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• DERECHOS DE LOS MIGRANTES: “Europa instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración”

  CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas migrantes y refugiadas en Grecia con Maya Thomas-Davis, una de las responsables de Incidencia y Comunicación del Centro Legal Lesvos AMKE, una organización de la sociedad civil griega que proporciona información y asistencia legal gratuita a las personas migrantes que llegan por mar a Lesbos, donde el Centro tiene su sede. El Centro Jurídico también documenta las violaciones de los derechos de las personas migrantes, aboga por rutas migratorias seguras y legales y hace incidencia y litigio estratégico para que el gobierno griego, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y las instituciones europeas rindan cuentas por el trato que dan a las personas migrantes.

  

  Foto: Legal Centre Lesvos @Instagram

  ¿Qué tipo de trabajo realiza el Centro Jurídico, y cómo se las ha arreglado durante la pandemia?

  El Centro Jurídico Lesbos (LCL) es una organización civil jurídica y política sin ánimo de lucro basada en principios de solidaridad, no de caridad. Desde agosto de 2016, ofrece acceso a información, asistencia y representación jurídica a las personas migrantes que llegan por mar a la isla griega de Lesbos. El LCL también trabaja por la justicia colectiva y el cambio estructural como parte del movimiento de resistencia al imperialismo fronterizo de Europa en varios frentes, incluidas la incidencia y el litigio estratégico. El LCL fue fundado en respuesta a la declaración UE-Turquía de marzo de 2016, un acuerdo de dudosa legalidad mediante el cual la Unión Europea convirtió a las personas que buscaban libertad, seguridad y dignidad en mercancías y moneda de cambio: en ese acto, acordó un pago de 6.000 millones de euros al régimen autoritario de Erdogan a cambio de que Turquía actuara como guardia fronterizo de la fortaleza Europa. Este “acuerdo” transformó la isla de Lesbos en un lugar de reclusión indefinida para las personas migrantes. El LCL ofrece acceso a información legal y asistencia en solidaridad con las personas migrantes atrapadas aquí, sin perder de vista que la migración a Europa está íntimamente relacionada con el pasado y el presente imperialista del continente y con los intereses del capitalismo global; que las brutales violaciones que se observan aquí son siempre opciones políticas; y que las personas más afectadas son los actores políticos más importantes a la hora de desafiar el sistema y montar una resistencia.

  El LCL tiene una política de puertas abiertas, lo que significa que no rechaza a nadie ni niega a nadie información o asistencia jurídica porque su caso no sea lo suficientemente “sólido” o no resulte adecuado para un litigio estratégico. Mantenemos esta postura porque creemos que, como mínimo, todo el mundo tiene derecho a entender el marco legal al que está sujeto, especialmente en el contexto del derecho de asilo, donde las consecuencias pueden ser una cuestión de vida o muerte.

  Para facilitar el acceso a la información, antes de que se introdujeran las restricciones vinculadas con el COVID-19, el LCL había organizado sesiones informativas grupales periódicas sobre los procedimientos de asilo, en varios idiomas. Este es sin duda un aspecto de nuestro trabajo donde la pandemia ha creado dificultades. En Lesbos se han aplicado medidas de confinamiento, con distintos grados de intensidad, desde marzo de 2020. Debido a las limitaciones de capacidad de las oficinas que impusieron las restricciones, nos resultó imposible seguir realizando sesiones informativas grupales. Hemos conseguido mantener la política de puertas abiertas con horarios estrictos, con muchos de nosotros trabajando desde casa al menos una parte del tiempo, y estamos tratando de seguir facilitando un acceso más amplio a la información a través de otros medios, como por ejemplo mediante actualizaciones en varios idiomas en nuestro sitio web y en las redes sociales.

  ¿Cómo ha evolucionado la situación de las personas migrantes y refugiadas en 2020 a raíz de la pandemia? 

  Al tiempo que la pandemia de COVID-19 se extendía por Europa, el 1 de marzo de 2020 el Estado griego  suspendió en forma ilegal el derecho de asilo y procedió a la violenta fortificación de las fronteras. La UE alabó a Grecia como “escudo” de Europa y la Agencia Europea de Fronteras y Costas, también conocida como Frontex, le proporcionó un creciente apoyo material. Aunque la UE lleva muchos años ejerciendo violencia contra las personas migrantes en sus fronteras, rechazándolas y negándoles la entrada, parece que los funcionarios griegos y de la UE creyeron que la pandemia les daría la cobertura perfecta para intensificar su ataque contra las personas migrantes en el Egeo, con total impunidad.

  Desde marzo de 2020, el número oficial de llegadas por mar a Grecia ha disminuido drásticamente: se ha reportado una disminución de 85% en comparación con 2019. En el mismo plazo, numerosos informes e investigaciones han revelado que las autoridades griegas recurren sistemáticamente a la práctica de las expulsiones colectivas, llevadas a cabo mediante un modus operandi consistente, con la complicidad documentada de Frontex. Según todos los relatos compartidos con el LCL por sobrevivientes de estas expulsiones, las autoridades griegas han expulsado sumariamente a personas migrantes del territorio griego sin registrar su llegada ni facilitar su acceso a los procedimientos de asilo. Ya sea en medio del mar o tras su desembarco en una isla del Egeo, las autoridades griegas trasladan por la fuerza a las personas migrantes hacia aguas turcas antes de abandonarlas en el mar en botes sin motor y no aptos para la navegación o en balsas salvavidas, absolutamente indiferentes a si viven o mueren. A pesar de los numerosos informes, declaraciones, investigaciones y denuncias de este continuo ataque contra las personas migrantes, las expulsiones fuera de la frontera del Mar Egeo continúan con impunidad; de hecho, constituyen la implementación no oficial de los objetivos del acuerdo entre la UE y Turquía en momentos en que la frontera turca permanece oficialmente cerrada.

  Mientras tanto, en Lesbos, las restricciones relacionadas con la pandemia no han hecho más que agravar la situación de violencia policial, discriminación y detención masiva efectiva de personas migrantes. Las restricciones relacionadas con el COVID-19, tales como los toques de queda y la exigencia de llevar una autorización para circular, se han aplicado de forma injustificadamente discriminatoria. Recientemente, el 15 de febrero de 2021, por ejemplo, el toque de queda para la población general de Lesbos se levantó entre las 18:00 a las 21:00 horas; sin embargo, para las personas migrantes que viven en el campamento se mantuvo un régimen separado de restricciones, y se las sometió a un toque de queda más estricto a partir de las 17:00 horas. Más allá de las citas médicas o legales, solo se les permite que un miembro de la familia salga del campamento una vez a la semana. Incluso cuando presentan una justificación escrita, el permiso para salir del campamento es a menudo denegado de forma arbitraria. A la hora de revisar documentos y permisos de circulación, así como al imponer multas, la policía se ensaña desproporcionadamente con personas racializadas.

  Mientras tanto, los cambios en el funcionamiento de la Oficina Regional de Asilo y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en Lesbos, que venían realizando entrevistas a distancia con solicitantes de protección internacional, han dado lugar a nuevas violaciones de los procedimientos. Entre ellas se encuentran los obstáculos en el acceso a la asistencia jurídica en primera instancia y a la presentación de recursos dentro de los plazos debido a las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia y al acceso restringido a las oficinas de la EASO; la imposibilidad de garantizar la confidencialidad necesaria debido a que las entrevistas a distancia por teléfono o vídeo se realizan en instalaciones inadecuadas; y la imposibilidad de presentar de forma exhaustiva los motivos de las solicitudes a causa de interrupciones prácticas y técnicas de las entrevistas de asilo.

  En cuanto a la situación sanitaria, el Estado no ha evacuado sistemáticamente a las personas en riesgo de los campamentos superpoblados e insalubres de Lesbos, donde las medidas de distanciamiento son imposibles. Al igual que el anterior campamento de Moria, que se incendió en septiembre de 2020, el nuevo centro de acogida e identificación de Mavrovouni/Karatepe -también conocido como “Moria 2.0”- no es apto para la habitabilidad humana. Por si las condiciones de alojamiento, atención sanitaria, privacidad, alimentación, electricidad, agua corriente, duchas calientes, aseos y otras instalaciones higiénicas no fueran lo suficientemente malas, desde 1926 y hasta su precipitada transformación en campamento en septiembre de 2020, el emplazamiento de Moria 2.0 había sido un campo de tiro militar, y el gobierno griego ha admitido que se ha encontrado una alta concentración de plomo en las muestras tomadas del lugar. La intoxicación por plomo provoca daños en los órganos, cáncer y daños en el desarrollo de fetos y niños. No se conoce ningún nivel de exposición al plomo que no tenga efectos nocivos. En estas condiciones, el hecho de que el Estado griego no traslade a las personas que están desproporcionadamente expuestas a peligro de muerte en las condiciones inhumanas de Moria 2.0 para darles condiciones de vida adecuadas supone un atentado contra las vidas migrantes.

  ¿Cuáles diría que son las principales violaciones de derechos que sufren las personas migrantes y refugiadas en Lesbos? 

  El hecho de que cientos de personas hayan sido, y sigan siendo, trasladadas a la fuerza y luego abandonadas en medio del mar por las autoridades griegas sin medios para pedir rescate, en botes y balsas salvavidas no aptos para la navegación, constituye una forma espectacular de violencia estatal contra las personas migrantes. Más allá de las violaciones de derechos, la posición del LCL es que los elementos constitutivos del modus operandi sistemático de las expulsiones colectivas en el Egeo, sumados al carácter generalizado y sistemático del ataque, equivalen a crímenes contra la humanidad. La práctica de las expulsiones sistemáticas impunes revela hasta qué punto la fortaleza Europa trata las vidas migrantes como desechables. Es la clase de tratamiento que históricamente ha acompañado la comisión de crímenes atroces.

  El mismo desprecio por las vidas de las personas migrantes se desprende de las condiciones que éstas se ven obligadas a soportar en los campamentos y centros de detención en Lesbos, que constituyen violaciones del derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes y a la tortura, de los derechos a la libertad y la seguridad, a la vida privada y familiar, al recurso efectivo, a la no discriminación y, en suma, a la vida. Ese desprecio se revela en el hecho de que las personas son obligadas a esperar en el limbo durante años, aisladas de sus familias, amigos, comunidades y objetivos de vida, sin poder avanzar ni retroceder. Se observa también en el hecho de que la UE prioriza y financia cada vez más la detención masiva y efectiva de personas migrantes, mediante sistemas de “puntos calientes”, procedimientos fronterizos acelerados, deportaciones forzosas, militarización de las fronteras y externalización del control fronterizo mediante acuerdos de dudosa legalidad con terceros países y el condicionamiento de la ayuda y otros paquetes financieros a la fortificación de las fronteras.

  Aunque la violencia de las expulsiones en el Egeo es escandalosa y debe ser tratada como tal, no es en absoluto una aberración en el marco de la lógica del régimen fronterizo europeo, que instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración a cualquier precio. Incluso si en Lesbos se cumplieran las normas de acogida y de procedimiento exigidas por el Sistema Europeo Común de Asilo, muchas personas seguirían siendo excluidas, y el sistema seguiría siendo violento y fundamentalmente insuficiente para garantizar las condiciones de desarrollo humano que todas las personas merecen. Por esta razón, aunque el LCL seguirá documentando, denunciando y buscando reparación para las violaciones sistemáticas de derechos en Lesbos, somos conscientes de que al mismo tiempo debemos organizarnos para lograr un cambio sistémico: el marco de derechos humanos de Europa no puede fallarles a personas a las que no fue diseñado para proteger.

  ¿Cuál es su posición respecto de las protestas de personas refugiadas frente a las condiciones de vida en los campos y la suspensión de los procedimientos de asilo? 

  El LCL siempre se ha organizado y actuado en solidaridad con la resistencia liderada por migrantes. A lo largo de los años esto ha tomado muchas formas, incluyendo protestas, huelgas de hambre, publicaciones colectivas, asambleas y ocupaciones. El Estado ha respondido con intentos de castigar colectivamente la resistencia organizada de migrantes en Lesbos. Un ejemplo de ello fue el de los 35 de Moria hace unos años. Pero hay muchos ejemplos más recientes. Por supuesto, esta resistencia puede entenderse como un ejercicio de los derechos humanos, y específicamente de los derechos a las libertades de asociación, de reunión pacífica y de expresión, y en tanto que organización legal, esta es una de las formas en que entendemos y apoyamos este tipo de acciones. Sin embargo, en Lesbos -donde los derechos se violan sistemáticamente con total impunidad, se imponen deliberadamente condiciones de miseria y la situación siempre parece seguir empeorando justo cuando ya parecía que no cabía imaginar algo peor- la resistencia organizada es también, en muchos sentidos, la única opción que queda.

  ¿Qué tipo de apoyo necesitaría el LCL de la sociedad civil internacional para seguir haciendo su trabajo?

  El año pasado, el Estado griego introdujo nueva legislación sobre el registro de organizaciones de la sociedad civil, imponiendo requisitos de registro y certificación onerosos y complejos que constituyen barreras innecesarias y desproporcionadas para las organizaciones que trabajan en solidaridad con las personas migrantes en Grecia. Esto sin duda dificultará el trabajo del LCL, tal como está previsto que ocurra. El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de las ONGI del Consejo de Europa ya ha expresado su preocupación por estos nuevos requisitos, y como forma de apoyo de parte de la sociedad civil internacional, todo desafío que pueda interponerse frente a estas medidas sería bienvenido.

