Sohail, Climate Reality Leader and SDGs Advocate from Pakistan

    2020 was a year of real superheroes. Never before has there been a borderless event of this magnitude that has influenced our thinking, lifestyle, decision making, and inter-dependence. Local and global dynamics have totally changed and 2020 has not been a normal year in any way. 

    We cannot deny the fact that this year was dramatic and horrific for many of us. On top of nearly two million deaths from the virus there has also been a rise in domestic violence, unemployment and economic instability. Disinformation was also widespread and the role of social media was criticised for not fulfilling its due responsibilities. COVID- 19 disrupted the operational capabilities of businesses across the globe and put in danger many small and medium enterprises. In short, this year has changed the economic, political, social and environmental dynamics forever. 

    Now we realise the devastation caused by the pandemic but COVID-19 has also acted as a wake-up call for all of us to adapt to the changing environment and to reimagine the roles of industry, government, and civil society. We saw many positive things this year and believe me, the events of 2020 are going to reshape the future of humanity. For instance, this was the year of creativity, digital connectivity, virtual events, remote working, innovation, and dare I say evidence-based decision-making. We saw many inventions in the field of healthcare, fintech, and online education. We also witnessed many acts of kindness & charity, sacrifice, and gained a new appreciation for those that work on the frontlines. This was also the year of social activism, women leadership, and Black Lives Matter. 

    There has also been a greater demand for accountability and transparency in decision making, inclusive of all sectors. We also looked back at our food production strategies and the risks facing our global supply chains. During this year we also talked about the prospects of digitalization, the digital economy, green finance, data protection, and the importance of cybersecurity. Most importantly, our planet got a breather after many centuries of resource-intensive industrialization. In a year that science could not be denied, many of the skeptics finally woke up to both the crisis and the opportunity of climate change.

    As we welcome another new year, we also have many challenges ahead of us in 2021. Successful recovery requires redesigning our economies so that we prioritise sustainability over short term profits. Building back better will also require us addressing rising inequality. The distribution of the coronavirus vaccine will be a critical test to see if we are serious about equitable access to public goods.

     

  • Advocacy priorities at 47th Session of UN Human Rights Council

    The 47th Session is set to run from 21 June to 15 July, and will cover a number of critical thematic and country issues. Like all Sessions held over the course of the pandemic, it will present challenges and opportunities for civil society engagement. CIVICUS encourages States to continue to raise the importance of civil society participation, which makes the Human Rights Council stronger, more informed and more effective.

     

  • Amid COVID-19, what is the health of civic freedoms?

    By Marianna Belalba Barreto, Civic Space Research Lead at CIVICUS and Aarti Narsee, Civic Space Research Officer

    More than half a year after the World Health Organization declared the COVID-19 outbreak a pandemic, governments are continuing to waste precious time and energy restricting human rights rather than focusing on fighting the virus. Civic freedoms, including the freedom to associate, express views and peacefully assemble, are under threat, with states using broad and restrictive legislation to snuff out dissent. But people are organising and mobilising to demand rights. In the face of restrictions, civil society continues to fight back, often taking to the streets to do so.

    Read onInter Press Service News Agency

     

  • An Urgent Call to Release Human Rights Defenders in Honour of Nelson Mandela Day

    Twitter Facebook Free HRDs campaign 2

    Dear World Leaders,

    On Nelson Mandela Day, civil society organisations across the globe call on you to release imprisoned human rights defenders and prisoners of conscience.

    Like Nelson Mandela who spent 27 years in prison for his opposition to apartheid, there are thousands of human rights defenders and prisoners of conscience wrongfully accused and in jail around the world. They have been imprisoned for seeking gender, social, political, economic and environmental justice, for defending excluded people, and for promoting democratic values. 

    Many of these human rights defenders and prisoners of conscience are serving sentences for crimes they never committed, after being convicted in unfair trials. Our organisations have for several years documented the unlawful jail terms handed down to human rights defenders in several countries.

