COVID-19
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HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’
CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.
El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola deprotestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.
¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?
La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.
La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.
La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.
La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.
Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.
¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?
La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.
¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?
Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.
En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.
El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.
¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?
La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.
El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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HONG KONG: ‘The National Security Law infringes on freedom of expression and is intensifying self-censorship’
CIVICUS speaks with Patrick Poon, an independent human rights researcher, on the human rights situation in Hong Kong after a new National Security Law (NSL) was passed in June 2020. Patrick is a PhD researcher at the University of Lyon, France, and has previously worked as a China Researcher at Amnesty International and in various positions at China Human Rights Lawyers Concern Group, Independent Chinese PEN Center and China Labour Bulletin.
Civic space in Hong Kong is under renewed attack sincemass protests for democratic freedoms, sparked by a proposed Extradition Bill, began in June 2019. TheCIVICUS Monitor has documented excessive and lethal force by the security forces against protesters, arrests and the prosecution of pro-democracy activists as well as a crackdown on independent media.
Why has the NSL been imposed in Hong Kong and what have its impacts been so far?
The NSL, imposed by the Chinese government on 20 June 2020, without any consultation or legislative oversight, empowers China to extend some of its most potent tools of social control from the mainland to Hong Kong. The law includes the creation of specialised secret security agencies, allows for the denial of the right to a fair trial, provides sweeping new powers to the police, increases restraints on civil society and the media and weakens judicial oversight.
The new law undermines Hong Kong’s rule of law and the human rights guarantees enshrined in Hong Kong’s de facto constitution, the Basic Law. It contravenes the International Covenant on Civil and Political Rights, which is incorporated into Hong Kong’s legal framework via the Basic Law and expressed in its Bill of Rights Ordinance.
The Chinese government’s intention is to use the NSL to curb advocacy and support for independence as more people, especially young people, have increasingly embraced Hong Kong’s autonomy and their identity as Hongkongers. Although Hong Kong’s Basic Law enshrines a high degree of autonomy, the Chinese government apparently regards calls for autonomy and self-governance as a ‘danger to national security’.
The NSL has seriously infringed Hong Kong people’s freedom of expression and is intensifying self-censorship in the city. Under the NSL, people who advocate for independence, as well as politicians and prominent figures who support foreign governments’ sanctions on Hong Kong and Chinese officials who are responsible for enacting the NSL, have been the target of the arbitrary arrests. The government is obviously attempting to scare off others not to follow these people’s calls.
Independent media have also been affected by the crackdown. The arrests of Jimmy Lai, media mogul and founder of popular local paper Apple Daily, and senior executives in his company, signify the government’s attempt to punish news media that are critical of it. Reports about criticism against the NSL and calls for sanctions by foreign government officials become the excuse for the crackdown on independent media. This will have long-term impact on Hong Kong media, even further intensifying self-censorship for some media outlets.
How have civil society and the pro-democracy movement responded?
Civil society has reacted strongly against the law because the process to enact it violated the principle of the rule of law and procedural justice in Hong Kong, and the vague and broad definitions of various provisions of the law exceed the normal understanding of law in the city. Pro-China politicians and government officials have been trying hard to justify the law, but their arguments are preposterous.
How have the opposition and civil society reacted to the government’s decision to postpone the legislative election due to the COVID-19 pandemic?
The 2020 Hong Kong Legislative Council election was originally scheduled for 6 September 2020, but in July the Hong Kong Chief Executive, Carrie Lam, cited an upsurge in COVID-19 infections and used her emergency powers to postpone it for a whole year, so now it’s expected to take place on 5 September 2021. She denied that the change was due to any political speculation, but it was in fact a blow for pro-democracy activists, who were seeking a majority on the Legislative Council.
In the midst of massive protests, pro-democracy candidates had already won by a landslide in the 2019 District Council election. Along with the new NSL, the postponement of the election was viewed as part of the government’s strategy to neutralise the pro-democracy movement. Just prior to the announcement that the election was being postponed, 12 opposition candidates were disqualified from running, and four young former members of a pro-independence student group were arrested under the NSL for their pro-independence posts on social media.
The postponement of the election created some conflict among the pro-democracy camp, with some calling for keeping up the fight in the Legislative Council and others urging a boycott over the government’s decision to postpone the elections. From the government’s decision to disqualify some pro-democracy candidates for their political views, it is clear that the government doesn’t want to hear any opposition voices in the legislature.
What can the international community and international civil society organisations do to support civil society in Hong Kong?
Civil society in Hong Kong needs to work together to ensure that the Chinese government and the Hong Kong government will not abuse the NSL to curb all dissenting views and closely monitor if the government abides by the principle of the rule of law and international human rights standards.
The international community should continue speaking up against the Chinese and Hong Kong government’s crackdown on civil society and keep raising concerns about the NSL, which is being forcibly imposed on Hong Kong by the Chinese government in the name of national security, but in fact is no more than an attempt to silence dissenting views in the city. The international community should send a clear message that national security should not be used as an excuse to crack down on the freedom of expression.
Civic space in China is rated as ‘closed’ by theCIVICUS Monitor.
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Hong Kong: A year on, the National Security Law has crushed civic freedoms
New research on the state of civic freedoms in Hong Kong - a look at restrictions over the past year
CIVICUS, the global civil society alliance, is extremely concerned about the alarming regression of civic freedoms in Hong Kong. One year one from the passage of the draconian National Security Law, our research shows it has been weaponised to target dozens of pro-democracy activists and has created a chilling effect within civil society.
The National SecurityLaw (NSL) punishes four types of activities: secession, subversion, terrorism and collusion with “foreign forces”, all carrying a maximum sentence of life in prison.These offences are vaguely defined and can easily become catch-all offences to prosecute activists and critics with potentially heavy penalties.
TheNSLestablishes new national security bodieswhich are partially or fully controlled by People’s Republic of China (PRC) officials, in violation of the Basic Law.It gives Hong Kong police sweeping new powers including to conduct warrantless searches and covert surveillance, and to seize travel documents of those suspected of violating the security law. The law also contravenes the UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary and undermines the right to a fair trial by a competent, independent and impartial tribunal, guaranteed under Article 14 of the InternationalCovenant on Civil and Political Rights (ICCPR)."The national security law has become the most dangerous threat to civic freedoms in Hong Kong and has allowed for any form of dissent to be criminalised. The law has increased the climate of fear in Hong Kong and has been weaponised to target government critics, including people who are merely expressing their views or protesting peacefully”,said David Kode, Head of Advocacy at CIVICUS
Morethan ahundred people have been arrested underthe National Security Law including pro-democracyactivists,formerlawmakers,lawyers,journalists and students.Activists have been accused of inciting or abetting secession or subversion just for showing leaflets and banners with reference to Hong Kong Independence or for their social media posts.
In January2021, 55 people,including pro-democracy activists,opposition candidates, former lawmakers and lawyers, were arrested and detained under law for ‘subversion’ for holding and participating in primaryelections held by Hong Kong’s pro-democratic party in July 2020. 47 of the activists have been charged.
TheNSL has alsodramatically changed the environment for civil society in Hong Kong, greatly impeding the ability of civil society to carryout their work.Some have quit on the eve of the law’s introduction while others have exercised greater caution in their activities. The chilling effect of the crackdown on the entire sector cannot be overstated.
The lawhas also been deployed against the media. Media owner Jimmy Lai, the founder of Apple Daily, a major pro-democracy newspaper, has been detained since December2020. He is facing multiple charges, including ‘colluding with foreign forces’. In May 2021, authorities announcedthey had frozen assets belonging to Lai under the national security law marking the first time a company has been targeted by the controversial legislation. On 17 June, six of the newspaper’s staff and executives were arrested for their role inthe publication of more than 30 articles that called on foreign countries to impose sanctions. All were charged under the NSL. Apple Daily ceased operations on 26 June.
“The use of the national security law to silence activism is a violation of international law. The repression against pro-democracy activists and other critics has led to the dismantling of civil society in Hong Kong, forcing many to flee the territory. The international community must not remain silent in the face of such abuses but must stand up and stand in solidarity with those defending human rights” said David Kode.
Since 2019, theHong Kong authorities have also deployed other laws to criminalise peaceful protests in particular the Public Order Ordinance which has been used to charge activists holding and participating in an ‘unauthorised assembly’, It carries a maximumfive-year sentence. The UN Human Rights Committee has criticised the law, saying that “it may facilitate excessive restriction” to basic rights.
Pro-democracyactivist Joshua Wong was sentenced to 13 and a half months in December 2020 for a mass protest outside a police station in June 2019. Wong’slong-time fellow activists Agnes Chow and Ivan Lam were also sentenced to 10 and seven months in prison for ‘incitement,’ referring to their use of a megaphone to shout slogans during the protest.
In April 2021,the courts sentenced ten pro-democracy activists to between eight and 18 months in prison for gatherings that were part of a series of mass protests triggeredby the proposed Extradition Bill. In May 2021, eight activists were sentenced for organising a protest in October 2019. More recently, On 4 June 2021, the authorities bannedthe annual Tiananmen massacre vigil for a second straight year and arrested barrister and activist Chow Hang Tung for breaching section 17A(1D) of the Public Order Ordinance by ‘promoting an unauthorised assembly’.
More information
Download the Hong Kong research brief here.
Interviews
To arrange interviews, please contact Josef Benedict, CIVICUS Asia-Pacific Civic Space Researcher and
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Hong Kong: A year on, the National Security Law has crushed civic freedoms
New research on the state of civic freedoms in Hong Kong - a look at restrictions over the past year
CIVICUS, the global civil society alliance, is extremely concerned about the alarming regression of civic freedoms in Hong Kong. One year one from the passage of the draconian National Security Law, our research shows it has been weaponised to target dozens of pro-democracy activists and has created a chilling effect within civil society.
The National SecurityLaw (NSL) punishes four types of activities: secession, subversion, terrorism and collusion with “foreign forces”, all carrying a maximum sentence of life in prison.These offences are vaguely defined and can easily become catch-all offences to prosecute activists and critics with potentially heavy penalties.
TheNSLestablishes new national security bodieswhich are partially or fully controlled by People’s Republic of China (PRC) officials, in violation of the Basic Law.It gives Hong Kong police sweeping new powers including to conduct warrantless searches and covert surveillance, and to seize travel documents of those suspected of violating the security law. The law also contravenes the UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary and undermines the right to a fair trial by a competent, independent and impartial tribunal, guaranteed under Article 14 of the InternationalCovenant on Civil and Political Rights (ICCPR)."The national security law has become the most dangerous threat to civic freedoms in Hong Kong and has allowed for any form of dissent to be criminalised. The law has increased the climate of fear in Hong Kong and has been weaponised to target government critics, including people who are merely expressing their views or protesting peacefully”,said David Kode, Head of Advocacy at CIVICUS
Morethan ahundred people have been arrested underthe National Security Law including pro-democracyactivists,formerlawmakers,lawyers,journalists and students.Activists have been accused of inciting or abetting secession or subversion just for showing leaflets and banners with reference to Hong Kong Independence or for their social media posts.
In January2021, 55 people,including pro-democracy activists,opposition candidates, former lawmakers and lawyers, were arrested and detained under law for ‘subversion’ for holding and participating in primaryelections held by Hong Kong’s pro-democratic party in July 2020. 47 of the activists have been charged.
TheNSL has alsodramatically changed the environment for civil society in Hong Kong, greatly impeding the ability of civil society to carryout their work.Some have quit on the eve of the law’s introduction while others have exercised greater caution in their activities. The chilling effect of the crackdown on the entire sector cannot be overstated.
The lawhas also been deployed against the media. Media owner Jimmy Lai, the founder of Apple Daily, a major pro-democracy newspaper, has been detained since December2020. He is facing multiple charges, including ‘colluding with foreign forces’. In May 2021, authorities announcedthey had frozen assets belonging to Lai under the national security law marking the first time a company has been targeted by the controversial legislation. On 17 June, six of the newspaper’s staff and executives were arrested for their role inthe publication of more than 30 articles that called on foreign countries to impose sanctions. All were charged under the NSL. Apple Daily ceased operations on 26 June.
“The use of the national security law to silence activism is a violation of international law. The repression against pro-democracy activists and other critics has led to the dismantling of civil society in Hong Kong, forcing many to flee the territory. The international community must not remain silent in the face of such abuses but must stand up and stand in solidarity with those defending human rights” said David Kode.
Since 2019, theHong Kong authorities have also deployed other laws to criminalise peaceful protests in particular the Public Order Ordinance which has been used to charge activists holding and participating in an ‘unauthorised assembly’, It carries a maximumfive-year sentence. The UN Human Rights Committee has criticised the law, saying that “it may facilitate excessive restriction” to basic rights.
Pro-democracyactivist Joshua Wong was sentenced to 13 and a half months in December 2020 for a mass protest outside a police station in June 2019. Wong’slong-time fellow activists Agnes Chow and Ivan Lam were also sentenced to 10 and seven months in prison for ‘incitement,’ referring to their use of a megaphone to shout slogans during the protest.
In April 2021,the courts sentenced ten pro-democracy activists to between eight and 18 months in prison for gatherings that were part of a series of mass protests triggeredby the proposed Extradition Bill. In May 2021, eight activists were sentenced for organising a protest in October 2019. More recently, On 4 June 2021, the authorities bannedthe annual Tiananmen massacre vigil for a second straight year and arrested barrister and activist Chow Hang Tung for breaching section 17A(1D) of the Public Order Ordinance by ‘promoting an unauthorised assembly’.
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HONGRIE : « Les personnes transgenres se voient retirer leurs droits »
Une nouvelle loi, adoptée en Hongrie en pleine pandémie de COVID-19, empêche les personnes transgenres de changer le genre sur leurs documents. CIVICUS s’entretient avec Krisztina Kolos Orbán, au poste de vice-présidence de l’association Transvanilla Transgender, une organisation hongroise qui défend les droits des personnes transgenres. Fondée en tant qu’initiative populaire en 2011, Transvanilla est la seule organisation enregistrée en Hongrie qui se concentre exclusivement sur les droits des personnes transgenres et les questions de non-conformité de genre. Elle milite pour la promotion de la reconnaissance du genre et des soins de santé trans-spécifiques au niveau national. Elle surveille également la discrimination et la violence fondées sur l’expression et l’identité de genre, et facilite l’organisation d’espaces et d’événements communautaires pour accroître la visibilité des questions et des personnes transgenres en Hongrie.Quelle a été la situation des droits LGBTQI+ en Hongrie ces dernières années ?
En 2012, ILGA Europe a classé la Hongrie au 9ème rang sur 49 pays européens en termes de droits LGBTQI+, mais en 2019, nous avons reculé à la 19ème place et en 2020, nous avons de nouveau chuté à la 27ème place. L’année dernière, c’est la Hongrie qui a connu la plus forte baisse de son classement, et ce pour plusieurs raisons. En 2012, les choses semblaient plutôt positives sur le papier, mais depuis, de nouvelles mesures ont été introduites car le contexte des droits humains a changé. La Hongrie n’a pas fait de progrès ni suivi les recommandations internationales. L’autre facteur est l’énorme recul que nous avons connu ces dernières années. Auparavant, ce gouvernement n’avait pas supprimé les droits des personnes, même s’il avait certainement essayé, et nous savions qu’il ne soutenait pas les droits des personnes LGBTQI+. Mais maintenant nos droits nous sont retirés.
En ce qui concerne les droits des transgenres, notre législation contre la discrimination et les crimes haineux, qui semble être assez bonne, mentionne spécifiquement l’identité de genre. Mais cela n’existe que sur le papier, car jusqu’à présent, aucun crime haineux motivé par l’identité de genre n’a été traduit en justice. De même, il y a eu très peu d’affaires axées sur la lutte contre la discrimination, car la loi n’est pas appliquée. Il n’existe pas de plan d’action national pour lutter contre la discrimination fondée sur l’identité de genre.
Par conséquent, les droits des personnes transgenres n’ont jamais été légalement garantis. En termes de reconnaissance légale du genre et de soins médicaux spécifiques pour les personnes transgenres, il n’existe pas de lois ou de directives nationales. Toutefois, les pratiques se sont améliorées. Depuis 2003, les personnes transgenres peuvent modifier leur certificat de naissance, changer leur identité de genre et leur nom sur la base d’un diagnostic de santé mentale, sans autre intervention médicale. À l’époque, c’était incroyable. Le gouvernement avait promis de légiférer à ce sujet, mais ne l’a pas fait. Jusqu’à présent, aucun gouvernement ne s’est même penché sur la question. En conséquence, il n’existe aucune législation pour soutenir ces procédures administratives, qui n’ont même pas été annoncées sur le site web du gouvernement. Pendant un certain temps, tout allait bien, car la pratique était fiable et les procédures étaient plutôt favorables aux personnes transgenres. Les personnes qui ont fourni les documents requis ont pu changer leur certificat de naissance et le processus a été relativement facile et rapide. Mais le fait que cette pratique ne soit pas protégée par la loi n’est pas un détail mineur. Aujourd’hui, cette pratique a été rendue illégale. C’était un grand pas en arrière.
En 2020, le Parlement a adopté, par 133 voix contre 57, une nouvelle réglementation qui ne reconnaît que le sexe attribué à la naissance et empêche les personnes transgenres de changer légalement de sexe et d’obtenir de nouveaux documents. Les dispositions sont contenues dans l’article 33 d’un projet de loi omnibus qui a été introduit le 31 mars et adopté le 19 mai. L’article 33 est en contradiction non seulement avec les normes internationales et européennes en matière de droits humains, mais aussi avec les précédents arrêts de la Cour constitutionnelle hongroise, qui a clairement indiqué que le changement de nom et d’identité de genre est un droit fondamental des personnes transgenres. En 2016, puis en 2018, le commissaire aux droits fondamentaux a publié des rapports indiquant que les autorités devraient adopter une législation adéquate pour consacrer ce droit fondamental.