  En general, el apoyo y la solidaridad internacionales son necesarios para resistir frente al entorno cada vez más hostil para las personas migrantes en Grecia, así como para quienes trabajan en solidaridad con ellas. Las campañas de desinformación de la extrema derecha, que acusan de criminales a las personas migrantes y a las organizaciones de solidaridad con ellas, se traducen cada vez más en prácticas del Estado griego, tales como la identificación por parte de la policía griega de cuatro grupos de derechos humanos y de solidaridad con migrantes en una investigación en la que se les acusa de espionaje, formación de y pertenencia a una organización criminal; el procesamiento sistemático de migrantes por parte del Estado griego por facilitar entradas o salidas ilegales; su perversa decisión de procesar al padre de un niño de seis años que se ahogó trágicamente en un naufragio cerca de Samos en noviembre de 2020 por haber puesto en peligro la vida de su hijo; y su decisión de presentar cargos penales contra una mujer que, desesperada, se prendió fuego en Moria 2. 0 en febrero de 2021. Esas medidas que presentan a las personas migrantes y a quienes actúan en solidaridad con ellas como criminales y como amenazas para la nación son el producto de una táctica deliberada y eficaz para ocultar el hecho de que son los Estados los que poseen el monopolio de la violencia y para distraer la atención de las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes que ellos cometen.

  En términos más generales, de las propuestas legislativas contenidas en el “nuevo” pacto de la UE sobre migración y asilo se desprende que la UE intentará extender el modelo que ya ha probado en el laboratorio de Lesbos y de las otras “conflictivas” islas griegas a todas las fronteras exteriores de Europa. Este modelo incluye la detención a la llegada, la aceleración de los procedimientos fronterizos de detención en función de tasas de reconocimiento de asilo por nacionalidad, el uso de la deportación como forma de “solidaridad” entre los Estados miembros y la ampliación del uso de los datos personales y biométricos de las personas migrantes. Este año se va a construir un nuevo campo “controlado” en Lesbos, en una zona intencionadamente alejada y conocida por el peligro de incendios forestales. La solidaridad internacionalista será siempre nuestra mejor arma para organizar la resistencia desde abajo frente a todas estas medidas.

  El espacio cívico en Grecia es calificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.
  Póngase en contacto con el Centro Jurídico Lesbos a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@lesboslegal en Twitter y a@legalcentrelesvos en Instagram.

   

• El espacio cívico sigue reduciéndose en Peru

  Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 53ª Sesión

  Aprobación del Informe EPU

  Pronunciada por Humberto Mendez Ramos

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  Saludos desde la Asociación por los Derechos Humanos (APRODEH). Después del periodo del conflicto armado interno y dictadura que vivió el Perú entre el 80 y el 2000, el país no experimentaba un escenario tan critico en el cual los derechos humanos y la misma democracia fueran sometidas y vulneradas por una alianza autoritaria y anti-derechos que tiene el Parlamento como su centro de poder.

  Consecuencias de esa concentración de poder, han sido no solo la grave crisis política y de represión que vivimos desde diciembre de 2022 y que produjo 49 muertos por acción de las fuerzas del orden, sino también la captura de las instituciones democráticas como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, entre otras, que aseguraban mínimos de democracia y ejercicio de derechos en el país.

  Si bien nuestra democracia ha sido imperfecta en estos cuatro quinquenios, pues diversos territorios experimentaron escenarios de conflictividad social que también produjo la muerte de más de medio centenar entre el 2012 al 2021, las reglas mininas de convivencia democrática, como la independencia de poderes para la investigación y sanción de estos casos de vulneración de derechos nunca estuvo amenazada o en riesgo de existir, como sí lo está hoy en favor de la impunidad.

  Este escenario de progresivo autoritarismo, camino a consolidar un nuevo tipo de dictadura, nos preocupa no sólo por la eliminación de la independencia de poderes o la imposición de la impunidad frente a los casos de muerte producidos recientemente, sino a la amenaza y riesgo de poder vivir un nuevo escenario de amplia represión y un Estado anti derechos como el que tuvimos en la década de los noventa y que implicó amplias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

  Bajo este contexto, solicitamos a las instituciones internacionales estar alertas y vigilantes ante el reinicio de movilizaciones que se van a producir desde el diecinueve de julio en adelante.

  Muchas gracias.

• El Salvador: organizaciones internacionales condenan la detención de la defensora de derechos humanos Ruth López

  Washington D.C., 19 de mayo de 2025

  Las organizaciones internacionales abajo firmantes condenan la detención de la defensora de derechos humanos Ruth López. La Policía Nacional de El Salvador la arrestó el 18 de mayo de 2025 a las 23:00 horas. Las autoridades le han negado el acceso a asistencia legal y a su familia, lo que genera serias preocupaciones sobre su seguridad y el debido proceso.

  Ruth López es una destacada abogada que ha denunciado violaciones de derechos humanos y corrupción durante el Gobierno de Bukele. Actualmente se desempeña como jefa de Anticorrupción en Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas de El Salvador. En 2024, Ruth fue incluida en la lista de las 100 mujeres influyentes e inspiradoras de la BBC.

  El estado de excepción en El Salvador no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas. El autoritarismo se ha acentuado en los últimos años, a medida que el presidente Nayib Bukele ha socavado las instituciones y el Estado de derecho, y ha perseguido a organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes.

  Nuestras organizaciones han estado monitoreando de cerca el cierre del espacio cívico y los ataques a la prensa independiente en El Salvador y estamos profundamente preocupadas por el creciente clima de miedo que amenaza las libertades en el país.

  Exigimos a las autoridades salvadoreñas que liberen de inmediato a Ruth López e instamos al Gobierno salvadoreño a garantizar su integridad física y su derecho al debido proceso. También instamos a los responsables políticos estadounidenses y a la comunidad diplomática en general a que insten al presidente Bukele a cesar todos los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos.

  Washington Office on Latin America (WOLA)
  Robert F. Kennedy Human Rights
  Latin America Working Group (LAWG)
  Human Rights Watch (HRW)
  Seattle International Foundation (SIF)
  Center For Justice & International Law (CEJIL)
  Amnesty International
  Due Process of Law Foundation (DPLF)
  CIVICUS Global Alliance
  ARTICLE 19 México and Central America
  ACTing Together Jotay Program
  International Platform Against Impunity
  Peace Action
  American Jewish World Service (AJWS)
  Human Rights First

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  El espacio cívico en El Salvador está clasificado como 'obstruido' por el CIVICUS Monitor.

• Elecciones presidenciales en Venezuela: Organizaciones internacionales piden a las autoridades que garanticen la transparencia

  30 de julio de 2024

  Las organizaciones internacionales abajo firmantes condenan la falta de transparencia en los resultados anunciados de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio. Esta falta de claridad plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad de las elecciones, generando amplias dudas sobre la credibilidad de la afirmación de que los venezolanos otorgaron a Nicolás Maduro un tercer mandato presidencial. Dada esta situación, la comunidad internacional debe insistir en que las autoridades venezolanas garanticen y faciliten de inmediato un proceso de verificación independiente de los resultados electorales.

  El 28 de julio, los venezolanos participaron de manera masiva y pacífica en las elecciones presidenciales, demostrando un inspirador compromiso con los principios democráticos. Esto ocurrió a pesar de que el proceso electoral se vio gravemente empañado por violaciones de los derechos humanos e irregularidades, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, inhabilitaciones arbitrarias de candidatos de la oposición, restricciones arbitrarias impuestas a personas venezolanas para votar en el extranjero y a los jóvenes, y esfuerzos para restringir aún más el espacio cívico. Las personas venezolanas merecen unas elecciones en las que se cuente cada voto de forma precisa y transparente.

  Basados en el derecho del pueblo venezolano a participar en unas elecciones justas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela debería inmediatamente: 

  1. Poner a disposición la totalidad de las actas de escrutinio a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y a los observadores electorales nacionales e internacionales como lo exige la legislación venezolana. El CNE debe publicar los datos por estado, municipio, parroquia, centro de votación y mesa electoral; y revisar posibles discrepancias en los resultados de las actas públicas.
  2. Completar los procesos de auditoría electoral y verificación ciudadana según lo exige la ley, con el fin de reconciliar los recibos de votación con los datos registrados en el Acta de Escrutinio emitida por cada centro de votación. La auditoría debe ser pública y el proceso verificable. 

  Hasta que se cumplan estas condiciones y se respete el derecho de las personas venezolanas a una información transparente sobre el proceso electoral, la comunidad internacional debería abstenerse de reconocer el resultado anunciado. Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales deben utilizar todas las herramientas diplomáticas a su disposición para instar a las autoridades venezolanas a llevar a cabo un conteo de votos justo y transparente que respete el derecho de las personas venezolanas a votar en unas elecciones "que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores" y a elegir efectivamente su futuro político. 

  Además, el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, como las únicas misiones de observación técnica internacional acreditadas por el CNE, deben tener acceso a toda la información del proceso electoral para proceder con sus informes imparciales de acuerdo con los memorandos de entendimiento acordados por cada organización con las autoridades venezolanas.

  Si las autoridades venezolanas no garantizan un informe completo y transparente de los resultados electorales, tal como lo exige la legislación venezolana, se arriesgan a perder canales vitales de compromiso diplomático y a un renovado aislamiento regional e internacional, con potenciales consecuencias graves para las personas venezolanas dentro y fuera del país.

  Entre el 26 y el 29 de julio, organizaciones locales informaron haber documentado más de 130 detenciones arbitrarias, así como homicidios ilegales confirmados y potenciales. Estas detenciones se han producido en un contexto de hostigamiento, persecución y criminalización que marcó la campaña electoral.

  Por último, hacemos un llamado a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente, el respeto de las garantías del debido proceso y la no criminalización de los líderes de la oposición y de la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta pacífica. También instamos al máximo respeto por sus derechos a la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad y la seguridad de las personas y a la libertad de movimiento.

  Firmantes:

  • La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
  • Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
  • Robert F. Kennedy Human Rights
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • CIVICUS
  • Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P) 
  • Comisión Internacional de Juristas 
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
  • Human Rights Watch (HRW)
  •  International Service for Human Rights
  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 

  Adhieren: 

  • Apuesta Solidaria AC - México
  • Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) - Costa Rica
  • Asociación Paz y Esperanza - Perú
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú
  • Asociación Pro-Búsqueda - El Salvador
  • Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez - México
  • Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia - Colombia
  • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina
  • Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad- Perú
  • Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) - Perú
  • Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género - Corporación Humanas - Chile
  • CISAS - Costa Rica
  • CIVILIS - Venezuela
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más - Nicaragua
  • Conectas Direitos Humanos - Brasil
  • Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia
  • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - Honduras
  • Equipo Jurídico por los Derechos Humanos - Honduras
  • Fundación Étnica Integral - Republica Dominicana
  • Instituto de Defensa Legal (IDL) - Perú
  • Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana (MENAMIRD) - República Dominicana
  • Movimiento Autónomo de Mujeres - Nicaragua
  • Observatorio Venezolano de Prisiones - Venezuela
  • Oficina Jurídica para la Mujer - Bolivia
  • Plataforma Internacional contra la Impunidad - Guatemala
  • Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) - El Salvador
  • Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe - Regional
  • Vicaría de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela

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  El espacio cívico en Venezuela está clasificado como 'cerrado' por el CIVICUS Monitor.

• EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: “Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas”

  CIVICUSconversa sobre el proceso para desarrollar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos y el rol de la sociedad civil con Ivette González, directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).

  PODER es una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como a fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

  ¿Por qué es tan importante contar con un tratado sobre empresas y derechos humanos?

  Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.

  Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.

  El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.

  Toda empresa debe operar con debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones, como ciclo continuo de gestión y abarcando desde el planteamiento del proyecto, la inversión, las operaciones, fusiones, cadenas de valor y suministro, relaciones con clientes y proveedores, y cualquier otra actividad que pudiera generar impactos negativos sobre los derechos, incluyendo a los territorios. El tratado sirve para que los Estados, en tanto que principales sujetos de obligaciones para proteger los derechos humanos, exijan a las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades y lo monitoreen.

  Asimismo, este tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.

  ¿Qué avances ha habido en la negociación del tratado?

  En la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2022, se produjeron desarrollos interesantes. Si bien no hay una línea de tiempo y un plazo estricto para producir la versión final del tratado, una de las personas expertas convocadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el desarrollo del instrumento propuso el año 2025 para concluir las negociaciones. Ese es el plazo que se espera poder cumplir si los Estados tienen voluntad política para generar consensos. Y por lo pronto, se observa que algunos Estados que en el pasado fueron reticentes a participar ahora están teniendo un poco más de interés.

  Por ahora el borrador cuenta con 24 artículos, los primeros 13 de los cuales se discutieron en la última sesión. Las discusiones incluyeron temas centrales como la definición de los derechos de las víctimas y su protección y la definición del propósito y el alcance del tratado, es decir, si debe de incluir solamente a las empresas transnacionales o también a otras empresas. El Estado mexicano, por ejemplo, sostiene que este instrumento debe abarcar todas las actividades que tengan un carácter transnacional. También se ha discutido acerca de la prevención de daños y el acceso a reparaciones, así como acerca de la responsabilidad legal, la jurisdicción que abordará la denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional, entre otros temas.