    We are particularly concerned that the authorities in many countries continue to detain human rights defenders and prisoners of conscience during the COVID-19 pandemic. We recognise the governments of Iran, Ethiopia, Turkey, Bahrain and Cameroon for releasing prisoners as part of their response to this unprecedented health crisis. However, not many human rights defenders and prisoners of conscience were included, and it is now more urgent than ever to release them.  

    There are also hundreds of human rights defenders who remain in pretrial detention who have not been charged or tried. Overcrowding and poor sanitation in jails increase the risk of COVID-19 infection and should be strong factors for the reduction of prison populations.

    We also urge you to stop the arbitrary arrest and detention of journalists in jail solely for reporting on human rights violations during the pandemic. Although COVID-19 restrictions are being lifted in some parts of the world, some countries have used the pandemic as a pretext to restrict civic freedoms. Journalists and human rights defenders have been physically assaulted and subjected to arbitrary detention and judicial persecution for reporting on the virus. 

    We need human rights defenders now more than ever. It is their duty to hold governments to account, to ensure states respect international human rights laws during the pandemic, and to tackle environmental degradation and inequalities that have accelerated the impact of COVID-19.

    The UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, recently said:

    “Governments are facing huge demands on resources in this crisis and are having to take difficult decisions. But I urge them not to forget those behind bars, or those confined in places such as closed mental health facilities, nursing homes and orphanages, because the consequences of neglecting them are potentially catastrophic.”

    Sadly, some imprisoned human rights defenders have died under suspicious circumstances in various countries during the pandemic.

    As we commemorate Nelson Mandela Day on 18 July, we remember that Mr. Mandela urged all of us to take on the burden of leadership in addressing social injustices. We call on you to give millions of families, friends and colleagues of human rights defenders and prisoners of conscience around the world a reason to renew their hope for a better future during these unprecedented times.

    We urge you to:

    • Immediately and unconditionally release all human rights defenders and prisoners of conscience in jail solely for their peaceful human rights activities, and stop all judicial persecution against them.
    • Prioritise and release detainees who have not been charged, and those held in pretrial detention.
    • Stop carrying out new arrests and detentions, particularly on journalists and activists reporting on the COVID-19 pandemic, and those accused of breaking lockdown regulations.

     

    Endorsed by:

     