Ce changement juridique s’inscrit dans le cadre de l’offensive contre le genre menée par le parti chrétien-démocrate, qui fait partie de la coalition gouvernementale. Ce parti a déjà interdit les études de genre et affirmé que le genre n’existe pas, puisqu’il n’y a même pas de mots distincts pour le sexe et le genre dans la langue hongroise. Cependant, l’année dernière, elle a eu recours à l’utilisation du mot « genre » en anglais pour attaquer le genre en tant que concept. Cela fait donc partie d’une offensive plus large contre la soi-disant « idéologie du genre ». La protection de ce que la nouvelle loi appelle le « sexe à la naissance » fait partie de cette offensive. Au cours des six dernières années, nous avons travaillé à l’élaboration d’une législation sur ces questions et, au départ, nous pensions que les autorités souhaitaient également s’en occuper, mais après un certain temps, il nous est apparu clairement que nos initiatives étaient bloquées.
Il est difficile de travailler avec les autorités. Elles ne nous donnent pas beaucoup d’informations. Nous n’avons pas accès aux fonctionnaires ayant un pouvoir de décision, nous ne pouvons donc parler qu’à des fonctionnaires de rang inférieur, qui ont manifestement peur de nous donner des informations. Il n’y a pas de débat public et la société civile n’est pas impliquée. Nous n’avons pas été consultés sur les changements apportés concernant le Registry Act. Cette proposition émanait du gouvernement, et plus particulièrement des membres chrétiens de la coalition gouvernementale, et était soutenue par des organisations de la société civile (OSC) qui défendent les soi-disant « valeurs familiales ». Le moment choisi a également soulevé de nombreuses questions : pourquoi était-il si important d’aborder cette question en pleine pandémie ? Pourquoi maintenant, et pourquoi de cette manière ?
Quelles sont les principales restrictions aux libertés d’organisation, d’expression et de protestation que connaît la communauté LGBTQI+ hongroise ?
En Hongrie, il existe une loi sur les ONG qui oblige les OSC dont les revenus dépassent un certain montant à s’enregistrer si elles reçoivent des fonds étrangers. Le seuil est relativement bas, si bien que de nombreuses OSC, dont nous-mêmes, doivent s’enregistrer. Il existe une liste des OSC financées par des fonds étrangers qui est publiée et que tout le monde peut consulter. Ce n’est pas un secret que nous recherchons des fonds étrangers parce que nous ne pouvons pas accéder à des fonds en Hongrie. Le gouvernement qualifie les OSC, et notamment celles qui le critiquent, d’« ennemis » du peuple hongrois. Évidemment, cela a également affecté les organisations LGBTQI+.
Il ne s’agit pas seulement de rhétorique. Dans la pratique, le gouvernement ne consulte pas les OSC qui sont indépendantes ou qu’il n’aime pas, notamment notre organisation. Les instructions visant à marginaliser ces organisations viennent du sommet du gouvernement, et si certains fonctionnaires de niveau inférieur peuvent essayer de nouer le dialogue avec nous, ils n’y sont pas autorisés. Comment les OSC peuvent-elles mener des actions de sensibilisation ou traiter avec les autorités si les fonctionnaires n’ont aucun contact avec elles ?
En outre, la plupart des médias sont contrôlés par le gouvernement, et le reste tend à avoir une perspective néolibérale, ce qui en rend généralement difficile l’accès aux organisations ayant un programme différent, comme Transvanilla.
Notre liberté de mener nos activités légitimes est également remise en question. L’année dernière, par exemple, plusieurs attaques ont été perpétrées contre des événements organisés pendant le mois de la Fierté. Un événement de speed dating pour les personnes pansexuelles qui avait été organisé par Transvanilla a été perturbé par des militants d’extrême droite. Nous n’avons pas pu poursuivre l’événement et la police ne nous a pas protégés. Les militants d’extrême droite ont filmé les participants pendant plus d’une heure et nous n’avons pas été autorisés à fermer les portes. Ils agissaient manifestement dans l’illégalité, mais la police n’a pris aucune mesure à leur encontre. Dans d’autres cas, des militants d’extrême droite ont détruit ou endommagé des lieux de réunion. Il s’agissait de situations nouvelles : par le passé, lorsque de telles choses se produisaient, nos événements bénéficiaient d’une protection policière.
Année après année, des tentatives ont également été faites pour interdire les événements de la Fierté, mais les tribunaux ont statué qu’ils ne pouvaient pas être interdits. C’est un combat permanent. Les autorités ont clôturé les itinéraires du défilé des Fiertés sous le prétexte de protéger les marcheurs, mais il s’agissait en fait d’une tentative flagrante de restreindre leurs déplacements.
Comment la communauté LGBTQI+ a-t-elle réagi à l’adoption de la nouvelle loi ?
Cela a été un événement traumatisant parce que c’était clairement une attaque contre nous. Cet amendement ne concerne que les personnes transsexuelles et intersexes qui souhaitent changer leur identité de genre et les personnes trans qui, bien que ne souhaitant pas changer leurs identités de genre, aimeraient tout de même changer leur nom, ce qui n’est plus possible en Hongrie. Mais toutes les personnes LGBTQI+ se sentent désormais comme des citoyens de seconde zone, des parias qui ne sont pas respectés par le gouvernement.
Personnellement, en tant que personne non-binaire, la loi a eu un grand effet sur moi, car mon identité était loin d’être reconnue dans mes documents, et maintenant j’en suis encore plus loin. Beaucoup de mes amis qui étaient sur le point de changer leur identité légale de genre sont dans l’incertitude. Au moins une centaine de dossiers initiés avaient déjà été suspendus au cours des deux dernières années et demie parce que les demandes n’étaient pas évaluées. Ces gens ont perdu tout espoir. Ils sont frustrés et dévastés.
Il y a aussi la peur parce que nous ne savons pas ce qui va suivre, ce qui nous attend. Bien que la loi puisse être contestée, cela pourrait prendre de nombreuses années. Et même si nous nous débarrassons de cette loi, la situation risque de ne pas s’améliorer. Certaines personnes ont des sentiments suicidaires, beaucoup veulent quitter le pays. Une grande partie de la communauté souffre en silence et ne peut faire entendre sa voix. Si quelques activistes ont émergé de cette situation et gagnent en visibilité, la grande majorité souffre dans la solitude de leur foyer. Les gens étaient déjà isolés auparavant, et cela ne va pas s’améliorer. À partir de maintenant, de plus en plus de personnes vont cacher leur identité.
Depuis 2016, des problèmes sont apparus dans les procédures administratives, si bien qu’un nombre croissant de personnes ayant commencé leur transition peuvent avoir une apparence différente du sexe enregistré sur leurs documents. Et si une personne est ouvertement et visiblement transgenre, il lui est difficile de trouver un emploi ; la discrimination fait partie du quotidien. Et maintenant, c’est de pire en pire. Nous avons constaté une augmentation des niveaux de discrimination, non seulement dans l’emploi mais aussi dans la vie quotidienne. En Hongrie, les gens doivent présenter leurs documents d’identité très souvent, vous êtes donc obligé de vous montrer tout le temps. Les gens ne vous croient pas et vous questionnent. Par exemple, récemment, une personne transgenre essayait d’acheter une maison et l’avocat qui rédigeait le contrat a émis des doutes sur sa carte d’identité parce qu’elle ne correspondait pas à sa description de genre.
Compte tenu des restrictions à la liberté de réunion pacifique imposées dans le cadre de la pandémie de COVID-19, quel plaidoyer et quel type de campagnes avez-vous pu développer pour empêcher l’adoption de l’article 33 ?
Chez Transvanilla, nous sommes très stratégiques : nous n’entreprenons que des activités qui peuvent avoir un impact. Par conséquent, nous ne nous concentrons pas sur le contexte hongrois. Au Parlement, l’opposition est impuissante car le Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orbán, dispose de deux tiers des sièges et peut donc l’emporter à chaque vote. Nous savions également que nous ne pourrions pas mobiliser suffisamment de personnes : il n’était pas possible de sortir en masse dans les rues à cause de la pandémie, ce n’était donc même pas une option. Si cela ne s’était pas produit pendant la pandémie, certaines organisations auraient peut-être essayé d’organiser des protestations. Jusqu’à ce que l’amendement soit proposé, Transvanilla n’a pas soulevé publiquement la question de la reconnaissance légale du genre car nous faisions un plaidoyer silencieux. Le 1er avril, lorsque nous avons entendu parler de cette initiative, nous avons demandé à la communauté internationale d’élever la voix publiquement et d’engager un dialogue multilatéral avec notre gouvernement sur cette question.
Nous avons attiré l’attention internationale, et de nombreuses voix internationales se sont élevées contre la proposition. En avril 2020, nous avons également fait appel au commissaire hongrois aux droits fondamentaux et lui avons demandé de faire tout son possible pour empêcher l’amendement. Bien sûr, nous avons interagi avec les médias internationaux et nationaux. Nous avons lancé une pétition et avons réussi à recueillir plus de 30 000 signatures. Aujourd’hui, nous adressons une nouvelle pétition à l’Union européenne (UE) et nous espérons qu’elle aura un effet.
En bref, nous avons fait appel au médiateur, qui aurait pu intervenir, mais ne l’a pas fait, et nous avons exercé une pression internationale sur le gouvernement, ce qui fonctionne parfois, mais cette fois-ci, cela n’a pas fonctionné. La loi a été adoptée, et le jour de son entrée en vigueur, nous avons déposé deux plaintes auprès de la Cour constitutionnelle. Le tribunal pourrait les rejeter pour n’importe quelle raison, mais nous espérons qu’il ne le fera pas. Dans le même temps, nous faisons pression sur le commissaire aux droits fondamentaux, car il a le pouvoir de demander à la Cour constitutionnelle d’examiner la loi, et s’il le fait, la Cour doit le faire. La pression est très importante et de nombreux acteurs internationaux apportent leur aide, notamment Amnesty International Hongrie, qui a lancé une campagne. Nous avons 23 affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), toutes concernant la reconnaissance du genre, dont les demandeurs sont représentés par notre avocat. Le gouvernement et les autres parties intéressées avaient jusqu’à juin 2020 pour résoudre ces affaires, et s’ils ne le faisaient pas, la Cour devait prendre une décision. En raison de la pandémie de COVID-19, l’échéance pour le gouvernement a été repoussée à septembre 2020, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais compte tenu des antécédents de la Cour européenne des droits de l’homme, nous sommes convaincus qu’elle respectera les droits des personnes transgenres. Nous continuerons à porter des affaires devant ce tribunal et à représenter les personnes qui ont été spécifiquement affectées par cette loi. Nous voulons faire pression sur le tribunal pour qu’il prenne une décision le plus rapidement possible.
Nous continuons également à nous engager auprès des mécanismes des droits humains de l’UE, du Conseil de l’Europe et de l’ONU. Nous avons réussi à ce que de nombreuses OSC signent une déclaration afin de faire pression sur la Commission européenne (CE), qui est restée jusqu’à présent silencieuse sur la question. Nous voulons nous assurer que ce qui s’est passé en Hongrie ne se reproduise pas dans d’autres pays. Nous avons donc créé une alliance de la société civile pour faire passer le message selon lequel, si d’autres gouvernements tentent de faire la même chose, ils se heurteront à une forte résistance. Et, bien sûr, nous essayons toujours de communiquer avec les ministères, bien que nous leur ayons envoyé des lettres et que nous n’ayons pas reçu de réponse.
Comment un gouvernement de plus en plus autoritaire comme celui de la Hongrie peut-il être tenu pour responsable ?
Nous avons essayé de nous engager directement avec le gouvernement pour lui demander des comptes, mais cela n’a pas fonctionné jusqu’à présent. Nous représentons un groupe minoritaire et nous ne pouvons pas lutter seuls contre ce gouvernement. Mais les institutions internationales influencent parfois les actions du gouvernement. Nous espérons qu’une décision de justice de la CEDH ou de la Cour constitutionnelle aura un effet.
Malheureusement, ce que nous avons vu depuis 2010, c’est qu’en raison de la façon dont elle est conçue, l’UE ne peut pas prendre de mesures définitives contre un pays, surtout si ce pays n’est pas seul. Et c’est ce qui se passe dans ce cas, car la Pologne et la Hongrie se soutiennent toujours mutuellement. Les citoyens ont le sentiment que l’UE n’a pas la volonté politique d’agir. Nous continuons sans cesse de répéter que l’UE devrait couper les fonds, car la Hongrie vit grâce à l’argent de l’UE et si l’UE coupe le flux de fonds, le gouvernement commencera à se comporter différemment. Mais l’UE refuse de le faire.
L’UE devrait agir non seulement sur cette législation spécifique, mais aussi sur des questions plus larges liées à l’État de droit et aux droits fondamentaux en Hongrie. Elle devrait faire quelque chose à propos de ses propres États membres, ou alors ne pas faire de commentaires sur les pays tiers. Le fait que la CE ne mentionne pas explicitement la Hongrie est scandaleux. Lorsque la loi d’autorisation a été adoptée à la fin du mois de mars, donnant au Premier ministre Orbán des pouvoirs supplémentaires pour lutter contre la pandémie, la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, a fait une déclaration qui faisait clairement référence à la Hongrie, mais sans mentionner le pays nommément, dans la mesure où la Hongrie a également signé la déclaration. La commissaire européenne à l’égalité a récemment été invitée à condamner la Hongrie pour l’amendement visant les personnes transgenres, et elle a refusé de le faire ; elle a préféré parler des droits des transgenres en général. C’est inacceptable.
L’UE ne doit pas se contenter de parler, elle doit aussi agir vis-à-vis de la Hongrie et de la Pologne. Si la CE continue à refuser de s’attaquer à la situation sur le terrain, nous ne savons vraiment pas vers qui nous tourner. Jusqu’à présent, le gouvernement a suivi les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, mais cette année, il a cessé d’obéir aux décisions des tribunaux hongrois, ce qui est très inquiétant. En 2018, une décision de la Cour constitutionnelle dans le cas d’un réfugié transgenre a obligé le Parlement à adopter une législation sur la reconnaissance légale du genre pour les citoyens non hongrois, ce qu’il n’a pas encore fait.
De quel soutien les OSC hongroises ont-elles besoin de la part de la société civile internationale ?
Il est important d’essayer d’unifier les différents mouvements et de servir de pont entre eux, et je pense que les OSC internationales peuvent jouer un rôle à cet égard. En tant qu’organisation transgenre, nous nous occupons des personnes transgenres, mais il y a une immense diversité : il y a des personnes transgenres migrantes, des personnes transgenres roms, des personnes transgenres handicapées, et nous devons tous nous unir. De plus, même si ce sont actuellement les personnes transgenres qui sont visées en Hongrie, nous ne savons pas quel sera le prochain groupe vulnérable sur la liste, et je pense que les OSC internationales devraient se préoccuper de tout le monde. Elles devraient également contribuer à sensibiliser les institutions internationales ; en Hongrie, par exemple, la pression internationale est importante car Orbán se soucie parfois encore de la manière dont le pays est perçu à l’étranger. L’implication de la communauté internationale est donc utile. La société civile internationale peut également contribuer à fournir de bons exemples, car plus la situation des personnes transgenres sera améliorée dans d’autres pays, plus grande sera la honte du gouvernement hongrois. Mais si d’autres pays de l’UE commencent à suivre la Hongrie, alors le gouvernement s’en tirera à bon compte. Des organisations comme CIVICUS peuvent aider à unir la société civile.
L’espace civique en Hongrie est classé « obstrué » par leCIVICUS Monitor. La Hongrie figure également sur notre liste de surveillance de l’espace civique.
Contactez l’association Transvanilla Transgender Association via sonsite web ou son profilFacebook,et suivez@Transvanilla sur Twitter et@transvanilla.official sur Instagram.
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Human Rights Council adopts resolution on peaceful protests
Reaction to resolution on peaceful protests at the 44th Session of the UN Human Rights Council
With the adoption of a new resolution on peaceful protests, the Human Rights Council has sent a strong message that it stands by peaceful protesters who mobilise for change, and that law enforcement officials who perpetrate violence against protesters must be held to account.
All over the world, protesters have been mobilizing and standing up to win better working conditions, further equality, and end forms of oppression. But in too many cases, from Chile to Hong Kong to the US, protesters, protest monitors and journalists have been met with repression and police brutality, often with complete impunity. We urge states to ensure full accountability for human rights violations perpetrated by law enforcement in the context of peaceful protests.
The COVID-19 pandemic has accelerated the urgency of the protection of online assembly. Given this context, CIVICUS welcomes that the resolution strongly reaffirms that the rights of peaceful assembl guaranteed offline are also guaranteed online. We thank Switzerland and Costa Rica in bringing forward this resolution, which could not come at a more critical time for the protection of peaceful protests worldwide.
The resolution mandates the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association to prepare over the next two years a dedicated report on the protection of human rights in the context of peaceful protests during crisis situations. It also provides for a panel discussion on the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests, looking at achievements and contemporary challenges, at the Council Session next June.
Current council members:
Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Eritrea, Fiji, Germany, India, Indonesia, Italy, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Poland, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, Somalia, Sudan, Spain, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela
Civic space ratings from the CIVICUS Monitor
OPEN NARROWED OBSTRUCTED REPRESSED CLOSED -
Human Rights Council: Restrictions on civil society will curtail any chance of building back better
Statement at the 46th Session of the UN Human Rights Council
Thank you, Madame President; High Commissioner.
We welcome your update and strongly agree that recovering better requires ensuring participation for all. In this very difficult year, we are encouraged that civic activism has continued as people have mobilised to demand their rights.
But across the world, civil society has been impeded in its work. The CIVICUS Monitor shows that in the context of COVID-19 measures, protest rights have been violated and restrictions on freedom of expression continue as states enact overly broad emergency legislation that limits human rights.