  Algunos Estados han hecho aportes para mejorar el contenido en negociación. Por el contrario, otros Estados buscan minimizar el alcance del tratado en algunos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a protecciones a pueblos y comunidades indígenas, salvaguardas ambientales y derechos de las mujeres y la niñez, entre otros.

  Hay Estados que apoyan las nuevas propuestas del presidente relator, el embajador de Ecuador, pero gran parte de la sociedad civil considera que, en su mayoría, van en detrimento de lo alcanzado durante siete años hasta 2021, y le quita fuerza al tratado. Promueven la asimetría de poder entre Estados del norte y el sur, así como entre las empresas y las personas y comunidades titulares de derechos. El tercer borrador revisado es el que reconocemos como legítimo y sobre el que se consideramos que se deben continuar las negociaciones.

  ¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil?

  Decenas de OSC están impulsando un tratado efectivo. Entre ellas se cuentan PODER, junto con la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países, y muchas otras alianzas, movimientos y articulaciones como la Alianza para eltratado, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad.

  Por supuesto que en la sociedad civil hay diversidad de opiniones en varios temas, pero estamos de acuerdo en la necesidad de regular la actividad empresarial con una perspectiva de derechos humanos. Hemos identificado los elementos que debe de contener este tratado y las condiciones para su implementación. Y tratamos de ponerle urgencia al proceso, que va demasiado lento, mientras que las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personas defensoras no se detienen, sino que aumentan cada año.

  La sociedad civil ha hecho incidencia con los y las tomadoras de decisiones para que se abrieran espacios de discusión con la sociedad civil. PODER, junto con la Red-DESC, en particular, ha insistido en la participación constructiva y proactiva de los Estados del sur global en el proceso, y específicamente de América Latina. También trabajamos para integrar una perspectiva de género e interseccional tanto en el proceso como en el texto; un ejemplo ha sido la propuesta de utilizar la política exterior feminista de México.

  La sociedad civil parte de la convicción de que no es posible desarrollar un tratado legítimo si no se coloca en el centro de todo el proceso la participación de los y las titulares de derechos – personas y comunidades rurales afectadas, pueblos indígenas, sindicatos independientes, personas LGBTQI+ y personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

  ¿Cuáles son las probabilidades de que la versión final del tratado satisfaga las expectativas de la sociedad civil y cumpla con su cometido?

  Esperamos que el tratado contribuya a acabar con la impunidad corporativa y que los Estados asuman su obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Que se eviten abusos y violaciones, se reparen daños y se asegure que estas situaciones no se repitan.

  Aunque existen procesos establecidos para el desarrollo de tratados internacionales, este es un tratado inusual y debe ser tratado como tal, por lo que deben hacerse los cambios que sean necesarios tanto en el proceso como en el contenido para que sea realmente efectivo.

  La satisfacción completa de las expectativas de la sociedad civil requeriría de un cambio de paradigma basado en el principio de que las empresas tienen una función social y que sus operaciones no deben rebasar ciertos límites para tener una vida digna y un medio ambiente limpio sano y sostenible. Sabemos que no lograremos concretar todas nuestras aspiraciones con un tratado, con Planes Nacionales de Acción y con regulaciones y normativas, aun cuando éstas sean correctamente implementadas. Pero todos estos son pasos importantes para intentar equilibrar la balanza, limitando el poder que el sistema económico global ha otorgado a las corporaciones empresariales.

  Si bien el tratado difícilmente satisfaga todas nuestras expectativas, las OSC que estamos exigiendo el máximo nivel de exigencia para este tratado seguiremos haciéndolo hasta el final. Seguiremos llevando propuestas de personas expertas y de las comunidades y grupos afectados que luchan por la justicia y la reparación de los daños que viven en carne propia, abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas y permanezcan en el centro de las negociaciones en todo momento e incluyendo en las consultas sobre el texto a personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.

  Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí, y solo contribuiría a mantener un statu quo insostenible.

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• ESPAÑA: “La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social”

  CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas LGBTQI+ en el contexto preelectoral conEmilio de Benito, vocal de Salud y Mayores del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM).

  Fundada en 1986, COGAM es una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja por la igualdad de las personas LGBTQI+. Es una de las entidades fundadoras de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España y una de las impulsoras del matrimonio igualitario, legalizado en 2005.

  ¿Qué cambios se han producido en la situación de las personas LGBTQI+ en España en los últimos años?

  Con la aprobación, en marzo de este año, de la Ley Trans, la situación en España es, al menos sobre el papel, una de las mejores del mundo. La Ley Trans establece la libre determinación del sexo registral con la sola voluntad de la persona, prohíbe las terapias de conversión e impone medidas para la diversidad en la educación y el empleo.

  Sin embargo, tenemos un problema: el aumento de los discursos de odio propagados por la ultraderecha, representada por Vox, e incluso por el más tradicional partido conservador, el Partido Popular (PP). La campaña para estas elecciones se ha visto plagada de expresiones de homofobia y transfobia. Hemos visto a políticos negarse a dirigirse a personas trans de manera consistente con su identidad de género y amenazar con abolir leyes que han consagrado derechos, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley Trans. Esto se ha visto reflejado en un aumento del acoso contra las personas LGBTQI+ tanto en las aulas como en la calle. Según datos oficiales, el año pasado, los delitos de odio en España aumentaron 45%, aunque es posible que la cifra real sea bastante mayor, porque la gente no siempre denuncia. La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social.

  ¿Por qué los derechos de las personas LGBTQI+ se han transformado en un tema de campaña?

  El último año se ha debatido mucho sobre la Ley Trans, que se aprobó en febrero. Es por eso que varios partidos políticos han incluido el tema en su agenda. Esta ley es posiblemente la más chocante para la extrema derecha y afecta a muy poca gente, por lo que aún si no la intentan derogar, seguro la intentarán modificar. Es decir, en el mejor de los casos se volverá a necesitar un diagnóstico médico que patologice la transexualidad, y a los menores no se los atenderá o se les pondrán trabas.

  En cuanto a la Ley de Matrimonio Igualitario, dudo que el PP sea capaz de derogarla, aunque Vox sí lo reclama. En cambio, es más probable que busquen poner obstáculos a la adopción o a la filiación del hijo de tu pareja.

  Lamentablemente, también hay un rechazo muy fuerte de la Ley Trans por parte de algunos feminismos de izquierda, que le han dado una ventaja adicional a la derecha. Yo creo, sin embargo, que se trata de un debate filosófico más que legal. Podemos debatir cuanto queramos qué es lo que hace que nos identifiquemos como hombres o como mujeres, pero aun así debemos reconocer el derecho de cada persona a expresar su identidad.

  ¿Está el movimiento LGBTQI+ alineado con alguna opción política en estas elecciones?

  Nosotros no nos alineamos con ningún partido político, pero sí que advertimos que hay partidos, como Vox, con mensajes y propuestas que atentan contra nuestros derechos. Esto no ha estado exento de controversias. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España se ha montado una campaña para llamar a no votar a la derecha, pero hay quienes se han manifestado en desacuerdo porque en principio se puede ser de derecha en lo económico sin ser homofóbico. Pero en ese caso, ambas cosas coinciden.

  Pedro Zerolo, un activista gay muy importante que impulsó en su momento el matrimonio igualitario, solía decir que os derechos no solo hay que conquistarlos y disfrutarlos, sino también defenderlos. Claramente ahora estamos en el punto en que debemos defender nuestras conquistas.

  De modo que todos los colectivos LGBTQI+ hemos intervenido en la campaña electoral. Lo hemos hecho durante el Orgullo de Madrid, que es uno de los más importantes del mundo no solamente por su extensión –dura cuatro días– y por la cantidad de gente que convoca, incluida mucha gente que no es del colectivo, sino también porque incluye numerosas actividades culturales y sociales. También hemos participado en debates con partidos políticos: en COGAM, por ejemplo, tuvimos un debate con representantes de cuatro partidos. No todos eran partidos de izquierda, aunque son éstos los que siempre quieren reunirse con nosotros, escucharnos y saber nuestra opinión. Pero a la extrema derecha no la invitamos, ya que no tiene sentido que le demos voz.

  ¿Cuáles son los posibles escenarios post-electorales?

  El PP se ha opuesto a todas las leyes que reconocieron derechos de las personas LGBTQI+ y las mujeres, e incluso las han llevado al Tribunal Constitucional. Pero cuando éste ha concluido que esas leyes no infringen ninguna norma constitucional, los gobiernos del PP no las han derogado. Sin embargo, es posible que ataque la Ley Trans. Uno de los grandes logros de esta ley es que escucha a los menores de edad. Cuando los menores saben perfectamente quiénes son y quieren ser, no tiene sentido reprimirlos hasta que sean mayores de edad. Pasa lo mismo con el aborto: antes las menores de 16 años tenían que contar con permiso de sus padres, pero luego este requisito se eliminó porque hay casos, por ejemplo de incesto, en que era problemático. Creo que con los menores van a intentar volver atrás en estos derechos.

  También podrían volver a exigirles a las mujeres trans dos años de tratamiento psicológico de diagnóstico. A los hombres trans directamente los han borrado el debate, como si no existieran. Hay demasiada preocupación por lo que podría llegar a pasar si una mujer trans entra a un vestuario femenino, pero a nadie le preocupa lo que le puede pasar a un hombre trans en el gimnasio.

  En el terreno de educación es posible que ocurran retrocesos muy graves, por ejemplo que se nos quite la posibilidad de explicar la realidad de las personas LGBTQI+ en las escuelas. Para un adolescente o preadolescente LGBTQI+ es fundamental que alguien le diga que lo que le pasa no es frecuente, pero tampoco es anormal, y que puede ser feliz. Pero este mensaje lo están tratando de borrar.

  Incluso estructuras como las consejerías de igualdad, los organismos de igualdad de los gobiernos locales y regionales, en muchos sitios están desapareciendo o diluyéndose, rebautizados como “organismos de familia” cuando pasan a manos de la extrema derecha. Lógicamente, cuando las OSC del colectivo LGBTQI+ precisemos apoyo del Estado para nuestras campañas, la respuesta va a ser muy floja, si es que la hay.

  El movimiento LGBTQI+ ha impulsado importantes cambios legales. ¿De qué manera ha trabajado para conseguir el apoyo de la opinión pública?

  La mayoría de las organizaciones LGBTQI+ en España somos actores políticos y no solamente asistenciales. Hacemos incidencia con partidos, diputados y funcionarios. Pero en mi opinión, nuestra principal labor pasa por la creación de visibilidad.

  Los eventos del Orgullo que se celebran en España, pero especialmente los de Madrid, Barcelona y Valencia, nos dan una visibilidad que hace que el resto de la población se nos acerque. Ahora tenemos una senadora trans. Hacemos campañas en medios. Usamos en forma especialmente intensiva las redes sociales porque nos permiten dos cosas: una, llegar a las y los adolescentes y preadolescentes LGBTQI+; y dos, proyectar una imagen proactiva y positiva a toda la sociedad.

  Pero somos conscientes de que la visibilidad también nos expone. Todos los años tras los eventos del Orgullos hay una pareja de chicos que, al regresar de Chueca, el barrio donde se concentra el Orgullo de Madrid, a sus barrios a las afueras les pegan en cuanto salen del metro. Siempre pasa, porque vuelven del centro sintiéndose los reyes del mundo. Han estado felices, integrados, libres. En esa euforia no se dan cuenta de que han entrado en una zona peligrosa, donde el mensaje de odio ha calado hondo. Y en estos días hay menos reparo en insultarte. Hace unos años la gente no lo hacía o lo hacía por lo bajo, pero ahora están envalentonados, lo hacen como presumiendo.

  ¿Qué clase de vínculos mantienen con organizaciones LGBTQI+ a nivel internacional?

  A nivel nacional en España nos organizamos en la Federación Estatal, la cual mantiene relaciones con ILGA, la Asociación Internacional LGBTI. Varias organizaciones españolas también están muy enfocadas en América Latina y otros países de habla hispana como Guinea Ecuatorial. En esta excolonia española en África, por ejemplo, acaban de lanzar una campaña.

  Otra forma de colaboración pasa por el trabajo con personas migrantes LGBTQI+ procedentes de Latinoamérica. Los principales grupos de población extranjera en España son de Rumania, Marruecos y luego de Venezuela, Colombia y Ecuador. Somos un sitio de refugio. Es fácil culturalmente, y además muchos tienen antecedentes españoles, lo que les facilita la estancia y les puede incluso dar acceso a la nacionalidad. En esto desempeñamos un papel claro. De hecho, como nuestras webs están en español son muy fácilmente consultables por las organizaciones de Latinoamérica y nuestros mensajes les llegan sin ninguna barrera.

  Sin embargo, tal y como está la situación, es más usual que nosotros hagamos campaña para apoyar a otros, y no que otros nos apoyen a nosotros. En Europa, por ejemplo, somos uno de los países que está relativamente bien, por lo que parece lógico que el foco esté puesto en países como Hungría y Polonia. Pero en todo caso, trabajar a nivel europeo es lo más operativo para resistir frente a la reacción conservadora, para que los países que incumplan leyes o retiren derechos reciban la presión de la Unión Europea.

  ¿Cómo ves el futuro?

