Democracia

 

  • PERÚ: “Es necesario recuperar la confianza en las elecciones”

    CIVICUS conversa con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sobre las recientes elecciones presidenciales y el estado de la democracia en Perú. La Asociación Civil Transparencia es una organización de la sociedad civil independiente que trabaja por la calidad de la democracia y la representación política mediante la facilitación del diálogo entre actores políticos, gubernamentales y de sociedad civil, la implementación de programas de educación y de desarrollo de capacidades para el liderazgo ciudadano y político, la elaboración de propuestas de política pública y la observación de los procesos electorales.

    Ivan Lanegra

    ¿Cuáles fueron las particularidades de este proceso electoral, y qué es lo que estuvo en juego?

    Las últimas elecciones generales estuvieron vinculadas con varios procesos políticos y sociales. En primer lugar, tuvo lugar al cabo de un período de cinco años muy inestable políticamente, en el cual tuvimos cuatro presidentes -Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti- y el Congreso fue disuelto constitucionalmente. Al mismo tiempo, la economía ya no venía creciendo tanto, con lo cual empezó a aumentar el descontento social. En este contexto, los escándalos de corrupción terminaron por minar la credibilidad de los partidos políticos. A esto se sumó el impacto socioeconómico de la pandemia, que generó mayores demandas redistributivas.

    Como resultado de todos estos procesos, se produjo una atomización de las preferencias de la ciudadanía. Los efectos de esta situación se expresaron en una gran fragmentación del voto en las elecciones parlamentarias de enero de 2020 y, nuevamente, en la primera vuelta de la elección presidencial de abril de 2021, donde los dos candidatos que salieron primeros, y que por lo tanto pasaron a la segunda vuelta, sacaron en conjunto apenas el 33% de los votos. En un Congreso de 130 asientos hay representados diez partidos políticos diferentes.

    En la segunda vuelta, el triunfo de Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular -un partido de derecha-, mostró el gran peso que tuvo la demanda de cambio, sumada al rechazo de la política convencional de los últimos años.

    Sin embargo, los resultados oficiales demoraron en ser proclamados, lo cual generó un clima de gran incertidumbre. En un contexto de alta polarización, hubo un aumento exponencial de los recursos contra los resultados electorales: lo habitual es que se presente menos de una decena, pero en esta ocasión se presentaron más de mil, ninguno de los cuales fue considerado con fundamentos. Se hizo un uso instrumental de estos recursos: las denuncias infundadas de fraude fueron utilizadas para alargar al máximo el proceso y tratar de impedir la oficialización de los resultados. Si bien este intento no tuvo éxito, demoró la transferencia del poder y aumentó la desconfianza hacia la política y las instituciones electorales.

    ¿Por qué hubo tanta gente que no fue a votar?

    La tasa de ausentismo en la primera vuelta fue de casi 30%, algo superior a la de las elecciones legislativas de 2020, cuando había sido del 26%; sin embargo, en la segunda vuelta bajó a menos de 24%. Hay que recordar que la primera vuelta electoral se dio en el punto más alto de la pandemia de COVID-19 en Perú. En otros países, como Chile, ni siquiera fue posible votar debido a la emergencia sanitaria, pero en Perú las elecciones se desarrollaron normalmente. En realidad, es notable que el ausentismo no haya sido más alto.

    ¿Qué rol desempeñó Transparencia en relación con el proceso electoral?

    En el período previo a las elecciones, en el marco de la campaña #DecideBien, Transparencia difundió información sistemática sobre los partidos, las candidaturas y las propuestas, para que la ciudadanía pudiera evaluar sus opciones. Desglosamos los programas de gobierno para que cada persona pudiera conocer y comparar las propuestas de cada candidato en torno de los temas de su interés y votar en función de ese conocimiento.

    Además, invitamos a la ciudadanía a inscribirse a la Red Nacional de Voluntariado de Transparencia para participar como observadores en las elecciones. Desde nuestra perspectiva, la observación electoral consiste en vigilar, orientar y dar testimonio de los hechos ocurridos durante la jornada electoral, además de hacer pedagogía ciudadana sobre la conducta y las reglas electorales.

    Con esta red de voluntarios y voluntarias Transparencia observó el proceso y desde un primer momento señaló que el proceso electoral se había desarrollado con normalidad, más allá de los incidentes menores que suelen ocurrir en todas las elecciones, pero que no afectan los resultados.

    En vistas de las alegaciones infundadas que buscaron desacreditar el proceso, también trabajamos para contrarrestar la desinformación electoral. El fenómeno de la desinformación en redes sociales, en particular después de la segunda vuelta, fue mucho más fuerte que en elecciones anteriores, y las propias autoridades electorales tuvieron que montar equipos dedicados casi exclusivamente a desmentir las “noticias falsas”. El clima de polarización seguramente contribuyó a aumentar el impacto de la desinformación.

    ¿Qué desafíos políticos se perfilan tras las elecciones?

    Los principales desafíos son cómo reducir la desconfianza en el Estado, como encarar la insatisfacción con la democracia y cómo mejorar la representación política. Aunque en comparación con estos retos, la polarización política, que se exacerbó en el contexto electoral, es menos preocupante, también debe ser considerada. Si bien los sectores más radicalizados siguen atizando la polarización, se trata de sectores minoritarios. Lograron polarizar las elecciones porque consiguieron pasar a la segunda vuelta a pesar de haber conseguido un bajo porcentaje de votos, pero pasadas las elecciones, la mayoría de la ciudadanía se ubica lejos de los extremos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la desconfianza, la insatisfacción y la sensación de falta de representación son elementos que los sectores que buscan polarizar pueden aprovechar en su beneficio.

    Es necesario recuperar la confianza en las elecciones. Para eso debemos continuar formando e informando a la ciudadanía sobre las reglas de las elecciones, la política y la democracia. También debemos mejorar los mecanismos de que disponemos para combatir la desinformación. Asimismo, es necesario avanzar en las reformas electorales pendientes, para crear incentivos para el fortalecimiento de los partidos políticos, así como para mejorar la calidad de la representación política.

    El espacio cívico en Perú es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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  • PERÚ: “La inestabilidad política y social ya ha costado decenas de vidas”

    NadiaRamosCIVICUS conversa sobre la crisis política en Perú con Nadia Ramos, CEO del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas y portavoz oficial de la Red Hemisférica Somos Lideresas, organizaciones que impulsan el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en Perú y en América Latina.

    ¿Cómo se gestó el conflicto de poderes que acabó con la salida del presidente Castillo?

    El expresidente Pedro Castillo fue elegido democráticamente a través del voto popular, pero desde antes de iniciar su mandato vivió un acoso constante de grupos que argumentaban que su victoria electoral nació a partir del fraude y, por ende, no lo reconocían como presidente legítimo. Estos grupos presentaron denuncias sin pruebas ante organismos internacionales para tratar de impedir su juramentación.

    Perú tiene un sistema presidencialista híbrido, ya que, en vez de estar completamente separados, los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen poderes para destituirse o disolverse recíprocamente. Hay un Consejo de Ministros conformado por todos los ministros de Estado cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente del Perú. El Congreso otorga su voto de confianza al presidente del Consejo de ministros, pero si le niega su confianza en dos oportunidades el presidente de la República puede disolver el Congreso.

    Los dos poderes están constantemente midiendo fuerzas, y durante el Gobierno de Castillo el choque institucional se sintió aún más. Si a esto se le suma que tenemos partidos políticos débiles, el resultado es una situación política inestable, algo a lo que estamos los peruanos muy acostumbrados.

    Durante su gobierno, Castillo fue acosado por el Congreso, a lo que luego se sumó una denuncia grave de corrupción presentada por la Fiscal de la Nación. También fue atacado por la prensa tradicional, que durante meses nunca pudo obtener una entrevista con el presidente. Castillo no daba explicaciones de nada: guardó absoluto silencio y daba mensajes a la nación de un minuto de duración para explicar temas puntuales de su gestión.

    A pesar de no tener mayoría en el Congreso, Castillo evitó ser destituido por el Congreso en varias oportunidades. Como se supo luego, lo hizo buscando discretamente apoyos en algunas bancadas clave. Pero mientras que sus antecesores tuvieron entre seis meses y un año en que pudieron gobernar, Castillo nunca tuvo tregua. Ante el acoso y la persecución, finalmente recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la activación de la Carta Democrática, un instrumento de defensa de la democracia bajo amenaza, argumentando que era víctima de un complot que buscaba sacarlo del poder. La OEA respondió enviando una Comisión de Alto Nivel a Perú para analizar la situación política y confirmar si se estaba gestando un complot en su contra, amenazando la democracia.