We reiterate that restrictions on civil society will curtail any chance of building back better. States should indeed be investing in protecting and promoting a free and independent civil society at this crucial time.
The Council has the opportunity to act immediately on a number of situations where civic space is being threatened. In Sri Lanka, attacks against civil society are compounding grave failures of accountability. In Nicaragua, where ahead of elections, restrictions on civic space and expressions of dissent are likely to escalate. Myanmar, where we are inspired by the courage of people who risk lives and freedom every day to protest the coup, who continue to fear violent crackdown on dissenting voices. In India, where the government has continued its persecution of human rights defenders, student leaders, journalists and other critics, including through restrictive laws, prolonged pre-trial detention and excessive force perpetrated against protesters.
We call on the Council this Session to take measures to support civil society by acting now, on the situations brought before it. Situations which require immediate action.
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HUNGARY: ‘Trans people are having our rights being taken away’
A new law in Hungary, passed at the height of the COVID-19 pandemic, prevents trans people from legally changing their gender. CIVICUS speaks to Krisztina Kolos Orbán, Vice-President of the Transvanilla Transgender Association, a Hungarian organisation that advocates for trans people’s rights. Founded as a grassroots initiative in 2011, Transvanilla is the only organisation registered in Hungary with an exclusive focus on transgender rights and gender non-conforming issues. It drives advocacy on gender recognition and trans-specific healthcare at the national level. It also monitors discrimination and violence based on gender expression and gender identity and facilitates community gatherings and other events to raise the visibility of transgender issues and transgender people in Hungary.
What has been the situation of LGBTQI+ rights in Hungary over the past few years?
In 2012, ILGA Europe ranked Hungary ninth among 49 European countries regarding the rights of LGBTQI+ people, but in 2019 we had regressed to 19th and in 2020 we have further dropped down to 27th. This past year Hungary’s rating has declined the most, and there are various reasons. In 2012 things looked pretty good on paper, but since then new measures were introduced as the human rights landscape has changed. Hungary has not moved forward or followed international recommendations. The other factor has been the huge backlash that we have experienced over the past couple of years. Previously this government had not taken rights away from people, although it had certainly tried, and we knew that it was not LGBTQI+-friendly. But now we are having our rights being taken away.
If we focus on transgender rights, gender identity is a specific ground mentioned in our legislation on both anti-discrimination and hate crimes, which appears to be rather good. But this only exists on paper, as no hate crimes based on gender identity have been taken to court thus far. Similarly, there have been very few cases focused on anti-discrimination because the law is not being implemented. There is no national action plan to combat discrimination based on gender identity.
Therefore, transgender rights were never guaranteed by law. When it comes to legal gender recognition and trans-specific healthcare there were no laws or national guidelines. However, practices had improved. Since 2003, transgender people have been able to change their birth certificates, gender markers and first names based on a mental health diagnosis; no other medical intervention was required. Back then this was amazing. The government promised to create legislation but failed to do so. Until now, no government even addressed the issue. As a result, no legislation backed these administrative procedures, which were not even published on the government's website. But for the time being things were okay because the practice was reliable and procedures were rather trans-friendly. Those who provided the required documentation were able to change their birth certificates and it was relatively easy and fast. But the fact that the practice was not protected by legislation was not a minor detail. We see it now that the practice has become illegal. It has been a huge step backwards.
In 2020, new regulations that only recognise the sex assigned at birth and prevent transgender people from legally changing their gender and obtaining new documentation were passed by parliament by a 133 to 57 vote margin. They are contained in article 33 of an omnibus bill that was introduced on 31 March and approved on 19 May. Article 33 contradicts not just international and European human rights standards but also previous rulings by the Hungarian Constitutional Court, which has previously made it clear that changing your name and gender marker is a fundamental right for trans people. The Commissioner for Fundamental Rights issued a report in 2016 and another in 2018 that stated that the authorities need to enact proper legislation because this is a fundamental right.
This law change fits into the fight against gender led by the Christian Democratic party, which is part of the governing coalition. This party has already banned gender studies and has argued that there is no such thing as gender, as in the Hungarian language there are not even separate words for ‘sex’ and ‘gender’. But in the past year, it has resorted to using the word ‘gender’ in English so as to be able to attack gender as a concept. So this is part of a larger attack against so-called ‘gender ideology’. The protection of what the new law calls ‘sex at birth’ is a part of this. For the past six years we have worked to come up with legislation on these issues, and initially we thought the authorities wanted to tackle it as well, but after a while it became obvious to us that our initiatives were being blocked along the way.
It is difficult to engage with the authorities. We don’t get much information from them. We cannot get to those with decision-making authority; we can only talk to low-ranking officials, who are obviously afraid to give us information. There is no public discussion and civil society is not involved. We were not consulted regarding these specific changes to the Registry Act. The proposal came from the government, and specifically from the Christian members of the government coalition, and was supported by civil society organisations (CSOs) that promote so-called ‘family values’. Timing also raised a lot of questions. Why was it so important to address this issue in the middle of a pandemic? Why now, and why in this way?
What are the main restrictions that the Hungarian LGBTQI+ community experiences on their freedoms to organise, speak up and protest?
In Hungary there is an NGO law that requires CSOs to register if they receive foreign funding, if their income is above a certain amount. The threshold is relatively low, so many CSOs, including us, must register. There is a list of foreign-funded CSOs that is published and publicly available. It is no secret that we seek foreign funding because we cannot access funds in Hungary. The government refers to CSOs, and particularly to those that criticise the government, as ‘enemies’ of the Hungarian people. This has obviously affected LGBTQI+ organisations too.
This is not just rhetoric. In practice, the government does not consult with CSOs that are independent or that they don’t like, including us. Instructions to marginalise these organisations come from the top levels of government, and while some lower-level officials might want to try to engage with us, they are not allowed to do so. How can CSOs conduct advocacy or engage with the authorities if public officials are banned from any contact with us?
Additionally, most media are controlled by the government, and the rest tend to have a neoliberal perspective, which usually makes them difficult to access for organisations that do not follow their agenda, like Transvanilla.
Our freedom to conduct our legitimate activities is also being challenged. Last year, for instance, there were several attacks against events organised around Pride month. A speed-dating event for pansexual people that had been organised by Transvanilla was interrupted by far-right activists. We couldn’t continue the event and the police didn't protect us. Far-right activists video-recorded participants for over an hour and we were not allowed to close the door. They were obviously acting illegally but the police took no action against them. In other instances, venues were ruined or damaged by far-rights activists. This was a new development – in the past, our events had received police protection when such things happened.
Year after year there have also been attempts to ban Pride events, but the courts have declared that these events cannot be banned. It’s a constant fight. The authorities have fenced off Pride routes on the pretence of protecting marchers, but this was obviously an attempt to restrict their movement.
How did the LGBTQI+ community react when the new law was passed?
It was a traumatic event because it was a clear attack against us. This amendment only affected trans and intersex people who would like to change their gender markers and trans people who don’t want to change their gender markers but would still like to change their name, which is no longer possible in Hungary. But the whole community now feels like second-class citizens, like outcasts who the government does not respect.
Personally, as a non-binary person, it had a huge effect on me, because I was already far from being recognised in my documents and now I am a lot further away from that. Many of my friends who were in the process of changing their legal gender recognition are in a limbo. At least a hundred applicants’ cases had already been suspended in the past two and a half years, as requests were not being evaluated. Those people have now lost all hopes. They are frustrated and devastated.
There is also fear because we don’t know what is next, what else is coming to us. Even though the law can be challenged, it might require many years. And even if we get rid of this law, the situation may not improve. Some people are suicidal, and many people want to leave the country. A big part of the community is just suffering silently and has no voice. While some activists have emerged from this situation and these activists are gaining visibility, the vast majority are suffering at home, alone. People were already isolated before, and it will not get any better. From now on, more people will hide their identity.
Since 2016 there have been problems with administrative procedures, so increasing numbers of people who began to transition may look different from the sex registered in their documents. And if someone is openly and visibly transgender it becomes difficult to find a job; discrimination is part of everyday life. And now it is becoming more serious. We have seen a rise in discrimination, not just in employment but in everyday life. In Hungary you often must present your ID papers, so you have to out yourself all the time. People don’t believe you and you are questioned. For example, recently a trans person was trying to buy a house and the lawyer who was drawing up the paperwork raised questions about their ID document because it didn’t match their gender description.
Given the restrictions on peaceful assembly imposed under the COVID-19 pandemic, what sort of lobbying and campaigning have you been able to do to stop Article 33?
Transvanilla is very strategic: we only engage in activities that might have an impact. Therefore, we did not focus on the Hungarian context. In parliament the opposition is powerless because Fidesz, Prime Minister Viktor Orbán’s party, has two thirds of the seats and can thus win any vote. We also knew that we could not mobilise enough people – the masses would not be out on the streets because of the pandemic, so this wasn’t even an option. If this had not happened during the pandemic, other organisations might have tried to organise protests. Until the amendment was introduced, Transvanilla was not publicly highlighting the issue of legal gender recognition because we were doing silent advocacy. On 1 April, when we found out about the initiative, we called on international actors to raise their voices publicly and to engage in multilateral dialogue with our government on this issue.
We grabbed international attention and many international voices were vocal against the proposal. In April 2020 we also turned to Hungary’s Commissioner on Fundamental Rights and we asked him to do whatever he could to stop the amendment. We of course engaged with international and national media. We launched a petition and managed to get more than 30,000 signatures. We now have another petition that is addressed to the European Union (EU) and we hope it will have an effect.
So, we resorted to the ombudsperson, who could have intervened but didn’t, and we put international pressure on the government, which sometimes works but this time did not. The law was passed, and the day it came into effect we launched two cases at the Constitutional Court. The court could turn them down for whatever reason, but we hope that it will not. At the same time, we are putting pressure on the Commissioner for Fundamental Rights because he has the power to request the Constitutional Court to look into the law, and if he does, then the court must do so. Pressure is very important, and many international actors are helping, including Amnesty International Hungary, which has launched a campaign. We have 23 cases before the European Court of Human Rights (ECHR), all of which deal with gender recognition, and the applicants are represented by our lawyer. The government and the other parties involved were given time until June 2020 to settle these cases, and if they didn’t, the Court would move forward for a decision. Due to the COVID-19 pandemic, the deadline for the government was pushed to September 2020, which is not good news for us. But based on ECHR practice, we are confident that it will respect transgender rights. We will also take more cases to this court and represent people who are specifically affected by this law. We want to put pressure on the Court to make a decision as soon as possible.
We also continue to engage with EU human rights mechanisms, the Council of Europe and the United Nations. We got CSOs to sign a statement to put pressure on the European Commission (EC), which so far has been silent on this. We want to make sure that what happened in Hungary doesn’t happen in other countries, so we have created a civil society alliance to convey the message that if other governments try to do the same, they will face huge resistance. And of course, we keep trying to engage with the ministries, although we have sent them letters and have received no response.
How can an increasingly authoritarian government like Hungary’s be held accountable for its actions?
We have tried to engage directly with the government to hold it accountable, but it has not worked so far. We represent a minority group and cannot fight this government alone. But international institutions do sometimes influence the government's actions. We hope that a court decision from the ECHR or the Constitutional Court would have an effect.
Unfortunately, what we have seen since 2010 is that the way it is designed, the EU cannot take definitive action against a country, especially if it is not alone. And this is the case here, as Poland and Hungary always back each other. People believe that the EU lacks political will to take action. We cannot repeat often enough that the EU should cut off funding, because Hungary is living on EU money and if it cuts off funding the government would start to behave differently. But the EU refuses to do it.
The EU should act not only on this specific legislation but also on other, bigger issues related to the rule of law and fundamental rights in Hungary. It should do something about its own member states, or else it should not pass comment on any non-EU country. The fact that the EC fails to mention Hungary explicitly is outrageous. When the Authorisation Act was passed in late March, giving Prime Minister Orbán extra powers to fight the pandemic, EC President Ursula von der Leyen made a statement that was clearly about Hungary, but did not mention it by name, and then Hungary was a signatory to the statement. The EC’s Commissioner for Equality was recently asked to condemn Hungary for the anti-transgender amendment and she refused to do so; instead, she decided to speak about trans rights in general. This is something that we cannot accept.
The EU should not just speak up, but also act on Hungary and Poland. If the EC keeps refusing to address the situation on the ground, then we really don’t know where else to go. Thus far, the government has followed ECHR decisions, but it has stopped following Hungarian court decisions just this year, which is very worrying. In 2018 there was a Constitutional Court decision in the case of a transgender refugee that required parliament to enact legislation on legal gender recognition for non-Hungarian citizens, which it has not yet done.
What support do Hungarian CSOs need from international civil society?
It is important to attempt to unify the different movements and to act as bridge between them and I think international CSOs can play a role in this. As a trans organisation we are responsible for trans people, but trans people come in all sizes and shapes – there are migrant trans people, Roma trans people, disabled trans people – and we all have to come together. Also, while trans people are currently under attack in Hungary, we don't know which vulnerable group is next on the list, and I think international CSOs should focus on everyone. They also need to assist in raising awareness in international institutions – in Hungary, for example, international pressure is important because Orbán still sometimes cares about how Hungary is perceived. So the engagement that comes from the international community is helpful. International civil society can also assist in presenting good examples, because the better the situation is in other countries for trans people, the more shame it can bring to the Hungarian government. But if other EU countries start to follow Hungary, then the government will get away with this. Organisations like CIVICUS can bring CSOs together.
Civic space in Hungary is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor. Hungary also currently features on our Civic Space Watchlist.
Get in touch with theTransvanilla Transgender Association through itswebsite andFacebook page, or follow@Transvanilla on Twitter and@transvanilla.official on Instagram. -
Hungary: CIVICUS calls on the Orbán government to stop interference within independent media
CIVICUS calls on Hungary to respect media freedom and to stop interfering in independent news site, Index.hu.
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Hungary: concerns over the erosion of the rights of LGBTQIA+ persons
Victor Madrigal-Borloz, UN Independent Expert on sexual orientation and gender identity
Irene Khan, UN Special Rapporteur for Freedom of Opinion and Expression
Tlaleng Mofokeng, UN Special Rapporteur on the Right to Physical and Mental Health
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson, 52 Rue des Pâquis
1201 Geneva, Switzerland
Hungary: concerns over the erosion of the rights of LGBTQIA+ persons
We are writing to you with regards to serious concerns about the rights of LGBTQIA+ persons in Hungary. Amid the COVID-19 pandemic, the Hungarian government, under Prime Minister Viktor Orban and the Fidesz party, has passed several pieces of legislation, including amendments to the Constitution, which undermine the rights of LGBTQIA+ persons in the country. In addition the government and non-state actors continue to publicly smear and vilify LGBTQIA+ persons. These developments are in violation of the right to freedom of expression and non-discrimination and will lead to further violence and discrimination against LGBTQIA+ persons on the basis of their gender identity and sexual orientation.
Anti-LGBTQIA law
Despite mass protests staged in Budapest, on 15th June 2021 the Hungarian Parliament passed an anti-LGBTI law which bans any content, including media, advertising and educational materials, that is deemed to “popularise” or even depict, consensual same-sex conduct or the affirming of one’s gender to children. As a reaction to the Russian-style anti-LGBTI+ law, the European Union launched legal proceedings against Hungary's government. On 6 August 2021 a government decree implementing the law was adopted, banning the sale of products popularising or depicting homosexuality and transgender identities within 200m of schools, children or youth institutions and churches, and prescribing that such products targetting children be sold in special packaging separate from other products in any other shops.
The law, which conflates homosexuality with paedophilia, is part of an intense anti-LGBTQIA+ government campaign ahead of the upcoming parliamentary election in 2022. In addition, on 30th July 2021, Hungary’s National Election Committee approved the government's request for a referendum, which is meant to protect the new anti-LGBTQIA legislation from “the attacks of Brussels”. The referendum is set to take place in early 2022 before the parliamentary election. Hungarians will be asked whether they support the holding of sexual orientation workshops in schools without parental consent and whether they believe that gender re-assignment should be promoted amongst children and made available to them.
The law comes on the back of several cases where media or books promoting LGBTQIA+ content has been banned. For example, a children’s book which retells fairy tales with LGBTQIA characters was banned in kindergartens by the local Fidesz-party mayor in one of the districts of Budapest, smeared and labelled as “homosexual propaganda”. In another case, the government ordered the Labrisz Lesbian Association,to print disclaimers in their book stating “behaviour inconsistent with traditional gender roles”. A fine of 250, 000 HUF(840 USD) was imposed on a bookshop for selling a children’s book featuring rainbow families together with other children’s books. Independent broadcaster RTL media group is facing legal proceedings initiated by Hungary’s media regulator for broadcasting an advertisement which raised awareness about LGBTI families. The Council, which is made up of members appointed by the ruling Fidesz party, stated that it had received complaints that the advert was not suitable for young children and should have been aired after 9pm for this reason.
The European Commission has launched infringement procedures against Hungary in relation to these developments.
Constitutional Amendments
The government has made several amendments to the Constitution, reinforcing institutionalised homophobia and transphobia. On 15th December 2020, the parliament amended the Hungarian Constitution to include the following sentence to Article L which relates to family and marriage: “The mother is a woman, the father is a man”. The second change, Article XVI (1) states that “Hungary protects the right of children to self-identify according to their sex at birth and provides an upbringing in accordance with the values based on Hungary’s constitutional identity and Christian culture”. With direct reference to the latter constitutional provision, amendments were also made to the Civil Code and the Child Protection Act which state that single parents will be able to adopt only under special circumstances and their adoption must be approved by the minister of family. As same sex marriage is not legalised in Hungary, this amendment effectively denies adoption rights to same-sex couples.
In addition, on 10th November 2020, the Justice Committee of the Hungarian Parliament presented legislation that would abolish the Equal Treatment Authority (ETA), with the Hungarian Commissioner for Fundamental Rights absorbing its activities, which according to the government will provide a more efficient institutional structure. Throughout the years, the ETA has been the most successful body addressing discrimination against the LGBTQIA+ community. Although the mandate of the institution will not change, it will be subordinate to the Commissioner, who, in contrast to the ETA, has not shown interest in defending LGBTQIA+ rights in recent years.
