CIVICUS conversa acerca de las luchas de los pueblos indígenas de Bolivia con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).

CONTIOCAP surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Bolivia en la lucha por sus derechos territoriales?

El desafío más grande para los pueblos indígenas es el propio gobierno boliviano, que se ha convertido en el principal órgano y fuente de violación de derechos, ya que no garantiza el cumplimiento de la Constitución ni protege los derechos de sus ciudadanos, y particularmente los de los pueblos indígenas. Somos seres humanos de tercera categoría, sin derechos, a los que se sacrifica.

Las organizaciones que nos representaban han sido sometidas políticamente y convertidas en cómplices y brazos operativos de la violación de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y campesinos. El aparato estatal está imponiendo todas las formas de extractivismo en nuestros territorios y áreas protegidas: minería, agroindustria y exploración y explotación de hidrocarburos.

El derecho a la consulta libre, previa e informada está siendo manipulado y convertido en un simple trámite administrativo de elaboración de actas y firma de planillas en el que participan grupos afines al gobierno, que éste identifica como interlocutores válidos aunque no se trata de los verdaderos afectados por los proyectos en cuestión.

Otro desafío que tenemos los pueblos indígenas es entender que nos han colonizado mentalmente con ofertas de una gran riqueza que nunca llega. Debemos entender que la riqueza que se genera en nuestros territorios se la llevan los de afuera y sus entornos corruptos. Tras la fachada de la interculturalidad, el gobierno nos divide para disciplinarnos y ponernos al servicio de su interés político.

Una vez que entendamos eso, el principal desafío será recuperar la unidad de nuestros pueblos indígenas originarios, recuperar nuestra memoria ancestral de libertad, hacer nuestra autocrítica y volcarnos a proyectar y construir el país que queremos ejerciendo los derechos que ya están reconocidos en la Constitución.

La Constitución de Bolivia y los convenios y declaraciones internacionales son hasta el momento avances en el papel. La forma en que los administra el Estado boliviano los convierte en retrocesos abismales, brechas, murallas y barreras. A 13 años de su promulgación, el 7 de febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional sigue guardada en algún cajón de escritorio. En la última década y media, el Estado monocultural, centralista, autoritario, patriarcal, elitista, y clasista -que impone su política económica radicalmente extractivista y capitalista- es al arma más letal contra el pluralismo económico, cultural, social y de la justicia.

Las violaciones de los derechos territoriales incluyen intimidación, acoso, hostigamiento, desacreditación, descalificación, judicialización y procesos legales para acallar a las personas defensoras de los territorios. Estos actos son ejecutados por las empresas petroleras y mineras, por la fuerza pública, por la justicia que está sometida al gobierno, e incluso por organizaciones indígenas afines al gobierno, que emiten resoluciones públicas para desconocernos y coartar nuestro derecho a defender derechos.

¿Cuáles son sus estrategias de movilización?

Nuestra estrategia consiste en siempre mantener la integridad y la dignidad e insistir en ejercer los derechos amparados en la Constitución de Bolivia y en los convenios internacionales. Para ejercer nuestros derechos no necesitamos el permiso ni la aprobación de nadie, solo reconocernos como seres libres e independientes con plenos derechos. Eso es lo que venimos haciendo desde CONTIOCAP. Si el gobierno no cumple, hay que recordarle que el Estado es de todos, y que todos tenemos la obligación moral de cuestionar las malas prácticas de los gobiernos, debatir qué país queremos, y buscar las vías para que todos tengamos la oportunidad de crecer como seres humanos.

Históricamente, hemos recurrido a largas marchas como forma extrema de movilización para llamar la atención y buscar justicia. Primero marchamos para lograr una Constitución que reconociera nuestros derechos como pueblos indígenas. Y en los últimos 13 años marchamos para reclamar que esos derechos se cumplieran.

Nuestras marchas han sido ignoradas, invisibilizadas, aisladas, acosadas y reprimidas. Han sido acusadas de responder a intereses oportunistas y desacreditadas por poderosos actores económicos, políticos y gubernamentales.

La marcha de 37 días que iniciaron los hermanos de tierras bajas en septiembre de 2021 no ha sido la excepción en ese sentido. Después de tanto sacrificio, tras dejar abandonados sus pueblos, sus casas, sus familias, sus animales, la respuesta que obtuvieron del gobierno fue insultante: mientras ellos esperaban una señal del gobierno, éste se reunió no con ellos sino con organizaciones sometidas a su interés. Fue un claro mensaje de que es el gobierno quien decide si somos ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.

¿Qué cambios legislativos reclaman?

Entre las normas que van en contra de los pueblos indígenas está la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014, que atenta contra principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Otorga privilegios a los operadores mineros que quedan colocados por encima del principio de igualdad universal de los ciudadanos. Les otorga derechos de acceso al agua por encima de los de las comunidades locales. Vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la consulta previa, la cual es reducida a un trámite administrativo con plazos y procedimientos que atentan contra la consulta como derecho.

También exigimos la derogación de la Ley 969 de 2017, que vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, del Decreto Supremo 2298 de 2015, que vulnera nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada en el sector hidrocarburífero, y del Decreto Supremo 2366 de 2015, que permite la exploración petrolera en áreas protegidas.

Son muchas las normas que reclamaríamos se aprueben, pero en el actual contexto de control total de todos los poderes por el gobierno del Movimiento al Socialismo es peligroso plantear una agenda legislativa. En el mejor de los casos, el gobierno podría utilizarla para lavar su imagen, y en el peor, para impulsar sus propios intereses. Nosotros solo serviríamos para validar normas que podrían incluso ir en nuestra contra.

Pero sí reclamamos una norma para garantizar la inclusión económica de las organizaciones comunitarias productivas y las familias productoras, la aprobación de la Ley de Restitución de Territorios Ancestrales, que fue presentada en 2019, y la modificación del artículo 10 de la Ley 073 sobre deslinde jurisdiccional. Exigimos que se le dé prioridad al cumplimiento efectivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y de otros acuerdos, convenciones, pactos y convenios internacionales.

¿Considera que sus luchas forman parte de un movimiento regional más amplio?

La lucha para proteger al medio ambiente y a los territorios no es la lucha de un solo movimiento sino una lucha global por la defensa de la vida mediante la protección de nuestros territorios. Tampoco es producto de una inspiración repentina, sino de la conciencia de nuestro derecho y el de todas las formas de vida a existir en este mundo. Buscamos respeto como seres humanos que hemos cuidado el mundo para todos, incluso para quienes hoy lo destruyen.

