Ecuador

• ‘Invocamos el principio de extraterritorialidad para llamar al Estado chino a rendir cuentas del impacto de sus inversiones en América Latina’

  English

  CIVICUS conversa con las cuatro responsables de la iniciativa regional “Explorando nuevos caminos para la defensa de los derechos humanos frente a las inversiones chinas en América del Sur: El Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas y el Principio de Extraterritorialidad”: Paulina Garzón,de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL),María Marta Di Paola, dela Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina; Sofía Jarrín, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador; y Julia Cuadros, de CooperAcción, una organización de Perú.

  1. ¿Qué impacto están teniendo las inversiones chinas en América Latina, y por qué es preocupante?

  A pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años, las inversiones chinas continúan creciendo en América Latina. En 2016 los préstamos soberanos de los bancos chinos alcanzaron 21.000 millones de dólares (más que el monto prestado por todos los bancos multilaterales) y la inversión directa llegó a los 10.358 millones (un crecimiento de 29,4% con respecto a 2015). La República Popular de China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos, y resalta el hecho de que la gran mayoría de las exportaciones hacia China se concentra en petróleo, minerales y soja. En otras palabras, las inversiones chinas o motorizadas por la demanda china han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones.

  El crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. Hasta ahora, es poco lo que la sociedad civil ha podido hacer para demandar rendición de cuentas directamente a los bancos, compañías y agencias reguladoras chinas, en parte por falta de conocimiento y acceso a los procedimientos de estas instituciones, pero sobre todo por el hermetismo que las caracteriza. Ello se ve agudizado por el hecho de que la mayoría de los capitales chinos que llegan a la región aterrizan en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, países que tienen una o varias de las siguientes características: dificultades para acceder a los mercados financieros; gobernanza ambiental debilitada; y disminución de espacios de participación ciudadana. En estos países, vemos que las empresas transnacionales han contribuido a la violación de los derechos humanos, entre las que se cuenta la práctica sistemática de criminalización de los defensores ambientales.

  Sobre esta misma línea, cabe agregar que China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. En este contexto, las organizaciones sociales latinoamericanas no hemos logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas, y tanto menos en lo que se refiere a la demanda de rendición de cuentas acerca de los impactos negativos de su intervención.

  2. ¿Qué está haciendo la sociedad civil de América Latina para llamar a China a rendir cuentas de los efectos ambientales y sociales de sus inversiones en la región?

  Un grupo de organizaciones de varios países que han visto su situación de derechos humanos deteriorarse por efecto de la penetración de estas inversiones, hemos decidido hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema internacional de derechos humanos para establecer una conversación sobre la necesidad de llamar a los gobiernos a rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero. Para ello aprovecharemos el hecho de que la República Popular de China realizará en noviembre de 2018 su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la evaluación de derechos humanos a la que deben someterse cada cuatro años todos los estados miembros de la ONU, sin excepción.

  Pese a que no cuenta con una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema universal de derechos humanos, dentro del cual se encuentra el mecanismo EPU, ofrece valiosas oportunidades de incidencia para la sociedad civil en todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que las comunidades afectadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír sus reclamos. Por lo general, la responsabilidad por los derechos vulnerados es adjudicada al Estado dentro de cuyo territorio ocurren dichas violaciones de derechos. Así, en el marco del EPU de China, el grueso de las recomendaciones que recibe el Estado chino se vinculan con el trato que reciben sus ciudadanos dentro de su territorio. Sin embargo, nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. En otras palabras, nada impide a los grupos vulnerados invocar el principio de extraterritorialidad para demandar a un Estado extranjero el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los instrumentos de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho Estado haya ratificado y asumido.

  Eso es precisamente lo que pensamos hacer durante la EPU de China. En vistas de este proceso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, CooperAcción de Perú y la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), hemos creado una alianza regional con el objeto de investigar colaborativamente y elaborar un informe sombra nacional para cada uno de los países sudamericanos incluidos en el proyecto, así como un informe sombra regional. En marzo de 2018 estos informes serán presentados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como aportes para el EPU de China.

  Esta iniciativa cobró vida en 2017, con la búsqueda de una alianza regional para fortalecer nuestro trabajo de incidencia frente al Estado chino. La participación en el mecanismo del EPU es para nosotras una ventana de oportunidad para canalizar las preocupaciones y visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por proyectos cuyo financiamiento y operación se vinculan con inversiones del Estado chino.

  Las organizaciones involucradas tenemos una extensa y probada trayectoria de trabajo sobre financiamiento internacional y derechos humanos y ambientales, y nos contamos entre las pocas organizaciones de la sociedad civil de la región que han realizado un trabajo sistemático de investigación e incidencia sobre inversiones chinas en sus respectivos países. Además, gozamos de la confianza, credibilidad y reconocimiento de las organizaciones de base y otros actores relevantes. De hecho, en varios casos, hemos abogado frente a las entidades chinas para que mejoren sustancialmente su comportamiento ambiental y social y para que actúen como buenos ciudadanos globales. La falta de respuestas por parte de tales entidades nos ha llevado a buscar nuevos espacios de interlocución con la República Popular de China en los foros internacionales. Tenemos la esperanza de que el EPU de China y demás mecanismos de las Naciones Unidas ofrezcan el tan necesario espacio para lograr un compromiso serio de parte de los bancos y empresas chinas en materia de internalización de los principios de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

  3. ¿Cuál es el sustento legal de la iniciativa? ¿A qué instrumentos, convenciones y legislación apelarán para apoyar sus reclamos?

  La República Popular de China ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, los más importantes a la hora de constituir el marco de referencia y argumentación para el trabajo que pretendemos llevar adelante son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos últimos, en particular, establecen que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales tanto dentro de su territorio como fuera de él, y estipulan que la responsabilidad del Estado se extiende a los actos y las omisiones de los agentes no estatales que actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado en cuestión.

  Cabe señalar que si bien nuestra argumentación se basa en el principio de responsabilidades extraterritoriales, ello no excluye la posibilidad de apelar en los informes sombra a otros instrumentos internacionales que integran el sistema universal de las Naciones Unidas, aún si no han sido ratificados por el Estado chino. En ese sentido, deba presumirse que, al aceptar ser miembro de las Naciones Unidas, China se compromete a promover sus principios y apoyar la implementación de los tratados, pactos y convenios internacionales elaborados en el seno de la organización.

  También es importante destacar que según el artículo 16 de la Constitución China, las empresas estatales tienen poder de decisión con respecto al funcionamiento y la gestión dentro de los límites prescritos por la ley, a condición de que se sometan al liderazgo unificado del Estado, en cuyo caso deben cumplir con todas las obligaciones del plan estatal. En otras palabras, las empresas estatales chinas son actores cuasi-estatales. Funcionan como una extensión de la estructura del Estado chino, ya que le pertenecen, son patrocinadas por él o actúan en pos de sus intereses. Ello convierte a las responsabilidades de derechos humanos de las empresas estatales de la República Popular de China en responsabilidades del Estado chino.

  El hecho de que China ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que, durante una visita del Secretario General de las Naciones Unidas a China el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país haya declarado que “la ONU es una plataforma efectiva para los desafíos globales y la institución central para los esfuerzos internacionales en tratar los asuntos globales” constituye para nosotros una ventana de oportunidad. El EPU de la República Popular de China que se realizará en noviembre del 2018 es la oportunidad más concreta y cercana que tenemos.

  • Visite las páginas web delCDES,CooperAcción,FARN eIISCAL, o siga en Twitter a @CDESecuador, @CooperAccionPER, @farnargentina y @PaulinaGarzón
• 70 civil society groups call on Ecuadorian President to end persecution of civil society and indigenous activists

  Click here to read a Spanish language version of this release

  Seventy Latin American and international civil society organisations have endorsed a letter urging President Correa of Ecuador to constructively engage with indigenous communities opposing the development of extractive industry projects on their lands. The letter also calls for the removal all legal and policy measures limiting these communities’ fundamental rights to association, assembly and expression. 

  “The government has responded to the indigenous communities’ legitimate demands for consultation with mounting repression and further restrictions on fundamental freedoms,” said Marlon Vargas, President of the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon (CONFENIAE). “Indigenous community leaders and organisations resisting the advances of extractive industries and demanding the implementation of consultation mechanisms for the expression of their communities’ free, prior and informed consent are being routinely criminalised and judicially harassed,” Vargas added.

  Most recently, in the context of ongoing protests and activism orchestrated by indigenous Shuar communities in opposition to the activities of mining companies in Ecuador’s Southern Amazon region, the government has declared a state of emergency suspending basic freedoms in the Morona Santiago province, and threatened to dissolve Acción Ecológica, a well-respected national organisation that has advocated for the rights of nature and the collective rights of peoples for nearly three decades.

  The letter highlights the following issues:
  •    Abuses were committed against the Shuar community of Nankints, who were denied consultation rights, evicted to make way for a mining venture, repressed as they attempted to reclaim their territory, and further criminalised following clashes with security forces guarding the newly established mining camp resulted in casualties.
  •    Under the state of emergency that was decreed in the Morona Santiago province, military presence was reinforced in the Shuar communities, basic freedoms were suspended and local dwellers were terrorized.
  •    In retaliation to its work to raise awareness about the environmental impacts of mining projects and lack of consultation of indigenous communities, the environmental organisation Acción Ecológica was threatened with the initiation of dissolution procedures.
  •    Domestic legislation, including Executive Decrees No. 16 and No. 739, currently allows for the arbitrary dissolution of civil society organisations, and should be repealed and replaced by a comprehensive Associations Law removing all undue restrictions on the freedom of association.

  “Over the past few years, the Government of Ecuador has increasingly targeted dissenting civil society, overstepping the boundaries protecting the freedoms of association, peaceful assembly and expression,” said Inés Pousadela, Policy and Research Officer at CIVICUS. “We all need to stand in solidarity with the people of Ecuador and call on the government to uphold its constitutional and international human rights commitments.”

  The signatories to the letter urge Ecuador’s Government to implement consultation mechanisms with indigenous communities, refrain from criminalising indigenous community leaders and organisations challenging extractive industry projects, and replace current restrictive legislation with an alternative NGO law upholding constitutional and international standards on freedom of association.

  Civic Space in Ecuador is rated as ‘obstructed’ in the CIVICUS Monitor.

• As the climate crisis intensifies, so does the crackdown on environmental activism, finds new report

  New research brief from the CIVICUS Monitor examines the crackdown of environmental activism and profiles important victories civil society has scored in the fight for climate justice.

  • Environmental protests are being criminalised and met with repression on all continents
  • State authorities and private companies are common perpetrators of violations to civic freedoms
  • Despite the risks and restrictions, activist groups continue to score important victories to advance climate justice.

  As world leaders meet in Glasgow for the UN Climate Change Negotiations (COP26), peaceful environmental activists are being threatened, silenced and criminalised around the world. The host of this year's meeting is one of many countries where activists are regularly facing rights violations.

  New research from the CIVICUS Monitor looks at the common tactics and restrictions being used by governments and private companies to suppress environmental movements. The research brief “Defenders of our planet: Resilience in the face of restrictions” focuses on three worrying trends: Bans and restrictions on protests; Judicial harassment and legal persecution; and the use of violence, including targeted killings.

  As the climate crisis intensifies, activists and civil society groups continue to mobilise to hold policymakers and corporate leaders to account. From Brazil to South Africa, activists are putting their lives on the line to protect lands and to halt the activities of high-polluting industries. The most severe rights abuses are often experienced by civil society groups that are standing up to the logging, mining and energy giants who are exploiting natural resources and fueling global warming.

  As people take to the streets, governments have been instituting bans that criminalise environmental protests. Recently governments have used COVID-19 as a pretext to disrupt and break up demonstrations. Data from the CIVICUS Monitor indicates that the detention of protesters and the use of excessive force by authorities are becoming more prevalent.

  In Cambodia in May 2021, three environmental defenders were sentenced to 18 to 20 months in prison for planning a protest  against the filling of a lake in the capital. While in Finland this past June, over 100 activists were arrested for participating in a protest calling for the government to take urgent action on climate change. From authoritarian countries to  mature democracies, the research also profiles those who have been put behind bars for peacefully protesting.

