derechos humanos

• Venezuela: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería Extender y Fortalecer la Misión de Determinación de Hechos

  Declaración oral

  Consejo de Derechos Humanos de la ONU- 55° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

  Diálogo interactivo Diálogo interactivo con el Alto Comisionado sobre Venezuela

  Pronunciado por MarysabelRodríguez

  Gracias Señor Presidente,

  La persecución gubernamental es más brutal, esta vez ante unas elecciones, momentos en los que la violencia estatal aumenta.

  El abuso de poder como castigo sigue hacia personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, liderazgos sociales, gremiales, políticos e info ciudadanos.

  Carlos Salazar, trabajador jubilado de la empresa estatal PDVSA, está detenido y fue sometido a desaparición forzada por más de 20 días, tras difundir un video que mostró a Alex Saab, funcionario procesado por lavado de dinero, caminando por un centro comercial.

  La censura aumenta ante la proximidad de las elecciones. El gobierno prohibió la cobertura de las primarias opositoras, bajo la excusa de que era un acto ilegal, negando también la libre asociación.

  Al menos 12 radios fueron cerradas en 2023, bajo procesos arbitrarios que no garantizan el derecho a la defensa. Entre enero y febrero de 2024, suman ocho emisoras cerradas. Los apagones de electricidad y los bloqueos de medios digitales se mantienen.

  Hubo al menos 10 detenciones en 2023 por “instigación al odio”, la mayoría contra liderazgos sindicales y sociales, por difundir información de interés público o cuestionar al gobierno.

  Exhortamos con urgencia a este Consejo a fortalecer el mandato de la Oficina del Alto Comisionado y el de la Misión de Determinación. Restar mecanismos de seguimiento deja a la población aún más indefensa, en especial frente a un proceso electoral sin garantías para las libertades civiles básicas.

  Gracias.

• Venezuela: Exigimos información sobre la suerte y paradero de Eduardo Torres, defensor de derechos humanos de PROVEA, así como el respeto y garantía de sus derechos
  • Eduardo Torres, defensor de PROVEA, se encuentra desaparecido desde el 9 de mayo en Caracas.
  • Junto a otros integrantes de la organización, es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH en reconocimiento al alto riesgo derivado de su labor. 
  • Su desaparición ocurre en un contexto de represión y hostigamiento a defensores de derechos humanos.

  13 de mayo de 2025. – Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la vida, integridad, libertad y seguridad de Eduardo Torres, defensor de derechos humanos e integrante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien se encuentra desaparecido desde el viernes 9 de mayo.  Tras concluir una reunión en Parque Central de Caracas, Eduardo mantuvo una conversación telefónica con su esposa indicando que se encontraba de camino a su hogar. Sin embargo, no llegó a su destino y no se sostuvo ningún tipo de comunicación con él desde entonces. 

  Eduardo Torres es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en reconocimiento al riesgo que enfrenta por su labor de defensa de derechos humanos. Al igual que varios integrantes de PROVEA, en múltiples ocasiones Eduardo Torres ha sido objeto de hostigamiento en su hogar, amenazas, intimidación y otros ataques, incluyendo la  anulación de su pasaporte. Estos hechos demuestran el riesgo que ha enfrentado Eduardo en el ejercicio de su trabajo y reflejan el carácter continuado y diverso de los ataques que ha sufrido de forma previa a su reciente desaparición, así como el involucramiento de agentes estatales en algunos de ellos.

  A lo largo de su vida, Eduardo ha trabajado incansablemente en la promoción y defensa de los derechos humanos, particularmente en el ámbito laboral. Su compromiso ha trascendido su labor en PROVEA, participando activamente en múltiples causas vinculadas a la libertad, la democracia y la dignidad del pueblo venezolano. Ha denunciado públicamente casos de detención arbitraria y tortura contra personas privadas de libertad por razones políticas, sindicalistas, estudiantes, defensoras de derechos humanos, e incluso miembros de cuerpos de emergencia, como un comandante de bomberos detenido tras exigir derechos laborales.