En ese orden, nuestras luchas son las mismas que llevan los pueblos indígenas en todo el mundo. De algún modo estamos conectados y articulados a nivel regional y global, aunque en los últimos dos años la pandemia de COVID-19 nos ha impedido realizar intercambios presenciales, mientras que los intercambios virtuales fueron obstaculizados por las limitaciones de acceso a las comunicaciones desde nuestros territorios. Sin embargo, ahora estamos retomando el intercambio de experiencias y la articulación.

¿Qué apoyos de la sociedad civil internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Bolivia?

Pueden ayudarnos haciendo visibles nuestras luchas, dándolas a conocer para que podamos conectar con otras luchas de hermanos indígenas alrededor del mundo. Queremos que sepan que defendemos nuestros territorios en condiciones precarias y con nuestros propios recursos y sacrificando la economía de nuestras familias, más aún después de la pandemia. Y no lo hacemos solo para nosotros sino para todo ser que requiere oxígeno y agua para vivir. Necesitamos apoyo directo con pequeños fondos para acciones legales y otras acciones de emergencia. 

Esperamos que nos ayuden a desenmascarar el doble discurso de los gobiernos bolivianos de los últimos 16 años, que en los espacios internacionales se han erigido en salvadores de los pueblos indígenas y defensores de la Madre Tierra. Eso está muy lejos de la verdad, son solo discursos que suenan bien desde afuera y que gustan a los organismos internacionales.

Hay que desenmascarar la propaganda internacional sobre los gobiernos de izquierda. Para nosotros, los pueblos indígenas, todos los gobernantes de Bolivia -de la línea política que sean- han tenido los mismos planes contra los pueblos indígenas. Buscan relegarnos, postergarnos, dividirnos y enfrentarnos entre nosotros para perpetuarse en el poder.

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PORTUGUESE

CIVICUS conversa acerca de la situación del activismo ambiental en Brasil con Daniela Silva, educadora socioambiental popular y cofundadora del Proyecto Aldeas, una iniciativa de educación, arte, cultura y medio ambiente para niños y jóvenes del municipio de Altamira, en el estado brasileño de Pará.

¿Qué te llevó a convertirte en activista ambiental?

Vivo en un territorio que ha sufrido grandes impactos sociales y medioambientales tras la implantación de la central hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingu. Y al igual que miles de personas, entre ellas ribereños, pescadores, indígenas, agricultores, barqueros, mujeres y jóvenes, mi familia y yo también vimos nuestras vidas fuertemente afectadas por el proyecto.

Vivíamos en un barrio llamado Aparecida, en una comunidad de vecinos solidarios, donde niños y jóvenes jugaban en la calle sin miedo. Cuando una madre salía, dejaba a sus hijos al cuidado de algún vecino. Uno de mis mejores recuerdos es nuestro patio. Era como una granja: teníamos muchos árboles frutales, no necesitábamos dinero para comer fruta. La solidaridad se veía reforzada por el sentimiento de comunidad, que creo que está intrínsecamente ligado al sentimiento de pertenencia a un territorio. Todo esto fue destruido por un proyecto de “desarrollo” que menosprecia la subjetividad de los pueblos y las poblaciones.

El desplazamiento provocado por la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte alejó a las familias del río Xingu, separando a comunidades que habían convivido durante décadas. Fragmentó los lazos comunitarios. Estos impactos sobre el territorio y la subjetividad tuvieron como consecuencia negativa la desconexión con la naturaleza y con el sentido de pertenencia amazónico. No sentirse parte de la Amazonia es peligroso, porque generalmente la gente solo defiende aquello que ama, conoce y de lo que se siente parte.

Antes de que se construyera la represa, mi padre trabajaba como alfarero. Junto con mi madre, que trabajaba como funcionaria, criaron a ocho hijos. Todo se acabó con la construcción de la represa. Mi padre se quedó sin trabajo y mis hermanos también. Mi padre empezó a luchar para acceder al derecho a una pensión irrisoria. Mis hermanos se vieron obligados a buscar trabajos esporádicos en la ciudad. Fue un momento difícil. Me di cuenta de que adaptarse a una realidad impuesta es una de las peores violaciones de la dignidad humana.

Soy activista por los derechos socioambientales y contra el racismo. Desde que era adolescente no he tenido otra opción que luchar. Somos naturaleza y, por lo tanto, tenemos que luchar por la naturaleza para garantizar un presente y un futuro mejores para nosotros y nuestros hijos e hijas.

¿Cómo se está movilizando la sociedad civil brasileña en favor del medio ambiente, y qué desafíos enfrenta?

En la Amazonía hay muchos movimientos ambientales que se movilizan para denunciar los crímenes ambientales del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Pero lamentablemente las instituciones judiciales de nuestro país no han funcionado como lo indica la ley, dejándonos en una situación de vulnerabilidad.

Muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde hace mucho tiempo en la Amazonia y otros biomas enfrentan el gran desafío de mantenerse, ya que tienen poco acceso a recursos financieros. La mayoría que logra mantenerse lo hace con financiación internacional, ya que en Brasil hay pocos incentivos para movilizar recursos domésticos. De hecho, la asfixia financiera es una de las tácticas que emplea el actual gobierno. Además, vivimos un momento económico muy negativo e inestable, con alta inflación y caída del salario real. En un país sin una cultura de la donación, esto complica aún más las cosas. En consecuencia, escasean los recursos para el mantenimiento de las organizaciones y la seguridad de quienes defienden el medio ambiente.

Aun así, están surgiendo nuevos grupos y colectivos –como el que yo lidero, el Proyecto Aldeas–- que buscan defender la Amazonía e incluir a jóvenes en el liderazgo de los movimientos en defensa de sus territorios.

Nuestro desafío es generar un espacio seguro, ya que estamos bajo constante amenaza. Para poder trabajar, hemos establecido alianzas con organizaciones experimentadas que pueden asesorarnos sobre las mejores prácticas para cuidar a nuestro personal, a nuestros socios y aliados e incluso a las comunidades con las que trabajamos. El trabajo en red nos ayuda a adquirir una visión amplia y a crear vínculos fuertes.

¿Qué piensas de la reciente sentencia del Supremo Tribunal Federal brasileño que reconoce al Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos?