Legal gender recognition
On 19th May 2020 the Hungarian parliament passed an omnibus bill changing the Registry Act to only recognise “sex at birth”. The new law makes the legal recognition of transgender and intersex persons impossible and will lead to further discrimination of these persons. While the law is being legally challenged, transgender activists have described this development as “traumatic” and having serious mental health consequences for an already excluded group. The National Authority for Data Protection and Freedom of Information foundthat the law violates the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). In March 2021, Hungary’s Constitutional Court ruled that a legal ban on changing gender does not apply retroactively. It stated that people who began changing their gender before the law came into effect must be allowed to complete the process. However, the Budapest Government County Office which was responsible for handling legal gender recognition applications prior to the amendment still fails to process these applications appropriately. The law itself still remains in force pending legal challenge.
Requested Actions:
We respectfully urge you to condemn these regressive and anti-LGBTQIA legislative developments in Hungary through a communication, in your individual capacities or jointly with other special procedures, notably by:
- Calling on the Hungarian government to refrain from attacking and smearing LGBTQIA persons in general and especially in the context of the upcoming election in 2022
- Calling on the Hungarian government to reverse regressive legislation which directly attacks and discriminates against LGBTQIA+ persons
- Calling on the EU and its leaders to launch an infringement procedure against Hungary regarding the outlawing of legal gender recognition, and continue infringement on the anti-LGBTQIA law and its application
Signatories
- CIVICUS
- Hatter Society
- Civil Liberties Union for Europe
- European Civic Forum
- Hungarian Helsinki Committee
- Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
- New Europeans International
- International Planned Parenthood Federation European Network (IPPFEN)
- CNVOS Slovenia
- Peace Institute, Ljubljana, Slovenia
- Network for Police Monitoring (Netpol)
- Nyt Europa
- European Movement, Italy
- Human Rights House Zagreb
- ACCEPT Romania
- Euroregional Center for Public Initiatives (ECPI)
- Identity.Education
- PRIDE Romania
- Rise Out
- Estonian LGBT Association
- Osservatorio Repressione
- Statewatch
- Netherlands Helsinki Committee
Civic space in Hungary is rated as "Obstructed" by the CIVICUS Monitor.
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HUNGRÍA: ‘A las personas trans nos están arrebatando nuestros derechos’
Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.
¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?
En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.
Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.
Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.
En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.
El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.
Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?
¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?
En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.
Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?
Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.
Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.
Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.
¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?
Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.
Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.
También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.
Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.
Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?
En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.
Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.
En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.
También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.
¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?
Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.
Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.
La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.
La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.
¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?
Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.
El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
Contáctese con la Asociación TransgéneroTransvanilla a través de su sitio web o su perfil deFacebook, y siga a@Transvanilla en Twitter y a@transvanilla.official en Instagram. -
INDIA: ‘The government is dealing with dissent in very concerning ways’
CIVICUS speaks Sudha Bharadwaj, a lawyer and long-time human rights defender working for the rights of workers and Indigenous peoples in India.Sudha wasarrested and detained in August 2018 under the draconian Unlawful Activities Prevention Act and accused of having links with Maoist terrorist organisations. Alongside 15 other human rights defenders, she was further accused of conspiring to incite violence among the Dalit community. Despiteproof that incriminating evidence against them was planted,concerns expressed by United Nations (UN) experts about the arbitrary charges and UN calls to release political prisoners from crowded jails during the pandemic, requests for Sudha’s release, including on health grounds, were repeatedlyrejected. She was finallyreleased on bail in December 2021 after three years in detention.
How did you get involved in human rights work?
For the last 35 years I have been working in Chhattisgarh, an area in eastern India that is very rich in mineral resources. I began around 1986 as a trade unionist and worked with a legendary union leader, Shankar Guha Niyog, who was organising iron ore miners. Conditions were appalling. Workers were not unionised, working hours were long, wages were very paltry and even the very basic labour laws of our country were not being applied.
I became a lawyer basically because my trade union needed one. I graduated in 2000, at the age of 40. I initially took up matters of our own union and later I shifted to work at the high court, where I realised contractual workers, farmers resisting land acquisition and Adivasi Indigenous groups resisting mining projects were forced to face very expensive corporate lawyers without any real legal assistance. They needed lawyers who understood them and who could devise legal strategies compatible with the tactics of their movements.
I started a group of lawyers to provide legal aid to unions, farmers’ and village organisations, Adivasi communities, and civil society organisations (CSOs). Around this time, I became involved in the People’s Union for Civil Liberties (PUCL), one of the oldest human rights organisations in India. We dealt with various human rights issues, including attacks and harassment of minorities and the criminalisation of Dalits and Adivasis under false accusations of having links with armed Maoist groups, also called Naxals. We took up several cases in which security forces fired on villagers accused of being Naxalites. We were eventually able to prove that these were false accusations.
I dealt with cases against big corporations, so I made powerful enemies. By taking up cases of Adivasis I also annoyed the government. In 2018 I was teaching a course at the national lawyer’s university in Delhi and that’s when I was arrested.
Can you tell us about your experience in detention?
Because the case was in Pune, I was initially sent to the women’s wing of the Yervada central jail, which is a prison for convicts. I was taken there with another activist, Shoma Sen. As soon as we were brought there, we experienced attacks on our dignity. We were asked to strip and squat. We were isolated: kept in separate cells, unable to communicate with other prisoners, led out into a yard for only half an hour a day. We were under constant surveillance.
In the winter it was very cold. We spend most of the time reading, although we struggled to get books. Because the library was in the men’s side of the jail, only 25 books were brought at a time. We were allowed to keep only two or three with us in our cell. We also had issues with access to water and sometimes had to carry in buckets. Shoma struggled with severe arthritis.
Later on, the National Investigation Agency (NIA) took over our case, so we were moved to Byculla jail in Mumbai. This jail was extremely overcrowded, and we lacked any privacy. We would sleep right next to one another on coffin-sized strips of the floor which were allotted to us by the kamwali (staff) in charge of the barracks. There were also limited bathrooms to share.
Social distancing was impossible, and during the second wave of the COVID-19 pandemic, many detainees got infected and were stuffed in a quarantine barrack. I did not become seriously sick but both Shoma and I requested medical bail due to underlying conditions. This was systematically denied.
Due to the pandemic, we were totally cut off from the outside world and were not taken to the courts for about five or six months. Then PUCL and other groups requested the Bombay High Courts to authorise telephone calls and we were allowed to speak to our families for 10 minutes once a week. Our lawyers could talk to us by sending an email to the jail, and the jail would allow us to phone them back - for 10 minutes, twice a week. That’s how we were able to tell them about prison conditions. I also tried to help people around us who were old or sick to write petitions.
How did you feel when you were finally granted bail, and what’s next?
The bail order was issued on 1 December 2021. I felt extremely disappointed that other activists linked to the case were not released with me. My request for bail was accepted on technical grounds. I heard the NIA appealed to the Supreme Court to overturn my bail, but it was immediately dismissed.
On 8 December I was taken to the court, given cash bail, and asked to produce sureties. When I came back to the jail, many detainees celebrated for me and gave me their requests. I was released the next day.
The bail conditions have restricted me to Mumbai, which is not my city. Friends have been very helpful, but I don’t have a home or work here so I’m still trying to adjust to the situation. I would like to continue my practice on behalf of prisoners and trade unions. For now, I have to attend court hearings and check-in at the police station every two weeks.
How have the conditions for activism in India changed while you were in jail?
Even before I went to jail things were already challenging, but since I was released, I have seen increasing attacks against minorities, notably Muslims. There has been a rise in hate speech, which seems to be manufactured and copiously funded, especially on social media.
The Citizenship Amendment Act (CAA), passed in December 2019, is discriminatory against minorities. There was a strong movement against the CAA law, in many places led by Muslim women, but this was shut down due to the pandemic.
We are also seeing that many institutions that are supposed to be independent – such as the Election Commission and investigating agencies – are being manipulated by the government. There are even concerns about the independence of the National Human Rights Commission, which has failed to take a proactive role on many important issues. The undermining of these institutions will affect their roles in their future, even if the government changes.
The government is dealing with dissent in very concerning ways. One clear example is the increasing surveillance of journalists, activists, and advocates. A lot of us involved in the case had our phones infected by Pegasus spyware. We have approached the Supreme Court-appointed Technical Committee looking into the use of Pegasus against Indian citizens and it has decided to request our phones from the NIA and undertake an inquiry.
There are also concerns about the impacts of the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) on civil society. If you advocate for workers, Indigenous peoples or poor communities, your work is considered a political activity and you are barred from doing it. Larger CSOs with FCRA registration should be able to support smaller CSOs on the ground, but the government is depriving them of the ability of distributing funds to local grassroots groups and reaching out to real beneficiaries.
Where do you see positive change coming from in India?
One beacon of hope is the farmers’ movement. The opposition was against the farm bills proposed by the government, but it was unable to stop them. It was farmers themselves who stopped them, by standing their ground for almost one year in the heat, cold and rain. Thousands of criminal cases were brought against farmers, and they were smeared as terrorists. But they managed to hold their ground, build unity and push back. The key lesson here is that people must get organised.
I think that if it hadn’t been for the pandemic, the anti-CAA law movement would have had similar results. Students are also an important force, but we are seeing them facing attacks to prevent them organising and speaking up. But they will find a way to continue their struggle.
At a time when many internal mechanisms are failing us, international scrutiny and pressure are also key to improving the situation. There are international standards India cannot ignore. But of late, the Indian government has taken a problematic attitude towards UN bodies, including UN missions to Kashmir, and has gone as far as preventing people from speaking at or participating in international conferences. When UN Special Rapporteurs have made comments on human rights in India, the response has been dismissive and disparaging.
The government often uses terrorism and national security as an excuse for all kinds of human rights abuses. It is important to put the spotlight on this and not let the government get away with it.
Civic space inIndia is rated ‘repressed’ by theCIVICUS Monitor.
Sudha was one of our #StandAsMyWitness faces. The campaign advocates for the release of Human Rights Defenders behind bars. In 2021, we welcomed the news of the release of three Human Rights Defenders -including Sudha-, and we continue to use our voices to call for the release of all other detained activists. Head to the official campaign page to read more about the current faces featured and join us in standing as their witnesses!
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India: Government must halt its harassment of human rights activist Harsh Mander
CIVICUS, the global civil society alliance, condemns the recent raid carried out on facilities associated with human rights defender Harsh Mander who serves as Director of the Centre for Equity Studies and calls on the government of India to stop targeting and intimidating human rights defenders. The raid adds to the long list of restrictions imposed on human rights defenders in the country.
On 16 September 2021, the Enforcement Directorate under the Ministry of Finance of India conducted the raid on Harsh Mander’s residence, the Centre for Equity Studies’ office, and a children’s home run by the organisation under the pretext of investigating money laundering allegations against him. The raid happened several hours after Harsh Mander departed to Germany to attend a fellowship programme.Harsh Mander is a prominent human rights defender and social activist who has been critical of the Narendra Modi government. He has raised concerns about how the government handled the COVID-19 pandemic, the increasing attacks on press freedom, and the discriminatory citizenship law passed in 2019 which human rights groups have called ‘unconstitutional and divisive’.
Following the raid, more than 500 activists in India issued a joint statement in solidarity with Harsh Mander and condemned the intimidation tactics.
“The authorities must halt its harassment of human rights activist Harsh Mander. These actions conducted by the Enforcement Directorate is a clear tactic to intimidate and criminalise the defender. It also creates a chilling effect on government critics and is a strategy to force many to self-censorship.”, said Josef Benedict, CIVICUS Civic Space Researcher for the Asia Pacific.
Similar raids were conducted by the National Commission for Protection of Child Rights in October 2020 on two children’s homes associated with him based on accusations of financial irregularities and illicit activities.
These raids highlight an ongoing pattern of baseless and politically-motivated criminal charges brought by the authorities against activists across India that has been documented by the CIVICUS Monitor. This includes the use of a variety of restrictive laws - including national security and counter-terrorism legislation - to imprison human rights defenders, peaceful protesters and critics. Some have been in pre-trial detention for years.
“It is appalling that activists in India are facing harassment just for speaking up for human rights. The government must drop all charges against them and immediately and unconditionally release all those detained. It must also take steps to ensure that human rights defenders are able to carry out their legitimate activities without any hindrance or fear of reprisals,” added Benedict.
India’s rating was downgraded by the CIVICUS Monitor from ‘obstructed’ to ‘repressed’ in December 2019.
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India: Report highlights ongoing misuse of restrictive laws during pandemic to keep activists behind bars
- Report highlights judicial harassment of activists, targeting of journalists and crackdown on protesters
- Modi government has continued to use state resources to sustain its persecution of activists and critics during COVID-19 pandemic
- CIVICUS calls for the immediate release of arbitrarily detained human rights defenders
The Indian government is using a variety of restrictive laws - including national security and counter-terrorism legislation - to arrest and imprison human rights defenders, peaceful protesters and critics, the global civil society alliance CIVICUS said today in a new report.
More than a year into Prime Minister Narendra Modi’s second term in office, the CIVICUS report, “Punished for speaking up: The ongoing use of restrictive laws to silence dissent in India,” shows an increasingly repressive environment for civic freedoms, such as the freedoms of expression, association and assembly. The report highlights the arrest, detention and prosecution of activists, the targeting of journalists, and the unprecedented and brutal crackdown on protests against the discriminatory Citizenship (Amendment) Act. CIVICUS is also concerned about increasing violations in Indian-administered Jammu Kashmir.Further, India’s slide towards authoritarianism has led to the conflation of dissent with anti-nationalism, often with disastrous results for human rights defenders and activists who have been subjected to damaging smear campaigns.
The activists profiled in the report represent a small fraction of the arbitrary arrests, prosecutions and imprisonments taking place across India, providing a snapshot of the challenges facing the country’s human rights defenders.
The report also highlights a series of vaguely worded and overly broad laws being used by the Indian authorities to deprive activists of bail and keep them in ongoing detention. These include the Unlawful Activities (Prevention) Act, (UAPA), which is India’s primary counter-terrorism law; section 124A on ‘sedition’ of the Indian Penal Code, a colonial-era relic; and administrative detention laws such as the National Security Act (NSA) and the Public Safety Act (PSA), which applies only in Indian-administered Jammu and Kashmir
“The Indian government must stop using restrictive national security and counter-terrorism laws against human rights defenders and critics. The authorities must also drop the baseless and politically-motivated criminal charges against activists and release them immediately and unconditionally,” said Josef Benedict, CIVICUS Asia-Pacific Civic Space Researcher.
“The laws are incompatible with India’s international human rights obligations as well as India’s Constitution. Not only are the laws themselves inherently flawed, but their implementation makes it clear that they have become tools for judicial harassment, rather than for preventing or addressing criminality.”
During the COVID-19 pandemic, the Modi government has continued to use state resources to sustain its persecution of human rights defenders and critics, many of whom have underlying medical conditions or are at risk of contracting COVID-19 in overcrowded and unsanitary prisons. CIVICUS is also concerned about the judicial harassment of individuals and journalists who criticise the authorities’ handling of the pandemic.
“It is appalling that human rights defenders are locked up in overcrowded prisons and continuously denied bail despite calls by the UN to decongest prisons and release political prisoners during the pandemic. Holding them at this time puts them at serious risk of contracting COVID-19 and adds another layer of punishment for these activists, who have been detained just for speaking up for human rights,” said Benedict.
Despite the hostile environment, human rights defenders and civil society organisations in India are pushing back against oppression. The benefits of a vibrant civil society, and of human rights defenders who are free to do their work, are tangible. This has been evident in civil society’s crucial response to the COVID-19 pandemic in 2020, in providing vital help to communities in need, defending rights, and holding governments accountable.
“As India’s political and economic influence increases, developments in the country are being closely followed by the global community. India’s quest to play a critical role on the international stage would be better served by committing to upholding democratic values and recognising the validity of people’s struggles,” said Benedict.
In the report, CIVICUS makes a number of recommendations to the Indian authorities, including:
- Drop all charges against human rights defenders, activists and protesters, and immediately and unconditionally release all those detained;
- Review and amend India’s criminal laws to conform to international standards for the protection of fundamental freedoms;
- Take steps to ensure that all human rights defenders in India are able to carry out their legitimate activities without any hindrance or fear of reprisals.
More information
The space for civil society in India was downgraded in December 2019 from ‘obstructed’ to ‘repressed’ by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks civic space in every country. A repressed rating for civic space means that democratic freedoms – such as the freedoms of expression, peaceful assembly and association – are significantly constrained in India.
Interviews
To arrange interviews, please contact Josef Benedict, CIVICUS Asia-Pacific Civic Space Researcher and
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India: Report highlights ongoing misuse of restrictive laws during pandemic to keep activists behind bars
- Report highlights judicial harassment of activists, targeting of journalists and crackdown on protesters
- Modi government has continued to use state resources to sustain its persecution of activists and critics during COVID-19 pandemic
- CIVICUS calls for the immediate release of arbitrarily detained human rights defenders
The Indian government is using a variety of restrictive laws - including national security and counter-terrorism legislation - to arrest and imprison human rights defenders, peaceful protesters and critics.
More than a year into Prime Minister Narendra Modi’s second term in office, the CIVICUS report, “Punished for speaking up: The ongoing use of restrictive laws to silence dissent in India,” shows an increasingly repressive environment for civic freedoms, such as the freedoms of expression, association and assembly. The report highlights the arrest, detention and prosecution of activists, the targeting of journalists, and the unprecedented and brutal crackdown on protests against the discriminatory Citizenship (Amendment) Act. CIVICUS is also concerned about increasing violations in Indian-administered Jammu Kashmir.Further, India’s slide towards authoritarianism has led to the conflation of dissent with anti-nationalism, often with disastrous results for human rights defenders and activists who have been subjected to damaging smear campaigns.