  Desde el sábado 10 de mayo, la esposa de Eduardo junto con integrantes del equipo de PROVEA han recorrido distintos centros de detención como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Petare y otras zonas de Caracas, sin obtener información sobre su detención o paradero. Tras 48 horas de su desaparición, acudieron al Palacio de Justicia con la intención de interponer un recurso de Hábeas Corpus, pero las autoridades del Circuito Judicial Penal de Caracas no autorizaron su recepción, sin ofrecer mayores detalles. Sin embargo, el recurso fue recibido el 12 de mayo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

  La desaparición de Eduardo Torres se produce en un contexto pre y post electoral altamente represivo, caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Desde el proceso electoral de 2024, se ha intensificado la persecución sistemática contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de la oposición. Hasta el 5 de mayo de este año,organizaciones locales contabilizaban al menos 894 presos políticos y 66 personas desaparecidas. A tan solo dos semanas de las elecciones parlamentarias y regionales previstas para el 25 de mayo de 2025, este hecho se suma a una serie de acciones que evidencian un patrón de silenciamiento de voces disidentes y un ambiente de creciente hostigamiento político.

  Asimismo, destacamos que el trabajo incansablemente por más de 30 años que PROVEA realiza por la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, brindando atención a víctimas, formando a comunidades y monitoreando la situación del país, le has convertido en blanco de constantes ataques, amenazas y hostigamientos, tanto por parte de actores estatales como de sectores afines al poder.

  Las organizaciones firmantes reconocemos el papel esencial de personas como Eduardo Torres en la defensa de derechos humanos en Venezuela. Es por eso que, manifestamos nuestra máxima preocupación por la alta probabilidad de que Eduardo se encuentre en situación de desaparición forzada y detención arbitraria. Exigimos al Estado venezolano que informe sobre su paradero y garantice su vida e integridad física y psicológica. Como también que, en caso de encontrarse privado de libertad lo presente ante un juez de forma inmediata y cese cualquier forma de detención arbitraria.

  Por último, ante la gravedad del caso, solicitamos a autoridades nacionales e internacionales, organismos multilaterales, misiones diplomáticas y actores con capacidad de incidencia a replicar estos mensajes y exigir al Estado venezolano la aparición con vida de Eduardo Torres. 

  Firman: 

  • Amnistía Internacional
  • CIVICUS
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
  • Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
  • Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)
  • Robert F. Kennedy Human Rights 
  • Human Rights Watch

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  El espacio cívico en Venezuela está clasificado como 'cerrado' por el CIVICUS Monitor.

• Venezuela: Violaciones de derechos humanos continúan durante el COVID-19

  Declaración en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU - por Marsyabel Rodríguez de Espacio Público

  Diálogo interactivo sobre la misión de investigación sobre Venezuela

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  Desde la organización venezolana Espacio Público y en nombre de las víctimas que acompañamos, queremos agradecer el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos en su primer informe. 

  Esta labor se realizó con importantes desafíos:

  • La negativa del Estado a colaborar;
  • y la prohibición de acceso al país y las limitaciones impuestas por la pandemia. 

  Sin embargo, las víctimas fueron escuchadas y reconocidas, lo que resta fuerza a los mecanismos de impunidad, contribuye a vencer el miedo colectivo y posibilita caminos de justicia y reparación.

  Muchas de las violaciones documentadas están asociadas al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, participación, asociación y asamblea pacífica. 

  Los casos de graves violaciones de los derechos humanos continuaron durante la pandemia del Covid-19. Los recientes indultos no constituyen una mejora estructural, se mantienen procesos judiciales ilegítimos, desapariciones, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias y la persecución por motivos políticos en un contexto pre electoral. 

  La situación venezolana demanda que el  sistema universal de protección de derechos humanos contribuya a revertir la impunidad para aumentar la defensa y protección de la dignidad de las personas.

  Exhortamos al Consejo a renovar el mandato de la Misión; la violación sistemática de los derechos persiste en el país. Venezuela necesita la voz alta y clara del sistema universal de protección de derechos humanos.