  Ahora mismo, en esta encrucijada, lo veo con temor. Fui adolescente en la época de la dictadura de Franco y lo viví con miedo. Ahora le temo a la idea de que podamos volver a eso.

  En las últimas décadas muchas personas nos han aceptado, pero no todas lo han hecho por las mismas razones. Mucha gente lo ha hecho porque no se atrevía a manifestar su rechazo, porque estaba mal visto. Pero ahora los sectores en que el rechazo está bien visto están creciendo.

  El otro día en un debate público a una chica trans miembro de un partido la llamaron “enferma crónica”. Los parlamentarios autonómicos se empeñan en dirigirse a las diputadas trans en masculino. Hasta hace poco quien pensaba estas cosas se las callaba porque no estaban bien vistas y se temía el rechazo social. Pero ahora hay un público envalentonado para expresar su odio. Y esto continuará al margen de lo que pase en las elecciones, porque los sectores que defienden el odio tienen una presencia pública que trasciende al parlamento. Por eso temo por el destino de las leyes igualitarias, pero más le temo a la calle.

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• GOBERNANZA GLOBAL: “El principal problema es que las palabras no se traducen en acciones concretas”

  

  CIVICUS conversa acerca de los desafíos de la gobernanza global con Carlos Quesada, fundador y director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza & Igualdad).

  Raza & Igualdad es una organización de la sociedad civil (OSC) internacional que trabaja con activistas y organizaciones de América Latina para promover y proteger los derechos humanos de las poblaciones en condiciones de marginación, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Lo hace mediante capacitación técnica, documentación de violaciones de derechos humanos y trabajo de incidencia a nivel nacional e internacional.

   

  ¿Qué oportunidades ofrece el actual sistema institucional de gobernanza global?

  El sistema actual ofrece oportunidades para trabajar por el mejoramiento de los estándares internacionales de protección y promoción de derechos humanos., que nosotros hemos aprovechado. Raza & Igualdad tuvo un rol clave, por ejemplo, en la definición de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, cuya aprobación se logró tras 13 años de trabajo con diversos países de la región.

  Trabajamos estrechamente con los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como la Asamblea General y el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. En el sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas, contribuimos a que nuestras contrapartes nacionales tengan influencia en los órganos de tratados, durante el proceso del Examen Periódico Universal de sus respectivos países y en sus interacciones con los Procedimientos Especiales, es decir, las Relatorías Especiales, los Grupos de Trabajo y los Expertos Independientes.

  Nuestra estrategia se centra en apoyar las luchas por los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI+, los niños y niñas y las personas afrodescendientes utilizando los órganos de tratados. De este modo logramos que nuestras recomendaciones se integren en las observaciones y conclusiones de los Estados miembros en organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de los Derechos del Niño.

  ¿Cuáles son los principales déficits del actual sistema de gobernanza global?

  Volviendo al ejemplo anterior, si bien logramos la aprobación de dos convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación, desgraciadamente solo seis países de las Américas han ratificado la CIRDI y uno de ellos, Brasil, ha emitido una reserva que limita su utilización a casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Apenas dos países del hemisferio han ratificado la Convención contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

  El principal déficit del sistema de gobernanza global radica en la falta de implementación de lo acordado. Existe una brecha entre las declaraciones y promesas públicas de los Estados en estas instancias y su verdadero compromiso de cumplimiento. A pesar de los avances, las palabras a menudo no se traducen en acciones concretas.

  Otro ejemplo de este déficit es la poca cantidad de sentencias de la Corte IDH que se cumplen al 100%. No hay un mecanismo que permita castigar a los países que incumplen las sentencias. Lo único positivo es que éstas no prescriben, por lo cual cabe esperar que ocurra un cambio de gobierno y que el nuevo gobierno se avenga a cumplirlas.

  El hecho de que las recomendaciones no sean vinculantes es un gran desafío tanto para el sistema interamericano como para el sistema universal y es un problema estructural fundamental desde su creación. Las sanciones deberían ser vinculantes, pero no lo son, y al final del día el proceso se convierte en un diálogo de buenas intenciones donde los Estados prometen cumplir las recomendaciones, pero en los hechos esto rara vez sucede.

  ¿Cómo cree que sería un sistema de gobernanza global más sólido, efectivo y democrático?

  El gran desafío para la sociedad civil radica en generar un efecto cascada desde lo local hasta lo internacional. Esto implica promover el fortalecimiento democrático a nivel local para que los principios democráticos se reflejen en diferentes espacios, incluso alcanzando instituciones internacionales como la OEA. Debería haber una participación política democrática real para que los Estados democráticos adopten un compromiso real de respetar, promover y sancionar las violaciones de derechos humanos.

  Este compromiso no debe ser meramente declarativo, sino que debe ser genuino e ir acompañado de un diálogo efectivo con la sociedad civil para avanzar en estándares de promoción y protección de los derechos humanos. Actualmente, tanto los Estados como las OSC nos caracterizamos por dar monólogos, pero no dialogamos entre nosotros. La sociedad civil utiliza estos espacios para hacer recomendaciones, pero a menudo carece de un interlocutor del otro lado. Los Estados, por su parte, emiten discursos para que el mundo los escuche, sin establecer una instancia real de diálogo. Es necesario avanzar hacia un modelo más participativo y colaborativo.

  ¿Qué reformas están impulsando?

  Desde Raza & Igualdad estamos impulsando la campaña CIRDI2024 con el objetivo de lograr la plena ratificación de la CIRDI, antes de que finalice el Decenio Internacional para los Afrodescendientes el próximo año. Nuestra meta es alcanzar las diez ratificaciones que hacen falta para poder crear un Comité Interamericano para prevenir y sancionar la discriminación racial en las Américas.

  También estamos participando, junto a otras OSC de las Américas, en diálogos sobre cómo mejorar la participación de la sociedad civil en los órganos políticos de la OEA. De esta manera buscamos transformar los monólogos actuales en auténticos diálogos entre la sociedad civil y los Estados. Queremos que estos diálogos sean reales, concretos y efectivos, promoviendo una colaboración más significativa.

  Además, impulsamos una campaña para que las sentencias de la Corte IDH sean vinculantes. Este paso es esencial para garantizar la protección y prevención de las violaciones de derechos humanos en las Américas. Estamos comprometidos con la generación de cambios significativos y concretos que refuercen los mecanismos de protección y promoción de derechos humanos.

   

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  Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación Horizon ENSURED, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de los mismos.

• GUATEMALA: “El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia”

  CIVICUS conversa con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), acerca de la inminente inauguración del nuevo presidente, a la que se llega tras 100 días de movilización en reclamo del respeto de la voluntad popular.

  Fundada en el año 2000, UDEFEGUA es una organización de la sociedad civil dedicada a documentar, verificar y registrar agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.

   

  ¿Cuál fue la relevancia de la elección de Bernardo Arévalo como presidente, y a qué se deben las enormes resistencias que ha enfrentado?

  El 29 de diciembre de 2023 se cumplieron 27 años de la firma de los acuerdos de paz que siguieron a los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala. Ese conflicto se cobró más de 200.000 víctimas directas y dejó secuelas enormes en la sociedad guatemalteca. Los acuerdos de paz establecían una agenda de transformación estructural para eliminar las causas del conflicto. En cambio, los últimos tres gobiernos – y en particular el del actual presidente, Alejandro Giammattei – no hicieron otra cosa que gestar una grave regresión autoritaria.

  Las elecciones presidenciales de junio y agosto de 2023 pretendían consolidar este retroceso autoritario y terminar de sepultar la agenda de la paz y la construcción democrática.

  En la primera vuelta de la elección presidencial compitieron más de 20 partidos, mayoritariamente de derecha y extrema derecha e identificados con los sectores que han capturado al Estado, es decir, muy vinculados a la élite económica, política y militar y al crimen organizado.

  El solo hecho de que se llevara a cabo la elección fue un hito en sí mismo. Que, además, el candidato ganador tuviera una clara perspectiva democrática y progresista lo hizo aún más remarcable. La victoria de Bernardo Arévalo representa el repudio de la sociedad a la élite política corrupta. Nos encontrábamos ante una encrucijada histórica, entre un pasado autoritario y un futuro posible de construcción de un Estado democrático.

  Ello explica las enormes resistencias que ha debido enfrentar el presidente electo. Bernardo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo luego de la revolución de octubre de 1944 y artífice de la llamada primavera democrática de esos años. Su legado sigue muy presente: fue entonces cuando el derecho del sufragio se amplió a las mujeres, se dictó el código de trabajo y se instituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, se transformó el Estado.

  Hoy cumplimos 79 años de estar dominados por grupos particulares interesados en mantener los privilegios de un pequeño segmento de la población, que se resisten a que un gobierno de este talante llegue al poder. Sin embargo, aunque muy poderosos, estos grupos son minoritarios y por fin da la impresión de que estarían comenzando a perder los privilegios de que han disfrutado siempre.

  ¿Ha estado en riesgo la democracia en Guatemala?

  Los últimos gobiernos han roto por completo la legalidad. El gobierno saliente prácticamente produjo un quiebre del estado de derecho. Un indicador de ello, que hemos identificado como parte del contexto de agresión a personas defensoras de derechos humanos, es la violación del principio republicano de independencia de poderes. Los tres órganos del Estado guatemalteco, ejecutivo, legislativo y judicial, fue capturados por elites mafiosas.

  Los repetidos intentos de violentar la voluntad popular expresada en las urnas no hicieron más que agravar la situación. El Ministerio Público y la Fiscalía han presionado al Tribunal Supremo Electoral para que revierta los resultados electorales, llevando a cabo cuatro allanamientos ilegales y arbitrarios contra el Tribunal.

  Es importante remarcar que misiones nacionales e internacionales de observación electoral, incluidas las de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, corroboraron la transparencia del proceso y afirmaron que las denuncias de fraude carecen de fundamentos.

  El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia, y frente a ello la ciudadanía se ha movilizado. A partir del 2 de octubre se convocó a un paro nacional por tiempo indefinido para exigir el respecto de la voluntad popular. El 9 de enero se cumplieron 100 días de resistencia pacífica, encabezada por los pueblos originarios e indígenas, en defensa de la democracia.

  ¿Cuáles fueron las particularidades de estas protestas?

  A las protestas convocadas por autoridades ancestrales indígenas de los pueblos originarios se han sumado numerosas expresiones ciudadanas espontáneas. En el pasado, las capas medias urbanas y mestizas se oponían a los procesos de movilización de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, en cambio, las protestas lideradas por los pueblos indígenas han sido acompañadas y legitimadas por amplios sectores de la sociedad. Este hecho rompió con una larga tradición de prejuicio y discriminación racial de la sociedad urbana y mestiza hacia los pueblos indígenas, y resultó en manifestaciones masivas y muy extendidas en el territorio nacional.

  Las protestas lograron aglutinar a los 23 pueblos que conforman Guatemala. Amplios sectores de la sociedad llevaron a cabo bloqueos de carreteras en los principales puntos de tránsito del país. El tránsito de alimentos y de servicios médicos o de asistencia no se vieron obstruidos, ya que los manifestantes les liberaron el paso.

  Los bloqueos fueron una manifestación de alegría ciudadana sin precedentes. La ciudadanía retomó y recuperó el espacio público, hubo bailes en las calles tomadas, juegos de fútbol, clases de yoga y de ajedrez.

  Una característica central de las protestas fue su carácter pacífico. Frente a las provocaciones de actores externos y de la policía nacional, la ciudadanía respondió con acciones no violentas. Durante 100 días mantuvo una concentración frente a la sede central del Ministerio Público. Los manifestantes no dejaron su lugar y continuaron reclamando la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por sus reiterados intentos de anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo.

  ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno?

  El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, tiene ante sí importantes retos. Aunque controlará el Poder Ejecutivo, el Legislativo sigue altamente capturado por las mafias. De 160 parlamentarios, alrededor de 130 pertenecen a grupos que integran lo que en Guatemala es popularmente conocido como el “pacto de corruptos”. Lo mismo sucede con el sistema de justicia.

  Bernardo Arévalo tiene el enorme reto de reconstruir la institucionalidad pública. La corrupción y la impunidad han llegado a niveles tales que servicios tan esenciales como sacar un documento de identidad se han convertido en un suplicio. Se debe reconstruir la infraestructura para que los ciudadanos podamos acceder de manera gratuita a servicios esenciales como la salud y la educación y se ponga freno a la larga lista de violaciones de derechos humanos que sufre la población guatemalteca.

  Otro gran reto es generar un proceso sistemático y permanente de diálogo con la sociedad civil. En particular, se debe dar reconocimiento a los pueblos indígenas, históricamente relegados y vulnerados por el Estado guatemalteco, como sujetos políticos centrales.

  El gobierno del Movimiento Semilla tendrá tan solo cuatro años para dar respuestas a estos desafíos. Esperamos que su mandato funcione como un período de transición que dé inicio a un largo período de gobiernos que respondan a los intereses de la mayoría de la población.

  ¿Qué cambios en la situación de las personas defensoras de derechos humanos cabe esperar a partir del cambio de gobierno?

  En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Defensor de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, iniciado a raíz del asesinato de un defensor en el año 2004. Nuestra petición a la Corte fue que se incluyera como medida de reparación la construcción de una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos. La Corte aceptó esta solicitud y la incluyó en su resolución, imponiendo cinco parámetros para el diseño de dicha política pública.

