espacio cívico
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UGANDA: “Nadie puede ganar las elecciones sin los votos de los jóvenes”
CIVICUS conversa con Mohammed Ndifuna, Director Ejecutivo de Justice Access Point-Uganda (Punto de Acceso a la Justicia-Uganda, JAP). Establecido en 2018, JAP busca impulsar, animar y fortalecer la lucha por la justicia en el contexto del estancado proceso de justicia transicional de Uganda, las dificultades del país para implementar las recomendaciones de su primer y segundo Exámenes Periódicos Universales en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la reacción de algunos estados africanos contra la Corte Penal Internacional.
Mohammed es un experimentado y apasionado defensor de los derechos humanos y trabajador por la paz, con más de 15 años de activismo en derechos humanos y prevención de atrocidades a nivel local, nacional e internacional. En 2014 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea para Uganda; ha integrado el Comité Directivo de la Coalición por la Corte Penal (2007-2018) y la Junta Asesora de la Human Rights House Network en Oslo (2007-2012), y actualmente integra el Comité de Gestión del Comité Nacional de Uganda para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas.
¿Cuál es la situación del espacio cívico en Uganda de cara a las muy esperadas elecciones de 2021?
El espacio cívico en Uganda puede ser caracterizado como un espacio acosado, asfixiado y expoliado. La sociedad civil da la impresión de estar en una especie de pendiente resbaladiza mientras las cosas cambian de mal en peor. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han experimentado una ola de ataques descarados contra su espacio físico que han tomado la forma de intrusiones y allanamientos de sus oficinas a plena luz del día. Entretanto han continuado los ataques contra las OSC en general, y en particular contra las que hacen incidencia en derechos humanos y promueven la rendición de cuentas. En los últimos años se ha promulgado una cantidad de medidas legislativas y administrativas contra las OSC y otros sectores, tales como la Ley de Gestión del Orden Público (2012) y la Ley de ONG (2016).
De cara a las elecciones generales y presidenciales, que se celebrarán el 14 de enero de 2021, el ministro del Interior estableció que todas las OSC deben pasar por un proceso obligatorio de validación y verificación para quedar habilitadas para operar. Muchas OSC no han podido completar el proceso. De hecho, hasta el 19 de octubre de 2020 solo 2.257 OSC habían completado con éxito el proceso de verificación y validación, y entre ellas se contaban solo unas pocas OSC que hacen incidencia en temas de gobernanza.
Las OSC ugandesas son altamente dependientes de los donantes y ya estaban lidiando con la reducción de sus recursos financieros, que afectó fuertemente los alcances de su trabajo. Esta situación se vio agravada por el brote de COVID-19 y las medidas de confinamiento que se tomaron como respuesta, que perjudicaron los esfuerzos de movilización de recursos de las OSC. Así pues, la combinación de estas tres fuerzas - acoso, restricciones y acceso limitado al financiamiento - ha debilitado a las OSC, obligando a la mayoría a centrar sus esfuerzos en su propia supervivencia.
Parecería que hay mucho más en juego en las elecciones de 2021 que en años anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado?
La situación comenzó a cambiar en julio de 2019, cuando Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine, anunció que competiría por la presidencia como candidato de la opositora Plataforma de Unidad Nacional. Bobi Wine es cantante, actor, activista y político. Como líder del movimiento Poder Popular, Nuestro Poder, fue elegido legislador en 2017.
La atención que recibe Bobi por parte de los jóvenes es enorme, y hay que tener en cuenta que más del 75% de la población de Uganda tiene menos de 30 años. Esto hace que los jóvenes sean un grupo que es muy importante atraer. Ningún candidato puede ganar las elecciones de Uganda si no recibe la mayor parte de los votos de los jóvenes. En la próxima carrera presidencial, Bobi Wine parece ser el candidato más capaz de atraer estos votos. Aunque no tiene gran experiencia como político, Bobi es una personalidad muy carismática y ha logrado atraer a su movimiento de masas no solo a los jóvenes sino también a muchos políticos de los partidos tradicionales.
Largamente conocido como el “presidente del gueto”, Bobi Wine ha aprovechado su atractivo como estrella de la música popular para producir canciones políticas y movilizar a la gente. Sus raíces en el gueto también lo han tornado más atractivo en las zonas urbanas. Se cree que ha motivado a muchos jóvenes a registrarse para votar, por lo es posible que la apatía entre los votantes jóvenes disminuya en comparación con elecciones pasadas.
En vistas de la actual lucha sin cuartel por los votos de los jóvenes, no es de extrañar que el aparato de seguridad haya arremetido violentamente contra los jóvenes, en un intento evidente de contener la presión que están ejerciendo. Muchos activistas políticos vinculados a Poder Popular han sido acosados y, en algunos casos, asesinados. Varios líderes políticos de Poder Popular han sido intermitentemente detenidos y procesados en los tribunales o presuntamente secuestrados y torturados en sitios clandestinos. En un evidente intento de atraer a los jóvenes del gueto, el presidente Yoweri Museveni ha nombrado como asesores presidenciales a tres personas procedentes del gueto. Esto sugiere la posibilidad de que las bandas de gánsteres del gueto y la violencia desempeñen un rol en las próximas elecciones presidenciales.
En elecciones anteriores hubo restricciones a la libertad de expresión y el uso de Internet. ¿Veremos tendencias similares en esta oportunidad?
Ya las estamos viendo. La preocupación por la restricción de las libertades de expresión e información es válida no solamente en virtud de la mirada retrospectiva, sino también a causa de varios acontecimientos recientes. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2020 la Comisión de Comunicaciones de Uganda (CCU) emitió un aviso público indicando que toda persona que deseara publicar información en internet debía solicitar y obtener una licencia de la CCU antes del 5 de octubre de 2020. Esto afectará principalmente a los usuarios de internet, como blogueros, a quienes se les paga por el contenido que publican. Obviamente, esto intenta reprimir las actividades políticas de los jóvenes en la internet. Y también es particularmente preocupante porque, dado que las reuniones y asambleas públicas están restringidas a causa de las medidas de prevención del COVID-19, los medios de comunicación digitales serán el único método permitido para hacer campaña para las elecciones de 2021.
También ha aumentado la vigilancia electrónica, y no es remota la posibilidad de un cierre de las plataformas de redes sociales en vísperas de las elecciones.
¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a la sociedad civil y a su capacidad para responder a las restricciones del espacio cívico?
La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas en respuesta han agravado el ya precario estado en que se encontraban las OSC. Por ejemplo, la capacidad de la sociedad civil para organizar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas en apoyo de los derechos y libertades fundamentales, o para protestar contra su violación, se ha visto restringida por la forma en que se han aplicado los procedimientos operativos estándar (POE) para hacer frente al COVID-19. Esto ha resultado en violaciones y ataques contra el espacio cívico. Por ejemplo, el 17 de octubre de 2020 la Fuerza de Policía de Uganda y las Unidades de Defensa Local allanaron conjuntamente una reunión de oración de Acción de Gracias que se llevaba a cabo en el distrito de Mityana y gratuitamente lanzaron gases lacrimógenos contra la congregación, que incluía a niños, mujeres, hombres, personas mayores y líderes religiosos; la razón alegada fue que las personas reunidas habían desobedecido los POE para el COVID-19.
