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ARGENTINA: “El triunfo de Milei expresa el rechazo a la gestión de los últimos gobiernos”
CIVICUS conversa con Yanina Welp, investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, en las que se impuso un outsider de la ultraderecha libertaria.¿Cómo se explica el triunfo de Javier Milei, un outsider sin estructura?
El triunfo de Milei, como el de cualquier otro político, no se puede explicar por una sola razón. Hay por lo menos tres grandes explicaciones de su victoria.
En primer lugar, la situación económica. Además de tener un elevado nivel de pobreza – 40% y creciendo –, Argentina tiene una inflación muy alta, y hace muchos años que la economía no crece. Lo mismo pasa con el empleo formal. Es decir, hay mucha precariedad y mucha gente vive con altos niveles de incertidumbre.
En segundo lugar, la incapacidad de la clase política para dar respuesta a estas demandas. En los últimos tiempos los gobernantes incluso han actuado con arrogancia. Han aumentado la inseguridad, los escándalos de corrupción y la pasividad de las autoridades ante todos estos problemas. El liderazgo de Milei vino a encarnar el sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Mucha gente lo ha votado porque expresa bien el rechazo de las últimas gestiones, y no necesariamente porque apruebe o adhiera a las políticas que ha propuesto implementar.
En tercer lugar, el rol de la dirigencia política, y en particular del oficialismo, no solamente por no haber hecho nada frente a esta amenaza sino por haber alentado la candidatura de Milei con el objeto de dividir el voto opositor, pensando que así tenía más posibilidades de ganar. Eso lo hizo primero el peronismo, en la antesala de la primera vuelta, y en la segunda lo hizo el ex presidente Macri poniendo en crisis su propia coalición, Juntos por el Cambio.
¿Piensas que el electorado se ha derechizado?
A diferencia de las propuestas vagas y generales de casi todos los demás candidatos, Milei compitió con un programa muy fuertemente ideológico, que además no paró de explicar durante toda la campaña.
Sin embargo, cuando se analizan los posicionamientos de la ciudadanía los datos son contradictorios, ante todo porque no hay una noción única y universal de lo que se supone que es ser “de derecha” o “de izquierda”. Por ejemplo, las encuestas muestran una creciente preocupación por el aumento de la inseguridad, pero sería muy elitista pensar que tener esta preocupación es ser de derecha. El aumento de la criminalidad da cuenta de que es una preocupación “real”.
Es cierto que en este proceso electoral ha aumentado la visión positiva del sector privado frente a la gestión pública, posiblemente por efecto del discurso de Milei pero también porque las últimas gestiones han deteriorado mucho la imagen del Estado. En ese sentido podría hablarse de cierta derechización del electorado. Pero del triunfo de Milei con casi 56% no debería deducirse que más de la mitad del electorado se ha inclinado fuertemente a la derecha, o incluso a la derecha radical, porque muchos lo votaron por encarnar la reacción frente al status quo más que por sus propuestas ideológicas.
Durante la campaña se planteó que estaba en juego la democracia. ¿Corre peligro la democracia en Argentina?
La democracia no corre peligro inminente, como ocurría con los golpes de Estado, que la eliminaban de un día para el otro. Hay, sí, señales de erosión de la democracia, pero éstas han estado presentes durante los últimos años. Constantemente se observan avances y retrocesos, tales como intentos de cooptación de la justicia, uso indebido de recursos del Estado y prácticas clientelares.
En términos generales, las instituciones democráticas en Argentina funcionan. A pesar de las denuncias de la oposición sobre el sistema electoral, las elecciones se desarrollaron con normalidad e incluso los resultados se conocieron muy rápido.
En cambio, sí hemos visto un retroceso enorme a nivel de debate público. Hay mucha intolerancia y violencia discursiva. Partidarios de las distintas opciones políticas casi no pueden dialogar. Hay mucha agresividad en las redes sociales. Todas estas son señales de alerta de mediana intensidad que, si no son abordadas, abonan el terreno para salidas más violentas y autoritarias.
¿Cómo se reconfigurará el escenario político argentino tras esta elección?
Desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se fue configurando un sistema de coaliciones que a partir de 2007, con Cristina Fernández de Kirchner, fue impulsando mediante la introducción de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Éstas sirvieron para evitar la fragmentación partidaria, pero tuvieron el efecto negativo de erosionar las diferencias programáticas o ideológicas. Las dos coaliciones que se formaron en consecuencia tenían sus propias alas derecha e izquierda, con lo que se difuminó el debate ideológico que fue reemplazado por la clave peronismo-antiperonismo. Eso terminó alentando una polarización de tipo afectivo con alineamientos muy estancos donde se hace cada vez más difícil buscar puntos en común.
El hecho de que haya ganado las elecciones presidenciales un partido que hace un par de años no existía obligará a las dos grandes coaliciones de las últimas décadas, el oficialismo peronista y la oposición de Juntos por el Cambio, a reconfigurarse profundamente.
Dentro del peronismo, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner fue la gran perdedora de esta elección. En los últimos tiempos se ha ausentado de la escena política, dejando al peronismo sin un liderazgo claro. El peronismo tiene un fuerte arraigo en sindicatos y organizaciones sociales que tienen una alta dependencia del Estado. Estas organizaciones tienen incentivos para negociar, en caso de que el nuevo gobierno abriera ese espacio. Sin embargo, el discurso inicial de Milei fue completamente en otra dirección, estableciendo que tomará medidas de choque.
¿Cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno?
El nuevo gobierno debería hacer frente a tres grandes desafíos. El primero es estabilizar la economía, es decir, parar la inflación y ordenar el tipo de cambio. En segundo consiste en introducir reformas para incrementar la productividad y solucionar la crisis del empleo formal. Y el tercero es la gobernabilidad. Argentina tiene organizaciones sociales muy fuertes, lo cual tiene aristas tanto positivas como negativas, pero en cualquier caso es una sociedad fuertemente organizada y muy predispuesta al conflicto.
Estos tres desafíos deben abordarse en forma coordinada y consistente, lo cual es bastante difícil.
¿Piensas que el gobierno de Milei podrá hacerles frente?
Tengo serias dudas de que el nuevo gobierno pueda hacer frente a estos desafíos, no solamente en el terreno de la estabilización y las reformas estructurales, sino también y sobre todo en materia de gobernabilidad. Muchas de las medidas que propone, como la propia dolarización, podrían ser declaradas inconstitucionales. Otras medidas requieren mayorías legislativas que no tiene. La única perspectiva de obtener un apoyo legislativo sustancial pasaba por Juntos por el Cambio, pero con la división de la coalición opositora Milei no tendría quorum en el Congreso.
Milei no tiene ni una gobernación provincial y casi no tiene intendencias. Sin embargo, el poder subnacional siempre ha sido acomodaticio o pragmático en Argentina. Aun así, algunas de las medidas clave van directamente en contra de los intereses de las provincias, como la de eliminar la coparticipación, es decir, el sistema de distribución de los recursos públicos obtenidos mediante impuestos nacionales que el Estado federal distribuye a las provincias. Luego está el potencial enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires.
Milei podría intentar gobernar por decreto, pero en ese caso habría una crisis inmediata, y en un eventual juicio político asumiría la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no asegura ningún cambio de estrategia sino algunos elementos negativos añadidos.
Milei fue electo con una amplísima mayoría, por lo que cuenta con una gran legitimidad popular. Pero esta mayoría podría ser ficticia, como suele ocurrir con las segundas vueltas, a lo que se le suman la volatilidad e impaciencia de buena parte del electorado argentino. Si logra implementar su programa ultraliberal, único en el mundo, los costos sociales serán altísimos. Y si no lo logra, podría aumentar el desencanto de la ciudadanía con la política y ponerse en cuestión su adhesión a la democracia.
El espacio cívico en Argentina es clasificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.
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COLOMBIA: “La sociedad civil es un pilar importante del trabajo con la población migrante”
CIVICUS conversa con Carmen Aida Faria, directora de la Fundación Manitas Amarillas, acerca de las dificultades que enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia y la labor de la sociedad civil para facilitar el acceso a sus derechos.Manitas Amarillas es una organización de la sociedad civil (OSC) colombiana constituida en 2018, en el contexto de la migración venezolana masiva en Colombia, para brindar asistencia humanitaria, acceso a servicios de salud y asesoramiento a personas migrantes y refugiadas.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la situación de las personas migrantes venezolanas en Colombia?