  Pero los esfuerzos de construcción de esta política quedaron truncos y al día de hoy solamente contamos con un documento borrador. Por lo tanto, será una responsabilidad central del nuevo gobierno culminar este proceso y comprometerse no solo a aprobar la política sino también a volcar los recursos necesarios para su implementación.

  Otra de sus responsabilidades en esta materia consistirá en impulsar una agenda legislativa para desmantelar toda la legislación criminalizadora que fue aprobada en los últimos años. Este proceso debe ir de la mano con un ejercicio activo de las instituciones encargadas de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

  ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar el proceso de construcción democrática en Guatemala?

  El riesgo de ruptura constitucional sigue presente. El nuevo gobierno deberá enfrentar a una de las oligarquías más conservadoras y atrasadas del continente, responsable del delito de genocidio. Quitarles sus privilegios a estos sectores no será tarea fácil.

  Por lo tanto, el continuo acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional serán sumamente necesarios. El intercambio de información y buenas prácticas, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la asistencia técnica serían formas cruciales de respaldo.

  El 14 de enero, fecha de la asunción presidencial, comienza un período de transición democrática que promete dejar atrás la corrupción y la ilegalidad. Tanto el nuevo gobierno como la sociedad civil guatemalteca necesitarán de todo el apoyo posible para conseguirlo.

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• HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”

  CIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

  ¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

  El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

  El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

  Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

  Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

  El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

  Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

  En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

  En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

  La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

  En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

  De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

  ¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

  Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

  Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

  En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

  El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

  Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

  Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

  ¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

  Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

  En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

  Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

  ¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

  A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

  En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

  La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

  Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

  ¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

  El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

  Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

  En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

  ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

  El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

  Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

  El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
  Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. 

• HONDURAS: “Exigimos justicia ambiental frente a intereses corruptos e insensibles a las necesidades locales”

  CIVICUS conversa acerca de la resistencia comunitaria contra megaproyectos mineros en Honduras con Juana Esquivel, representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El Comité integra organizaciones y comunidades locales que resisten contra proyectos extractivos que amenazan el medio ambiente y los bienes públicos y comunitarios.

  El 13 de junio un cabildo abierto convocado por la alcaldía de Tocoa aprobó una planta termoeléctrica de coque de petróleo, pese a que la comunidad local había presentado un recurso de amparo en su contra. Se teme que el proyecto provoque deforestación, sedimentación y contaminación del río Guapinol. Un conflicto similar tuvo lugar en 2014, cuando sin consultar a las comunidades las autoridades otorgaron permisos para una mina en un parque nacional protegido que afectaba a los ríos Guapinol y San Pedro. En respuesta a sus protestas pacíficas contra el proyecto, numerosos activistas fueron criminalizados y ocho de ellos permanecieron largo tiempo detenidos.

  ¿Por qué se oponen al proyecto de planta termoeléctrica en Tocoa?

  Rechazamos la planta termoeléctrica porque sus impactos sobre la salud humana y al medio ambiente serían devastadores. El hecho de que se encuentra a menos de 150 metros de algunas comunidades incrementa significativamente los riesgos. Pero éstos no se reflejan en los estudios deimpacto ambiental presentados por la empresa, que contienen errores intencionales que minimizan los daños reales del proyecto.

  La planta utilizaría PETCoke, una sustancia derivada del carbón y petróleo que no está regulada en Honduras para la producción de energía. Para funcionar, demandaría enormes cantidades de agua, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para las comunidades locales. Los residuos serían vertidos al río Guapinol, afectando gravemente la vida acuática y el ecosistema. Los estudios de la empresa afirman absurdamente que los peces del río se adaptarán a las aguas calientes provenientes de la planta.

  Nuestras demandas son claras: el proyecto no debe instalarse debido a sus graves impactos ambientales y de salud. Exigimos que se respeten nuestros derechos y se proteja nuestro entorno.

  ¿Por qué objetaron la convocatoria al cabildo abierto del 13 de junio?

  La sociedad civilobjetó el llamado debido a la historia de manipulación y falta de transparencia en la implementación de megaproyectos en el municipio. La planta termoeléctrica es parte de un megaproyecto, conocido como Los Pinares/Ecotek del grupo Emco Holdings, que tiene otros seis componentes: dos concesiones mineras en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera, una planta procesadora de óxido de hierro y tres concesiones de agua sobre los ríos Guapinol, Quebrada de Ceibita y San Pedro.

  El municipio emitió un documento falsificado afirmando que hizo una consulta ciudadana para validar el proyecto. Éste es presentado a la comunidad como una solución a sus problemas energéticos, cuando en realidad está diseñado para abastecer de energía a la planta procesadora de óxido de hierro y no a la comunidad.

  En diciembre de 2023 asistimos a uncabildo abierto en el que entre 2.500 y 3.000 personas manifestamos nuestro rechazo al proyecto. Al ver la oposición masiva, el alcalde suspendió el evento alegando razones de seguridad, y en enero convocó unilateralmente otro cabildo, sin el respaldo de las instituciones municipales, que fue suspendido por un recurso de amparo que interpusimos. Finalmente, en el cabildo del 13 de junio, el alcalde manipuló la situación, realizó el cabildo abierto con la oposición de la comunidad y solo escuchó a quienes apoyan el proyecto, que son representante de patronatos controlados por la empresa minera.

  ¿Cómo se ha organizado la comunidad contra este megaproyecto, y qué represalias ha enfrentado?

  Estamos luchando contra el megaproyecto Los Pinares/Ecotek desde 2014. Hemos realizado numerosas manifestaciones de rechazo, incluyendo asambleas populares permanentes frente a al municipio y protestas multitudinarias gracias a las cuales logramos que se declarara a Tocoa como un municipio libre de minería y se restituyera la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.

  En 2018 instalamos el campamentoPor el Agua y la Vida, que duró 88 días. Esta acción directa desencadenó una oleada de criminalización y persecución. Larepresión contra el activismo ambiental ha sido feroz, con 32 requerimientos fiscales y ocho compañeros que estuvieron encarcelados por casi tres años.

  Ha habido asesinatos de personas defensoras y se ha creado un clima de constante amenaza y hostigamiento. Cientos de familias han sido desplazadas por las amenazas y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y de grupos armados contratados por la empresa. 

  A pesar de estos desafíos, persistimos en nuestra lucha contra la corrupción y la violencia estatal y empresarial que afecta a nuestras comunidades desde hace más de una década.

  ¿Ha cumplido elgobierno dela presidentaXiomara Castro sus promesas en relación con Guapinol?

  La actuación del gobierno en relación con este tema ha sido negligente y ha exacerbado la polarización y la conflictividad. Aunque el gobierno ha hecho de Guapinol un tema central en su agenda política, la liberación de los defensores ambientales encarcelados ha sido el resultado de años de movilización y resistencia comunitaria más que de la intervención directa de las autoridades centrales.

  Persiste una deuda significativa del gobierno con Tocoa y Guapinol: la cancelación completa del megaproyecto Los Pinares/Ecotek. En febrero de 2024 se emitió un decreto para proteger áreas del Parque Nacional Carlos Escalera, pero es crucial asegurar su implementación efectiva y la reparación de los daños ambientales ya causados.

  La comunidad sigue vigilante y activa, exigiendo justicia ambiental y la preservación de sus recursos naturales frente a intereses económicos y políticos corruptos e insensibles a las necesidades locales.

  El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@guapinolre en Twitter.

• Il faut renouveler le mandat de la Commission sur les droits de l’homme au Soudan du Sud

  À l’attention des Représentants permanents des États Membres et Observateurs du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Genève (Suisse)

• INDIA: “Las organizaciones de la sociedad civil que se atreven a decirle la verdad al poder son atacadas”

  CIVICUS habla con la abogada e investigadora de derechos humanos Mrinal Sharma acerca del estado de las libertades cívicas en India. Mrinal trabaja ayudando a personas defensoras de derechos humanos ilegalmente detenidas y a solicitantes de asilo, refugiados y apátridas en India. Trabajó como Asesora de Políticsa en Amnistía Internacional India hasta que el gobierno de este país obligó a la organización a cerrar en octubre de 2020. Su trabajo con Amnistía se enfocó en las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en Assam, en las barreras para el acceso a la justicia en Cachemira y en la demonización de las minorías en toda India. Mrinal había trabajado anteriormente en la Commonwealth Human Rights Initiative y en la Refugee Solidarity Network.

  ¿Se están volviendo más restrictivas las condiciones para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi?

  Ciertamente, el espacio cívico en la India ha experimentado un deterioro gradual bajo el gobierno de Modi. El 90% de los delitos de odio perpetrados en la última década se produjeron después de 2014, es decir, durante el gobierno de Modi. Según la base de datos sobre sedición de Artículo 14, desde 2010 11.000 personas han sido acusadas de sedición en la India. El 96% de los casos de sedición iniciados desde 2010 por criticar al gobierno nacional y a sus líderes fueron iniciados durante el gobierno de Modi. La India no es ajena a la tendencia al bloqueo deliberado del acceso a internet y ostenta el récord de haber impuesto el mayor número de bloqueos de internet en todo el mundo. Según el Internet Shutdown Tracker del Software Freedom Legal Centre, la cantidad de bloqueos de internet ha aumentado constantemente desde 2014. Estos alcanzaron su punto máximo en 2019, lo cual dio cuenta del prolongado apagón de las comunicaciones impuesto por el gobierno indio en Jammu y Cachemira. Además, entre 2012 y 2020, 148 de los 385 bloqueos de internet fueron impuestos para contener “situaciones de orden público” en curso, un eufemismo que suele utilizarse en referencia a las protestas pacíficas. Estos datos indican la magnitud de las restricciones impuestas sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en la India.

  Además, el uso de leyes restrictivas tales como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Pública y otras leyes de detención preventiva para frenar las protestas contra las políticas discriminatorias del gobierno también se ha convertido en algo habitual. Ni siquiera esta virulenta pandemia ha disuadido al gobierno indio de detener o mantener detenidas a personas defensoras de derechos humanos de avanzada edad o en mal estado de salud, a pesar de la situación de hacinamiento en las cárceles. En julio de 2020, Varavara Rao, un poeta y activista de 81 años que fue acusado en virtud de la UAPA por su presunta participación en actos de violencia ocurridos durante las celebraciones de Bhima Koregaon en 2018, dio positivo para el COVID-19 mientras estaba detenido en una prisión superpoblada de Maharashtra. Tras pasar más de dos años y medio detenido a la espera de juicio y de realizar múltiples intentos fallidos para obtener la libertad bajo fianza, recientemente fue puesto en libertad por seis meses en consideración de su precario estado de salud. Del mismo modo, Safoora Zargar, una investigadora académica que estaba embarazada de tres meses fue acusada bajo la UAPA y detenida en otra prisión superpoblada de Delhi por protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA). Fue necesario llevar a cabo una intensa campaña pública internacional, nacional y local para que fuera puesta en libertad bajo fianza. Muchos estudiantes siguen detenidos.

  La pandemia ha sido utilizada para activar leyes draconianas de “emergencia”. Estas leyes otorgan amplios poderes al gobierno para detener y encarcelar a cualquiera que infrinja el confinamiento punitivo impuesto para frenar la propagación del virus. Estas leyes fueron aplicadas en forma arbitraria contra periodistas, trabajadores esenciales y personas pertenecientes a grupos excluidos. Algunos fueron incluso torturados y asesinados mientras estaban bajo custodia policial. Según un informe reciente del Proyecto de Justicia Penal y Responsabilidad Policial, la mayoría de los informes contravencionales elevados durante el confinamiento en el estado de Madhya Pradesh fueron contra peatones, y en particular contra vendedores ambulantes y personas en vehículos de dos ruedas, lo cual dejó en evidencia la aplicación discriminatoria de las leyes de emergencia.

  Cabe señalar que la aplicación de estas leyes es un hilo conductor que une a sucesivos gobiernos. La mayoría de estas leyes fueron aprobadas por el gobierno anterior; el gobierno actual simplemente las ha utilizado para atacar a grupos sociales específicos.

  ¿Cuáles son los principales motivos que dan cuenta de los ataques contra activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC)?

  La sociedad civil desempeña un rol muy importante a la hora de acortar distancias entre derechos y derechohabientes. Al hacer ese trabajo, también comprende los defectos de los sistemas sociales y económicos y tiene poder para cambiar el statu quo exigiendo el fin de las desigualdades y desmantelando las estructuras de poder existentes, cosa que ha hecho con éxito en el pasado. Los líderes políticos demonizan a las OSC, desacreditan su trabajo y experiencia y las convierten en chivos expiatorios en función de sus creencias políticas para adquirir poder y beneficiarse políticamente.

  Estos constantes ataques adoptan la forma de restricciones ilegales y uso de términos vagos e imprecisos para describir a las personas defensoras de derechos humanos, a los manifestantes pacíficos y a sus motivaciones, y así moldear a la opinión pública. Entre esos términos se cuentan los de “antinacional”, “naxal urbano” y el más reciente “aandolanjivis” (manifestantes profesionales). Las OSC también son descritas como portadoras de una “ideología extranjera destructiva”, como una elite corrupta y como ese “otro” que trabaja contra el pueblo, mientras que quienes lideran esta demonización son presentados como representantes de ese “pueblo”. Esto aviva aún más las hostilidades entre grupos sociales, distrae al público de las verdaderas taras de la sociedad y habilita la adopción de políticas discriminatorias. Además, la restricción selectiva del derecho de las personas a las libertades de expresión y asociación con el objeto de silenciar las críticas y perpetuar la narrativa del gobierno también conduce efectivamente a la polarización, que es un terreno fértil para promover agendas políticas estrechas.

