derechos de las mujeres

• DERECHOS DE LAS MUJERES: ‘A este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar la igualdad’

  En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la CuartaConferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS conversa con Serap Altinisik, directora de la oficina de Plan International para la Unión Europea (UE) y representante en la UE. Anteriormente, como Directora de Programas de la organización Lobby Europeo de Mujeres (European Women’s Lobby), Serap dirigió la Campaña 50/50, "No hay democracia moderna sin igualdad de género", en toda Europa. Recientemente también ha pasado a integrar la Junta Directiva de CIVICUS.

  

  Un cuarto de siglo después, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales? ¿Qué se debe hacer ahora para que para 2030 se alcance el Objetivo 5 sobre igualdad de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

  2020 marca el 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la agenda más visionaria para los derechos de las niñas y las mujeres. 2020 también inicia la cuenta regresiva de una década para alcanzar los ODS.

  En las últimas décadas se ha producido un progreso claro y medible hacia la igualdad de género. Por ejemplo, 131 países han promulgado 274 reformas legales y regulatorias en apoyo de la igualdad de género, la mortalidad materna ha disminuido en por lo menos 45%, la matriculación de niñas y niños en la escuela primaria casi se ha igualado, y aproximadamente el 25% de los escaños en los cuerpos legislativos nacionales están ocupados por mujeres, un número que se ha duplicado en las últimas décadas.

  Sin embargo, 25 años después de que los estados miembros de la ONU se comprometieran a lograr la igualdad de género y cinco años después de la formulación de los ODS, ningún país ha cumplido plenamente la promesa de la igualdad de género. Si los gobiernos continúan a este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar esa meta.

  Para lograr el ODS 5, estoy de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que ha reclamado una década de acción para cumplir con los ODS y quiere que este sea el siglo de la igualdad de género. Retrospectivamente, la desigualdad de género es una de las cosas que más nos avergonzarán del siglo XXI.

  Los gobiernos tienen que invertir consistentemente en la igualdad de género, lo cual significa no solo promulgar leyes y reglamentos, sino también implementar presupuestos sensibles en materia de género de manera consistente. Las investigaciones disponibles muestran que allí donde las inversiones son consistentes, los derechos de las niñas y las mujeres aumentan. Sin embargo, no existe un enfoque único que funcione para todos. Al adoptar reglamentos y leyes, los gobiernos deben utilizar un enfoque del ciclo de vida para abordar las necesidades específicas de las mujeres en cada etapa de sus vidas. Si deseamos medir e incrementar los avances y aprender de los datos, entonces debemos desglosar los datos por edad, género, discapacidad y origen étnico, entre otras variables.

  Sin embargo, los factores más persistentes que impiden que niñas y mujeres tengan roles de liderazgo, decidan y prosperen a la par de los niños y los hombres son las normas sociales, los estereotipos y el sexismo. Los estudios disponibles y las experiencias de niñas y mujeres muestran que en muchos países las prácticas a nivel del hogar subordinan a las mujeres incluso cuando están educadas, aun cuando están dentro del mercado laboral e incluso cuando desempeñan roles en el gobierno. Dado que lo personal es político, como dice el eslogan del movimiento feminista de la década del ‘60, la igualdad de género y los derechos de niñas y mujeres deben ser una prioridad para la política, la economía, las prácticas y las normas sociales, y esto comienza en casa. Si el objetivo es cumplir por completo la promesa de la igualdad de género para 2030, no puede ser un mero adorno.

  En un análisis retrospectivo de 2019, ¿cuáles dirías que han sido los principales éxitos y desafíos en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres?

  El ascenso de líderes autoritarios y el establecimiento de gobiernos de derecha están preparando un terreno fértil para la violencia y la discriminación contra niñas y mujeres. En los últimos años hemos observado retrocesos y ataques contra las victorias obtenidas con tanto esfuerzo para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres tanto en el norte global como en el sur global. Últimamente los conflictos y las crisis humanitarias se han vuelto más complejos y prolongados, y en esos contextos las mujeres y niñas enfrentan los mayores riesgos. Desafortunadamente, la discriminación, la pobreza y la violencia todavía están presentes en las vidas de niñas y mujeres de todo el mundo. Da la impresión de que la misoginia, acompañada de racismo, está en aumento, mientras que el espacio para la sociedad civil se está contrayendo cada vez más.

  Sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres están alzando la voz, colaborando y mostrando solidaridad, y no están dispuestas a esperar más por el cambio y la justicia de género. En esto, las organizaciones de derechos de las mujeres y las líderes feministas, ¡juegan un papel vital! Desafían el statu quo y están en la primera línea insistiendo en que otro mundo es posible.

  Soy consciente de que cuando menciono solamente algunos éxitos, es posible que no esté haciendo justicia a tantas otras victorias obtenidas. Sin embargo, considero que los principales éxitos han sido diversos e inspiradores: incluyen, por ejemplo, el nombramiento de la primera mujer para dirigir la Comisión Europea en toda su historia; el rol de las manifestantes de sudanesas en el liderazgo del movimiento prodemocracia; la cantidad de mujeres jóvenes que lideran el movimiento ambientalista; la resistencia encarnada por niñas y mujeres en todos los continentes. Están desafiando el statu quo y se ponen a la vanguardia para insistir en que otro mundo es posible.

  Sus acciones no solo están cambiando las leyes y las regulaciones y trayendo a la mesa nuevos acuerdos, como el Acuerdo Verde Europeo de la UE y la ambición de tener representación paritaria en todas las instituciones de la UE, sino que también están cambiando las normas sociales y están contribuyendo a una “nueva normalidad” en cuyo marco las niñas y las mujeres también pueden dar forma a nuestro mundo.

  Has estado personalmente involucrada en la iniciativaFair Share. ¿Cuál sería una “porción justa” de representación y liderazgo femeninos, y por qué es importante alcanzarla?

  Fair Share of Women Leaders es una OSC que busca probar y mostrar nuevas formas de gobernanza que reflejen los valores y principios feministas y superar algunas de las consecuencias del desequilibrio de poder, la jerarquía y la burocracia que caracterizan a los mecanismos tradicionales de gobernanza. Presionamos por una representación proporcional de las mujeres en roles de liderazgo en el sector social, un objetivo que queremos alcanzar como mucho hacia 2030.

  Aunque representan casi el 70% de la fuerza laboral mundial de impacto social, las mujeres ocupan menos del 30% de los principales puestos de liderazgo en sus organizaciones. Esta falta de voces diversas en los puestos clave de toma de decisiones socava el impacto de las organizaciones para lograr el ODS 5. A raíz de #MeToo y una serie de escándalos de abuso sexual en la sociedad civil, muchas organizaciones han tenido que repensar sus estrategias. Nuestra esfera necesita comenzar a promover sistemáticamente el liderazgo de las mujeres como motor del cambio.

  Por supuesto, hay que reconocer que muchas cosas están cambiando para mejor dentro de la sociedad civil. Algunas OSC se han comprometido a desarrollar una cultura organizacional y de liderazgo que valore la representación igualitaria de género, la diversidad y la toma de decisiones participativa, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género. Tenemos que estar a la altura de nuestros valores si queremos reclamar legítimamente un cambio positivo en el mundo. Tenemos que ser el cambio si deseamos verlo.

  Para impulsar este cambio, Fair Share monitorea el número de mujeres en posiciones de liderazgo para forzar a la sociedad civil a rendir cuentas; promueve el liderazgo feminista y moviliza a mujeres y hombres para crear organizaciones feministas; y busca crear oportunidades para mujeres de diversos orígenes económicos y sociales, nacionalidades y etnias que actualmente tienen menos probabilidades de llegar a posiciones de liderazgo.

  Get in touch withPlan International and itsEuropean Office through its websites, and follow@PlanEU and@SeeRap on Twitter.

• DERECHOS DE LAS MUJERES: ‘Los grupos anti-derechos buscan arrebatarnos derechos adquiridos’

  En el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de su experiencia frente al avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa conTeresa Fernández Paredes, abogada especializada en Derecho Público Internacional e integrante de la Dirección Legal de Women’s Link. Con oficinas en Colombia, España y Kenia, Women’s Link defiende y promueve los derechos de las mujeres y aspira a generar cambios estructurales a través del litigio estratégico.

  ¿A qué se dedica Women’s Link y cuáles son sus áreas de trabajo?

  Women’s Link es una organización internacional que utiliza el derecho – en su mayoría somos abogadas – para promover cambios sociales estructurales que avancen los derechos de las mujeres y niñas, y sobre todo de las que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, tales como mujeres migrantes o mujeres que ven limitado el ejercicio de sus derechos en razón de su etnia, edad o condición socioeconómica, entre otros factores.

  Trabajamos desde Madrid, en España; Bogotá, en Colombia y Nairobi, en Kenia. Aplicamos al derecho un análisis de género y un análisis interseccional para ampliar y mejorar los derechos de las mujeres y las niñas. Trabajamos en algunas áreas específicas, como los derechos sexuales y reproductivos, donde combatimos a los grupos anti-derechos. También nos enfocamos en la trata de seres humanos, y sobre todo en la trata de mujeres con funciones de explotación sexual o servidumbre doméstica y en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres en contextos de migración o de justicia transicional. Y finalmente nos concentramos en la discriminación, como un tema transversal a todos los demás. Usamos varias estrategias: además de litigios estratégicos, hacemos capacitaciones judiciales y publicaciones, entre otras cosas.

  ¿Cuáles son actualmente sus principales ejes de trabajo en América Latina?

  Una de nuestras principales líneas de trabajo en América Latina es el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en sentido amplio. En este momento, en el contexto de la ola migratoria venezolana, estamos trabajando en el vínculo entre migración y falta de acceso a estos derechos. Concretamente, examinamos cuestiones tales como los efectos que tiene sobre el goce de estos derechos el estatus migratorio irregular, o la situación de las fronteras como espacios de no-derecho.

  El trabajo en Venezuela ha sido un gran desafío, dada la situación que atraviesa el país. Lo que hacemos, en este y en todos los casos, es aplicar los estándares del derecho internacional al contexto local. Pero es importante tener en cuenta que generalmente el derecho – y no solamente el derecho interno de los países, sino también el derecho internacional de los derechos humanos - es muy androcéntrico. La normativa se ha ido desarrollando a lo largo de los años alrededor de la imagen del hombre blanco como sujeto universal.

  Nuestra aproximación al derecho es estirarlo para que dé cabida a las experiencias de las mujeres, porque en el marco de los derechos humanos los temas de las mujeres suelen quedar de lado. En el contexto de Venezuela, trabajamos mucho con el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, recientemente pedimos una medida cautelar para una maternidad en la que morían muchas madres y niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la cautelar, pero en el contexto actual parece es difícil que se cumpla. Sin embargo, sirve para llamar la atención sobre la situación específica que viven mujeres y niñas. Y todo este trabajo sirve también para entender porqué las mujeres se van de Venezuela - qué las impulsa a ellas, en tanto que mujeres, a iniciar los tránsitos migratorios; y qué necesidades tienen cuando llegan a países de tránsito y de destino.

  Además de trabajar en Venezuela, varios de nuestros proyectos se centran en garantizar que las experiencias concretas de las mujeres y sus voces se escuchen en el proceso de paz en Colombia. Lo hacemos sobre todo desde nuestra oficina en Bogotá, y siempre en conjunto con organizaciones comunitarias, para intentar que las voces de las personas que están en las fronteras lleguen a los tomadores de decisiones.

  En los últimos años se ha observado avances de los grupos anti-derechos, en América Latina y más allá. ¿Han enfrentado reacciones o ataques de estos grupos en el curso de su trabajo?

  El contexto en que trabajamos está fuertemente marcado por el auge de grupos anti-derechos que se dicen movilizados contra lo que ellos llaman “ideología de género”. Pero no es un fenómeno nuevo: los grupos anti-derechos se han venido articulando con gran efectividad desde los años ’90. Tienen mucho dinero y una cosa que hacen mejor que los grupos de izquierda es articularse de manera muy efectiva entre ellos; aunque aborden distintos temas encuentran el punto en común. Por ejemplo, se han articulado muy bien para poner sobre la mesa el tema de la ideología de género, presentándolo en todos los espacios y consiguiendo que, algo que ni siquiera era un concepto, se convirtiera en un tema global. Han conseguido posicionarlo en la agenda, cosas que es más difícil de hacer desde la izquierda, donde hay más discusión en torno de los temas y cuesta más articularse y hablar con una sola voz. De ahí que todavía no tengamos una respuesta única y contundente para los embates en nombre de la “ideología de género”.

  Los grupos anti-derechos buscan arrebatarnos derechos adquiridos. Y lo hacen utilizando el mismo discurso que han empleado con éxito los grupos de derechos humanos. Hablan de derechos humanos y se presentan como víctimas. Incluso presentan a las feministas como agentes diabólicos, dándole al feminismo más poder del que se podría creer que tiene en determinados espacios. Por nuestra ubicación en tres regiones, desde Women’s Link vemos claramente que las mismas estrategias se repiten en distintos lugares. Están utilizando estrategias coordinadas, alimentadas con muchísimo dinero y con apoyo global. Como utilizan el lenguaje de los derechos humanos, cada vez tienen más representación legal, y han comenzado a ocupar sitios en lugares estratégicos, donde están los tomadores de decisión, como en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos.

  ¿Cómo puede actuar la sociedad civil progresista para poner freno a estos avances?

  Frente a estos ataques es importante actuar rápido a través del derecho. Hay que seguir trabajando para fortalecer el marco de derechos, blindándolo frente a estos ataques. Debemos pensar no solo estrategias de defensa, sino también estrategias proactivas para ampliar el marco de derechos, o cuanto menos para quitarles a los grupos anti-derechos espacio para moverse.

  Hay discusiones aún no saldadas sobre las que hay mucho que trabajar, como el tema de la libertad de expresión versus los discursos de odio. Paradójicamente, para difundir su mensaje los grupos anti-derechos se están apoyando en uno de los temas-estandarte de la izquierda, la libertad de expresión.

  Con todo, para que se generen cambios sociales duraderos, no podemos quedarnos en el derecho y los tribunales. Lo que necesitamos son casos que movilicen, generen debate público e instalen un verdadero cambio en la sociedad. En ese sentido hay movimientos esperanzadores, como el #MeToo y la Marea Verde en Argentina. Es decir, estamos viendo dos procesos contrapuestos: por un lado, crecen los grupos anti-derechos; por el otro, se genera una fuerte movilización desde las bases y desde la juventud en torno de estos temas. Tal fue el caso de la Marea Verde, que generó una movilización sin precedentes mientras se tramitaba en el congreso argentino un proyecto de legalización del aborto. Sin duda, es muy posible que los procesos estén interconectados y uno sea consecuencia del otro.

  Estos movimientos sociales generan un panorama esperanzador. Ante el intento de retroceder en derechos adquiridos, hay una masa muy activa que dice “mira, esto ya es un derecho adquirido, ya no lo puedes quitar”. Ya no se puede ir para atrás: en adelante puedes ampliar el marco, pero no lo puedes reducir.

  Además de los ataques de los grupos anti-derechos, ¿qué otros desafíos enfrenta la sociedad civil que promueve derechos de las mujeres?

  Para las organizaciones de base, la falta de recursos puede ser una gran limitación. Y a nosotras se nos presenta el desafío de cómo articularnos con estas organizaciones, sobre todo en contextos de gran urgencia como puede ser el de los movimientos masivos de movilidad humana.

  Women’s Link se dedica a identificar situaciones estructurales donde se vulneran derechos de las mujeres y a diseñar estrategias jurídicas para generar un cambio estructural transformador. Mientras tanto, las organizaciones de base – por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Venezuela – están asumiendo cada vez más, y en condiciones de urgencia, funciones que deberían ser desempeñadas por el Estado. En estos contextos, la mayor parte de la respuesta a los problemas está proviniendo de organizaciones de la sociedad civil.

  Estas organizaciones de base están respondiendo a una situación muy urgente y las necesidades que tienen las mujeres con que ellas trabajan son muy inmediatas, y sin embargo lo que podemos hacer desde Women’s Link es apoyarlas desde el litigio estratégico, que suele llevar mucho tiempo.

  Pero más allá de las dificultades de trabajar con recursos escasos, es vital articular esas relaciones, porque el aporte que Women’s Link tiene para hacer no serviría de nada sin el trabajo que hacen las organizaciones de base y sin, por supuesto, la voz y el apoyo de las mujeres.