Los flujos migratorios que recibe Colombia han cambiado a lo largo del tiempo. La ola migratoria venezolana de 2015 fue muy importante, pero la cantidad de migrantes en los años siguientes aumentó, con un pico en 2017. En comparación con la anterior, esta oleada incluyó a muchas más personas en situación de vulnerabilidad.
Estas personas que estaban llegando necesitaban inmediata atención de salud y acceso a otros derechos fundamentales que el sistema no podía brindarles. Colombia no contaba con la infraestructura, ni los recursos económicos necesarios para dar respuesta, en particular en las zonas de frontera, con poblaciones locales que también tienen déficits de acceso a educación y salud, entre otros derechos.
Los migrantes en situación de vulnerabilidad tampoco podían acceder a los programas asistenciales del gobierno colombiano para recibir ayudas monetarias o ingresar al sistema de salud subsidiado. Para acceder a los programas sociales las personas deben tener regularizada su situación migratoria.
Además de a la población migrante con vocación de permanencia, hay que considerar a la población de las zonas de frontera, que es pendular, ya que cruza la frontera permanentemente para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, hay muchos niños que viven en Venezuela pero estudian en Colombia y no están incluidos en los programas de alimentación escolar. Hay organizaciones que trabajan específicamente para que estos niños tengan acceso a alimentación, ya que llegan con problemas nutricionales importantes.
Estos procesos generaron una exigencia a la comunidad, pero sobre todo al Estado colombiano, para que brindara respuestas. Y el país comenzó a operar bajo una lógica de solidaridad y de agradecimiento: los colombianos recordamos que en el pasado fue Venezuela la que recibió migrantes colombianos. Así, el gobierno comenzó por otorgar permisos especiales de permanencia para regularizar de alguna manera a toda esa población. Pero lo que definitivamente marcó un hito fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), aprobado en 2021 con una lógica esencialmente humanitaria.
¿Qué avances supuso la implementación de esa nueva política?
El ETPMV propuso una regularización temporaria para que las personas venezolanas pudieran acogerse a los mismos derechos y tener los mismos deberes que las y los ciudadanos colombianos. Mediante el otorgamiento de un documento de identidad llamado Permiso por Protección Temporal, las personas migrantes tienen la posibilidad de acceder, al sistema de salud y al mercado laboral, entre otros derechos.
Teóricamente el mecanismo está bien pensado; sin embargo, ha costado llevarlo a la práctica. Mucha gente ha quedado afuera: más de 2,4 millones de migrantes se inscribieron en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, pero todavía hay más de 1 millón que, habiendo completado todo el proceso, no han recibido su permiso.
Hay quienes aplicaron para el permiso en septiembre de 2021, es decir, hace más de un año, y han consultado a Migración Colombia, la autoridad migratoria de vigilancia, control migratorio y extranjería, pero todavía desconocen qué ha ocurrido con su aplicación. También ha habido quienes no han recibido sus permisos por problemas de logística: se trata de una población de alta movilidad y cuando cambian de domicilio muchas veces no es posible localizarlos para entregarles la documentación.
Pero también ocurre que las dificultades continúan una vez obtenido el permiso. Ello indica que existen problemas más profundos. Cuando el ciudadano venezolano va con su permiso a abrir una cuenta bancaria o a inscribirse en el sistema de salud, con frecuencia no lo aceptan. El Permiso por Protección Temporal es un documento nuevo y muchas instituciones, tanto públicas como privadas, aún no lo conocen. De ahí que haga falta mucha pedagogía para que estos derechos sean efectivamente accesibles.
Se suponía que el ETPMV priorizaría a los grupos poblacionales más vulnerables. Las primeras en recibir sus permisos debían ser las personas que necesitaban atención médica inmediata y los niños y adolescentes que debían ingresar al sistema educativo, pero carecían de documento de identidad. Esto finalmente no sucedió, a tal punto que se han tenido que presentar tutelas, una herramienta jurídica para garantizar derechos, para asegurar el acceso a la salud por parte de personas con enfermedades crónicas u otras patologías que necesitan atención inmediata.
¿Qué trabajo está haciendo la sociedad civil colombiana para apoyar a las personas migrantes venezolanas?
A partir de la última gran ola migratoria de 2017 han surgido muchas OSC. Fue la misma comunidad de migrantes los que comenzamos a unirnos para ayudar a otros migrantes. Nosotros comenzamos dando comida en la calle y brindando asistencia humanitaria a los caminantes, como llamamos a las personas que se trasladan a pie a través del territorio colombiano, quienes no contaban con información o ni siquiera con el abrigo necesario para adaptarse al clima de Colombia.
Así, las OSC nos convertimos en un pilar importante del trabajo con la población migrante, porque estamos en el terreno y conocemos las problemáticas de las personas migrantes.
Actualmente, muchas OSC estamos agrupadas a través de la Alcaldía de Bogotá e impulsamos una serie de iniciativas conjuntas. Lanzamos campañas publicitarias y firmamos un pacto simbólico para la integración, porque en Colombia los migrantes venezolanos todavía sufren xenofobia y aporofobia, es decir, rechazo por su situación de pobreza. Solicitamos a los medios de comunicación que dejen de difundir la nacionalidad de los autores de delitos, porque solo lo hacen cuando la persona implicada es extranjera, con lo cual sobredimensionan el problema y contribuyen a la discriminación contra los venezolanos.
También estamos participando, en colaboración con el gobierno colombiano y la cooperación internacional, del primer Entregatón, un operativo de entrega masiva de permisos que espera distribuir 40,000 en cinco días. Migración Colombia ha enviado mensajes vía celular a las personas migrantes cuyo documento está listo, con la fecha y lugar donde pueden ir a buscarlo. Pero además de entregar los documentos, en el marco del operativo se prestan servicios de enrolamiento y de registro biométrico para quienes aún no han realizado estas fases del proceso. A quienes ya hayan recibido sus permisos se les ofrecen también servicios de vacunación, de afiliación a entidades promotoras de salud, de inscripción en el sistema de asistencia social, de acompañamiento legal y de información sobre diferentes cuestiones, desde el sistema de transporte hasta el acceso escolar y los programas dirigidos a mujeres migrantes.
El trabajo es mucho y las OSC estamos contribuyendo enormemente. El gobierno y la cooperación internacional deberían tomarnos en cuenta no solamente como fuentes de diagnóstico del fenómeno migratorio, sino también como socias a la hora de ejecutar de manera conjunta las políticas públicas que surgen a partir de estos diagnósticos.
El espacio cívico en Colombia es calificado como ‘represivo’ por elCIVICUS Monitor.
Contáctese con Manitas Amarillas a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@MANITASAMARI en Twitter.
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HONDURAS: “Exigimos justicia ambiental frente a intereses corruptos e insensibles a las necesidades locales”
CIVICUS conversa acerca de la resistencia comunitaria contra megaproyectos mineros en Honduras con Juana Esquivel, representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El Comité integra organizaciones y comunidades locales que resisten contra proyectos extractivos que amenazan el medio ambiente y los bienes públicos y comunitarios.El 13 de junio un cabildo abierto convocado por la alcaldía de Tocoa aprobó una planta termoeléctrica de coque de petróleo, pese a que la comunidad local había presentado un recurso de amparo en su contra. Se teme que el proyecto provoque deforestación, sedimentación y contaminación del río Guapinol. Un conflicto similar tuvo lugar en 2014, cuando sin consultar a las comunidades las autoridades otorgaron permisos para una mina en un parque nacional protegido que afectaba a los ríos Guapinol y San Pedro. En respuesta a sus protestas pacíficas contra el proyecto, numerosos activistas fueron criminalizados y ocho de ellos permanecieron largo tiempo detenidos.
¿Por qué se oponen al proyecto de planta termoeléctrica en Tocoa?
Rechazamos la planta termoeléctrica porque sus impactos sobre la salud humana y al medio ambiente serían devastadores. El hecho de que se encuentra a menos de 150 metros de algunas comunidades incrementa significativamente los riesgos. Pero éstos no se reflejan en los estudios deimpacto ambiental presentados por la empresa, que contienen errores intencionales que minimizan los daños reales del proyecto.