    1. A Common Future
    2. A.C. Reforma Judicial
    3. Abraham's Children Foundation
    4. ACPDH
    5. ACSIS
    6. Action by Christians for the Abolition of Torture
    7. Action D'urgence pour Toute Détresse
    8. Action for Humanity and Social Progress
    9. Action pour la Lutte Contre l'Injustice Sociale
    10. Action pour le Développement
    11. Action To Heal Foundation Sierra Leone
    12. Actions pour la Protection des Femmes
    13. Active  Vision
    14. Admiral development organization
    15. Adolescents Initiatives Support Organization
    16. Afghanistan Democracy and Development Organization
    17. Africa Intercultural Development Support Trust
    18. Africa Rise Foundation
    19. African Center for Solidarity and mutual Aid between the Communities  CASEC - ACSAC
    20. AFRICAN FOUNDATION FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT - AFED
    21. African Holocaust
    22. African Observatory Of Civic Freedoms And Fundamental Rights OCFFR-AFRICA
    23. AJBDEM DURABLE
    24. ALUCHOTO
    25. Amis des Étrangers au Togo
    26. Amnesty International
    27. Asia Pacific Forum on Families International
    28. Association des blogueurs pour une citoyennetà active
    29. Association Femmes et Enfants
    30. Association for Advocacy and Legal Initiatives Trust
    31. Association for Health, Safety and Environmental Awareness International
    32. Association pour les droits de l'Homme et l'Univers Carcéral
    33. Association pour les victimes du monde
    34. Association pour l'Integration et le Developpement Durable Durable au Burundi, AIDB
    35. ASUTIC Senegal
    36. Avenir Jeune de l'Ouest
    37. AWHES
    38. Bangladesh Institute of Human Rights
    39. Banjul Youth in Community Services
    40. Banlieues Du Monde Mauritanie
    41. Bareedo Platform Somalia
    42. Bella Foundation for Child and Maternal Care
    43. Bousla Organisation
    44. BRIGHTER FUTURE FOUNDATION
    45. Burundi Child Rights Coalion
    46. CAHURAST-Nepal
      Campaign Against Ignorance and Illiteracy
    48. Capellanes conacce
    49. CAPTE - Uruguay Silvia FLORES MOSQUERA
    50. CareMe E-clinic
    51. CEAMUJER
    52. Center for the Development of Civil Society
    53. Centre d'Initiatives et d'Actions pour le Développement durable au Burundi
    54. Centre for Human Rights and Social Advancement CEFSAN
    55. Centre Oecuméniquepour la Promotion du Monde Rural
    56. Centro para la Acción Noviolenta y Cultura de Paz en CentroamÃrica
    57. CESPHA
    58. ChildHelp Sierra Leone
    59. Circles of Hope Community Support Group for PLHIVAIDS
    60. CIVICUS
    61. Commonwealth Society of Nigeria
    62. Cooperation for Peace and Development
    63. Corporacion Regional Yariguies GEAM
    64. COSAD BENIN
    65. Differentabilities
    66. DISCOURAGE YOUTHS FROM POVERTY
    67. Domestic workers Union
    68. DreamBoat Theatre for Development Foundation
    69. Droits de l'homme sans frontières 
    70. Edmund Rice International
    71. Edo Civil society organisations
    72. EIP
    73. Fater Bibi Technologies
    74. FCPEEP
    75. FEDERATION DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL AU CONGO
    76. FINESTE
    77. Formidable Initiatives for Women and Girls
    78. Foundation for Democracy and Accountable Governance
    79. Fraternity Foundation for Human Rights-Birati
    80. Free political prisoners
    81. FUNDACION SIMAS
    82. Fundación T.E.A. Trabajo - Educación - Ambiente
    83. FUTURE LEADERS SOCIETY
    84. Global Witness
    85. Give Hope Uganda
    86. Governance and Forest Initiatives
    87. GreenLight Initiative
    88. Hadejia youth movement for social cohesion
    89. Health NGO's Network
    90. Healthy Choices Ic.,
    91. Human Rights Committee
    92. Humanitarian Care for Displaced Persons
    93. IFAN
    94. INSPIRIT Creatives UG NGO
    95. Institute for Public Policy Analysis and Implementation
    96. Integrated Agricultural Association-I,A,A
    97. International Dalit Solidarity Network
    98. International Falcon Movement - Socialist Educational International
    99. International Federation for Human Rights (FIDH)
    100. Iraqi journalists right deafenc association
    101. International Service for Human Rights (ISHR)
    102. Justice Acess Point
    103. JusticeMakers Bangladesh
    104. Key Populations Alliance of Zambia
    105. Khpal Kore Organization
    106. Kibera Joy Initiative
    107. Kumakomo Community Radio
    108. Le Réseau Nigérien des Défenseurs des Droits Humains
    109. Leadership initiative network for the Advancement of women and youth
    110. Local  Community Development Association
    111. Lumiere Synergie Developpement
    112. Maecenata Foundation
    113. MAMAS FOR BURUNDI ASSOCIATION
    114. Manna Development AGency
    115. Marketplace 247
    116. MFFPS
    117. Millennium Sistahs Trinidad and Tobago Inc
    118. Missing Link Uganda
    119. Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi
    120. Mouvement Populaire pour la Santé au Gay
    121. Movement for Social Justice MSJ-4
    122. National Coalition of Human Rights Defenders Uganda
    123. Network of Civil Society Organisations for Election Observation and Monitoring - ROSE
    124. Network of NGOs of Trinidad and Tobago  for the Advancement of Women
    125. New Owerri Youth Organisation
    126. NGO Collective for Food Security and Rural Development - COSADER
    127. NGO CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE
    128. NGO Defensoria Ambiental
    129. NGOs Council ASDGC Kenya
    130. Nipe Fagio
    131. Nouveaux Droits de l'homme Congo Brazzaville
    132. ONG ASSAUVET
    133. ONG BAL'LAME
    134. ONG Programa sociocultural CRP
    135. Palestinian Non Governmental Organizations Network
    136. PAMOJATWASIMAMA
    137. Partenariat pour la Protection Integree
    138. PAYNCOP
    139. Peace and Life Enhancement Initiative International
    140. PHY ORG
    141. Plan international
    142. Princegnf
    143. Prisma European Network
    144. Psychologues du Monde Afrique
    145. Reacción Climática 
    146. Real Agenda For Youth Transformation Trust
    147. REDHNNA-Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes
    148. REPONGAC
    149. Research and Advocacy Unit
    150. Root Change
    151. Ruheso Tanzania
    152. RUKIGA FORUM FOR DEVELOPMENT
    153. Safety and Risk Mitigation Organization
    154. Save Our Continent, Save Nigeria.
    155. Save the Climat
    156. Secours de la Femme Rurale au Developpement, Safrd
    157. SHAKHI 'Friends of Women'
    158. Shanduko Yeupenyu Child Care
    159. She's  Writes
    160. Sierra Leone School Green Clubs
    161. Social Justice Forum
    162. Social Mission Catalysts LLC
    163. Solidarity health Foundation
    164. Solidarity Youth Voluntary Organisation
    165. SOS Jeunesse et Enfance en Détresse - SOS JED
    166. South Sudan Civil Society Forum
    167. Sustainable Develipment and Peace Building Initiatives
    168. Tanzania Development Trust
    169. Tanzania Peace Legal Aid and Justice Center  PLAJC
    170. Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
    171. the  Wuhan election campaign
    172. The Angelic Ladies Society
    173. Transitional Justice Working Group
    174. Tsoro-o-tso San Dev Trust
    175. Ugonma Foundation
    176. Ukana West 2 Community Based Health Initiative
    177. Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social- UNITAS
    178. Unique Foundation The Gambia
    179. Vijana Corps
    180. Wacare Organization
    181. Welfare Association for Development Alternative -WADA
    182. Women Against Violence and Expediency Handling Initiative
    183. Women Friendly
    184. Women Working for Social Progress
    185. World Federalist Movement Canada
    186. World Organisation Against Torture (OMCT)
    187. WORLDLITE
    188. Young Professional Development Society Nepal
    189. Your Health Your Responsibility
    190. Youth Alliance for Rural Development in Liberia Inc.
    191. YOUTH AND ENVIRONMENT VISION
    192. Youth Arm Organization
    193. Youth For The Mission
    194. Youth Harvest Foundation Ghana
    195. YOUTHAID-LIBERIA
    196. Zambian Governance Foundation
    197. Zimbabwe We Want  Poetry Campaign

     

     

  • Anti-corruption and the role of civil society in monitoring IMF emergency funding

    99 civil society organizations have urged the IMF to consistently and formally include anti-corruption measures in its COVID-19 pandemic-related emergency funding and take concrete steps to help protect and empower civil society groups to monitor these funds.

    Managing Director Kristalina Georgieva International Monetary Fund
    700 19th Street NW Washington, DC 20431

    Re: Anti-corruption and the role of civil society in monitoring IMF emergency funding

    Dear IMF Managing Director Kristalina Georgieva:

    We are 99 civil society organizations located around the world and we are writing to request that the International Monetary Fund consistently and formally include anti-corruption measures in its Covid-19 pandemic-related emergency funding and take concrete steps to help protect and empower civil society groups to monitor these funds.

    We are profoundly aware of the devastating scale of the global economic crisis due to the Covid-19 pandemic, and the urgency of providing governments the funds they need to effectively respond. As organizations that closely monitor corruption and its impacts, we also know that transparency and accountability are key to making sure the money the IMF is disbursing actually goes to protecting lives and livelihoods.

    Recognizing this, you urged governments during the Spring 2020 Meetings to “spend what you   can but make sure to keep the receipts. We don’t want transparency and accountability to take the back seat in this crisis.” However, most IMF loan agreements include few or no government commitments to mitigate the risk of corruption. Instead, the Fund appears to be taking a largely retroactive approach that relies on the good faith of governments and the close eye of independent monitoring groups.

    We appreciate that the urgent need for immediate funding and the nature of the Rapid Credit Facility (RCF) and Rapid Financing Instrument (RFI) – the primary instruments for disbursing emergency funding – constrain the Fund’s ability to implement robust anti-corruption measures. However, some governments that have received funds through these mechanisms, such as Gabon,1 have committed to transparency and anti-corruption measures, including:

    • Receiving all emergency funds in a single account with the Treasury and creating a new budget line for coronavirus-related
    • Publishing a procurement plan that includes the names and beneficial ownership information of companies awarded
    • Agreeing to an independent audit within six months of receiving the

    The inclusion of these measures in some cases suggests that it is possible to do so without undue delay. The Fund should apply such measures consistently to all emergency funding.

    Moreover, as the Fund has acknowledged, even these measures would be insufficient to adequately ensure accountability because emergency funding is provided in lump-sum payments. In our communications with the Fund, both staff and board members have emphasized that they intend for civil society groups to play a vital role in filling that gap by closely monitoring government spending and communicating their concerns to the IMF.

    We are grateful that the Fund recognizes the crucial role civil society organizations play in holding their governments accountable, but this is a stopgap measure in the absence of more robust anti- corruption monitoring efforts by the IMF. It would also be imprudent for the Fund to rely on our oversight role without taking concrete steps to protect and strengthen our ability to effectively monitor these funds. Many of our groups work in countries where government spending is opaque, auditors do not exist or are not independent, and authorities do not tolerate criticism. Even where they can operate safely, many groups lack the technical capacity and resources to effectively monitor the billions of dollars in funding that the IMF is disbursing.

    To protect and strengthen civil society monitoring of emergency funding, we urge the Fund to take the following measures:

    1. Require transparency.Monitoring groups are neither law enforcement nor the government’s lender, both of which have authority to investigate and control the funds. The Fund should consistently apply transparency and anti-corruption measures to all loans, such as requiring governments to conduct independent audits and publishprocurement plans, including the names and beneficial owners of all companies awarded
    1. Protect groups’ ability to operate. Numerous countries have laws that limit freedom of association and expression in ways that undermine the ability of civil society groups to safely operate or effectively monitor IMF funds. For example, Sri Lanka has ordered police to arrest those who criticize government officials involved in the coronavirus response.2 In other cases, there is no law or formal order explicitly prohibiting criticism of government policies, but officials nevertheless retaliate against those who criticize them. TheFundshould require governments to commit to respecting the rights of civil society groupsand repeal or amend laws that prevent groups from safely monitoring government spending.
    1. Formally recognize the role of monitoring groups. Monitoring groups can provide the Fund with valuable information regarding government spending, but they need a safe and effective channel to do The IMF should formally recognize independent monitoring organizations as stakeholders in loan agreements and establish a channel for them toreport allegationsof wrongdoing. It should consider engaging select groups as independent monitoring organizations in contexts where corruption risks are especially high.
    1. Strengthengroups’capacities.The IMF’s unprecedented levels of spending, and the importance of the funding in light of the pandemic’s economic impact, has made monitoring government spending of IMF funds a new priority for many of our organizations. At the same time, the economic crisis means that many of our groups have even fewer resources than usual to The Fund should conduct virtual trainings to help build organizational capacity to monitor funds and consider providing willing groups with necessary resources, especially in countries where there are few well-resourced groups monitoring government spending.

    You opened this year’s Spring Meetings by noting that extraordinary times call for extraordinary action. The Fund should apply the same creativity and sense of urgency it has shown to support governments to help civil society groups ensure IMF funds go to the people who need it most.

    We would be happy to meet with you to discuss these issues in more detail and would appreciate learning what steps you have taken in this regard.