El Acuerdo de París es sin duda un importante instrumento jurídico, y es bueno que, en tanto que tratado de derechos humanos suscripto por el Estado brasileño, tenga rango constitucional. Pero, al igual que los demás documentos legales de Brasil, incluida la propia Constitución Federal, debe ser llevado a la práctica, especialmente por los funcionarios públicos, que continúan violando los derechos humanos y ambientales independientemente de lo que diga la Constitución brasileña.

Para que el Acuerdo de París se implemente en el día a día de la sociedad brasileña, también es necesario que se difunda entre quienes más padecen los efectos de la crisis climática: las poblaciones indígenas, los ribereños y la población negra que vive en las periferias. También es importante que la comunidad internacional presione, mediante acciones enérgicas, al gobierno brasileño para que cumpla el acuerdo más allá del papel.

¿El resultado de las próximas elecciones supondrá alguna diferencia en relación con tus luchas?

Las elecciones de octubre son quizás una de las más importantes de la historia de Brasil. Hay mucho en juego en relación con la Amazonía. Bolsonaro, el actual presidente, ha dado rienda suelta a la deforestación, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal en territorios indígenas. También está alentando la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonía.

Con Bolsonaro no hay diálogo ni participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Si Bolsonaro continúa como presidente, es una amenaza para la Amazonía y sus pueblos, y por lo tanto para la humanidad. Estamos viviendo una crisis climática global y necesitamos que los líderes mundiales se preocupen por elaborar junto con la sociedad civil, la comunidad científica y la comunidad internacional propuestas a corto, medio y largo plazo para afrontarla.

El avance de la deforestación en la Amazonía debería ser un factor determinante para que nos unamos para derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, pero lamentablemente no lo es. La sociedad brasileña sigue siendo muy ajena a la realidad de la Amazonía. Los grandes centros urbanos de Brasil no reconocen la realidad cotidiana de la selva y sus pueblos. La consecuencia de la ignorancia es la falta de posicionamiento enérgico contra el actual ecocidio del gobierno de Bolsonaro. Afortunadamente, hay muchos movimientos ecologistas de la Amazonía que están intentando perforar esta burbuja para que la sociedad brasileña sepa lo que está ocurriendo y se posicione.

Ahora bien, aunque entendemos que es de suma importancia derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, también tenemos fuertes críticas a su principal rival, el Partido de los Trabajadores (PT). Al igual que los gobiernos de la derecha, los gobiernos del PT, encabezados por el actual candidato, Lula da Silva, y por su sucesora Dilma Rousseff, también produjeron acciones destructivas del medio ambiente: de hecho, Belo Monte se construyó durante los gobiernos del PT, en violación de la ley y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y ambientales.

Pero, sin embargo, creemos que con Lula sería posible abrir diálogos y lograr una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales.

¿Qué crees que debería ocurrir en la próxima cumbre climática, la COP27, y qué crees que ocurrirá?

En primer lugar, creo que es muy importante que la COP27 se celebre en territorio africano, ya que las naciones africanas se encuentran entre las más afectadas por la crisis climática provocada por un pequeño grupo de poderosos millonarios blancos. Esto les da la oportunidad de tener una mayor participación en la COP27 y exigir más ayuda a las naciones más ricas que son las causantes de la crisis climática. Espero que esta edición de la COP27 permita llevar a la práctica las promesas y los objetivos acordados. Y que mujeres, niños y adolescentes puedan ser protagonistas activos en este proceso de lucha por la justicia social y ambiental.

Aunque esta es mi esperanza, sabemos que la COP es un terreno de conversaciones difíciles y que los gobiernos de las grandes naciones carecen de voluntad de enfrentar la realidad del cambio climático, especialmente cuando se trata de invertir financieramente y hacerse cargo de contrarrestar los daños que continúan siendo causados por su estrategia de desarrollo. Seguiremos de cerca todas las negociaciones y acuerdos. Estamos en un punto crítico y no hay tiempo que perder.

¿Qué tipo de apoyos de la comunidad internacional necesita el activismo ambiental de Brasil?

La comunidad internacional es nuestra aliada en la lucha por la justicia climática, social y antirracista. Dar visibilidad al trabajo del activismo y apoyar directa e indirectamente sus luchas es una forma de ayudar. También lo es presionar a gobiernos genocidas y ecocidas como el de Bolsonaro para que respeten los derechos humanos y ambientales. Presten atención a nuestras luchas y escuchen las voces de quienes están en el territorio, en las periferias y a la vanguardia de esta guerra que peleamos a diario.

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CIVICUS conversa con Victoria Lichet, directora ejecutiva de la Coalición del Pacto Mundial, sobre la resolución recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en tanto que derecho humano.

La Coalición del Pacto Mundial reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC), activistas, artistas, abogados y científicos que abogan por la adopción del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, un proyecto de tratado internacional que apunta a consagrar una nueva generación de derechos y deberes fundamentales relativos a la protección del medio ambiente, y especialmente el derecho a un medio ambiente sano.

¿Qué relevancia e implicaciones tiene la reciente resolución de la AGNU sobre el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible?

La adopción de una resolución sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible por parte de la AGNU, el órgano legislativo de la ONU, que incluye a todos sus Estados miembros, es una victoria histórica para la protección del medio ambiente. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano universal convierte a la protección del medio ambiente en un aspecto fundamental de la protección de los derechos humanos. Es un paso importante hacia la introducción de una perspectiva de derechos humanos en el litigio ambiental, ya que integra normas de derechos humanos en los asuntos ambientales.

Además de reconocer el derecho a un medio ambiente sano en tanto que derecho de todas las personas, el preámbulo de la resolución afirma claramente el vínculo entre un medio ambiente sano y los derechos humanos. La AGNU reconoce que “los daños ambientales tienen repercusiones negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.

Aunque las resoluciones de la AGNU no son jurídicamente vinculantes, esta resolución es un fuerte mensaje político de gran contenido simbólico. Desempeñará un papel importante en la formación y el fortalecimiento de normas, leyes, estándares y políticas ambientales internacionales más sólidas. De ese modo, necesariamente mejorará la eficacia general del derecho ambiental y catalizará nuevas acciones ambientales y climáticas. Esto también demuestra que el multilateralismo todavía tiene un rol que desempeñar en el derecho ambiental internacional.

¿Qué papel desempeñó la sociedad civil en el proceso que culminó con esta resolución?