    La democracia en Perú es muy precaria, y este fue un gobierno precario que buscó sobrevivir día a día. Era prácticamente imposible que llegara hasta el final de su mandato el 28 de julio de 2026.

    ¿Qué ocurrió el 7 de diciembre?

    Desde hacía tiempo Castillo venía siendo hostigado por el Congreso, que de manera constante presentaba mociones de vacancia, aunque no obtenía los votos suficientes para destituirlo. Mientras tanto, el presidente guardaba silencio y se concentraba en lograr los apoyos necesarios para sobrevivir en el cargo. Hasta el 7 de diciembre, cuando el escenario político cambió por error del propio Castillo.

    Ese día, el presidente inesperadamente quebró el orden constitucional de Perú y cometió un suicidio político. Durante su mensaje a la nación ordenó instaurar un “Gobierno de excepción”, disolvió el Congreso y convocó a elecciones para un Congreso Constituyente encargado de elaborar una nueva constitución. Declaró un toque de queda por 48 horas y anunció la reorganización del Poder Judicial, entre otras medidas.

    Pero Castillo no contaba con que sus ministros renunciarían en bloque y las Fuerzas Armadas le darían la espalda y sacarían un comunicado indicando que no le debían obediencia a un gobierno usurpador. En respuesta a su mensaje a la nación, el pleno del Congreso hizo un llamado a todas las bancadas para celebrar una sesión extraordinaria en la que aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral con 101 votos a favor -bastantes más de los 87 requeridos- y cuatro en contra, en ausencia de varios congresistas afines al gobierno.

    Castillo quedó detenido y una semana más tarde un juez dictó 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por rebelión, crimen organizado y corrupción, delitos por los cuales de ser condenado podría pasar varias décadas de prisión.

    ¿Cómo se resolvió la crisis institucional?

    En los últimos años hemos visto pasar a seis presidentes y sobrevivido a varias situaciones de inestabilidad profunda. Esta crisis política se resolvió en pocas horas, ya que el Congreso enseguida vacó al presidente y convocó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para asumir como la primera presidenta del Perú.

    No obstante, la ciudadanía esperaba que Boluarte renunciara, que el Congreso eligiera una nueva Mesa Directiva – el órgano encargado de la dirección administrativa del Congreso – y que el presidente del parlamento asumiera la presidencia para convocar a nuevas elecciones generales. Cuando Boluarte decidió continuar al frente se desató una ola de protestas en todo el país en reclamo de su dimisión. En la represión de las protestas fueron asesinadas 28 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Esto llevó a la renuncia de dos ministros y a la renovación del primer gabinete del gobierno de Boluarte.

    A continuación el Congreso aprobó en primera votación que las elecciones generales se lleven a cabo en abril de 2024. Ahora toca llevar a cabo una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Esperamos que las reformas electorales y políticas continúen para garantizar que las personas correctas puedan llegar al Congreso y a la presidencia.

    ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil peruana, y qué clase de apoyos internacionales necesita?

    La sociedad civil peruana está llevando a cabo protestas pacíficas, pero la represión ha sido una constante durante las últimas semanas. La inestabilidad política y social ya ha costado decenas de vidas, por lo que esperamos mensajes firmes de condena de la comunidad internacional, la continuidad de las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que las redes internacionales de derechos humanos sean nuestra voz para que los crímenes cometidos contra adultos y adolescentes peruanos no queden impunes.

    Buscamos y exigimos justicia y reparación para los familiares de las víctimas. Asimismo, exigimos judicialización de todos los responsables –desde quien dio la orden y cometió las matanzas, hasta los involucrados en el sembrado de pruebas falsas contra líderes de organizaciones sociales y civiles para acusarlas falsamente de terrorismo.


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  • TAILANDIA: “La juventud cuestiona que el gobierno abuse de sus derechos y comprometa su futuro”

    CIVICUS conversa con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Tailandia, Piyanut Kotsan, acerca del movimiento por la democracia y la represión de las protestas en Tailandia. Fundada en Bangkok en 1993, Amnistía Internacional Tailandia cuenta con más de 1.000 miembros en todo el país. Su trabajo se centra en la promoción de la libertad de expresión en internet y fuera de ella, la libertad de reunión pacífica, la educación en derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en la denuncia de la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte.

     

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