En cuanto la implementación de los POE para el COVID-19 entre en contacto con la presión electoral, es posible que la represión de las libertades de reunión pacífica y asociación se agrave. Lamentablemente, las OSC ya se encuentran fuertemente restringidas.
¿De qué manera puede la sociedad civil internacional ayudar a la sociedad civil de Uganda?
La situación en que se encuentra la sociedad civil de Uganda es tal que requiere del apoyo y la respuesta urgentes de la comunidad internacional. Es necesario prestar atención a lo que está sucediendo en Uganda y expresarse de modo tal de amplificar las voces de una sociedad civil local que está siendo cada vez más sofocada. Más específicamente, se debería apoyar a las OSC ugandesas para que puedan responder mejor a las violaciones flagrantes de las libertades, mitigar los riesgos que conlleva su trabajo y mejorar su resiliencia en el contexto actual.
El espacio cívico enUganda es catalogado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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VENEZUELA: “Con la nueva ley de ONG, el gobierno pretende tomar el control de todo el tejido asociativo”
CIVICUS conversa con Rigoberto Lobo Puentes, fundador de Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), sobre la Ley de ONG que, de ser aprobada, obstaculizaría aún más la labor de la sociedad civil en Venezuela.PROMEDEHUM reúne a personas procedentes de diferentes esferas con el objetivo común de educar, promover y defender los derechos humanos.
¿Cómo ha cambiado recientemente el espacio cívico en Venezuela?
El espacio cívico ha experimentado tensiones durante más de una década. En 2010 el gobierno implementó la Ley de la Soberanía y Autodeterminación Nacional para restringir el acceso a financiamiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, invocando supuestas amenazas externas contra el gobierno venezolano. Esta ley fue solamente el puntapié inicial. Desde 2016, cuando el partido oficialista perdió el control de la Asamblea Nacional, el gobierno comenzó a emitir decretos de emergencia que otorgaron facultades al Ministerio de Relaciones Exteriores para auditar todo convenio firmado por organizaciones o personas con organismos internacionales para ejecutar proyectos en Venezuela. Esto fue parte de la estrategia de asfixiar financieramente a las organizaciones de derechos humanos hasta que debieran cerrar.
En 2020 el organismo gubernamental que regula al sistema bancario ordenó a los bancos que monitorearan las operaciones financieras de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), supuestamente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A raíz de las críticas de organismos internacionales de protección de derechos humanos, en 2021 las disposiciones de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en relación con las OSC fueron ligeramente modificadas. Sin embargo, continuaban infringiendo las normas internacionales de derechos humanos. Entre otras cosas, establecían la creación de nuevo órgano encargado de autorizar el registro y funcionamiento de OSC y obligaban a las OSC a proveer información sensible.
Este ataque provocó fisuras en la sociedad civil, ya que muchos pensaron que, puesto que el foco estaba en las organizaciones de derechos humanos, las demás OSC, incluidas las organizaciones humanitarias, estaban fuera de peligro, aunque también de uno u otro modo defendieran los derechos humanos. Muchas OSC dijeron no tener problema con la obligación de registrarse. La situación fue muy confusa: nunca quedó claro dónde funcionaba o funcionaría el registro y en cada ciudad las organizaciones recibían información distinta.
En 2021, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó por unanimidad un plan legislativo nacional que incluía la Ley de Cooperación Internacional, que también establecía un registro obligatorio para las OSC. El objetivo era, nuevamente, limitar el acceso de las OSC a financiamiento.
En 2022 el Grupo de Acciones Financieras del Caribe refutó el argumento de que todas estas regulaciones eran necesarias. Su evaluación de Venezuela concluyó que no había evidencia de que los registros de OSC propuestos o implementados sirvieran para prevenir potenciales abusos vinculados con la financiación del terrorismo.
Por último, en enero de 2024 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, más conocida como “ley de ONG”. Si se aprueba, esta ley permitirá al gobierno restringir aún más el funcionamiento de la sociedad civil, ya que prohíbe de manera muy amplia las “actividades políticas” sin definir de manera clara a qué se refiere, y podría resultar en la imposición de sanciones o incluso en la clausura de OSC que se considere que están involucradas en tales “actividades políticas”. En la sesión en que se aprobó el proyecto, más de 60 OSC fueron mencionadas como enemigas y traidoras a la patria.
Las continuas amenazas, denuncia y persecución de OSC y personas defensoras de derechos humanos, así como las restricciones y ataques contra medios de comunicación y periodistas, el allanamiento de sedes de organizaciones y el encarcelamiento de actores humanitarios, han creado un clima de mucho miedo. Muchas OSC han perdido integrantes, algunas han cerrado y muchas personas defensoras han migrado por diversas razones, incluida la de haber sido objeto de persecución o temer serlo en el futuro cercano. Incluso algunas organizaciones, al igual que medios de comunicación, han recurrido a la autocensura o cambiado la naturaleza de sus actividades para prevenir represalias.
¿Cómo impactaría ley de ONG en este contexto?
La ley de ONG busca limitar la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos. Convertiría la libertad de asociación en un asunto de orden público, exponiendo a las organizaciones a la vigilancia y el control policial. Las organizaciones que no se inscriban o no revelen sus fuentes de financiación podrían enfrentarse a multas, cancelación de su registro oficial e incluso acciones penales. Podrían ser criminalizadas con acusaciones de terrorismo, lavado de dinero, desestabilización, conspiración e injerencia extranjera.
Aunque el proyecto de ley parezca apuntar exclusivamente contra las organizaciones de derechos humanos, sus impactos serán mucho más amplios, ya que pretende tomar el control de todo el tejido asociativo. Cualquier forma organizativa, incluidos partidos políticos y organizaciones educativas y académicas, es un potencial objetivo. Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedarse sin apoyo jurídico. Las personas afectadas por la emergencia humanitaria podrían perder el acceso a programas humanitarios de la sociedad civil, que podrían ser sustituidos por programas gubernamentales con condiciones de acceso restrictivas.
En suma, el gobierno busca una sociedad civil a su medida. Tiene interés en la continuidad de organizaciones que realizan acciones humanitarias, ya que éstas lo liberan de cierta carga y le ayudan a mantener una imagen de apertura frente a la comunidad internacional. Pero pretende que las organizaciones humanitarias desempeñen un rol puramente asistencialista, que deje de lado los derechos humanos, y que se abstengan de publicar cualquier dato que pueda proyectar una imagen negativa del país.
El gobierno ya ha hecho avances en este terreno. En alguna medida ya controla las actividades de las organizaciones humanitarias y obtiene información constante sobre sus actividades en toda Venezuela.
¿Por qué se reflotó ahora la ley de ONG, que había quedado en suspenso el año pasado?
El gobierno ha avanzado con esta ley ante las perspectivas de un proceso electoral en el futuro cercano. La ley puede ser utilizada no solamente contra las OSC de derechos humanos sino contra toda forma organizativa que sea considerada un espacio de pensamiento crítico o disenso. Esto aplica especialmente a las OSC que trabajan en temas de derechos civiles y políticos, que exigen transparencia electoral, monitorean las campañas y observan las elecciones.