Esta resolución fue el resultado de meses de movilización por parte de OSC y organizaciones de pueblos indígenas (OPI), entre ellas la Coalición del Pacto Mundial. Bajo el inspirador liderazgo del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, y su predecesor, John Knox, la coalición de OSC y OPI pudo llegar a los gobiernos a través de correos electrónicos y cartas para informarles mejor sobre la importancia del derecho a un medio ambiente sano. También hizo campañas en las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre el proceso.

El grupo de países que lideró esta iniciativa, formado por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza, fue un gran apoyo y comunicó sobre cada paso relativo al avance de la resolución. Estamos muy agradecidos por su liderazgo.

¿Considera que el texto final de la resolución refleja plenamente los aportes de la sociedad civil?

El texto final de la resolución mayormente refleja las expectativas de la sociedad civil. En el curso de la negociación, algunos Estados lograron eliminar algunos párrafos. Por ejemplo, el primer borrador decía que el derecho a un medio ambiente sano estaba relacionado con el derecho a la vida y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Pero el borrador final también incluía párrafos adicionales en los cuales, por ejemplo, se mencionaba a “empresas y otras partes interesadas” en el llamamiento a adoptar políticas de cooperación internacional para aumentar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano.

En términos generales, el principal objetivo de la sociedad civil era que se reconociera el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano para todas las personas, y esto, obviamente, quedó plenamente reflejado en el texto final. Se trata, pues, de una victoria histórica de la sociedad civil.

¿Qué medidas deberían adoptar los Estados para hacer efectivo el derecho reconocido en la resolución?

El reconocimiento debe combinarse con políticas públicas nacionales y regionales sólidas y ambiciosas que pongan en marcha mecanismos para reforzar la protección del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y el disfrute de sus restantes derechos humanos. A partir de ahora, los Estados deberán adoptar un enfoque de derechos humanos en la regulación ambiental, así como mejores políticas de energía renovable y economía circular.

Como lo expresó el relator especial David Boyd, el reconocimiento internacional del derecho a un medio ambiente sano debe alentar a los gobiernos a revisar y reforzar sus leyes y políticas ambientales y a mejorar su implementación y cumplimiento.

¿Qué debería hacer la sociedad civil a continuación?

Ahora la sociedad civil debe abogar por instrumentos más sólidos y ambiciosos para proteger el medio ambiente, nuestro derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ahora que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido a nivel internacional, debemos introducir derechos y deberes adicionales que nos lleven aún más lejos en el camino de la protección del medio ambiente.

La resolución de la AGNU podría ser la base de un instrumento internacional más amplio sobre el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ya disponemos de modelos ambiciosos que podrían utilizarse en estas futuras negociaciones, tales como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente y el proyecto de pacto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la mayor red ambiental global.

El desplazamiento del “derecho blando” al “derecho duro” -en este caso, de la resolución no vinculante de la AGNU a una convención sobre el derecho a un medio ambiente sano- es muy común en el derecho internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en rigor una parte de la resolución de la AGNU sobre la Carta Internacional de Derechos Humanos, y por lo tanto no es jurídicamente vinculante, abrió camino a dos tratados que fueron adoptados en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se necesitaron 18 años para traducir la Declaración en dos textos jurídicamente vinculantes.

Esperamos que no hagan falta 18 años para lograr una convención sobre derechos ambientales, porque eso nos llevaría hasta 2040. No tenemos tanto tiempo. Ha llegado el momento de adoptar una convención que sea una suerte de “tercer pacto”, es decir, que reconozca una tercera generación de derechos humanos. Tras los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, ha llegado el momento de consagrar los derechos ambientales.

Ante la actual triple crisis planetaria, un texto internacional vinculante sobre el medio ambiente tiene una importancia vital, ya que millones de personas están muriendo a causa de sus entornos tóxicos, y especialmente por la contaminación atmosférica.

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CIVICUS conversa con Ellie Hooper, de Greenpeace Aotearoa, sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para elaborar un Tratado de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Greenpeace es una red mundial de activismo ambiental que incluye 26 organizaciones nacionales y regionales independientes en más de 55 países de todos los continentes, así como un organismo de coordinación, Greenpeace Internacional, con sede en Ámsterdam, Países Bajos. Greenpeace utiliza la protesta pacífica y la comunicación creativa para poner en evidencia los problemas ambientales globales y promover soluciones para crear un futuro verde y pacífico.

¿Por qué es importante tener un tratado sobre los océanos?

Un tratado mundial sólido sobre los océanos podría revolucionar la forma en que los océanos son gestionados, poniendo fin a una gobernanza fragmentaria que no ha logrado proteger adecuadamente nuestro planeta azul.

Bien hecho, uno de los principales logros del tratado sobre los océanos sería la creación de zonas marinas protegidas en alta mar. Dentro de estas zonas estarían prohibidas actividades humanas destructivas como la pesca industrial y la minería. En la actualidad no existe ningún mecanismo legal para crear zonas totalmente protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que se ha convertido en un verdadero problema. El océano enfrenta numerosas amenazas y para protegerlo necesitamos adoptar una visión holística que aborde múltiples factores de riesgo.

Conseguir un tratado sólido sería nada menos que histórico. Los científicos nos dicen que para evitar los peores impactos de la crisis climática y de biodiversidad al menos la tercera parte de los océanos del mundo deberían estar protegidos hacia 2030. Un tratado fuerte nos daría el mecanismo para hacerlo. El océano es un enorme sumidero de carbono y hasta este momento ha absorbido gran parte del calentamiento global. También alberga una biodiversidad asombrosa, produce el oxígeno que respiramos, estabiliza el clima y es fuente de alimento para millones de personas en todo el mundo.

En suma, mantener al océano sano es vital para nuestra supervivencia y para el funcionamiento de nuestro planeta. Pero cada vez más investigaciones demuestran que está decayendo. Para revertir esta situación tenemos que dar un paso adelante y protegerlo reduciendo las múltiples presiones que padece.

La ciencia demuestra que las áreas marinas totalmente protegidas son una de las mejores herramientas que tenemos para ayudar al océano a recuperarse y prosperar. Cuando se establecen en las zonas correctas –es decir, en lugares reconocidos por su alta biodiversidad, sus rutas migratorias o sus ecosistemas únicos– la salud del océano mejora y la vida marina florece. Esto tiene efectos positivos en todas las dimensiones, desde el número de criaturas que habitan el mar hasta la capacidad del océano para absorber carbono.

¿Por qué el proceso del tratado está llevando tanto tiempo?

Se trata de un esfuerzo de conservación enormemente ambicioso. Conseguir que un tratado sea aprobado implica que los países de todo el mundo se pongan de acuerdo con sus términos, lo cual no es una tarea fácil.

Aunque es decepcionante que los representantes de los Estados no hayan logrado cerrar el tratado en la última ronda de negociaciones celebrada en agosto, esto no significa que el acuerdo no vaya a producirse. En la última reunión se avanzó mucho, y los países mostraron más flexibilidad y comprensión de la urgencia. Se les acabó el tiempo, pero no perdemos la esperanza de que este acuerdo histórico esté a la vuelta de la esquina. Lo que hay que hacer ahora es lograr que los Estados se reúnan sin demora y resuelvan sus últimos desacuerdos.

¿Cómo han trabajado por el tratado la sociedad civil en general, y Greenpeace en particular?

La sociedad civil ha ejercido gran presión a favor de este tratado, y muchas organizaciones de todo el mundo han presionado para que se materialice en su mejor versión.

Greenpeace ha participado activamente en el proceso del tratado desde sus comienzos. Envía una delegación a cada ronda de negociaciones y ha llevado a cabo una campaña mundial de concientización sobre las amenazas que enfrenta el océano y sobre cómo un tratado podría contrarrestarlas. Hemos adoptado un enfoque doble, cultivando una opinión pública favorable al acuerdo al tiempo que seguimos trabajando entre bambalinas, hablando con ministros y otros funcionarios públicos en todas las regiones donde estamos activos.

Logramos que millones de personas de todo el mundo se unieran a la campaña por un tratado fuerte. Lo han hecho de diversas maneras, desde la firma de peticiones, el envío de cartas y la grabación de mensajes de video hasta la participación en movilizaciones. Mucha gente de todo el mundo está involucrada en el tema y su compromiso ha sido fundamental para llegar hasta aquí.

Para nosotros en Greenpeace Aotearoa, ha sido inspirador ver la cantidad de personas que están dispuestas a defender la protección de los océanos, y sabemos que sus voces han sido escuchadas. Sus repetidos llamamientos al liderazgo neozelandés para que diera su apoyo a un tratado fuerte llevaron a Nueva Zelanda a sostener una posición mucho más progresista en las negociaciones. Esa es la clase de poder que tiene la gente cuando actúa colectivamente. Cuando trabajamos juntos, podemos lograr auténticos cambios.

También nos hemos reunido regularmente con la delegación neozelandesa en las negociaciones del tratado, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, y nos comunicamos constantemente con ellos sobre cómo debe ser el tratado para proteger al océano para las generaciones futuras.

¿Qué pueden hacer las organizaciones y activistas de la sociedad civil para que el tratado sea aprobado?

Las negociaciones del tratado deben reanudarse urgentemente. En la última ronda se acabó el tiempo para acordar todos sus términos, pero ya casi se ha logrado. Así que depende de los y las activistas y organizaciones de la sociedad civil seguir presionando a los líderes mundiales para que den prioridad a la reanudación de las negociaciones y la consecución del tratado. No queremos que quede relegado al último lugar de la agenda: es demasiado importante para ello.

En términos más prácticos, es clave seguir llamando la atención sobre la necesidad de este tratado. Puedes hacerlo compartiendo contenidos en internet, firmando petitorios o escribiéndole al ministro de Asuntos Exteriores de tu país para destacar lo importante que es conseguir este tratado. Ninguno de nosotros puede sobrevivir sin un océano sano, por lo que todos tenemos que contribuir a protegerlo.

Póngase en contacto con Greenpeace Aotearoa a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@GreenpeaceNZ y @EleanorRowena en Twitter.

CIVICUS conversa con John Paul Jose sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para un tratado de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de la biodiversidad en alta mar. John es un activista medioambiental y climático de la India que actualmente es uno de los jóvenes embajadores de la Alianza por la Alta Mar (High Seas Alliance, HSA) y miembro del Consejo Asesor de Políticas Juveniles de la Alianza para los Océanos Sostenibles. La HSA es una red que incluye a más de 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su objetivo es crear una voz común y fuerte para la conservación de los océanos.

¿Cuál es la importancia del tratado propuesto?

El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, el 64% de los cuales son de alta mar. El océano regula el clima global y mantiene la vida en el planeta. Retiene gran parte de las emisiones de carbono históricas y acumulativas: el fitoplancton, los bosques marinos y las ballenas, en particular, desempeñan un papel importante en la retención del carbono en el océano. Sin embargo, el océano ha sido sistemáticamente ignorado en los esfuerzos para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que se han centrado casi exclusivamente en la tierra.

Dado que es un bien común global, la alta mar está regida en gran medida por la Organización Marítima Internacional, un organismo de la ONU creado en 1948 para regular la navegación, y por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de 1982, y su organismo intergubernamental autónomo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada en 1994.

Pero la alta mar está experimentando amenazas sin precedentes que no estaban previstas cuando se alcanzaron esos acuerdos, tales como la acumulación de plásticos, residuos químicos e industriales, la acidificación, la minería de aguas profundas, la pesca de arrastre de fondo y, por último pero no por ello menos importante, los impactos generales del cambio climático. El aumento de las temperaturas y la sobreexplotación de hábitats y especies marinas aumentan el peligro de colapso de los océanos.

Por eso es urgente elaborar un tratado mundial sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales: un Tratado de Alta Mar. Esto proporcionaría la base legal para la conservación de los ecosistemas marinos y la protección contra la extinción de innumerables especies aún por descubrir. En la actualidad apenas está protegido el 1% de la alta mar, y el tratado pretende llegar al 30% para 2030.

Esto sería el equivalente del Acuerdo de París para los océanos. Mediante la conservación marina y el uso sostenible de los recursos marinos, podrá preservar el ciclo del carbono. Al crear zonas marinas protegidas, contribuirá a la restauración de los hábitats marinos y a la reposición de los recursos marinos de los cuales muchas comunidades de todo el mundo dependen para su subsistencia. Además, contribuirá a la resiliencia climática global. Una vez que entre en vigor, muchas prácticas perjudiciales para el océano dejarán de existir dentro de las zonas protegidas.

¿Por qué se está demorando tanto el proceso del tratado?