  “Silencing activists and denying them of their fundamental civic rights is another tactic being used by leaders to evade and delay action on climate change” said Marianna Belalba Barreto, Research Lead for the CIVICUS Monitor. “Criminalising nonviolent protests has become a troubling indicator that governments are not committed to saving the planet .”

  The report shows that many of the measures being deployed by governments to restrict rights are not compatible with international law. Examples of courts and legislative bodies reversing attempts to criminalise nonviolent climate protests are few and far between.

  Despite the increased risks and restrictions facing environmental campaigners, the report also shows that a wide range of campaigns have scored important victories, including the closure of mines and numerous hazardous construction projects. Equally significant has been the rise of climate litigation by activist groups. Ironically, as authorities take activists to court for exercising their fundamental right to protest, activist groups have successfully filed lawsuits against governments and companies in over 25 countries for failing to act on climate change.

  ---

  DOWNLOAD REPORT

• ECUADOR: ‘Civil society must highlight the added value of its participation’

  CIVICUS speaks with Estefanía Terán, advocacy director of Grupo FARO, about the role of organised civil society in Ecuador's presidential elections and the challenges civil society faces today. Grupo FARO is an independent research and action centre in Ecuador that produces evidence to influence public policy and promotes social transformation and innovation.

  

  What roles does Ecuadorian civil society play during electoral processes?

  Political parties do not reach out much to civil society organisations (CSOs) to take on board their proposals. While some turn to CSOs for information, others hire private consultants. This happens because very few political organisations have within their structures a team or the necessary tools to develop quality government plans, with clear content, and which respond to the needs of the population or their voters, and are rooted in a diagnosis based on rigorous and objective technical research.

  During elections, CSOs develop initiatives to promote informed voting. They build web platforms and other communication tools to give visibility from a citizen perspective, to the proposals of the various contenders. Through this work, in the latest elections, initiatives were organised according to ideological criteria and in terms of their response to the Sustainable Development Goals. Likewise, with the aim of highlighting the ‘how’ of the proposals, which in general only focus on the ‘what’, forums and debates are held among the candidates.

  Grupo FARO is part of a group of CSOs that promotes informed voting; within this framework we developed the Ecuador Decide initiative. This initiative, which has been activated at elections since 2017 – which means it has been implemented on four occasions – aims to encourage voting based on the programmatic proposals of the different candidates and the political organisations that support them. To this end, it compiles, disseminates and analyses the contents of all their government plans.

  In the 2021 elections, Grupo FARO analysed the government plans of all the presidential candidates. We found that, of the 1,500 proposals identified in 16 areas of national relevance, only 55.5 per cent contained information on how they would be implemented, and only 26.7 per cent made clear who their target audience was.

  In addition, based on our experience organising debates among candidates during local elections, we assisted the National Electoral Council in regulating presidential debates, which became mandatory after the Democracy Code was reformed in February 2020.

  What are the causes and consequences of the low quality of political plans?

  The low quality of plans for government, which makes them inadequate instruments to inform the population about the positions of the various candidates and political organisations, is due to the lack of enforcement and regulation by the governing body, which does not require that these documents meet minimum standards and be comparable with each other. In fact, we have analysed some plans that were three pages long and others of more than a hundred pages. Moreover, in many cases they differ from the candidate’s discourse or include proposals outside the candidate’s field of competence.

  It is not common for voters to access these documents to get informed, and therefore, they serve no other purpose than to fulfil a formal requirement to register a candidacy. This contradicts the fact that one of the grounds for requesting the revocation of the mandate of popularly elected authorities is their non-compliance with their plans.

  The high degree of generality of the proposals contained in government plans means that the candidates’ campaign discourse is aimed at the median voter, and that strategically the candidates do not differentiate themselves. This fragments voter preferences, creating complications, as seen in the very narrow margin between the candidates placing second and third in the latest elections, Guillermo Lasso, of Movimiento Creando Oportunidades, and Yaku Pérez, of Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. This meant that the winner in the second electoral round was someone who in the first round had not even reached 20 per cent of the total vote: he came to power as a result of a compulsory vote, with very low legitimacy, and a high risk of facing governance problems in the medium term.

  What challenges does Ecuadorian civil society face under the new government?

  Although no specific proposals were identified regarding the promotion of civil society participation, President Lasso has sought to send a friendly and collaborative message. However, due to its business background, the government tends to equate civil society with the private sector. This results in two challenges for civil society. The first is to differentiate itself from the private sector and the second is to work harmoniously with the private sector. To this end, it must promote an exercise of reflection on the current role of civil society and highlight the value that its involvement adds to public management. Furthermore, it must insist that this participation is not limited to a few organisations that are close to the government, but that it is open and inclusive, plural and diverse.

  This implies, on the one hand, pushing forward a process of organisational strengthening of civil society for collaborative work among itself and with others. And, on the other hand, it implies initiating a process of learning and trust building with the private sector. There is a great opportunity for organised civil society to contribute so that companies’ support for social causes is done with transparency and public oversight and based on international principles for the effective functioning of public-private partnerships, guaranteeing quality projects and actions going beyond corporate profit.

  The prelude to developing such alliances should be the passing of a minimum CSO law to give us legal security and protect us from the discretion of the incumbent government. At the moment we are regulated by an executive decree and under a logic of concession and control, rather than registration and co-responsibility. Ensuring the enactment of a law that contributes to building an enabling environment and promoting participation is therefore another challenge we face as a sector during this presidential term. In partnership with the Ecuadorian Confederation of Civil Society Organisations and other allied organisations, Grupo FARO is pushing a proposal for a minimum law, which in the previous National Assembly reached the stage of developing a report for second debate.

   

  Civic space in Ecuador rated ‘obstructed’ by the CIVICUS Monitor.

  Contact Grupo Faro through its website or its Facebook and Instagram pages, and follow@grupofaro and@eteranv on Twitter.

• ECUADOR: ‘Democracy has allowed room for organised crime and narco-politics to grow’

  CIVICUS speaks with Mauricio Alarcón Salvador, executive director of Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Citizenship and Development Foundation, FCD), about the elections that will be held in Ecuador on 20 August, the eruption of political violence and organised crime and the implications for civil society and the future of the country.

  FCD is an Ecuadorian civil society organisation (CSO) that promotes and defends the rule of law, democratic principles and individual freedoms and encourages citizen participation, social control, transparency, open government and public innovation.

  Why is Ecuador facing general elections only two years after the inauguration of a new president?

  We will have new elections because the current president resorted to the mechanism known as ‘mutual death’, established in the constitution since 2008. This allows the president to dissolve the National Assembly on various grounds. It is known colloquially as ‘mutual death’ because ‘killing’ the legislature also causes the ‘death’ of the executive. In May this year, President Guillermo Lasso dissolved the National Assembly because, in his opinion, it had caused a serious political crisis, in the context of an impeachment trial against him based on accusations of corruption in his close entourage. The use of this mechanism allows the president to continue governing briefly without Congress but requires both legislative and presidential elections to be called within a short period of time to elect those who will complete the ongoing term. That is why the National Electoral Council called for presidential and legislative elections to be held on 20 August. Those elected in this vote will stay in power for approximately 18 months, the length of the current term remaining, which will end in May 2025.

  How has civic space evolved under this government, and what are the prospects for the future?

  For the little more than two years that this government has been in office, the situation of civic space has not changed much from the previous period. While it is true that the Organic Law on Communications was reformed to provide greater guarantees for freedom of expression and press freedom, the hostile environment against the media and journalists remains unchanged. The main aggressor may no longer be the president, but the notion persists that some people have the right to silence others just because they think differently. The climate of censorship and self-censorship hasn’t changed.

  Nor have the regulatory conditions under which CSOs operate. Although the authorities no longer persecute or intimidate them, the regulations that enable them to do so remain in place. No progress has been made towards the adoption of an NGO law fully guaranteeing freedom of association.

  Finally, as regards freedom of peaceful assembly, protests in June 2022 highlighted the weak character of the procedures available to authorities for guaranteeing it. There is still much work to be done in this regard and the challenge ahead is enormous.

  CIVICUS, an organisation of which we are members, has been key in making the situation of civic space in Ecuador and its evolution visible in recent years.

  Are the conditions for clean and transparent elections in place?

  At FCD we believe that general conditions exist for a clean and transparent electoral process. The National Electoral Council that is in charge of this process is the same that organised the presidential vote in 2021 and local elections a few months ago. These were processes that, generally speaking, have been commended by electoral observation missions. There are some pending issues to be resolved, mainly regarding the financing of politics, but in terms of the organisation of the process we are confident that everything will go well.

  As civil society, we would have liked to collaborate much more in supporting these elections, but this process came about unexpectedly and the organisations that usually take part have not been in a position to implement all our initiatives. Nevertheless, national election observation will be carried out and we have conducted campaigns to promote informed voting: we have published background information about the candidates and their government plans, and we have even monitored, albeit in a limited way, issues related to political financing. The challenge is enormous, but we are confident that we are doing our part to strengthen an extraordinary electoral process that we never saw coming.

  What are the key campaign issues?

  What we’ve seen these past few weeks is an apathetic campaign, very weak on proposals. Candidates seem to be fully aware that what is being elected is a transitional government that will last a few months, and they are not giving it due importance. Little has been said about fundamental rights and freedoms in a context where security is the main focus of public attention. This is of great concern to us, because in the face of the critical situation of insecurity at the national level, people demand quick solutions regardless of whether their implementation violates rights and freedoms. Regarding security, for example, several candidates have referred to the use of force outside of what is established by basic rights and international standards in force in Ecuador and the region.

  Unfortunately, it is difficult for a situation as serious as the one Ecuador is going through to be resolved in such a short period of time as the one that will be afforded to the future president. The main concerns of Ecuadorians are centred on insecurity, the economic crisis and corruption. It is hoped that the new government will act on these issues by listening to people and putting an end to the arrogance that has characterised the outgoing government. Although time is short, the transitional government should establish basic lines of action, either for continuity through the next period or so that whoever comes to power in 2025 will have a basis for doing so.

  How does the assassination of Fernando Villavicencio change the political scenario?

  Political violence is nothing new in Ecuador: in recent elections there have been candidates who experienced threats and attacks, which in some cases have cost them their lives.

  However, this is the first instance in a long time that a presidential candidate has been the victim of an assassination. The conditions under which the attack on Fernando Villavicencio occurred are revealing. He was a candidate with a risk assessment of over 95 per cent, who had police protection and had been denouncing constant threats against him.

  This affects not only the electoral landscape but also Ecuador’s democracy itself, which has allowed room for organised crime and narco-politics to grow. If the proper institutions act in a timely manner and not only prevent events like this from happening again, but also manage to put an end to the prevailing impunity, we will end up strengthening a weak democracy that has been crying out for help. For this to happen, there is much work ahead, focused on coordinating efforts between public institutions, civil society, the private sector and political actors in ways that put the country ahead of any particular interest.

  What international support does Ecuadorian civil society need to continue doing its work?

  After what has happened in recent years, the starting point would be to ensure that international cooperation does not abandon Ecuadorian civil society. Cooperation institutions must also understand that although it is more profitable – at least in terms of communication – to save the environment, protect species or support community development, it is key to maintain support for organisations and initiatives working for democracy and civic space, because no other initiative would be viable without these.

  The international community must keep its eyes on Ecuador and look for local allies to fight back against the democratic setbacks we are experiencing. A joint effort is needed to strengthen civil society as a fundamental pillar of democracy.

  ---

  Civic space in Ecuador is rated ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

  Get in touch with FCD through itswebsite orFacebook account, subscribe to itsYouTube channel and followfcd_ecuador on Instagram and@FCD_Ecuador and@aiarconsalvador on Twitter.

• ECUADOR: ‘Hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas’

  CIVICUS conversa sobre la evolución aparentemente positiva del espacio para la sociedad civil en Ecuador con Daniel Barragán, Director Ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios. Conformado en 2015 como órgano de vinculación de la universidad con la comunidad, el CIIAT persigue el objetivo de promover la investigación científica y la formación continua en temas de gestión y derecho ambiental, cambio climático, conservación y gestión del territorio.