  Contáctese con Women’s Link a través de supágina web y su perfil deFacebook, o siga a@womenslink en Twitter.

   

• ECUADOR: “Los derechos de las mujeres atraviesan una situación emergencia desde mucho antes de la pandemia”

  CIVICUS conversa con Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío, acerca de los avances conseguidos y los desafíos pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador. Virginia se refiere a la significación del avance que tuvo lugar en abril de 2021, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación. Activa desde el año 2000, la Fundación Desafío es una coalición feminista dedicada a la defensa y a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia en Ecuador.

  

  ¿Cuáles son los desafíos para los derechos de las mujeres en Ecuador?

  Los derechos de las mujeres en Ecuador siguen siendo un desafío porque en todos los aspectos tenemos asuntos pendientes a causa de la discriminación, la exclusión y la violencia machista. En materia de acceso al trabajo y a oportunidades económicas y de desarrollo personal, por ejemplo, las mujeres padecieron la pandemia y la desaceleración de la actividad en forma desproporcionada; la eliminación de pequeños emprendimientos y la reducción de las oportunidades para las ventas informales las golpearon con mayor fuerza, y para muchas fue difícil recuperar esos espacios.

  Las desigualdades afectan de maneras diferentes a mujeres de distintos grupos sociales. Ecuador tiene una población indígena grande, hay una gran fuerza campesina femenina, pero las mujeres no son dueñas de la tierra. Hay muchísima discriminación, y las personas indígenas y afrodescendientes tienen muchas más dificultades para acceder a oportunidades. Las mujeres indígenas y negras campesinas y migrantes internas son más vulnerables porque sufren la violencia de un sistema que desvaloriza lo indígena y lo campesino.

  En Ecuador también hay una gran presencia de mujeres en situación de movilidad, en su mayoría jóvenes, en edad reproductiva. Están llegando sin papeles y entrando por pasos migratorios no autorizados, lo que las expone a situaciones de trata, explotación sexual y violación, además de a situaciones de violencia xenófoba. En ese sentido, los derechos de las mujeres atraviesan una situación de emergencia desde mucho antes de la pandemia. 

  Todas estas exclusiones van acompañadas de violencia, y Ecuador sigue teniendo pendiente el desarrollo de una estrategia para enfrentar esa violencia. Aunque la violencia psicológica sigue siendo la más prevalente, todas las formas de violencia han aumentado. Por ejemplo, la violencia obstétrica - es decir, las acciones u omisiones por parte del personal de salud que violan derechos de las mujeres durante el embarazo o el parto- es altísima: afecta a un 42% de mujeres, y en el área rural y en determinados grupos étnicos es mucho más prevalente. El Estado hace escasos esfuerzos y no da prioridad al tema del femicidio; el año pasado tuvimos 118 casos. Este año ya llevamos 131, entre los que se cuentan muertes violentas de mujeres relacionadas con venganzas de pandillas o delincuentes. La violencia contra las mujeres es un problema gravísimo en el Ecuador, y mientras el gobierno no se ocupe de ella estará incumpliendo con los derechos que están en la Constitución.

  El Estado ecuatoriano debería entregar boletas de protección u órdenes de alejamiento e investigar femicidios. También debería combatir la violencia que está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y que se expresa muy fuertemente bajo la forma de violencia sexual, así como en otras formas de violencia como la violencia política.

  En ese marco se coloca el panorama de los derechos sexuales y reproductivos. Recién el 28 de abril de 2021 se despenalizó el aborto en caso de violación. Es algo tan básico y por lo cual hubo que luchar tanto tiempo, lo que indica hasta qué punto el Estado ecuatoriano está atado a intereses de grupos de poder económicos que están fuertemente ligados a grupos de poder religioso. Cada año se embarazan en Ecuador entre 2.000 y 3.000 niñas. En 2019 fueron 4.000 menores de 14 años, y en la pandemia unas 3.000; según el Código Penal, estos embarazos son producto de violación.

  ¿Cómo ha sido el proceso que condujo a la legalización del aborto en casos de violación?

  Hasta abril de 2021, el aborto solo estaba permitido cuando la vida o la salud de la mujer estaba en peligro o si el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. En respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto para todos los casos de violación. 

  Esta ha sido una lucha de muchos años. Las organizaciones de derechos de las mujeres estamos defendiendo el aborto terapéutico y para casos de violación desde el año 2008, cuando se redactó la nueva constitución y cuando los grupos antiderechos intentaron derogar el aborto terapéutico. Ellos querían que las mujeres de este país no tuvieran posibilidad de abortar bajo ninguna circunstancia.

  En ese marco, la propuesta de legalización del aborto por violación se presentó en 2012, cuando se elaboró el nuevo Código Penal. En 2013, el entonces presidente Rafael Correa - el activista antiderechos con más poder– excluyó esta posibilidad. Amenazó con renunciar y lanzó el típico cliché de que la Constitución garantiza y protege la vida desde la concepción.

  En 2019 se volvió a plantear la despenalización del aborto en caso de violación producto de una iniciativa legislativa procedente de la Defensoría Pública. La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (CNME) y la Fundación Desafío volvimos a trabajar por la despenalización en casos de violación. Pero a último momento, en la negociación legislativa, el tema fue usado como moneda de cambio, y perdimos la votación. Teníamos los 70 votos que se necesitan para aprobar una moción en la Asamblea, pero varios asambleístas de bancadas que habían comprometido su apoyo finalmente votaron en contra. Logramos 65 votos frente a 59 de los antiderechos. Perdimos y el proceso tomó otro rumbo, el de la Corte Constitucional.

  Dos meses antes de la votación, la Fundación Desafío y la CNME ya habíamos interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y una demanda de incumplimiento en la Corte Constitucional, porque las mujeres de este país no tenemos confianza en que los poderosos de turno contemplen nuestros intereses. En diciembre de 2019 estas dos demandas fueron admitidas y en noviembre de 2020 se sumaron otras organizaciones de mujeres, además de la Defensoría del Pueblo.

  Tras el fallo de la Corte Constitucional, la determinación de los plazos sigue siendo un desafío inmenso. Nosotras planteamos que no hubiese plazo, pero algunos médicos y profesionales de la salud ya están poniendo plazos en el proyecto de ley, de modo que eso es algo que vamos a tener que pelear en la Asamblea.

  ¿Qué roles ha desempeñado la Fundación Desafío?

  Además de presentar las mencionadas demandas de inconstitucionalidad y de incumplimiento, hemos desempeñado un rol de liderazgo en el cabildeo legislativo. Este trabajo se sumó a la contribución de muchas otras organizaciones que trabajaron con la población, haciendo talleres, organizando redes para acompañar a mujeres en situación de aborto y abriendo espacios que dan a las mujeres la posibilidad de decidir, aunque sea en un contexto de ilegalidad.

  En los procesos legislativo de 2013 y 2019 hicimos de todo. Hicimos campañas comunicacionales, produjimos videos cortos de gente que tiene visibilidad pública, trabajamos en redes, presentamos nuestras investigaciones. Tuvimos un rol en el día a día en la Comisión de Justicia, que trabajó los dos informes que luego pasaron al plenario. Nosotras canalizamos la presencia de Human Rights Watch, que desde una perspectiva de legislación comparada instó a la Asamblea a avanzar en la legalización, y de varias mujeres que dieron sus testimonios, incluidas una mujer violada y una mujer que trabaja en el sector de la violencia en los niños. También hicimos una campaña para que se aprobara el Código de la Salud, que incluía varios artículos sobre derechos sexuales y reproductivos. Después de ocho años de debates, el Código de Salud se aprobó en agosto de 2020 en la Asamblea y el expresidente Lenin Moreno lo vetó totalmente al mes siguiente.

  Finalmente, apoyamos la conformación de la Red Ecuatoriana de Fe, formada por cristianos evangélicos progresistas. Este grupo hizo presentaciones y comunicados. El movimiento sindical y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador también se posicionaron a favor en el proceso. Toda esa documentación fue entregada a la Asamblea y luego a la Corte Constitucional.

  ¿Qué impacto piensas que tendrá este cambio legal?

  Para quienes hemos dejado la vida en esto y la seguiremos dejando, este cambio tiene un gran impacto simbólico a pesar de ser un pequeño paso. Obviamente, la legalización del aborto en casos de violación es algo enorme para las niñas violadas, que en Ecuador son muchísimas, y para las mujeres en general que ahora pueden finalizar un embarazo producto de un crimen, si así lo deciden. Y si bien no se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en cualquier circunstancia, simbólicamente es un progreso enorme porque desmitifica el aborto y la posibilidad de tomar decisiones sobre el curso de un embarazo en caso de violación. Ahora es legal tomar decisiones sobre el cuerpo de una mujer embarazada que ha sido violada; el Estado ha dado su aprobación y por primera vez ha puesto a la víctima en el centro del debate. Entonces, ¿por qué no van a poder las mujeres que no han sido violadas tomar decisiones sobre sus cuerpos? Implícitamente creo que se van dando estos desplazamientos.

  El próximo paso a muy corto plazo sería que también se despenalice el aborto en caso de malformación letal del feto. El escenario de la despenalización total hay que plantearlo en la Asamblea, como ha ocurrido en otros países. Tal vez digan que no, pero ese es el camino y alguien lo tiene que hacer.

  El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
  Póngase en contacto con la Fundación Desafío a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@DesafioDerechos en Twitter.

   

• EEUU: “Los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto”

  

  CIVICUS conversa con Caroline Duble, directora política de Avow, sobre la actual reacción contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, y en Texas en particular, así como sobre las respuestas de la sociedad civil. Avow es una organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar el acceso al aborto sin restricciones para todas las personas en Texas, y se guía por la visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con respeto y tengan libertad para perseguir la vida que desean.

  ¿Cómo ha llegado Texas al punto en que el aborto ha quedado casi completamente prohibido?

  Para quienes acaban de enterarse de esta cruel prohibición, que impide el aborto a partir de las seis semanas de gestación, puede resultar difícil creer que algo tan extremo pueda llegar a convertirse en ley. Pero quienes llevamos mucho tiempo luchando por el acceso al aborto en Texas sabemos que los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Esto queda claro si se observa la línea de tiempo completa de las restricciones médicamente innecesarias a los procedimientos de aborto que fueron imponiéndose en Texas desde la sentencia de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe vs Wade, que estableció que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de la mujer embarazada para optar por un aborto sin interferencias excesivas del gobierno. Han sido implacables, engañosos y crueles en sus intentos de poner la atención de la salud fuera del alcance de personas que la necesitan.

  ¿En qué se diferencia esta ley de otros intentos anteriores, menos exitosos, de prohibir el aborto en otros estados?

  A diferencia de las prohibiciones impuestas en otros estados, que son implementadas por funcionarios estaduales, este proyecto de ley -conocido como Proyecto de Ley del Senado 8, o SB8- otorga a la ciudadanía una autoridad sin precedentes para hacer cumplir la prohibición. Permite que cualquier persona -incluidos activistas antiaborto sin ninguna relación con la paciente- actúe como cazarrecompensas y lleve a los tribunales a médicos, centros de salud y a cualquiera que ayude a otra persona a acceder a un aborto, con el incentivo de recibir 10.000 dólares por cada aborto denunciado. En otras palabras, el estado de Texas está intentando eludir el escrutinio judicial y la responsabilidad en los tribunales alentando a ciudadanos particulares a hacer el trabajo sucio en su lugar. Pero las maniobras legales del SB8 no cambian el hecho de que prohibir el aborto a las seis semanas es inconstitucional y, lo que es más importante, es injusto e inmoral.

  ¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la prohibición, y qué reacciones ha generado?

  La SB8 está funcionando tal como se pretendía que lo hiciera. Desde que entró en vigor, el 1º de septiembre, ha diezmado nuestra ya vulnerable infraestructura de atención y ha dejado a las personas de Texas que necesitan acceso a atención y a servicios de apoyo temerosas de pedir ayuda, y a activistas y proveedores temerosos de ayudarles. Con esta ley, se le está negando a la gente de Texas los abortos que desean y necesitan. Muchas personas están tratando de reunir los miles de dólares necesarios para viajar fuera del estado, tomarse licencia laboral y organizar el cuidado de los niños y el transporte.

  Muchas personas en Texas están autogestionando sus propios abortos, los cuales pueden ser extremadamente seguros, pero solamente si la persona embarazada tiene acceso a información y recursos. Y, trágicamente, innumerables personas en Texas se ven obligadas a continuar embarazos en contra de su voluntad. Por supuesto, esto está afectando con mayor intensidad a personas negras, latinas e indígenas, a personas indocumentadas y a personas de bajos ingresos, que enfrentan barreras más severas para acceder a atención fuera del estado y por consiguiente están siendo perjudicadas en forma desproporcionada por la nueva ley.

  Frente a esto, la gente ha protestado financiando abortos. En conjunto, los fondos para el aborto en Texas han recaudado más de 3 millones de dólares desde el 1º de septiembre, y buena parte de esos fondos se utilizará para sacar del estado a quienes necesiten un aborto. La gente también está, literalmente, protestando. Basta con echar un vistazo a #BansOffOurBodies para ver las imágenes de las protestas que han tenido lugar en todo el país, y en particular de las marchas por los derechos reproductivos que tuvieron lugar el 2 de octubre. Y, por supuesto, la gente está aprendiendo más acerca del aborto autogestionado, porque la prohibición del aborto no acaba con la necesidad de abortar.

   

  ¿Qué tácticas utiliza Avow para evitar regresiones y ampliar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos?

  Avow continuará luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas de Texas, por el motivo que sea. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona de nuestro estado que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

  Trabajamos para presentar el aborto bajo una luz positiva porque el aborto es seguro, común y normal, aunque esto no se sepa a causa del estigma que impide que la gente comparta sus experiencias de aborto. Nos comprometemos a cambiar la conversación acerca del aborto para que refleje esa realidad. Durante demasiado tiempo, los extremistas antiabortistas han dictado el modo en que se nos permite hablar del aborto; mediante la difusión de mentiras e inexactitudes médicas han controlado la narrativa a tal punto que incluso los partidarios del derecho al aborto se sienten incómodos al pronunciar esa palabra y prefieren utilizar en cambio eufemismos tales como “derechos de las mujeres”, “salud reproductiva” y “elección”. Esto ha permitido que el estigma impregne la provisión de servicios de aborto y, en última instancia, avergüence a las personas que han abortado y alimente una narrativa sobre la existencia de abortos “buenos” y “malos”. En Avow nos negamos a juzgar las razones de una persona para abortar, y en cambio la apoyamos una vez que ha tomado su decisión de hacerlo.

  De cara a las elecciones de medio término de 2022, Avow se está preparando para exigir rendición de cuentas a los legisladores antiaborto mediante anuncios digitales, organización en el terreno y movilización de votantes. También estamos presionando al gobierno federal para que haga más por proteger el derecho al aborto mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que busca establecer legalmente el derecho de los proveedores de atención de la salud a prestar servicios de aborto, y el correspondiente derecho de los pacientes a recibir dicha atención, sin restricciones médicamente innecesarias. También les pedimos que deroguen la Enmienda Hyde, una disposición legislativa de 1980 que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos y es eminentemente racista. También seguiremos trabajando para acabar con el estigma del aborto, ayudando a las personas a hablar abiertamente sobre el aborto y sobre la importancia que tiene para ellas poder acceder a él.

  ¿Cuáles son las perspectivas de que se anule la prohibición?

  Es muy preocupante que la Corte Suprema no haya bloqueado esta ley incluso antes de celebrar una audiencia sobre ella. Durante casi 50 años, la Corte Suprema ha afirmado que la Constitución garantiza el derecho al aborto, pero ahora en Texas vivimos una realidad diferente. Mucha gente da por sentado que la Corte Suprema es un órgano legal objetivo, pero sus jueces son nombrados por el presidente, y los presidentes tienen agendas políticas. La negativa de la Corte Suprema a bloquear la entrada en vigor de la SB8 es simplemente una prueba más de algo que sabemos desde hace años: la salvación no vendrá de los tribunales. Es necesario aprobar una ley federal que garantice el acceso y la financiación del aborto sin restricciones para todas las personas en este país. 

  Dicho esto, agradecemos que el Departamento de Justicia (DJ) esté emprendiendo acciones legales para luchar contra la SB8. El DJ está solicitando una orden de restricción temporaria y un mandato judicial preliminar en un tribunal federal con sede en Austin, la capital de Texas. De ser concedida, esta orden de restricción impediría al estado de Texas, incluidas las personas privadas que inicien demandas en virtud de la ley, implementar o hacer cumplir la SB8. Este es un primer paso necesario en lo que esperamos que sea una larga batalla judicial para detener esta ley. La orden de restricción debería ser concedida sin problemas porque la ley es claramente inconstitucional y las personas en Texas necesitan conservar el acceso a servicios de aborto mientras la ley haga su recorrido por el sistema judicial.

  ¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en Estados Unidos de sus pares de todo el mundo?

  Lo mejor que la gente de fuera de Texas puede hacer por nosotros es apoyarnos contribuyendo a los fondos para el aborto y a las organizaciones de incidencia política de Texas, y amplificando nuestro mensaje. También pueden prestar más atención al impacto de las prohibiciones del aborto y el estigma en sus propias comunidades. En lugar de boicotear a empresas de Texas, aprueben ordenanzas locales que proporcionen apoyos concretos a las personas de sus regiones que buscan abortar.

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• El acoso alcanza lo virtual: mujeres activistas y periodistas denuncian su situación

  

  Periodistas, feministas, activistas y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo se enfrentan al acoso virtual. En esta serie, la alianza global de la sociedad civil CIVICUS pone de relieve cómo el acoso virtual tiene un marcado componente de género, a través de los relatos de mujeres que trabajan para defender nuestras libertades democráticas. Estos testimonios se publican con carácter original en Global Voices gracias a una colaboración entre CIVICUS y Global Voices.

  Para esta periodista filipina, cada día es una lucha contra el miedo
  

  La represión contra medios y periodistas independientes también ha sido implacable. Los ataques y amenazas a periodistas, el empleo de ejércitos de troles y bots virtuales, especialmente durante la pandemia de COVID-19, han contribuido a la autocensura, con el consiguiente efecto disuasorio en el mundo de la comunicación y el público en general.En esta primera parte de la serie, la periodista filipina Inday Espina-Varona cuenta su historia.

   

  Periodista eslovena, a quien el primer ministro llamó prostituta, cuenta su historia
  

  Evgenija Carl es una periodista de investigación de Eslovenia. Tras realizar un reportaje televisivo sobre el partido de oposición SDS en 2016, Janez Janša, uno de los principales políticos de aquel entonces, la llamó “prostituta” en Twitter. El acoso en línea se intensificó luego, cuando Janša se convirtió en primer ministro esloveno. Lea la historia de Evgenija Carl aquí.

   

  Amenazas de violación en línea conectan activista libanesa con miles de otras mujeres que enfrentan maltrato
  

  Desde octubre de 2019, protestas antigubernamentales conocidas como la “Revolución de Octubre” surgieron en todo el Líbano. Los manifestantes piden la destitución del Gobierno y plantean su preocupación por la corrupción, servicios públicos deficientes y falta de confianza en la clase gobernante. Las protestas han recibido violencia sin precedentes de las fuerzas de seguridad. El país ha enfrentado una crisis política, que empeoró por la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020. Las feministas han estado al frente a la revolución y se ofrecieron para dar asistencia tras la explosión. En la tercera parte de esta serie, Maya El Ammar, escritora, activista, y profesional de comunicaciones feminista, cuenta su historia y el abuso en línea que sigue enfrentando.

  Ataques personales persiguen a defensora de derechos humanos de Burundi exiliada en Uganda
  

  Durante el régimen del sucesor de Nkurunziza, el presidente Évariste Ndayishimiye, periodistas y defensores de derechos humanos siguen enfrentando dificultades. El arresto de activistas políticos y el reciente anuncio público de la sentencia a cadena perpetua de 34 exiliados —que incluyen periodistas y defensores de derechos humanos— acusados de intento de golpe contra el expresidente ilustran los obstáculos a la libre expresión en el país. Chantal Mutamuriza, feminista, defensora de los derechos humanos y fundadora de la ONG Light For All (Luz para todos), nos cuenta su historia del continuo acoso en línea que enfrenta.

• El Salvador es uno de los pocos países que aún no han decidido que la vida de las mujeres importa

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  CIVICUS conversa con Sara García Gross, Coordinadora Ejecutiva de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador e integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Fundada en 2009, Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil multidisciplinaria que busca generar conciencia para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país; defender legalmente a las mujeres que han sido acusadas o condenadas o por abortos o delitos relacionados; y promover la educación en materia de salud sexual y reproductiva.

• EL SALVADOR: “La justicia patriarcal persigue, tortura y abusa de las mujeres”

  CIVICUS conversa con Sara García Gross acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño y la lucha de las mujeres de El Salvador por el derecho al aborto.

  Sara García Gross es coordinadora de incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Fundada en 2009, la organización concientiza a la ciudadanía para cambiar las leyes sobre el aborto, provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por abortos o delitos relacionados, y difunde información sobre la importancia de que las mujeres reciban asistencia adecuada en materia de salud sexual y reproductiva para evitar que recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.

  ¿Qué reclama el movimiento feminista de El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos?

  Como feministas estamos luchando para cambiar la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. En El Salvador se persigue a las mujeres injustamente. Se violan los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que viven en situación de pobreza, y de las que viven en zonas rurales del país. En ese sentido, desde el movimiento feminista luchamos para cambiar este marco normativo tan restrictivo, absolutista y absurdo.

  También luchamos por la libertad de las mujeres. En la actualidad hay doce mujeres que están en la cárcel pagando penas que son sumamente injustas. Nuestra lucha es por la libertad y la vida de las mujeres. Queremos que el aborto sea legal en El Salvador. Luchamos por que las mujeres tengamos el derecho de construir nuestro proyecto de vida. Denunciamos los embarazos impuestos; esto constituye una forma de tortura. Hay niñas de apenas diez años que enfrentan la maternidad forzada, Hay jóvenes que no han recibido educación sexual y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos para que se garantice el derecho a recibir una educación sexual integral.

  También luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+, porque los crímenes de odio son otra forma cruel de tortura que el Estado impone o condona.

  ¿Qué tácticas utiliza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto?

  En nuestra lucha por la libertad de las mujeres hemos impulsado múltiples estrategias, empezando por el litigio estratégico para conseguir desde conmutaciones de penas hasta revisiones de sentencias. El foco está puesto en conseguir la libertad, llevando a la práctica la consigna feminista “Yo te creo hermana”. Luchamos para que se reconozca la inocencia de las mujeres que enfrentan penas injustas y absurdas.

  Pero la estrategia jurídica no ha sido la única estrategia clave; también ha pesado mucho la movilización social a nivel nacional y regional. El movimiento feminista se ha organizado y se ha pronunciado en relación a los casos de las mujeres criminalizadas. Se han organizado plantones frente a embajadas de El Salvador y de otros países, se han enviado cartas a los juzgados y se han hecho campañas por la justicia reproductiva, tales como la campaña “Nos faltan las 17”.

  Otra de nuestras grandes estrategias ha sido interpelar al sistema interamericano de derechos humanos. Hemos llevado el caso de la mujer conocida como Manuela a la Corte IDH, logrando que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.

  Otra estrategia ha sido la recolección de evidencia. Hemos realizado una investigación titulada “Del hospital a la cárcel” que nos ha permitido visibilizar esta problemática. A través de una revisión y análisis de expedientes, sentencias e instrucción, hemos logrado entender contra quiénes apunta la legislación antiaborto, a quiénes persigue: mujeres jóvenes y pobres que viven en zonas rurales. Esto constituye discriminación interseccional.

  Las campañas, diálogos, y debates que impulsamos a nivel de la academia y de las comunidades en diferentes territorios también han formado parte de nuestra estrategia. Los procesos de incidencia política son fundamentales para que, a partir de ventanas de oportunidad que se identifiquen en la Asamblea Legislativa u otras instituciones del Estado, puedan presentarse nuevas propuestas de ley.

  En el pasado se presentaron varios proyectos para reformar el artículo 133 del Código Penal de modo de despenalizar el aborto bajo cuatro causales. Estos proyectos estuvieron lejos de aprobarse; en algunos casos fueron rápidamente archivados y en otros languidecieron durante años en comisiones legislativas. Las organizaciones de mujeres fueron recibidas con gran hostilidad. Sin embargo, nuestras estrategias de incidencia política lograron poner el tema del aborto en la agenda pública.

  ¿Qué piensa la opinión pública salvadoreña sobre el aborto? ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para instalar una narrativa alternativa a la criminalización?

  En la opinión pública hay una amplia aceptación de la causal vinculada a salvar la vida de las mujeres: más de la mitad de la población lo ha manifestado en diversas encuestas.

  Vivimos en un país conservador, con algunos grupos fundamentalistas que se autodenominan a favor de la vida. La realidad es que están a favor del aborto clandestino, de la criminalización, y de la muerte de las mujeres. Estos grupos sostienen una doble moral que nosotras, como sociedad civil organizada y feminista, ponemos en evidencia. Mientras que las mujeres que viven en situación de pobreza son criminalizadas, las que cuentan con recursos económicos viajan y acceden a abortos seguros. Esta doble moral es inaceptable.

  Para nosotras es importante visualizar otras narrativas y dar a conocer la realidad de las mujeres. Disminuir el estigma exige mostrar, humanizar, hablar de historias y proyectos. Se trata de mujeres que tenían un proyecto de vida que la violencia de Estado les impidió concretar.

  Dialogar sobre el tema en diferentes espacios, humanizar esta realidad, y cuestionar este sistema que impone el mandato de la maternidad -un prejuicio de género-, permite abordar el tema sin estigmas ni prejuicios y, sobre todo, desde una perspectiva de derechos humanos.

  ¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte IDH en el caso Manuela?

  Este fallo llegó tras años de trabajo y lucha. Empezamos acompañando el caso en el año 2011, dando acompañamiento psicosocial, político y jurídico a la familia de Manuela.

  La incidencia en el sistema interamericano fue fundamental. El fallo en el caso de Manuela es histórico: la Corte IDH ha reconocido que Manuela era inocente, que realmente enfrentó una emergencia obstétrica, y que los estereotipos de género, empezando por el mandato de la maternidad, permearon todo el proceso. La Corte IDH ha entendido que la penalización absoluta del aborto genera criminalización y obstáculos para acceder a derechos reproductivos.

  La sentencia tiene efectos tanto a nivel nacional como a nivel regional. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga tanto a El Salvador como al resto de los países de la región a tomar una serie de medidas. Primero, garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos vinculados con el aborto. Segundo, asegurar que no se apliquen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que restringen a las mujeres a roles reproductivos y les adjudican un instinto maternal. Tercero, garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.

  El Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo algunas acciones adicionales en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Primero, mientras esté en proceso de regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, debe eliminar la práctica de los profesionales médicos de denunciar a las mujeres que recurran a ellos en busca de servicios de salud reproductiva. Segundo, debe reparar de manera integral a la familia de Manuela. Tercero, debe realizar cambios legislativos y de política pública para asegurar la no repetición, de modo que nadie más sufra una situación similar, por ejemplo garantizando la atención integral en casos de emergencias obstétricas y adecuando la figura de prisión preventiva para que se aplique solo de forma excepcional.

  Nosotras continuamos luchando para que las mujeres nunca más sean criminalizadas. Aún hay 12 mujeres que siguen privadas de libertad, pero creemos que el caso de Manuela ilumina estas injusticias y nos da fuerza para seguir luchando. Para nosotras, Manuela es justicia y esperanza.

  ¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en El Salvador de sus pares de todo el mundo?

  Nosotras consideramos que la solidaridad feminista es fundamental. Queremos visibilizar este tema en la región y en el mundo. Queremos que se hable de lo que está ocurriendo aquí. Queremos que se hable de las consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto. Queremos que se hable de cómo este sistema punitivista no resuelve nada.

  No puede ser que el ejercicio de un derecho reproductivo -un derecho a la salud- sea tratado como un crimen con penas de cárcel. Necesitamos poner los ojos del mundo sobre El Salvador y que el Estado salvadoreño se sienta observado. Debemos exigir, en cada oportunidad que tengamos, libertad para las mujeres, libertad para las 12 que siguen presas, y reparaciones para todas las mujeres que han enfrentado esta criminalización. Debemos exigir que el aborto sea un derecho reconocido por ley.

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• EL SALVADOR: “Legalizar el aborto equivale a reconocer la condición ciudadana de las mujeres”

  CIVICUS conversa con la Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, acerca de la lucha por el derecho al aborto en El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo.

  Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil salvadoreña que busca generar conciencia pública sobre temas de salud sexual y reproductiva, aboga por la reforma de lalegislación sobre el derecho al aborto y provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por aborto o delitos relacionados.

  ¿Cuál es la situación de las mujeres que abortan en El Salvador?

  Actualmente la legislación de El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera si se trata de un embarazo en una niña de nueve años, absolutamente impuesto, de un embarazo con riesgo de vida a la persona gestante, o de un caso de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Incluso en los embarazos ectópicos, que se producen fuera del útero y no pueden ser llevados a término, los médicos normalmente se ven obligados a esperar a que no haya latido fetal para hacer la interrupción, poniendo en grave riesgo de hemorragia a la persona gestante.

  Esa es la realidad que enfrentan las mujeres que buscan terminar un embarazo en El Salvador. Enfrentan restricciones legales, denuncias, persecución judicial y riesgo de cárcel. Solo les queda el aborto clandestino, que muchas veces es inseguro. Las mujeres en situación de pobreza enfrentan riesgos mucho mayores; las que tienen recursos económicos pueden salir del país y buscar asistencia en alguna parte donde el aborto sea legal, mientras que las que no los tienen carecen de opciones.

  Esto explica que el suicidio se haya convertido en la primera causa indirecta de muerte materna entre adolescentes. Ante la falta de alternativas para la interrupción del embarazo, algunas adolescentes con embarazos impuestos o no deseados recurren al suicidio como única salida.

  ¿Cómo trabajan las organizaciones feministas de El Salvador, y Agrupación Ciudadana en particular, en pos de la descriminalización del aborto?

  Las organizaciones feministas en El Salvador – y en particular la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista – hemos trabajado para generar una conversación sobre aborto desde nuevas perspectivas. Lo hemos abordado como tema de salud pública, de justicia social y de justicia reproductiva, así como también desde la perspectiva de la democracia, ya que al fin y al cabo de lo que se trata es de reconocer la condición ciudadana de las mujeres.

  Desde la Agrupación Ciudadana trabajamos en tres ejes combinados. El primero de ellos es el litigio y la defensa legal de mujeres criminalizadas en causas de aborto o emergencias obstétricas. Hemos denunciado esto como una violación de derechos humanos y hemos logrado sacar de la cárcel a 73 mujeres que habían sido condenadas.

  El segundo eje es el de las campañas y la incidencia por el cambio legal. Hemos difundido una narrativa de defensa de los derechos y la libertad de las mujeres, y hemos presentado iniciativas de reforma del Código Penal, además de un recurso de inconstitucionalidad y peticiones de seguimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la necesidad de reformar la legislación.

  En este terreno hemos realizado avances desiguales. Ha habido progresos en el terreno de la opinión pública, pero éstos no se han reflejado todavía en el marco legal, en parte porque el sistema político en El Salvador es controlado por un solo partido, y en parte porque los poderes religiosos y conservadores tienen gran influencia sobre el Estado.

  El tercer eje de nuestro trabajo es el litigio en instancias internacionales como el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.

  ¿Quiénes se posicionan a favor y en contra del aborto legal en El Salvador?

  Los bloques en pugna, en El Salvador, no son homogéneos. El que se opone activamente al aborto no es muy numeroso, pero incluye a gente con mucho poder económico, influencia mediática y capacidad de presión sobre las instituciones. No son muchas personas, pero tienen mucho poder. Por ejemplo, para una reciente audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se prepararon muy bien, contratando a estudios jurídicos muy caros. Tienen también su ejército de troles en redes sociales que atacan y amenazan a quienes sostenemos que es necesario cambiar.

  Sin embargo, el lado del cambio hay numerosas organizaciones, no solamente feministas y con foco en los derechos de las mujeres, sino también organizaciones de derechos humanos que poco a poco han ido comprendiendo que la penalización absoluta del aborto es una violación de los derechos humanos. Estas organizaciones han apoyado las audiencias en la Corte IDH a pesar de que la despenalización del aborto no es el eje central de su trabajo. Simplemente nos han apoyado desde una perspectiva de justicia social ante una realidad que es demasiado injusta para las mujeres, y para las mujeres pobres en particular.

  Se trata, en suma, de un amplio espectro de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, pero que trabajan fuera de las instituciones y tienen muchos menos recursos económicos y acceso a medios de comunicación de gran influencia.

  ¿Qué significación podría tener el esperado fallo de la Corte IDH sobre el Caso Beatriz?

  El caso Beatriz, emblemático en la lucha por la legalización del aborto en El Salvador, es el caso de una joven a quien el Estado de El Salvador impidió abortar, aunque su embarazo ponía en peligro su integridad física y su vida.

  Un fallo de la Corte IDH sobre el caso tendría enorme significación. Ya a fines de 2021 la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por el caso Manuela, una joven criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica, y que murió por no recibir la necesaria atención médica. Este fallo estableció que la criminalización de mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas es inseparable del contexto de penalización absoluta del aborto.

  Un fallo en el caso Beatriz pondría en evidencia otras derivaciones de la prohibición absoluta del aborto y podría derivar en una flexibilización de la legislación que priorice los derechos de las mujeres.

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• ESPAÑA: ‘El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder’

  CIVICUS conversa con Carmen Miquel Acosta, abogada especializada en género de Amnistía Internacional España, acerca de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como “Ley Solo sí es sí”, y el rol de la sociedad civil a la hora de impulsar los derechos de las mujeres.

  ¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en la aprobación de la “Ley Solo sí es sí”?

  La “Ley Solo sí es sí” es un ejemplo claro de trabajo conjunto del movimiento de mujeres, y especialmente del movimiento feminista, inserto en todos los ámbitos, tanto de la sociedad civil como del gobierno, para dar respuesta a una situación.

  Uno de sus detonantes fue el caso “La manada”, un caso de violación grupal ocurrido en Pamplona en 2016. La respuesta judicial a ese caso fue un ejemplo perfecto de lo que es la justicia, o más bien la injusticia patriarcal, la forma en que operan los estereotipos y el principio de no creer en la víctima.

  En 2018 la justicia decidió que lo ocurrido no había sido violación sino solamente “abuso sexual”, y condenó a los cinco miembros de la “manada” a nueve años de prisión por ese delito. La indignación frente al veredicto provocó grandes protestas y el movimiento de mujeres se hizo más masivo. Muchas mujeres jóvenes que por primera vez se estaban acercando al feminismo se movilizaron.

  También fue entonces cuando desde Amnistía publicamos un informe que ponía de manifiesto la falta de políticas públicas específicas frente a la violencia sexual, la falta de datos y la ausencia de un marco legal para hacer frente a esta violación de los derechos humanos fundamentales. Desde entonces hemos reclamado una ley para abordar el tema.

  La participación en el proceso legislativo fue masiva y la sociedad civil aportó muchísimos insumos, como resultado de los cuales el anteproyecto fue mejorado.

  El proceso se prolongó bastante, por un lado porque se habilitó la participación, pero también porque en España cuando se hacen leyes orgánicas que tratan sobre derechos fundamentales se necesitan informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todos esos informes informaron el proyecto de ley y permitieron un tratamiento más riguroso del tema.

  ¿Cuáles fueron los principales temas de preocupación para las organizaciones feministas en el desarrollo de la ley?

  En primer lugar, la falta de un diagnóstico. Este era un tema que preocupaba a Amnistía porque vemos una tendencia a lidiar con los problemas sin diagnosticarlos antes y a no evaluar la efectividad de las políticas públicas adoptadas.

  Por medio de esta ley el gobierno buscaba, entre otras cosas, implementar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, o Convenio de Estambul, que exige a España adoptar políticas públicas de prevención. Ello requiere un diagnóstico y datos sistematizados.

  Otra cuestión importante fue la de la judicatura. España recibió un dictamen del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por un caso de aplicación de estereotipos por parte de una jueza. En este proceso, una discusión central fue cómo lidiar con la aplicación de estereotipos por parte de la judicatura, qué formación deben recibir los y las funcionarias y hasta qué punto ésta debe ser obligatoria, sin que pueda considerarse interferencia con la independencia del Poder Judicial.

  Otro tema que también nos preocupaba, pero que finalmente no fue incluido en la ley, fue el de la violencia sexual como tortura. En España, este uso de la violencia sexual se ha dado en los lugares de detención, especialmente contra personas extranjeras. La ley no se llega a establecer un delito de tortura, que es un delito imprescriptible y que conlleva otro tipo de investigación por tratarse de un crimen de derecho internacional.

  Otra cuestión que a nuestro parecer no fue recogida de manera adecuada es la de las mujeres extranjeras en situación irregular. Aunque el Convenio de Estambul establece que no es necesario hacer la denuncia para acceder a servicios de violencia de género, en los casos en que las mujeres denuncian, si por el motivo que sea no hay una condena, sus expedientes de expulsión pueden reabrirse.

  Finalmente, hubo algunos temas, como el del trabajo sexual, que generaron debates dentro del feminismo que aún permanecen irresueltos. La postura de Amnistía es que las trabajadoras sexuales tienen derechos humanos y la criminalización del trabajo sexual no solamente no las ayuda, sino que las pone en una situación de estigmatización. Lamentablemente los colectivos de trabajadoras sexuales no fueron consultados en el proceso.

  ¿Qué dificultades enfrentará la implementación de la ley?

  Esta es una ley muy ambiciosa, cuya implementación requiere muchos recursos. Deberá implementarse en todo el territorio de España, que incluye 17 comunidades autónomas, cada una con sus competencias en materia de servicios sociales y justicia, entre otras áreas implicadas en la implementación de la ley. Todo esto plantea el interrogante de cómo se traducirá el texto de la ley en realidad efectiva.

  ¿Cuáles son los próximos desafíos en materia de derechos de las mujeres?

  El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder. En este momento está sobre la mesa una reforma de la legislación sobre el aborto para eliminar barreras de acceso a este derecho, y va a ser un tema controvertido en el debate parlamentario.

  La opinión está muy polarizada y hay un discurso de demonización del otro, algo que es muy evidente en el uso de la etiqueta de la “ideología de género”. La libertad de expresión hace a la riqueza de la democracia y debe ser protegida, especialmente cuando se dicen cosas que no nos gustan. Pero algo muy diferente son los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la apología del odio, dos cosas que van en aumento.

  En relación con los derechos de las mujeres estamos viendo retrocesos en países cercanos como Hungría. Las conquistas de derechos que habíamos acabado dando por sentados no se están consolidando o están experimentando retrocesos. De ahí la importancia de aumentar la concienciación en materia de derechos humanos y la participación de la ciudadanía. En medio de esta batalla ideológica, la democratización del lenguaje de los derechos es hoy más urgente que nunca.

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• ESPAÑA: “Las manifestaciones explícitas de la violencia machista son apenas la punta del iceberg”

  CIVICUS conversa con Isabel Abella Ruiz de Mendoza sobre las violencias machistas de carácter sistémico que enfrentan las mujeres en el ámbito del deporte, evidenciadas en un reciente caso de abuso de poder que involucró a la mayor autoridad de la federación del fútbol español.

  Isabel es deportista y responsable de igualdad y de infancia y adolescencia de dos clubes de balonmano. Es socia fundadora y directora de Abella Legal, un despacho de abogadas y consultora de igualdad, especializada en el ámbito del trabajo y del deporte. De 2018 a 2023 lideró el Servicio Vasco ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el deporte en Euskadi.

  ¿Cuáles fueron las reacciones de la opinión pública frente al beso público no consentido del presidente de la federación de fútbol a la jugadora Jenni Hermoso?

  El beso no consentido que el presidente de Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria del equipo español en la Copa Mundial Femenina fue apenas una de las caras visibles, y aún normalizadas, de la violencia machista.

  En la tipología de las manifestaciones de la violencia machista que las mujeres enfrentan a diario en su ámbito laboral, en este caso el deportivo, se trata de una violencia de tipo sexual. Sin embargo, es importante tener presente que detrás de esta expresión de violencia es posible que se estén produciendo otras, de tipo psicológico, económico y social, tanto contra ella como contra su entorno cercano, así como contra muchas personas que la han apoyado, incluso en el entorno virtual.

  Frente a este hecho, la opinión pública se ha dividido. Hay quienes consideramos que tenemos la responsabilidad de trabajar por la igualdad en el deporte y por erradicar todas las expresiones de violencia machista. Sin embargo, otras personas han banalizado, minimizado, negado, ignorado o ridiculizado este episodio. Esta diversidad de reacciones refleja los distintos niveles de conciencia feminista de la población.

  ¿Por qué las autoridades del deporte tardaron tanto en condenar el hecho?

  ¿Qué formación en igualdad tienen las personas que lideran esas organizaciones? Siendo un sector muy masculinizado, ¿cuántos han tomado conciencia y desarrollado un pensamiento crítico frente a la masculinidad hegemónica y sus prácticas? ¿Cuántos han escuchado a las jugadoras y mujeres profesionales del sector? ¿Cuántos han renunciado a sus privilegios? ¿Cuántos se han comprometido con un proyecto personal de transformación? ¿Qué instrumentos para abordar y erradicar las discriminaciones contra las mujeres en el fútbol han diseñado y puesto en marcha? ¿Qué medidas efectivas han adoptado?

  Todas estas preguntas nos podrían acercar a las causas de los tiempos, reacciones y medidas adoptadas.

  ¿Piensas que este tipo de incidentes es indicio de problemas más profundos?

  Efectivamente, un beso no consentido es una manifestación visible y explícita de la violencia machista, es decir, parte de lo que se conoce como la punta del iceberg, y esconde la discriminación estructural que enfrentamos las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluidos el deporte y el trabajo.

  Este acontecimiento no es un hecho puntual. Las discriminaciones y las violencias machistas contra las mujeres en el deporte están presentes en todas las disciplinas y espacios deportivos y de trabajo.

  Debemos un profundo agradecimiento a las jugadoras de la selección porque están consiguiendo abrir importantes grietas en el machismo del deporte. Su lucha es una muestra más de todo lo que nos queda aún por recorrer para alcanzar un deporte justo y libre de discriminaciones.

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• GRUPOS ANTI-DERECHOS: ‘Su verdadero objetivo es eliminar todas las políticas de género del Estado’

  En el marco de nuestroinforme temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Diana Cariboni, periodista y escritora argentina radicada en Uruguay, ganadora del Premio Nacional de Prensa Escrita 2018 y autora de varias notas de periodismo de investigación sobre los grupos anti-derechos en América Latina.

   ¿Podrías contarnos acerca de tu experiencia en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia?

  En el año 2018 cubrí la conferencia de este grupo regional – en realidad iberoamericano, ya que tiene miembros en toda América Latina y también en España. Es un grupo grande que quiere ser un movimiento. Es uno de los tantos, porque hay muchos otros, que además se entrecruzan, ya que miembros del Congreso Iberoamericano también forman parte de otros movimientos e interactúan dentro de ellos, al tiempo que están en los consejos de distintas organizaciones.

  Yo empecé investigando a este grupo porque se reunió aquí en Punta del Este, Uruguay, a fines de 2018, y venía precedido de algunos incidentes que me llamaron la atención. Los sectores más importantes que yo logré identificar dentro de este movimiento son, en primer lugar, una enorme cantidad de representantes de iglesias evangélicas y, dentro del evangelismo, del neopentecostalismo, aunque también incluye a iglesias bautistas e iglesias evangélicas no pentecostales.

  Además de estas iglesias está representada la plataforma Con Mis Hijos No Te Metas, que surgió en Perú en el año 2016, integrada por una serie de personajes que son cristianos evangélicos. Algunos de ellos son pastores de iglesias y algunos son también actores políticos; por ejemplo, hay una gran cantidad de diputados del Congreso de Perú. Justamente, los legisladores son otro sector importante del Congreso Iberoamericano. En muchos países hay legisladores que son pastores o miembros de iglesias: ocurre en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos actores están tratando de articular un movimiento legislativo regional. El Congreso Iberoamericano lleva cierto tiempo trabajando en el área legislativa y coordinándose y haciendo declaraciones sobre determinados temas.

  México también es un foco importante porque el fundador del Congreso Iberoamericano es un mexicano, Aaron Lara Sánchez. El movimiento ha articulado espacios de comunicación como Evangélico Digital, que integra un grupo de medios digitales originado en España. También ha creado o quiere crear una especie de grupo de estudios, porque a todo esto le quieren dar un barniz científico, y en sus conferencias participan médicos, abogados, expertos en biología y en genética; todos ellos argumentan la concepción religiosa de que la familia solo puede estar integrada por un hombre y una mujer, que los únicos sexos posibles son el masculino y el femenino y que la persona humana se genera en el momento de la concepción; de ahí su oposición frontal al aborto. Están articulando un discurso pseudo científico para fundamentar estos argumentos a pesar de que la investigación científica indica otras cosas. Su objetivo es construir un discurso que no sea visto tan como de la Edad Media; por eso buscan converger con el sentido común del siglo XXI y hablan de ciencia y de Estado laico, aunque no sea más que un barniz superficial. Por su parte, el discurso de Con Mis Hijos No Te Metas cuaja bien con el sentido común, porque es una apelación muy fuerte a la familia y les dice a las madres y a los padres que tienen derecho a decidir qué educación reciben sus hijos en las escuelas.

  ¿Caracterizarías a estos grupos como anti-derechos?

  Efectivamente, porque su verdadero objetivo es eliminar todas las políticas de género del Estado. De hecho, yo entrevisté al fundador de Con Mis Hijos No Te Metas, Cristian Rosas, quien me decía: ‘Nosotros empezamos por la educación sexual porque era lo que más movilizaba a la gente, porque se refiere a sus hijos, pero lo que en realidad nosotros queremos es eliminar el género, la palabra género, en Perú y en el mundo entero’. El tema es que detrás de esa palabra, género, está el asunto crucial del reconocimiento de las identidades y la búsqueda de equidad: las luchas de las mujeres por terminar con su discriminación y subordinación y las luchas de las comunidades LGBTQI por gozar de los mismos derechos y garantías que tiene el resto de la población. Ellos dicen que estas luchas son innecesarias porque nuestras constituciones ya dicen que todos somos iguales ante la ley, entonces para qué establecer leyes o estatutos especiales para las personas LGBTQI. Lo que pasan por alto es que las personas LGBTQI, y en particular algunas de ellas como las personas trans, no acceden efectivamente a esos derechos ni a las condiciones de una existencia digna. Ellos se empeñan en ignorar esto, y en cambio sostienen que lo que las personas LGBTQI están buscando es que el Estado les financie sus estilos de vida.

  En Uruguay vimos recientemente un ejemplo de política anti-derechos promovida por estos sectores. Un diputado católico suplente del Partido Nacional, un diputado evangélico neopentecostal, también del Partido Nacional, y el líder de la iglesia evangélica más numerosa del Uruguay, que también es neopentecostal – todos ellos miembros del Congreso Iberoamericano por la vida y la Familia - llevaron adelante una campaña para derogar la Ley Integral para Personas Trans. De hecho, la campaña de recolección de firmas se anunció durante aquel congreso de Punta del Este.

  ¿Quiénes eran las personas que participaban en ese congreso? Por tu descripción, parecería un encuentro más de cúpulas que de masas.

  No es la feligresía la que se reúne en este caso, sino que son pastores, dirigentes, políticos, líderes de opinión, influencers que buscan aprovechar el lenguaje y los códigos con que se comunica una buena parte de la población, y sobre todo los jóvenes. Pero aún así, era un encuentro de unas 400 personas.

  Este evento era cerrado, no podía entrar la prensa; yo me inscribí como una participante más, pagué la inscripción de 150 dólares y entré sin que los organizadores supieran que yo estaba cubriendo el evento como periodista. Además de pagar tuve que mudarme a Punta del Este por tres días, quedarme en un hotel y convivir con esta gente de la mañana a la noche. Por momentos se volvía un poco asfixiante porque la forma en que ellos desarrollan sus actividades no es la misma que en un congreso o una conferencia comunes, donde vos escuchás las presentaciones en los paneles, tomás nota y estás sentada en un auditorio junto con otras personas que hacen más o menos lo mismo. En este caso todas las instancias, incluso los paneles, se mezclaban con oraciones religiosas y plegarias en estilo evangélico. Este no es como la misa católica, que está muy coreografiada, con el sacerdote en el rol protagónico, donde ya se sabe más o menos lo que va a decir y la feligresía responde con determinadas frases en momentos pautados, se sienta, se para y nada más. La experiencia evangélica es muy diferente: la gente habla, grita, levanta los brazos, se mueve, se toca. El pastor les da instrucciones, pero aún así todo es mucho más participativo. Se me hizo difícil pasar desapercibida, pero lo conseguí.

  Además logré obtener un buen registro de lo que ocurría, lo cual no estaba permitido. Había muchísima vigilancia, me hubieran echado si se hubieran dado cuenta. Lo supieron cerca del final: a último momento decidieron organizar una conferencia de prensa y prácticamente no había ningún medio que no fuera de ellos. Yo no sabía si ir o no, pero al final decidí hacerlo, porque al fin y al cabo ya había asistido a todas las sesiones. Estuvo también un periodista del semanario Búsqueda. Allí me permitieron hacer entrevistas y me dijeron que solo podía publicar lo de la rueda de prensa, pero no lo que había escuchado dentro del congreso. Por supuesto, no había nada que pudieran hacer para impedirlo y mi artículo ‘El género es el nuevo demonio’ salió publicado en Noticias poco después.

  Estar allí adentro me permitió entender algunas cosas. Ciertamente, hay intereses muy poderosos, religiosos y políticos, detrás de las campañas anti-derechos. Pero también hay expresiones religiosas genuinas, distintas formas de abordar la vida, sectores ultraconservadores que experimentan un auténtico rechazo hacia la vida del siglo XXI. Lo que observé en este congreso es el tremendo extrañamiento que alguna gente siente respecto del mundo actual, una realidad que difícilmente pueda volver atrás, pero que ellos sienten completamente ajena: la realidad del matrimonia igualitario, de las relaciones interpersonales y sexuales diversas, la de la educación sexual, el placer y las drogas, la libertad de elegir y el aborto. Esto hay que reconocerlo: hay sectores de nuestras sociedades que no se sienten parte de este mundo del siglo XXI y así reaccionan ante estos avances, que ellos interpretan como degradación y corrupción.

  Estos grupos tienen un discurso nacionalista que percibe a los Estados nacionales y a los pueblos como sometidos a dictados foráneos que se consideran malignos, incluso como mensajes del diablo o del demonio. El mal se encarna en una serie de instituciones descriptas como imperialistas: las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano de derechos humanos, los organismos internacionales de crédito, la Organización Mundial de la Salud.

  ¿No es por lo menos curioso que apelen al nacionalismo cuando ellos mismos se organizan en redes transnacionales y están activos en el terreno internacional?

  En el marco de esta batalla cultural que se está librando a nivel internacional, lo que estos grupos no ven es que ellos también son actores en el terreno internacional, aunque más no sea con el objeto de debilitar el alcance del derecho internacional. Apuntan contra los órganos que supervisan los tratados y convenciones, por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer; dicen que se trata de comités de expertos cuyas sus recomendaciones no necesitan ser tenidas en cuenta por los Estados cuando contravienen su derecho interno.

  Una discusión reciente en este terreno se generó en torno de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una consulta de Costa Rica acerca de la identidad de género y el matrimonio igualitario. Costa Rica le preguntó a la Corte si en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos estaba obligado a reconocer la identidad de género de las personas y los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. En respuesta, la Corte IDH le dijo a Costa Rica, y por lo tanto a todo el continente, que se trata de derechos protegidos por la Convención. A partir de allí se dio una discusión muy fuerte, porque para los sectores anti-derechos se trató de un caso de un órgano internacional que actúa por encima de los Estados, las constituciones y las leyes nacionales.

  Mencionabas que en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia había muchos políticos de diferentes países. ¿Te parece que estos grupos quieren gobernar y se están preparando para llegar al poder? De ser así, ¿Cuál es su estrategia para lograrlo?

  Ante todo, sí creo que hay una voluntad de gobernar, que tiene que ver con la evolución del movimiento neopentecostal surgido en los Estados Unidos y luego expandido por todo el continente. El argumento es simple: Si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, estamos llamados a tener un impacto, tenemos que gobernar porque somos los elegidos para ello.

  Ahora bien, las estrategias son diversas. Predomina el pragmatismo, de modo que la estrategia depende mucho del contexto. En algunos casos crean partidos propios - religiosos, evangélicos o ultraconservadores - en los que se sientan representados; en otros casos optan por presentar candidaturas a través de distintos partidos. Actualmente en Argentina, por ejemplo, hay candidaturas de este tipo prácticamente en todos los partidos, excepto la izquierda más radical; están tanto en el oficialismo como en la principal coalición opositora. Además hay un pequeño partido formado recientemente, el Frente NOS, fundado sobre la base del rechazo de la ideología de género en el contexto del debate legislativo sobre la legalización del aborto, pero que en las primarias no sacó casi votos. No creo que logre demasiado en las elecciones; en cambio tendrán éxito muchas candidaturas que están en distintas listas, tanto a nivel federal como las provincias.

  Otra estrategia complementaria es la de insertarse en los gobiernos desde los niveles más bajos, sobre todo en los países con estructura federal, donde pueden acceder a cargos de dirección en las áreas de salud, educación o justicia; de ahí la estrategia de formar expertos - abogados, juristas, expertos en bioética – que puedan integrarse en distintos espacios de la administración pública. Eso lo veo mucho en Argentina.

  En el caso de Uruguay estos sectores están bastante concentrados en un sector del Partido Nacional, que ya tiene algunos diputados evangélicos y neopentecostales y es muy probable que en las próximas elecciones sean algunos más. Creo que es muy probable que de las elecciones de octubre de 2019 en Uruguay emerja una bancada evangélica. También hay algunas figuras similares en los otros partidos, aunque son mucho menos visibles.

  También en Uruguay ha surgido un fenómeno nuevo, bajo la forma del partido Cabildo Abierto, encabezado por un ex jefe del Ejército, el primero en declararse como partido anti-ideología de género. Es un fenómeno nuevo porque los líderes y principales figuras del Partido Nacional, que es el que hasta ahora cobijaba a la mayoría de estos personajes, no apoyan estas posturas. Aunque es un partido nuevo y pequeño, las encuestas le dan a Cabildo Abierto entre 7 y 10% de intención de voto, o sea que posiblemente elegirá a algunos diputados, y tendremos un partido que tiene una posición de bloque.

  ¿Te parecen especialmente preocupantes estos avances en un país como Uruguay, descripto a menudo como el más laico de América Latina?

  Sucede que el voto confesional no es automático. En argentina la feligresía evangélica es un porcentaje importante de la población y está creciendo, pero en este momento hay apenas diputado evangélico en el Congreso Nacional. Más o menos lo mismo podría decirse sobre la mayoría de los países: la población que se declara de determinada religión no necesariamente vota a candidatos de esa religión. En otras palabras, el voto confesional, que es lo que estos sectores pretenden instalar, no está teniendo éxito de manera automática en todos los países. En Brasil el voto confesional ha avanzado sustancialmente, pero este avance llevó décadas, además de que se relaciona con características propias del sistema electoral brasileño de listas abiertas que permitió que este tipo de candidaturas se fuera desparramando por muchos partidos, incluido el Partido de los Trabajadores cuando era gobierno. Este crecimiento cuajó en el importante apoyo que prestaron los sectores evangélicos a la candidatura del presidente Jair Bolsonaro, cuyo triunfo también alimentó a la bancada evangélica.

  En suma, una cantidad de factores inciden en cómo se vota en determinado momento y las personas no necesariamente se guían por el credo religioso del candidato a la hora de votar. Pero esto es algo que se podría poner en cuestión en estas elecciones. En Argentina y en Uruguay hay elecciones en octubre, el mismo día; en Bolivia una semana antes; y también en octubre hay elecciones regionales en Colombia, con muchos candidatos de este tipo en distintas formaciones. Pronto tendremos un panorama de cómo evoluciona el voto confesional en cada país. Es un tema que hay que observar de cerca para saber si se trata de un fenómeno lineal en acenso, de un proceso con avances y retrocesos, o de un fenómeno que está tocando un techo.

  Contáctese con Diana Cariboni a través de su página deFacebook y siga a@diana_cariboni en Twitter. 

• Líbano: ‘El cambio comienza cuando se les pasa el micrófono a las organizaciones feministas de base’

  En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la CuartaConferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS y laRed Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Hayat Mirshad, periodista y activista feminista y jefa de comunicaciones y campañas del Encuentro Democrático de Mujeres Libanesas (RDFL), una organización de la sociedad civil (OSC) feminista y secular que defiende los derechos de las mujeres. Fundada en 1976 y basada en el voluntariado, RDFL es una de las organizaciones feministas más antiguas del Líbano. Lucha por la eliminación de la violencia de género y de todas las formas de discriminación y busca lograr el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. Ha lanzado varias campañas exitosas, entre ellas la campaña #NoAntesdelos18 (#NotBefore18) de 2017, que resultó en la presentación de un proyecto de ley, actualmente bajo consideración parlamentaria, para establecer en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

• LÍBANO: ‘Esta crisis debe manejarse con una visión feminista’

  CIVICUS conversa con Lina Abou Habib, una activista feminista basada en Beirut, Líbano, acerca de la respuesta de la sociedad civil a la emergencia causada por la explosión del 4 de agosto de 2020. Lina enseña Feminismos Globales en la Universidad Americana de Beirut, donde integra el Instituto Asfari, y preside el Colectivo de Investigación y Capacitación en Acción para el Desarrollo, una organización feminista regional que trabaja en Medio Oriente y África del Norte. También se desempeña en la junta de Gender at Work y como asesora estratégica del Fondo Mundial para la Mujer en Medio Oriente y África del Norte.

  

  ¿Podría contarnos acerca del momento en que ocurrió la explosión?

  La explosión de Beirut ocurrió el 4 de agosto de 2020, alrededor de las 18:10 hora de Beirut. Yo estaba en mi casa y desde hacía una hora que sabía que se había producido un gran incendio en el puerto de Beirut. Cuando el fuego empezó a extenderse, el cielo se oscureció a causa del humo. Yo estaba mirando hacia afuera, y lo primero que sentí fue una sensación aterradora, similar a un terremoto, y apenas una fracción de segundo más tarde ocurrió una gran explosión. Los vidrios a mi alrededor se hicieron añicos. Me tomó un par de minutos comprender lo que acababa de suceder. Lo primero que todos hicimos fue llamar a nuestras familias y amigos cercanos para asegurarnos de que estaban bien. Todo el mundo estaba en un estado de completa incredulidad. La explosión fue tan poderosa que cada uno de nosotros sintió que había sucedido justo a nuestro lado.

  ¿Cuál fue la respuesta inmediata de la sociedad civil?

  Es importante subrayar que junto con la respuesta de la sociedad civil también hubo una respuesta individual. La gente salió a las calles para intentar ayudar a los demás. Nadie confiaba en que el Estado fuera ayudar de ninguna manera; de hecho, el Estado era el responsable de lo sucedido. Las personas asumieron la responsabilidad de ayudarse unas a otras, lo cual supuso abordar problemas inmediatos, tales como despejar las calles de escombros y hablar con otras personas para averiguar qué necesitaban, por ejemplo refugio y comida. Cerca de 300.000 personas se habían quedado sin hogar y lo habían perdido todo en una fracción de segundo. Hubo una reacción extraordinaria por parte de gente común que se dispuso a ayudar: personas con escobas y palas comenzaron a quitar los escombros y a distribuir alimentos y agua. La indignación se convirtió en solidaridad.

  Se trató de un momento de gran empoderamiento, que aún continúa. En este mismo momento hay personas voluntarias y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que básicamente están haciéndose cargo de la situación y no solo brindan ayuda inmediata, sino que también ofrecen toda clase de apoyos a la gente en dificultades.

  Sin embargo, estos actos de solidaridad y cuidado también han sido criticados. La principal crítica ha sido que son contraproducentes porque eximen al Estado de cumplir con sus obligaciones y hacer sus deberes. Entiendo esta crítica, pero no estoy de acuerdo con ella. Para mí, los actos de solidaridad realizados por la sociedad civil y la gente común constituyeron nuestras principales historias de éxito, historias de poder y resistencia de las que es bueno hablar. Es necesario resaltar la respuesta inmediata brindada individualmente por las mismas personas que habían experimentado daños o habían perdido mucho. Las propias comunidades de trabajadores migrantes, que viven en condiciones extremas de explotación, racismo y abuso, salieron a limpiar los escombros y ayudar a otras personas. No creo que debamos ignorar el significado de estos actos de solidaridad.

  El Líbano ya estaba atravesando una profunda crisis económica, que se vio agravada aún más por la pandemia de COVID-19 y la explosión. ¿Cuáles fueron los grupos más afectados?

  Los peores efectos los sintieron quienes ya se encontraban en las situaciones más vulnerables. Un claro ejemplo de múltiples formas de discriminación que se superponen y se refuerzan entre sí es la situación de las trabajadoras migrantes en el Líbano. No es una situación nueva, sino que ya lleva décadas. Primero, las mujeres migrantes trabajan en el ámbito privado, lo cual las torna aún más invisibles y vulnerables. En segundo lugar, no hay absolutamente ninguna regla que sea obligatorio seguir para contratarlas, por lo que básicamente están a merced de sus empleadores. Se les mantiene en condiciones de cuasi esclavitud sobre la base de los denominados “contratos de patrocinio”. El aire mismo que respiran depende de la voluntad de sus empleadores y están completamente atadas a ellos. En resumen, se trata de una población de mujeres procedentes de países pobres del sur global que se desempeñan como trabajadoras domésticas y cuidadoras, posiciones que las vuelven increíblemente vulnerables al abuso. No hay leyes que las protejan, y siempre ha sido así. Por tanto, son quienes acaben siendo dejadas atrás cuando ocurre una crisis de seguridad o una crisis política.

  Tres hechos consecutivos afectaron su situación. El primero fue la revolución que se inició el 17 de octubre de 2019, un momento increíblemente importante que fue la culminación de años de activismo, y en el que también participaron las trabajadoras migrantes, que fueron apoyadas, sostenidas y orientadas por jóvenes feministas libanesas. Como resultado de ello, hubo en el seno de la revolución trabajadoras migrantes que se rebelaron contra el sistema de patrocinio, que las priva de su humanidad y las expone a condiciones de trabajo equivalentes a la esclavitud, y exigieron trabajo decente y una vida digna.

  A ello se sumaron el colapso económico y la pandemia de COVID-19, los cuales sobrevinieron cuando aún continuaban las protestas. Como resultado de la crisis económica, algunas personas optaron por no pagar los salarios de trabajadores domésticos y migrantes o, lo que es peor, simplemente se deshicieron de ellos dejándoles en la calle durante la pandemia.

  Y luego ocurrió la explosión del puerto de Beirut, que nuevamente afectó particularmente a los trabajadores migrantes. Fue una sucesión de crisis que afectaron ante todo a los trabajadores migrantes, y en particular a las mujeres, porque ya se encontraban en condiciones precarias en las que sufrían abusos, su trabajo se daba por descontado y eran luego descartados en las calles, olvidados por sus embajadas e ignorados por el gobierno libanés.

  Como activista y feminista, ¿cómo evalúa la respuesta del gobierno ante la explosión?

  No ha habido una respuesta responsable de parte del gobierno. Ni siquiera llamaría “gobierno” a esto que tenemos, sino “régimen”. Es una dictadura corrupta, un régimen autoritario que sigue simulando ser democrático e incluso progresista. El régimen dice ser la encarnación de la reforma, pero nunca la lleva a cabo. Por ejemplo, diez días después de la revolución, en octubre de 2019, el presidente se dirigió a la nación y nos prometió una ley civil de familia igualitaria, algo que las activistas feministas hemos exigido durante décadas. Fue toda una sorpresa, pero resultó que no era en serio, ya que no se ha hecho nada al respecto. Las autoridades simplemente dicen lo que creen que la gente quiere escuchar, y parecen estar convencidas de que la ciudadanía es demasiado ignorante para darse cuenta.

  De modo que debemos situar la respuesta a la explosión en el contexto del reciente levantamiento. La respuesta del gobierno a la revolución ha sido no reconocer los problemas que la gente señalaba: que había vaciado las arcas públicas, que seguía ejerciendo el nepotismo y la corrupción y, lo peor de todo, que estaba desmantelando las instituciones públicas. La única respuesta del gobierno ha sido cerrar el espacio de la sociedad civil y atacar las libertades de asociación y expresión y el derecho de protesta. He vivido en este país la mayor parte de mi vida y he pasado por una guerra civil, y creo que no hemos experimentado una represión de las libertades de la magnitud que estamos viendo ahora mismo bajo este régimen. Nunca habíamos visto que las personas fueran citadas por la policía o las instituciones de seguridad por algo que dijeron o publicaron en las redes sociales. Esto es exactamente lo que este régimen hace, y lo continúa haciendo. El presidente actúa como si tuviéramos una ley de lesa majestad y no acepta crítica alguna; quienes lo critican pagan por ello con su libertad. Es la primera vez que vemos a activistas detenidos por esta causa.

  En resumen, el régimen no ha hecho nada significativo en respuesta a la explosión. El hecho de que haya enviado al ejército a distribuir paquetes de ayuda alimentaria no tiene gran importancia. De hecho, se han negado a entregar artículos de ayuda alimentaria a personas no libanesas que fueron afectadas. Esto pone en evidencia la forma en que interactúan en este proceso sucesivas capas de corrupción, intolerancia y mala gestión.

  Tras la explosión, la gente volvió a salir a las calles a protestar. ¿Cree que las protestas han tenido algún impacto?

  El sábado siguiente a la explosión hubo gente protestando en las calles. Yo estaba allí y me asustó el despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad.

  Ante tantas calamidades, la única razón por la que la gente no se ha volcado masivamente a las calles es la pandemia de COVID-19. En ese sentido, la pandemia ha sido para el régimen un regalo del cielo. Ha impuesto toques de queda, ha destruido las carpas que los revolucionarios habían armado en la Plaza de los Mártires y ha hecho arrestos y detenciones, todo ello con el pretexto de proteger a la gente del virus. Pero, por supuesto, no logra engañar a nadie. Los niveles de contagio aumentan en lugar de disminuir. El hecho de que el régimen sea tan corrupto que básicamente no tengamos un servicio de salud en funcionamiento, realmente no ayuda.

  Las limitaciones creadas por la pandemia y los temores de la gente por su propia salud están limitando seriamente las acciones contra el régimen; sin embargo, no creo que esto vaya a detener la revolución. La gente ya ha tenido suficiente. Mucha gente lo ha perdido todo. Y cuando te ponen contra la pared, no te queda otro lugar a donde ir como no sea hacia adelante. El régimen seguirá usando la fuerza bruta, seguirá mintiendo y administrando mal los fondos y los recursos, pero esto se está volviendo totalmente inaceptable para una porción cada vez mayor de la población.

  Creo que la movilización callejera ha tenido éxito en varios niveles. Uno puede estar en desacuerdo y señalar que el régimen todavía está en el poder, y es verdad que todavía tomará mucho tiempo para que caiga. Pero el éxito inmediato de las protestas fue que quebraron un tabú. Había una especie de halo o santidad en torno de ciertos líderes que eran considerados intocables. Ahora es obvio que ya no disfrutan de esa protección. Aunque el régimen no esté dispuesto a ceder, apenas está ganando tiempo.

  A mi modo de ver, un logro importante ha sido el rol de liderazgo desempeñado por los grupos feministas a la hora de pensar el país que queremos, los derechos y prerrogativas que reivindicamos y la forma de gobierno que deseamos. Junto a 40 organizaciones feministas publicamos una lista de demandas. Pensamos juntas y establecimos cómo debe ser una reconstrucción humanitaria desde una perspectiva feminista y estamos utilizando esto como una herramienta de incidencia ante la comunidad internacional. La forma en que estamos interviniendo indica que esta crisis debe manejarse con una visión feminista.

  Además, por primera vez la comunidad LGBTQI+ ha sido parte integral en la configuración del proceso de reforma, el proceso de transición y la configuración del país que queremos, tanto en lo que se refiere a la forma de estado como en lo que concierne a las relaciones humanas. También se ha amplificado la voz de la comunidad migrante. Para mí, estos logros son irreversibles.

  ¿Qué apoyo de la comunidad internacional necesitaría la sociedad civil de Beirut y el Líbano?

  Hay varias cosas que podrían hacer. En primer lugar, necesitamos formas tangibles de solidaridad en el campo de las comunicaciones, para amplificar nuestra voz. En segundo lugar, debemos presionar a la comunidad internacional en nombre del movimiento feminista libanés para que el régimen libanés rinda cuentas por cada centavo que recibe. Para dar un ejemplo: recibimos unos 1.700 kilos de té de Sri Lanka, pero el té ha desaparecido; parece que el presidente lo distribuyó entre los guardias presidenciales. Necesitamos la influencia y la presión de la comunidad internacional para que este régimen rinda cuentas. En tercer lugar, debemos que los principales medios de comunicación internacionales amplifiquen estas voces.

  Quiero enfatizar el hecho de que la ayuda internacional no debe estar exenta de condiciones, ya que el régimen gobernante no opera con transparencia y no rinde cuentas. Por supuesto que no le corresponde a la sociedad civil reconstruir lo dañado o poner en pie la infraestructura. Pero cada centavo que vaya dirigido al régimen para estos menesteres debe entregarse bajo condiciones de transparencia, rendición de cuentas y debida diligencia. Debe empoderarse a la sociedad civil para que desempeñe funciones de control. Esto significa que las OSC deben tener la voz y las herramientas para monitorear. De lo contrario, nada va a cambiar. La ayuda internacional se desvanecerá; sólo ayudará al régimen a prolongar su dominio mientras la ciudad permanece en ruinas.

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• MALAWI: ‘Las niñas necesitan protección no solo contra el COVID-19, sino también contra la violación endémica de sus derechos’

  CIVICUS conversa con Ephraim Chimwaza, Director Ejecutivo del Centro para el Avance Social y el Desarrollo (Centre for Social Concern and Development, CESOCODE), una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en temas de salud reproductiva y promueve los derechos de las mujeres de Malawi. CESOCODE trabaja para eliminar todas las formas de violencia de género (VG) que padecen niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y promueve sus derechos humanos y su bienestar a través de la incidencia, la investigación, la educación, la capacitación y la prestación de servicios básicos de salud reproductiva.

  

  ¿Cuál es la situación de las niñas y las mujeres jóvenes en Malawi?

  En Malawi, la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las niñas enfrentan más obstáculos que los niños para acceder a la educación y a oportunidades laborales, y muchas niñas no conocen sus derechos legales. La falta de acceso a oportunidades también impulsa el matrimonio infantil, que es otro factor que obstaculiza fuertemente el disfrute de los derechos de las niñas.

  Malawi se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, temprano y forzado para 2030, de acuerdo con el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también ha ratificado varios instrumentos internacionales con ese fin. Aun así, el 42% de las niñas en Malawi se ven obligadas a casarse antes de los 18 años, y casi el 10% lo hace antes de cumplir los 15. En algunos grupos étnicos, los matrimonios arreglados son comúnmente utilizados para establecer alianzas entre familias. En todo el país, las familias más pobres a menudo dan a sus hijas en matrimonio para reducir la carga económica de mantenerlas o con la intención de ofrecerles la oportunidad de una vida mejor. En otros casos, las obligan a casarse si quedan embarazadas, para que no deshonren a sus familias. Algunos padres en situaciones desesperadas también obligan a sus hijas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o comida.

  La violencia contra las adolescentes y las mujeres jóvenes es moneda corriente. Una de cada cuatro jóvenes ha experimentado recientemente episodios de violencia por parte de una pareja, pero son pocas las que buscan ayuda. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son socialmente aceptadas en forma generalizada, incluso entre los jóvenes. No resulta sorprendente que las adolescentes sigan siendo las más afectadas por la epidemia del VIH. El número de niñas de entre 10 y 19 años que viven con el VIH está aumentando, dado que las adolescentes representan casi tres de cada cuatro nuevas infecciones.

  ¿De qué modo aborda CESOCODE estos desafíos?

  Desde 2009 trabajamos con el foco puesto en la promoción de los derechos de las niñas, y específicamente con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil. Con ese fin, trabajamos con las comunidades y sus líderes para alentar a las niñas a que permanezcan en la escuela. Ofrecemos a las adolescentes un espacio seguro donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y damos asesoramiento a las que padecen violencia de género.

  También integramos una iniciativa global llamada “Niñas, no novias” (Girls Not Brides), que incluye a más de 1300 OSC de más de 100 países que trabajan para terminar con el matrimonio infantil y contribuir a que las niñas alcancen todo su potencial aumentando su acceso a la salud, a la educación y a mayores oportunidades. A través de esta alianza llamamos la atención del mundo sobre el matrimonio infantil y las violaciones concomitantes de los derechos de las niñas, contribuimos a generar una comprensión del problema y reclamamos cambios en las leyes, así como la implementación de políticas y programas que harán una gran diferencia en las vidas de millones de niñas.

  ¿Qué impactos específicos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las niñas en Malawi, y cómo han logrado ustedes continuar trabajando en este contexto?

  La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto negativo sobre las niñas en Malawi. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde trabajamos. Las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno han llevado al cierre de escuelas. Como los centros de salud y las clínicas móviles también suspendieron la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era limitado, disminuyó aún más. Durante el encierro obligado por la cuarentena, los casos de violencia de género y abuso sexual han aumentado, pero las denuncias han disminuido. La mayoría de las niñas no pueden salir y denunciar la violencia de género que padecen y tienen que seguir viviendo con sus abusadores y temiendo por sus vidas.

  Nuestros programas y actividades se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno para disminuir el riesgo de infección por COVID-19. No hemos podido reunirnos físicamente con las niñas y brindarles servicios vitales, tales como condones y anticonceptivos. Las niñas no pueden salir de sus hogares para asistir a reuniones, talleres o conferencias, ya que todas las reuniones públicas han sido prohibidas para mantener el distanciamiento social.

  Sin embargo, hemos seguido llegando a las niñas a través de diversos medios.

  En primer lugar, nos comunicamos a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. Estamos utilizando plataformas en línea como Facebook y aplicaciones móviles como WhatsApp para difundir mensajes sobre salud pública y prevención de la violencia doméstica. Hemos desarrollado un servicio de mensajería vía Bluetooth, de móvil a móvil, que nos permite mantener el contacto con las niñas y que ellas pueden usar para avisarnos si están en riesgo. También hemos producido un breve podcast centrado en la violencia doméstica contra las niñas, que incluye una versión en lenguaje de señas, de modo de no excluir a las niñas sordas o con dificultades auditivas.

  En segundo lugar, estamos usando la radio y la televisión comunitarias para difundir mensajes a medida y empaquetando contenido en programas populares para llegar a las niñas en sus hogares con mensajes de prevención de la violencia de género. Estos también incluyen interpretación en lenguaje de señas.

  En tercer lugar, seguimos trabajando en las comunidades, difundiendo mensajes de boca en boca o mediante el uso de altavoces. Usamos nuestro vehículo con altavoz para recorrer las comunidades y difundir información sobre prevención de la violencia de género y el matrimonio infantil y para promover los derechos de las niñas en general.

  Cuarto, estamos distribuyendo material impreso de divulgación para explicar las consecuencias de las violaciones de los derechos de las niñas e informar dónde denunciar casos de violencia contra las niñas. Lo hacemos a través del reparto de volantes y folletos, y también pegamos carteles en lugares por donde niñas y adolescentes pasan con frecuencia, tales como tiendas, fuentes de agua y minimercados. Estos materiales están siempre escritos en el idioma local e incluyen imágenes para que el contenido sea más fácil de entender.

  Así hemos podido continuar con nuestro trabajo y no hemos abandonado a las chicas que confían en nosotros en el momento en que más nos necesitan.

  ¿A qué crees que se deben los buenos resultados obtenidos?

  Pienso que hay tres factores principales que explican los buenos resultados que hemos obtenido.

  Primero, hemos mantenido el vínculo con los líderes comunitarios y otros actores clave y hemos apuntalado su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la violencia de género contra las niñas. Llevamos a cabo reuniones virtuales y compartimos programas en formato podcast con diversos actores relevantes que trabajan con niñas. Estos materiales sirven para incentivar relaciones positivas y saludables de modo de prevenir la violencia contra las niñas al tiempo que promueven la salud reproductiva de las jóvenes durante la pandemia del COVID-19.

  En segundo lugar, hemos identificado herramientas de bajo costo que nos han permitido mantener el contacto con las niñas y hemos continuado empoderándolas durante la pandemia. Lo hemos hecho mediante el uso de nuevas tecnologías en los casos en que están disponibles y son accesibles, y hemos buscado conectarnos de otras maneras con las niñas que viven en comunidades que carecen de acceso a las redes sociales.

  En tercer lugar, hemos impulsado la integración de mensajes de prevención de la VG en los materiales de prevención del COVID-19, de modo que los servicios de atención médica se comuniquen con las niñas y les brinden apoyo y protección integrales, no solo contra el COVID-19 sino también contra la violación endémica de sus derechos.

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• MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’

  CIVICUS conversa conWendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

  

  ¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

  En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

  ¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

  Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

  En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

  En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

  En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

  Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

  Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

  Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

  Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

  ¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

  En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

  El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

  ¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

  Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

  También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

  ¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

  La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

  Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

  Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

  ¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

  Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

  Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

  El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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• MÉXICO: “El debate público y la diversificación de voces son indispensables para ampliar derechos”

  CIVICUS conversa con Verónica Esparza y Rebeca Lorea, respectivamente abogada investigadora y coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), acerca de la significación de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia en relación con el derecho al aborto y de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México. GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que lleva casi 30 años trabajando para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

  

  De izquierda a derecha: Verónica Esparza y Rebeca Lorea

  ¿Cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México?
  

  Actualmente las mujeres y otras personas con capacidad de gestar no encuentran México condiciones óptimas para decidir sobre su vida reproductiva: hay un elevado número de niñas y adolescentes embarazadas, afectadas por un contexto grave de violencia sexual que el Estado sigue fallando en remediar; obstáculos de acceso a servicios como anticoncepción de emergencia y aborto por violación; criminalización de las mujeres y personas gestantes que abortan; violencia obstétrica cotidiana durante el embarazo, parto y posparto y mujeres que mueren en el parto por causas prevenibles.

  A las fallas estructurales del sistema de salud se suma el hecho de que la mayoría de las personas en México está empleada en el sector informal, lo que limita su acceso a la seguridad social y, por tanto, a ciertas prestaciones, como licencias por maternidad y estancias infantiles. Las mujeres, que siguen asumiendo un papel principal en las labores del hogar y de cuidados, cargan con esta falta de acceso a servicios, que afecta de manera particular a quienes viven condiciones múltiples de discriminación, como las niñas y adolescentes, las mujeres indígenas y las personas con discapacidad.

  ¿De qué modo entiende GIRE la justicia reproductiva, y qué trabajo realiza para impulsarla?

  GIRE entiende a la justicia reproductiva como el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que confieren a las mujeres y a otras personas con capacidad de gestar poder y autodeterminación sobre su destino reproductivo. Para alcanzarla es indispensable que el Estado garantice los derechos humanos de estas personas tomando en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan su salud, sus derechos y el control de su vida, y genere las condiciones óptimas para la toma de decisiones autónomas.

  Ya no alcanza con entender a los derechos reproductivos en términos de libertades individuales definidas jurídicamente, haciendo caso omiso de las barreras que limitan el acceso efectivo de ciertas poblaciones a estos derechos. El de la justicia reproductiva es un marco analítico más inclusivo porque vincula los derechos reproductivos con las desigualdades sociales, políticas y económicas que afectan la capacidad de las personas para acceder a servicios de salud reproductiva y ejercer efectivamente sus derechos reproductivos.

  GIRE ha trabajado por casi 30 años en la defensa y promoción de la justicia reproductiva en México, visibilizando los obstáculos normativos y estructurales que enfrentan mujeres y personas con capacidad de gestar en el ejercicio pleno de sus derechos humanos e impulsando el cambio a través de una estrategia integral que comprende el acompañamiento legal, estrategias de comunicación, la exigencia de una reparación integral por violaciones a derechos reproductivos que incluya medidas de no repetición, tanto a nivel federal como local, y la recopilación de datos que sustentan nuestra labor. 

  Nuestros temas prioritarios son la anticoncepción, el aborto, la violencia obstétrica, la muerte materna, la reproducción asistida, y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Si bien ponemos el foco en la discriminación por sexo y/o género que sufren mujeres y niñas en México, nuestra búsqueda por la justicia reproductiva reconoce que estas variables se cruzan con otras formas de discriminación, por ejemplo por clase social, edad, discapacidad y etnia. Además, reconocemos que la discriminación que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar no las afecta solamente a ellas, sino también a sus comunidades, y particularmente a sus familias.

  ¿Qué significación tienen los dos recientes fallos de la Corte Suprema en materia de derechos reproductivos?

  En la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido un rol fundamental, ya que desde 2007 ha emitido varias sentencias que reconocen el acceso al aborto como un asunto de derechos humanos.

  En abril de 2018, la SCJN otorgó sendos amparos a dos jóvenes víctimas de violación sexual cuyos casos acompañó GIRE. Los servicios públicos de salud de Morelos y Oaxaca les habían negado un aborto pese a que es un derecho que tienen las víctimas de violencia sexual. La Corte afirmó que esa negativa constituyó una violación de sus derechos humanos y que las autoridades de salud están obligadas a atender de manera inmediata y eficiente estas solicitudes, a fin de no permitir que las consecuencias derivadas de la violación continúen en el tiempo. Esto implica que las autoridades de salud no pueden implementar mecanismos ni políticas internas que obstaculicen o retrasen la materialización de este derecho. Con estas resoluciones, la SCJN reafirmó la obligación legal de los prestadores de servicios de salud de garantizar el acceso al aborto en casos de violación sexual.

  El 15 de mayo de 2019, en otro caso acompañado por GIRE, la SCJN otorgó un amparo una mujer a quien se le había negado el acceso a la interrupción del embarazo a pesar de que éste le podía causar complicaciones serias de salud. Con esta resolución, la SCJN reconoció que el derecho a la salud incluye el acceso al aborto y se pronunció sobre las necesidades particulares de servicios de salud reproductiva para las mujeres, resaltando las graves consecuencias de la negación de la interrupción del embarazo por razones de salud.

  El 7 de julio de 2021, la Primera Sala de la SCJN resolvió otro caso acompañado por GIRE, el de una joven con parálisis cerebral y fuertes limitaciones para realizar actividades esenciales de la vida diaria, agravadas por un precario entorno económico. A consecuencia de una crisis convulsiva, su familia la llevó a un hospital en Chiapas, donde se les informó que estaba embarazada y tenía 23 semanas de gestación. El embarazo había sido producto de una violación sexual cuando ella tenía 17 años. Se solicitó la interrupción del embarazo, pero el director del hospital rechazó la solicitud porque habían pasado los 90 días de gestación que establecía como límite el código penal del estado. La SCJN señaló que esta limitación temporal desconocía la naturaleza de las agresiones sexuales y sus consecuencias sobre la salud de las mujeres, y suponía un total desconocimiento de la dignidad humana y la autonomía de la mujer cuyo embarazo, lejos de resultar de una decisión libre y consentida, es el resultado de conductas arbitrarias y violentas.

  Finalmente, en septiembre de 2021 el Pleno de la SCJN analizó dos legislaciones que impactaban negativamente sobre el derecho a decidir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Primero analizó la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre la legislación penal del estado de Coahuila, que la Procuraduría General de la República había considerado violatoria de los derechos humanos de las mujeres por catalogar al aborto como delito.

  El 7 de septiembre, en un fallo histórico, resolvió por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, convirtiéndose en la primera Corte Constitucional de la región en emitir una sentencia de este tipo. La SCJN puntualizó que, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, consagrado en el artículo 4° de la Constitución. En otras palabras, determinó que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional.

  Las implicaciones de este fallo son varias. Por un lado, el Congreso del estado de Coahuila deberá reformar su legislación penal para despenalizar el aborto consentido. Además, genera un precedente, es decir, los argumentos centrales del fallo tienen que ser aplicados por la totalidad de las y los jueces de México, tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de todas las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta. Además, los congresos de los estados donde aún se restringe y castiga el aborto voluntario cuentan con criterios avalados por la SCJN para despenalizarlo.

  En la misma semana, la Corte analizó las acciones de inconstitucionalidad 106 y 107/2018 sobre el reconocimiento del “derecho a la vida desde la concepción” establecido en la Constitución de Sinaloa, promovidas por una minoría legislativa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por unanimidad, la SCJN consideró que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General. Además, consideró que no se le puede dar el estatus de persona al embrión o feto y pretender, con base en esto, adoptar medidas restrictivas a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes; esto es inconstitucional.

  Con base en precedentes tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN estableció que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación —como bien constitucionalmente valioso— deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, garantizando los derechos de las mujeres con embarazos deseados, proveyendo las condiciones necesarias para partos dignos, sin violencia obstétrica y erradicando las causas que provocan muertes maternas.

  ¿Cuáles son las perspectivas de conseguir el aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio mexicano en el futuro cercano?

  En México y en la región se han producido en la última década varios éxitos en la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, aunque persisten numerosas barreras y desafíos.

  En nuestro país persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es el destino obligado de las mujeres. Esta idea continúa permeando a todas las instituciones del Estado y sus leyes, y constituye la base para la criminalización no solo social sino también legal del aborto, que afecta particularmente a mujeres y otras personas gestantes procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a información reproductiva. Además, envía el fuerte mensaje de que el Estado desempeña un rol en decisiones reproductivas que deberían pertenecer a la esfera privada.

  En la mayor parte de México, al igual que en América Latina, el aborto voluntario aún es considerado un delito. Desde hace décadas activistas, colectivos y organizaciones feministas hemos impulsado la derogación de esas leyes, señalando que el aborto consentido forma parte de la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y que la criminalización no inhibe su práctica sino que implica que en ciertos contextos se realice de forma insegura. 

  A partir de la década de 1970, las feministas mexicanas plantearon el acceso al aborto como un asunto de justicia social y de salud pública y como una aspiración democrática. A pesar de la contundencia de sus argumentos, tuvieron que pasar 35 años para que se lograra —apenas en la Ciudad de México— la despenalización del aborto durante el primer trimestre. Esa victoria se replicó más de una década después en tres estados: Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

  En el corto plazo, la despenalización en todo el territorio nacional se presenta complicada porque cada una de las 32 entidades federativas tiene su propio código penal, por lo que aún sería necesario que cada entidad federativa reforme su legislación penal y de salud para, por una parte, dejar de considerar al aborto como delito y, por la otra, reconocerlo como un servicio de salud y dotar a las instituciones públicas de recursos humanos y financieros para garantizar el acceso.

  En la práctica, en los últimos años tanto la narrativa como la realidad del aborto en México han cambiado debido a la importancia que ha cobrado el aborto con medicamentos. Hace algunas décadas el aborto clandestino —es decir, realizado al margen de la ley— era considerado sinónimo de aborto inseguro, pero esto ya no es así. Ahora existen redes de acompañamiento de aborto seguro, y en contextos de restricción legal, en las primeras semanas de gestación las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden abortar con medicamentos en sus casas, sin acudir a una institución de salud.

  La victoria del movimiento de mujeres argentino en diciembre de 2020 ha demostrado que las alianzas, el debate público y la diversificación de voces son indispensables para avanzar en la lucha por la ampliación de derechos. El aumento exponencial de iniciativas relacionadas con el aborto seguro es una expresión de los logros que ha tenido el movimiento de mujeres en la lucha por los derechos humanos y la justicia reproductiva. La Marea Verde, el movimiento cuyo color distintivo se volvió sinónimo de la lucha por el derecho al aborto en Argentina, se ha extendido en México y aunque todavía falta para lograr el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, lo cierto es que en los últimos años el tema fue discutido en diversos recintos legislativos, incluso en entidades con marcos legales sumamente restrictivos.

  ¿Qué clase de apoyos adicionales necesitaría la sociedad civil mexicana de sus pares de la región y del mundo para lograr sus objetivos?

  El respaldo social a las causas que defendemos las organizaciones feministas de derechos humanos es indispensable para obtener logros como la sentencia de la SCJN del 7 de septiembre de 2021. También es sumamente valiosa la difusión de nuestro trabajo y nuestras voces. La articulación local, nacional y regional para compartir experiencias y buenas prácticas también ha demostrado ser una herramienta de la cual todas nos beneficiamos las involucradas. De igual forma, la articulación con otras luchas a partir de la reflexión sobre sus intersecciones puede fortalecer a los movimientos de derechos humanos.

  El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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• MÉXICO: “La sentencia de la Corte Suprema marca un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva”

  
  CIVICUS conversa acerca del reciente fallo de la Corte Suprema que descriminalizó el aborto en México con Brenda Rodríguez, coordinadora de comunicación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

  GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que lleva casi 30 años trabajando para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

  ¿Cuál es la situación actual del derecho al aborto en México?

  En los últimos años, en México se ha avanzado vertiginosamente para que el aborto se convierta en un servicio de salud garantizado para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Actualmente, 12 entidades federativas han despenalizado parcialmente el aborto voluntario, pero otras 20 todavía lo consideran un delito.

  Sin embargo, en los estados donde el aborto se ha despenalizado, el acceso al procedimiento para todas las mujeres y personas gestantes no está garantizado; por el contrario, las barreras de acceso son una constante.

  De modo que todavía hay un largo trecho por recorrer. Entre los muchos pendientes es necesario que el aborto deje de ser considerado un delito y que, en cambio, se lo incluya en las regulaciones sanitarias y de política pública, de modo que se asegure el suministro de información sobre el tema y se publiquen los lineamientos que garanticen su atención integral, segura y de calidad.

• NAMIBIA: “Las protestas contra la violencia de género se alimentaron de la esperanza colectiva”

  CIVICUS conversa con Bertha Tobias acerca de las recientes protestas contra el femicidio y la violencia de género (VG) en Namibia. Bertha es una líder juvenil que ha recibido premios internacionales por su participación en competencias de debate. Se graduó en el United World College de Changshu, China, y actualmente cursa estudios superiores en el Claremont Mckenna College de California. Ha recibido el premio Go Make A Difference, que apoya la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario, y ha participado activamente en las protestas por los derechos de las mujeres en Namibia.

  

  ¿Podrías contarnos cómo empezaron las protestas de #ShutItAllDown (#CerremosTodo) contra la VG y cómo te involucraste en ellas?

  Me involucré en la lucha contra la VG luego de que se conociera la noticia de que se habían descubierto restos humanos en una ciudad costera de Namibia. Se sospechaba que los restos eran de Shannon Wasserfall, una joven de 20 años que había desaparecido en abril de 2020. Este incidente específico provocó reacciones masivas. La publicación del titular de la noticia en la cuenta de Twitter de uno de los principales medios de comunicación nacionales impulsó a muchas personas jóvenes a la acción, las llevó a organizarse y a salir a manifestarse a las calles. Inyectó urgencia en la conversación sobre la VG y el femicidio en Namibia.

  El de Shannon no fue un caso aislado, ya que en Namibia desaparecen mujeres jóvenes todo el tiempo. Pero cuando este caso salió a la luz, reavivó la conversación nacional sobre el tema. Alguien en Twitter afirmó, con razón, que algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar, y yo respondí a su comentario y me involucré desde el principio, porque es un tema que me preocupa profundamente, ya que creo firmemente que las vidas de las mujeres tienen un valor intrínseco y valen tanto como las de los hombres.

  Junto con otros jóvenes, enviamos correos electrónicos, conseguimos el apoyo necesario y nos organizamos en menos de 24 horas, sobre todo y principalmente a través de las redes sociales. Hicimos un folleto que circuló ampliamente y mucha gente acudió a la protesta. Los jóvenes nos apropiamos de la iniciativa y así fue como todo empezó: se trató de un ejemplo tanto del poder de internet como del poder de la juventud.

  Si no recuerdo mal, el primer día de protesta un periódico informó que se habían reunido algo más de 800 personas, y en todas las protestas subsiguientes hubo cientos de personas. Participaron tanto mujeres como hombres jóvenes: las protestas fueron lideradas predominantemente por mujeres, pero los jóvenes estuvieron presentes en cantidades considerables. Lo que es importante señalar respecto de la demografía de las protestas es que los participantes eran mayoritariamente gente joven. Fueron las y los jóvenes quienes asistieron a reuniones con funcionarios, redactaron peticiones y hablaron con los medios de comunicación. Y fueron las mujeres jóvenes las que estuvieron al frente, mientras que los jóvenes les brindaron su apoyo.

  Creemos que si en Namibia las mujeres jóvenes no pueden salir a comprar un cartón de leche sin temer por sus vidas, entonces hay algo que está terriblemente mal en nosotros como país. La filosofía de #ShutItAllDown es bastante radical: significa que hay que paralizar todo hasta que logremos entender qué es lo que no está funcionando para las mujeres namibias en materia de seguridad. Hasta que no obtengamos respuestas a esta pregunta, no creemos que sea correcto, saludable o en el mejor interés de nadie seguir haciendo las cosas como siempre. No queremos que la actividad económica continúe como si nada ocurriera mientras las mujeres jóvenes no se sienten seguras.

  ¿Qué piensas que hizo a #ShutItAllDown diferente de las anteriores protestas por los derechos de las mujeres en Namibia?

  Ha habido otras protestas por los derechos de las mujeres en el pasado. De hecho, a principios de 2020 tuvimos una protesta a favor del aborto que se centró específicamente en los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y abogó por la legalización del aborto y el reconocimiento de la agencia y la autonomía corporal de las mujeres. Según la Ley de Aborto y Esterilización de 1975, en Namibia el aborto es ilegal excepto en casos de incesto, violación o cuando la vida de la madre o del niño está en peligro.

  En Namibia hay movimientos feministas que están activos y trabajan con constancia; sin embargo, un dato de la realidad que tuvimos que reconocer es que muchos movimientos feministas son liderados por jóvenes que también tienen otras obligaciones, tales como empleos de tiempo completo. Las organizaciones de la sociedad civil también enfrentan desafíos, sobre todo en materia de recursos y apoyo institucional.

  La protesta previa, que tuvo lugar a principios de 2020, fue significativa en el sentido de que allanó el camino y estableció bases importantes para que #ShutItAllDown pudiera adquirir la confianza colectiva necesaria para seguir adelante. Las organizadoras feministas estuvieron presentes y se activaron para amplificar la voz de #ShutItAllDown. Estuvieron muy activas en la difusión de información y fueron cruciales a la hora de movilizar a su gente para que acudiera a las protestas y las mantuviera vivas. Las organizadoras feministas de Namibia hacen un gran trabajo entre bastidores, pero su labor enfrenta limitaciones porque cuentan con recursos insuficientes. De ahí que muchas de nuestras peticiones se dirijan al gobierno y a otras instituciones que sí disponen de los recursos que necesitamos para instituir los cambios que buscamos.

  La diferencia entre #ShutItAllDown y otras protestas anteriores radica en el hecho de que ahora las y los jóvenes de Namibia participan cada vez más en los asuntos públicos y se hacen oír para exigir que el gobierno y otras instituciones rindan cuentas de sus acciones y cumplan con sus mandatos y sus obligaciones hacia la ciudadanía.

  Además, el movimiento ha podido crecer de forma más o menos orgánica porque las redes sociales son cada vez más utilizadas como herramienta para mantener conversaciones y presionar por la rendición de cuentas. Namibia tiene una población bastante joven con enormes capacidades digitales. La flexibilidad y la capacidad de autoorganización de la juventud acabaron por empujarnos a todos a hacer algo.

  ¿Cuáles eran las demandas de #ShutItAllDown, y qué respuesta obtuvieron?

  La principal demanda que teníamos para el gobierno de Namibia era la declaración del estado de emergencia en relación con el femicidio y la violencia sexual y de género (VSG), simplemente porque creíamos que el problema que enfrentábamos justificaba este tipo de acción. Queríamos que se transmitiera el mensaje de que el femicidio constituye una crisis de dimensiones nacionales y que, más allá de la pandemia de COVID-19, las mujeres siempre, todos los días, tememos por nuestras vidas. También exigíamos una consulta inmediata con personas expertas en violencia sexual y que el Ministerio de Justicia pusiera en marcha un registro de delincuentes sexuales y tribunales para delitos sexuales.

  Varias demandas se centraron en potenciar los métodos existentes para frenar la violencia sexual y de género. También se dirigieron nuevas demandas a varios ministerios y a otras partes interesadas, tales como la implementación de patrullas en los barrios las 24 horas del día y los siete días de la semana, servicios virtuales y a distancia contra la VG y programas escolares y universitarios para sensibilizar a los jóvenes sobre la VSG.

  Nuestro petitorio reconocía que existe violencia tanto dentro como fuera del hogar. Pero entendemos que frenar la violencia dentro del hogar es más difícil debido a los años o décadas de trabajo de base que se necesitan para revertir la normalización de la VG. Es posible que no estemos vivos para presenciar los frutos de este esfuerzo, debido al tiempo que se requiere para transformar una sociedad y su cultura, para interrogar y derribar colectivamente los principios tradicionales en que se arraigan las normas abusivas.

  Desgraciadamente, no obtuvimos la declaración del estado de emergencia que reclamábamos. Pero otras demandas, tales como el refuerzo de la seguridad mediante patrullas, la modificación del currículo educativo y la creación de grupos de trabajo o comités para intensificar los esfuerzos para frenar la VSG, recibieron una respuesta positiva. Otra demanda importante que recibió una respuesta positiva fue la formación de agentes de policía para que sean más comprensivos y empáticos a la hora de tramitar casos y recibir denuncias de VG. Sabemos que la acogida que reciben las sobrevivientes de abusos en las comisarías y la falta de atención y urgencia con que son tratados sus casos se cuentan entre las principales razones por las cuales muchas mujeres no denuncian la violencia sexual.

  ¿Hubo otras cuestiones relevantes que el movimiento #ShutItAllDown dejó en evidencia?

  Sí, el activismo LGBTQI+ y los integrantes de este colectivo tuvieron un rol prominente a la hora de movilizar gente para la protesta y amplificar las voces del movimiento #ShutItAllDown. Para mí, fue importante ver a mujeres queer y a otras personas LGBTQI+ que navegan con dificultad una sociedad violentamente homofóbica y transfóbica, protestando y subrayando la importancia de la interseccionalidad y la labor de incidencia colectiva. Out-Right Namibia, una de las principales organizaciones de derechos humanos de las personas LGBTQI+ de Namibia, aprovechó su posición para impulsar a #ShutItAllDown y crear una red fuerte y bien conectada en defensa de nuestros derechos colectivos en tanto que mujeres negras y/o queer.

  Las protestas de #ShutItAllDown también sacaron a la luz la ilegalidad del aborto en Namibia y más generalmente la precariedad de nuestro derecho a la salud reproductiva. En este marco intensificamos nuestras conversaciones sobre la cuestión de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva. Estas fueron algunas de las cuestiones vitales que #ShutItAllDown puso de manifiesto, dejando en evidencia lo mucho que queda por hacer para que los derechos de todas las mujeres sean reconocidos y respetados.

  ¿Hay espacio para el activismo intergeneracional dentro del movimiento #ShutItAllDown?

  El activismo intergeneracional ha demostrado ser un terreno interesante, sobre todo a causa de la naturaleza ardiente y apasionada de la juventud. Gran parte del impacto del activismo que se encarnó en las protestas de #ShutItAllDown se basó en la generación de disrupción e incomodidad general para incitar a la acción incluso a la gente más indiferente. Creo que la disrupción abre conversaciones importantes. Tenemos la esperanza de que nuestras acciones lleven a quienes no están familiarizados con lo que estamos haciendo a preguntarse por qué nos preocupamos por la seguridad de las mujeres al punto de ir a sentarnos en medio de la calle o a bloquear y clausurar un centro comercial, y a intentar comprender qué está pasando y qué es lo que pretendemos. Estas preguntas iniciarían una conversación y alimentarían importantes debates acerca de un mal nacional urgente que les cuesta la vida a muchas mujeres.

  Pero muchas personas adultas tienden a cuestionar las tácticas disruptivas utilizadas por las más jóvenes. Y otra limitación que hemos experimentado es que las tácticas disruptivas suponen la asunción de un riesgo personal. Los y las jóvenes nos jugamos mucho menos en términos de empleabilidad y pérdida de respetabilidad. Muchas personas mayores están de acuerdo con las causas que nos movilizan, pero generalmente no se arriesgan a ponerse de nuestro lado, o al menos no lo hacen explícitamente. Hay factores políticos y prácticos que limitan incluso el grado en que pueden expresar públicamente su apoyo.

  ¿Cómo ves el futuro de #ShutItAllDown?

  Lo bueno de los movimientos orgánicos y espontáneos, así como de los movimientos que no tienen un líder, es que cualquiera puede despertar un día y decidir iniciar #ShutItAllDown en su respectiva localidad, porque el movimiento no tiene un líder único ni un rostro visible. Desde octubre de 2020 no hemos tenido ninguna nueva protesta, pero eso no significa que no vaya a haber más protestas en el futuro. La VG es un problema constante y, por desgracia, en cualquier momento y en cualquier lugar puede surgir un caso que reavive la protesta.

  El espacio cívico en Namibia es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
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• NICARAGUA: “El régimen busca aniquilar toda organización autónoma de la ciudadanía”

  CIVICUS conversa con María Teresa Blandón, defensora nicaragüense de los derechos humanos y directora del Programa Feminista La Corriente, una organización de la sociedad civil (OSC) cuya personería jurídica fue recientemente cancelada por el régimen autoritario liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

  

  ¿A qué se debe la renovada ola de represión actualmente en curso en Nicaragua?

  La represión se incrementó en vísperas de las elecciones fraudulentas de 2021, cuando el régimen apuntó específicamente contra los líderes de los principales grupos de oposición que habían estado construyendo alianzas para participar de las elecciones, ya que aun sabiendo que las condiciones eran sumamente adversas insistían en que esta era la salida a la crisis.

  A partir de enero de 2022 el régimen Ortega-Murillo escaló nuevamente su ofensiva, posiblemente a causa de un fallo en sus cálculos políticos: había pensado que una vez consumado el fraude electoral y con la oposición en la cárcel, ésta abdicaría de su rol y el régimen obtendría el aval de la comunidad internacional.

  Pero ninguna de las dos cosas ocurrió: ni la oposición se resignó ni hubo apoyo internacional, sino todo lo contrario: el aislamiento del régimen se profundizó. La oposición nicaragüense mantuvo y mantiene una constante denuncia ante la instalación de un estado policial de facto y reclama la salida del régimen por vías cívicas. Las OSC que lograron mantenerse en el país continuaron denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la represión; de ahí la aprobación de nuevas leyes para despojarlas de su personería jurídica y de sus bienes.

  Ante la falta de legitimidad, el régimen Ortega-Murillo ha profundizado su estrategia de aniquilación de toda forma de organización de la ciudadanía que no se subordine a sus intereses. A la fecha, más de 1.600 OSC han sido eliminadas por la Asamblea Nacional y en muchos casos sus bienes han sido confiscados en el marco de leyes abiertamente violatorias de la Constitución de nuestro país, que establece el derecho a la libre asociación y la prohibición expresa de la confiscación.

  Hasta hace muy poco, la cancelación de personerías jurídicas había estado a cargo de la Asamblea Nacional, pero una nueva ley asignó esta atribución al Ministerio de Gobernación, que ahora tiene el poder absoluto de decidir quiénes tienen derecho a asociarse y quiénes no. El procedimiento es expedito y no existe ninguna instancia de apelación, lo cual habla claramente del nivel de indefensión en que se encuentra la sociedad civil nicaragüense.

  El Poder Judicial ha guardado silencio ante los recursos por inconstitucionalidad presentados en 2021, luego de la aprobación de la Ley de agentes extranjeros que obliga a las OSC que reciben fondos de la cooperación internacional a reportar en detalle sus actividades en un nivel que hace prácticamente imposible su funcionamiento.

  De este modo, el régimen elimina toda forma de participación autónoma, deja a activistas y personas defensoras de derechos humanos en una situación de mayor precariedad, y se hace de los recursos que necesita para continuar con las prácticas clientelares características de su gestión.

  Y es que uno de los problemas que enfrenta el régimen es precisamente la falta de recursos para sostener los proyectos de desarrollo comunitario que llevaban a cabo muchas de las OSC eliminadas. Ya no cuenta con apoyos procedentes de Venezuela y tampoco puede seguir ampliando las empresas familiares que el clan Ortega-Murillo ha construido al amparo del poder. Muchas de estas empresas han sido sancionadas, incluyendo la que tiene el monopolio del combustible, lo que les ha obligado a realizar diversas maniobras para mantenerlas activas. 

  ¿Cuál es el trabajo que hace tu organización?

  El Programa Feminista La Corriente tiene casi 30 años de existencia, y nació con el propósito de contribuir a la generación de pensamiento crítico y alentar nuevas formas de participación de las mujeres en Centroamérica. Durante los últimos 15 años hemos ampliado nuestra labor con jóvenes y colectivos disidentes sexuales y de género.

  Durante todo nuestro recorrido, hemos contribuido a desafiar el heterosexismo, la misoginia y la violencia machista y construido redes vitales para la defensa de derechos. Hemos priorizado temas relacionados con la prevención de la violencia, la maternidad voluntaria, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el respeto de la diversidad sexual y de género.

  Los esfuerzos de investigación de la realidad que viven las mujeres, jóvenes y cuerpos disidentes han sido clave para el desarrollo de programas de formación y comunicación pública. Para nosotras es de vital importancia potenciar la acción colectiva a través de movimientos sociales capaces de pensar y actuar los cambios requeridos por la sociedad nicaragüense. También somos parte de redes y alianzas centroamericanas y latinoamericanas, desde donde contribuimos con procesos de incidencia hacia gobiernos e instituciones globales.

  Precisamente por generar pensamiento crítico y defender derechos, en el mes de mayo del presente año la Asamblea Nacional canceló nuestra personería jurídica y a principios de julio la policía se apropió de nuestras instalaciones.

  ¿Con qué argumentos se ordenó el cierre de la organización?

  En general, los argumentos esgrimidos por los diputados sandinistas que controlan el parlamento incluyen una acusación sin fundamento alguno que coloca a las OSC como posibles lavadoras de dinero por el hecho de recibir dinero de fuentes externas, obviando de manera deliberada que estas fuentes están vinculadas a gobiernos y agencias de cooperación debidamente establecidas. 

  También esgrimen supuestas infracciones burocráticas tales como el vencimiento de juntas directivas, la falta de actualización de estatutos, o simplemente que se habían negado a dar información solicitada por el Ministerio de Gobernación. Sobre esto último, hay que destacar la intervención abusiva de este ministerio, que de acuerdo con la nueva ley obliga a las OSC a presentar información detallada sobre cada una de las actividades a realizar y datos personales de las personas con las que trabajan.

  Tales exigencias desnaturalizan el sentido de las organizaciones no gubernamentales, convirtiéndolas en una extensión del Estado, una clara evidencia del afán totalitario de este régimen. A todas luces se trata de imponer un modelo de control absoluto para lo cual es necesario desarticular toda forma de participación autónoma de la sociedad civil.

  Asimismo, con la cancelación de las OSC que trabajan con sectores de escasos recursos, el régimen pretende retomar el control de lo que supone su base social, a la que intenta recuperar o retener a través de políticas clientelares. En este sentido, han sido eliminadas organizaciones que promueven el acceso a la educación de niños y jóvenes de bajos recursos, atención a necesidades de personas con discapacidad acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra y otros recursos, servicios de salud sexual y reproductiva, y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, entre otras. 

  También se han cerrado OSC que trabajan en el ámbito de la participación ciudadana desde una perspectiva de derechos y con un claro enfoque de defensa de valores democráticos. Han sido declaradas adversarias del régimen y sus representantes han sido objeto de vigilancia, amenazas, exilio y encarcelamiento. También se trata de una suerte de venganza por generar evidencias que desmienten el discurso oficial y denunciar la violación sistemática de derechos por parte del régimen sandinista.

  ¿Por qué el régimen se ha ensañado específicamente con las organizaciones feministas?

  La hostilidad contra las feministas nicaragüenses viene desde la década de los ‘80. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como partido guerrillero que llegó al poder, realmente nunca reflexionó sobre las lógicas patriarcales del poder, simplemente las replicó sin contemplaciones.

  Las feministas de mi generación tuvimos que soportar una relación autoritaria y abusiva con el gobierno sandinista, que en distintos momentos expresó malestar con la existencia de una organización de mujeres, porque desde su perspectiva ello debilitaba la unidad de las fuerzas revolucionarias.

  De hecho, ejercieron su poder de veto para impedir que los colectivos de mujeres colocaran en el debate público demandas relativas a la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos. Las líderes de estos colectivos fueron silenciadas y obligadas a asumir las prioridades establecidas por la dirigencia del partido de gobierno.

  El parteaguas que marcó la ruptura definitiva del movimiento feminista con el FSLN ocurrió a fines de los ‘90, cuando Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y actual vicepresidenta, denunció los abusos cometidos por su padrastro durante más de 20 años. Cuando las feministas nos posicionamos del lado de la víctima se produjo la una ruptura con la dirigencia del FSLN, que desde entonces nos percibe como enemigas. La denuncia de Zoilamérica alentó nuevas denuncias que involucraron a otros miembros de la dirección nacional del FSLN, como el fallecido Tomás Borge.

  Por otro lado, durante la campaña electoral de 2005-2006 un sector del movimiento feminista formó parte de una alianza electoral con partidos de oposición, incluyendo al Movimiento de Renovación Sandinista, ahora UNAMOS, a quienes el FSLN considera traidores de la revolución por haber demandado la democratización del partido y cuestionado el liderazgo autoritario y caudillista de Ortega.

  El retorno de Ortega al gobierno en 2007 enseguida dejó en claro que su estrategia era lograr la desarticulación de las redes feministas que a esas alturas habían crecido en su capacidad de propuesta y de influencia en la sociedad nicaragüense. La campaña de estigmatización arrancó con un discurso de Murillo en el que acusó a las feministas de traficar con el sufrimiento de las mujeres y de querer imponer una forma de vida extraña a la cultura nicaragüense. Ese mismo año el gobierno comenzó a presionar a las agencias internacionales de cooperación para que suspendieran su apoyo a los colectivos feministas, logrando que muchas de ellas se fueran del país.

  El discurso del régimen Ortega-Murillo tuvo entre sus principales ejes su supuesto compromiso con la equidad de género, proclamando como uno de los principales avances el logro de la paridad de género en todos los poderes del Estado. Si bien este discurso fue asumido por organismos de Naciones Unidas e instituciones financieras multilaterales, las feministas aportaron claras evidencias que confirmaban la persistencia de la desigualdad y la ausencia de políticas públicas para atender demandas de las mujeres.

  La penalización absoluta del aborto, la ausencia de políticas de prevención y sanción de la violencia machista, incluyendo el abuso sexual contra niñas y adolescentes que en Nicaragua es una constante, la ausencia de educación sexual, el incumplimiento de la ley que estableció la creación de un fondo para la entrega de tierras a mujeres rurales, la violación de derechos laborales de las trabajadoras de maquila, figuran entre los problemas no resueltos por un régimen que se atrevió a compararse con los países que más han avanzado en materia de equidad de género en el mundo.

  ¿Qué deberían hacer los donantes, y la comunidad internacional en general, para ayudar a la sociedad civil nicaragüense?

  En tiempos tan convulsos y con tantos focos de tensión en el mundo, resulta difícil apelar a la solidaridad con la sociedad nicaragüense, que continúa apostando por un cambio cívico y pacífico para salir de esta nueva dictadura y sentar las bases de la democratización del país. 

  Sin embargo, es urgente seguir apelando a los gobiernos democráticos, independientemente de su signo ideológico, para que no aparten la mirada de lo que pasa en Nicaragua y apoyen nuestras justas demandas de liberación inmediata de las presas y presos políticos, suspensión del estado policial, cese de la persecución a las OSC y a la iglesia católica, y restablecimiento pleno de nuestros derechos.

  Reclamamos una postura coherente por parte de los gobiernos democráticos, las agencias del sistema de Naciones Unidas, las instituciones financieras multilaterales, los bloques de integración regional y los foros de partidos políticos a fin de evitar cualquier acción que contribuya a prolongar la permanencia de la dictadura Ortega-Murillo en el poder.

  A estas alturas resulta inadmisible que denuncien las sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen, al mismo tiempo que votan a favor del otorgamiento de préstamos al mismo régimen, que además de incrementar una deuda que ya es mayor que el PIB, le da un mayor margen de maniobra para sostenerse en el poder.

  El apoyo activo a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y OSC es vital para sostener la esperanza en un cambio democrático que no imponga más sufrimientos al pueblo nicaragüense.

  El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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• PARAGUAY: “Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar”

  CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

  

  ¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

  Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

  La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

  Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

  A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

  ¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

  Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

  La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

  ¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

  La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

  Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

  ¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

  CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

  También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

  ¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

  La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

  El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

  En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

  Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

  Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

  El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

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