derecho internacional

ECOCIDIO: “Los autores de destrucción ambiental deberían ser procesados como los criminales de guerra”
CIVICUS conversa con Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional y presidente de la Fundación Stop Ecocidio. La campaña Stop Ecocidio busca lograr que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional. Para ello, la Fundación Stop Ecocidio, con sede en los Países Bajos, trabaja con abogados penalistas internacionales, investigadores y diplomáticos para elaborar una definición de ecocidio actualizada, clara y jurídicamente sólida y abogar por que los Estados lo incorporen en una enmienda al derecho penal internacional.
GOBERNANZA GLOBAL: “El principal problema es que las palabras no se traducen en acciones concretas”

CIVICUS conversa acerca de los desafíos de la gobernanza global con Carlos Quesada, fundador y director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza & Igualdad).

Raza & Igualdad es una organización de la sociedad civil (OSC) internacional que trabaja con activistas y organizaciones de América Latina para promover y proteger los derechos humanos de las poblaciones en condiciones de marginación, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Lo hace mediante capacitación técnica, documentación de violaciones de derechos humanos y trabajo de incidencia a nivel nacional e internacional.

¿Qué oportunidades ofrece el actual sistema institucional de gobernanza global?

El sistema actual ofrece oportunidades para trabajar por el mejoramiento de los estándares internacionales de protección y promoción de derechos humanos., que nosotros hemos aprovechado. Raza & Igualdad tuvo un rol clave, por ejemplo, en la definición de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, cuya aprobación se logró tras 13 años de trabajo con diversos países de la región.

Trabajamos estrechamente con los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como la Asamblea General y el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. En el sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas, contribuimos a que nuestras contrapartes nacionales tengan influencia en los órganos de tratados, durante el proceso del Examen Periódico Universal de sus respectivos países y en sus interacciones con los Procedimientos Especiales, es decir, las Relatorías Especiales, los Grupos de Trabajo y los Expertos Independientes.

Nuestra estrategia se centra en apoyar las luchas por los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI+, los niños y niñas y las personas afrodescendientes utilizando los órganos de tratados. De este modo logramos que nuestras recomendaciones se integren en las observaciones y conclusiones de los Estados miembros en organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de los Derechos del Niño.

¿Cuáles son los principales déficits del actual sistema de gobernanza global?

Volviendo al ejemplo anterior, si bien logramos la aprobación de dos convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación, desgraciadamente solo seis países de las Américas han ratificado la CIRDI y uno de ellos, Brasil, ha emitido una reserva que limita su utilización a casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Apenas dos países del hemisferio han ratificado la Convención contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

El principal déficit del sistema de gobernanza global radica en la falta de implementación de lo acordado. Existe una brecha entre las declaraciones y promesas públicas de los Estados en estas instancias y su verdadero compromiso de cumplimiento. A pesar de los avances, las palabras a menudo no se traducen en acciones concretas.

Otro ejemplo de este déficit es la poca cantidad de sentencias de la Corte IDH que se cumplen al 100%. No hay un mecanismo que permita castigar a los países que incumplen las sentencias. Lo único positivo es que éstas no prescriben, por lo cual cabe esperar que ocurra un cambio de gobierno y que el nuevo gobierno se avenga a cumplirlas.

El hecho de que las recomendaciones no sean vinculantes es un gran desafío tanto para el sistema interamericano como para el sistema universal y es un problema estructural fundamental desde su creación. Las sanciones deberían ser vinculantes, pero no lo son, y al final del día el proceso se convierte en un diálogo de buenas intenciones donde los Estados prometen cumplir las recomendaciones, pero en los hechos esto rara vez sucede.

¿Cómo cree que sería un sistema de gobernanza global más sólido, efectivo y democrático?

El gran desafío para la sociedad civil radica en generar un efecto cascada desde lo local hasta lo internacional. Esto implica promover el fortalecimiento democrático a nivel local para que los principios democráticos se reflejen en diferentes espacios, incluso alcanzando instituciones internacionales como la OEA. Debería haber una participación política democrática real para que los Estados democráticos adopten un compromiso real de respetar, promover y sancionar las violaciones de derechos humanos.

Este compromiso no debe ser meramente declarativo, sino que debe ser genuino e ir acompañado de un diálogo efectivo con la sociedad civil para avanzar en estándares de promoción y protección de los derechos humanos. Actualmente, tanto los Estados como las OSC nos caracterizamos por dar monólogos, pero no dialogamos entre nosotros. La sociedad civil utiliza estos espacios para hacer recomendaciones, pero a menudo carece de un interlocutor del otro lado. Los Estados, por su parte, emiten discursos para que el mundo los escuche, sin establecer una instancia real de diálogo. Es necesario avanzar hacia un modelo más participativo y colaborativo.

¿Qué reformas están impulsando?

Desde Raza & Igualdad estamos impulsando la campaña CIRDI2024 con el objetivo de lograr la plena ratificación de la CIRDI, antes de que finalice el Decenio Internacional para los Afrodescendientes el próximo año. Nuestra meta es alcanzar las diez ratificaciones que hacen falta para poder crear un Comité Interamericano para prevenir y sancionar la discriminación racial en las Américas.

También estamos participando, junto a otras OSC de las Américas, en diálogos sobre cómo mejorar la participación de la sociedad civil en los órganos políticos de la OEA. De esta manera buscamos transformar los monólogos actuales en auténticos diálogos entre la sociedad civil y los Estados. Queremos que estos diálogos sean reales, concretos y efectivos, promoviendo una colaboración más significativa.

Además, impulsamos una campaña para que las sentencias de la Corte IDH sean vinculantes. Este paso es esencial para garantizar la protección y prevención de las violaciones de derechos humanos en las Américas. Estamos comprometidos con la generación de cambios significativos y concretos que refuercen los mecanismos de protección y promoción de derechos humanos.

Póngase en contacto con Raza & Igualdad a través de supágina web y siga a@raceandequality enInstagram yTwitter.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación Horizon ENSURED, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de los mismos.
RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos”
CIVICUS conversa con Hailey Campbell sobre la recienteresolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre el medio ambiente, que habilita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para hacer frente al cambio climático.

Hailey es activista climática y codirectora ejecutiva de Care About Climate, unaorganización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en educación y empoderamiento en pos de la justicia climática y una red internacional de jóvenes líderes del movimiento por el climaque buscan compartir soluciones en la escena internacional.

¿Cuál fue el origen de la iniciativa de llevar el tema del clima ante la CIJ?

Esta iniciativa histórica fue presentada por primera vez en 2019 por los Estudiantes del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático (PISFCC), una organización liderada por jóvenes y fundada por estudiantes de ocho países insulares del Pacífico. PISFCC empezó convenciendo al Foro de las Islas del Pacífico, la principal organización política y económica de la región, de llevar a la CIJ la cuestión del cambio climático y los derechos humanos. Las OSC del Pacífico apoyaron esta campaña y establecieron la Alianza para una Opinión Consultiva sobre Justicia Climática (ACJAO, por sus siglas en inglés), incluyendo a otros actores no estatales. En 2021, el estado de Vanuatu, un pequeño país insular muy susceptible a las catástrofes climáticas, inició las negociaciones y la redacción de la resolución, que posteriormente recibió el apoyo de más de 130 países y más de 220 OSC y acabó siendo adoptada por consenso por la AGNU el 29 de marzo de 2023.

¿Consideras a esta resolución como una victoria de la sociedad civil?

Esta resolución fue una victoria monumental. Y esta victoria es el comienzo de una ola de cambio en la forma en que pensamos la crisis climática, así como un recordatorio de que el cambio climático no respeta las fronteras geopolíticas. Las OSC ecologistas, los jóvenes líderes, las naciones insulares que lideran la petición de la resolución y el grupo PISFCC están recordando al mundo que antes que personas defensoras, ejecutivos de los combustibles fósiles o políticos, todos somos personas. En tanto que humanos, todos compartimos este hermoso planeta y compartirlo exige preocuparse por los demás. Si algunos líderes no lo reconocen, deben rendir cuentas de ello.

La resolución que solicita una opinión consultiva de la CIJ es también una celebración de la innovación y la perseverancia isleñas. Los isleños se han apoyado en sus conocimientos tradicionales y en su liderazgo colaborativo para adaptarse a los impactos medioambientales durante miles de años. La iniciativa de llevar el mayor desafío global al más alto tribunal del mundo pone de relieve su fortaleza y experiencia. En tanto que persona joven que vive en una isla del Pacífico, agradezco el liderazgo de otros jóvenes isleños y aliados que están allanando el camino para que las generaciones venideras tengan un futuro sostenible.

¿Cómo podría la CIJ ayudar a hacer frente al cambio climático?

La CIJ es el más alto tribunal del mundo, y sienta precedentes mediante opiniones consultivas y normas que establecen cómo deben cooperar los Estados a escala mundial. En ese sentido, desempeña un rol destacado en el mantenimiento de la paz entre nuestras naciones.

La opinión consultiva de la CIJ plasma la realidad de que no podemos resolver la crisis climática continuando con las mismas prácticas que nos llevaron a ella. El alcance de la resolución va más allá del Acuerdo de París, ya que hace referencia a la importancia de un clima seguro como un derecho humano que es clave para el bienestar. De esbozar posibles consecuencias jurídicas para las naciones que causen daños significativos a comunidades vulnerables y a las generaciones futuras, podría finalmente garantizar una mayor rendición de cuentas por la crisis climática. Si las naciones son obligadas a rendir cuentas y a actuar, se abre la puerta para garantizar la completa eliminación de las emisiones de combustibles fósiles y la satisfacción de las necesidades de creación de capacidades para la adaptación.

¿Cómo te has involucrado personalmente en la promoción de esta resolución y, más en general, en el activismo por el clima?

Conocí la campaña del PISFCC en 2019, cuando me conecté con el movimiento climático tras la cumbre sobre cambio climático COP25. Como estudiante de sostenibilidad dedicada a trabajar en el ámbito del clima, me inspiró la forma en que un pequeño grupo de estudiantes de todas las islas pedía enérgicamente una opinión consultiva de la CIJ. Empecé a seguir su trayectoria y a apoyar sus llamados a la acción de diversas maneras, desde reenviar contenidos a las redes sociales hasta sacar a relucir argumentos relevantes en mis conversaciones con los líderes de las siguientes COP.

Inspirada por el liderazgo insular, acepté una pasantía en la Red Local Isleña 2030, la primera red global de pares dirigida por islas y dedicada a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprendí más sobre la sostenibilidad de las islas y los efectos del cambio climático de la mano de sus líderes, cuyos ejemplos de soluciones innovadoras y su espíritu optimista me sorprendieron. Alentada a utilizar mi formación para ayudar a los isleños a hacer oír su voz, decidí centrar mi máster en la elaboración de un plan de trabajo para que los isleños pudieran colaborar con sus comunidades en el desarrollo, el seguimiento y la implementación de soluciones sostenibles para el cambio climático.

Esta trayectoria de activismo estudiantil me ayudó a convertirme en una líder ambiental intersectorial, a trabajar en la adaptación climática en las islas y a apoyarme, en tanto que parte de un grupo vulnerable, en coaliciones como Care About Climate para defender nuestro derecho a un futuro climáticamente seguro. De hecho, esta inspiración me llevó a trabajar con jóvenes para lograr la primera inclusión de jóvenes como partes interesadas en una decisión de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en la COP27.

¿Qué pueden hacer los aliados internacionales para apoyar esta lucha?

Todos los aliados internacionales deben seguir luchando. Esta resolución histórica es apenas el primer paso. Antes de emitir su dictamen, la CIJ solicitará argumentos escritos y orales a los Estados y a ciertas organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es importante que los miembros de la comunidad sigan contactándose con sus representantes nacionales y con las organizaciones internacionales seleccionadas para presentar testimonios y les pidan su apoyo al dictamen. De hecho, el PISFCC acaba de lanzar un increíble manual, que recomiendo encarecidamente consultar, para ayudar a tomadores de decisiones, jóvenes y OSC ambientales a entender su papel. Mi ejemplo favorito del manual refiere a la importancia de compartir con tus representantes nacionales tu testimonio personal sobre por qué crees en la necesidad de una opinión consultiva de la CIJ sobre derechos climáticos y qué impacto ella podría tener en tu futuro. Espero que mucha gente se anime a unirse a nuestra Alianza para enterarse de las distintas formas en que puede hacer sentir su influencia.

Póngase en contacto con Care About Climate a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@careaboutclimate y a @hailey_campbell en Twitter eInstagram.
TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “La sociedad civil somete a verificación de datos los argumentos los Estados”
CIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de unTratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Ian preside laAlianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de laIniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?

No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.

La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.

¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?

Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.

A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.

¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?

Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.

Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.

¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?

En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.

El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?

Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.

Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.

Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de susitio web, y siga a@GI_TOC y@IanTennant9 en Twitter.
TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”
CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?

Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.

Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.

Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.

Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.

Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.

¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?

El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.

Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.

¿Cuáles son los principales desafíos?

El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.

Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.

No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.

Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.

Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.

Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.

¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?

La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.

Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.

El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.

También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.

Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.

En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.

¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?

Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.

El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?

Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.

El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.

Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.