  ¿En qué medida están garantizadas las libertades de asociación, de protesta pacífica y de expresión en Ecuador?

  En los últimos dos años se percibe en Ecuador un ambiente de mayor libertad y respeto a estos derechos. El cambio se ha expresado en una política gubernamental de apertura al diálogo y en reformas tanto de las regulaciones que se aplican a las organizaciones de sociedad civil (OSC) como de la Ley Orgánica de Comunicación.

  Los decretos 16 y 739, que regulaban a las OSC, fueron derogados a fines de 2017. El decreto 193, con el cual fueron reemplazados, no ha sido utilizado como una herramienta política para coartar derechos o limitar la capacidad de acción de las OSC. El riesgo, sin embargo, sigue latente en la medida que las causales de disolución de OSC se siguen prestando a interpretación discrecional y podrían en el futuro ser aplicadas arbitrariamente por el gobierno de turno.

  La Ley Orgánica de Comunicación, por su parte, fue reformada en diciembre de 2018. Tras el veto presidencial parcial de la reforma, permanecen algunos cambios que se orientan a garantizar derechos y que cambian la lógica anterior: ya no se considera a la comunicación como un servicio público sino como un derecho, se amplía la conceptualización del derecho a la libertad de expresión, se elimina el control a los medios y se promueve su autorregulación, se deroga la figura del linchamiento mediático, que penalizaba la difusión reiterada de información para desprestigiar o destruir la credibilidad de alguien, y se eliminan las sanciones administrativas, entre otras cosas. Estos puntos son analizados en un informe técnico mediante el cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasmitió sus observaciones al proyecto de reforma.

  Otro hecho relevante fue la reciente firma de la Declaración de Chapultepec. Esta declaración fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en 1994, y firmada por el gobierno de Ecuador en febrero de 2019, en coincidencia con la promulgación en el Registro Oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

  Sobre estos temas en particular, es importante rescatar la voluntad política para generar cambios en el ambiente habilitante para las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Si bien no necesariamente se ha logrado llegar a las regulaciones ideales y el margen de discrecionalidad en la regulación es aún un tema pendiente, los cambios apuntan en la dirección correcta.

  ¿Cuál es la situación de los activistas y organizaciones indígenas y ambientalistas en Ecuador?

  Si bien se registran casos de criminalización por la defensa del territorio, la situación en Ecuador es diferente de la de otros países de la región en cuanto al nivel de riesgo al que están expuestos los defensores de la tierra y la naturaleza. En el período 2007-2017 la criminalización de la protesta social fue el principal medio para neutralizar y censurar a activistas y ambientalistas, y aún quedan secuelas que no permiten su accionar en un marco de libertad y de garantía del ejercicio de sus derechos. A fines de 2018 la Defensoría del Pueblo se pronunció ante los ataques sufridos por varias defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Pastaza, consistentes en el uso indebido del derecho penal, hostigamientos, amenazas, y un incendio provocado en la vivienda de una de ellas. Ante estos hechos, la Defensoría urgió al Estado a adoptar una “política integral de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza de manera independiente al actual sistema de protección a víctimas y testigos”.

  Por otro lado, a nivel regional ahora tenemos el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales y el primer tratado vinculante a nivel internacional que regula la protección de los defensores ambientales. El acuerdo reconoce explícitamente esta problemática que crece en América Latina, donde ocurre alrededor del 60% de los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, según datos de Global Witness para 2017. Y también reconoce el rol de los Estados para garantizar un entorno seguro y la obligación de proteger, prevenir y sancionar ataques y amenazas a los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

  El reto es ahora avanzar en la firma y ratificación de este instrumento. A la fecha el acuerdo tiene las firmas de 16 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

  ¿Qué significación tuvo el referendo constitucional de febrero de 2018?

  El referéndum de febrero de 2018 abordó temas tan diversos como la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la eliminación de la reelección indefinida, la protección a la niñez y la no prescripción de los delitos sexuales, y la prohibición de la minería en centros urbanos y zonas intangibles. También incluyó dos preguntas de consulta popular sobre la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, también conocida como Ley de Plusvalía, y la re-delimitación del Parque Nacional Yasuní para incrementar la zona intangible y reducir el área donde está autorizada la explotación petrolera.

  El referéndum produjo un cambio institucional importante, en particular a raíz de la reforma del CPCCS, por las implicaciones que han tenido hasta la fecha en términos de la evaluación y cesación de alrededor de 27 autoridades de control, y los nuevos nombramientos – algunos temporales y otros definitivos - para esos cargos, como ha sido el caso de la Corte Constitucional. El CPCCS fue establecido por la Asamblea Constituyente de 2008 y concebido como un "quinto poder" encargado de auditar a los mecanismos de control, alentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. También desempeña un papel en el nombramiento de funcionarios, lo que lo convirtió en blanco de fuertes críticas.

  Sobre la legalidad de lo actuado en este punto hay diversas visiones; lo que sí es cierto es que la gestión del CPCCS transitorio cuenta, desde mi percepción, con respaldo social y ciudadano.

  ¿Qué progresos se han realizado en materia de vigencia de las libertades democráticas?

  Desde mi punto de vista hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas. Prueba de ello es la existencia de un ambiente de diálogo, de tolerancia a la opinión contraria y de respeto al Estado de Derecho.

  Un ejemplo claro del progreso realizado es la decisión de sumar al Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto, como una de las medidas no sólo de inclusión ciudadana sino también de lucha contra la corrupción. Para Ecuador es fundamental avanzar en la generación de un clima de confianza sobre la base de la transparencia del accionar de las autoridades y funcionarios, a la vez que de una lógica de corresponsabilidad del ciudadano para con lo público. En este momento estamos avanzando en la construcción del primer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. Por otra parte, la semana pasada el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito entregó al alcalde el Plan de Acción de la ciudad para su implementación en 2019. Estoy participando en ambos procesos y puedo dar fe de que cuando hay voluntad política el trabajo articulado entre distintos sectores y actores es posible.

  El espacio cívico en Ecuador es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

  Contáctese con el CIIAT a través de supágina web y con la Universidad de Los Hemisferios a través de su perfil deFacebook, o siga a@uhemisferios en Twitter.
  

• ECUADOR: ‘Indigenous peoples are the forgotten ones of public policies’

  CIVICUS discusses Indigenous peoples' environmental activism and civil society's hopes for the upcoming COP28 climate summit with Fausto Daniel Santi Gualina, a leader of the Indigenous Sarayaku people of the Ecuadorian Amazon.

  What does it mean to be part of the Sarayaku community?

  The native Sarayaku people are part of the Kichwa nation of Pastaza province, in the Bobonaza river basin. According to our history, we are descendants of the Tayakkuna, who navigated the courses of the Bobonaza, Marañón and Pastaza rivers, naming each of the places and territories we inhabit today.

  According to the prophecy of our wise elders, the Sarayaku people are a people of struggle who will never surrender to anyone. Sarayaku are the ‘people of noon’, like the flower that blooms at noon. We feel strong, generous and peaceful, and are the holders of a lot of wisdom about nature. We have been pioneers in the defence and vindication of collective, territorial and nature rights. We are currently working in unity to achieve true territorial governance – the planning, administration, conservation and use of territory – implementing life plans with self-determination and inhabiting the territory together and in harmony with human, spiritual and non-human beings.

  What inspired you to become a community leader?

  I come from a humble family with a great culture of work and leadership, which instilled in me the importance of studying. I got a degree from Cuenca State University and did two specialisations: one in climate change and cities, and the other in leadership, governance and public administration.

  From a very young age, I held positions such as class president and student council president. I was the first person to hold the position of Youth Leader with the Organisation of Indigenous Peoples of Pastaza, my province. All these experiences shaped me to become a leader of my people, Sarayaku, on several occasions. I have taken part in Indigenous peoples’ struggles both by supporting the Sarayaku vs. Ecuador case – over the exploitation of Indigenous land by an oil company – before the Inter-American Court of Human Rights and by participating in national-level Indigenous mobilisations.

  I was coordinator of several projects, such as one on territorial governance in the communities of the Bobonaza river basin and another on free, prior and informed consultation with the Sarayaku people. Later I took on public positions such as president of the board of the Indigenous Fund of Ecuador and advisor to the Andean Parliament, and I participated in several international events on climate change, an issue that cuts across our community.

  What environmental problems does your community currently face?

  The environmental concerns of our people currently focus on deforestation and extractive activities such as mining and oil activity. For more than 50 years, private interests have been polluting land and aquatic ecosystems. This has had enormous socio-environmental consequences, including drought, disease, poverty and social conflict.

  For some time now we have been living in conflict with an oil company that invaded our territory. We experience threats and harassment from both the company and the state. Every day more and more of our leaders and social activists are being threatened. Many have been kidnapped and some have been killed. But none of this silences or stops us, as we fight to save our territories, our living space.

  We also face the problem of the lack of recognition of the territorial rights of Indigenous peoples by the state of Ecuador. Since the Sarayaku people were officially organised 45 years ago we have engaged with the state by bringing forward proposals on issues such as territorial legalisation, bilingual education, intercultural health and the recognition of collective rights in the Ecuadorian constitution. All the achievements we have made have been the result of the tireless struggle of our comrades.

  But our rulers decide on extractivist public policies according to their own interests. The participation of Indigenous peoples in conservation funds is nil. Indigenous peoples are the forgotten ones of public policies.

  What priority issues do you expect to see addressed at the COP28 climate summit?

  One priority issue is financing. It is essential to work on financing through climate funds that are exclusive to Indigenous peoples, something that has been lacking until now.

  It is also important to recognise integral territorial rights – the right of Indigenous peoples to their living spaces, as these maintain biodiversity intact and are carbon sinks: they contribute to tackling the climate crisis in a natural way. These territories must be recognised and declared free of all extractive activities in perpetuity.

  There should be participation by Indigenous peoples in official negotiations, and it would be good to have regional roundtables to discuss what is specific to each region.

  We are facing an unprecedented climate crisis. Only with the participation of all those working at local, regional, national and international levels will it be possible to establish and sustain serious commitments. This is why the participation of civil society in COP28 is so important. I really hope that the host government of the United Arab Emirates (UAE) has the will to welcome civil society. Otherwise it would be a setback and would only cause delays in the implementation of global commitments on climate change.

  What are your expectations regarding the outcomes?

  I don't have high expectations. We are dealing with a host that has given enormous space to those with economic power. The UAE is an oil country and the president of this COP is the CEO of the Abu Dhabi National Oil Company, one of the largest in the world. All this puts the outcomes at risk.

  I think COPs are being used as a stage to show that oil companies are committed to managing the climate crisis, when in fact we all know this is not the case. It’s simple: if the production of fossil resources is not reduced, it won’t be possible to reduce greenhouse gas emissions and the climate crisis will continue its catastrophic and irreversible course.

  Indigenous peoples, with or without the recognition and support of states, have been contributing to the response to the climate crisis. We will continue to do so, but for our work to have real impact we need a global coalition of Indigenous peoples and civil society to form. We must develop our own COPs to show our commitment and present the initiatives we work on pragmatically every single day. We are the hope of the world.

  ---

  Civic space in Ecuador is rated ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

• ECUADOR: ‘The election provided a temporary escape valve, but instability is not over’

  CIVICUS discusses the results of the 15 October runoff vote in Ecuador’s presidential election with Humberto Salazar, executive director of Fundación Esquel.

  Esquel is a civil society organisation that seeks to contribute to sustainable human development, the improvement of the quality of life of the most excluded parts of the population and the construction of a democratic, responsible and supportive society in Ecuador.

  How did violence as a result of organised crime affect the election?

  The electoral process was deeply affected by violence. This was not limited to the death of presidential candidate Fernando Villavicencio. In the context of these and the previous local elections, elected representatives to local governments were also assassinated. The most notorious case was that of Agustín Intriago, mayor of the city of Manta. A candidate for the National Assembly was also assassinated, and many other candidates for different positions received threats. The list of fatal victims of violence expands if we include the seven suspects captured for the Villavicencio assassination who were killed in the prisons where they were being held.