Para el gobierno la sociedad civil pone en riesgo sus perspectivas de mantenerse en el poder. En condiciones electorales medianamente justas, la labor de monitoreo, documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos perpetradas por un gobierno que ya goza de baja popularidad podría diezmar su caudal electoral. Durante años el gobierno ha buscado someter, asfixiar o anular a las OSC, y esto se intensificará en la medida en que necesite asegurar su continuidad en el poder.
La ley de ONG había quedado suspendida pero no olvidada. El gobierno simplemente esperó a encontrar el momento adecuado para retomar sus ataques. Recientemente, se produjeron una serie de acusaciones y detenciones de militares, integrantes de partidos políticos y periodistas en relación con un supuesto plan de magnicidio que ha sido tipificado como terrorismo. Esto es parte de un escenario creado por el gobierno para justificar acciones para neutralizar a quienes le supongan un obstáculo en una elección. En este contexto, no debe descartarse la posibilidad de que la ley de ONG sea aprobada.
¿Cómo han reaccionado la sociedad civil y la opinión pública ante estos ataques?
Pese a la gravedad de la ley, hay mucha desinformación y un elevado desconocimiento por parte de la ciudadanía venezolana. Incluso hay OSC que desconocen su existencia o su importancia.
Sin embargo, la sociedad civil ha emitido numerosas expresiones de rechazo. Entre 2022 y 2024, OSC nacionales e internacionales han publicado al menos 15 comunicados y análisis de las leyes de ONG y de cooperación internacional. Se han realizado numerosos foros, conversatorios y campañas de difusión, tanto dentro como fuera de Venezuela.
Muchas organizaciones y personas defensoras hemos participado en diálogos interactivos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y en eventos paralelos en la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Cumbre de las Américas, y hemos presentado informes ante organismos de derechos humanos. Como resultado de esta incidencia, entre 2021 y 2023 se publicaron 11 pronunciamientos e informes de organismos internacionales sobre estas leyes.
Quienes estamos fuera de Venezuela también hemos hecho incidencia frente a los gobiernos de nuestros países de acogida. En Argentina, donde me encuentro en este momento, actores tanto políticos como de la sociedad civil han expresado públicamente su rechazo de la ley de ONG.
El gobierno venezolano redobló la apuesta y el 12 de enero inició una consulta pública sobre la ley, sin siquiera haber publicado el texto oficial del proyecto de ley o convocado a participar a las OSC de derechos humanos. Según la información que ha trascendido, la mayoría de los participantes en la consulta han sido funcionarios del Estado, incluidos funcionarios policiales. Por lo que hemos podido observar en los eventos de consulta, que se realizan de manera relativamente espontánea en diversos sitios y sin un formato establecido, así como en las discusiones sobre el tema en la Asamblea Nacional, ha prevalecido un discurso de descalificación de las OSC, tratadas como enemigas del Estado.
¿Qué garantías necesita la sociedad civil venezolana para continuar haciendo su trabajo?
Para continuar nuestra labor de incidencia en defensa del espacio cívico necesitamos que más organizaciones y actores internacionales se sumen para ayudar a informar sobre el deterioro de la situación. Las OSC necesitan acceso a información más precisa y confiable para impulsar la formación de alianzas de manera más rápida y efectiva.
Las OSC venezolanas continuamos trabajando para comunicar cualquier cambio que se produzca y dar la señal de alerta cuando se producen avances contra los derechos. Seguimos haciendo incidencia con otros Estados, especialmente cuando se producen cambios de gobierno que podrían afectar la política internacional. Un riesgo inminente es que no se renueve la Misión Internacional para la Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sería un duro golpe para la sociedad civil venezolana.
Las organizaciones venezolanas también deberíamos evaluar y repensar nuestras estrategias en función del impacto que tiene la información que producimos. Deberíamos mostrar mejor las fortalezas del movimiento de derechos humanos venezolano. Quizás la transparencia proactiva, en la medida en que no ponga en mayor riesgo a las organizaciones y sus integrantes, podría servir para influir tanto sobre la comunidad internacional como sobre la ciudadanía. Es crucial que la gente en Venezuela comprenda las dimensiones de la pérdida que el deterioro del espacio cívico y la desaparición de organizaciones suponen para nuestro país.
El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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VENEZUELA: “El gobierno busca avivar el sentimiento nacionalista para tratar de conservar el poder”
CIVICUS conversa con Mariano de Alba, Asesor Sénior del International Crisis Group, acerca del reciente referéndum convocado por el gobierno de Venezuela sobre el estatus del territorio del Esequibo, disputado con la vecina Guyana, y sus posibles implicaciones para la democracia en Venezuela y la paz en la región.El International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico.
¿Por qué el gobierno venezolano decidió someter la cuestión del Esequibo a un referéndum?
El anuncio de la realización del referéndum surgió en primer lugar como una reacción del gobierno de Venezuela a las recientes rondas de licitaciones petroleras realizadas por Guyana en zonas que Venezuela considera áreas marítimas pendientes de delimitación. Conforme se fue organizando el referéndum, se volvió evidente que el gobierno venezolano le daba un valor adicional como herramienta para probar su capacidad de movilización electoral a pocos meses de la elección presidencial que debería ocurrir este año.
Adicionalmente, al poner la disputa con Guyana en la agenda pública, el gobierno venezolano busca avivar el sentimiento nacionalista en la población venezolana, y muy especialmente en las fuerzas armadas, un actor clave en su estrategia para conservar el poder.
¿Cuál es el valor jurídico del referéndum?
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial venezolana, el referéndum consultivo, que es una figura establecida en la Constitución venezolana, no tiene carácter vinculante. Esta posición fue ratificada públicamente por el abogado principal que fue designado por el gobierno para preparar las preguntas del referendo.
Pero por motivos políticos, desde antes del referéndum y especialmente en vista de sus resultados, el gobierno ha insistido en que sí tiene carácter vinculante para justificar una serie de acciones que ha anunciado en relación con el territorio en disputa. Éstas, sin embargo, no han pasado de anuncios simbólicos, ya que las fuerzas armadas de Venezuela no han ingresado en el territorio en disputa, desde hace muchísimos años bajo administración de Guyana.
¿Cómo se posicionó la oposición, y cómo impactará el referéndum sobre las elecciones de 2024?
Hubo diferencias sobre cómo posicionarse frente al referéndum. Ante todo, hay que recordar que el 17 de octubre, cuando el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre condiciones electorales, también firmaron otro acuerdo en el que se comprometieron a “ratificar los derechos históricos” de Venezuela y a “defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966”, el tratado que reavivó la controversia, en el cual Guyana, Venezuela y el Reino Unido acordaron buscar una solución al conflicto. En consecuencia, al menos para una parte de la dirigencia opositora fue difícil oponerse al referéndum.
Sin embargo, María Corina Machado, la principal líder de la oposición, electa como candidata de unidad en las primarias de finales de octubre de 2023, sí criticó la consulta, argumentando que “la soberanía se ejerce, no se consulta”. La diferencia más importante en la oposición es que algunos líderes opositores piensan que hay que participar en todos los procesos electorales, independientemente de las condiciones, mientras otros no. Algunos votaron en el referéndum y otros no lo hicieron.
Frente a las elecciones presidenciales, un elemento central de la estrategia del gobierno es fomentar la división de la oposición, de modo que una parte llame a la no participación por falta de condiciones suficientes y otra decida participar. El gobierno tiene posibilidades reales de ganar la elección frente a una oposición dividida, ya que bajo el sistema electoral vigente es electo quien obtenga más votos, aunque no alcance el 50%. La elección tendrá lugar en un contexto autoritario en el cual las condiciones de la competencia serán deficientes y hay un alto riesgo de represión gubernamental.
¿Cómo se ha manifestado Guyana?
Guyana está centrada en la búsqueda de una decisión favorable en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde en 2018 presentó una demanda para que se ratifique la validez del laudo arbitral de 1899, que le otorgó el territorio que hoy día controla y administra y que Venezuela desconoce con el argumento de que el laudo fue producto de un fraude procesal.
Sin embargo, las tensiones recientes complican el panorama para Guyana. Primero, porque al menos en el papel, las fuerzas armadas venezolanas tienen capacidades sustancialmente superiores a las guyanesas. De allí su intención de tratar de fortalecer sus alianzas militares y obtener garantías de otros países. Segundo, porque la incertidumbre producto de estas tensiones podría afectar el destacadísimo desarrollo económico que está teniendo Guyana, un país con escasa población pero con altos ingresos debido al reciente descubrimiento y explotación de recursos petroleros. Ya a mediados de diciembre de 2023 el mercado de seguros Lloyd’s de Londres calificó como riesgosa la zona económica exclusiva guyanesa, lo podría aumentar el costo del envío de petróleo desde esa zona.
¿Cuáles son los riesgos de que se produzca una escalada bélica?
El referéndum ha aumentado sustancialmente las tensiones entre Guyana y Venezuela. Guayana vio en él y en las ulteriores acciones del gobierno venezolano una amenaza. Aunque también Guyana ha aprovechado las tensiones para tratar de fortalecer sus alianzas diplomáticas y militares con países como los Estados Unidos y el Reino Unido.
En el corto y mediano plazo, el riesgo de que estas tensiones desemboquen en un conflicto armado es bajo, en parte, porque la reacción internacional sería muy crítica. Además, si bien el gobierno venezolano ha anunciado y ejecutado acciones tales como el nombramiento de una autoridad para el territorio en disputa, se ha cuidado de que la ejecución de esas acciones permanezca por ahora en territorio venezolano.
Pero la escalada bélica no es un escenario descartable. La tensión podría desembocar en un enfrentamiento limitado tras el cual se vuelva difícil para uno o ambos países desescalar.
Desde la perspectiva venezolana, la escalada es una apuesta riesgosa porque podría generar mayor descontento en las fuerzas armadas venezolanas, que tendrían que arriesgar sus vidas, especialmente si Guyana recibe el apoyo de un aliado importante como Estados Unidos. Además, el gobierno venezolano se está esforzando por reinsertarse en la comunidad internacional e iniciar un conflicto con Guyana desbarataría esos esfuerzos.
Del lado guyanés, es una incógnita si efectivamente recibiría un apoyo militar sustancial en caso de un conflicto. Éste, además, podría volver muy riesgosos los negocios de algunas empresas que operan en ese país. Por ende, al menos en el corto y mediano plazo, salvo sorpresa, predominarán los intentos de mantener las tensiones en la escena pública, pero sin emprender una escalada real.
Al final del día, ambos países, como vecinos, están obligados a tratar de negociar. Aunque Guyana obtenga una decisión favorable de la CIJ, ese difícilmente será el fin de la disputa, ya que sin la colaboración de Venezuela la ejecución de la sentencia será muy difícil; además, el área marítima seguirá pendiente de delimitación, por lo que algún día habrá que negociar.
¿Cómo continúan las negociaciones diplomáticas?
Ha habido importantes esfuerzos diplomáticos de diversos países para tratar de convencer a ambos gobiernos de la importancia de rebajar las tensiones y evitar un conflicto armado. Estos esfuerzos desembocaron en un acuerdo que se firmó en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre. Allí se acordó no solamente rebajar las tensiones sino también realizar una nueva reunión en Brasil antes de fines de marzo.
Sin embargo, la desconfianza entre ambos gobiernos sigue siendo profunda. No ayudó tampoco el hecho de que a fines de diciembre se produjera la visita de un buque de guerra británico a Guyana, que Venezuela interpretó como una amenaza a la cual respondió con la realización de ejercicios militares en su territorio.
Las perspectivas son complicadas porque ambos gobiernos consideran que pueden sacar rédito político de las tensiones. Venezuela más por razones de política interna, y Guyana en primer lugar para fortalecer sus alianzas militares y secundariamente porque, si maneja acertadamente la situación, las perspectivas del partido de gobierno podrían mejorar de cara a las elecciones de 2025.
Tras bastidores, los esfuerzos diplomáticos continúan porque frente a la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza prevalece la idea de que no hay espacio internacional para otro conflicto armado, y menos aún en América Latina y el Caribe, que por tantos años ha sido una zona de paz, al menos en lo que se refiere a los conflictos interestatales.
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VENEZUELA: “El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada”
CIVICUS conversa sobre la “ley anti-ONG” recientemente aprobada en Venezuela con Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una organización de la sociedad civil (OSC) que se dedica a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país.El 15 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuelaaprobó una ley conocida como “ley anti-ONG”, que restringe severamente la libertad de asociación. La ley obliga a las OSC a declarar el origen de sus fondos, impone estrictas obligaciones de reporte, incluido el requisito de proveer informaciones sensibles, y prohíbe OSC que se considere que promueven “fascismo, intolerancia y odio”. La medida, propuesta tiempo atrás, acabó siendo adoptada tras laselecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se impuso por amplia diferencia. El gobierno ha desconocido los resultados, reprimido violentamente las protestas en reclamo de democracia e intentado sofocar toda fuente de disenso.
¿Qué establece la ley anti-ONG, y qué lugar ocupa en la arquitectura represiva del régimen gobernante?
Esta nueva ley fue presentada como un instrumento para reglamentar el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, cuando en realidad busca obstaculizarlo. La tercera parte de sus 39 artículos contiene severas sanciones tales como multas, anulación de registros, la expulsión de extranjeros e incluso la disolución de organizaciones. Aunque dice buscar mayor transparencia y rendición de cuentas, tiene solamente dos artículos sobre este tema, que además ya estaba regulado por el Código Civil.
Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que obliga a las OSC a reinscribirse dentro de un plazo de 180 días, y podría dejarlas en un limbo legal en el caso de que no reciban una respuesta de las autoridades. Además, impone revisiones anuales, añadiendo cargas administrativas innecesarias incluso sobre aquellas que no cuentan con recursos financieros.
La ley anti-ONG ley se enmarca en una estrategia represiva de larga data que incluye violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Es un engranaje más en una maquinaria represiva que incluye medidas tales como la anulación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos y activistas, la vigilancia ilegal de teléfonos y redes sociales y la censura de plataformas como WhatsApp y Twitter/X. Altos funcionarios del gobierno ya nos han clasificado como “terroristas”, alentando y justificando la intensificación de la represión.
La ley anti-ONG también puede ser vista como una respuesta a la presión internacional que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones del 28 de julio. Con ella, el gobierno redobla la apuesta y muestra que está dispuesto a castigar a cualquiera que cuestione su legitimidad.
¿Qué efectos podría tener esta ley?
Nos preocupa mucho el hecho de que la nueva ley se parece mucho a la de Nicaragua, que en solo un año resultó en la ilegalización de más de 3.000 OSC.
A mediano plazo, la nueva ley puede afectar gravemente la situación humanitaria. Las nuevas restricciones podrían resultar en una disminución del número de OSC, mientras que las que sigan operando podrían verse forzadas a reducir su capacidad de ejecutar proyectos. Es posible que muchas OSC acaben optando por la informalidad. Aunque esto reduciría costos, también limitaría su capacidad para recibir financiamiento, ya que los donantes suelen preferir trabajar con entidades jurídicas formales.
Es decir, los daños que podría causar no se limitan a las OSC, sino que también afectan a las personas que dependen de sus servicios. Por razones políticas, el gobierno de Venezuela adopta posiciones contradictorias: obliga a empresas en quiebra a seguir operando para “proteger el trabajo”, y al mismo tiempo disuelve OSC por no pagar una multa. Dice proteger el empleo, pero disuelve organizaciones que generan trabajo en el sector humanitario.
La ley anti-ONG busca limitar la independencia de la sociedad civil, permitiendo operar solamente a las OSC afines. El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada.
¿Cómo trabaja la sociedad civil por una transición democrática en Venezuela?
En un contexto marcado por la censura a la expresión política y la libertad de prensa, la sociedad civil venezolana juega un papel crucial en la lucha por una transición democrática. Frente a las restricciones impuestas a los partidos políticos y al control gubernamental sobre los medios, las OSC nos hemos convertido en fuentes confiables de información, aportando un análisis alternativo a la versión oficial. Brindamos datos que el gobierno preferiría ocultar, tales como los referidos al aumento de la desnutrición infantil. Mostramos la realidad y es justamente por eso que nos quieren reprimir.
Las OSC están actuando como observadoras y denunciantes, ofreciendo un análisis crítico y proponiendo alternativas para el futuro del país. Abogamos por una transición dialogada y negociada, pero también establecemos límites éticos y legales claros, de modo de garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil venezolana?
La comunidad internacional puede ayudarnos a mantener lo que está pasando en Venezuela dentro del debate global, haciéndose eco de nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto es sumamente importante para que los sectores ideológicos más reticentes reconozcan que las violaciones de derechos humanos no tienen ideología y que la tortura, sin importar quién la comete, es inaceptable y debe ser condenada y castigada.
Es importante que los países con capacidad de influir sobre el gobierno venezolano, como Brasil y Colombia, utilicen su posición para fomentar el diálogo. La presión diplomática y la mediación por parte de países amigos podrían facilitar un proceso de negociación y solución pacífica. Hace más de dos décadas que enfrentamos una emergencia humanitaria compleja; todo apoyo para mitigar la crisis es sumamente valorado, y nos seguirá dando esperanzas y fuerza para enfrentar la situación tan grave que nos toca vivir.
El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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Venezuela: “Necesitamos de la comunidad internacional un enfoque multilateral, flexible, y creativo”
CIVICUS conversa con Feliciano Reyna, fundador y presidente de Acción Solidaria, una organización de la sociedad civil (OSC) venezolana establecida en 1995 con la misión de contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH, que a raíz de las múltiples crisis que enfrenta Venezuela ha expandido su radio de acción para proveer medicinas e insumos médicos a poblaciones más amplias en situación de vulnerabilidad.
¿Cómo se ha llegado a la crisis actual en Venezuela?
Se ha producido a lo largo de varios años un proceso de desmontaje del Estado de derecho que aún continúa. Hace tiempo que la justicia dejó de ser independiente y opera en función de los intereses del gobierno. A esto se agrega un gran nivel de corrupción. Hay muchos documentos e informes, como uno reciente de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que describe cómo se fue instaurando una estructura de justicia no independiente, que se aprovechó de la opacidad de los datos públicos y del manejo discrecional del Estado.
Esto llevó a que muchos, actuando en función de sus intereses, destruyeran el aparato económico y productivo. Hoy en día la economía venezolana es el 20% de lo que era en 2013. Esto impacta sobre los niveles de pobreza, la calidad de los servicios públicos y la total falta de protección.
Hubo un primer periodo de ingentes ingresos, gran derroche de riqueza, que permitió que durante muchos años les llegaran recursos a los principales grupos de apoyo del gobierno de Hugo Chávez, entre 2005 y 2013. Pero era solo gasto en beneficios individuales, nada de inversión en servicios públicos. Así, poco a poco lo público fue quedando en un estado de total abandono: hospitales, carreteras, alumbrado, sistema eléctrico, distribución de agua. Todo está muy destruido. Hay alrededor de cuatro millones de personas que cocinan con leña o carbón porque no les llega el gas. En donde yo vivo recibimos agua una vez a la semana durante 24 horas, y hay momentos en que no nos llega agua durante dos o tres semanas.
Hubo un cambio importante en la economía mundial, con una fuerte caída del precio del petróleo que coincidió en los últimos días de Chávez en el gobierno. Cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013 quedó en evidencia la fragilidad de un régimen en gran medida basado en la personalidad de Chávez. Tras el triunfo de Maduro se desencadenaron protestas políticas porque su mandato fue cuestionado, y en consecuencia se iniciaron prácticas represivas muy duras. Desde entonces se percibe un gran deterioro conducente a esta crisis de derechos humanos. Las OSC han documentado detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en prisión. Ha habido un ataque sostenido a la disidencia y a los adversarios políticos. A cualquiera que tenga una posición de poder y sea visto como una amenaza política lo sacan de juego.
Los años entre 2014 y 2016 fueron terribles. Además de la vulneración a los derechos humanos, hubo un daño generalizado a la población en materia de salud, nutrición, acceso al agua, educación y otros derechos. A medida que la economía se fue deteriorando, comenzó a haber muchas protestas sociales, no por razones políticas sino por problemas de ingresos, falta de recursos, cortes de electricidad, falta de medios de transporte y servicios públicos. Con dos grandes excepciones – las olas de protesta de 2017 y de 2019, que expresaron un desacuerdo político -, la gran mayoría de las protestas han sido protestas sociales, no ideológicas, en las cuales expresaba su descontento mucha gente que en última instancia apoyaba y votaba al gobierno.
Mientras que el ataque a la oposición y a la disidencia ha llevado a muchos al exilio, las carencias económicas han provocado una ola migratoria masiva. Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado y se han ido muchos profesionales, maestros, médicos, lo cual debilitó aún más a los sistemas de prestación de servicios.
¿Cómo es el contexto en que trabaja la sociedad civil?
Hay un gran debilitamiento del Estado, que claramente no puede controlar todo el territorio bajo su jurisdicción, y por eso ha ido entregando el control a otros actores. El poder está cada vez más en manos de actores locales paraestatales que gozan de pequeñas burbujas de bienestar en el marco de la inmensa pobreza en que vive la gran mayoría de la población.
A causa del debilitamiento del Estado y del deterioro de la industria petrolera, siempre la principal fuente de ingresos del país, el gobierno ha abierto algunos espacios a una economía más libre. Eso significa que para servir a las poblaciones con las que trabajamos, hemos podido importar medicamentos e insumos gracias a la cooperación internacional. Tenemos donantes internacionales que nos envían los insumos o que pagan el transporte para que podamos recibirlos, usando el sistema de transporte puerta a puerta.
Desde 2017 Acción Solidaria ha traído casi 240 toneladas de ayuda. Hemos pasado de ser nueve personas en 2016 a ser 40 en 2021. Cada semana recibimos a unas 120 personas que vienen a las oficinas de Acción Solidaria a buscar medicina. La mayoría son mujeres y personas con muy pocos recursos, mayores de 55 años. Puede que las cosas que ellas necesitan estén disponibles en la economía paralela, pero a unos precios que les resulta imposible pagar.
Pero el entorno para la sociedad civil sigue siendo de alto riesgo. El año pasado tuvimos un allanamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales, el comando más temible de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que nos hicieron no fue un operativo oficial sino una acción delictiva. La sociedad civil que hace incidencia en derechos humanos es objeto de criminalización, y la sociedad civil que trabaja en acción humanitaria enfrenta graves problemas de acceso, es extorsionada por estos grupos autónomos y por actores paraestatales. Nos hemos convertido en blanco no porque seamos opositores o disidentes, sino porque tenemos recursos codiciados.
De hecho, tenemos a un compañero preso hace 160 días y otros cinco compañeros de una organización que trabaja junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados que estuvieron presos un mes en una instalación militar.
Con el proceso electoral, las redes de información del gobierno en los sectores populares parecen haber alertado que los programas gubernamentales - que transfieren a los beneficiarios el equivalente a unos cuatro dólares mensuales - no podían competir con los cerca de 60 dólares que organizaciones humanitarias transferían a las personas pertenecientes a sus poblaciones objetivo, sin exigirles nada a cambio, como parte de la respuesta humanitaria. De modo que intervinieron de inmediato y suspendieron los 38 programas de ayuda humanitaria que hacían transferencias en efectivo.
Después de las elecciones se ha empezado a recomponer el ecosistema de transferencias, pero por el momento solo se han activado los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF.
¿Cuánto apoyo popular le queda al gobierno de Maduro? ¿Suficiente para ganar las elecciones regionales de noviembre, o ha recurrido al fraude?
En noviembre de 2021 se realizaron las elecciones regionales en las que se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales y los 335 municipios del país. La cifra oficial de participación fue de poco más de 40%, y el gobierno obtuvo 19 gobernaciones, frente a cuatro de la oposición. El chavismo también ganó 213 alcaldías, pero los distintos grupos de oposición obtuvieron una cantidad no desdeñable, 121.
Las condiciones de la lucha electoral se plantearon bastante antes de la selección de las candidaturas, las campañas y la propia votación, con el nombramiento de nuevos miembros para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Foro Cívico, una OSC, había propuesto nombres de personas independientes para integrar el CNE – personas con mucha trayectoria en lo electoral, que podían establecer un puente de diálogo con la gente en el gobierno que quiere gobernar de una manera menos autoritaria. Así se consiguió un CNE más equilibrado, con un rector independiente y uno procedente de la oposición, entre los cinco principales, y tres suplentes propuestos por la sociedad civil, entre los cinco suplentes. Esto permitió pensar que las elecciones tendrían mayor legitimidad que otras anteriores.
El proceso electoral fue muy tenso; si bien no hubo fraude en el sentido de que se cambiaran las cifras de la votación, hubo muchas presiones y obstáculos para que no votaran los partidarios de la oposición. Políticos de mucho peso en la oposición fueron inhabilitados y no pudieron presentar sus candidaturas. Se cambiaron las condiciones en los centros de votación, incluidos los horarios, para mayor conveniencia del gobierno, y se acarreó mucha gente para que fuera a votar, aunque ya el gobierno no tiene la misma capacidad de movilización que en procesos anteriores. La participación fue baja por varias razones: influyó el hecho de que millones de personas han migrado, y de que muchas figuras populares de la oposición no participaban de la competencia.
La oposición tuvo también mucha responsabilidad en esto, porque contempló las elecciones con mucha suspicacia, voceros de peso se oponían a participar, y no cerró acuerdos amplios que le hubieran permitido hacerse con hasta diez o doce gobernaciones. En parte, vio limitado su crecimiento por los obstáculos impuestos por el gobierno, pero también por su incapacidad para ponerse de acuerdo.
Aun así, es importante recalcar que las condiciones de la competencia no eran equitativas. La oposición podría haber ganado más gobernaciones de las que ganó, pero esto tenía un claro límite. Esto se vio en el estado Barinas, de donde era originario Hugo Chávez, que el gobierno no podía permitirse dejar en manos de la oposición. Allí ganó claramente un candidato opositor, pero luego de las elecciones el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el candidato en realidad no cumplía con las condiciones para estar habilitado para competir, y ordenó repetir las elecciones.
Frente a estas limitaciones, que eran previsibles, hubo una parte de la oposición que desde el inicio se opuso a participar en las elecciones y dejó abierto el camino a muchos triunfos oficialistas que tal vez en otras circunstancias no se hubieran producido.
¿Cuán consolidado está el régimen de Maduro, y cuáles son las chances de que pueda producirse una apertura democrática?
La apertura democrática no parece ser una opción en el corto plazo. La oposición es muy diversa y está muy dispersa en términos de programa y manejo institucional, por lo que es cuestionable si sería capaz de gobernar si ahora mismo tuviera la oportunidad.
Lo que tenemos por delante es un largo tránsito por el desierto. El gobierno padece muchas debilidades, pero tiene apoyos en China, Irán, Rusia, Turquía, y mucho apoyo político de Cuba y de otros países de la región, como se puede ver en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A imagen y semejanza de estos estados que le apoyan, el gobierno de Maduro ha tenido un manejo hábil: a pesar de la corrupción y la falta de transparencia, ha ido abriendo la economía al tiempo que ha mantenido intacta su conducta represiva.
Los apoyos internacionales que recibe el gobierno son importantes y han sido sistemáticamente subestimados, en tanto se ha sobreestimado el apoyo que recibe el gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Se dice que tiene de su lado a Estados Unidos y a 60 países, pero quienes lo apoyan con acciones concretas son en realidad muchos menos.
Para muchos en la oposición el interinato en sí mismo ha sido un gran problema, en parte porque quedó asociado a la administración de Donald Trump, y en parte porque desde que se instaló el interinato lo que hacía el gobierno interino pasó a ser lo único que importaba y se abandonó el espacio de la Asamblea Nacional, que había contado con un amplio apoyo popular.
El interinato fue impulsado sobre la base del artículo 233 de la Constitución venezolana; puesto que en virtud de su reelección fraudulenta Maduro en 2018 no era reconocido por la oposición como presidente legítimo, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, proclamó a su presidente, en aquel momento Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Pienso que se debería haber continuado trabajando a través de la Asamblea Nacional, un cuerpo electo y legítimo en cuya presidencia se alternaban los partidos con más votos. Se podrían haber presentado pruebas de la corrupción y buscado mecanismos para proteger los activos del país con ayuda de la comunidad internacional.
En cambio, la oposición se asumió como un gobierno legítimo sin ningún control sobre los procesos internos. Y al asumir, planteó condiciones y plazos expeditos, reclamando que primero saliera Maduro del gobierno para que el gobierno interino se constituyera en gobierno de transición y organizara elecciones libres.
La opción por el interinato fue el resultado de la subestimación de las fuerzas del gobierno y la sobreestimación de las fuerzas propias. Cuando las expectativas no se satisficieron, como era evidente que iba a ocurrir, empezó a aumentar la desafección hacia el gobierno interino. Sigue habiendo un deseo enorme de cambio, porque las cosas están mal para la gran mayoría de la población, pero se fue perdiendo la esperanza de que ese cambio se lograría con el interinato.
¿Qué clase de apoyos debería brindar la comunidad internacional para facilitar una salida democrática?
Lo que desearíamos de la comunidad internacional es un enfoque multilateral, flexible, y creativo. El cambio de administración en Estados Unidos es sumamente importante porque la postura del gobierno de Trump era unilateral y avasalladora. Afortunadamente, el gobierno de Biden parece adherir a un enfoque multilateral, que incluye a Europa, Canadá y otros países de nuestra región.
De parte de Europa, fue muy importante que enviara una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre, así como lo fue que la ONU y el Centro Carter enviaran a expertos electorales. La ONU también tiene aportes esenciales que hacer en materia humanitaria y de derechos humanos, tanto en lo que se refiere a la movilización de recursos para atender la emergencia humanitaria en el país y en apoyo a personas migrantes y refugiadas en la región, como respecto de las situaciones de violación de derechos humanos que siguen ocurriendo.
La comunidad internacional debe escuchar a la sociedad civil y prestar atención a los reclamos de la gente que es directamente afectada por las medidas que actores externos toman en relación con Venezuela. Muchas de las sanciones que se han impuesto al gobierno, como la sanción secundaria de Estados Unidos que penaliza el intercambio de petróleo por diésel, terminan no afectando al gobierno, que tiene vías de acción alternativas, y en cambio perjudican a los usuarios y consumidores, a personas comunes cuyas vidas, ya complicadas, se complican aún más.
Si se escuchara a esa parte de la sociedad venezolana, se podría pensar políticas alternativas para generar los espacios de negociación y acuerdos que nos permitan retomar el camino de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, de manera no violenta.
El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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ZAMBIA: "Las prácticas electorales observadas hasta ahora no indican buenas lecciones para la región"
CIVICUS conversa con McDonald Chipenzi, Director Ejecutivo de la iniciativa Servicios de Gobernanza, Elecciones, Incidencia e Investigación (GEARS, Governance, Elections, Advocacy, Research Services) y presidente del Consejo de ONG de Zambia, acerca del estado del espacio cívico en vísperas de las cruciales elecciones generales que se celebrarán el 12 de agosto de 2021.¿Cuál es la situación del espacio cívico y las libertades de los medios de comunicación antes de las elecciones?
El espacio cívico y mediático en Zambia sigue siendo frágil y se ha ido reduciendo a causa de restricciones legales. Esto se ha visto agravado por el estallido de la pandemia de COVID-19 y la imposición de nuevas normas y directrices que han aumentado las restricciones a la libertad de movimiento y a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de la ciudadanía. Esto ha resultado en una ineficaz participación de la ciudadanía en los asuntos públicos nacionales.
Las normas y directrices relativas al COVID-19 han agravado el ya delicado y restringido estado del espacio cívico, mediático y político en Zambia. Estas restricciones son el resultado de la aplicación selectiva de leyes arcaicas, como la Ley de Orden Público de 1955, y de leyes recientemente promulgadas, como la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelitos de 2021, cuyo objetivo es interceptar, vigilar e interferir en las conversaciones, la correspondencia y las comunicaciones de la ciudadanía, incluso sin orden judicial. Esta nueva ley, que se considera destinada a reducir el espacio cívico virtual, ha infundido temor en la ciudadanía, disuadiéndola de participar efectivamente en forma virtual. Como resultado, muchas personas han optado por permanecer en silencio o han abandonado plataformas virtuales como WhatsApp y Facebook.
El espacio de los medios de comunicación también sigue marcado por la intimidación y el acoso como resultado de leyes restrictivas y de las acciones de las élites gobernantes. El cierre de Prime TV, una cadena de televisión privada, en marzo de 2021, tuvo un efecto paralizador en la comunidad de los medios de comunicación. La mayoría de ellos temen ahora acoger voces críticas y líderes de la oposición. Temen perder la publicidad del gobierno y otras oportunidades de negocios. Los actores más cercanos a los poderes fácticos también se distancian de los medios de comunicación que dan cabida a las voces críticas.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad civil de cara a las elecciones?
La principal preocupación de la sociedad civil es la seguridad de todos los involucrados, ya que la policía no se compromete a proporcionar seguridad a todos por igual. La policía se ha mostrado reacia a hacer frente a la violencia perpetuada por las élites del partido gobernante, e incluso ha contribuido a ella. Se teme que el día de las elecciones, cuando algunos partidos sientan que están perdiendo en algunos distritos electorales, realicen acciones disruptivas para obligar a repetir la votación, lo cual podría beneficiarles.
Otra preocupación es la posibilidad de que se produzca un corte de internet, de los servicios de telefonía móvil y de las redes sociales, especialmente después de la votación, para tratar de ocultar los resultados.
Una tercera preocupación es la pandemia de COVID-19, que se temió que se extendería si los partidos políticos celebraban mítines. Según el Ministerio de Salud y la Comisión Electoral de Zambia (CEZ), los mítines fueron considerados potenciales eventos de superdifusión de la COVID-19, por lo que se recomendó su prohibición. Esto afectó sobre todo a la oposición, ya que los funcionarios del partido gobernante continuaron utilizando las inauguraciones e inspecciones de proyectos de desarrollo como excusa para hacer campaña.
Hay que tener en cuenta que el grupo de trabajo sobre COVID-19 formado por la CEZ para desarrollar las directrices estuvo dominado por las instituciones gubernamentales. De las 14 instituciones representadas, nueve eran gubernamentales, y hubo apenas tres espacios para los medios de comunicación y dos para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de género y agua y saneamiento.
Para prevenir la violencia y mantenerla bajo control en caso de que se produzca, la sociedad civil trabaja con la policía, alentándola a ser más profesional y ética, y con los partidos políticos, para que proporcionen orientación a sus cuadros. También está haciendo un llamamiento al presidente de la República para que libere a la policía para que pueda enfrentarse a los delincuentes independientemente de su filiación partidaria.
En cuanto a la posibilidad de un corte de los medios de comunicación y de internet, las organizaciones de la sociedad civil han enviado peticiones al presidente de la República para que se abstenga de interrumpir el servicio de internet o las redes sociales durante y después de las elecciones.
Para estas elecciones, la Iniciativa GEARS desarrolló la llamada “estrategia Ing'ombe Ilede”, que permitirá recolectar los resultados electorales en caso de un corte de internet. Se ha designado un lugar común para que los coordinadores de circunscripción y de provincia que participan en las elecciones compartan sus documentos sin necesidad de reunirse. Esta estrategia está inspirada en las antiguas tácticas comerciales utilizadas en un lugar llamado Ing'ombe Ilede, situado en el valle de Gwembe, en una provincia del sur de Zambia. Creemos que esta estrategia ayudará a sortear un posible corte de internet, sobre el cual ya ha advertido el gobierno.
¿Está aumentando la polarización en vísperas de las elecciones? ¿Qué efectos tendrán las elecciones sobre la división social y política?
Las elecciones han polarizado al país, ya que los políticos del partido gobernante están utilizando el regionalismo y el tribalismo para ganar votos en sus supuestos bastiones. El impacto de esto será una profunda división después de las elecciones, especialmente si el partido gobernante gana las elecciones, ya que marginará a quienes considere que no lo apoyaron en las elecciones. Los grupos o regiones percibidos como baluartes del principal partido de oposición ya han sido marginados y discriminados en términos de oportunidades económicas y de desarrollo, incluido el reparto de cargos políticos en el gobierno.
Las oportunidades de empleo y negocios también son un coto de quienes son percibidos como partidarios del partido gobernante. Los mercados y las estaciones de autobuses están en manos de partidarios del partido gobernante y no de los ayuntamientos. Esto ha reducido el espacio cívico de muchos ciudadanos que sobreviven gracias al comercio en los mercados y las estaciones de autobús, ya que les ha llevado a adoptar la llamada “estrategia de la sandía”, así designada porque dicha fruta es verde (el color del partido gobernante) por fuera y roja (el color de la oposición) por dentro. Esto les permite sobrevivir en esos mercados, paradas de autobús y estaciones y paradas de taxi. Esta situación puede agravarse si el partido gobernante mantiene el poder.
¿Cuál es la situación de la economía, y cómo influirá en las decisiones de los votantes?
El estado de la economía zambiana no es bueno, sino que afecta a muchos ciudadanos de a pie. La moneda local, el kwacha, ha seguido depreciándose frente a las principales divisas convertibles. El costo de vida se ha cuadruplicado y los precios de los productos básicos se han disparado. Los pobres apenas consiguen vivir mientras las élites políticas gobernantes duermen encima del dinero debido a la excesiva corrupción y al abuso de los recursos del Estado en ausencia de controles y rendición de cuentas. Los pobres comen para vivir, no viven para comer. Esto tendrá un fuerte impacto en las zonas periurbanas de las principales ciudades, como Lusaka y los pueblos de Copperbelt.
La población rural, por su parte, puede que no se vea tan afectada por la situación de la economía, ya que la mayoría recogió buenas cosechas en las últimas temporadas de lluvias y también se benefició de un plan de transferencias sociales en efectivo dirigido a las personas mayores y e sectores vulnerables, que ahora se ha convertido en una herramienta de campaña. Además, los votantes rurales tienden a ser conservadores y a votar por los partidos políticos tradicionales preferidos por sus antepasados.
Zambia ha sido conocida como un bastión de la democracia en la región. ¿Qué impacto tendrán estas elecciones sobre la democracia, tanto en Zambia como en la región?
Esta elección es clave para el desarrollo de una tendencia regional sobre el manejo electoral. Si se gestiona muy mal y desemboca en el caos, puede influir negativamente en la región, ya que los líderes de la mayoría de los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) suelen copiarse unos a otros. Al tratarse de una de las pocas elecciones celebradas en la región durante la pandemia de COVID-19 tras las históricas elecciones de Malawi, Zambia tiene la oportunidad de demostrar que sigue siendo el bastión de la democracia en la SADC.
Sin embargo, las prácticas observadas hasta ahora no indican buenas lecciones para la región. Por ejemplo, la cancelación de mítines y otras actividades de campaña, principalmente dirigidas contra la oposición, mientras el partido gobernante y los funcionarios públicos siguen realizando sus campañas, es una muy mala lección para la democracia, la competencia justa y la credibilidad de las elecciones. La aplicación selectiva del código de conducta electoral por parte de la autoridad electoral es también un muy mal ejemplo para la región. Por lo tanto, la región tendrá que separar las buenas prácticas de las malas. Sin embargo, la mayoría de las instituciones electorales y los líderes políticos se inclinan más por las malas prácticas y dejan de lado las buenas, ya que aquellas benefician a los titulares del poder.
¿Qué pueden hacer los grupos regionales y globales de la sociedad civil para apoyar a la sociedad civil zambiana durante este periodo de elecciones y tras ellas?
La sociedad civil regional y global tiene un rol importante que desempeñar para garantizar que en Zambia prevalezca la paz y que después de las elecciones no se produzcan intimidaciones y acosos dirigidos contra el movimiento de la sociedad civil. Es necesario vigilar los acontecimientos postelectorales, especialmente en lo que respecta a las maniobras para reducir el espacio cívico. A pocos días de las elecciones, el 9 de agosto, el Secretario Permanente del Ministerio de Información y Radiodifusión, Amos Malupenga, emitió un comunicado en el que advertía a la ciudadanía que el gobierno podría cortar internet antes de las elecciones, lo cual supone una amenaza directa para el disfrute de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en línea de la ciudadanía durante y después de las elecciones.
El ejército y otras fuerzas de defensa, además de la policía, se han desplegado en las calles de todo el país con el pretexto de sofocar cualquier posible acto de violencia política y electoral. Esto puede dar lugar a abusos que socaven el espacio cívico físico. Por lo tanto, el espacio cívico y político tanto físico como virtual continuarán constantemente bajo amenaza del establishment durante y después de las elecciones, como lo han estado antes.
La sociedad civil y los medios de comunicación críticos son blancos potenciales de intimidación y acoso tras las elecciones; de ahí la necesidad de que la sociedad civil global y regional apoye a la sociedad civil de Zambia con estrategias para contrarrestar las represalias que tras las elecciones pueda imponerles la maquinaria estatal. Si el gobierno actual gana, su categorización, marginación y discriminación de las organizaciones de la sociedad civil según su filiación partidaria real o percibida empeorará tras las elecciones.
Dado que el proceso de derogación de la Ley de ONG sigue en curso, el periodo postelectoral podría ser testigo de la adopción de un nuevo enfoque para completarlo.
Se necesitarán estrategias de solidaridad y fondos legales para ayudar a quienes puedan ser incriminados y acusados bajo leyes arcaicas. Es necesario seguir desafiando la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelitos, la Ley de Orden Público y la Ley de ONG. Para ello, es necesario que la sociedad civil regional y global apoye, defienda, promueva y proteja el espacio cívico y mediático en Zambia antes, durante y después de las elecciones.
El espacio cívico en Zambia es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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