Han pasado 15 años desde que comenzaron las negociaciones, pero en muchos aspectos del tratado ha faltado cooperación. Las diferencias tendrían que resolverse en el período entre sesiones, y debería finalizarse pronto un tratado que incluya todos los aspectos en los que se ha llegado a acuerdos, dejando espacio para futuras enmiendas a medida que se vayan resolviendo las diferencias en torno de los elementos más controvertidos. Y las conferencias intergubernamentales deberían celebrarse con más frecuencia.

Un elemento que se está debatiendo es la distribución equitativa entre los Estados de los recursos genéticos marinos, que son esenciales para las industrias farmacéutica, cosmética, agrícola y otras. El actual énfasis en el reparto de beneficios es una ilusión, ya que no sabemos lo suficiente sobre dichos beneficios, pues gran parte del océano permanece inexplorada. Pero es un dato de la realidad que diez países acaparan el 71% de la pesca mundial y el 98% de las patentes de códigos genéticos de vida marina en alta mar. La avaricia y la falta de voluntad de esos pocos países para compartir los beneficios y su tecnología y conocimientos sobre el mar, y la evidente preocupación que esto genera entre los países menos poderosos, son algunas de las grandes razones del estancamiento.

También está estancada la definición de los criterios para las evaluaciones de impacto ambiental y la implementación de áreas marinas protegidas. Lo que está en juego son los intereses de las industrias mineras de aguas profundas y de pesca industrial.

Sin embargo, el proceso del tratado ha tenido mucho éxito en convocar al debate y abrir negociaciones. Por el momento, más de 100 Estados se muestran fuertemente comprometidos con el tratado en su forma actual y algunos, como Costa Rica, están dando ejemplo avanzando a nivel regional, abriendo así nuevas vías para la conservación.

Es probable que el tratado se finalice en la próxima sesión, por lo que habría que hacer más esfuerzos para financiar a las delegaciones de países del sur global para que se expresen con una voz más fuerte y aporten más equilibrio a las negociaciones.

¿Cómo han abogado por el tratado la sociedad civil en general, y la HSA en particular?

Desde su creación, la HSA ha abogado por la protección de por lo menos el 50% de los océanos, involucrando a tomadores de decisiones, expertos y actores de la sociedad civil. Ahora estamos enfocados en sostener el impulso de las conferencias intergubernamentales, ya que estamos ante una oportunidad única para conseguir un tratado legalmente vinculante que proteja el planeta cambiando la forma de gobernar la alta mar. Este proceso ha creado mucha conciencia sobre la importancia de la alta mar, por lo que gobiernos que antes no estaban familiarizados con el tema ahora apoyan un tratado sólido.

Dicho esto, es importante subrayar que solamente los Estados pueden ser partes del tratado, por lo que las voces no estatales no tienen cabida en las negociaciones. Las negociaciones del tratado son en gran medida un debate a puertas cerradas que excluye a la sociedad civil y a la comunidad de expertos. Muchos de nosotros ni siquiera podemos presenciar las negociaciones en directo. y sólo accedemos a los documentos una vez que se han cerrado las discusiones.

También existen claras desigualdades entre Estados. Muchos Estados con recursos limitados traen delegaciones muy pequeñas y carecen de los conocimientos necesarios para participar de forma productiva en los debates. Sería muy importante para todas las partes involucradas que la sociedad civil pudiera aportar su experiencia al proceso.

¿Qué pueden hacer la sociedad civil y el activismo ambiental para lograr la adopción del tratado?

Hay límites claros a lo que podemos hacer para acelerar la adopción del tratado. Creemos que es crucial contar con un tratado lo antes posible, y es mejor tener uno incompleto que no tener ninguno. Por ello, los Estados deben avanzar en todos los temas en los que se ha llegado a acuerdos y diseñar un proceso de enmiendas para integrar otros temas y preocupaciones de las partes interesadas en el futuro.

Las OSC y el activismo pueden contribuir al proceso trayendo a la mesa diversas perspectivas. Dado que las negociaciones actuales son debates cerrados entre Estados, a los que no acceden la sociedad civil, los científicos y el sector privado, sólo podemos hacerlo mediante una labor de incidencia con Estados receptivos que sí están sentados a la mesa.

También podemos hacer campaña para aumentar la presión sobre el proceso, introduciendo los temas que aborda el tratado en la agenda del movimiento global por el clima y generando participación ciudadana. Recursos como el Treaty Tracker de la HSA brindan información útil sobre el tratado y las negociaciones. Esta información debe llegar a todo el mundo y empoderar a la gente para que exija a los líderes mundiales que finalicen el tratado, y para que pidan a sus propios gobiernos que los escuchen en el proceso de formación de política ambiental.

Un tratado proporcionaría una base legal para la acción, pero incluso en su ausencia, Estados, comunidades y empresas pueden actuar para proteger la alta mar. Muchos países ya tienen áreas marinas protegidas dentro de sus jurisdicciones nacionales, y mediante procesos de participación pública pueden establecer más. La sociedad civil debe participar en estos procesos, pero no debe estar limitada por las fronteras nacionales. Ya es hora de que traspasemos las fronteras y aboguemos también por los bienes comunes globales.

Póngase en contacto con la Alianza por la Alta Mar a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@HighSeasAllianc y a@johnpauljos en Twitter.

cambio climático

CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

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CIVICUS conversa sobre el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima, Perú, con Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías en Oceana, la mayor organización internacional dedicada a proteger y restaurar los océanos del mundo. Fundada en 2001, Oceana enfoca su labor en la recuperación de las pesquerías, la promoción de energías limpias y la creación de áreas marinas protegidas.

¿Ha habido alguna atribución de responsabilidades por el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima?

El derrame de petróleo, causado por la empresa petrolera española Repsol, ocurrió el 15 de enero de 2022. Por su magnitud y su visibilidad, ha sido el peor desastre ecológico de la historia reciente del Perú. Se produjo en una zona de pesca artesanal, con áreas protegidas y una actividad económica estacional muy definida, y ha sido el derrame más grande que hemos tenido.

El derrame ocurrió a causa de las altas mareas generadas por la erupción del volcán submarino de Tonga, las cuales afectaron el proceso de descarga de petróleo de un barco petrolero de Repsol a la refinería La Pampilla. La pregunta es: ¿cómo es posible que se dieran cuenta de la magnitud del derrame recién al día siguiente? La negligencia de la empresa determina las consecuencias de este derrame.

Lamentablemente hemos visto pocos avances con relación con la asunción de responsabilidades de Repsol de recuperar el ecosistema. Ni siquiera se sabe con certeza el volumen exacto de petróleo derramado. La reacción de la empresa fue muy lenta, lo cual es preocupante porque las primeras 24 horas tras un accidente de esta naturaleza son clave, ya que la película del petróleo se vuelve muy delgada y se expande mucho. Recién casi 20 días después trajeron equipos más sofisticados para abordar el problema.

En general no hay suficiente transparencia. En este caso, el plan de contingencia no se implementó. Se supone que las actividades actualmente en curso son producto de un plan, pero no se han hecho públicos ni los compromisos de la empresa ni los contenidos de ese plan. La zona entre Ancón y Chancay fue fuertemente impactada por el derrame, y allí no hay bahía, solamente se ve el acantilado y el agua. Se percibe que se ha hecho muy poco en materia de recuperación.

También hay poca transparencia en la investigación. Aún no es claro si Repsol entregó el aparato que estaba bajo el agua para poder investigar y determinar qué pasó el día del derrame.

Esta falta de transparencia es sintomática del modo de funcionamiento del Estado peruano. Salvando las distancias, esto es similar a lo que ocurrió cuando se desató la pandemia y “descubrimos” que teníamos un sistema de salud absolutamente precario, que claramente no estaba a la altura. En este caso, tenemos estructuras, legislación y procedimientos ambientales en el papel, pero sin correlato en la realidad. La opacidad informativa pretende ocultar esta discrepancia.

Para nosotros es muy claro: Repsol asumir públicamente responsabilidades claramente definidas.

¿Qué impactos ecológicos y económicos ha tenido el derrame?

Ha habido un gran daño ambiental. La zona afectada por el derrame incluye a varias áreas naturales protegidas: las Islas Guaneras, la Zona Reservada de Ancón y la Zona Reservada de Punta Salinas. El derrame ha impactado en la fauna marina y ha afectado a animales como lobos marinos, nutrias, pingüinos y aves. Muchos ejemplares se han manchado de petróleo y corren riesgo de vida. Oceana actualmente está relevando estos daños, así como el daño adicional provocado por la reacción demorada.

Para las comunidades de la zona, la mayor preocupación es económica. En su mayoría se trata de personas de bajos ingresos que se dedican a la pesca artesanal. Más allá de los impactos individuales e inmediatos -por ejemplo, para quienes hicieron una inversión en un negocio estacional justo antes del derrame-, las consecuencias son colectivas y de largo plazo. Ahora no se puede pescar ni en Ancón ni Chancay, y es difícil saber cuándo será posible hacerlo, porque el petróleo tiene un tiempo de degradación mucho más largo cuando se sedimenta en el lecho marino. A los pescadores y a todos los trabajadores involucrados en la logística del proceso y la distribución también les preocupa la variación del precio del producto de la pesca y la caída de la demanda.

Nosotros hemos hecho un cálculo del valor económico de la pesca costera de esos lugares para darnos una idea de la pérdida económica. También creemos que hay un impacto importante en la actividad turística: para los nueve millones de habitantes de Lima, la capital, y los tres millones que habitan un poco más al norte, estas playas son el sitio más cercano para veranear, y el derrame ha truncado la temporada de verano, que se extiende entre enero y abril. Ya hemos advertido a las municipalidades que deben estimar el daño provocado al turismo.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil?

Todos hemos reaccionado con preocupación y con un gran interés en ayudar al otro. Hemos visto cantidad de personas voluntarias ayudando a limpiar las playas, así como a expertos y académicos contribuyendo desde sus áreas de conocimiento.

Sin embargo, el trabajo voluntario tiene limitaciones porque para rescatar a la fauna marina del impacto petrolero se deben usar determinados procedimientos y productos que permiten quitar de forma apropiada el petróleo del plumaje o la piel del animal. A causa de ello, el interés por ayudar generalmente no se traduce en resultados 100% exitosos.

Además, como es la primera vez que enfrenta un desastre de estas dimensiones, Perú no tiene toda la expertise que necesitaría. En otros lados hay expertise y experiencia post-derrame; es necesario traerlas. También sería importante profundizar en la discusión de cuál es la matriz energética que tenemos y cómo cambiarla volcándonos a los recursos renovables de que disponemos.

¿Cómo se podría lograr que las empresas asuman su responsabilidad y contribuyan a prevenir futuros desastres?

La falta de rendición de cuentas es un reclamo de larga data de las comunidades de estas zonas, y el hecho de que haya sido sistemáticamente ignorado es un síntoma del fuerte centralismo que hay en el Perú. Hace varios años que los pescadores artesanales del norte advierten sobre esta situación y no ha habido ninguna respuesta significativa. La extracción de petróleo en Perú data del siglo XIX, de hecho, Perú tuvo el primer pozo de Sudamérica. En las décadas de 1950 y 1960 se instalaron las plataformas marinas que están en la raíz de los derrames y las fugas por los que reclaman los pescadores. También hay reclamos por lo que ocurre en el proceso de transporte, que tiene implicancias mucho mayores.

Esta situación alentó a la sociedad civil a priorizar la búsqueda de soluciones. Desde hace casi una década que en Perú se han ido reduciendo los requisitos ambientales; resulta necesario desandar ese camino. Perú se dedica a la pesca, la minería y otras actividades para las cuales las regulaciones se han flexibilizado, cuando se deberían haber reforzado. La bajísima capacidad ambiental del Estado y la deficiente respuesta de las empresas ante el desastre exhibe claramente su insuficiencia. Perú padece una gran crisis de gobernanza y de respeto del Estado del Derecho. 

La posibilidad de que ocurra otro derrame está siempre presente. Es necesario minimizar la probabilidad de que ocurra, y asegurar que cuando ocurra tenga el menor impacto posible por su magnitud, su frecuencia y sus consecuencias. Para ello tenemos que empezar por no perder de vista quiénes son los responsables de este desastre y las consecuencias que está teniendo su acción irresponsable.

El espacio cívico en Perú es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa con Hailey Campbell sobre la recienteresolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre el medio ambiente, que habilita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para hacer frente al cambio climático.

Hailey es activista climática y codirectora ejecutiva de Care About Climate, unaorganización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en educación y empoderamiento en pos de la justicia climática y una red internacional de jóvenes líderes del movimiento por el climaque buscan compartir soluciones en la escena internacional.

