defensor de los derechos humanos

 

  • Ante la actual crisis de derechos humanos, el Consejo debe tomar medidas más contundentes

    Consejo de Derechos Humanos 49º período de sesiones

    Pronunciada por Nicola Paccamiccio

    Gracias, señor Presidente.

    Acogemos con satisfacción el informe del Alto Comisionado, y nos hacemos eco en los términos más enérgicos de su conclusión de que el Consejo debe considerar nuevas medidas para reforzar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos.

    Tras meses de intensa represión, la calificación del espacio cívico de Nicaragua bajó el pasado diciembre de "represivo" a "cerrado", la peor calificación posible para el CIVICUS Monitor. Prevalece un ambiente de miedo y violencia.

    En el periodo previo a las elecciones de noviembre, los candidatos de la oposición, así como las personas críticas con el gobierno -incluidos líderes estudiantiles, abogados, defensores y periodistas- fueron detenidos acusados de "actuar para socavar la integridad nacional", en virtud de leyes represivas diseñadas para criminalizar todo tipo de crítica. Este tipo de leyes allanaron el camino hacia unas elecciones ilegítimas.

    Las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua están trabajando en un entorno cada vez más hostil. El gobierno ha seguido cerrando organizaciones mediante la revocación de su estatus legal, en este momento hay más de 60 organizaciones a las que se les ha cancelado su estatus legal, desde grupos humanitarios y de derechos humanos hasta entidades empresariales y académicas. En febrero, decenas de personas encarceladas por motivos políticos fueron condenadas como consecuencia de juicios sumarios y arbitrarios. La situación de las personas encarceladas por motivos políticos sigue siendo grave, especialmente teniendo en cuenta las numerosas denuncias de malos tratos y torturas.

    Las amenazas del gobierno han obligado a un mayor número de periodistas a huir del país en los últimos meses. La vigilancia y la autocensura son habituales. Los reporteros han sido objeto de ataques personales, han sido citados y amenazados con cargos.

    Dadas las continuas y graves violaciones de derechos humanos y la impunidad, así como la falta de voluntad de las autoridades para cooperar y comprometerse con los mecanismos regionales e internacionales, es esencial, tal y como ha concluido el Alto Comisionado, que el Consejo adopte un enfoque más firme ante la crisis de derechos humanos. Pedimos al Consejo que establezca urgentemente un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en esta sesión.

    Gracias.

     

  • En el Día de Nelson Mandela, alrededor de 200 organizaciones de DDHH piden la liberación de activistas como parte de la campaña “Conviértete en mi testigo” #StandAsMyWitness

    • 197 organizaciones de derechos humanos firman una carta para exigir a los Estados que pongan fin al encarcelamiento y al acoso que sufren las personas que defienden los  derechos humanos. 
    • Instamos a los Estados a que pongan fin a los nuevos arrestos y detenciones de defensores que se están produciendo durante la pandemia del COVID-19, con el aumento de riesgo que ello supone
    • Lanzamiento de la campaña "Conviértete en mi testigo" el 18 de julio, Día de Nelson Mandela, con la participación de defensores de los derechos humanos de todo el mundo.

     

  • Honduras : Libertad para los defensores de los derechos humanos de Guapinol detenidos arbitrariamente desde hace dos años

    - Hoy se cumplen exactamente dos años desde que los defensores de los derechos humanos de Guapinol fueron encarcelados
    - Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS
    - Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y pide su liberación
    - Este mes de agosto, han ampliado ilegalmente su detención a seis meses más
    - Honduras es uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos medioambientales

    Desde hace dos años, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) están en prisión preventiva en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

    Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

    "No hay absolutamente ninguna base para que Honduras detenga a los ocho defensores de los derechos humanos y los siga manteniendo en prisión preventiva. A pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, incluidos los de los organismos de las Naciones Unidas, para que sean liberados, las autoridades hondureñas siguen haciendo caso omiso del Estado de derecho y los mantienen retenidos desde hace dos años", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

    El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

    El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente.

    "La continua detención de los defensores de los derechos humanos de Guapinol viola los derechos humanos regionales e internacionales de Honduras y expone a los defensores a graves riesgos de salud en el contexto de una pandemia mundial", continuó David.

    Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y pide su liberación.