  ¿Qué cuestiones de derechos humanos son las que más preocupan a Amnistía Internacional en la India?

  La flagrante criminalización del disenso en la India sigue siendo muy preocupante. Las interrupciones masivas de Internet, el uso excesivo, innecesario y a menudo ilegal de la fuerza por parte de la policía y las detenciones ilegales en virtud de las leyes antiterroristas se han convertido en algo demasiado habitual. Dan prueba de ello la respuesta de mano dura del gobierno frente a las protestas pacíficas contra la decisión unilateral de despojar a Jammu y Cachemira de su autonomía constitucionalmente garantizada, en medio de un apagón total de las comunicaciones, la promulgación de la discriminatoria CAA y, más recientemente, la aprobación de tres leyes agrícolas que pretenden desregular la agricultura en la India.

  Desde septiembre de 2020, más de 160 agricultores han muerto mientras protestaban pacíficamente contra las leyes agrícolas. Muchos jóvenes activistas que apoyan a los agricultores están detenidos bajo cargos de sedición. Al menos 50 personas murieron en los disturbios que estallaron en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Además, la burbuja de noticias falsas y desinformación facilitada por los modelos de negocios de las grandes empresas tecnológicas, que están basados en la vigilancia, combinada con marcos débiles para la protección de los datos, alimenta constantemente la política de demonización en la India.

  También son preocupantes las represalias del Estado contra quienes denuncian violaciones y delitos de casta, así como la impunidad generalizada por los asesinatos y ataques contra minorías religiosas perpetrados por turbas de civiles armados y policías. A modo de ejemplo, a pesar de las pruebas irrefutables, grabadas en video, que muestran la complicidad de agentes de policía en los disturbios producidos en el noreste de Delhi en febrero de 2020, hasta ahora no hay ningún policía procesado. Al mismo tiempo que se ignoran sistemáticamente la violencia y el discurso de odio de los partidarios de la CAA, los manifestantes contrarios a la CAA siguen siendo acosados e intimidados por el gobierno.

  ¿Podría contarnos acerca de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (FCRA) y su impacto sobre la sociedad civil?

  La FCRA regula las donaciones extranjeras en la India. Ostensiblemente, fue promulgada para regular las donaciones extranjeras a los partidos políticos y controlar la influencia extranjera en las elecciones indias. Enmendada en múltiples ocasiones desde su aprobación en 2010, se ha convertido en un arma eficaz en manos del gobierno para sofocar a la sociedad civil india. Su versión más reciente impone restricciones discriminatorias al acceso de las OSC a financiamiento, imponiendo procedimientos de autorización onerosos, altamente burocráticos y difíciles de realizar. Desde 2011, según lo admite el propio gobierno, se han cancelado las licencias de más de 20.000 OSC. Las organizaciones que se atreven a decirle la verdad al poder o a cuestionar las violaciones de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional India, son atacadas con la FCRA mediante acusaciones motivadas políticamente.

  La última modificación de la FCRA, aprobada en plena pandemia, ha ahogado aún más a la sociedad civil. Prohíbe que los funcionarios públicos reciban fondos extranjeros; prohíbe la transferencia de fondos extranjeros de una organización o individuo a otro, más allá de que cuenten con licencia bajo la FCRA; reduce el límite de utilización del rubro de “gastos administrativos” del 50% al 20%; amplía el periodo de suspensión de la licencia para OSC otorgada por la FCRA de 180 días a un año; y establece que las contribuciones extranjeras solo pueden ser recibidas mediante una cuenta bancaria de la OSC marcada por la FCRA en una sucursal designada del banco estatal situada en Delhi.

  Estas enmiendas estigmatizarán efectivamente la asociación de funcionarios públicos con organizaciones sin fines de lucro, ahogarán las colaboraciones entre OSC y, en particular, aquellas que involucren a OSC más pequeñas y de base, reducirán los fondos asignados para pagar sueldos del personal y realizar proyectos en el terreno que conlleven gastos de viaje, y privarán a las OSC de fondos hasta que el gobierno complete su investigación por presuntas violaciones a la FCRA. También obstaculizarán el trabajo de las OSC que tienen su sede fuera de Nueva Delhi, que constituyen aproximadamente el 93% de s las OSC registradas en la India, ya que imponen innecesarios gastos de viaje, los cuales además se contarían dentro del límite de 20% para gastos administrativos.

  El gobierno tiene la obligación de justificar la imposición de estas estrictas restricciones y la vulneración de los derechos humanos de las personas y organizaciones a asociarse y expresarse libremente. Tiene que demostrar que estas restricciones son realmente legítimas, razonables y proporcionales al daño que buscan evitar, pero no lo ha hecho. De hecho, hizo caso omiso de los reclamos de la sociedad civil para que el proyecto de ley fuera sometido a un comité de personas expertas para generar mayor debate antes de su aprobación. El debate en el Parlamento también fue mínimo.

  La FCRA y sus enmiendas más recientes han sido muy criticadas por la comunidad internacional, y por personalidades como Maina Kiai, ex Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, por ser demasiado amplias y vagas. Pero el gobierno no ha hecho caso. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha pedido explicaciones por la cancelación masiva de licencias de la FCRA para las OSC.

  Paradójicamente, los partidos políticos siguen recibiendo fondos extranjeros, lo cual antes estaba prohibido, y lo hacen con mínimas restricciones. De hecho, a pesar de que los partidos políticos violan recurrentemente la FCRA, ahora no solamente les resulta más fácil recibir fondos, sino que además el proceso se ha vuelto mucho más opaco. A modo de ejemplo, en 2014 el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que el partido gobernante, Bharatiya Janata, y el Congreso Nacional Indio habían violado la FCRA al aceptar fondos extranjeros. En 2016 y luego en 2018, el gobierno indio modificó la FCRA para legalizar el financiamiento extranjero para los partidos políticos y eximir a éstos del escrutinio no solo de los fondos que les llegaran en el futuro, sino también de los que ya les habían sido donados en el pasado. En diciembre de 2020, la Comisión Central de Información, a cargo de la implementación de la Ley de Derecho a la Información de 2005, dictaminó que la revelación pública de la identidad de los donantes de los partidos políticos no sirve a ningún interés público, y por lo tanto no es necesaria.

  Esta clara diferencia entre el trato que reciben los partidos políticos y las OSC debería bastar para entender las turbias motivaciones subyacentes a la FCRA.

  ¿Por qué Amnistía India fue obligada a cerrar, y cuáles han sido las consecuencias?

  Amnistía Internacional India se vio obligada a cerrar como represalia por la publicación de dos informes críticos que ponían de manifiesto la situación de derechos humanos en Cachemira y destacaban el papel de la policía de Delhi en los disturbios que tuvieron lugar en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Poco después de que publicara estos informes, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. El gobierno no proporcionó ninguna advertencia ni aviso previo, ni ofreció ninguna razón para congelar las cuentas bancarias. Al no poder acceder a los fondos que había recaudado localmente, a partir de contribuciones de la ciudadanía india, Amnistía Internacional India se vio obligada a suspender todas sus actividades y a despedir a todo su personal.

  Para Amnistía Internacional India el acoso y la intimidación a causa de su trabajo de derechos humanos no era ninguna novedad. Desde 2016 enfrentaba una incesante campaña de desprestigio por parte del gobierno y de los medios de comunicación afines al gobierno. En 2018 soportó un allanamiento de 10 horas de duración por parte de la Dirección de Ejecución, tras el cual se vio obligada a despedir a varios miembros de su personal, lo cual afectó negativamente a su trabajo en la India, y en particular a su labor con comunidades excluidas. Aunque los tribunales emitieron una medida cautelar en favor de la organización, su buen funcionamiento se vio dificultado por la persecución mediática y la reducción de sus capacidades. Es importante señalar que hasta el día de hoy no se han presentado acusaciones formales contra la organización. Un año después, en noviembre de 2019, en medio de rumores de la inminente detención de sus altos funcionarios, las oficinas de Amnistía Internacional India y la residencia de uno de sus directores volvieron sufrir allanamientos, esta vez por parte de la Oficina Central de Investigación, la principal agencia de investigación del país, dependiente del gobierno central. Sin embargo, la organización siguió trabajando, desafiando estos ataques contra ella y sus empleados.

  Pero esta vez los ataques fueron más encarnizados. El impacto inmediato del cierre ha recaído sobre el personal de Amnistía Internacional India -investigadores, responsables de campañas, recaudadores de fondos-, que perdieron sus empleos de la noche a la mañana sin recibir ninguna indemnización, en el contexto de una recesión económica que se ha visto agravada por la pandemia. Los grandes proyectos de investigación y las campañas que llevaba a cabo Amnistía Internacional India se han paralizado. Habría que dejarle en claro al gobierno indio que, con la excusa de sujetar a controles a una supuesta “entidad extranjera”, todo lo que ha hecho es privar de sus medios de vida a muchos de sus propios ciudadanos. Y, lo que es aún más importante, ahora hay una voz menos exigiendo al gobierno indio que rinda cuentas de sus excesos y su inacción.

  ¿Hay otras organizaciones de derechos humanos que estén enfrentando desafíos similares?

  Varias OSC que han cuestionado o criticado las políticas del gobierno han enfrentado desafíos similares en relación con la FCRA. People’s Watch, Indian Social Action Forum, Hazards Centre, Greenpeace India, Sabrang Trust, Navsarjan Trust, Act Now for Harmony and Democracy, Indian Social Action Forum y Lawyers Collective son algunos de los grupos que han recibido acusaciones motivadas políticamente en virtud de la FCRA. Esto no es un accidente. Existe un patrón deliberado de silenciamiento de los grupos de derechos humanos mediante su trato como empresas criminales y la presentación de los disidentes como delincuentes. Lawyers Collective, por ejemplo, ha trabajado ampliamente con las víctimas de los ataques contra musulmanes de 2002 en Gujarat. People’s Watch ha hecho activamente campaña contra los abusos contra personas detenidas. Greenpeace India ha estado a la vanguardia de la lucha por el derecho a la tierra y contra el cambio climático y el impacto medioambiental de la minería del carbón.

  Además de la FCRA, otras leyes draconianas contribuyen a crear un entorno incapacitante para la labor de derechos humanos en India. Entre ellas están la UAPA, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional. Anunciadas como leyes antiterroristas o leyes que castigan “delitos contra el Estado”, han creado un sistema de impunidad y constituyen herramientas eficaces para mantener a la gente en la cárcel durante períodos prolongados. El índice de condenas en virtud de estas leyes es realmente bajo. Según la Oficina Nacional de Registros de Delitos, en 2018 más del 93% de los casos iniciados bajo la UAPA seguían pendientes de tratamiento en los tribunales, mientras que la tasa de condenas en virtud de la UAPA era de apenas 27%. Desde 2016, solo siete casos de sedición han terminado en condena. Según una investigación anterior de Amnistía Internacional India, alrededor del 58% de las órdenes de detención dictadas entre 2007 y 2016 en virtud de la Ley de Seguridad Pública, que se aplica en Jammu y Cachemira y permite la detención administrativa sin acusaciones ni juicio, fueron anuladas por el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira. Entre marzo de 2016 y julio de 2017, el 81% de las órdenes de detención fueron anuladas. Esto demuestra que estas leyes son utilizadas para privar a las personas de su libertad de movimiento y de expresión durante el tiempo en que sus casos avanzan en los tribunales.

  ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos de derechos humanos y ampliar el espacio cívico en la India?

  En términos generales, la comunidad internacional debe amplificar las voces de quienes están al frente de la lucha contra las violaciones de derechos humanos en la India. Al mismo tiempo, debe dejar de asumir una posición moral elevada y desestimar las preocupaciones de la gente, reales o proyectadas, sobre la seguridad, el bienestar y el desarrollo. En cambio, debe centrarse en combatir el discurso que transforma a la sociedad civil en un “otro” rechazado y proyectar una visión de un mundo más justo, sostenible y equitativo – un mundo no puede lograrse en ausencia de una sociedad civil robusta que trabaje sin descanso para la gente a lo largo y a lo ancho del país. También debe mantenerse más cerca de las comunidades locales.

  En concreto, debe lograr que el Estado indio se responsabilice por todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha respaldado y aprobado y en las que se basa, mientras pelea por tener un lugar más importante en la mesa. Han pasado 24 años desde que India presentó al Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Estado parte. La CNDH, el principal órgano de vigilancia de los derechos humanos de la India, no alcanza los niveles mínimos establecidos por los Principios de París para las instituciones nacionales de derechos humanos, pero sigue manteniendo una acreditación de categoría A y, por lo tanto, puede participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La comunidad internacional debe exigir sistemáticamente la reforma de la CNDH y exigirle que rinda cuentas de la disminución de la protección de que gozan las personas defensoras de derechos humanos en la India. Los grupos de derechos humanos deberían poder confiar plenamente en las instituciones de derechos humanos de su país.