¿Cuál fue el origen de la iniciativa de llevar el tema del clima ante la CIJ?

Esta iniciativa histórica fue presentada por primera vez en 2019 por los Estudiantes del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático (PISFCC), una organización liderada por jóvenes y fundada por estudiantes de ocho países insulares del Pacífico. PISFCC empezó convenciendo al Foro de las Islas del Pacífico, la principal organización política y económica de la región, de llevar a la CIJ la cuestión del cambio climático y los derechos humanos. Las OSC del Pacífico apoyaron esta campaña y establecieron la Alianza para una Opinión Consultiva sobre Justicia Climática (ACJAO, por sus siglas en inglés), incluyendo a otros actores no estatales. En 2021, el estado de Vanuatu, un pequeño país insular muy susceptible a las catástrofes climáticas, inició las negociaciones y la redacción de la resolución, que posteriormente recibió el apoyo de más de 130 países y más de 220 OSC y acabó siendo adoptada por consenso por la AGNU el 29 de marzo de 2023.

¿Consideras a esta resolución como una victoria de la sociedad civil?

Esta resolución fue una victoria monumental. Y esta victoria es el comienzo de una ola de cambio en la forma en que pensamos la crisis climática, así como un recordatorio de que el cambio climático no respeta las fronteras geopolíticas. Las OSC ecologistas, los jóvenes líderes, las naciones insulares que lideran la petición de la resolución y el grupo PISFCC están recordando al mundo que antes que personas defensoras, ejecutivos de los combustibles fósiles o políticos, todos somos personas. En tanto que humanos, todos compartimos este hermoso planeta y compartirlo exige preocuparse por los demás. Si algunos líderes no lo reconocen, deben rendir cuentas de ello.

La resolución que solicita una opinión consultiva de la CIJ es también una celebración de la innovación y la perseverancia isleñas. Los isleños se han apoyado en sus conocimientos tradicionales y en su liderazgo colaborativo para adaptarse a los impactos medioambientales durante miles de años. La iniciativa de llevar el mayor desafío global al más alto tribunal del mundo pone de relieve su fortaleza y experiencia. En tanto que persona joven que vive en una isla del Pacífico, agradezco el liderazgo de otros jóvenes isleños y aliados que están allanando el camino para que las generaciones venideras tengan un futuro sostenible.

¿Cómo podría la CIJ ayudar a hacer frente al cambio climático?

La CIJ es el más alto tribunal del mundo, y sienta precedentes mediante opiniones consultivas y normas que establecen cómo deben cooperar los Estados a escala mundial. En ese sentido, desempeña un rol destacado en el mantenimiento de la paz entre nuestras naciones.

La opinión consultiva de la CIJ plasma la realidad de que no podemos resolver la crisis climática continuando con las mismas prácticas que nos llevaron a ella. El alcance de la resolución va más allá del Acuerdo de París, ya que hace referencia a la importancia de un clima seguro como un derecho humano que es clave para el bienestar. De esbozar posibles consecuencias jurídicas para las naciones que causen daños significativos a comunidades vulnerables y a las generaciones futuras, podría finalmente garantizar una mayor rendición de cuentas por la crisis climática. Si las naciones son obligadas a rendir cuentas y a actuar, se abre la puerta para garantizar la completa eliminación de las emisiones de combustibles fósiles y la satisfacción de las necesidades de creación de capacidades para la adaptación.

¿Cómo te has involucrado personalmente en la promoción de esta resolución y, más en general, en el activismo por el clima?

Conocí la campaña del PISFCC en 2019, cuando me conecté con el movimiento climático tras la cumbre sobre cambio climático COP25. Como estudiante de sostenibilidad dedicada a trabajar en el ámbito del clima, me inspiró la forma en que un pequeño grupo de estudiantes de todas las islas pedía enérgicamente una opinión consultiva de la CIJ. Empecé a seguir su trayectoria y a apoyar sus llamados a la acción de diversas maneras, desde reenviar contenidos a las redes sociales hasta sacar a relucir argumentos relevantes en mis conversaciones con los líderes de las siguientes COP.

Inspirada por el liderazgo insular, acepté una pasantía en la Red Local Isleña 2030, la primera red global de pares dirigida por islas y dedicada a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprendí más sobre la sostenibilidad de las islas y los efectos del cambio climático de la mano de sus líderes, cuyos ejemplos de soluciones innovadoras y su espíritu optimista me sorprendieron. Alentada a utilizar mi formación para ayudar a los isleños a hacer oír su voz, decidí centrar mi máster en la elaboración de un plan de trabajo para que los isleños pudieran colaborar con sus comunidades en el desarrollo, el seguimiento y la implementación de soluciones sostenibles para el cambio climático.

Esta trayectoria de activismo estudiantil me ayudó a convertirme en una líder ambiental intersectorial, a trabajar en la adaptación climática en las islas y a apoyarme, en tanto que parte de un grupo vulnerable, en coaliciones como Care About Climate para defender nuestro derecho a un futuro climáticamente seguro. De hecho, esta inspiración me llevó a trabajar con jóvenes para lograr la primera inclusión de jóvenes como partes interesadas en una decisión de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en la COP27.

¿Qué pueden hacer los aliados internacionales para apoyar esta lucha?

Todos los aliados internacionales deben seguir luchando. Esta resolución histórica es apenas el primer paso. Antes de emitir su dictamen, la CIJ solicitará argumentos escritos y orales a los Estados y a ciertas organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es importante que los miembros de la comunidad sigan contactándose con sus representantes nacionales y con las organizaciones internacionales seleccionadas para presentar testimonios y les pidan su apoyo al dictamen. De hecho, el PISFCC acaba de lanzar un increíble manual, que recomiendo encarecidamente consultar, para ayudar a tomadores de decisiones, jóvenes y OSC ambientales a entender su papel. Mi ejemplo favorito del manual refiere a la importancia de compartir con tus representantes nacionales tu testimonio personal sobre por qué crees en la necesidad de una opinión consultiva de la CIJ sobre derechos climáticos y qué impacto ella podría tener en tu futuro. Espero que mucha gente se anime a unirse a nuestra Alianza para enterarse de las distintas formas en que puede hacer sentir su influencia.

Póngase en contacto con Care About Climate a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@careaboutclimate y a @hailey_campbell en Twitter eInstagram.