    CIVICUS hace un llamamiento al gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

    Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor

     

  • Honduras: Comienza el juicio a los defensores de Guapinol mientras el Estado sigue ignorando las peticiones de liberación

    • El juicio de los defensores de los derechos humanos de Guapinol comienza hoy, 1 de diciembre, tras dos años de detención ilegal.
    • Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS.
    • La Organización de Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y exige su liberación.
    • Honduras ha sido nombrada recientemente por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
    • Honduras es uno de los lugares más peligrosos para las personas que defienden los derechos medioambientales.

    Tras más de dos años en prisión preventiva, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) van a ser juzgados este 1 de diciembre de 2021 en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

    Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

    " Las autoridades hondureñas siguen adelante con el juicio, a pesar de que grupos de la sociedad civil de Honduras y miembros de la comunidad internacional han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la prolongada detención y la persecución judicial de los ocho defensores de los derechos humanos. El proceso judicial ha sido irregular hasta ahora, y los defensores de los derechos humanos deben ser puestos en libertad inmediatamente", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

    El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

    El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente. En octubre de 2021, Honduras fue nombrada por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

    " Honduras sigue ignorando las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y transmite un mensaje contradictorio sobre sus compromisos en materia de derechos humanos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", continuó David.

    Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y lucha por su liberación.

    CIVICUS hace un llamamiento al nuevo gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.


    Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor.

     

  • Nicaragua: Un mes después, Medardo Mairena Sequeira sigue detenido

    La alianza global de la sociedad civil CIVICUS se muestra seriamente preocupada por la prolongada detención del defensor de los derechos humanos nicaragüense, Medardo Mairena Sequeira. Medardo fue detenido hace un mes durante una oleada de arrestos de activistas y personas que manifestaron su deseo de presentar su candidatura a la Presidencia en el contexto de las elecciones presidenciales, previstas para noviembre de 2021.

    El presidente Daniel Ortega lleva demasiado tiempo utilizando los mecanismos del Estado en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la oposición política, con el fin de reprimir la libertad de expresión y prolongar su permanencia en el poder. Ahora, a pocos meses de las elecciones de noviembre de 2021, este recrudecimiento de la represión pretende silenciar a la oposición política para garantizar su victoria cuando los nicaragüenses voten. La comunidad internacional debe tomar medidas ahora para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos”, ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y de campañas de CIVICUS.

    Además de Medardo, entre los detenidos se encuentran los dirigentes sindicales Freddy Navas Lopes, Pablo Morales y Pedro Joaquín Mena. La mayoría de los detenidos están acusados de complicidad en el secuestro y asesinato de policías en 2018 durante las protestas multitudinarias que recorrieron Nicaragua ese año. Las autoridades afirman que están investigando a los detenidos por incitación a la injerencia extranjera y violación de la soberanía nacional.

    Asimismo, la policía realizó una redada en el domicilio de las líderes feministas Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, a las que arrestó. Ambas son miembros del partido de la oposición “Unamos”. Los dirigentes y miembros de Unamos han sido, desde hace varios meses, víctimas de detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Las autoridades también han prohibido viajar a otros miembros de la oposición política y de la sociedad civil, además de congelar sus cuentas bancarias.

    Contexto

    Desde 2018, el gobierno del presidente Ortega ha desencadenado una crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la oposición política han sido víctimas de actos de intimidación, arrestos y detenciones por parte de agentes de seguridad. En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una Resolución en respuesta a las violaciones de derechos humanos que renueva y refuerza el escrutinio de Nicaragua. En febrero de 2021, también se incluyó a Nicaragua en la Lista de Vigilancia (Monitor Watch List) de CIVICUS, a causa de la preocupación suscitada por el rápido deterioro del espacio cívico del país. A unos meses de las elecciones de noviembre, las autoridades han aumentado sus ataques contra miembros de la oposición política, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

    El espacio cívico de Nicaragua se clasifica como "represivo" por el CIVICUS Monitor, nuestra plataforma en línea que evalúa el estado de las libertades cívicas en todos los países.

    *Crédito de la foto: Jorge Mejía peralta

     

  • Pakistán: la sociedad civil mundial pide la liberación inmediata de Mohammed Ismail y el cese de toda forma de acoso e intimidación

    Novedad sobre el caso a 26 de noviembre de 2019: 


    Los miembros abajo firmantes de CIVICUS, la alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) exigen la liberación inmediata del profesor Mohammed Ismail de la detención preventiva en Pakistán y el cese de toda forma de acoso e intimidación y amenazas contra él y su familia.

    Mohammed Ismail es miembro desde hace tiempo de AGNA, una red de 90 asociaciones nacionales y plataformas regionales de todo el mundo. Él es el punto focal del Foro de ONG de Pakistán (PNF), un organismo que agrupa a otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Pakistán. Su hija, Gulalai Ismail, es una defensora de los derechos humanos que se ha enfrentado a la persecución de las autoridades por defender los derechos de las mujeres y las niñas, y por intentar poner fin a las violaciones de los derechos humanos contra el grupo étnico pastún. Tras este episodio, se le ha concedido asilo en los Estados Unidos de América.

    En julio de 2019, en aplicación de la Ley Antiterrorista, Mohammed Ismail fue acusado de cargos en relación con el trabajo legítimo de derechos humanos de su hija, Gulalai Ismail. El 24 de octubre de 2019, fue asaltado fuera de la Corte de Peshawar por hombres vestidos con uniformes militares negros, que lo obligaron a subir a un vehículo negro. Estuvo en paradero desconocido hasta la mañana del 25 de octubre, cuando compareció, bajo la custodia de la Agencia Federal de Investigaciones de Pakistán, ante un magistrado judicial y se le acusó de cargos adicionales en virtud de la Ley de Delitos Electrónicos de Pakistán. Sigue detenido y las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas han sido rechazadas por los tribunales.

    Además, estamos profundamente preocupados por los informes fidedignos que hemos recibido sobre las condiciones deplorables en las que se mantiene al profesor Ismail detenido, que puede considerarse como trato cruel, inhumano y degradante. Le ha sido denegada la atención médica, a pesar de tener múltiples problemas de salud, incluido un trastorno neurológico, discos dislocados en la espalda, dolores renales y altos niveles de creatinina. También se le ha negado atención médica para tratar su hipertensión.

    Antes de su detención, Mohammed Ismail y su familia habían sido objeto de actos de intimidación, incluyendo al menos tres redadas en su hogar familiar en Islamabad, así como amenazas de daños físicos a la hermana menor de Gulalai Ismail.

    Las acusaciones contra Mohammed Ismail son infundadas y parecen haber sido presentadas por las autoridades para silenciarlo a él y a Gulalai. Este acoso e intimidación judicial resaltan el ambiente hostil para los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores en Pakistán que ejercen su libertad de expresión y expresan sus críticas al estado.

    Nosotros, miembros de CIVICUS y AGNA, pedimos a las autoridades de Pakistán que liberen al Profesor Ismail de forma inmediata e incondicional y pongan fin a todos los actos de acoso contra el Profesor Mohammed Ismail, Gulalai Ismail y su familia y retiren todos los cargos en su contra. También solicitamos a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar que todos los defensores de derechos humanos en Pakistán puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin ningún impedimento o temor a represalias.

    Signatarios
     
    Areen Abu al rob, PCS Palestine
    Ronja Ievers, Hui E! Community Aotearoa
    Sophie Kange, Uganda National NGO Forum
    Marisa Gomez Crespo, Plataforma de ONG de accion social
    Ilina Neshikj, Balkan Civil Society Development Network
    Mpho Tapela, Botswana Council of NGO’s
    Siaka Coulibaly, RESOCIDE
    Siale ILOLAHIA, PIANGO
    Kai Klandorf, Network of Estonian Non-profit Organizations
    Analia Bettoni, Instituto de Comunicación y Desarrollo
    Addys Then Marte, Alianza ONG
    Lavea Peseta. L.Nafo'i, Samoa Umbrella Non Government Organization
    Jitram Lama, NGO Federation Nepal
    Oyebisi Seyi, Nigeria Network of NGOs
    Jane Salmonson, Scotland’s International Development Alliance
    Maja Stojanovic, Civic Initiatives, Serbia
    Vertti Kiukas, SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

     

  • Solidaridad con las personas defensoras los derechos humanos venezolanas

    La reciente, continuada e injustificada detención de cinco miembros de la ONG venezolana "Azul Positivo" es un hecho más de una serie de amenazas, hostigamientos, ataques, restricciones, represalias y procesos penales contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas, que se ha intensificado desde noviembre de 2020. En los últimos meses y semanas, agentes del Estado han entrado por la fuerza en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil; se han proferido amenazas públicas contra las personas defensoras que han interactuado con los mecanismos de derechos humanos, se han congelado las cuentas bancarias de las ONG y se han emitido órdenes de detención contra lxs trabajadorxs humanitarixs.