  El espacio cívico en India es calificado de “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• INDONESIA: “Los activistas independentistas pacíficos corren el riesgo de ser considerados terroristas”

  CIVICUS conversa con Samuel Awom, coordinador del grupo de derechos humanos KontraS Papúa, que monitorea violaciones de derechos humanos, realiza trabajo de incidencia en favor de las víctimas y trabaja por la paz en Papúa. KontraS Papúa tiene su sede en Jayapura, la capital de Papúa, y monitorea la situación de derechos humanos en toda la región de Papúa.

• JAPÓN: ‘La vulnerabilidad de las personas en situación de calle es el resultado de la exclusión incorporada en la sociedad contemporánea’

  CIVICUS conversa con CIVICUS Tsubasa Yuki, del Centro de Apoyo Moyai para la Vida Independiente (Moyai Support Centre for Independent Living) sobre la situación de las personas en situación de calle durante la pandemia del COVID19 en Japón. Fundado en 2001, el Centro de Apoyo Moyai apoya a personas en situación de calle creando un espacio comunitario y proporcionando asesoramiento y garantías de alquiler para quienes buscan vivienda.

  En Japón es ilegal pedir dinero en la calle y hay poca simpatía hacia las personas sin hogar, que a menudo son vistas en forma estereotipada, como personas que huyen de deudas de juego. En Tokio, los preparativos para los juegos Olímpicos, originalmente planeados para 2020 pero ahora postergados para 2021, resultaron en el desmantelamiento de las carpas de personas en situación de calle ubicadas cerca de estaciones de trenes y parques. En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Centro de Apoyo Moyai lanzó un petitorio en línea para pedir autorización a los organizadores de las Olimpíadas de Tokio y al gobierno de la ciudad para usar la Villa Olímpica como refugio para personas en situación de calle.

• Liberar a defensores de derechos humanos encarcelados en todo el mundo

  Por Mandeep Tiwana, Director de Programas en CIVICUS y Benjamin Tonga, Coordinador de la campaña #StandAsMyWitness en CIVICUS

  El próximo 18 de julio, Día de Mandela, es un buen momento para redoblar los esfuerzos por la libertad de los activistas de derechos humanos actualmente en prisión en todo el planeta.

  Lee el artículo completo: Democracia abierta

• Llamamiento a revocar la decisión de suspender la financiación a 11 OSC palestinas e israelíes

  Arábica

  Sr. Ignazio Cassis 

  Departamento de Asuntos Exteriores 

  Suiza

  Palacio Federal Oeste

  3003 Berna

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  Estimado Sr. Cassis,

  En nuestra calidad de representantes de organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones del mundo, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por la decisión adoptada recientemente por el gobierno de Suiza de suspender los fondos esenciales destinados a las organizaciones de derechos humanos en Palestina. Consideramos que el momento en que se ha tomado esta decisión es alarmante, ya que se produce en un momento en que estas organizaciones son sumamente necesarias para proporcionar una ayuda esencial. Nos alarman las posibles consecuencias de esta decisión y el impacto que puede tener en la población palestina, que depende de la inestimable labor de estas organizaciones.

  Estos grupos brindan un apoyo imprescindible a las personas que defienden los derechos humanos, especialmente a las mujeres, además de defender los principios del Estado de derecho y la justicia social. Desempeñan un papel fundamental a la hora de reunir recursos para la sociedad civil y garantizar que las preocupaciones de la comunidad se integren en el proceso de elaboración de políticas públicas.

  Precisamente en un momento en que casi 10.000 palestinos, entre ellos más de 4.000 niños, han sido trágicamente asesinados en la Franja de Gaza, donde se ha restringido el acceso a artículos de primera necesidad como agua, alimentos, medicinas y combustible, la suspensión de la financiación de los grupos de derechos humanos agrava la crisis humanitaria que tenemos ante nosotros. Teniendo en cuenta que en Gaza hay casi 25.000 personas heridas y 1,5 millones de desplazados forzosos, es crucial subrayar que esta cuestión trasciende la toma de partido en el conflicto, se trata de un problema de derechos humanos de primera magnitud con implicaciones de largo alcance cuya solución puede llevar años. 

  Los Principios Generales sobre la Protección del Espacio Cívico y los Derechos de Acceso a los Recursos afirman: 

  "El ejercicio del derecho a la libertad de asociación se ve gravemente limitado y anulado si se restringe el acceso a los recursos, como demuestra la disminución del número de asociaciones, la reducción de las actividades o la supresión de otras asociaciones". 

  La Unión Europea y diversos Estados, como Alemania, Dinamarca y Suecia, están volviendo a considerar su apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil palestina e israelí. Esta reconsideración se produce en un periodo en el que los servicios esenciales están desbordados y, lo que es más angustioso, más del 73% de las víctimas en Gaza son mujeres y niños.

  Aunque reconocemos la importancia de garantizar que las organizaciones de la sociedad civil actúen en consonancia con las estrategias nacionales y las exigencias de los donantes, consideramos profundamente problemática la decisión de su gobierno de examinar y evaluar el cumplimiento de los criterios de conducta y antidiscriminación del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) por parte de colaboradores externos. El motivo de nuestra preocupación es que para incontables personas, por no decir una multitud, que dependen de la ayuda de primera necesidad que ofrecen los grupos de derechos humanos que se ven afectados, las consecuencias podrían ser una cuestión de supervivencia.

  El gobierno de Suiza ha adquirido reputación por sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos y la sociedad civil, de acuerdo con sus compromisos recogidos en las Directrices para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y las Directrices de la Unión Europea sobre los Defensores de los Derechos Humanos. No obstante, la decisión de detener el apoyo esencial a estas organizaciones, precisamente cuando sus voces son más críticas, podría transmitir un mensaje alarmante para los regímenes autoritarios de todo el mundo. Estos regímenes a menudo imponen limitaciones al espacio cívico y a la financiación de la sociedad civil, y atacan a quienes defienden los derechos humanos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Está Suiza recurriendo inadvertidamente a una forma de "castigo colectivo"?" ¿Está Suiza contribuyendo voluntariamente a reducir el espacio de la sociedad civil? 

  Teniendo todo esto en cuenta, hacemos un llamamiento urgente a su gobierno para que:

  • Reconsidere su decisión sin demora, ajustándola a las obligaciones internacionales en materia humanitaria y de derechos humanos.
  • Retire todas las restricciones impuestas a las 11 organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes afectadas por esta decisión.
  • Reanude las operaciones de financiación para estas organizaciones afectadas.
  • Aumente el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que operan en zonas afectadas por conflictos, optimizando así la respuesta humanitaria.

  Cc

  Embajadas de Suiza 

  Organizaciones firmantes:

  1. Aalem for Orphans and Vulnerable Children, Inc
  2. Arab NGO Network for Development (ANND)
  3. Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
  4. CIVICUS
  5. Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations (CEHRO)
  6. CSYM HUDUMA CHRISTIAN SPIRITUAL YOUTH MINISTRY YLO TANZANIA 🇹🇿
  7. Human Rights & Democracy Media Center “SHAMS”
  8. Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay
  9. JOINT Liga de ONGs em Moçambique
  10. Local Communities Organization - Palestine
  11. Network of Estonian Non-profit Organizations
  12. NGO Information and Support Centre, Lithuania
  13. Pakistan Development Alliance
  14. Pakistan NGOs Forum
  15. Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad)
  16. Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil, SINERGIA.
  17. Tanzania Association of Non-Governmental Organisations (TANGO)
  18. UNión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)

  * Photo: UN Photo / Jean-Marc Ferré

• MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’

  

  CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.

  NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.

  Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personastrabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamientoy deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Uninforme sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.

  ¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?

  En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.

  Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.

  También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

  En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.

  ¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?

  Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.

  El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.

  Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.

  También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.

  La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.

  ¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?

  Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

  Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita,y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

  Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

  Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.

  También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.

  Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.

  Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.

  ¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?

  Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.

  ¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?

  Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.

  Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.

  Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.

  Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.

  El espacio cívico enMalasia es clasificado como obstruido por elCIVICUS Monitor

  Contáctese con la Iniciativa Norte Sur a través de susitio web o a través de su perfil deFacebook, y siga a@nsinitiative11 en Twitter.

• MALASIA: “El gobierno debería haber asistido a los refugiados durante la pandemia”

  CIVICUS conversa con Htoon Htoon Oo, refugiado y activista de Myanmar, actualmente residente en Malasia. En 2007 era estudiante de Química en la Universidad de Yangon Oriental y, en calidad de activista, participó en la llamada Revolución Azafrán, una serie de protestas desencadenadas por un aumento de los precios del combustible en 2007, las cuales fueron duramente reprimidas. También estuvo activo durante la transición de Myanmar de la dictadura militar a un gobierno cuasi civil en 2010.

  Consciente de estar bajo la vigilancia del Estado y temiendo que sus familiares y seres queridos sufrieran represalias y acoso a causa de su activismo, huyó de Myanmar en 2011 y desde entonces vive como refugiado en Malasia.

  

  ¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en Malasia?

  La vida de las personas refugiadas de Myanmar en Malasia sigue siendo difícil, ya que supone diversas luchas y sufrimientos. A menudo nos sentimos indefensos, desesperados y desprotegidos. En mayo de 2021, había unas 179.570 personas refugiadas y solicitantes de asilo registradas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Malasia. La mayoría -un total de 154.840- procedían de Myanmar, incluidas unas 102.950 de etnia rohingya, 22.490 de etnia china y 29.400 de otros grupos étnicos que huían de la persecución o de zonas afectadas por el conflicto.

  Malasia aún no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La ausencia de un marco legal para reconocer a las personas refugiadas y solicitantes de asilo ha creado condiciones problemáticas y de explotación porque las personas refugiadas y solicitantes de asilo carecemos de derechos formales para trabajar, no tenemos estatus legal y seguimos corriendo el riesgo de ser arrestadas, detenidas y devueltas, y no nos beneficiamos de ninguna protección legal.

  También tenemos libertades cívicas limitadas. Aunque hay muchas organizaciones de personas refugiadas de diversos orígenes, a la hora de expresar nuestras preocupaciones y organizar nuestras luchas, la realidad es que no podemos hacerlo libremente. Existe un temor común entre las personas refugiadas respecto de las consecuencias de hablar sobre nuestras luchas, expresar nuestras preocupaciones y reclamar por nuestros derechos.

  Por ejemplo, según el artículo 4(a) de la Ley de Reuniones Pacíficas, el derecho a manifestarse pacíficamente está reservado exclusivamente a quienes tienen ciudadanía malaya. Además, en Malasia hay muchas leyes que tienen un efecto amedrentador que evita que las personas refugiadas se manifiesten, tales como la Ley de Inmigración, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, así como a los refugiados, dado que no estamos reconocidos por la ley. La Ley de Inmigración también expone a las personas refugiadas a severas formas de castigo, como la flagelación. La falta de reconocimiento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Malasia nos expone a la detención, a la cárcel y a diversos abusos.

  ¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas refugiadas en el marco de la pandemia?

  Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en Malasia, en marzo de 2020, las personas refugiadas han enfrentado numerosas dificultades. El confinamiento, conocido como Orden de Control de Movimientos (OCM), que se implementó en todo el país, ha tenido un gran impacto sobre los refugiados.

  Aunque según la legislación malaya no pueden trabajar, algunas personas refugiadas buscan trabajos informales para sobrevivir. Durante la pandemia, hemos visto casos de empleadores que obligan a personas refugiadas a trabajar por salarios inferiores a los normales o a tomar licencias no remuneradas o a renunciar solamente por su condición de refugiados. Muchas personas refugiadas han perdido sus empleos debido a la pandemia. Nada nos protege de estos abusos.

  Durante la pandemia también hemos temido por nuestra seguridad porque ha habido varios casos de personas refugiadas que han sido blanco de la policía y de los funcionarios de inmigración debido a la falta de políticas claras y de conciencia de lo que es un refugiado entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Algunas personas refugiadas fueron multadas por la policía, y algunas incluso permanecieron detenidas en comisarías durante varios días.

  También hay quienes nos tachan de inmigrantes ilegales aunque tengamos tarjetas o documentos completos y auténticos del ACNUR que nos acreditan como refugiados.

  La mayoría de las personas refugiadas que enfrentan estas dificultades también hacen frente a la depresión y están mentalmente agotadas de tanto pensar en cómo sobrevivir y mantenerse a salvo.

  ¿Han recibido las personas refugiadas algún tipo de apoyo del gobierno malayo o del ACNUR durante la pandemia?

  No hemos recibido ningún apoyo del gobierno de Malasia; más bien hemos experimentado más redadas y mayores restricciones. Esto es lo contrario de lo que debería haber ocurrido: deberían habernos facilitado el acceso a información sobre tratamientos y pruebas de diagnóstico del COVID-19 y debería haber habido otros programas de apoyo para refugiados durante la pandemia.

  En cambio, en mayo de 2020 el departamento de inmigración y la policía de Malasia llevaron a cabo redadas de inmigración en Kuala Lumpur. Mientras que las personas inscritas en el ACNUR se libraron en gran medida de ser detenidas, las personas solicitantes de asilo no inscriptas fueron detenidas junto con los trabajadores migrantes indocumentados. Además, algunas quedaron atrapadas en zonas bajo confinamiento estricto, rodeadas de alambre de púa, donde se prohibía a los residentes salir de sus casas, lo que hizo que la situación fuera muy difícil. Muchos de nosotros no nos hemos recuperado de esto.