  In this context, voting preferences were surely affected. From the shadows, groups representing local and transnational mafias sent intimidating messages through violent acts that influenced people’s votes. This was very evident in the first round, when following Villavicencio’s assassination, most voters opted for candidates who until then had had no chance of reaching the runoff. This was the case with Jan Topic and Daniel Noboa, the president-elect. Both saw their numbers rebound after the assassination.

  Was violence a campaign issue in the runoff?

  The influence of violence on the elections went beyond being a campaign issue strategically chosen by the candidates. For voters, security became a central issue on the agenda, even surpassing in priority other key issues such as unemployment and poverty.

  It is not that unemployment and poverty lost relevance, but rather that the three issues became an integrated trio of aspirations that is at the basis of current demands. The electorate is looking for quick and effective, but not isolated, answers. Security, unemployment and poverty are all elements of the same equation that citizens demand from the political system.

  Although the candidates’ proposals on the issue were very general, there is a consensus in political circles that security is a key issue in Ecuador’s current situation. Consequently, in the coming days the president-elect will have to develop his security proposals in greater detail. At the polls, voters didn’t evaluate whether the proposals of either candidate on the issue were the best, nor did they have the tools to do so, but now they hope that, regardless of the policies chosen, the result of their implementation will be greater peace.

  Do you see the result as indicating a rightward turn by the electorate, or do you think the vote wasn’t ideologically motivated?

  The analysis of electoral preferences is not a game of addition and subtraction in which one side, in this case the right, wins, while the other side loses. Nor are we dealing with a naïve or uninformed electorate that has been tricked by a renewed right-wing alternative and has leaned towards right-wing values, principles and narratives as a result.

  In the current circumstances, the vote is far from ideological. Other considerations weigh in the assessment of available options. In this case, the search for novelty prevailed, allowing for the victory of an ‘outsider’. In Ecuador, outsiders have a long track record of success.

  While the winning candidate represents the right in terms of his values and models, discursively he presents himself as a renovator, much more pragmatic than ideological. This blurring of ideological content is not a unique feature of this particular candidate, but expresses a deeper process of transformation of representation in a context in which rhetoric has been emptied of content as a result of practices blatantly contradicting discourse.

  People voted overwhelmingly for a candidate who managed to inspire their trust, whose traits set him apart from the polarised competition proposed by more ideological candidates. They looked for someone who offered alternatives not only to address security issues but also to tackle issues of economic recovery and welfare.

  The result was also influenced by the expectations of specific audiences such as young people, who make up a major part of the electoral roll. This part of the electorate sought options for the future detached from the conflicts between those who are ultimately responsible for the crisis in which we are now immersed. In this sense, right-wing and left-wing ideological narratives were equally punished, as evidenced by the fact that all traditional parties lagged behind in the election results.

  Why did defeated candidate Luisa González lose, despite having a stronger party structure?

  A key factor in Luisa González’s defeat in the runoff was the weight of the figure of former president Rafael Correa as the symbol and leader of the Citizen Revolution movement. This leadership, which offers the movement a captive electorate of around 25 per cent, also creates a ceiling that, in a polarised competition between Correism and anti-Correism, does not allow the candidate to surpass the 50 per cent required to win in the runoff. The same polarisation strategy that gave Correa’s government the strength to push its agendas has reduced her chances of attracting an electorate that is not part of the party’s hardcore vote.

  The revanchist narratives of Correism, expressed in the motto ‘neither forgive nor forget’, also undermined González’s support. The appeal to a return to the past reaffirmed the party’s base, but prevented it winning the votes of a broader electorate that distrusts the authoritarian tendencies of Correism and feared that the triumph of his candidate would translate into restrictions on civic space, particularly on freedom of association.

  What are civil society’s expectations of the new administration?

  While the president-elect does not have a history of resistance to civil society participation, during the campaign he was not particularly open to receiving proposals from and meeting with civil society groups. This creates uncertainty about how broad and effective spaces for civil society participation in public policy design and implementation will be. In principle, there are no clear threats to civic space, but there is uncertainty regarding the new government’s position on the promotion and strengthening of civil society.

  It is worth noting that the two second-round competitors had a conservative bias beyond their ideological leanings to the right or left. Hence the uncertainty as to how the new president will respond to social demands from the gender equality agendas of feminist groups and the LGBTQI+ community, the demands of the Indigenous movement regarding plurinationality and interculturality, and the concerns of the human rights movement regarding the search for policies to tackle crime that do not sacrifice rights.

  What is certain is that there is a huge number of problems that the new government will have to address. To sustain its initiatives beyond the one and a half years of his term in office, the new president will need to make a broad call for action and produce a basic agenda endorsed by national multi-stakeholder agreements. Policies on security, labour – with an emphasis on youth employment under a model of intergenerational inclusion – and combating chronic child malnutrition will be indispensable. The so-called Democracy Code, the 2009 law that establishes the electoral system, the management of elections and the requirements for the functioning and financing of political parties and movements, must also be reformed.

  Do you think this election put an end to political instability?

  The instability is not over, but the election provided a temporary and short-lived escape valve for the tensions of the multi-dimensional crisis affecting Ecuador. The government’s grace period, however, will be very limited: it will have to produce measures in the short term that show it’s on the way to resolving major problems.

  Two things could work against it: the slowness of the bureaucratic apparatus to develop transformative projects and the power struggle that could block its initiatives in the National Assembly. The relationship between the executive and legislative branches will be key. If the executive once again finds itself blocked by a multitude of special interests demanding perks to enable the approval of its initiatives, the crisis will again deepen.

  Civic space in Ecuador is rated ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

  Get in touch with Fundación Esquel through itswebsite orFacebook page, and follow @FundacionEsquel onInstagram andTwitter.

• ECUADOR: ‘The new government must dialogue and seek political agreements that are public, not under the table’

  CIVICUS discusses the results of the 15 October runoff vote in Ecuador’s presidential election with Ruth Hidalgo, executive director of Participación Ciudadana (Citizen Participation).

  Participación Ciudadana is a non-partisan and pluralist civil society organisation (CSO) that works to strengthen democracy in Ecuador.

  How did organised crime violence affect the electoral process?

  The electoral process that just ended has been marked by political violence: a presidential candidate, a mayor and a prefect were assassinated. There has also been a climate of violence on the streets due to the actions of drug gangs, who extort protection money known as ‘vaccines’ from the public and uses it to finance organised crime groups.

  This made the issue of security one of the central topics in the debate between the second round candidates, and one that has generated the highest expectations.

  The two candidates’ proposals, however, were broadly similar, although with some differences in tone and characteristics of their own. Both aimed to strengthen the presence of the armed forces as co-executors alongside the police of anti-crime policies.

  How do you interpret the triumph of a centre-right alternative?

  This was not necessarily an ideological vote. The weakness of political parties in Ecuador means that ideology is losing strength. For some time now, the country has been debating not between right and left but between Correism and anti-Correism: it is the controversial legacy of former president Rafael Correa, in power for a decade between 2007 and 2017, which continues to polarise Ecuadorian society.

  The winning candidate, business leader Daniel Noboa, represents at least by his origins a centre-right option. But if he has won, it is because he has managed to capture the votes of a young electorate that is not on either side of the polarisation and has rather opted for a new vision, a young candidate with no political baggage who offers a form of politics that, unlike that of his predecessors, is not confrontational.

  What factors worked against the candidacy of Luisa González?

  Correa’s candidate, Luisa González, was hurt by the constant presence of Correa during most of the campaign, which ended up overshadowing her candidacy. Although in the end she tried to distance herself from that influence, she did not manage to position herself as a renewed Correist option, which is what she should have conveyed in order to have a chance of winning. She remained stuck to the worn-out and questioned political image of the former president.

  I believe that the element of Correa’s legacy that leads to the greatest rejection is his confrontational and threatening way of dealing with those he views as political enemies. This seems to be eliciting more and more discontent and disapproval. While the amount of support González received was not small, this set a ceiling for her that she was unable to break through. This was precisely the reason her opponent was able to prevail.

  How has the space for civil society evolved in recent years, and what can be expected under the new government?

  Civil society, in my opinion, has recovered its presence and freedom of action after Correa’s time in power, during which it was restricted and in some cases persecuted. Let’s not forget that an important environmental CSO, which confronted the government because of its extractivist policies, was arbitrarily shut down and then legislation was passed to regulate the registration, operations and closure of CSOs at the government’s discretion, with the aim of removing those that bothered the government. Many civil society activists and journalists were criminalised for their work.

  The expectation of civil society under the new government is the same as always: to have an enabling environment that allows it to carry out its activities freely. We expect a government that protects and promotes freedom of association.

  What should be the priorities of the new president?

  It’s worth remembering that these were early elections called to elect President Guillermo Lasso’s successor after he used the ‘cross-death’ mechanism, dissolving congress to prevent it impeaching him, but simultaneously cutting his mandate short. This means Noboa will only serve as president for the rest of Lasso’s term: a mere 18 months, too little time for the many challenges he will face.

  The new president takes over a country plagued by insecurity and violence, with a high fiscal deficit, almost zero growth, very high unemployment rates and on top of that, one that is once again experiencing the El Niño climate phenomenon, with warming water currents that produce extreme weather events and record temperatures. These are all issues he will have to prioritise, with public policies aimed at mitigating the most important problems in the areas of the economy, climate change and public security. To do so, he will need to build a strong team and create spaces for dialogue and reconciliation. He will need to demonstrate openness to civil society and seek political agreements that are public, not under the table.

  Every election presents an opportunity. As always in a country with so many needs, expectations are high. The main task ahead for the new government is to strengthen Ecuador’s democracy, which will demand an enormous amount of work.

  Civic space in Ecuador is rated ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

  Get in touch with Participación Ciudadana through itswebsite orFacebook account, subscribe to itsYouTube channel and follow@participacionpc on Instagram and@ParticipacionPC and@RhidalgoPC on Twitter.

• ECUADOR: ‘Today better conditions exist for the exercise of democratic freedoms’

  CIVICUS speaks about apparently improving conditions for civil society in Ecuador with Daniel Barragán, Executive Director of the International Centre for Research on the Environment and Territory (CIIAT) at Universidad de Los Hemisferios. Formed in 2015 as an institution linking the university with the community, CIIAT pursues the objective of promoting scientific research and continuous training on issues of environmental management and law, climate change, conservation and land management.

  To what extent are the freedoms of association, peaceful assembly and expression guaranteed in Ecuador?

  Over the past two years an environment of greater freedom and respect for these rights has become apparent in Ecuador. Change has taken the form of a government policy of openness to dialogue and in reforms of the regulations that apply to civil society organisations (CSOs) and the Organic Communications Law.

  Decrees 16 and 739, which used to regulate CSOs, were repealed in late 2017. Decree 193, which replaced them, has not been used as a political tool to restrict rights or limit the ability of CSOs to act. The risk, however, remains latent insofar as the possible causes for CSO dissolution can still be interpreted discretionally and could in the future be applied arbitrarily by the incumbent government.

  The Organic Communications Law was amended in December 2018. After the reform was partially vetoed by the president, some changes remained that are aimed at guaranteeing rights and imply a change of the logic of its predecessor: communication is no longer considered a public service but a right, the right to freedom of expression is conceptually broadened, media control is eliminated and self-regulation is promoted, the figure of media lynching – which criminalised the repeated dissemination of information aimed at discrediting or destroying someone’s credibility - is repealed, and administrative sanctions are eliminated, among other things. These points were analysed in a technical report issued by the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights that set out its observations on the reform proposal.

  Another relevant fact was the recent signing of the Declaration of Chapultepec. This declaration was adopted in 1994 by the Hemispheric Conference on Freedom of Expression, and signed by the government of Ecuador in February 2019, coinciding with the promulgation in the Official Gazette of the reforms to the Organic Communications Law.

  On these issues in particular, it is important to emphasise the current political will to make changes in the enabling environment for CSOs and the media. While it has not always been possible to achieve the best possible regulations and the margin of discretion allowed by the current legislation is still a pending issue, the changes point in the right direction.

  What is the situation of indigenous and environmental activists and organisations in Ecuador?

  Although there are cases in which land rights defenders are criminalised for their work, the situation in Ecuador is different from that of other countries in the region in terms of the level of risk to which environmental and land rights defenders are exposed. In the 2007 to 2017 period, the criminalisation of social protest was the main tool that was used to neutralise and silence activists and environmentalists, and mechanisms remain that do not allow them to carry out their work within a framework of freedom and guarantees for the exercise of their rights. In late 2018, the Ombudsperson's Office spoke out against the attacks suffered by several human rights and environmental defenders in the Pastaza province, including through the misuse of criminal law, harassment, threats, and arson against the home of one of them. Given these facts, the Ombudsperson urged the state to adopt “a comprehensive policy of promotion and protection of human and environmental rights independently from the current system for the protection of victims and witnesses.”

  On the other hand, at the regional level we now have the Escazú Agreement, which is the first environmental human rights treaty and the first internationally binding treaty that regulates the protection of environmental defenders. The agreement explicitly recognises a growing problem in Latin America, where about 60 per cent of all murders of environmental and land rights defenders take place, according to Global Witness data for 2017. And it also recognises the role of states in guaranteeing a safe environment and its obligation to protect, prevent and punish attacks against and threats to the rights of human rights defenders in environmental matters.

  The present challenge is to achieve progress in the process of signing and ratification of this instrument. To date, the agreement has signatures from 16 states: Antigua and Barbuda, Argentina, Bolivia, Brazil, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia and Uruguay.

  What significance did the February 2018 constitutional referendum have?

  The February 2018 referendum addressed issues as diverse as the fight against corruption, the restructuring of the main official participation body, the Council for Citizen Participation and Social Control (CPCCS), the elimination of indefinite re-election, the protection of children and the non-prescription of sexual crimes, and the prohibition of mining in urban centres and protected areas. It also included two popular consultation questions about the repeal of the Organic Law to Prevent Speculation on the Value of Land and Taxation, also known as the Capital Gains Law, and the re-demarcation of the Yasuní National Park so as to increase the size of its protected area and reduce the area where oil exploitation is allowed.

  The referendum resulted in important institutional change, particularly as a result of the reform of the CPCCS, and its implications to date in terms of the evaluation and removal of around 27 officials in supervisory bodies, accompanied by new appointments - some of them temporary and others permanent - to those positions, as has been the case with the Constitutional Court. The CPCCS had been established by the 2008 Constituent Assembly and was conceived of as a ‘fifth power’ in charge of auditing control mechanisms, encouraging citizen participation and fighting against corruption. It also plays a role in appointing officials, which made it a target of major criticism.

  On the legality of what has been done on these issues, perspectives diverge; what is certain however is, as far as I can tell, that the workings of the temporary CPCCS enjoy social and citizen support.

  What progress has been achieved in terms of the enforcement of democratic freedoms?

  From my point of view, today better conditions exist for the exercise of democratic freedoms. Proof of this is the existence of an environment of dialogue, tolerance of divergent opinions and respect for the rule of law.

  A clear example of the progress made is the decision for Ecuador to join the Open Government Partnership. This was one of the measures taken not only towards citizen participation but also regarding the fight against corruption. For Ecuador, it is essential to advance towards the creation of a climate of trust based on the transparency of the actions of the authorities and officials, as well as on a logic of citizen co-responsibility in public affairs. At the moment we are making progress towards the design of our first Open Government National Action Plan. Additionally, last week the Consultative Council of Open Government in Quito, the capital city, gave the mayor a city-level action plan to be implemented in 2019. I am participating in both processes and I can attest to the fact that when there is political will, coordinated work among different sectors and actors is possible.

  Civic space in Ecuador is rated as ‘narrowed’ by theCIVICUS Monitor.

  Get in touch with CIIAT through itswebsite and with the Universidad de Los Hemisferios through itsFacebook page, or follow@uhemisferios on Twitter.

• ECUADOR: ‘Women’s rights have experienced an emergency situation since well before the pandemic’

  CIVICUS speaks with Virginia Gómez de la Torre, president of Fundación Desafío, about the progress made and the challenges remaining in the area of sexual and reproductive rights in Ecuador. Virginia tells us about the significance of the breakthrough that took place in April 2021, when abortion was decriminalised in cases of rape. Active since 2000, Fundación Desafío is a feminist coalition dedicated to the defence and promotion of women’s sexual and reproductive rights and the right to a life free of violence in Ecuador.

  

  What are the challenges for women’s rights in Ecuador?

  Women’s rights in Ecuador continue to be a challenge because in every area there are unresolved issues due to discrimination, exclusion and sexist violence. In terms of access to work and opportunities for economic and personal development, for example, women have suffered disproportionately from the pandemic and the slowdown in activity; the elimination of small businesses and the reduction of opportunities for informal sales hit them hardest, and it has been difficult for many to regain those spaces.

  Inequalities affect women from different social groups in different ways. Ecuador has a large Indigenous population and there is a large female peasant force, but women do not own land. There is a lot of discrimination, and Indigenous and Afro-descendant people have much more difficulty accessing opportunities. Indigenous and Black peasant and internal migrant women are more vulnerable because they suffer the violence of a system that devalues Indigenous and peasant lives.

  In Ecuador there is also a large presence of women in a situation of mobility, mostly young women of reproductive age. They arrive without papers and enter through unauthorised migratory passages, which exposes them to situations of trafficking, sexual exploitation and rape, as well as xenophobic violence. In this sense, women’s rights have experienced an emergency situation since well before the pandemic.

  All these exclusions are accompanied by violence, and Ecuador has yet to develop a strategy to confront this violence. Although psychological violence remains the most prevalent, all forms of violence have increased. For instance, obstetric violence – that is, the actions or omissions by health personnel that violate women’s rights during pregnancy or childbirth – is extremely high, affecting 42 per cent of women, and is much more prevalent in rural areas and among certain ethnic groups. The state makes little effort and does not give priority to the issue of femicide; last year we had 118 cases. This year we have already had 131, including violent deaths of women related to gang or criminal vendettas. Violence against women is a very serious problem in Ecuador, and as long as it does not deal with it, the government will be noncompliant with the rights enshrined in the constitution.

  The Ecuadorian state should issue protection and restraining orders and investigate femicides. It should also combat the violence that is present in all areas of daily life, and which manifests itself very strongly in the form of sexual violence, as well as other forms of violence such as political violence.

  This is the context for sexual and reproductive rights. Only on 28 April 2021 was abortion decriminalised in cases of rape. The fact that is something so basic and so long fought for shows the extent to which the Ecuadorian state is tied to the interests of economic power groups that are strongly linked to religious power groups. Every year, between 2,000 and 3,000 girls become pregnant in Ecuador. In 2019 there were 4,000 under the age of 14, and under the pandemic there were about 3,000; according to the Criminal Code, these pregnancies are the result of rape.

  What was the process that led to the legalisation of abortion in cases of rape?

  Until April 2021, abortion was only permitted when a woman’s life or health was in danger or if the pregnancy was the result of rape of an intellectually disabled woman. In response to several unconstitutionality lawsuits filed by women’s rights organisations, the Constitutional Court of Ecuador decriminalised abortion for all cases of rape.

  This has been a struggle of many years. Women’s rights organisations have been defending therapeutic abortion and abortion in cases of rape since 2008, when the new constitution was drafted and when anti-rights groups tried to repeal therapeutic abortion. They wanted to deprive Ecuadorian women of access to abortion under any circumstances.

  Within this framework, the proposal to legalise abortion in cases of rape was brought forward in 2012, when a new Criminal Code was drafted. In 2013, then-President Rafael Correa – the most powerful of anti-rights activists – excluded this possibility. He threatened to resign and used the typical cliché that the constitution guarantees and protects life from the moment of conception.

  In 2019, the issue of the decriminalisation of abortion in cases of rape was raised again as a result of a legislative initiative coming from the Public Defender’s Office. The National Women’s Coalition of Ecuador (CNME) and Fundación Desafío once again worked for decriminalisation in cases of rape. But at the last minute, during legislative negotiations, the issue was used as a bargaining chip, and we lost the vote. We had the 70 votes needed to pass a motion in the Assembly, but several Assembly members from parties that had pledged their support ultimately voted against it. We got 65 votes against 59 for the anti-rights side. We lost and the process took another course, that of the Constitutional Court.

  Two months before the vote, Fundación Desafío and CNME had already filed a complaint of unconstitutionality and a complaint of non-compliance with the Constitutional Court, because women of this country have no confidence that the powerful will look after our interests. In December 2019 these two lawsuits were admitted and in November 2020 other women’s organisations joined in, as well as the Ombudsman’s Office.

  Following the Constitutional Court’s ruling, the determination of time limits remains an immense challenge. We proposed that there should be no time limit, but some doctors and health professionals are already putting them into the bill, so this is something we are going to have to fight for in the Assembly.

  What roles has Fundación Desafío played in the process?

  In addition to filing the claims of unconstitutionality and non-compliance, we have played a leadership role in legislative lobbying. This work was in addition to the contribution of many other organisations that worked with the population, holding workshops, organising networks to accompany women undergoing abortions and opening up spaces that give women the possibility to decide, even if in a context of illegality.

  In the legislative processes of 2013 and 2019 we did all kinds of things. We ran communication campaigns, we produced short videos with people who have great public visibility, we worked in networks and we presented our research. We played a day-to-day role in the Assembly’s Justice Committee, which worked on the two reports that were later passed on to the plenary. We channelled the presence of Human Rights Watch, which from a comparative law perspective urged the Assembly to move forward on legalisation, and of several women who gave their testimonies, including a woman who had been raped and another woman who worked in the area of violence against children. We also campaigned for the passage of the Health Code, which included several articles on sexual and reproductive rights. Following eight years of debates, the Health Code was passed by the Assembly in August 2020, but it was fully vetoed the following month by then-President Lenín Moreno.

  Lastly, we supported the constitution of the Ecuadorian Faith Network, formed by progressive evangelical Christians. This group made public presentations and statements. The trade union movement and the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador were also in favour of the process. All this documentation was submitted first to the Assembly and then to the Constitutional Court.

  What impact do you think this legal change will have?

  For those of us who have devoted our lives to this and will continue to do so, this change has a great symbolic impact, even though it is a small step. Obviously, the legalisation of abortion in cases of rape is something huge for raped girls, of whom there are many in Ecuador, and more generally for the women who can now end a pregnancy that is the result of a crime, if they choose to do so. And although no progress has been made in recognising the right of all women to decide about their own bodies in any circumstance, symbolically it is a huge step forward because it demystifies abortion and the possibility of making decisions about the course of a pregnancy in cases of rape. It is now legal to make decisions about the body of a pregnant woman who has been raped; the state has given its approval and for the first time has put the victim at the centre of the debate. So why shouldn’t women who have not been raped be able to make similar decisions about their bodies? I think these are the shifts that are implicitly taking place.

  The next step in the very short term will be to also decriminalise abortion in cases of lethal foetal malformation. The scenario of total decriminalisation needs to be raised in the Assembly, as has happened in other countries. The Assembly may say no, but that is the way forward and someone needs to do it.

  Civic space in Ecuador is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.
  Get in touch with Fundación Desafío through itswebsite orFacebook page, and follow@DesafioDerechos on Twitter.

• ECUADOR: “El nuevo gobierno debe dialogar y generar acuerdos políticos públicos, no por debajo de la mesa”

  CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 15 de octubre con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.

  Participación Ciudadana es una organización de la sociedad civil (OSC) apartidaria y pluralista que trabaja por el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador.

  ¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?

  El proceso electoral que acaba de terminar ha estado atravesado por la violencia política: fueron asesinados un candidato a la presidencia, un alcalde y un prefecto. Asimismo, se ha vivido un clima de violencia en las calles a causa del accionar de bandas de narcotraficantes, que someten a la ciudadanía mediante extorsiones a cambio de protección, conocidas como “vacunas”, con las cuales se financian los grupos del crimen organizado.

  Esto convirtió al tema de la seguridad en uno de los tópicos centrales en el debate entre los candidatos para la segunda vuelta, y en uno de los que ha generado las mayores expectativas.

  Las propuestas de los dos candidatos, sin embargo, fueron a grandes rasgos similares, aunque con algunas diferencias y características propias. Ambos apuntaron a fortalecer la presencia de las fuerzas armadas como co-ejecutoras de políticas anticrimen conjuntamente con la policía.

  ¿Qué significado le asignas al triunfo de una opción de centroderecha?

  No se trata necesariamente de un voto ideológico. La debilidad de los partidos políticos en el Ecuador hace que la ideología vaya perdiendo fuerza. Hace rato que el país se debate no entre derecha e izquierda sino entre correísmo y anticorreísmo: es la controvertida herencia del expresidente Rafael Correa, en el poder durante toda una década entre 2007 y 2017, lo que continúa polarizando a la ciudadanía ecuatoriana.

  El candidato ganador, el empresario Daniel Noboa, representa al menos por su origen una opción de centroderecha. Pero si ha ganado es porque ha logrado captar los votos de un electorado joven que no se sitúa en ningún lado de la polarización y más bien ha optado por una visión nueva, un candidato joven y sin trayectoria política que ofrece una forma de la política que, a diferencia de sus predecesores, no es confrontativa.

  ¿Qué factores operaron en contra de la candidatura de Luisa González?

  La candidatura del correísmo, Luisa González, fue perjudicada por la constante presencia de Correa durante la mayor parte de la campaña, que terminó opacando su propia candidatura. Si bien al final trató de desmarcarse de esa influencia, no logró posicionarse como una opción renovada del correísmo, que es lo que debió transmitir para tener chances de ganar. Quedó pegada a la imagen política desgastada y cuestionada del expresidente.

  Creo que el elemento del legado de Correa que produce mayor rechazo es la forma confrontativa y amenazadora de tratar con quienes considera sus enemigos políticos. Parecería que ese recurso está generando cada vez más descontento y desaprobación. Si bien el porcentaje de apoyos que consiguió la candidata no fue menor, esto le generó un techo que no logró perforar. Fue precisamente la razón por la cual pudo imponerse su adversario.

  ¿Cómo ha evolucionado el espacio para la sociedad civil en los últimos años, y qué cabe esperar bajo el nuevo gobierno?

  La sociedad civil, a mi criterio, ha recuperado presencia y libertad de acción luego del período del correísmo, durante el cual fue restringida y en algunos casos perseguida. No olvidemos que una OSC ambientalista importante, que confrontó con el gobierno a causa de sus políticas extractivistas, fue arbitrariamente cerrada y luego se generó una normativa para regular discrecionalmente el registro, el funcionamiento y la clausura de OSC, con el objeto de quitar del paso a las que molestaran al gobierno. Muchos activistas de la sociedad civil y periodistas fueron criminalizados por su trabajo.

  La expectativa de sociedad civil bajo el nuevo gobierno es la misma de siempre: contar con un ambiente habilitante que le permita desarrollar libremente sus actividades. Esperamos una gestión de gobierno que proteja y promueva la libertad de asociación.

  ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo presidente?

  Cabe recordar que las elecciones fueron convocadas en forma anticipada para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso luego de que éste utilizara el mecanismo de “muerte cruzada”, disolviendo el congreso para evitar que éste lo destituyera, pero al mismo tiempo acortando su propio mandato. Eso significa que Noboa solo ejercerá como presidente durante el tiempo que resta del mandato de Lasso: apenas unos 18 meses. Demasiado poco tiempo para tantos desafíos.

  El nuevo presidente recibe un país atravesado por la inseguridad y la violencia, con un alto déficit fiscal, un crecimiento casi nulo, tasas de desempleo muy altas, y encima atravesando nuevamente el fenómeno climático del Niño, que genera calentamiento de las aguas y produce eventos climáticos extremos y temperaturas récord. Todos estos son temas que va a tener que a priorizar, con políticas públicas orientadas a mitigar los problemas más importantes en la economía, el cambio climático y la seguridad pública. Para ello necesitará armar un equipo de trabajo sólido y generar espacios de diálogo y reconciliación. Deberá demostrar apertura a la sociedad civil y generar acuerdos políticos sobre la mesa, y no por debajo de la mesa.

  Toda elección presenta una oportunidad. Como siempre en un país con tantas necesidades, las expectativas son grandes. La principal tarea que el gobierno tiene por delante es la de fortalecer la democracia ecuatoriana, y eso implica un trabajo enorme.

  El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con Participación Ciudadana a través de supágina web o su cuenta deFacebook, suscríbase a su canal deYouTube y siga a@participacionpc en Instagram y a@ParticipacionPC y a@RhidalgoPC en Twitter.

  
  

   

• ECUADOR: “La elección generó una válvula de escape provisional, pero la inestabilidad no ha terminado”

  CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador con Humberto Salazar, director ejecutivo de la Fundación Esquel.

  Esquel es una organización de la sociedad civil que busca contribuir al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria en el Ecuador.

  ¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?

  El proceso electoral definitivamente se vio afectado por la violencia. No se trató solamente de la muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. En el contexto de estas elecciones y de las elecciones seccionales previas también fueron asesinados representantes electos de gobiernos locales. El caso más sonado fue el de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta. También fue asesinado un candidato a la Asamblea Nacional, y muchos más candidatos a diferentes cargos recibieron amenazas. La lista de víctimas fatales de la violencia se amplía si se incluye a los siete sospechosos capturados por el magnicidio de Villavicencio que fueron asesinados en las prisiones donde estaban detenidos.

  En ese contexto las preferencias de voto definitivamente se vieron afectadas. Desde las sombras, los grupos que representan a mafias locales y transnacionales enviaron a través de actos violentos mensajes intimidatorios que incidieron en el voto de la ciudadanía. Esto fue muy evidente en la primera vuelta, donde luego del asesinato de Villavicencio la mayoría de sus votantes optó por candidaturas que hasta entonces no habían tenido chances de llegar a segunda vuelta. Tales fueron los casos de Jan Topic y Daniel Noboa, el presidente electo. Ambos repuntaron sus cifras luego del magnicidio.

  ¿Fue la violencia un tema de campaña en la segunda vuelta?

  La influencia de la violencia sobre las elecciones va más allá de ser un tema de campaña escogido estratégicamente por los candidatos. Para la población el tema de la seguridad se convirtió en un tema central de la agenda que incluso superó en prioridad a otros temas centrales como el desempleo y la pobreza.

  No es que el desempleo y la pobreza perdieran importancia, sino más bien que los tres temas pasaron a componer una triada integrada de aspiraciones que está en la base de las demandas actuales. El electorado busca respuestas rápidas y efectivas, pero no desintegradas. Seguridad, desempleo y pobreza son elementos de la misma ecuación que la ciudadanía exige al sistema político.

  Aunque las propuestas de los candidatos sobre el tema fueron muy generales, hay consenso en la esfera política de que el tema de seguridad es central a la actual situación del país. En consecuencia, en los próximos días el presidente electo deberá desarrollar con más detalle sus propuestas sobre seguridad. La ciudadanía no evaluó en las urnas si las propuestas de uno u otro candidato en este tema eran las mejores, ni tuvo los elementos para hacerlo, pero ahora espera que, independientemente de cuáles sean los instrumentos utilizados, el resultado sea la pacificación del país.

  ¿Observas una “derechización” del electorado, o acaso el voto no obedeció a motivaciones ideológicas?

  La evaluación de las preferencias electorales no se resume a un juego de suma y resta donde un lado, en este caso la derecha, gana, mientras el otro lado pierde. Tampoco estamos ante una ciudadanía ingenua o desinformada que se dejó convencer bajo engaño por una derecha renovada, inclinándose por los valores, principios y narrativas de la derecha.

  En las actuales circunstancias el voto dista de ser ideológico; en la evaluación de las opciones pesan otras consideraciones. En este caso predominó la búsqueda de lo nuevo, lo cual le dio el triunfo a un “outsider”. En Ecuador, los outsiders tienen una larga historia de éxitos.

  Si bien el candidato ganador representa a la derecha en términos de sus valores y modelos, discursivamente se presenta como un renovador, mucho más pragmático que ideológico. Esta difuminación del contenido ideológico no es un rasgo privativo de este candidato, sino que expresa un proceso más profundo de transformación de la representación en un contexto en que la retórica se vacía de contenido frente a prácticas altamente contradictorias con el discurso.

  En suma, la gente votó mayoritariamente por un candidato que logró inspirarle confianza, cuyos rasgos lo sacaban de la competencia polarizada propuesta por candidaturas más ideológicas. Buscó a alguien que le ofreciera alternativas no solamente para abordar los temas de seguridad sino también para resolver el tema de la recuperación económica y el bienestar.

  El resultado también obedeció a expectativas de audiencias especificas como la juventud, que tiene un peso muy importante en el padrón electoral. Este segmento del electorado buscó opciones de futuro que estuvieran desligadas de los conflictos entre quienes son en última instancia responsables de la crisis en la que ahora estamos sumergidos. En ese sentido, fueron castigadas por igual las derechas y las izquierdas con narrativas ideológicas, como lo evidenció el hecho de que todos los partidos tradicionales quedaran rezagados en los resultados electorales.

  ¿Por qué perdió Luisa González, pese a contar con mayor estructura partidaria?

  Un factor fundamental de la derrota de Luisa González en la segunda vuelta fue el peso de la figura del expresidente Rafael Correa como símbolo y líder del movimiento Revolución Ciudadana. Ese liderazgo que le ofrece al movimiento un electorado cautivo de alrededor del 25% también le genera un techo que, en una competencia polarizada entre correísmo y anti-correísmo, no le permite superar el 50% que se requiere para ganar en segunda vuelta. La misma estrategia de polarización que le dio fuerza al gobierno de Correa para impulsar sus agendas le restó posibilidades a la hora de convocar a un electorado que no forma parte de su voto duro.

  También le restaron apoyo a González las narrativas revanchistas del correísmo, expresadas en el lema “ni perdón, ni olvido”. La apelación a una vuelta al pasado le reafirmó los votos propios, pero le impidió conquistar los votos de un amplio electorado que desconfía de las tendencias autoritarias del correísmo y temió que el triunfo de sus candidatos se tradujera en restricciones del espacio cívico, y en particular de la libertad de asociación.

  ¿Qué expectativas tiene la sociedad civil en relación con la nueva administración?

  Si bien el presidente electo no tiene un pasado de resistencia a la participación de sociedad civil, en su campaña no se mostró especialmente abierto a recibir propuestas y reunirse con colectivos de sociedad civil. Esto genera incertidumbre sobre la amplitud y efectividad que tendrán los espacios de participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas públicas. En principio, no hay amenazas claras al espacio cívico, pero sí incertidumbre respecto de la posición del nuevo gobierno frente a la promoción y el fortalecimiento de la sociedad civil.

  Cabe destacar que los dos candidatos que compitieron en segunda vuelta tuvieron un sesgo conservador más allá de su inclinación ideológica hacia la derecha o la izquierda. De ahí la incertidumbre sobre cómo responderá el nuevo presidente a cuestiones sociales que surgen de las agendas de igualdad de género de los grupos feministas y de la comunidad LGBTQI+, de las demandas del movimiento indígena relativas a la plurinacionalidad y la interculturalidad, y de las preocupaciones del movimiento de derechos humanos en relación con la búsqueda de políticas para enfrentar la delincuencia que no sacrifiquen derechos.

  Lo cierto es que hay una enorme cantidad de problemas que el nuevo gobierno deberá atender. Para sostener sus iniciativas más allá del año y medio previsto para el ejercicio de su mandato, el nuevo presidente deberá hacer una convocatoria amplia y generar una agenda de mínimos refrendada en acuerdos nacionales multiactor. Serán indispensables las políticas de seguridad, trabajo – con énfasis en el empleo joven bajo un modelo de inclusión intergeneracional – y combate a la desnutrición crónica infantil. También debe reformarse el llamado Código de la Democracia, la ley orgánica de 2009 que establece el sistema electoral, el manejo de las elecciones y los requisitos de funcionamiento y financiamiento de partidos y movimientos políticos.

  ¿Consideras que esta elección ha puesto fin a la inestabilidad política?

  La inestabilidad no ha terminado, pero la elección generó una válvula de escape provisional y de corto aliento para las tensiones de la crisis de múltiples dimensiones que afecta al Ecuador. El tiempo de gracia para el gobierno, sin embargo, será muy limitado: deberá producir en el corto plazo medidas que demuestren que está encaminado hacia la resolución de los grandes problemas.