La planta utilizaría PETCoke, una sustancia derivada del carbón y petróleo que no está regulada en Honduras para la producción de energía. Para funcionar, demandaría enormes cantidades de agua, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para las comunidades locales. Los residuos serían vertidos al río Guapinol, afectando gravemente la vida acuática y el ecosistema. Los estudios de la empresa afirman absurdamente que los peces del río se adaptarán a las aguas calientes provenientes de la planta.
Nuestras demandas son claras: el proyecto no debe instalarse debido a sus graves impactos ambientales y de salud. Exigimos que se respeten nuestros derechos y se proteja nuestro entorno.
¿Por qué objetaron la convocatoria al cabildo abierto del 13 de junio?
La sociedad civilobjetó el llamado debido a la historia de manipulación y falta de transparencia en la implementación de megaproyectos en el municipio. La planta termoeléctrica es parte de un megaproyecto, conocido como Los Pinares/Ecotek del grupo Emco Holdings, que tiene otros seis componentes: dos concesiones mineras en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera, una planta procesadora de óxido de hierro y tres concesiones de agua sobre los ríos Guapinol, Quebrada de Ceibita y San Pedro.
El municipio emitió un documento falsificado afirmando que hizo una consulta ciudadana para validar el proyecto. Éste es presentado a la comunidad como una solución a sus problemas energéticos, cuando en realidad está diseñado para abastecer de energía a la planta procesadora de óxido de hierro y no a la comunidad.
En diciembre de 2023 asistimos a uncabildo abierto en el que entre 2.500 y 3.000 personas manifestamos nuestro rechazo al proyecto. Al ver la oposición masiva, el alcalde suspendió el evento alegando razones de seguridad, y en enero convocó unilateralmente otro cabildo, sin el respaldo de las instituciones municipales, que fue suspendido por un recurso de amparo que interpusimos. Finalmente, en el cabildo del 13 de junio, el alcalde manipuló la situación, realizó el cabildo abierto con la oposición de la comunidad y solo escuchó a quienes apoyan el proyecto, que son representante de patronatos controlados por la empresa minera.
¿Cómo se ha organizado la comunidad contra este megaproyecto, y qué represalias ha enfrentado?
Estamos luchando contra el megaproyecto Los Pinares/Ecotek desde 2014. Hemos realizado numerosas manifestaciones de rechazo, incluyendo asambleas populares permanentes frente a al municipio y protestas multitudinarias gracias a las cuales logramos que se declarara a Tocoa como un municipio libre de minería y se restituyera la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
En 2018 instalamos el campamentoPor el Agua y la Vida, que duró 88 días. Esta acción directa desencadenó una oleada de criminalización y persecución. Larepresión contra el activismo ambiental ha sido feroz, con 32 requerimientos fiscales y ocho compañeros que estuvieron encarcelados por casi tres años.
Ha habido asesinatos de personas defensoras y se ha creado un clima de constante amenaza y hostigamiento. Cientos de familias han sido desplazadas por las amenazas y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y de grupos armados contratados por la empresa.
A pesar de estos desafíos, persistimos en nuestra lucha contra la corrupción y la violencia estatal y empresarial que afecta a nuestras comunidades desde hace más de una década.
¿Ha cumplido elgobierno dela presidentaXiomara Castro sus promesas en relación con Guapinol?
La actuación del gobierno en relación con este tema ha sido negligente y ha exacerbado la polarización y la conflictividad. Aunque el gobierno ha hecho de Guapinol un tema central en su agenda política, la liberación de los defensores ambientales encarcelados ha sido el resultado de años de movilización y resistencia comunitaria más que de la intervención directa de las autoridades centrales.
Persiste una deuda significativa del gobierno con Tocoa y Guapinol: la cancelación completa del megaproyecto Los Pinares/Ecotek. En febrero de 2024 se emitió un decreto para proteger áreas del Parque Nacional Carlos Escalera, pero es crucial asegurar su implementación efectiva y la reparación de los daños ambientales ya causados.
La comunidad sigue vigilante y activa, exigiendo justicia ambiental y la preservación de sus recursos naturales frente a intereses económicos y políticos corruptos e insensibles a las necesidades locales.
El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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