espacio cívico

• MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”

  CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.

  María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.

  ¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?

  En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.

  México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.

• MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”

  CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.

  DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.

  ¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?

  Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.

  El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.

  En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.

  DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.

  Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.

  En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.

  La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.

  DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  ¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?

  Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.

  La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.

  Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.

  Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.

  La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.

  ¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?

  Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.

  La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.

  La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.

  Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.

  Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.

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• MÉXICO: “Las personas defensoras ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida”

  CIVICUS conversa con Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en México, y específicamente de la situación de Kenia Hernández, una defensora indígena criminalizada e injustamente encarcelada.

  El CDHZL es una organización de la sociedad civil del estado de México que acompaña procesos de lucha de comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que buscan una vida digna a través del ejercicio y el reclamo de sus derechos humanos.

  ¿Quién es Kenia Hernández, y por qué está detenida?

  Kenia es una joven mujer indígena amuzga. Tiene 32 años. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo neoliberal. Es abogada de formación profesional, se reivindica feminista y se dedica a la defensa de los derechos humanos, y particularmente a la defensa de personas presas por motivos políticos, a la búsqueda para hallar con vida a personas desaparecidas y al acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.

  Kenia fue detenida el 18 de octubre de 2020, acusada de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia. La acusaron de delitos graves para asegurarse de poder internarla en el penal femenino de máxima seguridad más terrible de todo México.

  El 15 de marzo de 2022 el tribunal de enjuiciamiento de Ecatepec, en el estado de México, determinará si es culpable o inocente en una de las cinco causas penales que existen en su contra. Todas estas causas fueron fabricadas con el exclusivo propósito de aislarla y evitar que siga protestando, además de mandar una señal de castigo ejemplar a todas aquellas personas que ella había logrado articular en un movimiento de corte nacional que cuestionó la concesión privada de las autopistas.

  ¿Es el caso de Kenia parte de una tendencia más amplia a la criminalización de las personas defensoras indígenas en México?

  Efectivamente, el caso de Kenia nos revela que el Estado mexicano tiene una clara política de “pedagogía del escarmiento”, por dos razones.

  Por un lado, manda una señal a las personas que protestan, y particularmente a quienes protestan poniendo de relieve el tema de las autopistas privadas, para que ya no recurran a la manifestación pública como forma de movilización social, porque si lo hacen padecerán como consecuencia un encierro injusto y cruel como el que vive Kenia.

  Por el otro lado, los funcionarios del Estado mexicano tratan de someter y doblegar la voluntad de Kenia, pretenden castigarla por haber protestado pero también vulnerar sus convicciones, limitar su energía y fuerza en la protesta, hacerle saber quién manda y quién obedece. Como ella no se ha sometido continúan manteniéndola en prisión. Saben que si la liberan volverá a su activismo.

  Ambas situaciones son de una gravedad por demás preocupante, porque buscan revertir décadas de luchas sociales y de apertura de espacios democráticos.

  ¿Qué está haciendo la sociedad civil, y particularmente el CDHZL, para conseguir su liberación?

  El CDHZL se dedica a difundir, promover y defender los derechos humanos de pueblos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Defendemos el medio ambiente, la tierra y el territorio, el derecho humano al agua y la cultura indígena. Y nos enfocamos particularmente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ya que en México estas personas ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida.

  Parte de nuestro trabajo consiste en dar defensa legal a personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas por defender pacíficamente algún derecho. En sus diez años de vida, el CDHZL ha ayudado a recuperar su libertad a alrededor de 250 personas.

  Esperamos que pronto Kenia sea una más de ellas. La sociedad civil mexicana ha dado mucha visibilidad a su caso, poniendo en la agenda pública la criminalización de que es objeto e involucrando a actores clave, y en particular a senadores de la República, para convencer a tomadores de decisión relevantes de dejar de criminalizar a Kenia. También hemos tratado de llevar su caso al ámbito internacional, señalando la política punitiva del gobierno federal de México.

  A través de su amplio equipo de abogados y abogadas, el CDHZL ha sostenido una defensa jurídica en los cinco procesos legales contra Kenia, con todo lo que ellos implican: decenas de audiencias, impugnaciones y juicios de garantías, algunos de ellos ganados. Pero claramente esto es mucho más que una lucha jurídica, ya que altos funcionarios se han empeñado en mantener a Kenia en prisión a toda costa.

  ¿No ha habido mejoras en la situación de las personas defensoras indígenas tras el ascenso del actual gobierno de izquierda?

  Nuestra expectativa era que hubiera mejoras en la situación de las personas indígenas, las personas defensoras y los derechos colectivos en general, pero desafortunadamente continúa habiendo un desdén generalizado en el gobierno federal, más allá de su corte de izquierda.

  El gobierno no ha podido o no ha querido sintonizar con las demandas más sentidas de los pueblos originarios. Han continuado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Entre los casos de prisión, el de Kenia Hernández es uno de los ejemplos más lacerantes del uso indebido del sistema penal en contra de una persona defensora, producido bajo este gobierno que se autoproclama artífice de una “cuarta transformación” – un proceso de cambio profundo supuestamente comparable a los de la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917).

  ¿Qué clase de apoyos regionales e internacionales necesita la sociedad civil mexicana en su lucha por los derechos humanos y el espacio cívico?

  Sin duda la observación internacional, muy mal aceptada por el gobierno actual, ayuda y ayudará a recuperar espacios democráticos para la protesta social y la libre manifestación de las ideas.

  Llamamientos al gobierno de la República Mexicana pueden ayudar a sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de respetar los derechos humanos y a quienes los defienden más allá de filiaciones a partidos políticos. 

  La mediación y buenos oficios internacionales serán sin duda una herramienta fundamental para fortalecer a la sociedad civil en los procesos de defensa de derechos humanos, y particularmente en aquellos donde se encuentren en juego la vida y libertad de personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

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• MYANMAR: “Casi todos los detenidos nos dicen que fueron golpeados”

  CIVICUS conversa con Manny Maung, investigador en Myanmar de Human Rights Watch (HRW), acerca de la situación de derechos humanos en Myanmar. Anteriormente Manny fue periodista y pasó muchos años viviendo y trabajando en Myanmar.

  Myanmar sigue figurando en la lista de vigilancia de CIVICUS, que incluye a países que recientemente han experimentado rápido deterioro de sus libertades cívicas. En Myanmar los militares tomaron el poder mediante un golpe de estado el 1º de febrero de 2021, arrestaron a los líderes civiles de los gobiernos nacional y estaduales y lanzaron una brutal represión contra el movimiento de protesta en todo el país. Más de seis meses más tarde, el asalto al espacio cívico continúa. Miles de personas han sido detenidas y encarceladas arbitrariamente. Muchas enfrentan acusaciones infundados y se han denunciado torturas y malos tratos durante los interrogatorios, así como muertes bajo custodia.

  

  ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas en Myanmar a más de cinco meses del golpe?

  Desde el golpe militar del 1º de febrero, hemos asistido a un rápido deterioro de la situación. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y cientos han sido asesinadas, mientras que muchas más están escondidas e intentan evitar ser detenidas. HRW ha determinado que los militares han cometido contra la población abusos que equivalen a crímenes contra la humanidad, por lo que es evidente que la situación para la sociedad civil es extremadamente peligrosa, ya que las libertades cívicas se han vuelto inexistentes.

  ¿Sigue activo el movimiento de desobediencia civil (MDC) a pesar de la represión?

  Se siguen realizando protestas a diario, aunque son más pequeñas y ad hoc. Se producen protestas relámpago en todo Myanmar, no solamente en las principales ciudades. Pero estas manifestaciones están ahora algo acalladas, no sólo por la violenta represión de las fuerzas de seguridad, sino también por la devastadora tercera oleada de infecciones por COVID-19. Se han dictado cientos de órdenes de detención contra los líderes de las protestas, incluidos casi 600 médicos que han participado en o liderado el MDC. Periodistas, abogados y líderes de la sociedad civil han sido objeto de ataques, al igual que cualquiera que sea considerado un líder de la protesta o de la huelga. En algunos casos, si las autoridades no encuentran a la persona que pretenden detener, arrestan a sus familiares como forma de castigo colectivo.

  ¿Cuál es la situación de los manifestantes que han sido detenidos y encarcelados?

  Casi todas las personas con las que hablamos que fueron detenidas o acorraladas durante la represión generalizada de las protestas nos cuentan que fueron golpeadas cuando fueron detenidas o mientras estaban retenidas en centros de interrogatorio militares. Un adolescente describió que le golpearon tan fuerte con la culata de un rifle que se desmayó entre entre una y otra paliza. También describió cómo le obligaron a meterse en una fosa y le enterraron hasta el cuello mientras tenía los ojos vendados, todo ello porque las autoridades sospechaban que era un líder de la protesta. Otros han relatado las graves palizas que les propinaron mientras estaban esposados a una silla, que les fueron negados agua y alimentos, que se les privó del sueño y que sufrieron violencia sexual o amenazas de violación.

  Muchos de los manifestantes que siguen detenidos no han tenido realmente un juicio. Algunos han sido acusados y condenados, pero se trata de un número pequeño comparado con los miles que están esperando que sus casos avancen. Muchos de los detenidos que ya han salido de la cárcel nos dicen que han tenido un contacto mínimo, si es que han tenido alguno, con sus abogados. Pero los abogados que los representan también corren riesgos. Al menos seis abogados que defienden a presos políticos han sido detenidos, tres de ellos mientras representaban a un cliente en un proceso judicial.

  ¿Cómo ha afectado al MDC la interrupción de los servicios de internet y televisión?

  La prohibición de la televisión por satélite se ha sumado a las restricciones del acceso a la información. La Junta alegó que las “organizaciones ilegales y las organizaciones de noticias” estaban emitiendo por satélite programas que amenazaban la seguridad del Estado. Pero las prohibiciones parecen dirigirse principalmente a los canales de noticias extranjeros que emiten por satélite en Myanmar, entre ellos dos emisoras independientes en lengua birmana, Voz Democrática de Birmania y Mizzima, a las que la Junta revocó sus licencias de medios en marzo. Los cortes de internet también han dificultado el acceso a la información y la comunicación en tiempo real.

  Los cortes generalizados de internet son una forma de castigo colectivo. Dificultan el acceso a la información y las comunicaciones necesarias para la vida cotidiana, y resultan especialmente disruptivos durante la crisis y la pandemia de COVID-19. Las restricciones también dan cobertura a los abusos de derechos humanos y complican los esfuerzos para documentar las violaciones.

  ¿Por qué ha aumentado la violencia en las zonas étnicas, y cuáles son sus blancos preferidos?

  En algunas partes del país el golpe provocó la reanudación de los combates entre grupos étnicos armados y el ejército. El estado de Rakhine parece ser la excepción, ya que allí el Ejército de Arakan ha negociado un alto el fuego y las protestas contra los militares no han sido tan ruidosas ni generalizadas. Otros grupos étnicos armados, como el Ejército por la Independencia de Kachin y el Ejército de Liberación Nacional de Karen (KNLA), han acogido con satisfacción la resistencia frente a los militares y están proporcionando refugio a quienes huyen de los militares en los territorios que controlan. Los renovados enfrentamientos entre el ejército y el KNLA han dado lugar a diversas violaciones de derechos humanos de la población civil y han desplazado a miles de personas en la frontera entre Tailandia y Myanmar.

  ¿Qué opina de la respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la situación de Myanmar?

  La ASEAN ha intentado utilizar los canales diplomáticos, pero esta situación no es la habitual. Los militares se han hecho con el poder y han estado cometiendo crímenes contra su propio pueblo, una población civil que ya ha expresado su preferencia en las elecciones. Tras meses de negociaciones inútiles, la ASEAN debería estar preparada para imponer sanciones a Myanmar. Como naciones independientes, los Estados miembros de la ASEAN deben actuar juntos e imponer sanciones selectivas a Myanmar para garantizar que los militares dejen de actuar con total impunidad.

  La reacción del general Min Aung Hlaing, que se ha autoproclamado primer ministro, ante el plan de consenso de cinco puntos propuesto por la ASEAN, muestra su absoluto desprecio por la diplomacia regional y pone de manifiesto que sólo responderá a demostraciones de fuerza, tales como la de cortar su acceso y el de los militares a ingresos del exterior mediante la imposición de sanciones.

  ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil e impulsar el retorno a la democracia?

  HRW recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. El CSNU y países influyentes como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, India, Tailandia y la Unión Europea deberían aplicar sanciones coordinadas para presionar a la junta. El CSNU también debería aprobar una resolución para prohibir la venta de armas a Myanmar.

  En cuanto a las organizaciones internacionales de la sociedad civil, deben seguir defendiendo a los miembros de la sociedad civil que actualmente se encuentran escondidos o detenidos arbitrariamente. Esto significa seguir presionando para que se reconozca la gravedad de la crisis política y humanitaria en Myanmar y presionar a los gobiernos para que actúen en beneficio del pueblo de Myanmar.