  Durante la pandemia también ha habido en internet una oleada de discurso de odio hacia las personas refugiadas, y en particular hacia las rohingya, acompañada de anuncios y políticas gubernamentales hostiles hacia las personas migrantes y refugiadas.

  El ACNUR envió mensajes directos a aquellas personas refugiadas cuyos documentos habían caducado, informándoles que seguirían siendo válidos hasta que el ACNUR pudiera reanudar sus operaciones normales, interrumpidas por la pandemia. Sin embargo, esto no supuso ninguna diferencia para la autoridad de aplicación de la ley, y muchas personas han sido multadas e incluso detenidas.

  ¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en materia de acceso a la vacuna contra la COVID-19?

  El gobierno de Malasia ha alentado a las personas refugiadas a inscribirse para la vacunación, pero no ha proporcionado información clara, y los sistemas existentes no son accesibles para las personas refugiadas.

  Por ejemplo, la inscripción para la vacunación exige documentos específicos. El sistema exige a refugiados y solicitantes de asilo que introduzcan un documento de identidad o número de pasaporte, dos documentos a los que no tenemos acceso. El sistema debería ser más inclusivo para todas las personas que viven en Malasia, incluidas las refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentadas, porque las vacunas deberían ser la primera barrera contra el contagio de la COVID-19. Si nos detienen las cosas solo empeorarán, porque es sabido que en los centros de detención se producen cadenas letales de contagio. En la raíz de este problema está la criminalización de la inmigración.

  ¿Cuáles son las demandas de las comunidades de refugiados hacia el gobierno malayo y la comunidad internacional?

  Nos gustaría que el gobierno malayo concientizara a la opinión pública sobre la condición de las personas refugiadas como tales, no como inmigrantes ilegales, grupos de riesgo o incluso delincuentes. Se ha impuesto una percepción negativa de las personas refugiadas, como si sólo se beneficiaran de la sociedad y no contribuyeran nada a ella, lo cual es falso.

  La verdad es que queremos contribuir a Malasia en todo lo que podamos. Instamos al gobierno de Malasia a que dé a las personas refugiadas acceso legal al trabajo y a que reconozca el estatus legal de las personas refugiadas. Actualmente no podemos encontrar empleo formal, y la ausencia de reconocimiento nos expone a la explotación. Esperamos que el gobierno genere conciencia sobre las verdaderas razones por las que las personas refugiadas están aquí.

  Espero que el gobierno pueda trabajar mano a mano con el ACNUR y la sociedad civil para resolver los problemas de las personas refugiadas de forma más adecuada y eficaz y no deporte a ninguna persona detenida de regreso a Myanmar, actualmente bajo un régimen militar. En cambio, deberíamos encontrar soluciones, tales como un programa de reasentamiento. También debería haber políticas e información claras sobre la vacunación que sean accesibles para todas las personas refugiadas.

  El espacio cívico en Malasia es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

• MÉXICO: “El cambio legal en favor de los derechos LGBTQI+ no trae consigo un cambio social instantáneo”

  CIVICUS conversa con Erika Venadero sobre la reciente extensión del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los estados mexicanos y las asignaturas pendientes en materia de derechos de las personas LGBTQI+ de México. Erika es activista por los derechos humanos de la diversidad sexual del estado de Jalisco e integrante de la Red Nacional de Juventudes Diversas (RNJD), una coalición de grupos de defensa de los derechos de los y las jóvenes LGBTQI+ de todo México.

  ¿En qué consiste el trabajo de la RNJD?

  La RNJD es un espacio creado a partir del Parlamento Juvenil Consultivo de 2019, donde se discutió la Ley de Juventudes.

  En tanto que jóvenes no contábamos con reconocimiento legal. Nunca habíamos sido contemplados como sujetos de derechos. Las personas encargadas de hacer las leyes y dictar las reglas en función de las cuales debemos dirigir nuestras vidas son adultas, incluso bastante mayores, y sobre todo hombres. No resulta sorprendente que no comprendan ni prioricen nuestros intereses y necesidades y que, en cambio, legislen a medida de los adultos, y sobre todo de los hombres. De aquí la necesidad de exigir que se nos reconozca como la juventud y, sobre todo, como juventud diversa.

  Nuestra red es una asociación civil de creación muy reciente: estamos por cumplir apenas tres años. No obstante, hemos acompañado el proceso de legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

  Si bien la mayoría de nosotros y nosotras no desea concretar una unión civil, acreditando nuestra relación ante un funcionario, con firmas y demás formalidades, sabemos que hay personas que desean tener esta experiencia, y que la exclusión de este derecho viene acompañada de muchas otras exclusiones. Aunque nosotros y nosotras no lo deseemos, o no lo deseemos en este momento de nuestras vidas, sabemos que otras personas del colectivo LGBTQI+ sí lo desean, y que la denegación de este derecho es parte de lo que hace a las personas LGBTQI+ ciudadanas de segunda.

  ¿Cómo fue el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y qué rol desempeñó la sociedad civil?

  La lucha por el reconocimiento de la unión simbólica entre dos personas que se aman –simplemente dos personas, como bien lo dice la ley actual, sin marcadores de género– comenzó hace muchos años, y avanzó gracias al trabajo de personas y colectivos interesados en extender este derecho a todos y todas.

  Las personas LGBTQI+ somos tratadas como ciudadanas de segunda simplemente porque no cumplimos con las normas socialmente establecidas que jerarquizan las relaciones heterosexuales. Las leyes son redactadas e implementadas, y todos los espacios políticos y sociales son creados, ocupados y dirigidos por personas heterosexuales. De ahí que esta lucha comenzara con una reflexión sobre nuestra falta de representación y visibilidad en diversos espacios: personales, políticos, sociales y laborales, entre otros. Tenemos derecho a vivir una vida plena, pero las prácticas hegemónicas que buscan imponérsenos nos impiden tener una vida libre por el simple hecho de ser quien somos y amar a quien amamos.

  La legalización del matrimonio igualitario en México ha sido una victoria de la sociedad civil, y específicamente de los colectivos de personas LGBTQI+ y sus aliados, que trabajan día a día con estas poblaciones. A partir del trabajo cotidiano en la calle y en todos los espacios se cambiaron opiniones y generaron acuerdos para que el reconocimiento de nuestros derechos se trasladara al plano político de la toma de decisiones.

  Es por eso que desde la RNJD hemos acompañado todo el proceso, desde los borradores de la ley hasta los debates y votaciones parlamentarias. Estos son debates que pueden prolongarse mucho; se trata de temas “delicados” por lo que ciertos sectores de políticos intentan aplazar las votaciones indefinidamente con la esperanza de que el tema se pierda en el olvido. Por eso fue importante que la RNJD se parara firme para exigir el tratamiento y la votación de estas leyes. Lo mismo vamos a seguir firmes para que las leyes se cumplan.

  ¿Enfrentaron campañas antiderechos o alguna otra forma de rechazo?

  Cada vez que sale una noticia relacionada con el colectivo LGBTQI+, la respuesta es una avalancha de comentarios diversofóbicos. Nuestra naturaleza incomoda. Todas nuestras vidas nos han obligado a vivir bajo la heteronorma por lo que hemos enfrentado expresiones antiderechos desde que tenemos memoria.

  En el proceso reciente para cambiar la ley hemos enfrentado una intensa campaña antiderechos. No solamente nos insultan y agreden; también denuncian nuestras publicaciones en redes sociales e incluso han logrado que fueran retiradas. Los y las activistas sufrimos constantes ataques personales y son frecuentes los bloqueos de cuentas en redes sociales. En mi caso, por ejemplo, una vez un grupo antiderechos me atacó tanto y reportó tantas veces mi perfil que Facebook me lo dio de baja. Es realmente difícil de entender qué es lo que tanto les molesta.

  Tenemos muchos haters, es decir, personas que expresan odio hacia nosotros. Hay muchos que están pendientes de cada cosa que hacemos y de todo lo que subimos, tanto en la página de la RNJD como en nuestros perfiles personales.

  Claramente la gente ya ubica quiénes somos y lo que hacemos. La red está sumamente activa y visible en ámbitos sociales, políticos y culturales. Hemos tenido discusiones internas muy tensas en relación con la doble cara de la visibilidad. Nuestro trabajo nos ha hecho visibles tanto para quienes nos odian como para quienes están abiertos a informarse, a conocer nuestro trabajo, a entender y eventualmente a apoyarnos. Yo prefiero enfocarme en quienes se acercan en busca de información antes que en quienes expresan su odio.

  Para hacer frente a los movimientos antiderechos y a los discursos de odio, nuestra estrategia es generar narrativas alternativas. Incluso utilizamos el humor para desarmar sus argumentos. Por ejemplo, decimos que a ellos les encanta tanto la familia tradicional heterosexual que por eso tienen dos – en referencia a las infidelidades y a lo que coloquialmente en México se conoce como la “casa grande” y la “casa chica”. Estos mecanismos de respuesta nos han permitido inducir al diálogo.

  ¿Cuáles son los próximos pasos tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Jalisco?

  Eso de que ahora el matrimonio igualitario es legal en todos los estados mexicanos y las personas LGBTQI+ nos podemos casar en todos los rincones de México es sencillamente falso.

  Aunque en Jalisco se ha votado la ley, el manual del registro civil continúa diciendo que la unión matrimonial es entre hombre y mujer. Mientras los y las diputadas locales no lo modifiquen, habrá muchos funcionarios en los registros civiles que se apoyarán en ese texto para negarnos el acceso al matrimonio igualitario.

  Además, muchos estados de México han aprobado leyes similares hace años y las han implementado, pero siguen existiendo muchísimas trabas. El cambio legal no trae consigo un cambio social instantáneo. De ahí la importancia de seguir enfocándonos en el cambio cultural. Las leyes pueden cambiar muy rápido, y de hecho cambian de un día para el otro, pero la cultura no, y no debemos olvidar que quienes atienden los registros civiles son personas socializadas en una determinada cultura. Aunque sean servidores públicos y tengan que aplicar las reglas emanadas del Estado, es posible que también tengan ciertas convicciones religiosas o morales. Cambiarlas lleva tiempo. El proceso de cambio cultural es sumamente lento, pero necesitamos que ocurra para abrir todos los candados.

  ¿Qué otros desafíos enfrentan las personas LGBTQI+ en México, y qué más debe cambiar?

  En México, las personas LGBTQI+ enfrentamos muchísimos retos, en gran medida como producto de la superposición de vulnerabilidades y desigualdades. Por ejemplo, las mismas problemáticas que afectan a las mujeres en general, también nos afectan a las mujeres del colectivo LGBTQI+: el hecho de ser lesbianas, bisexuales o transexuales no quita que seamos mujeres y podamos quedar embarazadas. Pero en la mayor parte de México todavía no es legal la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de lo que haya dicho la Corte Suprema.

  Otro enorme problema en México es el de las desapariciones forzadas. Jalisco, mi Estado, de hecho, es uno de los que lidera el ranking de personas desaparecidas– y a las personas LGBTQI+ también nos desaparecen.

  Otro asunto pendiente es la Ley de Cuidados, actualmente bloqueada en el Congreso. Las personas LGBTQI+ necesitamos un espacio seguro para vivir, crecer y envejecer. Todas nuestras investigaciones, todas las cifras indican que la comunidad LGBTQI+ en México está sola y sin apoyos.

  Un problema específico de las personas LGBTQI+ es el de las mal llamadas “terapias de reconversión”. Estas terapias consisten en actos inhumanos y denigrantes que tienen el fin de suprimir las orientaciones sexuales diversas, es decir, de eliminar nuestro verdadero ser. Yo personalmente he vivido una violación correctiva: mis agresores, personas que se dicen seguidoras de la palabra de Dios, me dijeron que pretendían “convertirme en mujer”.

  Los centros que ofrecen “terapias de reconversión” operan en todo México y lo hacen legalmente. Actualmente se está legislando a nivel nacional para acabar con estas terapias, pero entretanto siguen en funcionamiento. En Jalisco los centros que ejercen este tipo de prácticas solamente deben registrarse y pagar una mensualidad. Un simple trámite y un pago les habilita a cometer innumerables atrocidades.

  Otro tema pendiente es el del reconocimiento de la identidad de género, sobre todo de las infancias. Varios estados tienen leyes que otorgan a las personas trans el reconocimiento legal de su identidad autopercibida, pero muchos todavía no han avanzado en esa dirección.

  Tal vez por más de que sigamos luchando y movilizándonos no lleguemos a ver todos estos cambios. En ese caso lo estaremos haciendo por las generaciones que vendrán después. Estamos generando espacios para el futuro de la misma manera que otros lo hicieron por nosotras en los años 80. Nos aseguraremos de que el proceso siga avanzando.

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  El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• MÉXICO: “El problema de la inseguridad es central, pero no se resuelve con militarización”

  CIVICUS conversa acerca de la militarización de la seguridad en México y sus implicancias para la sociedad civil con Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez-Centro Prodh.

  El Centro Prodhes una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana fundada en 1988 por la Compañía de Jesús con el objetivo de defender a víctimas de violaciones graves de derechos humanos e impulsar cambios estructurales que permitan a todas las personas en México gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de sus derechos humanos. Su trabajo se enfoca específicamente en personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión.