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EL SALVADOR: “Las elecciones son solamente un trámite para dar luz verde a una dictadura”
CIVICUS conversa acerca de las elecciones generales de El Salvador con Carolina Amaya, periodista salvadoreña independiente especializada en crisis climáticas y conflictos socioambientales.¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones generales?
Al cumplirse 80 años del fin de la dictadura de Maximiliano Martínez, El Salvador se acerca a una nueva dictadura. El 4 de febrero, con la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños perderemos la garantía de nuestros derechos humanos básicos.
La primera gestión de Bukele se caracterizó por la violación masiva de derechos humanos: militarización desmedida, un prolongado régimen de excepción, estigmatización y criminalización de la pobreza como sinónimo de vínculos con pandillas, ataques a la prensa independiente, despojo de tierras, destrucción ambiental, persecución de defensores ambientales, y la lista sigue. Esa realidad es maquillada por la propaganda que difunden medios de comunicación y creadores de contenidos alineados con el gobierno. Su narrativa se resume en que las pandillas regresarán a las calles si Bukele o su partido, Nuevas Ideas, pierden el poder.
Bukele está buscando su reelección como resultado habiendo ignorado la Constitución de El Salvador, que no lo permite. Por lo tanto, su nueva gestión será inconstitucional, así como todas las decisiones que tome. Es de temer que todos los derechos establecidos en esa misma constitución sean violentados. Además, ya no podremos saber cuánto tiempo Bukele y su círculo se mantendrán en el poder.
En suma, lo que está en juego en estas elecciones es nuestra agonizante democracia. La ciudadanía salvadoreña se expresará en las urnas, pero no es posible saber si en el futuro podrá volver a hacerlo libremente.
¿Cuáles son las perspectivas de que estas elecciones sean verdaderamente libres y competitivas?
Las elecciones serán libres, pero completamente irregulares dado la participación del candidato que se perfila como ganador es inconstitucional. El proceso está viciado desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de la candidatura de Bukele, pese a estar inhabilitado para la reelección.
En cuanto al elemento de competitividad, hay otros partidos con otras propuestas, pero la competencia es desigual. El partido de gobierno ha hecho uso de fondos oficiales para su campaña electoral, mientras que los demás debieron financiarse con fondos propios para hacer frente a una maquinaria bien financiada y con fuerte presencia tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales. Esto aniquila toda alternativa, por lo que las elecciones son solamente un trámite para dar luz verde a una dictadura.
La democracia nacida en 1992 se ha ido degradando a través de los años. Cada partido político que ha ejercido el poder se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. La corrupción, la prepotencia de las elites, la ineficacia del Estado y la falta de transparencia han generado descreimiento generalizado. Las comunidades más precarias se han vuelto bastiones del bukelismo porque dependen de sus políticas asistencialistas para satisfacer necesidades inmediatas, ya que tienen claro que no pueden esperar soluciones de largo plazo.
El gobierno ha hecho una intensa campaña electoral en torno de la entrega de cajas de alimentos y de la inauguración de obras, cosas que están prohibidas por el Código Electoral. No hay autoridad que pueda poner freno a estas ilegalidades porque toda la estructura estatal, incluido el poder judicial y los órganos de contralor, está cooptada por el bukelismo.
¿Cuál ha sido el clima de opinión de cara a las elecciones generales?
En redes sociales como YouTube y TikTok predominan la desinformación y la manipulación de la información predominan, mientras que en medios televisivos se ha impuesto una campaña del miedo. Esto no es novedad en El Salvador: durante mucho tiempo los partidos políticos explotaron en campaña el temor de que El Salvador pudiera convertirse en otra Cuba u otra Venezuela. Ahora la amenaza se enfoca en la seguridad y la preservación de la vida.
Es muy preocupante el modo en que este mensaje ha calado en la ciudadanía salvadoreña, al punto no solamente de normalizar la candidatura inconstitucional de Bukele sino también de darle la certeza de que ganará cómodamente.
¿Cómo se han posicionado la sociedad civil, la oposición política y la opinión pública frente a la política de seguridad del gobierno?
El gobierno de Bukele ha sido autoritario a lo largo de todos estos años y en muchos sentidos, no solamente en lo que se refiere a la política de seguridad. Durante la pandemia encerró a miles de personas que no acataban el aislamiento. Cuando acabó la cuarentena instauró el régimen de excepción que le permite espiarnos, perseguirnos y capturarnos. Ha militarizado las calles, y esto se ha intensificado en enero de 2024, y particularmente en vísperas de las elecciones presidenciales. Los militares están patrullando cada barrio de San Salvador, la ciudad capital, para demostrar su presencia y su poder.
La población en general agradece el que las pandillas perdieran gran parte del control del territorio. Ese es el principal logro de la gestión Bukele. El problema es que la mayoría desconoce la realidad de las negociaciones de Bukele con las pandillas, por lo que piensa que logró limpiar las calles de pandilleros solo con someterlos al régimen de excepción.
El manejo mediático de las imágenes de los pandilleros en las cárceles ha sido muy efectivo, al punto que ha tenido repercusiones internacionales. En varios países de Latinoamérica que experimentan el flagelo del crimen organizado la gente reclama por una figura autoritaria como Bukele para ponerle fin. Hasta la presidenta de Honduras, ideológicamente muy lejana a Bukele, ha optado por la militarización y el uso de la represión para lidiar con las pandillas.
¿Cómo se ha restringido el espacio cívico durante la presidencia de Bukele?
Desde mi rol de periodista puedo atestiguar que muchas personas les escapan a las cámaras porque no se atreven a hacer declaraciones públicas. Fuentes de años dejaron de atenderme a partir de 2019, cuando llegó Bukele al poder. En los cinco años de esta gestión esta situación se ha profundizado. La libertad de expresión es cada vez más limitada, al igual que la libertad de reunión. Por ejemplo, cuando se convocan marchas en la capital se activan dispositivos policiales para retener los buses que vienen desde el interior.
El acoso a voces disidentes se ve también en redes sociales. Día tras día, periodistas y personas defensoras de derechos humanos son denigradas por ejércitos de trolls. Yo misma he sido sido una de las 10 periodistas más atacadas en Twitter. Los ataques contra nosotras suelen tener contenidos misóginos.
Algunas organizaciones, como Acción Ciudadana, la Asociación de Periodistas de El Salvador y Cristosal, denuncian la falta de un ambiente libre para opinar, pues estas denuncias no han surtido mayor efecto. La libertad de expresión ha continuado degradándose. Un país sin libertad de expresión, donde se violan derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos son perseguidas, no es otra cosa que una dictadura.
El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
Siga a@sharkgirl_sv en Twitter.
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TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “La sociedad civil somete a verificación de datos los argumentos los Estados”
CIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de unTratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.Ian preside laAlianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de laIniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.
¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?
No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.
La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.
¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?
Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.
A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.
¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?
Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.
Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.
¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?
En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.
El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.
¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?
Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.
Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.
Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de susitio web, y siga a@GI_TOC y@IanTennant9 en Twitter.
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TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”
CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.
¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?
Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención dela Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.
Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.
Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.
Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.
Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.
¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?
El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.
Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.
¿Cuáles son los principales desafíos?
El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.
Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.
No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.
Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.
Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.
Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.
¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?
La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.
Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.
El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.
También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.
Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.
En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.
¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?
Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.
El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.
Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.
¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?
Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.
El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.
Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.