    Sincerely,

    4As/MWPC/UCSI
    Abibiman Foundation
    AbibiNsroma Foundation (ANF)
    2 Human Rights Watch, “Sri Lanka Uses Pandemic to Curtail Free Expression,” April 3, 2020, https://www.hrw.org/news/2020/04/03/sri-lanka-uses-pandemic-curtail-free-expression.

    Accountability Lab
    Actions for Development and Empowerment
    Africa Development Interchange Network (ADIN)
    Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ)
    AHAM Humanitarian Resource Center
    Alliance Sud
    ALTSEAN-Burma
    Alyansa Tigil Mina (Alliance to Stop Mining)
    American Jewish World Service
    Arab Watch Coalition
    ARCI
    ARTICLE 19
    Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
    Ayiti Nou Vle A
    BudgIT Foundation
    Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO)
    Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
    Center for International Environmental Law (CIEL)
    Center for Social Awareness, Advocacy and Ethics
    Center for Democratic Education
    Centre for Environmental Justice
    Centre for Human Rights and Development
    CIVICUS
    Conectas
    Connected Development
    Consumer Unity and Trust Society Zambia
    Corporación Acción Ciudadana Colombia - AC-Colombia
    CurbingCorruption
    Development Alliance NGO
    Eastern Social Development Foundation
    Ensemble Contre la Corruption-ECC
    Environics Trust
    Etika Asbl, Luxemburg
    Facing Finance
    FIDH (International Federation for Human Rights)
    First Peoples Worldwide
    FORES - Argentina
    Foundation for the Conservation of the Earth (FOCONE)
    Freedom House

    Fundación Ambiente y Recursos Naturales
    Gambia Participates
    Global Legal Action Network
    Global Network for Sustainable Development
    Global Witness
    Green Advocates International
    Heartland Initiative
    Human Rights Online Philippines (HRonlinePH)
    Human Rights Watch
    IFEX
    Indian Social Action Forum
    Integrity Initiatives International
    Interfaith Center on Corporate Responsibility
    International Accountability Project (IAP)
    International Campaign for the Rohingya
    Jamaa Resource Initiatives
    Liberia CSO Anti-Corruption Coalition - LCACC
    Living Laudato Si' Philippines
    зөвшөөрсөн
    Mongolian Women's Employment Supporting Federation
    NGO Forum on ADB
    Nigeria Network and Campaign for Peace Education
    North East Coordinating Committee
    Oil Workers' Rights Protection Organization Public Union
    OpenCorporates
    Oxfam
    Oyu Tolgoi Watch
    PEFA Forum
    Phenix Center for Economic Studies
    Philippine Misereor Partnership Inc.
    Photo Circle
    Positivo Malawi
    Project Blueprint
    RAID
    Rchard Matey
    Recourse
    Réseau Camerounais des Organisations des droits de l'homme
    Rights CoLab
    Rivers without Boundaries Mongolia

    Sano Paila (A Little Step)
    Sanskriti
    Sayanaa Wellbeing Association
    Shadow World Investigations (formerly Corruption Watch UK)
    Sibuyan Against Mining / Bayay Sibuyanon Inc.
    Slums Information Development and Resource Centers (SIDAREC)
    Task Force Detainees of the Philippines
    The Future We Need
    Umeedenoo
    Universal Rights and Development NGO
    Urgewald
    Witness Radio Organization – Uganda
    Women’s Action Network
    WoMin African Alliance
    YES Project Initiative
    Youth Empowerment & Leadership Foundation
    Youth Group on Protection of Environment
    Zambia National Education Coalition


    1 IMF, Gabon: Request for a Purchase Under the Rapid Financing Instrument, April 16, 2020, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/16/Gabon-Request-for-a-Purchase- Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-Report-49336.

    2 Human Rights Watch, “Sri Lanka Uses Pandemic to Curtail Free Expression,” April 3, 2020, https://www.hrw.org/news/2020/04/03/sri-lanka-uses-pandemic-curtail-free-expression.

     

     

     

     

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