The activists profiled in the report represent a small fraction of the arbitrary arrests, prosecutions and imprisonments taking place across India, providing a snapshot of the challenges facing the country’s human rights defenders.
The report also highlights a series of vaguely worded and overly broad laws being used by the Indian authorities to deprive activists of bail and keep them in ongoing detention. These include the Unlawful Activities (Prevention) Act, (UAPA), which is India’s primary counter-terrorism law; section 124A on ‘sedition’ of the Indian Penal Code, a colonial-era relic; and administrative detention laws such as the National Security Act (NSA) and the Public Safety Act (PSA), which applies only in Indian-administered Jammu and Kashmir
“The Indian government must stop using restrictive national security and counter-terrorism laws against human rights defenders and critics. The authorities must also drop the baseless and politically-motivated criminal charges against activists and release them immediately and unconditionally,” said Josef Benedict, CIVICUS Asia-Pacific Civic Space Researcher.
“The laws are incompatible with India’s international human rights obligations as well as India’s Constitution. Not only are the laws themselves inherently flawed, but their implementation makes it clear that they have become tools for judicial harassment, rather than for preventing or addressing criminality.”
During the COVID-19 pandemic, the Modi government has continued to use state resources to sustain its persecution of human rights defenders and critics, many of whom have underlying medical conditions or are at risk of contracting COVID-19 in overcrowded and unsanitary prisons. CIVICUS is also concerned about the judicial harassment of individuals and journalists who criticise the authorities’ handling of the pandemic.
“It is appalling that human rights defenders are locked up in overcrowded prisons and continuously denied bail despite calls by the UN to decongest prisons and release political prisoners during the pandemic. Holding them at this time puts them at serious risk of contracting COVID-19 and adds another layer of punishment for these activists, who have been detained just for speaking up for human rights,” said Benedict.
Despite the hostile environment, human rights defenders and civil society organisations in India are pushing back against oppression. The benefits of a vibrant civil society, and of human rights defenders who are free to do their work, are tangible. This has been evident in civil society’s crucial response to the COVID-19 pandemic in 2020, in providing vital help to communities in need, defending rights, and holding governments accountable.
“As India’s political and economic influence increases, developments in the country are being closely followed by the global community. India’s quest to play a critical role on the international stage would be better served by committing to upholding democratic values and recognising the validity of people’s struggles,” said Benedict.
In the report, CIVICUS makes a number of recommendations to the Indian authorities, including:
- Drop all charges against human rights defenders, activists and protesters, and immediately and unconditionally release all those detained;
- Review and amend India’s criminal laws to conform to international standards for the protection of fundamental freedoms;
- Take steps to ensure that all human rights defenders in India are able to carry out their legitimate activities without any hindrance or fear of reprisals.
More information
The space for civil society in India was downgraded in December 2019 from ‘obstructed’ to ‘repressed’ by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks civic space in every country. A repressed rating for civic space means that democratic freedoms – such as the freedoms of expression, peaceful assembly and association – are significantly constrained in India.
Interviews
To arrange interviews, please contact Josef Benedict, CIVICUS Asia-Pacific Civic Space Researcher and
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ITALIA: “Lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista”
CIVICUS conversa con Andrea Garreffa, uno de los fundadores del movimiento de las Sardinas (Movimento delle Sardine), un movimiento político de base que comenzó en noviembre de 2019 en Bolonia, Italia, para protestar contra la retórica de odio del líder populista de derechas Matteo Salvini.
¿Qué les inspiró a iniciar este movimiento?
El 26 de enero de 2020 había elecciones regionales en Emilia-Romagna, nuestra región de origen, y cuando digo nuestra, me refiero a mí y a los otros cofundadores del movimiento, Mattia Santori, Roberto Morotti y Giulia Trappoloni. En ese momento había una gran ola de extrema derecha, representada por la Liga y su líder, Matteo Salvini. Hubo señales muy atemorizantes en relación con la situación política general en Italia, una de las cuales fueron las faltas de respeto hacia la sobreviviente del Holocausto Liliana Segre, deportada a Auschwitz y única sobreviviente de toda su familia. A partir de la década de 1990 Segre comenzó a hablar en público acerca de su experiencia y en 2018 fue nombrada senadora vitalicia. Recibió tantos insultos y amenazas en las redes sociales que en noviembre de 2019 se le asignó protección policial. La situación era aterradora; no me avergüenza admitir que solía llorar cuando leía en el periódico noticias de esos episodios.
¿Cómo se organizó la primera manifestación de las Sardinas?
A medida que se acercaban las elecciones, mis amigos y yo comenzamos a pensar en una manera de expresarnos y advertir a la Liga que el juego aún no había terminado. Queríamos dejar esto muy claro, tanto para los partidos de extrema derecha como para todos los ciudadanos que buscaban un estímulo para empoderarse. El partido de la Liga acababa de ganar en Umbría y se estaba anunciando como ganador también en Emilia-Romagna; contaba con esta victoria para desestabilizar al gobierno de coalición y volver al poder. Queríamos hacer algo para poner un freno a este proceso. Empezamos a pensar en esto el 6 o 7 de noviembre de 2019, justo una semana antes de que Matteo Salvini, junto con Lucia Borgonzoni, la candidata de la Liga a dirigir el gobierno regional, iniciaran su campaña con un acto en el estadio de Bolonia. Teníamos muy presente que la última vez que Salvini había venido a Bolonia había dicho que la Piazza Maggiore, la plaza principal de la ciudad, podía albergar hasta 100.000 personas, dando a entender que esa era la cantidad de personas que habían asistido a su evento, algo que era físicamente imposible, ya que la capacidad máxima de la plaza es de unas 30.000 personas muy apretadas. En cierto modo, también queríamos llamar la atención sobre la información que difunden los medios y asegurarnos de que no pudiera hacer trampa.
En resumen, nuestra idea era organizar una manifestación tipo flashmob en la Piazza Maggiore de Bolonia, el mismo día que Salvini hacía su acto. La llamamos “6.000 sardinas contra Salvini” porque nuestro objetivo era reunir alrededor de 6.000 personas y nuestra táctica era mostrar que éramos muchos, así que usamos la imagen de multitudes apretujadas como sardinas en un banco de arena. En los pocos días que tuvimos para organizarla, establecimos la narrativa principal y preparamos unas plantillas personalizables para que cada persona tuviera libertad para expresarse y usara su imaginación. El nuestro era un mensaje que cualquiera podía entender, y las acciones requeridas eran cosas que cualquiera podía hacer. Queríamos deshacernos de todos los sentimientos negativos vinculados a los partidos políticos existentes, por lo que la iniciativa fue inclusiva desde el principio. No estaba vinculada a ningún partido, sino abierta a cualquiera que compartiera los valores fundamentales del antifascismo y el antirracismo.
Enviamos una invitación, no solo a través de Facebook, cosa que por supuesto hicimos, sino también, y sobre todo, saliendo a las calles para distribuir volantes y hablar con la gente, para que la gente pudiera entender que el evento era real y que verdaderamente iba a ser ocurrir. Nos sorprendió que apenas dos días después de lanzar la campaña en Facebook, estábamos repartiendo volantes y la gente nos decía que ya sabía del evento. El boca a boca funcionó increíblemente bien; en mi opinión, esto reflejó una necesidad muy fuerte de la gente de hacer algo para asegurar que Matteo Salvini no ganara en Bolonia y en Emilia-Romagna. La gente entendió lo importante que era esta elección. Durante el verano, Salvini había desestabilizado al gobierno nacional “luciéndose” en Milano Marittima y exigiendo pieni poteri - plenos poderes, una expresión que solía utilizar Mussolini. La ciudadanía no podía correr el riesgo de que volviera a ocurrir semejante espectáculo y realmente sintió el llamado a la acción cuando la propaganda de extrema derecha comenzó a difundir mensajes tales como “Liberiamo l'Emilia-Romagna” (Liberemos Emilia-Romagna), como si la gente hubiera olvidado sus clases de historia: la región no necesitaba ser liberada porque eso ya había sucedido al final de la Segunda Guerra Mundial. La gente sintió que no respetaban su inteligencia, y nos levantamos para hacerlo visible y tangible. La gente es menos estúpida de lo que suelen pensar los que están en el poder.
¿Cómo sabían que la gente iría?
No teníamos idea. La noche del 14 de noviembre nos encontramos rodeados de una multitud increíble - los medios informaron que había 15.000 personas - y no podíamos creerlo.
Esperábamos que asistieran unas cuantas personas; empezamos a creer en el éxito de la iniciativa cuando vimos que desde el primer día estábamos logrando cada objetivo que nos proponíamos. Por ejemplo, armamos la página de Facebook con el objetivo inicial de llegar a mil personas, y al día siguiente ya éramos más de tres o cuatro mil. Eso fue principalmente por dos razones: en primer lugar, porque era el momento oportuno, ya que evidentemente la gente estaba lista para una iniciativa como esta; y, en segundo lugar, por el hecho de que nosotros mismos vivimos en Bolonia, por lo que conocemos a mucha gente y podíamos difundir el mensaje fácilmente.
Pero el 14 de noviembre nadie sabía lo que iba a pasar. Le habíamos dicho a la gente que habría una sorpresa y la mantuvimos en secreto hasta que todos se hubieron reunido, y a las 8:30 pm tocamos una canción de Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, que se traduce como “qué tan profundo es el mar”. En una parte de la canción, la letra dice que somos muchos, que todos descendemos de los peces, y que no puedes detener a los peces porque no puedes bloquear el océano, no puedes cercarlo. Esto generó mucha emoción y la gente incluso lloraba porque era una sensación muy poderosa; muchos no podían creer que estuviera sucediendo de verdad. Las personas mayores volvieron a sentirse jóvenes, viviendo emociones que creían perdidas para siempre en la década del ‘70. Los niños pequeños tuvieron la oportunidad de participar en una fiesta masiva y alegre, lo cual les hizo cuestionar la idea de que la política es aburrida y sin emoción. Creo que toda la ola que vino después se generó esa primera noche; creció a partir de esa emoción inicial. No éramos 6.000 sino muchos más, y enviamos el mensaje de que el partido estaba lejos de terminar y que por lo tanto Salvini aún no podía considerarse ganador. Esta es la clave: cualquiera sea el deporte que practiques, si entras a la cancha pensando que vas a perder, perderás. Este era el estado de ánimo que predominaba entre los partidos de izquierda y la ciudadanía progresista. Hicimos lo que pudimos para que “nuestro equipo” creyera en sí mismo y en sus posibilidades de victoria. Podría decirse que lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista.
¿Quién organizó todas las manifestaciones subsiguientes?
La emoción de la primera manifestación se extendió gracias a una impresionante fotografía tomada desde arriba del edificio municipal, que muestra una minivan roja rodeada de miles de personas. La imagen se extendió en internet y en las redes sociales. Ayudó a enfocar la atención en las elecciones regionales. Todos los medios internacionales estaban ahí, así que les ofrecimos la imagen y así comenzó todo. La imagen reflejaba el hecho de que estaba sucediendo algo importante, así que cuando en otras ciudades e incluso en otros países la gente empezó a ponerse en contacto con nosotros, configuramos una dirección de correo electrónico para que cualquiera pudiera comunicarse con nosotros.
Compartimos nuestra experiencia y explicamos a quienes se contactaron con nosotros cómo habíamos armado todo en solamente seis días: cómo solicitamos los permisos para la manifestación y para tocar la música, cómo cuidamos a la gente, esas cosas. Luego organizamos toda la información para que pudiera ser compartida con cualquiera que quisiera hacer algo similar en otro lugar. También registramos el nombre de la iniciativa, no porque quisiéramos tener propiedad sobre ella, sino para evitar su uso indebido y proteger sus valores subyacentes. Pasamos horas y días hablando por teléfono con gente de toda Emilia-Romagna, y luego de otras regiones, hasta que el movimiento se hizo tan grande que estuvimos en condiciones de anunciar una manifestación masiva que se celebraría en Roma en diciembre.
Para el evento de Roma ni siquiera tuvimos que hacer gran cosa, porque ya había gente en Roma que estaba organizando la manifestación por su cuenta, y a nosotros nos invitaron como oradores. Eso fue de hecho una fortaleza, porque ya no se trataba de gente de Bolonia organizando un evento para Roma, sino de gente de Roma autoorganizándose, movilizando a sus amigos y vecinos e invitando a la gente a unirse a ellos.
Justo antes de las elecciones, el 19 de enero, organizamos un gran concierto en Bolonia, con el objetivo de fomentar la participación electoral. No queríamos presionar a la gente para que votara por tal o cual partido, sino alentar su participación. En las elecciones regionales anteriores había prevalecido la indiferencia: solo el 37% de los votantes habilitados hicieron uso de su derecho. La mayor participación que logramos en esta ocasión, cuando votó el 69%, fue en sí misma una victoria de la democracia.
Has mencionado que el movimiento se extendió a nivel tanto nacional como internacional. ¿Estableció también conexiones con otros movimientos por la justicia en otros países?
El movimiento se elevó a escala internacional desde el comienzo, gracias a los italianos que viven en el extranjero y que leían las noticias, entendían lo que estaba pasando y se pusieron en contacto con nosotros. Nos comunicamos con gente en docenas de ciudades importantes de países de todo el mundo, incluidos Australia, Estados Unidos y los Países Bajos.
Ese fue el primer paso para llegar al nivel internacional, y también la razón por la cual luego nos invitaron a los cuatro a participar en el Foro de Cultura Europea, que tuvo lugar en Ámsterdam en septiembre de 2020. Asistimos al festival y allí tuvimos la oportunidad de conocer a representantes de Extinction Rebellion del Reino Unido, de los chalecos amarillos franceses, de Un Millón de Momentos por la Democracia, una organización de protesta de la República Checa, de Demosisto de Hong Kong y de Resistencia Negra Queer & Trans, una organización LGBTQI+ de los Países Bajos. Conectamos con otras realidades y conocimos otros movimientos. Comenzamos a hablar y a soñar con un evento que reúna a una amplia variedad de movimientos de protesta en los próximos meses o años, luego del fin de la pandemia de COVID-19. Ahora estamos abiertos y tenemos curiosidad por saber qué están haciendo los demás, aunque seguimos siendo independientes. Hacemos lo nuestro, ellos hacen lo suyo y colaboramos cuando tenemos la oportunidad.
La página de Facebook 6000 Sardine contiene numerosas expresiones de solidaridad con el movimiento prodemocracia de Bielorrusia, #EndSARS en Nigeria y Black Lives Matter en los Estados Unidos. ¿Trabajan en solidaridad con ellos?
Lo que hemos hecho es ponernos en contacto con esos movimientos, de ser posible, y hacerles saber que vamos a enviar una comunicación en solidaridad, pero eso es todo. Estamos demasiado ocupados tratando de establecer una organización propia como para invertir energía en tratar de seguir y comprender todo lo que otros están haciendo para construir sus propios movimientos.
También compartimos el entendimiento de que el movimiento es mucho más que la página de Facebook. Para nosotros, Facebook es un canal de comunicación y una forma útil de difundir mensajes, pero no es el núcleo del movimiento. A veces funciona más bien como una cartelera donde la gente comparte informaciones e intercambia mensajes, y no todo lo que aparece allí es el resultado de una decisión conjunta a nivel de la organización. Para ser honesto, a veces abro nuestra página de Facebook y no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que encuentro en ella. Esto ocurre a causa de la delegación de tareas y la apertura a la participación.
¿Cuáles son los actuales objetivos del movimiento y cómo han evolucionado?
Hemos pensado mucho en esto porque todo comenzó en forma muy espontánea y con un evento fuertemente relacionado con las elecciones, pero luego siguió creciendo. De ahí que nos sintamos responsables de manejar toda esta energía que hemos generado. Hicimos todo lo posible por difundir los mensajes correctos sin alimentar la ilusión. Seguimos siendo las mismas personas que éramos el año pasado, más allá de las experiencias que hemos vivido; sin embargo, no estábamos preparados para todo esto. Día tras día aprendemos a lidiar con la atención, los medios y todo lo que traen consigo. Nos enfocamos en la necesidad de establecer metas y una visión.
Estábamos en eso cuando nos golpeó la pandemia de COVID-19. Por un lado, esto nos afectó negativamente porque no podíamos seguir movilizándonos; por otro lado, sin embargo, resultó tener un efecto extrañamente positivo, porque nos obligó a aminorar la velocidad. Aprovechamos el encierro para hacer lo único que podíamos hacer: sentarnos a pensar. Así logramos armar nuestro manifiesto, que fue el resultado de múltiples debates dentro de nuestro círculo interno.
El manifiesto marcó un hito, y nuestros siguientes pasos consistieron en trabajar que cada uno de sus artículos se tornara visible y tangible en la vida real. Es en eso que nos estamos enfocando ahora. Siguiendo la metáfora del mar, después de la marea alta vino la marea baja, que es más manejable, y estamos tratando de nutrir el movimiento para que crezca desde la raíz, más lento pero menos caótico e inestable. Intentamos ser un punto de referencia para todo aquel que busque ideas progresistas, sin ser un partido pero señalando el rumbo.
Me gustaría enfatizar el hecho de que comenzamos este movimiento con la idea de que no debemos simplemente acusar a los políticos o a los partidos, sino en cambio preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para traer al mundo el cambio que deseamos. Esto significa que no excluimos los enfoques que se centran en cosas pequeñas, tales como cuidar el propio vecindario. Incluimos este tipo de enfoque, así como otros más ambiciosos, tales como el de marcar el rumbo a los partidos progresistas de izquierda. Consideramos que ambos enfoques son válidos.
Tampoco excluimos ningún discurso que converja con el nuestro y defienda nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, ahora mismo se habla mucho de lo progresista que es el Papa, así que estamos invitando a alguna gente a hablar de eso, no porque seamos un movimiento religioso, sino para difundir el tipo de mensaje positivo que actualmente es bastante difícil de encontrar en la arena política.
Hace unos meses organizamos nuestra primera Escuela de Política, Justicia y Paz. Lo hicimos en un pueblo pequeño, Supino, porque encajaba mejor con el modelo de autoorganización local que queremos promover. Invitamos a actores políticos a interactuar con activistas de veintipico de años. La idea era fusionar esos mundos para crear ese tipo de comunicación que tanto escasea en las plataformas de redes sociales. Queremos crear oportunidades para que personas de ideas progresistas se reúnan con otras y conversen, no necesariamente para encontrar la solución a un problema específico sino para que haya una conexión entre las personas con poder de decisión y personas que están interesadas en participar y cambiar las cosas, pero realmente no saben cómo hacerlo.
¿Cómo se mantuvo vivo el movimiento durante el encierro por la pandemia de COVID-19?
Invitamos a gente de toda Italia a enfocarse en el nivel local, ya que de todos modos era lo único que podían hacer. Y para ser creíbles dimos el ejemplo. En Bolonia mucha gente puso su energía al servicio de los demás, por ejemplo haciéndoles las compras a quienes no podían salir de sus hogares e involucrándose en innumerables iniciativas, movimientos y asociaciones locales. Alentamos este involucramiento porque nunca fue nuestra intención reemplazar las organizaciones existentes, sino más bien revitalizar el activismo y la participación en los asuntos públicos.
Pero sí le pedimos a la gente que se mantuviera en contacto, y regularmente organizamos llamadas y armamos eventos específicos. Por ejemplo, para el 25 de abril, Día de la Liberación, lanzamos una iniciativa a través de la cual compartimos clips de películas que retrataban la resistencia frente al fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial e invitamos a la gente a proyectarlos a través de sus ventanas sobre las paredes de los edificios vecinos, y a filmar el evento. Recopilamos las grabaciones y las reunimos en un video que difundimos en las redes sociales. Nuestro mensaje central fue que todos podíamos estar presentes aun cuando no pudiéramos salir físicamente.
A principios de mayo también organizamos un flashmob simbólico en la Piazza Maggiore de Bolonia: en lugar de personas, colocamos alrededor de 6.000 plantas, que luego vendimos por internet. Nuestros voluntarios las repartieron en bicicleta, y todos los fondos que recolectamos fueron para el municipio local, que se había comprometido a duplicarlos con un aporte de sus propios fondos y a invertir el monto total para apoyar eventos culturales durante el verano. Antes de entregar las plantas, realizamos una performance artística en la plaza; luego movimos las plantas para trazar con ellas la silueta de una bicicleta sobre el piso. Como resultado de esta iniciativa, no solo marcamos nuestra presencia en el espacio público, sino que también canalizamos alrededor de 60.000 euros (unos 69.800 dólares) hacia eventos culturales. Luego mucha gente en otras partes de Italia replicó la iniciativa o nos comunicó su interés en hacerlo; sin embargo, algunos no pudieron concretarla porque tenía algunas complejidades logísticas.
Y luego un día el municipio nos dijo que tenía algunas parcelas de tierra sin usar que podrían convertirse en huertos urbanos y nos las ofrecieron a nosotros. Organizamos a voluntarios que querían trabajar en ellos, de modo que ahora se han convertido en espacios con huertas donde se cultivan vegetales. Quienes deciden invertir su tiempo y esfuerzo en trabajar en estas huertas se quedan con la mitad de los productos que cultiven y entregan la otra mitad a comedores comunitarios que ayudan a quienes no tienen suficientes recursos para comprar alimentos.
Incluso durante el confinamiento, pensamos a Bolonia como un laboratorio donde podríamos implementar y poner a prueba nuestras ideas y alentar a otras personas a hacer lo mismo, ya sea replicando nuestras iniciativas o probando algo diferente para ver qué ocurre. Si pones a prueba iniciativas potencialmente replicables y fáciles de implementar, y muchas personas siguen el ejemplo, entonces puedes lograr cambios a una escala considerable.
El espacio cívico en Italia es clasificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
Contáctese con el movimiento de las Sardinas a través de susitio web o su página deFacebook. -
ITALIE : « Le mouvement des Sardines cherche à susciter la confiance en soi dans le camp progressiste »
CIVICUS s'entretient avec Andrea Garreffa, l'un des fondateurs du mouvement des Sardines (Movimento delle Sardine), un mouvement politique populaire qui a débuté en novembre 2019 à Bologne, en Italie, pour protester contre la rhétorique haineuse du leader populiste de droite Matteo Salvini.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour démarrer ce mouvement ?
Le 26 janvier 2020, il y avait des élections régionales en Émilie-Romagne, notre région d'origine - et quand je dis la nôtre, je veux dire la mienne et celle des autres co-fondateurs du mouvement, Mattia Santori, Roberto Morotti et Giulia Trappoloni. À cette époque, il y avait une grande vague d’extrême droite, représentée par la Ligue et son leader, Matteo Salvini. Il y avait des signes très effrayants en rapport avec la situation politique générale en Italie, dont le manque de respect envers la survivante de l’Holocauste Liliana Segre, déportée à Auschwitz et seule survivante de toute sa famille. À partir des années 1990, Segre a commencé à parler publiquement de son expérience et en 2018, elle a été nommée sénatrice à vie. Elle a reçu tellement d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux qu’en novembre 2019, elle a été placée sous protection policière. La situation était terrifiante ; je n’ai pas honte d’admettre que je pleurais en lisant les nouvelles de ces épisodes dans le journal.
Comment s'est organisée la première manifestation des Sardines ?
À l’approche des élections, mes amis et moi avons commencé à réfléchir à un moyen de nous exprimer et d’avertir la Ligue que le match n’était pas encore terminé. Nous voulions que cela soit très clair, tant pour les partis d’extrême droite que pour tous les citoyens qui recherchaient un stimulant pour se responsabiliser. La Ligue venait de gagner en Ombrie et s’était également annoncée comme vainqueur en Émilie-Romagne ; elle comptait sur cette victoire pour déstabiliser le gouvernement de coalition et revenir au pouvoir. Nous voulions faire quelque chose pour freiner ce processus. Nous avons commencé à y réfléchir le 6 ou 7 novembre 2019, juste une semaine avant que Matteo Salvini, avec Lucia Borgonzoni, la candidate de la Ligue à la présidence du gouvernement régional, commencent leur campagne avec un événement au stade de Bologne. Nous étions très conscients que la dernière fois que Salvini était venu à Bologne, il avait dit que la Piazza Maggiore, la place principale de la ville, pouvait accueillir jusqu'à 100 000 personnes, en indiquant implicitement que c’était le nombre de personnes qui avaient assisté à son événement, ce qui est physiquement impossible, puisque la capacité maximale de la place est d’environ 30 000 personnes entassées. D’une certaine manière, nous voulions également attirer l’attention sur les informations diffusées par les médias et nous assurer qu’ils ne pouvaient pas tricher.
Bref, notre idée était d’organiser une démonstration de type flashmob sur la Piazza Maggiore de Bologne, le jour même où Salvini faisait son acte. Nous l’avons appelé « 6 000 sardines contre Salvini » car notre objectif était de rassembler environ 6 000 personnes et notre tactique était de montrer que nous étions nombreux ; nous avons donc utilisé l’image de foules entassées comme des sardines sur un banc de sable. Dans les quelques jours que nous avons eus pour nous organiser, nous avons établi le récit principal et préparé des modèles personnalisables afin que chaque participant ait la liberté de s’exprimer et d’utiliser sa créativité. Le nôtre était un message que tout le monde pouvait comprendre, et les actions requises étaient des choses que n’importe qui pouvait faire. Nous voulions nous débarrasser de tous les sentiments négatifs liés aux partis politiques existants, donc l’initiative était inclusive dès le départ. Elle n’était liée à aucun parti, mais ouverte à quiconque partageait les valeurs fondamentales de l’antifascisme et de l’antiracisme.
Nous avons envoyé une invitation, non seulement via Facebook, mais aussi, et surtout, en descendant dans la rue pour distribuer des dépliants et parler aux gens, afin que les gens puissent comprendre que l’événement était réel et que cela allait vraiment arriver. Nous avons été surpris de voir que deux jours seulement après le lancement de la campagne sur Facebook, nous distribuions des dépliants et les gens nous disaient qu’ils étaient déjà au courant de l’événement. Le bouche à oreille fonctionnait incroyablement bien ; à mon avis, cela reflétait un besoin très fort pour les gens de faire quelque chose pour que Matteo Salvini ne gagne pas à Bologne et en Émilie-Romagne. Les gens ont compris à quel point ce choix était important. Au cours de l'été, Salvini avait déstabilisé le gouvernement national en se « montrant » à Milano Marittima et en exigeant des pieni poteri - pleins pouvoirs, une expression que Mussolini utilisait d’habitude. Les citoyens ne pouvaient pas risquer qu’un tel spectacle se reproduise et ont vraiment ressenti l’appel à l’action lorsque la propagande d'extrême droite a commencé à diffuser des messages tels que « Liberiamo l’Emilia-Romagna » (Libérons l’Émilie-Romagne), comme si les gens avaient oublié leurs cours d’histoire : la région n’avait pas besoin d’être libérée car cela s’était déjà produit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les gens ont estimé que leur intelligence n’était pas respectée et nous nous sommes levés pour la rendre visible et tangible. Les gens sont moins stupides que ce que les personnes au pouvoir ont tendance à penser.
Comment saviez-vous que les gens y assisteraient ?
Nous n’avions aucune idée. Dans la nuit du 14 novembre, nous nous sommes retrouvés entourés d’une foule incroyable - les médias ont rapporté qu’il y avait 15 000 personnes - et nous ne pouvions pas le croire.
Nous nous attendions à ce que quelques personnes soient présentes ; nous avons commencé à croire au succès de l’initiative lorsque nous avons vu que dès le premier jour, nous atteignions chacun des objectifs que nous nous étions fixés. Par exemple, nous avons mis en place la page Facebook avec l’objectif initial d’atteindre un millier de personnes, et le lendemain il y en avait déjà plus de trois ou quatre mille. C’était principalement pour deux raisons : premièrement, parce que c'était le bon moment, car évidemment les gens étaient prêts pour une initiative comme celle-ci ; et deuxièmement, par le fait que nous vivons nous-mêmes à Bologne, nous connaissons beaucoup de monde et pouvions donc facilement diffuser le message.
Mais le 14 novembre, personne ne savait ce qui allait se passer. Nous avions dit aux gens qu’il y aurait une surprise et nous l’avons gardée secrète jusqu'à ce que tout le monde se soit réuni, et à 20h30 nous avons joué une chanson de Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, qui se traduit par « combien la mer est profonde ». Dans une partie de la chanson, les paroles disent que nous sommes nombreux, que nous descendons tous du poisson et que vous ne pouvez pas arrêter le poisson parce que vous ne pouvez pas bloquer l’océan, vous ne pouvez pas l’encercler. Cela a généré beaucoup d’émotion et les gens ont même pleuré parce que c’était un sentiment très puissant ; beaucoup de gens ne pouvaient pas croire que cela se produisait vraiment. Les personnes âgées se sentaient à nouveau jeunes, éprouvant des émotions qu’elles croyaient perdues à jamais dans les années 70. Les jeunes enfants ont eu l’occasion de participer à une fête massive et joyeuse, ce qui les a amenés à remettre en question l’idée que la politique est ennuyeuse et sans émotion. Je pense que toute la vague qui a suivi a été générée cette première nuit ; elle est née de cette émotion initiale. Nous n’étions pas 6 000 mais bien plus, et nous avons envoyé le message que le match était loin d'être terminé et que, par conséquent, Salvini ne pouvait pas encore être considéré comme le vainqueur. C’est la clé : quel que soit le sport que vous pratiquez, si vous entrez sur le court en pensant que vous allez perdre, vous perdrez. C’était l’ambiance qui prévalait parmi les partis de gauche et les citoyens progressistes. Nous avons fait ce que nous avons pu pour faire croire à « notre équipe » en elle-même et en ses chances de victoire. On pourrait dire que ce que cherche le mouvement des Sardines, c’est de susciter la confiance en soi dans le camp progressiste.
Qui a organisé toutes les manifestations suivantes ?
L’excitation de la première manifestation s’est propagée grâce à une impressionnante photographie prise du toit du bâtiment municipal, montrant une fourgonnette rouge entourée de milliers de personnes. L’image s’est répandue sur internet et les réseaux sociaux. Elle a aidé à concentrer l’attention sur les élections régionales. Tous les médias internationaux étaient là, alors on leur a offert l’image et ainsi tout a commencé. L’image reflétait le fait que quelque chose d’important se passait, alors quand des gens dans d’autres villes et même d’autres pays ont commencé à nous contacter, nous avons créé une adresse e-mail pour que n’importe qui puisse nous contacter.
Nous avons partagé notre expérience et expliqué à ceux qui nous ont contactés comment nous avions tout mis en place en seulement six jours : comment nous avions demandé des permis pour la manifestation et pour jouer de la musique, comment nous prenions soin des gens, ce genre de choses. Nous avons ensuite organisé toutes les informations afin qu’elles puissent être partagées avec toute personne souhaitant faire quelque chose de similaire ailleurs. Nous avons également enregistré le nom de l’initiative, non pas parce que nous voulions la posséder, mais pour empêcher son utilisation abusive et protéger ses valeurs sous-jacentes. Nous avons passé des heures et des jours à parler au téléphone avec des gens de toute l’Émilie-Romagne, puis d’autres régions, jusqu’à ce que le mouvement soit devenu si grand que nous avons été en mesure d’annoncer une manifestation massive qui se tiendrait à Rome en décembre.
Pour l’événement de Rome, nous n’avons même pas eu grand-chose à faire, car il y avait déjà des gens à Rome qui organisaient eux-mêmes la manifestation et ils nous ont invités comme orateurs. C’était en effet un aspect positif, car il ne s’agissait plus de gens de Bologne qui organisaient un événement pour Rome, mais de gens de Rome s’organisant, mobilisant leurs amis et voisins et invitant les gens à se joindre à eux.
Juste avant les élections, le 19 janvier, nous avons organisé un grand concert à Bologne, dans le but d’encourager la participation électorale. Nous ne voulions pas faire pression sur les gens pour qu’ils votent pour tel ou tel parti, mais pour encourager leur participation. Lors des précédentes élections régionales, l’indifférence avait prévalu : seuls 37 % des électeurs ont exercé leur droit. Le taux de participation le plus élevé que nous avons atteint cette fois, lorsque 69 % ont voté, était en soi une victoire pour la démocratie.
Vous avez mentionné que le mouvement s’est répandu à l’échelle nationale et internationale. Avez-vous également établi des liens avec d’autres mouvements pour la justice dans d’autres pays ?
Le mouvement s’est développé à l’échelle internationale depuis le début, grâce aux Italiens vivant à l’étranger qui ont lu l’actualité, compris ce qui se passait et nous ont contactés. Nous communiquons avec des personnes dans des dizaines de grandes villes de nombreux pays du monde entier, notamment en Australie, aux États-Unis et aux Pays-Bas.
Ce fut le premier pas vers le niveau international, et aussi la raison pour laquelle nous avons ensuite été invités à participer au Forum Culturel Européen, qui a eu lieu à Amsterdam en septembre 2020. Nous avons assisté au festival et là nous avons eu l’occasion de rencontrer des représentants d’Extinction Rebellion du Royaume-Uni, des gilets jaunes français, d’Un Million de Moments pour la Démocratie, une organisation de protestation de la République tchèque, Demosisto de Hong Kong et Queer & Trans Black Resistance, une organisation LGBTQI+ des Pays-Bas. Nous nous sommes connectés à d’autres réalités et avons rencontré d’autres mouvements. Nous avons commencé à parler et à rêver d’un événement qui rassemblerait une grande variété de mouvements de protestation dans les mois ou années à venir, suite à la fin de la pandémie du COVID-19. Maintenant, nous sommes ouverts et curieux de savoir ce que font les autres, tout en restant indépendants. Nous avons notre projet, ils ont le leur et nous collaborons lorsque nous en avons l’occasion.
La page Facebook « 6 000 Sardines » contient de nombreuses expressions de solidarité avec le mouvement pro-démocratie au Bélarus, #EndSARS au Nigéria et Black Lives Matter aux États-Unis. Travaillez-vous en solidarité avec eux ?
Ce que nous avons fait, c’est entrer en contact avec ces mouvements, si possible, et leur faire savoir que nous allons envoyer une communication de solidarité, mais c’est tout. Nous sommes trop occupés à essayer de créer notre propre organisation pour investir de l’énergie en essayant de suivre et de comprendre tout ce que les autres font pour construire leurs propres mouvements.
Nous partageons également l’idée que le mouvement est bien plus que la page Facebook. Pour nous, Facebook est un canal de communication et un moyen utile de diffuser des messages, mais ce n’est pas le cœur du mouvement. Parfois, cela fonctionne plus comme un panneau d'affichage où les gens partagent des informations et échangent des messages, et tout ce qui y apparaît n’est pas le résultat d’une décision commune au niveau de l’organisation. Pour être honnête, parfois j’ouvre notre page Facebook et je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce que j’y trouve. Cela se produit en raison de la délégation des tâches et de l’ouverture à la participation.
Quels sont les objectifs actuels du mouvement et comment ont-ils évolué ?
Nous y avons beaucoup réfléchi car tout a commencé très spontanément et avec un événement fortement lié aux élections, mais ensuite il a continué à se développer. Par conséquent, nous nous sentons responsables de gérer toute cette énergie que nous avons générée. Nous avons fait de notre mieux pour diffuser les bons messages sans alimenter l’illusion. Nous sommes toujours les mêmes que nous étions l’année dernière, quelles que soient les expériences que nous avons vécues ; cependant, nous n’étions pas préparés à tout cela. Jour après jour, nous apprenons à gérer l’attention, les médias et tout ce qui va avec. Nous nous concentrons sur la nécessité de fixer des objectifs et une vision.
Nous y étions lorsque la pandémie de COVID-19 nous a frappés. D'une part, cela nous a affectés négativement parce que nous n’avons pas pu continuer à nous mobiliser ; d’un autre côté, cependant, il s’est avéré avoir un effet étrangement positif, car il nous a obligés à ralentir. Nous avons profité du confinement pour faire la seule chose que nous pouvions faire : s’asseoir et réfléchir. Nous avons ainsi réussi à construire notre manifeste, qui a été le résultat de multiples débats au sein de notre cercle intime.
Le manifeste a marqué un jalon, et nos prochaines étapes ont consisté à travailler pour rendre chacun de ses composants visible et tangible dans la vie réelle. C’est ce sur quoi nous nous concentrons actuellement. Suivant la métaphore de la mer, après la marée haute est venue la marée basse, qui est plus gérable, et nous essayons de nourrir le mouvement pour qu’il pousse à partir des racines, plus lent mais moins chaotique et instable. Nous essayons d’être un point de référence pour quiconque recherche des idées progressistes, sans être un parti mais en montrant le chemin.
Je voudrais souligner le fait que nous avons lancé ce mouvement avec l’idée que nous ne devrions pas simplement blâmer les politiciens ou les partis, mais plutôt nous demander ce que nous faisons nous-mêmes pour apporter au monde le changement que nous voulons voir. Cela signifie que nous n’excluons pas les approches centrées sur de petites choses, comme prendre soin de son quartier. Nous incluons ce type d’approche, ainsi que d’autres plus ambitieuses, telles que la mise en place d’un cap pour les partis progressistes de gauche. Nous considérons que les deux approches sont également valides.
Nous n’excluons pas non plus un discours qui converge avec le nôtre et défend nos valeurs fondamentales. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la progressivité du pape ; nous avons donc invité certaines personnes à en parler, non pas parce que nous sommes un mouvement religieux, mais pour diffuser le genre de message positif qui est actuellement assez difficile à trouver dans l’arène politique.
Il y a quelques mois, nous avons organisé notre première École de Politique, Justice et Paix. Nous l’avons fait dans une petite ville, Supino, parce que cela correspond mieux au modèle d’auto-organisation locale que nous voulons promouvoir. Nous avons invité des acteurs politiques à interagir avec des militants d’une vingtaine d’années. L’idée était de fusionner ces mondes pour créer ce type de communication qui est si rare sur les plateformes de réseaux sociaux. Nous voulons créer des opportunités pour que les personnes d’idées progressistes puissent se rencontrer et discuter, pas nécessairement pour trouver la solution à un problème spécifique, mais pour établir un lien entre des personnes ayant un pouvoir de décision et des personnes intéressées à participer et à changer les choses mais qui ne savent pas vraiment comment le faire.
Comment le mouvement est-il resté en vie pendant le confinement lié à la pandémie du COVID-19 ?
Nous avons invité des gens de toute l’Italie à se concentrer sur le niveau local, car c’était la seule chose qu’ils pouvaient faire de toute façon. Et pour être crédibles, nous avons donné l’exemple. À Bologne, de nombreuses personnes ont mis leur énergie au service des autres, par exemple en faisant les courses pour ceux qui ne pouvaient pas quitter leur maison et en s’impliquant dans d’innombrables initiatives, mouvements et associations locaux. Nous avons encouragé cette implication car nous n’avons jamais eu l’intention de remplacer les organisations existantes, mais plutôt de revitaliser l’activisme et la participation aux affaires publiques.
Mais nous avons demandé aux gens de rester en contact, et nous organisions régulièrement des conversations et des événements spécifiques. Par exemple, pour le 25 avril, Jour de la Libération, nous avons lancé une initiative à travers laquelle nous avons partagé des clips vidéo illustrant la résistance au fascisme et au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale et nous avons invité les gens à les projeter de ses fenêtres sur les murs des bâtiments voisins, et à filmer l’événement. Nous avons récolté les enregistrements et les avons rassemblés dans une vidéo que nous avons diffusée sur les réseaux sociaux. Notre message central était que nous pouvions tous être présents même lorsque nous ne pouvions pas sortir physiquement.
Début mai, nous avons également organisé un flashmob symbolique sur la Piazza Maggiore à Bologne : au lieu de personnes, nous avons mis en place environ 6 000 plantes, que nous avons ensuite vendues en ligne. Nos bénévoles les ont livrés à vélo, et tous les fonds que nous avons collectés sont allés à la municipalité locale, qui s’était engagée à les doubler avec une contribution de ses propres fonds et à investir le montant total pour soutenir des événements culturels pendant l’été. Avant de remettre les plantes, nous avons réalisé une performance artistique sur la place ; puis nous avons déplacé les plantes pour tracer avec elles la silhouette d’un vélo au sol. À la suite de cette initiative, nous avons non seulement marqué notre présence dans l’espace public, mais nous avons également canalisé environ 60 000 euros (environ 69 800 dollars) vers des événements culturels. Plus tard, de nombreuses personnes dans d’autres régions d’Italie ont reproduit l’initiative ou nous ont fait part de leur intérêt à le faire ; cependant, certains n’ont pas pu le faire car elle présentait des complexités logistiques.
Et puis un jour, la municipalité nous a dit qu’elle avait des parcelles de terrain inutilisées qui pourraient être transformées en jardins urbains et elle nous les a offertes. Nous avons organisé des volontaires qui voulaient y travailler, de sorte qu’ils sont maintenant devenus des espaces avec des jardins où l’on cultive des légumes. Ceux qui décident d’investir leur temps et leurs efforts dans ces jardins conservent la moitié des produits qu’ils cultivent et livrent l’autre moitié aux cuisines communautaires qui aident ceux qui n’ont pas assez de ressources pour acheter de la nourriture.
Même pendant le confinement nous avons pensé à Bologne comme un laboratoire où nous pourrions mettre en œuvre et tester nos idées et encourager d’autres personnes à faire de même, soit en reproduisant nos initiatives, soit en essayant quelque chose de différent pour voir ce qui se passe. Si vous testez des initiatives potentiellement reproductibles et faciles à mettre en œuvre, et que de nombreuses personnes emboîtent le pas, vous pouvez réaliser des changements à une échelle considérable.
L’espace civique en Italie est classé comme « limité » par leCIVICUS Monitor.
Entrez en contact avec le mouvement des Sardines via leursite internet ou leur pageFacebook. -
ITALY: ‘The Sardines movement is all about building self-confidence in the progressive side of politics’
CIVICUS speaks to Andrea Garreffa, one of the founders of the Sardines movement (Movimento delle Sardine), a grassroots political movement that began in November 2019 in Bologna, Italy, in protest against the hateful rhetoric of right-wing populist leader Matteo Salvini.
What inspired you to begin this movement?
Regional elections were scheduled for 26 January 2020 in Emilia-Romagna, our home region – and when I say our, I refer to me and the other co-founders of the movement, Mattia Santori, Roberto Morotti and Giulia Trappoloni. On that moment there was a big wave towards the far right, represented by the League party and its leader, Matteo Salvini. There were very scary signs about the general political situation in Italy, one of which was the lack of respect shown to Holocaust survivor Liliana Segre, who was deported to Auschwitz and was the only survivor in her family. From the 1990s she started to speak to the public about her experience and in 2018 she was named senator for life. Segre received so many insults and threats on social media that in November 2019 she was assigned police protection. The situation was very scary; I am not ashamed to admit that I would often cry when I read the newspaper reporting such episodes.
How was the first Sardines demonstration organised?
As the election approached, my friends and I started thinking of a way to speak up and warn the League that the game was not over yet. We wanted to make this extremely clear, both to the far-right parties and to all citizens looking for a stimulus to empowerment. The League party had just won in Umbria and was announcing itself as the winner in Emilia-Romagna as well; they counted on this victory to destabilise the coalition government and return to power. We wanted to do something to stop that narrative. We started to think about this on 6 or 7 November 2019, just a week before Matteo Salvini, along with Lucia Borgonzoni, the League’s candidate to lead the regional government, kicked off their campaign with a rally at Bologna’s sports arena. We had in mind that the last time Salvini had come to Bologna he said that Piazza Maggiore, the main town square, could host up to 100,000 people, in an attempt to claim that was the number of people who attended his rally – something that is physically impossible, as only up to 30,000 very tightly packed people could actually fit into the square. In a way, we also wanted to draw attention to the information on the news and make sure he wouldn’t be able to cheat.
In short, our idea was to organise a flash mob-style demonstration on Bologna’s Piazza Maggiore, on the same day as Salvini’s rally, and we named it ‘6,000 sardines against Salvini’ because our aim was to gather around 6,000 people and our tactic was to show we were many – so we used the image of crowds of people squeezed together like sardines in a shoal. In the few days we had to organise it, we set the main narrative and prepared some templates that could be customised so each person was free to express themselves and be creative. Ours was a message that anybody could understand, and the actions required were something that anybody could do. We wanted to get rid of all the negative feelings linked to existing political parties, so the initiative was inclusive from the very beginning. It wasn’t linked to any party but rather open to anybody who shared its core values of anti-fascism and anti-racism.
We sent out an invitation, not just through Facebook, which of course we did, but more importantly, we went out to the streets to distribute flyers and talk to people, so people could understand that the event was real and it was actually going to happen. It was surprising that just two days after we had launched the Facebook campaign, we were handing out flyers and people would say that they already knew about the event. Word of mouth worked incredibly well; in my opinion, this reflected a very strong need among people to do something to ensure Matteo Salvini did not win in Bologna and in Emilia-Romagna. People understood and felt the importance of this election. During the summer Salvini had destabilised the national government by ‘showing off’ in Milano Marittima, claiming pieni poteri – ‘full powers’, an expression used by Mussolini back in the day. Citizens could not stand the risk of such a poor show taking place again and really felt the call to action when the far-right propaganda started spreading messages such as ‘Liberiamo l’Emilia-Romagna’ (Let’s free Emilia-Romagna), as if people had forgotten their history lessons: the region had no need to be freed because that had already happened, at the end of the Second World War. People felt disrespected in their intelligence, and we stood up to make that visible and tangible. People are less stupid than what people in power tend to think.
How did you know people would come?
We had no clue. On the night of 14 November we found ourselves surrounded by this incredible crowd – the media reported there were 15,000 people – and we couldn’t quite believe it.
We had expected a number of people to attend; we started to believe in the success of the initiative when we saw that from day one we were achieving every goal we set for ourselves. For example, we set up the Facebook page with the initial goal of reaching a thousand people, and the next day we were already more than three or four thousand. That was mostly for two reasons: firstly timing, as people were ready for an initiative like this, and secondly, the fact that we live in Bologna, so we know a lot of people and could easily spread the message.
But on 14 November nobody knew what was going to happen. We told people there would be a surprise and managed to keep it secret until everybody had gathered, and at 8:30 pm we played a song by Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, which translates as ‘how deep is the sea’. In one part of the song, the lyrics say that we are many, and we all descend from fish, and you cannot stop fish because you cannot block the ocean, you cannot fence it. This built up a lot of emotion, and people even cried because it was very powerful and could not believe it was happening for real. Older people felt young again, living emotions they thought lost forever in the 1970s. Young kids had the opportunity to participate in a massive and joyful party, which made them question the fact that politics is all boring and unemotional. I think the whole wave that came afterwards was born that first night. It built up from that initial emotion. We were not 6,000 but many more, and we sent out the message that the game was far from over and Salvini could not yet claim victory. This was key: whatever sport you play, if you enter the field thinking you are going to lose, you’ll lose. This was the general mood among left-wing parties and progressive citizens. We did what we could to make ‘our team’ believe in itself and its chances of victory. We may say that the Sardines movement is all about building self-confidence in the progressive side of politics.
Who organised all the demonstrations that followed?
The emotion of the first demonstration spread thanks to an impressive picture taken from the municipality building, which shows a red minivan surrounded by thousands of people. The picture spread all over the internet and social media. It helped focus a lot of attention on the regional election. All the international media was there so we offered them the image and that was the start of everything. The picture reflected the fact that something big was going on, so when people from other cities and even from other countries started trying to contact us, we set up an email address so anybody could reach out to us.
We shared our experience and explained to anyone who contacted us how we set everything up in just six days: how we requested the permits for the gathering and for playing the music, how we took care of people, those things. We then organised all the information to share with whoever wanted to do something similar somewhere else. We also registered the name of the initiative, not because we wanted to own it, but to prevent its misuse and protect its underlying values. We spent hours and days on the phone with people from all around Emilia-Romagna, and then from other regions, until the movement was so big that we were able to announce a massive demonstration to be held in Rome in December.
For the Rome event we didn’t even have to do much, because there were people in Rome organising the demonstration by themselves, and we were invited to attend as guest speakers. That was actually a strength, because this wasn’t people from Bologna organising an event for Rome, but people from Rome organising themselves, mobilising their friends and neighbours and inviting people to join.
Right before the elections, on 19 January, we organised a big concert in Bologna, aimed at encouraging electoral participation. We didn’t want to pressure people to vote for this or that party, but rather encourage participation. Indifference had prevailed in the previous regional elections, and only 37 per cent of potential voters made use of their right. The higher turnout we achieved this time around, when 69 per cent of people voted, was by itself a victory of democracy.
You mentioned that the movement spread both nationally and internationally. Did it also establish connections with other justice movements around the world?
The movement reached an international scale in the very beginning, thanks to Italians living abroad who were reading the news, understood what was going on and got in touch with us. We reached out to people in dozens of major cities in countries around the world, including Australia, The Netherlands and the USA.
That was the first step towards reaching international scale, and also the reason why the four of us were then invited to participate in the Forum on European Culture, held in Amsterdam in September 2020. We attended the festival and had the opportunity to meet representatives from Extinction Rebellion in the UK, the French Yellow Vests, Million Moments for Democracy, a protest organisation in the Czech Republic, Hong Kong’s Demosisto and Black Queer & Trans Resistance, an LGBTQI+ organisation in The Netherlands. We connected with other realities and learned about other movements. We started talking and dreaming about an event to bring together a wide variety of protest movements in the coming months or years, after the COVID-19 pandemic is over. We are now open and curious to find out what others are doing, but we remain independent. We do our thing, they do their own, and we collaborate when we get the chance.
The 6000 Sardine Facebook page displays various expressions of solidarity with movements such as the pro-democracy movement in Belarus, #EndSARS in Nigeria and Black Lives Matter in the USA. Do you organise in solidarity with them?
What we have done is get in touch with those movements, if possible, and let them know that we are going to send out a communication of solidarity, but that’s about it. We are busy enough trying to set up an organisation of our own to invest energy in trying to follow and understand what others are doing to build their own.
We also have a common agreement that the movement is not the Facebook page, but a lot more. To us, Facebook is a communication channel and a useful way to spread messages, but it’s not the core of the movement. Sometimes it functions rather as a billboard where people share and exchange things, and not everything there is the result of a joint, organisation-level decision. To be honest, sometimes I open our Facebook page and I do not necessarily agree with everything that I see there. And this happens because of delegation of tasks and openness to participation.
What are the goals of the movement now, and how have they evolved?
We have given this a lot of thought because it all started as a spontaneous thing that was specifically related to the elections but then continued to grow. So we felt responsible for handling all this energy. We did our best to spread the right messages while not feeding illusion. We are still the same people we were last year, regardless of the experiences we went through, but we were not prepared for all of this. Day after day we learned how to deal with the attention, the media and everything that came with it. We focused on the need to set goals and a vision.
We were at it when then the COVID-19 pandemic struck. On one hand it was very negative for us, as we couldn’t keep mobilising, but on the other hand it turned out to be a strange kind of positive, because it forced us to slow down. We took advantage of the lockdown to do the only thing that we could do: sit down and think. We managed to put together our manifesto, which was the result of multiple debates within our inner circle.
The manifesto was a milestone, and our next steps were to try and make each of its articles visible and tangible in real life, which is what we are focusing on now. Following the metaphor of the sea, after the high tide came the low tide, which is more manageable, and we are trying to nurture the movement so it grows from the roots, more slowly but less chaotic and unstable. We try to be a point of reference to anyone who is looking for progressive ideas, without being a party but pointing out the direction.
I would like to stress the fact that we started this movement with the idea that we should not point fingers at politicians or parties but ask ourselves what we are doing to bring into the world the change that we want. This means we don’t exclude approaches focused on little things such as taking care of your own neighbourhood. We include this kind of approach as well as more ambitious ones such us setting up the direction for progressive left-wing parties. We consider both approaches to be valid.
We don’t exclude any discourse that converges with ours and upholds our core values. For instance, right now there is a lot of talk about how progressive the Pope is, so we are inviting people to talk about that, not because we are a religious movement but to spread the kind of positive messaging that is currently quite difficult to find in the political arena.
A few months ago, we organised our first School of Politics, Justice and Peace. We held it in a small town, Supino, because it better fitted the model of local self-organisation that we want to promote. We invited people who are involved in the political arena to interact with activists in their 20s. The idea was to merge those worlds to create the kind of communication that social media platforms lack. We want to create opportunities for progressive people to meet with others and talk, not necessarily to find the solution to a specific problem but to make sure that there is a connection between people with decision-making power and people who are interested in participating and changing things, but don’t really know how.
How did you keep the movement alive while in COVID-19 lockdown?
We invited people all over Italy to focus on the local level because it was the only thing they could do. And we set the example to be credible to others. Many people in Bologna put their energy at the service of others, for instance by going grocery shopping for those who couldn’t leave their homes and getting involved in countless local initiatives, movements and associations. We encouraged this, because it was never our goal to replace existing organisations, but rather to revitalise activism and involvement in public affairs.
But we did ask people to stay in touch, so we would have calls and organise specific events. For example, for 25 April, Liberation Day, we launched an initiative in which we shared clips from movies showing resistance to fascism and Nazism during the Second World War and invited people to project them out of their windows and onto neighbouring buildings, and film the event. We collected the recordings and put them together into a video that we disseminated on social media. Our core message was that we could all be present even if we could not physically get out.
In early May we also organised a symbolic flash mob in Bologna’s Piazza Maggiore: instead of people we lined up around 6,000 plants, which we went on to sell online. Our volunteers delivered them by bike, and all the funds we collected went to the local municipality, which had committed to invest the full amount, matched one to one with their own funds, to support cultural events over the summer. Before delivering the plants, we staged an artistic performance on the square; then we moved the plants around to draw the shape of a bicycle on the floor. As a result of this initiative, we not only marked our presence in a public space but also channelled about €60,000 (approx. US$69,800) towards cultural events. Later on, people from all over Italy either replicated the initiative or told us they were interested in doing so; however, some couldn’t because it involved some complex logistics.
And then one day the municipality told us that they had some unused plots of land that could potentially be turned into garden blocks and offered them to us. We organised volunteers who wanted to work on them so now these have become garden blocks in which vegetables are grown. People who invest their time and effort to work in these gardens keep half the produce for themselves and give the other half to communal kitchens that help people who cannot afford to buy food.
Even under lockdown, we thought of Bologna as a lab where we could implement and test our ideas and encourage other people to do the same, by either replicating our initiatives or trying something different to see what happens. If you try things that are potentially replicable and easy for others to implement, and many people follow through, then you can achieve change on a considerable scale.
Civic space in Italy is rated as ‘narrowed’ by theCIVICUS Monitor.
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JAPAN: ‘The vulnerability of the homeless is the result of contemporary society’s built-in social exclusion’
CIVICUS speaks to Tsubasa Yuki ofMoyai Support Centre for Independent Living about the situation of homeless people amid the COVID-19 pandemic in Japan. Founded in 2001, the Moyai Support Centre supports homeless people by creating a community space and providing advice and rent guarantees for those seeking housing.
In Japan it is illegal to beg on the streets and there is little sympathy for homeless people, who are commonly stereotyped as running away from gambling debts. Tokyo’s preparations for the Olympic Games, originally planned for 2020 and now postponed to 2021, prompted the removal of homeless tents around railway stations and parks. In the context of the COVID-19 pandemic, the Moyai Support Centre started an online petition to request permission from the Tokyo Olympic organisers and the city government to use the Olympic Village as a homeless shelter.
Can you tell us about the work of the Moyai Support Centre for Independent Living?
Our programmes for supporting homeless people are threefold, and most of them are not exclusive for people in homelessness. Firstly, we have a consultation service, Seikatsu-Soudan. Every Tuesday, around 20 people visit our office asking for immediate help. In most cases, they are seriously impoverished and need public assistance. In those cases, we provide them with accurate information about social welfare services and support their application processes.
Secondly, we provide rent guarantees for homeless people seeking secure housing. After applying for public assistance, people are usually allocated to shelters and then start searching for apartments, and this is where we come in. We have provided rent guarantees for more than 2,000 people in total. However, insurance issued by private companies has recently become more common. So we advise our visitors to use those private companies if they can, and often our representative provides his phone number as an emergency contact when they apply for private insurance.
Thirdly, we have a community space. It is often the case that even after getting secure housing, formerly homeless people do not have any place to be when they go out. So we have a café, Salon de Café Komorebi, which opens every Saturday. This café is managed by our staff alongside many volunteers, including formerly homeless people. Unfortunately, the café is currently closed due to the COVID-19 pandemic.
What was the situation of homeless people in Japan before the pandemic?
Some general trends can be identified. In Tokyo, and probably in other Japanese cities, there are at least 1,000 rough sleepers, most of whom are male and relatively old, with an average age around the mid-50s. They usually combine multiple strategies for survival: they are day labourers, seek other informal jobs, scavenge and eat at soup kitchens. In the case of Tokyo, the Tokyo Metropolitan Government (TMG) has a public employment programme through which rough sleepers can gain a monthly cash income of around 20,000 yen (approx. US$190). Rough sleepers are mostly single males, but many of them form some kind of community in which they share useful information and, less frequently, jobs.
In addition to rough sleepers, at least 4,000 people use cyber cafés and other facilities to spend the night in. Most of them are employed in the most insecure part of the labour market – they are cleaning staff, security officers, construction workers, or have transportation jobs. While they may seem to have relatively more secure housing than rough sleepers, the truth is that cyber cafés are segregated into compartments and as a result, these people usually don’t have any communities they belong to.
What specific challenges have homeless people faced during the pandemic?
The most striking point is that many community-based and faith-based organisations and other groups suspended soup kitchens due to fear of spreading the virus. This has made it really hard for rough sleepers to get enough food and vital information about the virus and the public services available to them.
In addition, public employment services stopped in April 2020 and as a result, rough sleepers have lost their major source of cash income. Cash incomes from the informal economy, including scavenging, also declined because of the lockdown and stay-at-home policies.
In April, the TMG requested that many enterprises in the service economy suspend their business. Cyber cafés and similar facilities were also requested to stop operating. Although this was not mandated by law, many enterprises followed the policy. As a result, people living in cyber cafés lost their places to sleep. Many of them also lost their jobs and incomes due to economic decline prompted by the lockdown policy.
How have the Moyai Support Centre and other civil society organisations (CSOs) responded to the situation?
Many CSOs have had to stop their activities as well. We closed our café in April 2020. But at the same time, we extended our consultation services. Currently, in addition to the Tuesday consultation service, we have set up a soup kitchen and provide consultation services in front of the TMG office, together with another civil society group, Shinjuku Gohan Plus. In April alone, we distributed more than 600 packages of food and provided consultation services to more than 150 people.
As well as providing direct services to people in need, we have started a petition so we can use the Olympic Village set up for the 2021 Tokyo Olympics as a shelter during the COVID-19 pandemic. So far, the petition has collected more than 50,000 signatures.
Under the pandemic, the TMG made 2,000 hotel rooms available as shelter for those expelled from cyber cafés, and more than 800 people have been using them. But it is not clear whether this policy will be extended after the state of emergency ends. The Olympic Village can be the next place to accommodate them.
In July and August 2020, we will have elections for the TMG. We are trying to tackle the shortage of decent shelters for people facing homelessness by making the issue one of the major topics in the coming election for Tokyo’s governor. As it is connected both to issues of the Olympics and COVID-19, it is now attracting a great deal of attention from people inside and outside Tokyo. So we are now planning to submit a petition and deliver an open questionnaire letter to candidates in the election. They will be obliged to express their stance and opinions on the issue of homelessness in Tokyo.
But we understand these are only temporary solutions. Be it at hotels or the Olympic Village, these are only temporary shelters at best. The next step for us is to support homeless people to find secure housing, that is, get their own apartment. This is challenging even for people who have successfully applied for and received public assistance. We are trying to reach them in shelters and support them in finding apartments.
But this cannot be done solely by CSOs like us. This mass transition from shelters to apartments can only be successfully accomplished with the help of willing and conscientious owners and landlords. The next goal for both CSOs and public entities should be to gain their support.
What lessons have you learned so far around the COVID-19 pandemic and its impacts on homeless people?
The current situation reveals that soup kitchens and other voluntary activities played a vital role as an information centre for homeless people, and especially for rough sleepers. People in that situation have scarce access to important information about COVID-19 and related policies and services. Some of them gain information from radio and newspapers but these media are not available to all rough sleepers. Thus, for many of them, voluntary activities are almost the only source of accurate information.
Further, while it might be common knowledge that homeless people are particularly vulnerable to disasters, it is worth noting that homeless people and those working in insecure jobs have been the first to be affected by the pandemic, and the hardest hit. Stay-at-home policies might be one of the most effective strategies against the pandemic, but they presuppose that people have secure housing and a certain amount of savings. For those people with no secure housing, employment status and savings, it is almost impossible to follow the policy. In addition, homeless people are not eligible for any of the compensation or temporary income support that is available to other people. The vulnerability of the homeless is the result of contemporary Japanese society’s built-in social exclusion.
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JAPON : « La vulnérabilité des sans-abri est le résultat de l’exclusion, une réalité ancrée dans la société contemporaine »
CIVICUS s’entretient avec Tsubasa Yuki, duCentre de soutien à la vie indépendante de Moyai, sur la situation des personnes sans domicile pendant la pandémie de COVID-19 au Japon. Fondé en 2001, le Centre Moyai soutient les sans-abri en créant un espace communautaire et en fournissant des conseils et des garanties de loyer pour ceux qui cherchent un logement.
Au Japon, il est illégal de faire la manche dans la rue et les sans-abri suscitent peu de sympathie, car ils sont souvent considérés comme des personnes fuyant les dettes qu’ils ont contractées en jouant à des jeux de hasard. À Tokyo, les préparatifs des Jeux olympiques, initialement prévus pour 2020 mais désormais reportés à 2021, ont entraîné le démantèlement de tentes pour sans-abri situées près des gares et des parcs. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Centre Moyai a lancé une pétition en ligne pour demander aux organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et au gouvernement de la ville l’autorisation d’utiliser le village olympique comme refuge pour les sans-abri.
Pouvez-vous nous parler du travail du Centre de soutien à la vie indépendante de Moyai ?
Nous avons trois types de programmes d’aide aux personnes sans domicile, dont la plupart ne leur sont pas exclusivement destinés. Premièrement, nous avons un service de conseil, nommé Seikatsu-Soudan. Chaque mardi, une vingtaine de personnes se rendent dans nos bureaux à la recherche d’un soutien immédiat. Dans de nombreux cas, il s’agit de personnes complètement démunies qui ont besoin d’une aide publique. Nous leur donnons alors des informations précises sur les services d’aide sociale et les aidons à préparer leurs demandes d’aide.
Deuxièmement, nous donnons des garanties de loyer aux sans-abri qui cherchent un logement. Après avoir demandé l’aide publique, ces personnes sont souvent envoyées dans des refuges, avant de commencer à chercher des appartements, et c’est là que nous intervenons. En tout, nous avons fourni des garanties de loyer à plus de 2 000 personnes. Récemment, cependant, les assurances émises par des sociétés privées sont devenues plus courantes. Nous recommandons donc aux personnes qui sollicitent notre aide d’utiliser ces assurances si elles le peuvent, et il arrive souvent que nos représentants laissent leur numéro de téléphone comme contact d’urgence lorsqu’elles font une demande d’assurance privée.
Troisièmement, nous avons un espace communautaire. Bien souvent, même après avoir obtenu un logement, les personnes qui auparavant étaient sans-abri n’ont nulle part où aller lorsqu’elles veulent sortir. C’est pourquoi nous avons créé un café, le Café Komorebi, qui est ouvert tous les samedis. Il est géré par notre personnel et de nombreux bénévoles, parmi lesquels des anciens sans abri. Malheureusement, le café est actuellement fermé en raison de la pandémie de COVID-19.
Quelle était la situation des sans-abri au Japon avant la pandémie ?
Certaines tendances se dégagent. À Tokyo, et probablement dans d’autres villes japonaises, on compte au moins 1 000 personnes qui dorment dans la rue, dont la plupart sont des hommes relativement âgés, de 55 ans en moyenne. Elles survivent en combinant généralement plusieurs stratégies d’adaptation : elles trouvent des petits boulots ou d’autres occupations informelles, font les poubelles pour trouver de la nourriture ou mangent à la soupe populaire. Dans la capitale, le gouvernement métropolitain de Tokyo (GMT) dispose d’un programme d’emploi public dans le cadre duquel les personnes qui dorment dans la rue peuvent gagner un revenu mensuel en espèces de 20 000 yens (environ 190 dollars américains). Ces personnes sont pour la plupart des hommes seuls, mais beaucoup d’entre elles font partie d’une sorte de communauté dans laquelle elles partagent des informations utiles et, plus rarement, des opportunités d’emploi.
Outre les personnes qui dorment dans la rue, au moins 4 000 autres passent la nuit dans des cybercafés et autres espaces clos. Beaucoup d’entre eux travaillent dans les secteurs les plus précaires, généralement en tant que personnel d’entretien ou de sécurité, ouvriers du bâtiment ou employés des transports. Même si leur situation semble plus sûre que celle des personnes qui dorment dans la rue, la vérité est tout autre : les cybercafés sont compartimentés et les isolent donc des autres, si bien qu’elles n’ont généralement pas de communauté d’appartenance.
Quels défis particuliers doivent relever les sans-abri pendant la pandémie ?
Le défi le plus évident résulte du fait que de nombreuses organisations confessionnelles et communautaires ainsi que d’autres groupes ont suspendu les soupes populaires par crainte de propager le virus. Une telle décision a nui à la capacité des personnes qui dorment dans la rue à se nourrir suffisamment et à obtenir les informations nécessaires sur le virus et les services publics à leur disposition.
En outre, les services publics de l’emploi ont été supprimés en avril 2020. Par conséquent, les personnes qui dorment dans la rue ont perdu leur principale source de revenus. Les revenus en espèces provenant du secteur informel de l’économie, notamment de la collecte et du tri des déchets, ont diminué en raison des mesures de confinement.
En avril, le GMT a demandé aux entreprises du secteur des services de suspendre leurs activités. Les cybercafés et autres établissements similaires ont également été priés de cesser leurs activités. Bien qu’elles ne soient pas légalement tenues de le faire, de nombreuses entreprises ont décidé d’appliquer ces mesures. Ainsi, les personnes qui dormaient dans les cybercafés ont perdu leur abri. Nombre d’entre elles ont également perdu leur emploi et leurs revenus en raison du déclin économique provoqué par les politiques de quarantaine.
Comment le Centre Moyai et les autres organisations de la société civile (OSC) ont réagi à la situation ?
De nombreuses OSC ont également dû suspendre leurs activités. Nous avons fermé notre café en avril 2020, mais dans le même temps, nous avons étendu notre service de conseil. Actuellement, en plus de poursuivre notre service de conseil du mardi avec l’aide d’une autre OSC, nommée Shinjuku Gohan Plus, nous avons créé une soupe populaire. Rien qu’en avril, nous avons distribué plus de 600 repas et conseillé plus de 150 personnes.
En plus de fournir des services directement aux personnes dans le besoin, nous avons lancé une pétition pour être autorisés à utiliser le village olympique préparé pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2021 comme abri pendant la pandémie de COVID-19. À ce jour, la pétition a recueilli plus de 50 000 signatures.
Pendant la pandémie, le GMT a mis 2 000 chambres d’hôtel à la disposition des personnes qui avaient été chassées des cybercafés, dont plus de 800 personnes ont profité. Mais nous ignorons encore si cette politique sera prolongée au-delà de l’état d’urgence. Le village olympique pourrait potentiellement loger ces personnes dans le futur.
En juillet et août 2020, il y aura des élections pour le GMT. Nous tentons de remédier à la pénurie d’abris décents pour les personnes sans domicile en plaçant cette question en tête de l’ordre du jour de la prochaine élection du gouverneur de Tokyo. Cette question est en lien avec les Jeux olympiques et la COVID-19 et retient donc l’attention de nombreuses personnes à Tokyo et ailleurs. Nous avons donc l’intention de soumettre une pétition et une lettre ouverte aux candidats à cette élection. Ils seront ensuite obligés d’exprimer leur opinion sur la question des sans-abri à Tokyo.
Toutefois, nous avons conscience du fait que toutes ces solutions ne sont que temporaires. Les hôtels et le village olympique seraient au mieux des abris temporaires. La prochaine étape pour nous est d’aider les sans-abri à obtenir un logement, c’est-à-dire un appartement bien à eux. Il s’agit-là d’un défi, même pour ceux qui ont réussi à demander et à recevoir une aide publique. Nous essayons de les contacter et de les soutenir dans leur recherche d’appartement.
Mais les OSC ne peuvent y parvenir seules. La transition de ces personnes des abris vers des appartements ne peut se faire avec succès qu’avec la collaboration de propriétaires et de gestionnaires consciencieux et volontaires. Le prochain objectif des OSC et des entités publiques doit donc être de gagner leur soutien.
Quels enseignements avez-vous tirés jusqu’à présent de la pandémie de COVID-19 et de son incidence sur les sans-abri ?
La situation actuelle a montré que les soupes populaires et autres activités bénévoles jouent un rôle essentiel en tant que centres d’information pour les personnes sans domicile, et surtout pour celles qui dorment dans la rue. Ces personnes ont peu d’accès aux informations essentielles sur la COVID-19 et sur les politiques et les services liés à la pandémie. Certaines se tiennent informées grâce à la radio ou aux journaux, mais les personnes qui dorment dans la rue n’y ont pas toujours accès. Par conséquent, les activités bénévoles représentent pratiquement la seule source d’informations fiables à laquelle bon nombre d’entre elles ont accès.
En outre, s’il peut sembler évident que les sans-abri sont particulièrement vulnérables lors de catastrophes, il convient de noter que ces personnes, ainsi que celles qui occupent des emplois précaires, ont été les premières et les plus durement touchées par la pandémie. Les mesures de quarantaine sont peut-être les stratégies les plus efficaces contre la pandémie, mais elles impliquent que les gens disposent d’un logement sûr et d’une certaine somme d’argent mise de côté. Pour ceux qui ne disposent ni d’économies, ni d’un logement ou d’un emploi sûr, il est presque impossible de se conformer aux mesures. En outre, les sans-abri ne peuvent prétendre à aucune des formes d’indemnisation ou de revenu complémentaire temporaire dont bénéficient les autres personnes. La vulnérabilité des personnes sans domicile est le résultat de l’exclusion, qui est ancrée dans la société japonaise contemporaine.
L’espace civique au Japon est classé comme « rétréci » par leCIVICUS Monitor.
Contactez le Centre Moyai via sonsite web.