  El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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• MYANMAR: “Los militares convirtieron a los trabajadores de la salud de héroes en criminales de la noche a la mañana”

  

  CIVICUS conversa con Nay Lin Tun, un médico que colabora habitualmente como voluntario con los equipos de rescate en las zonas de emergencia de la ciudad de Yangon, en Myanmar. Desde que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado el 1º de febrero de 2021, el ejército ha iniciado unabrutal represión contra el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), un movimiento de protesta que se extendió por todo el país y en el cual losprofesionales de la salud han desempeñado un rol fundamental.

  Desde el golpe de Estado, Nay Lin Tun ha estado en la primera línea tratando a manifestantes heridos por las fuerzas de seguridad. Anteriormente trabajó en el estado de Rakhine prestando atención médica comunitaria móvil a la población rohingya y a otros desplazados internos en zonas afectadas por el conflicto. También participó en la campañaGoalkeepers Youth Action Accelerator, dedicada a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

• MYANMAR: “Los partidos de oposición se quejan de que el organismo electoral censura su discurso”

  CIVICUS conversa con el galardonado periodista Cape Diamond (Pyae Sone Win) acerca de las próximas elecciones en Myanmar. Cape es un periodista multimedia basado en Myanmar que cubre temas de derechos humanos, crisis y conflicto. Actualmente trabaja en forma independiente para Associated Press (AP). Ha cubierto críticamente la crisis de los refugiados rohingya y ha colaborado con numerosos medios internacionales, incluidos Al Jazeera, ABC News y CBS. También contribuyó al documental ganador del premio BAFTA,Myanmar’s Killing Fields, y al ganador de la medalla de oro en el Festival de Cine de Nueva York,The Rohingya Exodus.

   

  Programadas para el 8 de noviembre de 2020, estas elecciones serán las primeras desde 2015, cuando resultaron en una victoria aplastante para la Liga Nacional para la Democracia (LND), y serán apenas las segundas elecciones competitivas desde 1990, cuando la abrumadora victoria de la LND fue anulada por el ejército.

  ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil en vísperas de las elecciones?

  La situación de la libertad de expresión es muy preocupante. A lo largo de los años, periodistas y activistas de derechos humanos de Myanmar han sufrido acusaciones penales a causa de su trabajo. Se siguen utilizando leyes restrictivas, como la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas, la Ley de Secretos Oficiales y las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para enjuiciar a activistas y periodistas. También se ha utilizado la Ley de Procesión y Reunión Pacífica contra los manifestantes.

  Muchos partidos políticos se han quejado de que la Comisión Electoral de la Unión (UEC), el órgano electoral, ha censurado los mensajes que emitirán en la televisión nacional antes de las elecciones. Por ejemplo, Ko Ko Gyi, presidente del Partido Popular, dijo que las modificaciones que hizo la UEC en su discurso de campaña le impiden expresar plenamente la postura política de su partido frente a las elecciones. Dos partidos, el Partido Democrático para una Nueva Sociedad y Fuerza Nacional Democrática, cancelaron sus transmisiones electorales en protesta por la censura.

  Al mismo tiempo, los críticos dicen que el órgano electoral está predispuesto a favor del partido gobernante, el NLD, que lidera Aung San Suu Kyi. Es un tema al que debemos estar atentos y sobre el cual tenemos que hablar para garantizar elecciones creíbles.

  ¿Ha habido acercamientos del órgano electoral a la sociedad civil?

  He escuchado que la actual UEC no ha buscado activamente un vínculo con la sociedad civil. La UEC inicialmente prohibió que la Alianza Popular para unas Elecciones Creíbles (PACE), uno de los grupos de monitoreo electoral más grandes del país, monitoreara las elecciones. La UEC acusó a la PACE de no estar registrada bajo la ley que rige a las organizaciones de la sociedad civil y de recibir financiamiento de fuentes internacionales. A pesar de que la UEC acabo permitiéndole operar, la organización está experimentando dificultades para hacerlo, debido a las restricciones recientemente impuestas a causa del COVID-19.

  ¿Cuáles son los principales temas en torno de los cuales girará la campaña?

  La pandemia de COVID-19 y la guerra civil en curso en el país son nuestros principales problemas en este momento. Está muy claro que el partido gobernante y el gobierno no están prestando suficiente atención a la situación de las minorías en las regiones que sufren la guerra civil.

  Es preocupante que el país esté atravesando una pandemia, que creo que no tiene suficiente capacidad para manejar. Al 29 de septiembre de 2020, hemos tenido un total de 11,000 casos reportados y 284 muertes a causa del COVID-19. El aumento de las infecciones en las últimas semanas ha sido preocupante, ya que en agosto solo tuvimos alrededor de 400 casos confirmados. Me preocupa que la situación sea segura para que la gente salga a votar en las elecciones.

  Más de 20 partidos políticos han enviado al órgano electoral solicitudes para que postergue las elecciones debido a la pandemia, pero fueron rechazadas. El partido gobernante no está dispuesto a posponer las elecciones.

  ¿Será posible desarrollar una campaña “normal” en este contexto?

  No creo que sea posible tener mítines de campaña normales como los de las elecciones pasadas, las de 2015, ya que estamos en plena pandemia. El gobierno ha tomado varias medidas para combatir la propagación de la enfermedad, entre ellas la prohibición de las reuniones de personas. Los partidos políticos no pueden hacer campaña en las áreas que están en situación de semi-confinamiento.

  Las principales ciudades, como Yangon y su región metropolitana, así como algunos municipios de Mandalay, están en semi-confinamiento, bajo un programa que el gobierno ha llamado “Quédate en casa”. Al mismo tiempo, todo el estado de Rakhine, que está experimentando la guerra civil, también se encuentra en semi-confinamiento. Me temo que la gente en la zona de guerra civil no pueda salir a votar.

  Para dirigirse a sus públicos, los candidatos utilizan tanto las redes sociales como los medios convencionales. Sin embargo, como señalé anteriormente, algunos partidos opositores han sido censurados por la UEC. Algunos integrantes de la oposición han denunciado un trato injusto por parte de la UEC y el gobierno, mientras que el partido gobernante está usando su poder para expandir su popularidad. Esto claramente perjudicará las chances electorales de la oposición.

  ¿Qué desafíos específicos enfrentan los candidatos en el estado de Rakhine?

  Como todo el estado de Rakhine está sujeto a restricciones por el COVID-19, los candidatos no pueden hacer campaña en forma presencial. Por lo tanto, en general realizan campañas en las redes sociales. Al mismo tiempo, en muchos municipios del estado de Rakhine ha habido un prolongado corte del servicio de Internet, impuesto a causa de los combates en curso entre el Ejército de Arakan y las fuerzas militares. Me preocupa que la gente allí no pueda obtener suficiente información en torno de las elecciones.

  El gobierno de Myanmar también está utilizando la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982 y la Ley Electoral para privar de sus derechos a las personas rohingya y evitar que se postulen para competir por cargos políticos. Los funcionarios electorales impidieron la presentación de la candidatura de Kyaw Min, líder del Partido de la Democracia y los Derechos Humanos (DHRP), liderado por personas rohingya. Kyaw Min fue descalificado junto con otros dos candidatos del DHRP porque supuestamente sus padres no eran ciudadanos, como lo exige la ley electoral. Esta es una de las diversas herramientas que se utilizan para oprimir a la población rohingya.

  En octubre, la UEC lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes que fue criticada por utilizar un rótulo despectivo en referencia a las personas musulmanas rohingya. La aplicación mVoter2020, destinada a generar conciencia entre los votantes, se refiere a por lo menos dos candidatos del grupo étnico rohingya como “bengalíes”, lo cual sugiere que se trata de inmigrantes procedentes de Bangladesh, pese a que la mayoría de las personas rohingya ha vivido en Myanmar durante generaciones. Esta etiqueta es rechazada por muchos rohingya. Además, no podrá votar ninguno de los más de un millón de rohingya refugiados en Bangladesh, ni tampoco los cientos de miles dispersos en otros países.

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• MYANMAR: “Si el golpe no se revierte, habrá muchos más presos políticos”

  CIVICUS conversa sobre el reciente golpe militar en Myanmar con Bo Kyi, ex preso político y cofundador de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP). Fundada en 2000 por antiguos presos políticos que viven exiliados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, AAPP tiene su sede en Mae Sot (Tailandia) y dos oficinas en Myanmar que abrieron en 2012. La AAPP aboga por la liberación de los presos políticos y el mejoramiento de sus vidas tras su puesta en libertad, con programas destinados a garantizar su acceso a la educación, la formación profesional, el asesoramiento en salud mental y la asistencia sanitaria.

• NACIONES UNIDAS: “Conseguir un sólido tratado mundial sobre los océanos sería nada menos que histórico”

  CIVICUS conversa con Ellie Hooper, de Greenpeace Aotearoa, sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para elaborar un Tratado de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Greenpeace es una red mundial de activismo ambiental que incluye 26 organizaciones nacionales y regionales independientes en más de 55 países de todos los continentes, así como un organismo de coordinación, Greenpeace Internacional, con sede en Ámsterdam, Países Bajos. Greenpeace utiliza la protesta pacífica y la comunicación creativa para poner en evidencia los problemas ambientales globales y promover soluciones para crear un futuro verde y pacífico.

  ¿Por qué es importante tener un tratado sobre los océanos?

  Un tratado mundial sólido sobre los océanos podría revolucionar la forma en que los océanos son gestionados, poniendo fin a una gobernanza fragmentaria que no ha logrado proteger adecuadamente nuestro planeta azul.

  Bien hecho, uno de los principales logros del tratado sobre los océanos sería la creación de zonas marinas protegidas en alta mar. Dentro de estas zonas estarían prohibidas actividades humanas destructivas como la pesca industrial y la minería. En la actualidad no existe ningún mecanismo legal para crear zonas totalmente protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que se ha convertido en un verdadero problema. El océano enfrenta numerosas amenazas y para protegerlo necesitamos adoptar una visión holística que aborde múltiples factores de riesgo.

  Conseguir un tratado sólido sería nada menos que histórico. Los científicos nos dicen que para evitar los peores impactos de la crisis climática y de biodiversidad al menos la tercera parte de los océanos del mundo deberían estar protegidos hacia 2030. Un tratado fuerte nos daría el mecanismo para hacerlo. El océano es un enorme sumidero de carbono y hasta este momento ha absorbido gran parte del calentamiento global. También alberga una biodiversidad asombrosa, produce el oxígeno que respiramos, estabiliza el clima y es fuente de alimento para millones de personas en todo el mundo.

  En suma, mantener al océano sano es vital para nuestra supervivencia y para el funcionamiento de nuestro planeta. Pero cada vez más investigaciones demuestran que está decayendo. Para revertir esta situación tenemos que dar un paso adelante y protegerlo reduciendo las múltiples presiones que padece.

  La ciencia demuestra que las áreas marinas totalmente protegidas son una de las mejores herramientas que tenemos para ayudar al océano a recuperarse y prosperar. Cuando se establecen en las zonas correctas –es decir, en lugares reconocidos por su alta biodiversidad, sus rutas migratorias o sus ecosistemas únicos– la salud del océano mejora y la vida marina florece. Esto tiene efectos positivos en todas las dimensiones, desde el número de criaturas que habitan el mar hasta la capacidad del océano para absorber carbono.

  ¿Por qué el proceso del tratado está llevando tanto tiempo?

  Se trata de un esfuerzo de conservación enormemente ambicioso. Conseguir que un tratado sea aprobado implica que los países de todo el mundo se pongan de acuerdo con sus términos, lo cual no es una tarea fácil.

  Aunque es decepcionante que los representantes de los Estados no hayan logrado cerrar el tratado en la última ronda de negociaciones celebrada en agosto, esto no significa que el acuerdo no vaya a producirse. En la última reunión se avanzó mucho, y los países mostraron más flexibilidad y comprensión de la urgencia. Se les acabó el tiempo, pero no perdemos la esperanza de que este acuerdo histórico esté a la vuelta de la esquina. Lo que hay que hacer ahora es lograr que los Estados se reúnan sin demora y resuelvan sus últimos desacuerdos.

  ¿Cómo han trabajado por el tratado la sociedad civil en general, y Greenpeace en particular?

  La sociedad civil ha ejercido gran presión a favor de este tratado, y muchas organizaciones de todo el mundo han presionado para que se materialice en su mejor versión.

  Greenpeace ha participado activamente en el proceso del tratado desde sus comienzos. Envía una delegación a cada ronda de negociaciones y ha llevado a cabo una campaña mundial de concientización sobre las amenazas que enfrenta el océano y sobre cómo un tratado podría contrarrestarlas. Hemos adoptado un enfoque doble, cultivando una opinión pública favorable al acuerdo al tiempo que seguimos trabajando entre bambalinas, hablando con ministros y otros funcionarios públicos en todas las regiones donde estamos activos.

  Logramos que millones de personas de todo el mundo se unieran a la campaña por un tratado fuerte. Lo han hecho de diversas maneras, desde la firma de peticiones, el envío de cartas y la grabación de mensajes de video hasta la participación en movilizaciones. Mucha gente de todo el mundo está involucrada en el tema y su compromiso ha sido fundamental para llegar hasta aquí.