  Dos cosas le pueden a jugar en contra: la lentitud del aparato burocrático para desarrollar proyectos de transformación y la pugna de poderes que podría bloquear sus iniciativas en la Asamblea Nacional. La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo será clave. Si el ejecutivo vuelve a encontrarse bloqueado por una multitud de intereses particulares que exigen prebendas para habilitar la aprobación de sus iniciativas, la crisis volverá a profundizarse.

  El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con la Fundación Esquel a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a @FundacionEsquel enInstagram yTwitter.

  
  

   

• ECUADOR: “La sociedad civil debe poner en evidencia el valor agregado de su participación”

  CIVICUS conversa con Estefanía Terán, directora de incidencia de Grupo Faro, acerca del rol de la sociedad civil organizada en las elecciones presidenciales de Ecuador y los retos que la sociedad civil enfrenta en la actualidad. Grupo Faro es un centro de investigación y acción independiente del Ecuador que genera evidencia para incidir en la política pública y promover la transformación y la innovación social.

  

  ¿Qué roles desempeña la sociedad civil ecuatoriana durante los procesos electorales?

  No hay mucho acercamiento de los partidos políticos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para nutrir sus propuestas. Si bien algunas recurren a OSC en busca de información, otras contratan a consultoras privadas. Esto ocurre porque muy pocas organizaciones políticas tienen dentro de sus estructuras un equipo y/o las herramientas necesarias para desarrollar planes de gobierno de calidad, con contenidos claros, que respondan a las necesidades de la población o de sus votantes, y cuyo diagnóstico parta de un ejercicio de investigación riguroso, objetivo y técnico.

  Durante las elecciones las OSC desarrollan iniciativas para promover el voto informado. Así, construyen plataformas web u otras herramientas comunicacionales para visibilizar desde una perspectiva ciudadana las propuestas de los distintos contendientes. Mediante este trabajo, en las últimas elecciones se organizaron las iniciativas con criterios ideológicos y en términos de su respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, con el propósito de poner en evidencia el cómo de las ofertas, que en general solo enuncian el qué, se desarrollan foros y debates entre los y las candidatas.

  Grupo FARO forma parte del grupo de OSC que promueven el voto informado; en ese marco desarrollamos la iniciativa Ecuador Decide. Esta iniciativa, que es activada en tiempos de elecciones desde 2017 y ya ha sido implementada en cuatro oportunidades, tiene el objetivo de propiciar un ejercicio del voto basado en las propuestas programáticas de los distintos candidatos y candidatas y de las organizaciones políticas que los respaldan. Para ello, recopila, difunde y analiza los contenidos de todos sus planes de gobierno.

  En las elecciones de 2021, Grupo FARO analizó los planes de gobierno de todos los y las candidatos presidenciales. Encontramos que, de las 1500 propuestas identificadas bajo 16 temas de relevancia nacional, solo el 55,5% contenía información sobre cómo iban a ser ejecutadas, y únicamente el 26,7% explicaba a quién estaban dirigidas.

  Además, a partir de nuestra experiencia organizando debates entre candidatos y candidatas durante las elecciones seccionales, asistimos al Consejo Nacional Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales, que a partir de la reforma al Código de la Democracia de febrero de 2020 pasaron a ser obligatorios.

  ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la baja calidad de los planes de gobierno?

  La baja calidad de los planes de gobierno, que hace que no sean instrumentos adecuados para informar a la población sobre las posturas de los diferentes candidatos, candidatas y organizaciones políticas, responde a la falta de exigibilidad y reglamentación de parte del organismo rector, que no exige que estos documentos cumplan con estándares mínimos y puedan ser comparables entre sí. De hecho, hemos analizado algunos planes de gobierno de tres páginas y otros de más de cien. Además, en muchos casos difieren del discurso del o la candidata o incluyen propuestas ajenas a su ámbito de competencia. Por esto, no es común que los electores accedan a estos instrumentos para informarse, y, por ende, no tiene otro propósito que cumplir con un requisito formal para registrar la candidatura. Esto último contradice el hecho de que una de las causales para solicitar revocatoria de mandato de autoridades de elección popular es el incumplimiento de su plan de gobierno.

  El alto grado de generalidad de las propuestas contenidas en los planes de gobierno hace que el discurso de campaña de los candidatos apunte al votante mediano, y que estratégicamente los candidatos no se diferencien. Esto fragmenta las preferencias de los electores y genera complicaciones, tales como el estrechísimo margen entre el segundo y el tercer lugar en las últimas elecciones, entre los candidatos Guillermo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades, y Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Ello hizo que quien ganó en segunda vuelta fuera alguien que en la primera vuelta no había alcanzado ni el 20% del voto total: llegó al poder por efecto de un voto obligatorio, con muy baja legitimidad, y un alto riesgo de enfrentar problemas de gobernabilidad en el mediano plazo.

  ¿Qué desafíos enfrenta la sociedad civil ecuatoriana bajo el nuevo gobierno?

  A pesar de que no se identificaron propuestas específicas en relación con la promoción de la participación de la sociedad civil, el presidente Lasso ha procurado emitir un mensaje amigable y de colaboración. Sin embargo, debido a su origen empresarial, el gobierno tiende a equiparar a la sociedad civil con el sector privado. Esto decanta en dos retos para la sociedad civil. El primero es diferenciarse del sector privado y el segundo es trabajar de forma armoniosa con éste. Para esto debe promover un ejercicio de reflexión sobre el rol actual de la sociedad civil y poner en evidencia el valor que su involucramiento agrega a la gestión pública. Además, debe insistir en que esta participación no se circunscriba a unas pocas organizaciones afines al gobierno, sino que sea abierta e inclusiva, plural y diversa.

  Lo anterior implica, por un lado, avanzar en un proceso de fortalecimiento organizacional de la sociedad civil para el trabajo colaborativo entre sí y con otros actores. Y, por otro lado, iniciar un proceso de aprendizaje y de generación de confianza con el sector privado. Hay una gran oportunidad para que la sociedad civil organizada contribuya a que el aporte de las empresas a lo social se haga desde la transparencia, con rectoría pública y en base a principios internacionales de funcionamiento efectivo de alianzas público-privadas sociales que garanticen proyectos o acciones de calidad, y que vayan más allá del beneficio corporativo.

  La antesala para el desarrollo de las alianzas previamente mencionadas es la promulgación de una ley mínima para las OSC que nos dé seguridad jurídica y nos proteja de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Al momento estamos normadas por un decreto ejecutivo y bajo una lógica de concesión y control, y no de registro y corresponsabilidad. Lograr la promulgación de una ley que contribuya a la construcción de un ambiente habilitante y de fomento de la participación es otro de los desafíos que tenemos como sector en este periodo de gobierno. Grupo FARO, en alianza con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y otras organizaciones aliadas, promueve una propuesta de ley mínima que, en la anterior Asamblea Nacional, llegó hasta la instancia del desarrollo de un informe para segundo debate.

   

  El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con Grupo Faro a través de su sitio web o sus páginas de Facebook o Instagram, y siga a @grupofaro y a @eteranv en Twitter.

• ECUADOR: “Los derechos de las mujeres atraviesan una situación emergencia desde mucho antes de la pandemia”

  CIVICUS conversa con Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío, acerca de los avances conseguidos y los desafíos pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador. Virginia se refiere a la significación del avance que tuvo lugar en abril de 2021, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación. Activa desde el año 2000, la Fundación Desafío es una coalición feminista dedicada a la defensa y a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia en Ecuador.

  

  ¿Cuáles son los desafíos para los derechos de las mujeres en Ecuador?

  Los derechos de las mujeres en Ecuador siguen siendo un desafío porque en todos los aspectos tenemos asuntos pendientes a causa de la discriminación, la exclusión y la violencia machista. En materia de acceso al trabajo y a oportunidades económicas y de desarrollo personal, por ejemplo, las mujeres padecieron la pandemia y la desaceleración de la actividad en forma desproporcionada; la eliminación de pequeños emprendimientos y la reducción de las oportunidades para las ventas informales las golpearon con mayor fuerza, y para muchas fue difícil recuperar esos espacios.

  Las desigualdades afectan de maneras diferentes a mujeres de distintos grupos sociales. Ecuador tiene una población indígena grande, hay una gran fuerza campesina femenina, pero las mujeres no son dueñas de la tierra. Hay muchísima discriminación, y las personas indígenas y afrodescendientes tienen muchas más dificultades para acceder a oportunidades. Las mujeres indígenas y negras campesinas y migrantes internas son más vulnerables porque sufren la violencia de un sistema que desvaloriza lo indígena y lo campesino.

  En Ecuador también hay una gran presencia de mujeres en situación de movilidad, en su mayoría jóvenes, en edad reproductiva. Están llegando sin papeles y entrando por pasos migratorios no autorizados, lo que las expone a situaciones de trata, explotación sexual y violación, además de a situaciones de violencia xenófoba. En ese sentido, los derechos de las mujeres atraviesan una situación de emergencia desde mucho antes de la pandemia. 

  Todas estas exclusiones van acompañadas de violencia, y Ecuador sigue teniendo pendiente el desarrollo de una estrategia para enfrentar esa violencia. Aunque la violencia psicológica sigue siendo la más prevalente, todas las formas de violencia han aumentado. Por ejemplo, la violencia obstétrica - es decir, las acciones u omisiones por parte del personal de salud que violan derechos de las mujeres durante el embarazo o el parto- es altísima: afecta a un 42% de mujeres, y en el área rural y en determinados grupos étnicos es mucho más prevalente. El Estado hace escasos esfuerzos y no da prioridad al tema del femicidio; el año pasado tuvimos 118 casos. Este año ya llevamos 131, entre los que se cuentan muertes violentas de mujeres relacionadas con venganzas de pandillas o delincuentes. La violencia contra las mujeres es un problema gravísimo en el Ecuador, y mientras el gobierno no se ocupe de ella estará incumpliendo con los derechos que están en la Constitución.

  El Estado ecuatoriano debería entregar boletas de protección u órdenes de alejamiento e investigar femicidios. También debería combatir la violencia que está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y que se expresa muy fuertemente bajo la forma de violencia sexual, así como en otras formas de violencia como la violencia política.

  En ese marco se coloca el panorama de los derechos sexuales y reproductivos. Recién el 28 de abril de 2021 se despenalizó el aborto en caso de violación. Es algo tan básico y por lo cual hubo que luchar tanto tiempo, lo que indica hasta qué punto el Estado ecuatoriano está atado a intereses de grupos de poder económicos que están fuertemente ligados a grupos de poder religioso. Cada año se embarazan en Ecuador entre 2.000 y 3.000 niñas. En 2019 fueron 4.000 menores de 14 años, y en la pandemia unas 3.000; según el Código Penal, estos embarazos son producto de violación.

  ¿Cómo ha sido el proceso que condujo a la legalización del aborto en casos de violación?

  Hasta abril de 2021, el aborto solo estaba permitido cuando la vida o la salud de la mujer estaba en peligro o si el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. En respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto para todos los casos de violación. 

  Esta ha sido una lucha de muchos años. Las organizaciones de derechos de las mujeres estamos defendiendo el aborto terapéutico y para casos de violación desde el año 2008, cuando se redactó la nueva constitución y cuando los grupos antiderechos intentaron derogar el aborto terapéutico. Ellos querían que las mujeres de este país no tuvieran posibilidad de abortar bajo ninguna circunstancia.

  En ese marco, la propuesta de legalización del aborto por violación se presentó en 2012, cuando se elaboró el nuevo Código Penal. En 2013, el entonces presidente Rafael Correa - el activista antiderechos con más poder– excluyó esta posibilidad. Amenazó con renunciar y lanzó el típico cliché de que la Constitución garantiza y protege la vida desde la concepción.

  En 2019 se volvió a plantear la despenalización del aborto en caso de violación producto de una iniciativa legislativa procedente de la Defensoría Pública. La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (CNME) y la Fundación Desafío volvimos a trabajar por la despenalización en casos de violación. Pero a último momento, en la negociación legislativa, el tema fue usado como moneda de cambio, y perdimos la votación. Teníamos los 70 votos que se necesitan para aprobar una moción en la Asamblea, pero varios asambleístas de bancadas que habían comprometido su apoyo finalmente votaron en contra. Logramos 65 votos frente a 59 de los antiderechos. Perdimos y el proceso tomó otro rumbo, el de la Corte Constitucional.

  Dos meses antes de la votación, la Fundación Desafío y la CNME ya habíamos interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y una demanda de incumplimiento en la Corte Constitucional, porque las mujeres de este país no tenemos confianza en que los poderosos de turno contemplen nuestros intereses. En diciembre de 2019 estas dos demandas fueron admitidas y en noviembre de 2020 se sumaron otras organizaciones de mujeres, además de la Defensoría del Pueblo.

  Tras el fallo de la Corte Constitucional, la determinación de los plazos sigue siendo un desafío inmenso. Nosotras planteamos que no hubiese plazo, pero algunos médicos y profesionales de la salud ya están poniendo plazos en el proyecto de ley, de modo que eso es algo que vamos a tener que pelear en la Asamblea.

  ¿Qué roles ha desempeñado la Fundación Desafío?

  Además de presentar las mencionadas demandas de inconstitucionalidad y de incumplimiento, hemos desempeñado un rol de liderazgo en el cabildeo legislativo. Este trabajo se sumó a la contribución de muchas otras organizaciones que trabajaron con la población, haciendo talleres, organizando redes para acompañar a mujeres en situación de aborto y abriendo espacios que dan a las mujeres la posibilidad de decidir, aunque sea en un contexto de ilegalidad.

  En los procesos legislativo de 2013 y 2019 hicimos de todo. Hicimos campañas comunicacionales, produjimos videos cortos de gente que tiene visibilidad pública, trabajamos en redes, presentamos nuestras investigaciones. Tuvimos un rol en el día a día en la Comisión de Justicia, que trabajó los dos informes que luego pasaron al plenario. Nosotras canalizamos la presencia de Human Rights Watch, que desde una perspectiva de legislación comparada instó a la Asamblea a avanzar en la legalización, y de varias mujeres que dieron sus testimonios, incluidas una mujer violada y una mujer que trabaja en el sector de la violencia en los niños. También hicimos una campaña para que se aprobara el Código de la Salud, que incluía varios artículos sobre derechos sexuales y reproductivos. Después de ocho años de debates, el Código de Salud se aprobó en agosto de 2020 en la Asamblea y el expresidente Lenin Moreno lo vetó totalmente al mes siguiente.

  Finalmente, apoyamos la conformación de la Red Ecuatoriana de Fe, formada por cristianos evangélicos progresistas. Este grupo hizo presentaciones y comunicados. El movimiento sindical y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador también se posicionaron a favor en el proceso. Toda esa documentación fue entregada a la Asamblea y luego a la Corte Constitucional.

  ¿Qué impacto piensas que tendrá este cambio legal?

  Para quienes hemos dejado la vida en esto y la seguiremos dejando, este cambio tiene un gran impacto simbólico a pesar de ser un pequeño paso. Obviamente, la legalización del aborto en casos de violación es algo enorme para las niñas violadas, que en Ecuador son muchísimas, y para las mujeres en general que ahora pueden finalizar un embarazo producto de un crimen, si así lo deciden. Y si bien no se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en cualquier circunstancia, simbólicamente es un progreso enorme porque desmitifica el aborto y la posibilidad de tomar decisiones sobre el curso de un embarazo en caso de violación. Ahora es legal tomar decisiones sobre el cuerpo de una mujer embarazada que ha sido violada; el Estado ha dado su aprobación y por primera vez ha puesto a la víctima en el centro del debate. Entonces, ¿por qué no van a poder las mujeres que no han sido violadas tomar decisiones sobre sus cuerpos? Implícitamente creo que se van dando estos desplazamientos.

  El próximo paso a muy corto plazo sería que también se despenalice el aborto en caso de malformación letal del feto. El escenario de la despenalización total hay que plantearlo en la Asamblea, como ha ocurrido en otros países. Tal vez digan que no, pero ese es el camino y alguien lo tiene que hacer.

  El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
  Póngase en contacto con la Fundación Desafío a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@DesafioDerechos en Twitter.

   

• Ecuador: despite commitments, criminalisation and violence continue with impunity

  Statement at the 52nd Session of the UN Human Rights Council

  Adoption of UPR Outcomes on Ecuador

  Delivered by Nicola Paccamiccio

  Thank you, Mr President.

  Fundación Ciudadanía y Desarrollo and CIVICUS welcome the government of Ecuador's engagement with the UPR process and its efforts to improve the legal framework for civil society organisations and to reform restrictive legislation used to stifle journalism.

  Since its last review, Ecuador has fully implemented 2 of the 25 recommendations relating to civic space and taken steps to implement 13 recommendations. We welcome that Ecuador accepted 18 of the 20 recommendations it received on civic space during this cycle.

  However, the CIVICUS Monitor rates space for civil society as ‘obstructed,’ indicating that it is constantly undermined by authorities and non-state actors.

  We remain concerned by the lack of institutional mechanisms to promote an enabling environment for human rights defenders, journalists and activists. While Ecuador committed to establishing protection mechanisms to ensure their safety, efforts in this regard have stalled while judicial harassment, criminalisation and violence continue to take place with impunity.

  Over the past five years, protest rights have been repeatedly violated. In 2022, Indigenous-led protests were once again met with repression, leaving over 300 people injured and 9 dead in less than a month. We are concerned about the recurrence of excessive use of force by Ecuador’s security forces. Rather than recognising human rights abuses in the context of protests, authorities have often stigmatised those taking to the streets.

  Mr President, we call on the Government of Ecuador to take concrete steps to address these concerns, including by:

  • Immediately and impartially investigating all instances of excessive force in the context of protests;
  • Reviewing and updating existing human rights training for police and security forces and;
  • Implementing comprehensive policies and mechanisms to protect civil society organisations, human rights defenders and journalists.

  We thank you.

  ---

  Civic space in Ecuador is rated as "Obstructed" by the CIVICUS Monitor.

• Ecuador: Human rights at risk as protests are violently repressed

  The use of violence to restrict ongoing protests in Ecuador and the refusal of the government to heed the demands of the protesters further threatens fundamental freedoms, Global civil society alliance CIVICUS said today. 

• Ecuador: Informe de Diálogo sobre Democracia: 21 de agosto de 2018

  Diálogo sobre Democracia organizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador, 21 de agosto de 2018

• Ecuador: Los derechos humanos están en peligro debido a la represión violenta de las protestas

  Según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales. 

• Joint Universal Periodic Review (UPR) Submissions on Civil Society Space

  CIVICUS makes UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on civil society space in Algeria, Brazil, Ecuador, India, Indonesia, Philippines, Poland, South Africa, Tunisia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

  The United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review is a unique process which involves a review of the human rights records of all 193 UN Member States once every 4.5 years.

  ---

  CIVICUS and its partners have submitted UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on ten countries in advance of the 41^st UPR session in October-November 2022, which marks the beginning of the 4^th UPR cycle. The submissions examine the state of civil society in each country, including the promotion and protection of the rights to freedom of association, assembly and expression and the environment for human rights defenders. We further provide an assessment of the States’ domestic implementation of civic space recommendations received during the 3^rd UPR cycle over 4 years ago and provide a number of targeted follow-up recommendations. 

  Algeria  -  See consolidated report | See full version in English: The submission by CIVICUS, Cairo Institute for Human Rights Studies, ARTICLE 19, Front Line Defenders, FIDH, MENA Rights Group, the Algerian League for the Defence of Human Rights (LADDH), SHOAA, and Alter’Solidaire highlights our concerns around the use of violence and restrictive legislation limiting freedom of expression and targeting protesters.  It also documents the arrests of journalists, the targeting of civil society organisations and the attacks on human rights under the pretext of countering terrorism. 

  Brazil - See consolidated report | See full versions in English and Portuguese: CIVICUS and Instituto Igarapé examine the deterioration of civic space in Brazil, highlighting legal and extra-legal measures that have restricted freedom of expression and the participation of civil society in policymaking. The submission shows that violence against human rights defenders and journalists is widespread and continues to take place with impunity as the environment for civil society worsens.

  Ecuador - See consolidated report | See full versions in English and Spanish: CIVICUS and Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) assess the important reforms removing legal restrictions on the freedoms of association and expression in Ecuador, while also highlighting the lack of institutional mechanisms to protect and promote an enabling environment for civil society, human rights defenders (HRDs) and journalists. We discuss the recurrent judicial harassment, criminalisation and violence of these actors and the repeated repression of protests. 

  India - See consolidated report | See full version in English: This submission by CIVICUS and Human Rights Defenders Alert – India (HRDA) highlights the continued use of the draconian Foreign Contributions Regulation Act (FCRA) by the authorities to target CSOs, block foreign funding and investigate organisations that are critical of the government. It also documents the continued judicial harassment of human rights defenders and journalists and the use of repressive security laws to keep them detained as well as restrictions on and excessive use of force against protesters.

  Indonesia -  See consolidated report | See full version in English: In this UPR submission, CIVICUS, The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), and YAPPIKA-ActionAid highlight, among other issues, the implementation of legal restrictions concerning civic space and fundamental freedoms, increased scrutiny and excessive use of force by authorities to control both offline and online civic space and the heightened repression against marginalised groups including people from and who work on the issue of Papua/West Papua.

  The Philippines - See consolidated report | See full version in English: In this joint submission, CIVICUS and Karapatan detail systematic intimidation, attacks and vilification of civil society and activists, an increased crackdown on media freedoms and the emerging prevalence of a pervasive culture of impunity in the Philippines over the last five years. Often, crackdowns have taken place under the guise of anti-terrorism or national security interests. We further note that a joint programme on human rights between the Philippines and the UN established in July 2021 has not, to date, resulted in any tangible human rights improvement.

  Poland - See consolidated report | See full version in English: CIVICUS and the Committee for the Defence of Democracy – Komitet Obrony Demokracji (KOD) highlight our concerns of the dismantling of judicial independence and the rule of law by the ruling Law and Justice (PiS) Party, which has been used as a tool to violate civic freedoms. In this joint submission we examine cases of women HRDs (WHRDs) advocating for reproductive justice and LGBTQI+ defenders who are facing judicial harassment and intimidation. In addition, we assess the state of freedom of expression, with repeated attempts to diminish media independence through restrictive legislation, government allies acquiring ownership of major media outlets and the filing of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) against independent media.

  South Africa - See consolidated report | See full version in English:  In this joint submission, CIVICUS, Human Rights Institute of South Africa (HURISA) and the Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) highlight threats, intimidation and attacks against human rights defenders (HRD), in particular women HRDs (WHRDs) and those defending land and environmental rights, housing rights and whistleblowers. Furthermore, the submission addresses concerns over the continued use of force by security forces in response to protests and legal restrictions which undermine the freedom of expression and opinion.

  Tunisia – See consolidated report | See full version in English: In this submission, CIVICUS and the Arab NGO Network for Development (ANND) highlight the increased deterioration of civic space in Tunisia, particularly since July 2021, when President Kais Saied suspended the parliament. Activists and journalists have faced increased attacks, prosecution and arrests, while access to information has been limited and media outlets have faced restrictions. In addition, the submission examines the government’s attempts to introduce restrictive legislation that could unduly limit the right to association.

  The United Kingdom – See consolidated report | See full version in English: CIVICUS highlights our concerns on the UK government’s repeated attempts to unduly restrict the right to the freedom of peaceful assembly. We examine how the Police, Crime, Sentencing and Courts Bill (PCSCB), introduced in March 2021, seeks to unduly limit this right. We discuss cases in which protesters advocating for climate justice and racial justice have faced undue restrictions, including detentions and excessive force. We also highlight how several laws have been used to unduly limit press and media freedoms.

  ---

  Civic space in the United Kingdom is rated as Narrowedby the CIVICUS Monitor. In Brazil, Ecuador, Indonesia, Poland, South Africa, Tunisia it is rated as Obstructed,whereas in Algeria, India, The Philippines civic space is rated as Repressed.