  Para nosotros en Greenpeace Aotearoa, ha sido inspirador ver la cantidad de personas que están dispuestas a defender la protección de los océanos, y sabemos que sus voces han sido escuchadas. Sus repetidos llamamientos al liderazgo neozelandés para que diera su apoyo a un tratado fuerte llevaron a Nueva Zelanda a sostener una posición mucho más progresista en las negociaciones. Esa es la clase de poder que tiene la gente cuando actúa colectivamente. Cuando trabajamos juntos, podemos lograr auténticos cambios.

  También nos hemos reunido regularmente con la delegación neozelandesa en las negociaciones del tratado, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, y nos comunicamos constantemente con ellos sobre cómo debe ser el tratado para proteger al océano para las generaciones futuras.

  ¿Qué pueden hacer las organizaciones y activistas de la sociedad civil para que el tratado sea aprobado?

  Las negociaciones del tratado deben reanudarse urgentemente. En la última ronda se acabó el tiempo para acordar todos sus términos, pero ya casi se ha logrado. Así que depende de los y las activistas y organizaciones de la sociedad civil seguir presionando a los líderes mundiales para que den prioridad a la reanudación de las negociaciones y la consecución del tratado. No queremos que quede relegado al último lugar de la agenda: es demasiado importante para ello.

  En términos más prácticos, es clave seguir llamando la atención sobre la necesidad de este tratado. Puedes hacerlo compartiendo contenidos en internet, firmando petitorios o escribiéndole al ministro de Asuntos Exteriores de tu país para destacar lo importante que es conseguir este tratado. Ninguno de nosotros puede sobrevivir sin un océano sano, por lo que todos tenemos que contribuir a protegerlo.

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  Póngase en contacto con Greenpeace Aotearoa a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@GreenpeaceNZ y @EleanorRowena en Twitter.

• NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil ha sido excluida de las negociaciones del tratado global de los océanos”

  CIVICUS conversa con John Paul Jose sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para un tratado de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de la biodiversidad en alta mar. John es un activista medioambiental y climático de la India que actualmente es uno de los jóvenes embajadores de la Alianza por la Alta Mar (High Seas Alliance, HSA) y miembro del Consejo Asesor de Políticas Juveniles de la Alianza para los Océanos Sostenibles. La HSA es una red que incluye a más de 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su objetivo es crear una voz común y fuerte para la conservación de los océanos.

  ¿Cuál es la importancia del tratado propuesto?

  El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, el 64% de los cuales son de alta mar. El océano regula el clima global y mantiene la vida en el planeta. Retiene gran parte de las emisiones de carbono históricas y acumulativas: el fitoplancton, los bosques marinos y las ballenas, en particular, desempeñan un papel importante en la retención del carbono en el océano. Sin embargo, el océano ha sido sistemáticamente ignorado en los esfuerzos para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que se han centrado casi exclusivamente en la tierra.

  Dado que es un bien común global, la alta mar está regida en gran medida por la Organización Marítima Internacional, un organismo de la ONU creado en 1948 para regular la navegación, y por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de 1982, y su organismo intergubernamental autónomo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada en 1994.

  Pero la alta mar está experimentando amenazas sin precedentes que no estaban previstas cuando se alcanzaron esos acuerdos, tales como la acumulación de plásticos, residuos químicos e industriales, la acidificación, la minería de aguas profundas, la pesca de arrastre de fondo y, por último pero no por ello menos importante, los impactos generales del cambio climático. El aumento de las temperaturas y la sobreexplotación de hábitats y especies marinas aumentan el peligro de colapso de los océanos.

  Por eso es urgente elaborar un tratado mundial sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales: un Tratado de Alta Mar. Esto proporcionaría la base legal para la conservación de los ecosistemas marinos y la protección contra la extinción de innumerables especies aún por descubrir. En la actualidad apenas está protegido el 1% de la alta mar, y el tratado pretende llegar al 30% para 2030.

  Esto sería el equivalente del Acuerdo de París para los océanos. Mediante la conservación marina y el uso sostenible de los recursos marinos, podrá preservar el ciclo del carbono. Al crear zonas marinas protegidas, contribuirá a la restauración de los hábitats marinos y a la reposición de los recursos marinos de los cuales muchas comunidades de todo el mundo dependen para su subsistencia. Además, contribuirá a la resiliencia climática global. Una vez que entre en vigor, muchas prácticas perjudiciales para el océano dejarán de existir dentro de las zonas protegidas.

  ¿Por qué se está demorando tanto el proceso del tratado?

  Han pasado 15 años desde que comenzaron las negociaciones, pero en muchos aspectos del tratado ha faltado cooperación. Las diferencias tendrían que resolverse en el período entre sesiones, y debería finalizarse pronto un tratado que incluya todos los aspectos en los que se ha llegado a acuerdos, dejando espacio para futuras enmiendas a medida que se vayan resolviendo las diferencias en torno de los elementos más controvertidos. Y las conferencias intergubernamentales deberían celebrarse con más frecuencia.

  Un elemento que se está debatiendo es la distribución equitativa entre los Estados de los recursos genéticos marinos, que son esenciales para las industrias farmacéutica, cosmética, agrícola y otras. El actual énfasis en el reparto de beneficios es una ilusión, ya que no sabemos lo suficiente sobre dichos beneficios, pues gran parte del océano permanece inexplorada. Pero es un dato de la realidad que diez países acaparan el 71% de la pesca mundial y el 98% de las patentes de códigos genéticos de vida marina en alta mar. La avaricia y la falta de voluntad de esos pocos países para compartir los beneficios y su tecnología y conocimientos sobre el mar, y la evidente preocupación que esto genera entre los países menos poderosos, son algunas de las grandes razones del estancamiento.

  También está estancada la definición de los criterios para las evaluaciones de impacto ambiental y la implementación de áreas marinas protegidas. Lo que está en juego son los intereses de las industrias mineras de aguas profundas y de pesca industrial.

  Sin embargo, el proceso del tratado ha tenido mucho éxito en convocar al debate y abrir negociaciones. Por el momento, más de 100 Estados se muestran fuertemente comprometidos con el tratado en su forma actual y algunos, como Costa Rica, están dando ejemplo avanzando a nivel regional, abriendo así nuevas vías para la conservación.

  Es probable que el tratado se finalice en la próxima sesión, por lo que habría que hacer más esfuerzos para financiar a las delegaciones de países del sur global para que se expresen con una voz más fuerte y aporten más equilibrio a las negociaciones.

  ¿Cómo han abogado por el tratado la sociedad civil en general, y la HSA en particular?

  Desde su creación, la HSA ha abogado por la protección de por lo menos el 50% de los océanos, involucrando a tomadores de decisiones, expertos y actores de la sociedad civil. Ahora estamos enfocados en sostener el impulso de las conferencias intergubernamentales, ya que estamos ante una oportunidad única para conseguir un tratado legalmente vinculante que proteja el planeta cambiando la forma de gobernar la alta mar. Este proceso ha creado mucha conciencia sobre la importancia de la alta mar, por lo que gobiernos que antes no estaban familiarizados con el tema ahora apoyan un tratado sólido.

  Dicho esto, es importante subrayar que solamente los Estados pueden ser partes del tratado, por lo que las voces no estatales no tienen cabida en las negociaciones. Las negociaciones del tratado son en gran medida un debate a puertas cerradas que excluye a la sociedad civil y a la comunidad de expertos. Muchos de nosotros ni siquiera podemos presenciar las negociaciones en directo. y sólo accedemos a los documentos una vez que se han cerrado las discusiones.

  También existen claras desigualdades entre Estados. Muchos Estados con recursos limitados traen delegaciones muy pequeñas y carecen de los conocimientos necesarios para participar de forma productiva en los debates. Sería muy importante para todas las partes involucradas que la sociedad civil pudiera aportar su experiencia al proceso.

  ¿Qué pueden hacer la sociedad civil y el activismo ambiental para lograr la adopción del tratado?

  Hay límites claros a lo que podemos hacer para acelerar la adopción del tratado. Creemos que es crucial contar con un tratado lo antes posible, y es mejor tener uno incompleto que no tener ninguno. Por ello, los Estados deben avanzar en todos los temas en los que se ha llegado a acuerdos y diseñar un proceso de enmiendas para integrar otros temas y preocupaciones de las partes interesadas en el futuro.

  Las OSC y el activismo pueden contribuir al proceso trayendo a la mesa diversas perspectivas. Dado que las negociaciones actuales son debates cerrados entre Estados, a los que no acceden la sociedad civil, los científicos y el sector privado, sólo podemos hacerlo mediante una labor de incidencia con Estados receptivos que sí están sentados a la mesa.

  También podemos hacer campaña para aumentar la presión sobre el proceso, introduciendo los temas que aborda el tratado en la agenda del movimiento global por el clima y generando participación ciudadana. Recursos como el Treaty Tracker de la HSA brindan información útil sobre el tratado y las negociaciones. Esta información debe llegar a todo el mundo y empoderar a la gente para que exija a los líderes mundiales que finalicen el tratado, y para que pidan a sus propios gobiernos que los escuchen en el proceso de formación de política ambiental.

  Un tratado proporcionaría una base legal para la acción, pero incluso en su ausencia, Estados, comunidades y empresas pueden actuar para proteger la alta mar. Muchos países ya tienen áreas marinas protegidas dentro de sus jurisdicciones nacionales, y mediante procesos de participación pública pueden establecer más. La sociedad civil debe participar en estos procesos, pero no debe estar limitada por las fronteras nacionales. Ya es hora de que traspasemos las fronteras y aboguemos también por los bienes comunes globales.

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  Póngase en contacto con la Alianza por la Alta Mar a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@HighSeasAllianc y a@johnpauljos en Twitter.

  cambio climático

• Nicaragua: Las crecientes violaciones a los derechos humanos requieren el escrutinio continuo de las Naciones Unidas

  Actualización del Alto Comisionado acerca de la situación en Nicaragua

  🇳🇮#SOSNicaragua: Nos preocupa el creciente número de desplazados forzosos y los + de 240 presos políticos recluidos en condiciones degradantes y tratados cruelmente en las cárceles del país.
  ¡Pedimos urgentemente la libertad de todxs lxs presxs políticxs! https://t.co/07AZzoF28z pic.twitter.com/mBpfAoBcSV

  — CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 15, 2022

  Leída por Amaru Ruiz Aleman

  Hago esta declaración en nombre de la Asociación Red Local, miembro de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONGs.

  Expresamos nuestra preocupación por la situación de los más de 240 presas y presos políticos que se encuentran en condiciones degradantes y reciben tratos crueles en diversos centros carcelarios del país.

  En las elecciones municipales recientes el gobierno de Ortega se aseguró el control de forma arbitraria y poco transparente de los 153 municipios del país, restringiendo de esta forma, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos nicaragüenses.

  Debido las diversas violaciones a los Derechos Humanos, más de 150.000 nicaragüenses viven en el exilio sin poder regresar a Nicaragua y más de 3206 organizaciones de la sociedad civil y 55 medios de comunicación han sido cancelados en un esfuerzo concertado del gobierno de Nicaragua por eliminar todas las voces que opinan y piensan diferente.

  Solicitamos a los miembros de este Consejo apoyen y refuercen la resolución sobre Nicaragua en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de marzo 2023 para dar continuidad al esfuerzo del Grupo de Expertos y el mandato de supervisión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Con especial atención en las restricciones del espacio cívico, las condiciones las personas presas políticas y la situación de las familias desplazadas forzosamente.

  ¡Libertad para todas los presos y presas políticas en Nicaragua!

• ONLINE CIVIC SPACE: ‘We shouldn’t expect tech giants to solve the problems that they have created’

  As part of our 2019 thematic report, we are interviewing civil society activists and leaders about their experiences of backlash from anti-rights groups and their strategies to strengthen progressive narratives and civil society responses. CIVICUS speaks to Marek Tuszynski, co-founder and creative director of Tactical Tech, aBerlin-based international civil society organisation that engages with citizens and civil society to explore the impacts of technologyon society and individual autonomy. Founded in 2003, in a context where optimism about technology prevailed but focus was lacking on what specifically it could do for civil society, Tactical Tech uses its research findings to create practical solutions for citizens and civil society.

  Some time ago it seemed that the online sphere could offer civil society a new space for debate and action – until it became apparent that online civic space was being restricted too. What kinds of restrictions are you currently seeing online, and what's changed in recent years?

  Fifteen years ago, the digital space in a way belonged to the people who were experimenting with it. People were building that space using the available tools, there was a movement towards open source software, and activists were trying build an online space that would empower people to exercise democratic freedoms, and even build democracy from the ground up. But those experimental spaces became gentrified, appropriated, taken over and assimilated into other existing spaces. In that sense, digital space underwent processes very similar to all other spaces that offer alternatives and in which people are able to experiment freely. That space shrank massively, and free spaces were replaced by centralised technology and started to be run as business models.

  For most people, including civil society, using the internet means resorting to commercial platforms and systems such as Google and Facebook. The biggest change has been the centralisation of what used to be a distributed system where anybody was able to run their own services. Now we rely on centralised, proprietary and controlled services. And those who initially weren’t very prevalent, like state or corporate entities, are now dominating. The difference is also in the physical aspect, because technology is becoming more and more accessible and way cheaper than it used to be, and a lot of operations that used to require much higher loads of technology have become affordable by a variety of state and non-state entities.

  The internet became not just a corporate space, but also a space for politics and confrontation on a much larger scale than it was five or ten years ago. Revelations coming from whistleblowers such as Edward Snowden and scandals such as those with Facebook and Cambridge Analytica are making people much more aware of what this space has become. It is now clear that it is not all about liberation movements and leftist politics, and that there are many groups on the other end of the political spectrum that have become quite savvy in using and abusing technology.

  In sum, changes are being driven by both economic and, increasingly, political factors. What makes them inescapable is that technology is everywhere, and it has proliferated so fast that it has become very hard to imagine going back to doing anything without it. It is also very hard, if not impossible, to compartmentalise your life and separate your professional and personal activities, or your political and everyday or mundane activities. From the point of view of technology, you always inhabit the same, single space.

  Do people who use the internet for activism rather than, say, to share cat pictures, face different or specific threats online?

  Yes, but I would not underestimate the cat pictures, as insignificant as they may seem to people who are using these tools for political or social work. It is the everyday user who defines the space that others use for activism. The way technologies are used by people who use them for entertainment ends up defining them for all of us.

  That said, there are indeed people who are much more vulnerable, whose exposure or monitoring can restrict their freedoms and be dangerous for them – not only physically but also psychologically. These people are exposed to potential interceptions and surveillance to find out what are they doing and how, and also face a different kind of threat, in the form of online harassment, which may impact on their lives well beyond their political activities, as people tend to be bullied not only for what they do, but also for what or who they are.

  There seems to be a very narrow understanding of what is political. In fact, regardless of whether you consider yourself political, very mundane activities and behaviours can be seen by others as political. So it is not just about what you directly produce in the form of text, speech, or interaction, but also about what can be inferred from these activities. Association with organisations, events, or places may become equally problematic. The same happens with the kind of tools you are using and the times you are using them, whether you are using encryption and why. All these elements that you may not be thinking of may end up defining you as a person who is trying to do something dangerous or politically controversial. And of course, many of the tools that activists use and need, like encryption, are also used by malicious actors, because technology is not intrinsically good or bad, but is defined by its users. You can potentially be targeted as a criminal just for using – for activism, for instance – the same technologies that criminals use.

  Who are the ‘vulnerable minorities’ you talk about in your recentreport on digital civic space, and why are they particularly vulnerable online?

  Vulnerable minorities are precisely those groups that face greater risks online because of their gender, race or sexual orientation. Women generally are more vulnerable to online harassment, and politically active women even more so. Women journalists, for instance, are subject to more online abuse than male journalists when speaking about controversial issues or voicing opinions. They are targeted because of their gender. This is also the case for civil society organisations (CSOs) focused on women’s rights, which are being targeted both offline and online, including through distributed denial of service (DDoS) attacks, website hacks, leaks of personal information, fabricated news, direct threats and false reports against Facebook content leading to the suspension of their pages. Digital attacks sometimes translate into physical violence, when actors emboldened by the hate speech promoted on online platforms end up posing serious threats not only to people’s voices but also to their lives.

  But online spaces can also be safe spaces for these groups. In many places the use of internet and online platforms creates spaces where people can exercise their freedoms of expression and protest. They can come out representing minorities, be it sexual or otherwise, in a way they would not be able to in the physical places where they live, because it would be too dangerous or practically impossible. They are able to exercise these freedoms in online spaces because these spaces are still separate from the places where they live. However, there is a limited understanding of the fact that this does not make these spaces neutral. Information can be leaked, shared, distorted and weaponised, and used to hurt you when you least expect it.

  Still, for many minorities, and especially for sexual minorities, social media platforms are the sole place where they can exercise their freedoms, access information and actually be who they are, and say it aloud. At the same time, they technically may retain anonymity but their interests and associations will give away who they are, and this can be used against them. These outlets can create an avenue for people to become political, but that avenue can always be closed down in non-democratic contexts, where those in power can decide to shut down entire services or cut off the internet entirely.

  Is this what you mean when you refer to social media as ‘a double-edged sword’? What does this mean for civil society, and how can we take advantage of the good side of social media?

  Social media platforms are a very important tool for CSOs. Organisations depend on them to share information, communicate and engage with their supporters, organise events, measure impact and response based on platform analytics, and even raise funds. But the use of these platforms has also raised concerns regarding the harvesting of data, which is analysed and used by the corporations themselves, by third-party companies and by governments.

  Over the years, government requests for data from and about social media users have increased, and so have arrests and criminalisation of organisations and activists based on their social media behaviour. So again, what happens online does not stay online – in fact, it sometimes has serious physical repercussions on the safety and well-being of activists and CSO staff. Digital attacks and restrictions affect individuals and their families, and may play a role in decisions on whether to continue to do their work, change tactics, or quit. Online restrictions can also cause a chilling effect on the civil society that is at the forefront of the promotion of human rights and liberties. For these organisations, digital space can be an important catalyst for wider civil political participation in physical spaces, so when it is attacked, restricted, or shrunk, it has repercussions for civic participation in general.

  Is there some way that citizens and civil society can put pressure on giant tech companies to do the right thing?

  When we talk about big social media actors we think of Facebook, Twitter, Instagram and WhatsApp – three of which are in fact part of Facebook – and we don’t think of Google because it is not seen as social media, even though it is more pervasive, it is everywhere, and it is not even visible as such.

  We shouldn’t expect these companies to solve the problems they have created. They are clearly incapable of addressing the problems they cause. One of these problems is online harassment and abuse of the rules. They have no capacity to clean the space of certain activities and if they try to do so, then they will censor any content that resembles something dangerous, even if it isn’t, to not risk being accused of supporting radical views.

  We expect tech giants to be accountable and responsible for the problems they create, but that’s not very realistic, and it won’t just happen by itself. When it comes to digital-based repression and the use of surveillance and data collection to impose restrictions, there is a striking lack of accountability. Tech platforms depend on government authorisation to operate, so online platforms and tech companies are slow to react, if they do at all, in the face of accusations of surveillance, hate speech, online harassment and attacks, especially when powerful governments or other political forces are involved.

  These companies are not going to do the right thing if they are not encouraged to do so. There are small steps as well as large steps one can take, starting with deciding how and when to use each of these tools, and whether to use them at all. At every step of the way, there are alternatives that you can use to do different things – for one, you can decentralise the way you interact with people and not use one platform for everything.

  Of course, that’s not the whole problem, and the solution cannot be based on individual choices alone. A more structural solution would have to take place at the level of policy frameworks, as can be seen in Europe where regulations have been put in place and it is possible to see a framework shaping up for large companies to take more responsibility, and to define who they are benefiting from their access to personal information.

  What advice can you offer for activists to use the internet more safely?

  We have a set of tools and very basic steps to enable people who don’t want to leave these platforms, who depend on them, to understand what it is that they are doing, what kind of information they leave behind that can be used to identify them and how to avoid putting into the system more information than is strictly necessary. It is important to learn how to browse the internet privately and safely, how to choose the right settings on Google and Facebook and take back control of your data and your activity in these spaces.

  People don’t usually understand how much about themselves is online and can be easily found via search engines, and the ways in which by exposing themselves they also expose the people who they work with and the activities they do. When using the internet we reveal where we are, what we are working on, what device we are using, what events we are participating in, what we are interested in, who we are connecting with, the phone providers we use, the visas we apply for, our travel itineraries, the kinds of financial transactions we do and with whom, and so on. To do all kinds of things we are increasingly dependent on more and more interlinked and centralised platforms that share information with one another and with other entities, and we aren’t even aware that they are doing it because they use trackers and cookies, among other things. We are giving away data about ourselves and what we do all the time, not only when we are online, but also when others enter information about us, for instance when travelling.

  But there are ways to reduce our data trail, become more secure online and build a healthier relationship with technology. Some basic steps are to delete your activity as it is stored by search engines such as Google and switch to other browsers. You can delete unnecessary apps, switch to alternative apps for messaging, voice and video calls and maps – ideally to some that offer the same services you are used to, but that do not profit from your data – change passwords, declutter your accounts and renovate your social media profiles, separate your accounts to make it more difficult for tech giants to follow your activities, tighten your social media privacy settings, opt for private browsing (but still, be aware that this does not make you anonymous on the web), disable location services on mobile devices and do many other things that will keep you safer online.

  Another issue that activists face online is misinformation and disinformation strategies. In that regard, there is a need for new tactics and standards to enable civil society groups, activists, bloggers and journalists to react by verifying information and creating evidence based on solid information. Online space can enable this if we promote investigation as a form of engagement. If we know how to protect ourselves, we can make full use of this space, in which there is still room for many positive things.

  Get in touch with Tactical Tech through itswebsite and Facebook page, or follow@Info_Activism on Twitter.

• PANAMÁ: “Tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades”

  

  CIVICUS conversa acerca de los resultados de lasrecientes elecciones presidenciales de Panamá con Olga de Obaldía, directoraejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

  La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es una organización de la sociedad civil que trabaja en defensa de las libertades fundamentales, la formación de la ciudadanía para la participación democrática y el fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la transparencia y la lucha anticorrupción.

  ¿Quién es José Raúl Mulino, y por qué ganó las elecciones?

  Mulino ganó las elecciones en gran medida debido a la popularidad y carisma del expresidente Ricardo Martinelli, y también en parte debido a las particularidades del sistema electoral panameño.

  Martinelli hizo campaña a pesar de estar inhabilitado para ser candidato o ejercer cargos públicos tras haber sido condenado por lavado de activos en el marco de un gran esquema de corrupción relacionado con sobreprecios en la construcción de carreteras. Inicialmente intentó que su esposa se postulara como su compañera de fórmula, suponemos que para luego dejarle su lugar si sus deudas con la justicia le imposibilitaban competir. Sin embargo, debido a que la constitución prohíbe al presidente nombrar a familiares de primero o segundo grado, desistió de ese plan.

  En lugar de a su esposa nombró a Mulino, quien fue su ministro de seguridad entre 2009 y 2014. La sentencia contra Martinelli quedó firme en febrero: fue condenado a más de 10 años de cárcel y, para no ir a prisión, buscó asilo en la embajada de Nicaragua. El Tribunal Electoral habilitó a Mulino para que tomara el lugar de Martinelli. Esta decisión fue apelada con una demanda de inconstitucionalidad, pero dos días antes de las elecciones la Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Electoral.

  Condenado y todo, Martinelli mantuvo su enorme popularidad y, desde el encierro en la embajada, inició una campaña mediática basada en la consigna “Mulino soy yo”, para intentar traspasar a Mulino el núcleo duro de su apoyo electoral, estimado en entre 30 y 35%.

  Como en Panamá el presidente es elegido por pluralidad simple de votos, sin segunda vuelta, habiendo ocho candidatos en competencia, Mulino fue electo con el 34% de los votos.

  Este sistema electoral debería ser revisado para garantizar la voluntad popular. Cabe destacar, sin embargo, el civismo de los panameños, quienes aceptaron pacíficamente el resultado aunque la mayoría había votado en contra del presidente electo.

  ¿Cuáles fueron las promesas de campaña de Mulino?

  Entre las promesas de Mulino se destacaron las de “poner ‘chen-chen’ (dinero) en el bolsillo” de la gente y construir obras de infraestructura, y específicamente un tren para conectar la ciudad de David, en el extremo este del país, con la ciudad de Panamá. Las justificaciones esgrimidas son que mejoraría el transporte entre el interior y la capital, y estimularía el desarrollo económico en regiones apartadas y postergadas.

  Otro tema recurrente de la campaña de Mulino fue la necesidad de acabar con la llamada “persecución judicial”. Es que en el partido de Martinelli hay muchas personas imputadas en casos de corrupción durante su administración. Varias de estas personas fueron electas para el Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fueros ante acciones judiciales, según un tratado que equipara sus privilegios con los de los diputados nacionales.

  Durante la campaña también se mencionó la posibilidad de “cerrar” el Tapón del Darién, es decir, la frontera con Colombia, para frenar el flujo migratorio por esa selva. Sin embargo, la viabilidad e impactos de esta medida no están claros. Las prohibiciones impuestas anteriormente para detener la migración no han hecho otra cosa que alentar la clandestinidad y profundizar los problemas humanitarios. La situación del Darién es compleja y requiere soluciones de fondo.

  Estas promesas claramente fueron populares entre algunos sectores de la población, pero su viabilidad y potenciales consecuencias deberían ser cuidadosamente consideradas.

  Finalmente, otra promesa fue “ayudar” al expresidente Martinelli. Todavía no está claro qué forma tomará esa ayuda. El presidente electo ha declarado que su gobierno se ceñirá al Estado de Derecho, y su primera gran prueba será la solución del impassedel expresidente asilado en la embajada de Nicaragua, desde la cual sigue tratando de influir sobre la política nacional.

  ¿Qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para abordar los principales desafíos sociales y económicos del país?

  El nuevo gobierno deberá tomar decisiones críticas en un contexto de profunda crisis económica. Entre ellas se destaca el rescate del sistema de seguridad social.

  Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. La informalidad laboral ha alcanzado el 55%, con 20.000 empleos que no se han recuperado desde la pandemia. El Seguro Social está en peligro de quiebra: atiende al 80% de la población, aunque solo el 30% cotiza. El sistema de jubilaciones y pensiones carece hoy de los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones a futuro, y podría colapsar.

  El problema económico se agrava con la caída de la inversión. La deuda pública ha aumentado a 49 mil millones de dólares sin que haya habido inversiones claras en infraestructura o generación de empleo. El Estado debería hacer un primer gran pago de deuda en tres meses, pero no parece tener los fondos suficientes para afrontarlo.

  El presidente electo ha anunciado que buscará formar un gobierno de unidad nacional. No está claro qué forma tomará, pero es evidente que ante tamaños problemas, la única vía es un gobierno de coalición o alguna forma de colaboración intersectorial. Por las declaraciones del presidente electo, el empresariado sería su aliado natural en la búsqueda de soluciones.

  ¿En qué condiciones trabaja la sociedad civil en Panamá? ¿Cabe esperar cambios bajo el nuevo gobierno?

  Al acercarse las elecciones, enfrentamos un fenómeno recurrente en nuestra pequeña sociedad civil: un éxodo hacia la actividad política partidista. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, están profesionalizadas –es decir, tienen gobernanza, personal administrativo, presupuesto y estructuras definidas–, la mayoría depende del voluntariado. Tradicionalmente, después de las elecciones se observa un éxodo inverso, desde los partidos políticos no ganadores hacia la sociedad civil.

  Además, son pocas las organizaciones que centran su trabajo en la incidencia en favor de los derechos y libertades civiles y políticas y la gobernanza democrática. La mayoría se enfoca en la provisión de asistencia para la pobreza o la provisión de servicios sociales como salud o educación, y en ese sentido son más bien socias del Estado en la implementación de sus programas. Con todo, en los últimos años hemos presenciado un aumento en el activismo y la formación de nuevos grupos identitarios que reivindican la igualdad de derechos, al tiempo que nuevos grupos de jóvenes han surgido en el plano nacional como la fuerza política y social mayormente responsable del éxito de las movilizaciones nacionales en octubre y noviembre del 2023 contra la minería a cielo abierto.

  En el proceso electoral de 2024, si bien la participación de la sociedad civil siguió siendo limitada, ya que son pocas las organizaciones dedicadas a promover valores cívicos o libertades fundamentales, sí vimos múltiples iniciativas no partidistas de generar voto informado y varias organizaciones nos aliamos en ese esfuerzo.

  No sabemos qué pasará bajo el nuevo gobierno, pero nos preocupan los antecedentes del gobierno de Martinelli, que limitó el espacio cívico con tácticas de intimidación contra las organizaciones civiles críticas, sumadas a un hostigamiento judicial contra activistas y periodistas. No está claro qué patrón seguirá el gobierno de Mulino, pero tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades fundamentales o restringir el espacio cívico.

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  El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con la Fundación por el Desarrollo de la Libertad Ciudadana a través de supágina web o su página deFacebook, y siga a @libertciudadana enInstagram yTwitter.

• PARAGUAY: “Se vienen años muy duros para la sociedad civil que promueve los derechos humanos”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones generales de Paraguay con Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia.

  Fundada en 2006, Semillas para la Democracia es una organización de la sociedad civil (OSC) cuyo principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia en Paraguay, para lo cual promueve la participación ciudadana, la equidad social y el ejercicio responsable del gobierno.

  ¿Cuáles son los principales desafíos de Paraguay, y en qué medida los resultados de la reciente elección podrían contribuir a resolverlos?

  Los principales problemas del Paraguay son fundamentalmente de tipo económico, derivados de la profunda desigualdad existente. En los últimos años Paraguay ha tenido indicadores macroeconómicos muy buenos, con un alto crecimiento, pero ha seguido teniendo una enorme desigualdad, alto desempleo, gran informalidad laboral y falta de acceso a salud, educación y oportunidades. Es un país manejado por unas élites ganaderas y agroexportadoras inmensamente ricas que gobiernan en su beneficio y en detrimento de una sociedad terriblemente desigual. Creo que esa es la característica central de la sociedad y la economía paraguaya. Es un problema estructural y profundo, y esta elección no ha hecho nada por resolverlo. De hecho, han ganado los mismos de siempre, es decir, los mismos sectores que han mantenido al país en esta situación desde hace más de 70 años.

  En esta elección estuvo en juego la posibilidad de alternancia en el poder. Sin embargo, esto no necesariamente hubiera significado un cambio radical, porque el candidato de la Concertación, la coalición opositora, también era conservador, aunque del Partido Liberal. Llevaba de compañera de fórmula a una mujer, pero así y todo continuaba representando a un sector conservador de la sociedad. No eran candidaturas disruptivas que representaran un cambio real en la forma de hacer política o de ejercer el poder, ni en las políticas públicas ni el sector social al que representan.

  ¿Cómo explicas la cómoda victoria del Partido Colorado, pese al bajísimo nivel de aprobación del actual presidente?

  Los resultados se explican en gran medida por los efectos, que ya anticipábamos, de sistema de listas desbloqueadas con voto preferente en el contexto de una oposición dividida.

  Hace un par de años se hizo una reforma electoral que reemplazó las listas partidarias cerradas y bloqueadas por listas desbloqueadas con voto preferente. En estas el votante puede seleccionar un candidato dentro de la lista que elija, de modo que vota tanto por un partido como por un candidato; luego, de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos y su lista, se distribuyen los escaños mediante el sistema D’Hont.

  Este sistema se estrenó en las pasadas elecciones municipales y ya sabíamos que iba a tener algunos efectos negativos. Un gran problema que tienen las listas desbloqueadas es que generalmente el candidato que cuenta con más dinero es el que consigue posicionarse mejor. También generan una fuerte competencia de todos contra todos dentro de los partidos.

  Además, se cambió el sistema antiguo por urnas electrónica sin dar suficiente capacitación, es decir, sin que la gente esté preparada para utilizarlo. Ello permitió la difusión del llamado “voto asistido”, que es ilegal, y que básicamente consiste en que haya gente en los lugares de votación interfiriendo con el voto con la excusa de ayudar al votante a usar el sistema electrónico.

  Todo esto benefició al Partido Colorado, que por el tiempo que lleva al frente del Estado es el partido que cuenta con mayores recursos, y que logra presentar suficiente diversidad interna como para dar opciones de recambio a quienes están descontentos con su propia gestión de gobierno.

  Se produjeron, sin embargo, algunas pequeñas mejoras en la representación de las mujeres. Por primera vez dos mujeres han sido elegidas gobernadoras y hay algunas más que antes en ambas cámaras del Congreso.

  Pero con la oposición dividida, el Partido Colorado sacó la diferencia más amplia de todo el período democrático. Además de ganar la presidencia, obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso y de 15 de las 17 gobernaciones.

  El otro elemento que definió a esta elección fue la emergencia de un tercer espacio político de oposición de carácter populista-autoritario y estilo mesiánico. Liderado por Paraguayo Cubas, representa al llamado “voto bronca”, es decir, a los descontentos con los partidos tradicionales y con la forma en que se ha llevado adelante la política durante décadas. Esta candidatura no le quitó votos al gobierno sino a la oposición, y se colocó inesperadamente en un cercano tercer lugar, con más de 20% de los votos.

  ¿Qué sustento tienen las denuncias de fraude que expresan las actuales movilizaciones callejeras?

  Los seguidores de Paraguayo Cubas, a los que se ha sumado gente de prácticamente todos los sectores de la oposición, muchos de ellos jóvenes desafectados de la política, están saliendo masivamente a las calles de todo el país para denunciar fraude, pese a que tuvieron una votación muy buena, que ni siquiera ellos esperaban. El hecho de que un grupo antisistema esté movilizando protestas de unas dimensiones que no se han visto en mucho tiempo representa un gran desafío para el futuro de la democracia en Paraguay.

  Estas fueron unas elecciones relativamente pacíficas en las que prácticamente no hubo violencia. Lo que sí hubo en abundancia fue desinformación, discurso de odio y agresiones a través de las redes sociales durante toda la campaña. Estas agresiones afectaron fuertemente a las OSC, incluida la nuestra, Semillas para la Democracia, y procedieron mayormente del partido de gobierno y de la agrupación y los seguidores de Paraguayo Cubas, aunque también la Concertación tuvo expresiones similares contra sus oponentes políticos.

  ¿Qué rol desempeñó la sociedad civil en el contexto electoral?

  La sociedad civil desempeñó un rol relativamente importante, a pesar de las restricciones que ha debido enfrentar. El Tribunal Electoral en principio no autorizó la observación electoral de la sociedad civil y en cambio sacó un reglamento bastante restrictivo. Finalmente aceptó que el Consorcio Sakã, una coalición de sociedad civil, hiciera una observación y un conteo paralelo, pero con muchísimas restricciones.

  Semillas para la Democracia ha participado activamente en la denuncia de los problemas del financiamiento político, un tema que hemos logrado instalar en la agenda. Es que el otro gran problema de Paraguay, junto con la enorme desigualdad, es la corrupción. La falta de control sobre el dinero en la política ha llevado al poder a grupos ligados al crimen organizado, tanto en el Congreso como en las gobernaciones.

  Pronto estaremos trabajando en el control del financiamiento político. En Paraguay el gasto de las campañas se controla con posterioridad a las elecciones. Recién un mes después, cuando los partidos van presentando sus rendiciones, se empieza a hacer un control a través del Observatorio Ciudadano de Financiamiento Político que tiene el Tribunal Electoral, cruzando datos de contrataciones públicas con las declaraciones juradas que tienen los sitios web de los organismos públicos. La ley de acceso a la información de Paraguay es bastante buena y nos permite hacer ese trabajo.

  ¿Cómo ves en futuro de a democracia en Paraguay?

  En el mediano o largo plazo veo una situación bastante difícil. Quedan muchas cosas a resolver para mejorar la calidad de la democracia. El nuevo sector emergente es violento, antiderechos, fundamentalista y mesiánico. Su inspiración es el presidente popular autoritario de El Salvador, Nayib Bukele, y su forma de gobernar, por lo que creo que nos esperan años muy duros.

  El sector del Partido Colorado que ganó las elecciones es un sector cuyos dirigentes atacan a la sociedad civil. Son antiderechos, autodefinidos como “provida”, están en contra del matrimonio igualitario, de los derechos sexuales y reproductivos y atacan todos los temas relativos a la agenda de género. Por eso creo que a la sociedad civil nos esperan años muy duros. Vamos a tener que hacer esfuerzos para unirnos y articular acciones entre los distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo los que trabajamos temas de derechos.

  En este momento algunas organizaciones contamos con algunos fondos de la cooperación internacional, y esperamos que estos apoyos aumenten y se fortalezcan para que podamos llevar adelante un trabajo articulado frente a todos estos desafíos. Va a ser una lucha constante, tanto más difícil porque ya hemos visto ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.

  No espero gran cosa de los próximos meses. Por el momento, debemos estar atentos para entender en qué dirección avanza esto. Pero lo que sí es seguro es que se vienen años muy duros para las OSC que promovemos los derechos humanos.

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• POLONIA: “La crisis de la democracia y los derechos humanos se agravará”

  CIVICUS conversa con Małgorzata Szuleka sobre las recientes elecciones presidenciales de Polonia, celebradas durante la pandemia de COVID-19, y sobre el uso que hizo el partido gobernante de la retórica anti-LGBTQI+ para movilizar a su electorado. Małgorzata es abogada de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) de Polonia, una de las organizaciones de derechos humanos más grandes y antiguas tanto de Polonia como de la región. HFHR Polonia representa a víctimas de abusos de derechos humanos en procesos judiciales, realiza investigaciones y monitorea las violaciones de los derechos humanos. Desde 2015 ha hecho un activo seguimiento de las crecientes violaciones del estado de derecho en Polonia. Trabaja con organizaciones aliadas en Europa del Este, Asia Central, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

  

  Tras su reprogramación, las elecciones polacas se realizaron en junio y julio de 2020. ¿Cuál fue la posición de la sociedad civil respecto de la celebración de elecciones durante la pandemia de COVID-19?

  Originalmente las elecciones estaban programadas para mayo de 2020 y organizarlas planteaba un gran problema legal porque no existía un mecanismo legal para posponerlas. La única forma de reprogramarlas era declarar el estado de emergencia, según lo dispone la Constitución. No se pueden organizar elecciones durante un estado de emergencia o dentro de los 90 días siguientes a su finalización. Desde una perspectiva constitucional, una declaración oficial de que el país estaba experimentando una epidemia le hubiera dado al gobierno la prerrogativa de imponer el estado de emergencia. Esto hubiera extendido automáticamente el mandato del presidente hasta que se pudieran programar elecciones regulares, una vez superada la epidemia. Sin embargo, el gobierno no siguió este procedimiento. Las elecciones se reprogramaron y la segunda vuelta entre los dos principales candidatos se reailzó el 12 de julio de 2020 sobre la base de argumentos legales muy dudosos. Sin embargo, esto no fue cuestionado ni por la mayoría gubernamental ni por la oposición.

  Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) primero presionaron al gobierno para que hiciera correctamente el llamado a las elecciones, instándolo a declarar un estado de emergencia. Cuando esto no ocurrió, las OSC intentaron plantear el tema del monitoreo internacional, principalmente en términos de equidad y financiamiento de la campaña. El problema era que se esperaba que las elecciones fueran libres pero no justas. Los medios públicos se inclinaron por el presidente Andrzej Duda, el candidato apoyado por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS), y fueron extremadamente críticos y bastante poco profesionales en relación con todo candidato de oposición. Aunque no se había declarado el estado de emergencia, muchos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el acceso a la información, estaban limitados. Estas eran las principales preocupaciones.

  También se presentó el problema de que la Corte Suprema confirmó la validez de las elecciones. El 12 de julio, el presidente Duda fue reelegido para un segundo mandato por un margen estrecho. Recibió el 51% de los votos, mientras que su contendiente de la opositora Coalición Cívica recibió el 49%. El presentismo apenas superó 68% y se presentaron más de 5.800 denuncias de irregularidades en el proceso. La Corte Suprema dictaminó que 92 de esas denuncias estaban justificadas pero no habían influido en el resultado final, por lo que declaró válidos los resultados. Lamentablemente, esta decisión pasó completamente por alto el problema de los fundamentos constitucionales y legales sobre la base de los cuales se habían convocado estas elecciones.

  ¿Se adoptaron medidas para proteger a la gente durante la campaña y el proceso de votación? ¿Tuvo la pandemia algún impacto sobre la participación?

  La organización de la campaña implicó medidas sanitarias en materia de distanciamiento social y uso de mascarillas. Pero estas disposiciones no fueron completamente respetadas por ambas partes. Con fines de campaña, el gobierno relajó algunas restricciones; por ejemplo, aunque el uso de mascarillas faciales era obligatorio, se publicaron fotografías en las que el primer ministro no la llevaba puesta en público. También fue preocupante el hecho de que muchas autoridades participaran en la campaña electoral junto con el presidente Duda. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas por políticos del partido gobernante. El centro de seguridad gubernamental, responsable de la coordinación y la información en caso de emergencias o catástrofes naturales, envió mensajes de texto masivos el día de las elecciones. Cada votante recibió un mensaje que decía que las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad podrían votar sin hacer cola. Esto pudo haber sido utilizado para movilizar al electorado del partido gobernante. Este es solo un ejemplo, pero podría ser indicativo del rol desempeñado por las instituciones estatales para inclinar el campo de juego a favor del partido PiS.

  ¿Fue equitativa la cobertura de los medios durante las elecciones?

  La cobertura de los medios públicos fue absolutamente injusta. El resto de la cobertura, mayormente por parte de medios privados, fue bastante buena; definitivamente no fue tan mala como la de los medios públicos, que fue utilizada para hacer propaganda y realzó la campaña del presidente Duda.

  Uno de los reclamos electorales presentados ante la Corte Suprema se refería específicamente a la cobertura mediática. Manifestó que la televisión pública apoyaba al presidente al tiempo que desacreditaba sistemáticamente a su rival, y que las instituciones y funcionarios públicos violaron reiteradamente el código de conducta al apoyar a uno solo de los candidatos. Pero el problema en relación con el mecanismo de los reclamos electorales es que requiere que se demuestre no solo que la supuesta irregularidad ocurrió, sino también que ella tuvo un impacto sobre los resultados electorales. En elecciones presidenciales como esta, esto es algo muy difícil de probar. Además, el código electoral no regula la labor de los medios de comunicación, por lo que es difícil sostener legalmente que los medios de comunicación deben operar de manera diferente. Y en caso de hacerlo, también es difícil probar que la cobertura (o la falta de cobertura) recibida de un medio por un candidato en particular haya resultado en un determinado resultado electoral. Esto es algo que intuitivamente podemos suponer, particularmente ante resultados tan ajustados, pero es muy difícil crear un argumento legal sólido.

  ¿Qué implicancias tiene la reelección del presidente Duda para la democracia y los derechos humanos en Polonia?

  Representa la continuidad de una tendencia muy preocupante. De todos los posibles temas de campaña, el presidente Duda escogió avivar la homofobia. La campaña tuvo lugar en el marco de un proceso de larga data de retroceso del estado de derecho, en medio de una crisis de las relaciones entre Polonia y la UE, durante un enorme desafío sanitario y al borde de una crisis económica que nos afectará a todas y todos los polacos. Pero ninguno de estos temas se convirtió en el foco de la campaña electoral y la discusión pública. El presidente Duda habló sobre todo de que las personas LGBTQI+ representan una amenaza para nuestra herencia tradicional cristiana, equiparando la homosexualidad con la pedofilia. El tema destiló en la narrativa divisiva, indignante y deshumanizante del partido PiS. Fue una movida muy pragmática de los astutos propagandistas del PiS porque movilizó al núcleo mismo del electorado. De repente, los grupos y comunidades LGBTQI+ se convirtieron en el chivo expiatorio de todo lo que está mal en Polonia. Es indignante lo que se politizó este tema y la forma en que se lo utilizó para deshumanizar a esta minoría. Fue un espectáculo doloroso y desgarrador.

  Y esto no se terminó con la campaña. El presidente Duda es apenas un representante del partido PiS, por lo que dirá lo que sea necesario para mantenerlo alineado. No es más que una cuestión de cálculo y lucha interna de poder. En junio, el partido PiS apuntó contra la población LGBTQI+. En julio, apuntó contra las víctimas de violencia doméstica al iniciar un debate sobre la retirada del Convenio de Estambul. En agosto, propuso un sistema de registro de las OSC que reciben financiamiento del exterior. Ahora no sé quién será su próximo enemigo. No se trata solamente de que la actual mayoría gobernante sea homofóbica, sino también de que todo el tiempo necesita tener un enemigo con el que confrontar o a quien culpar.

  Acabamos de entrar en una fase en la que no habrá elecciones por tres años, por lo que cabe esperar una gran consolidación del poder que permita al gobierno hacer todo lo que quiera: crear presión sobre las OSC, polarizar aún más a los medios de comunicación, atacar a grupos minoritarios y escalar el conflicto con la UE, entre otras cosas. Cabe esperar que todo esto ocurra durante los próximos tres años. Lo único que podría detenerlos es la evaluación pragmática de si se trata de algo que responde a la necesidad del momento o si acaso podría haber alguna otra cosa más importante. Pero creo que la crisis de la democracia y los derechos humanos en Polonia se profundizará.

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• REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Puede que tengamos por delante una época de cambios positivos’

  CIVICUS conversa sobre las elecciones recientemente celebradas en la República Dominicana, en el contexto de la pandemia del COVID-19, conHamilk Chahin, coordinador del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral, y Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG. El Manifiesto Ciudadano, una iniciativa multiactor liderada por la sociedad civil, fue lanzado en diciembre de 2019 para monitorear las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2020 e impulsar la consolidación de las instituciones democráticas. Alianza ONG es una red que abarca a 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de República Dominicana. Fundada en 1995, se dedica a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, la capacitación y la socialización de información, la incidencia política, y el fomento de la solidaridad y el voluntariado.

  Ya antes del estallido de la pandemia del COVID-19, el panorama electoral se presentaba complicado. ¿Cuál era la situación hacia marzo de 2020?

  En los últimos años el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha acumulado mucho poder en todas las instituciones del Estado, afectando la calidad de la democracia. El mismo partido se reeligió varios períodos y las élites políticas se acomodaron en sus sitios y se acostumbraron a ejercer el poder para su propio beneficio y en desmedro de los intereses de la colectividad. De a poco e inadvertidamente, la sociedad también fue aceptando esta situación. Ayudó en ese sentido el manejo excepcionalmente eficiente de los mecanismos de comunicación por parte de los sucesivos gobiernos. Sumado a buenas alianzas internacionales y buena fortuna en el manejo económico, el andamiaje publicitario y propagandístico facilitó la perpetuación del gobierno.

  Afortunadamente hay en toda sociedad un germen que es prácticamente imposible desarraigar: la sociedad civil. Puede que por momentos permanezca latente o en hibernación, pero en algún momento algo ocurre que la lleva a ponerse en movimiento. En nuestro caso, fue la extrema confianza de nuestros gobernantes de tener el poder asegurado, que los llevó a prácticas cada vez más descaradas, hasta el punto de que la ciudadanía, que en su mayoría llevaba mucho tiempo tolerándolas, en un determinado momento dijo basta y entró en estado de efervescencia. La primera manifestación importante de este hartazgo fue el Movimiento Marcha Verde, iniciado en enero de 2017.

  Surgida al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluyó a un amplio espectro de OSC y se centró en la movilización callejera. Todo comenzó con una modesta caminata de protesta que organizamos a través de una OSC llamada Foro Ciudadano, que dio inicio a un gran fenómeno de movilización cuyo principal logro fue romper la indiferencia ciudadana, sacar a la clase media de esa zona de confort desde donde criticaba sin pasar a la acción. Los partidos de oposición comenzaron a montarse en esa dinámica, pero desde su certeza de que tenía todos los resortes del poder asegurados, el gobierno al principio le dio poca importancia. Sin embargo, el fenómeno fue mucho más allá de marchar: se recolectaron firmas, se hicieron encuentros comunitarios, se promovieron muchas formas de movilización. Fue un despertar cuyo motor fue la dignidad. La ciudadanía perdió el miedo de expresarse y esto desconcertó al gobierno.

  ¿Cómo comenzó el proceso electoral de 2020, y cómo se formó el Manifiesto Ciudadano?

  El comienzo del proceso electoral fue también el inicio del fin del actual gobierno. En octubre de 2019 se hicieron las elecciones primarias de los partidos políticos; fueron las primeras que se realizaban bajo una nueva legislación electoral y de partidos políticos, y fueron administradas por la Junta Central Electoral (JCE). Mientras que el PLD optó por primarias abiertas, permitiendo la participación de todos los votantes habilitados, el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo primarias cerradas, permitiendo la participación de sus afiliados. De las internas del PRM surgió claramente la candidatura de Luis Abinader, que acabaría siendo electo presidente. En contraste, en las internas del PLD el candidato Gonzalo Castillo se impuso por una pequeña diferencia sobre el tres veces presidente Leonel Fernández.

  Las elecciones primarias del partido de gobierno fueron mucho más que un proceso de selección de candidaturas: en ellas se jugaba el poder del presidente, Danilo Medina. En el poder desde 2012, Medina había sido reelecto en 2016, y había hecho algunos infructuosos intentos de reformar la constitución para volver a reelegirse. En tanto que presidente de su partido, Leonel Fernández se había opuesto a estas maniobras, de modo que no obtuvo el apoyo de Medina cuando presentó su candidatura. Fue evidente el uso de los recursos del Estado en apoyo del delfín de Medina; como consecuencia de esto el PLD se fracturó y Fernández pasó a integrar el bloque de oposición. Fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación. Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería de la elección nacional.

  En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto Ciudadano, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso, laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y sobre todo, hicimos incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos convirtió en interlocutor directo de la JCE.

  ¿Para cuándo estaban programadas las elecciones?

  El ciclo electoral incluía una serie de elecciones: las municipales, programadas para febrero, y las nacionales, tanto presidenciales como legislativas, inicialmente programadas para mayo. En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual, completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso, el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.

  Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones municipales en todo el país.

  Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de febrero, día de la independencia, hubo una manifestación multitudinaria para exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. La diáspora dominicana en distintos países del mundo organizó manifestaciones solidarias en apoyo a la democracia en su país.

  Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque de queda.

  En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas sanitarias necesarias. Afortunadamente los medios de comunicación facilitaron los espacios necesarios a las OSC; tuvimos una buena plataforma comunicacional.

  Dado que las elecciones tuvieron lugar durante la pandemia, ¿se tomaron medidas para limitar el riesgo de contagio?

  Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica, porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de protección, y medidas de distanciamiento físico.

  La verdad, el gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante, pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música, todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse utilizados para controlar efectivamente la pandemia.

  ¿Qué posibilidades tuvo la oposición de hacer campaña en el marco de la emergencia sanitaria?

  Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como “quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.

  La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.

  Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con grandes operaciones de propaganda.

  Con todo a su favor, ¿cómo se explica que el gobierno perdiera las elecciones?

  Efectivamente, el candidato del PRM, Luis Abinader, se impuso en primera vuelta, con más del 52% de los votos, mientras que el candidato del gobierno quedó segundo con el 37% y el expresidente Fernández llegó al 9%. La división del partido gobernante como resultado de las denuncias de fraude en las primarias tuvo efecto, porque de haber estado el partido unido y no afectado por ese escándalo los resultados podrían haber sido otros.

  Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25 años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas. La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los cacerolazos.

  El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización de la democracia.

  El espacio cívico en República Dominicana es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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• RUSIA: “Cabe esperar que el activismo de derechos humanos aumente en reacción a la represión”

  CIVICUS conversa con Leonid Drabkin, uno de los coordinadores de OVD-Info, una organización de la sociedad civil (OSC) de derechos humanos independiente que documenta y asiste a víctimas de persecución política en Rusia. A través de su línea telefónica de asistencia directa y otras fuentes, OVD-Info reúne información sobre las detenciones de manifestantes y otros casos de persecución política, publica noticias y coordina la asistencia legal para los detenidos.

• SERBIA: “La crisis política se profundizará porque una gran porción de la ciudadanía carece de representación”

  CIVICUS conversa con Ivana Teofilović acerca de las causas de las recientes protestas y la reacción del gobierno frente a ellas, así como sobre las elecciones celebradas en Serbia durante la pandemia de COVID-19. Ivana es coordinadora de programas de políticas públicas en Civic Initiatives, una asociación ciudadana serbia que persigue el objetivo de fortalecer la sociedad civil a través de la educación cívica, la promoción de valores y prácticas democráticos y la creación de oportunidades para la participación ciudadana.

  

  ¿Por qué estallaron en Serbia protestas durante la pandemia de COVID-19, y cómo reaccionó el gobierno?

  La causa inmediata de la reunión masiva y espontánea de ciudadanos en julio de 2020 fue el anuncio de la introducción de un nuevo toque de queda, es decir, una nueva prohibición de todo movimiento durante 72 horas. En cuanto terminó la conferencia de prensa del presidente, la gente descontenta comenzó a reunirse frente a la Asamblea Nacional en la capital, Belgrado. Si bien el motivo inmediato fue el descontento ante el manejo de la crisis del COVID-19, la ciudadanía también quiso manifestar su insatisfacción con muchas otras medidas gubernamentales y sus impactos, y en particular con las condiciones en que se habían desarrollado las recientes elecciones parlamentarias.

  En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia de forma injustificada en decenas de casos y se extralimitaron en el uso de sus facultades legales. Su respuesta violenta frente a reuniones pacíficas espontáneas fue una grave violación del derecho a la libertad de reunión pacífica y una amenaza injustificada para la integridad física de un gran número de manifestantes. Las protestas estuvieron marcadas por el empleo de una gran cantidad de gas lacrimógeno, que fue arrojado indiscriminadamente contra las masas de manifestantes pacíficos. En consecuencia, en los días posteriores muchos manifestantes experimentaron problemas de salud. Aparte del hecho de que se utilizaron cantidades injustificadamente grandes, la atención pública se centró en el hecho de que el gas lacrimógeno utilizado estaba vencido.

  Los medios de comunicación y la propia ciudadanía también informaron y documentaron muchos casos de abuso policial, incluido el de tres jóvenes que estaban tranquilamente sentados en un banco y fueron golpeados repetidamente con una porra por un agente de gendarmería. En otro incidente, un joven fue derribado al suelo y golpeado con porras por 19 agentes, pese a que había dos miembros de la Defensoría del Pueblo de guardia en la cercanías, precisamente para monitorear la conducta de la policía. Un gran número de individuos de civil provocaron más disturbios y actos de violencia. En su momento no se pudo determinar si se trataba de policías de civil o de miembros de fuerzas parapoliciales o de bandas criminales, pero luego numerosas pistas parecieron indicar que eran bandas delictivas vinculadas con las autoridades y que operaban bajo sus órdenes.

  Los medios también desempeñaron un rol muy importante en las protestas. En este contexto, muchos trabajadores de los medios de comunicación se comportaron profesionalmente e informaron objetivamente sobre las protestas, convirtiéndose a menudo en víctimas de la brutalidad policial o de ataques de personas infiltradas entre los manifestantes para incitar disturbios. Según la Asociación de Periodistas de Serbia (NUNS), por lo menos 28 periodistas fueron agredidos mientras cubrían las protestas y 14 sufrieron lesiones físicas, que en seis casos requirieron atención médica urgente. Según un comunicado de NUNS, el herido más grave fue Zikica Stevanovic, periodista de la agencia de noticias Beta.

  Sin embargo, los medios de comunicación cercanos al gobierno ignoraron o distorsionaron la imagen real de la protesta, difundiendo mentiras sobre quién la había organizado o financiado y quiénes habían participado en ella e ignorando o negando casos evidentes de abuso policial. Los periodistas, analistas y activistas de la sociedad civil que apoyaron públicamente las protestas y hablaron críticamente sobre el gobierno y el presidente fueron a menudo el blanco de campañas sensacionalistas y fueron difamados por los ocupantes de altos cargos políticos en un intento de desacreditar su trabajo.

  También se utilizaron en su contra medidas burocráticas, por ejemplo mediante su inclusión en una lista compilada por la Dirección de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Finanzas para exigir a los bancos que examinen todas las transacciones financieras realizadas por ellos durante el año pasado. Las asociaciones e individuos afectados publicaron un comunicado conjunto con más de 270 firmas para pedir a las autoridades que hicieran públicas urgentemente las razones de la sospecha de que estas organizaciones e individuos podían estar involucrados en acciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. También dejaron claro que estas presiones no los disuadirían de seguir luchando por una Serbia libre y democrática.

  La reacción violenta de la policía, el uso indiscriminado de la fuerza, la cobertura sesgada y las represalias gubernamentales motivaron aún más a la ciudadanía a protestar. En consecuencia, la gente salió a las calles en cantidades aún mayores en los días siguientes. Las protestas también comenzaron a tener lugar en otras ciudades serbias además de Belgrado, tales como Kragujevac, Nis, Novi Sad y Smederevo.

  ¿Ha experimentado la sociedad civil desafíos adicionales para continuar haciendo su trabajo bajo la pandemia?

  Bajo el estado de emergencia impuesto en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero también después de levantado el estado de emergencia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentaron numerosas dificultades que obstaculizaron enormemente su trabajo. Durante las primeras semanas del estado de emergencia, algunas OSC que brindan servicios a grupos vulnerables no pudieron realizar sus actividades debido a la prohibición de circular, dificultad que solo se superó de manera gradual y parcial a medida que se fueron otorgando permisos especiales a ciertas categorías de personas.

  Otro desafío fue el planteado por el Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos, adoptado en respuesta a los impactos económicos de la pandemia. Este reglamento no extendía la exención del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos, bienes de consumo y servicios donados al sector humanitario y sin fines de lucro para apoyar a grupos socialmente vulnerables. Por este motivo, un grupo de OSC envió al Ministerio de Hacienda una propuesta para ampliar la exención del IVA.

  El mayor desafío para las OSC fue la sostenibilidad financiera, que se vio especialmente amenazada por la suspensión del concurso para proyectos co-financiados de importancia pública, a nivel tanto nacional como local. Además, si bien no eran suficientemente claras en lo que respecta a las OSC, las disposiciones del Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos excluían inequívocamente las iniciativas ciudadanas informales y, por lo tanto, ponían en peligro su supervivencia.

  Además, el derecho a la libertad de expresión estuvo especialmente en peligro durante la pandemia. Los desafíos incluyeron restricciones enfrentadas por la prensa para asistir a las conferencias de prensa del Gabinete de Crisis y hacer preguntas, el desprecio expesado por funcionarios de órganos e instituciones gubernamentales hacia los representantes de los medios y la persecución de los medios de comunicación que expresaron críticas durante la pandemia. Estas restricciones abrieron las puertas a la difusión de información no verificada. La falta de información oportuna y objetiva resultó en una mayor propagación del pánico y dejó en evidencia que, además de una pandemia, Serbia enfrentaba una “infodemia”.

  ¿Qué opina la sociedad civil de la respuesta del gobierno a la pandemia y las condiciones en que se celebraron las últimas elecciones?

  A pesar de la posición muy desfavorable en que se encontraron, las OSC desempeñaron un rol significativo durante la crisis del COVID-19. Las OSC también jugaron un importante rol correctivo de las acciones de gobierno, ya que presentaron numerosas propuestas de calidad para superar la crisis. En muchas situaciones fueron las OSC, debido a su mejor capacitación, las que asumieron las funciones de determinados servicios gubernamentales. La impresión predominante es que el Estado no estaba preparado para la crisis y, por lo tanto, no tenía capacidad suficiente para responder adecuadamente.

  Por su carácter cerrado, el gobierno esgrimió la necesidad de actuar con velocidad y eficiencia como pretexto para eludir el diálogo. En la adopción de determinadas medidas se produjeron frecuentes violaciones de las leyes, la constitución y los derechos de la ciudadanía, y en particular del derecho de los periodistas a hacer su trabajo. Las medidas económicas no fueron adoptadas de manera oportuna y efectiva, lo cual puso en peligro a muchas OSC y a sus activistas, y en última instancia tuvo su mayor impacto sobre la ciudadanía en tanto que usuaria de los servicios de las OSC.

  En cuanto a las elecciones parlamentarias, que se celebraron el 21 de junio tras ser aplazadas de su fecha original del 26 de abril, aún queda sin respuesta la pregunta acerca de la responsabilidad del gobierno para conducir un proceso electoral bajo la pandemia. Se sospecha que la decisión de realizar las elecciones fue motivada políticamente e irresponsable. Esta impresión se vio reforzada por el hecho de que, en las semanas posteriores a las elecciones, el número de infecciones y muertes por COVID-19 aumentó drásticamente. Daría la impresión de que los esfuerzos realizados por algunas OSC para crear las condiciones para el desarrollo de elecciones libres y democráticas no dieron los resultados deseados.

  ¿Cuáles fueron los principales obtáculos que impidieron que las elecciones fueran libres y justas?

  Más allá de la pandemia, la principal preocupación respecto de las elecciones fue que estuvieron dominadas por el partido gobernante, a través de la presión sobre el periodismo y los medios de comunicación críticos y el control de los principales medios de comunicación, que carecen de diversidad de opiniones y cobertura equilibrada y son utilizados con fines de campaña.

  La cobertura de los medios durante la campaña electoral fue un poco más equilibrada que en las elecciones anteriores, ya que el gobierno quería demostrar el carácter infundado de los reclamos de la ciudadanía y la oposición política respecto de las malas condiciones para la competencia electoral y la captura de los medios de comunicación. En principio, los candidatos recibieron igual trato por parte de los medios públicos, aunque los funcionarios públicos que hacían campaña a diario recibieron mucha cobertura adicional. Además, los miembros de la oposición que habían decidido boicotear las elecciones, y por lo tanto no presentaron candidatos, carecieron de espacio para presentar sus argumentos en la televisión nacional.

  El trato desigual hacia los candidatos fue especialmente visible en los canales de televisión comerciales de alcance nacional, que brindaron apoyo logístico al partido gobernante y a sus socios de coalición. Este problema se vio agravado por la actitud pasiva del Organismo Regulador de Medios Electrónicos (REM), que jugó un papel casi imperceptible durante la campaña electoral. En mayo de 2020, el REM cambió su metodología de seguimiento de la representación mediática de los actores políticos, contando cada mención de una opción política como prueba de representación mediática. De ahí la conclusión de que la opositora Alianza por Serbia era el partido más representado. Pero en verdad la Alianza por Serbia, que boicoteó las elecciones, no recibió ninguna cobertura en la televisión nacional; en realidad, fue el blanco más frecuente de los ataques del partido gobernante y sus medios aliados. En ese sentido, otro problema de fondo es el marco normativo desigual: las regulaciones del REM relativas a los servicios de medios públicos son legalmente vinculantes, pero las relativas a las emisoras comerciales están redactadas bajo la forma de recomendaciones y no tienen efectos vinculantes, y no existen salvaguardas efectivas contra las violaciones.

  ¿Qué implicancias tienen los resultados de las elecciones para el futuro de la democracia y los derechos humanos en Serbia?

  El gobernante Partido Progresista Serbio, que en verdad es un partido de derechas, obtuvo más del 60% de los votos y se quedó con unos 190 escaños parlamentarios, sobre un total de 250. Su socio de coalición, el Partido Socialista de Serbia, quedó en segundo lugar, con aproximadamente 10% de los votos, sumando unos 30 escaños a la coalición. En consecuencia, la Asamblea Nacional se quedó sin representantes de la oposición, abriendo un espacio adicional para el ejercicio de un poder ilimitado y sin obstáculos legales por parte del partido gobernante. Los últimos cuatro años son prueba de que la mera presencia de la oposición en el parlamento no es una barrera suficiente contra la arbitrariedad, ya que el gobierno ha perfeccionado mecanismos que le permiten vaciar de sentido a los procedimientos parlamentarios y restringir la libertad de expresión de los representantes de la oposición. Sin embargo, algunos legisladores de la oposición, a través de sus iniciativas, apariciones públicas y propuestas, habían logrado llamar la atención sobre los numerosos escándalos y las violaciones de la ley cometidas por los funcionarios.

  Las protestas que siguieron a las elecciones parecen señalar en dirección de una mayor polarización y una profundización de la crisis política, ya que una gran porción de la ciudadanía carece de representación y se siente privada del derecho a elegir a sus representantes sin temor mediante elecciones libres y democráticas. Los más recientes intentos de lidiar con la sociedad civil, el periodismo y destacadas personalidades críticas mediante la promoción de investigaciones sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo hablan de una polarización cada vez más profunda. El desarrollo de los derechos humanos requiere de coordinación y cooperación entre las OSC y los órganos gubernamentales, así como de consenso social y voluntad política, por lo que ciertamente esto no está contribuyendo a mejorar la situación de los derechos humanos en Serbia. Por el contrario, está provocando una crisis cada vez más grave, el agravamiento de las desigualdades e injusticias y protestas más frecuentes.

  El espacio cívico en Serbia es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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• SINGAPUR: ‘La oposición recibió cobertura desfavorable de los medios estatales y le costó llegar al votante’

  CIVICUS conversa con el defensor de derechos humanos Jolovan Wham sobre las recientes elecciones de Singapur, celebradas en el marco de la pandemia del COVID-19. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de leyes restrictivas contra activistas de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados, medios de comunicación independientes en línea y miembros de la oposición política de Singapur, que son criminalizados, por ejemplo mediante demandas por difamación y acusaciones de desacato a la autoridad judicial.

  

  ¿Ha habido algún desacuerdo sobre si las elecciones debían celebrarse, o sobre cuándo o cómo debían tener lugar?

  Sí. Los partidos de oposición se opusieron en gran medida porque la pandemia del COVID-19 no había amainado y la realización de las elecciones podría representar una amenaza para la salud pública. También les preocupaba que no se permitieran manifestaciones físicas y recorridos de puerta en puerta, lo cual obstaculizaría sus esfuerzos de campaña.

  Y, de hecho, resultó más difícil conectarse cara a cara con los votantes cuando era necesario mantener una distancia de un metro durante las caminatas y las visitas de puerta en puerta. Todos tuvieron que dar sus discursos y conectarse con los votantes en línea.

  Se introdujeron algunos cambios para que las elecciones se llevaran a cabo en el contexto de la pandemia. El período de votación se extendió dos horas más en previsión de colas más largas a causa del distanciamiento social. Pero no se discutió la posibilidad de votar por internet. Y es posible que las personas mayores o con problemas de salud no participaran por temor a infectarse con COVID-19.

  ¿Cuál era la situación de las libertades cívicas antes de las elecciones?

  El control del partido gobernante, el Partido de Acción Popular (PAP), sobre todas las instituciones públicas es un importante problema en materia de libertad cívica. Significa que puede dar forma al discurso político de acuerdo con su agenda y establecer las reglas de juego que más le convengan. Por ejemplo, el departamento electoral, que traza los distritos electorales, depende del primer ministro. La mayoría de los grupos de sociedad civil temen involucrarse en las elecciones de manera significativa por las consecuencias de ser percibidos como “partidistas”. Si una asociación de la sociedad civil es vinculada con un partido de oposición, puede perder fondos, apoyo y recursos para su trabajo.

  Un reciente informe del grupo Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) por los Derechos Humanos documentó fallas estructurales que impidieron que la elección fuera justa. Entre ellas se contaban los amplios poderes del primer ministro sobre todo el proceso electoral y la ausencia de controles efectivos. El contexto en que la ciudadanía de Singapur podía ejercer su derecho a participar en la vida pública estaba muy restringido. Los principales candidatos de la oposición habían sido objeto de demandas por parte de miembros del PAP, y los votantes de distritos liderados por la oposición temían sufrir represalias si no votaban por el PAP. Las libertades fundamentales, que están intrínsecamente vinculadas a la existencia de elecciones libres, son limitadas ya que el gobierno controla los medios de comunicación y usa leyes restrictivas contra voces críticas y disidentes.

  ¿Cómo afectó esto a las posibilidades de la oposición?

  Los candidatos y partidos opositores tuvieron que depender únicamente de las redes sociales para difundir su mensaje, debido a la cobertura desfavorable que recibieron de los medios estatales. También tuvieron dificultades para llegar a los votantes debido al monopolio, la manipulación y el control ejercidos por el PAP sobre sindicatos y organizaciones y grupos de base de todo el país, a lo que se sumaron las dificultades involucradas en la organización de manifestaciones físicas en el contexto de la pandemia.

  Las elecciones se celebraron el 10 de julio. El PAP obtuvo 83 escaños parlamentarios, pero también experimentó un revés, ya que la oposición logró avances menores pero históricos. El Partido de los Trabajadores, el único partido de oposición con presencia en el parlamento, aumentó sus escaños de seis a 10, el mejor resultado obtenido por la oposición desde la independencia. El voto popular obtenido por el PAP cayó al 61%.

  ¿Cuáles fueron los principales temas en torno de los cuales giró la campaña?

  Para el PAP, la campaña se centró en la difamación de los candidatos de la oposición, acusándolos de vender falsedades y de tener agendas nefastas, y se enfocó en desacreditarlos. También se usó la táctica del miedo: se transmitió al electorado la idea de que solo el PAP podría sacar a los singapurenses de la pandemia del COVID-19 y que la presencia de más representantes de la oposición en el parlamento frustraría estos esfuerzos.

  Los partidos de oposición, por otro lado, se centraron en transmitir al electorado el mensaje de que estaban al borde de ser eliminados del parlamento, ya que contaban con menos de 10 escaños sobre un total de casi 90. Otras cuestiones clave planteadas por la oposición fueron el alto costo de vida y la inmigración.

  El espacio cívico en Singapur es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

• SRI LANKA: ‘El control de los medios le dio al gobierno una gran ventaja’

  CIVICUS conversa con Sandun Thudugala, Director de Programas de Law and Society Trust (LST), acerca de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Sri Lanka el 5 de agosto de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19. LST es una organización de investigación y defensa legal fundada en 1982 en Colombo, Sri Lanka, con el objetivo de promover reformas legales para mejorar el acceso a la justicia, la judicialización de los derechos y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

  Ante las elecciones de agosto de 2020, el CIVICUS Monitordocumentó el hecho de que abogados de derechos humanos y periodistas estaban siendo sujetos a arrestos, amenazas y acoso. Uninforme del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, publicado en mayo de 2020, también mostró que la sociedad civil enfrentaba desafíos para registrarse y operar y diversas barreras para el ejercicio del derecho de protesta.

  

  ¿Cuál era la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil antes de las elecciones?

  Como ocurre en muchos otros países, en Sri Lanka la situación de las libertades cívicas y el espacio para la sociedad civil siempre ha sido precaria. Incluso bajo el gobierno anterior, que se suponía que apoyaba más a la sociedad civil y a la agenda de derechos humanos, continuaron los esfuerzos para introducir nuevas leyes draconianas para controlar la sociedad civil y socavar las libertades básicas en nombre de la lucha contra el terrorismo.

  La situación empeoró con la elección de Gotabaya Rajapaksa como nuevo presidente en noviembre de 2019. Su campaña electoral, basada en las ideas de la supremacía del budismo cingalés, la sociedad disciplinada y la seguridad nacional, recibió el apoyo de una abrumadora mayoría, y en particular de la comunidad budista cingalesa. El resultado fue interpretado como un mandato otorgado al gobierno para que pudiera socavar las libertades básicas y el espacio cívico en nombre de la seguridad nacional y el desarrollo.

  Ha habido indicios de una mayor militarización de todos los aspectos de la sociedad y del debilitamiento de las instituciones democráticas, como el nombramiento de miembros de las Fuerzas Especiales Presidenciales, que solo rinden cuentas al presidente, en puestos clave de gobierno. También se ha transmitido un claro mensaje de falta de voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales, incluida la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el gobierno anterior había apoyado y perseguía el objetivo de promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka tras el conflicto interno desarrollado entre 1983 y 2009. Lo mismo se observa en relación con los mecanismos nacionales de derechos humanos.

  Han aumentado la vigilancia de las actividades de la sociedad civil y los arrestos de activistas activos en las redes sociales. Esto ha reflejado claramente el intento de socavar las libertades y el espacio cívico ante las elecciones. La situación se vio agravada por la pandemia del COVID-19. La necesidad de hacer frente al virus ha sido utilizada como excusa para incrementar la militarización y la concentración de poder en manos del presidente.

  ¿Cuáles fueron los principales temas de campaña?

  El gobierno, encabezado por el recientemente electo presidente Rajapaksa, del partido Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), quería alcanzar la mayoría de los dos tercios en el Parlamento para estar en condiciones de reformar la actual constitución y otorgar poderes adicionales al presidente. Ese ha sido el principal objetivo de la campaña electoral del SLPP. La necesidad de un gobierno fuerte para proteger las aspiraciones de la mayoría budista cingalesa, defender la soberanía nacional y fomentar el desarrollo económico fueron, por consiguiente, algunos de los principales temas de su campaña. La popularidad que tenía el presidente tras su victoria en las elecciones presidenciales fue utilizada para movilizar a los votantes en apoyo del SLPP.

  Los principales partidos de la oposición estaban divididos, y en la campaña electoral sus conflictos internos fueron más prominentes que sus mensajes electorales. Una de sus principales promesas fue brindar asistencia económica a las personas pobres que habían resultado más afectadas por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento.

  Durante la campaña electoral ninguno de los partidos principales puso de relieve cuestiones centrales tales como la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza democrática, la justicia para las víctimas de la guerra, y la búsqueda de soluciones de más largo plazo para los problemas étnicos o las causas fundamentales de la pobreza rural, el endeudamiento y la desigualdad.

  ¿Hubo alguna discusión acerca de la conveniencia de realizar las elecciones en el contexto de la pandemia?

  El gobierno quería llevar a cabo las elecciones lo antes posible. Estaba dispuesto a realizarlas en abril de 2020, tal como estaba previsto, aun cuando estábamos en lo peor de la pandemia. Casi todos los partidos de la oposición se opusieron a la celebración de elecciones en abril. Posteriormente, la Comisión Electoral decidió posponerlas hasta agosto de 2020 debido a los riesgos para la salud que podría conllevar su realización. En agosto la situación había mejorado considerablemente, por lo que no hubo una gran oposición a la realización de las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de agosto.

  Hasta donde yo sé, no se consideró la posibilidad de habilitar el voto vía internet para esta elección. No creo que Sri Lanka tenga la infraestructura y la capacidad para ofrecer esa opción en este momento. Más del 70% de los votantes habilitados emitieron sus votos y, con excepción de las personas que todavía se encontraban en centros de cuarentena, no experimentaron obstáculos significativos a la hora de votar. Aunque sí hubo incidentes cuando algunas fábricas privadas negaron a sus empleados el permiso para ir a votar.

  ¿Fue posible desarrollar una campaña “normal” en el contexto de la pandemia?

  La Comisión Electoral publicó una serie de pautas sanitarias e impuso controles importantes sobre la campaña electoral. No se permitieron grandes mítines o reuniones, pero el gobierno y los principales partidos de la oposición violaron estas pautas sanitarias al organizar abiertamente actos públicos y otras reuniones, y no enfrentaron ninguna repercusión. Quedó claro que los partidos con mayor poder contaban con una clara ventaja que les permitía eludir ciertas reglas. Además, los candidatos de los principales partidos políticos, que tenían más dinero para invertir en campañas en medios electrónicos y en redes sociales, corrieron con una clara ventaja sobre los demás.

  Gracias a su control sobre los medios estatales y al apoyo que recibió de la mayoría de los medios privados, tanto electrónicos como impresos, el gobierno tuvo una clara ventaja sobre la oposición durante la campaña electoral. Los partidos políticos más pequeños de la oposición se encontraron en la posición más desventajosa, ya que no obtuvieron ningún espacio significativo de aire ni de publicidad en los principales medios de comunicación.

  Esto seguramente afectó los resultados de las elecciones, en las que el SLPP, liderado por el presidente Rajapaksa y por su hermano, el expresidente Mahinda Rajapaksa, obtuvo 145 escaños parlamentarios sobre un total de 225. El partido opositor Samagi Jana Balavegaya, establecido a principios de 2020 como resultado de un desprendimiento del Partido Nacional Unido, de derecha, obtuvo 54 escaños. El partido Illankai Tamil Arasu Kadchi, que representa a la minoría étnica tamil, obtuvo 10 escaños, y otros 16 escaños se dividieron entre 12 partidos más pequeños. En consecuencia, el 9 de agosto el hermano del presidente fue designado Primer Ministro de Sri Lanka por cuarta vez.

  ¿Pudo la sociedad civil desempeñar algún rol significativo en el proceso electoral?

  Aparte de participar en el monitoreo de las elecciones, la participación de la sociedad civil independiente en el proceso electoral fue mínima. Este fue un cambio drástico en comparación con las elecciones de 2015, en las cuales la sociedad civil desempeñó un rol clave en la promoción de una agenda de buena gobernanza y reconciliación en el marco de la campaña electoral. Las divisiones dentro de la oposición y el contexto del COVID-19 dificultaron el efectivo involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Algunas organizaciones intentaron producir un discurso sobre la importancia de proteger la 19a enmienda a la Constitución, que limitaba los poderes presidenciales al tiempo que fortalecía el papel del parlamento y las instituciones independientes y los procesos de rendición de cuentas, pero no obtuvieron espacios significativos para discutir estos temas en los medios de comunicación ni en ningún otro espacio público.

  El espacio cívico en Sri Lanka es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

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• TAILANDIA: “La juventud cuestiona que el gobierno abuse de sus derechos y comprometa su futuro”

  CIVICUS conversa con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Tailandia, Piyanut Kotsan, acerca del movimiento por la democracia y la represión de las protestas en Tailandia. Fundada en Bangkok en 1993, Amnistía Internacional Tailandia cuenta con más de 1.000 miembros en todo el país. Su trabajo se centra en la promoción de la libertad de expresión en internet y fuera de ella, la libertad de reunión pacífica, la educación en derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en la denuncia de la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte.