género

• #BEIJING25: ‘Nos indignamos ante la discriminación y transformamos nuestros reclamos en acciones’

  En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS conversa con Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e integrante del Secretariado de la campaña Gqual, una iniciativa global que busca promover la paridad de género en la composición de los organismos internacionales.

  

  ¿Cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en mejoras concretas?

  Todavía nos falta mucho para garantizar que las mujeres podamos vivir con autonomía sin el lastre de la discriminación. Claramente, hay disparidades y afectaciones entre las mujeres por la edad, la situación económica, el color de la piel, la etnicidad, la calidad de migrantes o campesinas y muchas otras situaciones que definen parte de nuestra experiencia. Las cifras a nivel global de disparidades en la educación, el acceso a la salud, a la propiedad y los puestos de poder evidencian la enorme desventaja en la que estamos las mujeres en la mayor parte de las sociedades y los pesos diferenciados de la desigualdad. Por ejemplo, según datos de ONU Mujeres actualizados al primer semestre de 2020, a nivel mundial solo el 6,6% de las jefaturas de gobierno son ocupadas por mujeres, así como el 20,7% de los cargos ministeriales; asimismo, las mujeres ocupan el 24,9% de las bancas parlamentarias. La subrepresentación de mujeres también se ve reflejada en otros ámbitos, tales como el acceso a la educación: a nivel global, el 48,1% de las niñas no se encuentran escolarizadas. También se observa en el terreno laboral, ya que las mujeres perciben un 23% menos de ingresos económicos que los hombres. Lo mismo puede decirse de la prevalencia de la violencia de género: la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estima que 87.000 mujeres fueron víctimas de femicidios en todo el mundo en 2017, y que más de la mitad –50.000, es decir el 58%- fueron asesinadas por sus parejas o miembros de sus familias.

  Es decir, falta mucho por andar, pero hemos avanzado significativamente en los 25 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing. Algunos ejemplos importantes son las conquistas, en las leyes y en la calle, en rechazo de la violencia machista y al feminicidio, el reconocimiento de las afectaciones diferenciadas de la violencia que afecta a las mujeres afrodescendientes, las modificaciones en las políticas para enfrentar la mortalidad materna, los avances en el acceso a los puestos de gobierno o legislativos, la revisión del valor de las tareas de cuidado y el desarrollo de marcos legales para el hostigamiento laboral, entre otras.

  En parte, estos avances fueron posibles gracias a las sinergias entre los procesos nacionales de cambio y los procesos internacionales de elaboración de metas y reconocimiento de derechos. En este sentido, el objetivo de desarrollo sustentable (ODS5) sobre la igualdad de las mujeres, pactado a nivel mundial en el ámbito de la ONU, es una de las herramientas clave para lograr el respeto de la autonomía individual y del desarrollo colectivo de la comunidad. Acompañando esta meta consensuada por los gobiernos, hay una serie de espacios institucionales que promueven su avance en los niveles internacional y regional.

  A ello se suma el hecho de que muchas mujeres de diversos sectores, en América Latina y en el mundo, nos indignamos ante la discriminación y la violencia estructural y transformamos nuestros reclamos en acciones. Ejemplos de ello han sido las iniciativas de #NiUnaMenos, #SayHerName y #LasTesis, entre muchas otras. El análisis, la protesta y la propuesta son claves para asegurar la superación de las estructuras discriminatorias.

  ¿Por qué es importante la paridad de género en la representación, y cuál es la situación en las instituciones internacionales? 

  Uno de los argumentos más significativos de las mujeres y otros movimientos en búsqueda de representación es el de la igualdad, ya que muchas veces la ausencia de las mujeres de los sitios de toma de decisiones no es el resultado de una decisión propia sino el efecto de los techos de cristal, las discriminaciones implícitas y la segmentación de los mercados de trabajo, entre otros factores. A ello se suma el argumento del impacto de la participación igualitaria en la riqueza de los debates, la innovación y la debida diligencia en la toma de decisiones, la legitimidad y la sostenibilidad de ciertos procesos, entre otros posibles efectos benéficos de la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. En este mismo espíritu, varias convenciones internacionales innovadoras han incluido cláusulas para promover la representación y la igualdad de género. La Resolución 1325 de la Asamblea General de la ONU sobre paz y seguridad también incluye lenguaje sobre la necesidad de la participación de las mujeres en los procesos de paz.

  Este reconocimiento contrasta con la limitada participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, las normas y los mecanismos instaurados en la mayor parte de dichos espacios no aseguran la participación de las mujeres en condiciones de igualdad ni la representación paritaria.

  En el ámbito internacional, en los espacios que deciden sobre la guerra y la paz, el curso del derecho penal internacional, el alcance de los derechos humanos, el derecho económico, el derecho ambiental y muchas otras cuestiones clave, las mujeres están subrepresentadas a niveles insólitos. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia actualmente cuenta con apenas tres juezas mujeres (19%) e históricamente ha habido solamente cuatro mujeres sobre un total de 108 magistrados (3,7%). En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo una de los siete integrantes actuales es mujer (14,3%), y en la Corte Penal Internacional las mujeres son apenas seis sobre un total de 18 miembros (33%). Finalmente, 10 de los 56 mecanismos especiales de la ONU hasta el día de hoy nunca han sido ocupados por una mujer.

  En otras palabras, las mujeres están al margen de las decisiones que se toman en la mayor parte de los temas más significativos para el futuro de la humanidad en lo político, lo judicial y los procesos de paz. Esta realidad contrasta con el reconocimiento del derecho a la participación en el ámbito internacional en condiciones de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ampliamente ratificada a nivel mundial, y con las aspiraciones de participación balanceada o igualitaria propuestas en diferentes espacios de la ONU y otras instituciones.

  ¿Cuál fue el origen de la campaña Gqual, cuáles son sus objetivos, y qué han logrado hasta la fecha?

  Teniendo en cuenta la realidad de los techos de cristal y las involuciones drásticas que se han producido recientemente en la composición de algunos órganos, un grupo de mujeres y hombres convencidos del valor de los espacios paritarios y diversos nos unimos en una iniciativa para impulsar la paridad de género en los espacios de justicia y monitoreo a nivel internacional. Con ese objetivo lanzamos la campaña Gqual en septiembre de 2015. Desde allí impulsamos compromisos individuales e institucionales con la paridad de género en la representación internacional, el desarrollo de investigaciones, estándares y mecanismos que promueven la igualdad de género en los espacios de monitoreo y de justicia a nivel internacional, el debate vibrante y oportuno sobre el tema para hacer avanzar la agenda de igualdad, y la generación de una comunidad de discusión y acción sobre el tema.

  Entre las acciones de la campaña se encuentran el seguimiento y distribución de la información sobre los puestos disponibles en la esfera de la justicia internacional. Enviamos cartas y publicamos información en redes llamando la atención acerca de las oportunidades y las disparidades, promovemos investigaciones académicas, y hacemos propuestas para la modificación de los procedimientos de nominación y selección de quienes ocupan los puestos de justicia y monitoreo a nivel nacional e internacional. Entre las iniciativas más interesantes se cuenta el ranking donde incluimos el número de hombres y mujeres en puestos por país. También hacemos reuniones de personas expertas para contribuir al desarrollo de documentos especializados. Adicionalmente, hacemos sinergia con los procesos de selección en los espacios de la justicia a nivel nacional y participamos de debates sobre representación a nivel nacional e internacional, de modo de avanzar en la agenda más amplia de cambio político y social en favor de la igualdad.

  Quiero invitar a todas y todos a sumarse a la campaña en línea y a seguirla e interactuar con ella en redes sociales. Desde el lanzamiento de la campaña hemos avanzado en el debate del tema y hemos tenido varios logros significativos, entre los que se cuentan resoluciones de la ONU y la Organización de los Estados Americanos sobre equilibrio de género en la composición de órganos internacionales, la sistematización de información sobre la composición de puestos en el ámbito de la ONU desagregados por género e investigaciones excelentes que permiten fundamentar las obligaciones internacionales de los estados y los organismos internacionales, entre muchos otros. Al trabajar por el acceso de las mujeres a los espacios internacionales en condiciones de paridad, la campaña Gqual impulsa varios de los compromisos expresados en los ODS: el de igualdad, el de acceso a la justicia, el de lucha contra la pobreza y el de compromiso con la paz.

  ¿Qué apoyo de la sociedad civil internacional se necesita para seguir impulsando la campaña?

  El mayor apoyo que la sociedad civil internacional podría dar a la campaña es sumarse al debate sobre la importancia de asegurar la participación paritaria de las mujeres en los espacios de monitoreo y justicia a nivel internacional. Dependiendo de las posibilidades de cada persona, organización o institución, quizás puedan avanzar en agendas más específicas a nivel local o internacional en sinergia con los objetivos de la campaña. Por ejemplo, impulsando que el gobierno de su país haga seguimiento de sus nacionales en puestos de elección, haciendo investigaciones de campo sobre los procesos de selección, escribiendo sobre las obligaciones constitucionales o derivadas del derecho internacional para garantizar la igualdad en el acceso a la representación internacional, haciendo campañas de sensibilización pública, o escribiendo para el blog de la campaña o en periódicos locales. Dada la desigualdad estructural y la inercia de algunos gobiernos que los vuelve reacios a actuar, la sociedad civil y la ciudadanía deben exigir que las autoridades aseguren que las mujeres sean nominadas y consideradas para puestos de toma de decisiones a nivel internacional y nacional. La sociedad civil también puede ayudar a impulsar el debate recopilando datos y publicando análisis y estudios.

  Quiero resaltar que por la naturaleza de la campaña -que surge de la iniciativa de mujeres que abogan por la igualdad y que en su mayoría donan su tiempo para conseguir avanzar- les agradecemos cualquier aporte de tiempo o donaciones para apoyar el trabajo y las iniciativas. Queremos un mundo más justo, igualitario y en paz, y para eso precisamos que las mujeres intervengan en pie de igualdad en la toma de las decisiones que nos atañen a todos y todas.

  Contáctese con la campaña Gqual a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@GqualCampaign, a@cejil y a @mundopenelope en Twitter.

• #BEIJING25: “Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida”

  En ocasión del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS conversa con Pakou Hang, Directora de Programas de Vote Run Lead (Vota Compite Lidera), una organización dedicada a capacitar a mujeres para que se postulen para cargos políticos y ganen la elección, aumentando la representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Fundada en 2014, ya ha alcanzado a más de 36.000 mujeres en los Estados Unidos, casi el 60% de las cuales son mujeres de color y el 20% procede de las zonas rurales. Numerosas graduadas de Vote Run Lead ahora ocupan puestos en ayuntamientos, juntas de condado, cámaras estatales, cortes supremas y en el Congreso de los Estados Unidos.

  

  Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales?

  Se ha avanzado mucho desde 1995, pero todavía queda mucho por hacer y todavía estamos lejos de la equidad. En términos de representación política ha habido algunos avances, pero estos también han sido lentos: a nivel global, a principios de 2019 el 24,3% de los integrantes de los parlamentos nacionales eran mujeres, en comparación con apenas 11,3% en 1995. Solo tres países en todo el mundo alcanzaron o superaron la paridad en sus cámaras bajas o legislativos unicamerales, pero han sido muchos más los que alcanzaron o superaron el umbral del 30%. Hasta el año pasado había también 11 mujeres jefas Estado y 12 jefas de gobierno; y las mujeres ocupaban casi el 21% de los puestos ministeriales, a menudo en las áreas más asociadas a las temáticas de la mujer, tales como acción social y carteras relacionadas con la familia, la niñez, la juventud, la tercera edad y la discapacidad. Así que el resultado final es mixto: se ha avanzado mucho, pero el progreso ha sido lento y está lejos de ser suficiente.

  También ha habido una gran variación entre regiones y países, desde alrededor de 16% de mujeres parlamentarias en la región del Pacífico hasta más del 40% en los países nórdicos. El promedio para las Américas es 30%, pero Estados Unidos se encuentra por debajo del promedio. El Congreso sigue siendo desproporcionadamente dominado por hombres. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población, ocupan solamente el 24% de las bancas. El Congreso también es menos racialmente diverso que el conjunto de la población, ya que el 78% de sus miembros se identifican como blancos, una proporción sustancialmente superior al 60% de la población estadounidense compuesta de personas blancas.

  Según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (Center for American Women and Politics), la situación no es muy diferente a nivel estadual: el 29,2% de los escaños legislativos estaduales y el 18% de las gobernaciones son ocupados por mujeres. Hay menos datos sobre los ejecutivos locales y el grueso de la información disponible refiere a las ciudades más grandes, el 60% de cuyos alcaldes son hombres blancos, a pesar de que estos dan cuenta de apenas el 20% de la población de esas ciudades. Aunque en 2018 más mujeres accedieron a cargos públicos locales, siguió siendo frecuente que los ayuntamientos y las comisiones de los condados incluyesen a una sola o a ninguna mujer.

  Por otro lado, a pesar del relativamente pequeño número de mujeres legisladoras, y especialmente de mujeres de color, el Congreso actual es el más diverso en la historia. Y el grupo de candidatos que se postularon para cargos legislativos en 2020 también fue el más diverso jamás visto. Por supuesto, estos candidatos recibieron fuertes ataques de los medios y de la oposición política. Pero creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva para entender la magnitud del cambio ocurrido. Sin duda que me decepcionó que termináramos con dos hombres blancos y mayores a la cabeza de las dos principales fórmulas presidenciales, pero lo cierto es que ahora también tenemos a una mujer negra y de ascendencia india como vicepresidenta electa, y eso es un avance.

  Recuerdo que cuando se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2020 llamé con la noticia a mi sobrina de nueve años. Ella estaba extasiada. Lo cual me recordó que ella pertenece a una nueva generación de estadounidenses nacidos durante la presidencia de Barack Hussein Obama. Cuando crezca sabrá que Donald Trump fue presidente, pero también sabrá que Trump fue vencido por una mujer negra de ascendencia india. Mientras hablábamos, mi sobrina me dijo: “Ya casi lo logramos, tía”. Y caí en la cuenta de que tenía razón: sí, ya casi estamos.

  ¿Por qué es importante alcanzar la paridad de género en la representación política? ¿Es solo una cuestión de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades, o también tendrá efectos positivos en las instituciones democráticas y en las políticas públicas?

  Una de las principales razones por las cuales necesitamos más mujeres en puestos gubernamentales es que ellas gobiernan en forma diferente de los hombres. Las mujeres en el gobierno son más colaborativas, más civiles, más comunicativas. Son más proclives a trabajar con miembros de otros partidos para solucionar los problemas. Consiguen más dinero para sus localidades, aprueban más leyes, y sus proyectos están más enfocados en las poblaciones más vulnerables como la niñez, la ancianidad y las personas enfermas. Las mujeres amplían la agenda política, más allá de los asuntos tradicionalmente concernientes a las mujeres. Y el resultado son mejores políticas para todas las personas, es decir no solo para las mujeres y las niñas, sino también para los hombres y los niños. Por último, dado que ellas traen a los procesos de formulación de políticas un nuevo conjunto de perspectivas y experiencias de vida, su presencia asegura que las perspectivas de las mujeres no sean dejadas de lado, y que asuntos tales como la violencia de género o el cuidado infantil no sean ignorados. En resumen, las mujeres en puestos gubernamentales tienden a ser más efectivas que los hombres. Y dada la actual situación de estancamiento político e hiperpartidismo, necesitamos hacer las cosas de un modo diferente. Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida.

  Además, la necesidad de mujeres en el poder y en la política se ha vuelto aún más crítica en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el último ciclo electoral los donantes quisieron contribuir a las campañas de las candidatas mujeres más que nunca antes, porque la pandemia los hizo tomar conciencia no solo las numerosas inequidades que atraviesan a nuestra sociedad y al sistema de salud, sino también de la labor sobresaliente que las mujeres, y en particular las mujeres de color, están llevando a cabo en sus comunidades para responder a las necesidades urgentes, cubrir las lagunas de políticas gubernamentales inadecuadas, y abordar los problemas de las comunidades excluidas que han sido desproporcionalmente afectadas por el COVID-19 y la crisis económica. Durante esta crisis, las mujeres han desempeñado roles fundamentales a la hora de mantener conectadas a las comunidades, recolectar y distribuir alimentos y otros bienes básicos para las familias necesitadas, encontrar maneras para apoyar a la actividad económica local y proveer servicios comunitarios ad hoc, entre otras cosas.

  Las investigaciones que analizan las formas en que diversos países han respondido a la pandemia parece mostrar que los países con líderes mujeres tienden a tener menos casos y menos muertes por COVID-19. Parece que las mujeres en el poder han adoptado un estilo de liderazgo transformador que puede resultar más apropiado para el manejo de crisis. Este tipo de liderazgo se centra en las relaciones humanas profundas, la inversión en el equipo de trabajo y el intercambio de conocimientos, la acción ejemplificadora y la motivación de los demás. Estas cualidades son muy útiles en nuestro contexto actual.

  ¿Por qué crees que la representación política de las mujeres en los Estados Unidos sigue siendo tan baja?

  Hay muchas razones por las cuales no tenemos paridad de género en la representación política. En primer lugar, todavía hay demasiadas razones estructurales por las cuales las mujeres no se postulan y no son elegidas. Las mujeres siguen realizando una cantidad desproporcionada de las tareas domésticas y de crianza y la cobertura mediática sigue siendo sexista, ya que se enfoca en las apariencias y en la personalidad de las mujeres más que en sus políticas. Además, las personas que ocupan las estructuras partidarias y cuentan con conocimiento político, redes de contactos y dinero siguen siendo hombres, y a menudo son ellos quienes determinan quién es políticamente viable. Por ejemplo, un hombre joven que estudió desarrollo comunitario en Harvard es considerado más viable que una mujer de mediana edad que ha desarrollado labores de organización comunitaria durante 20 años.

  Paradójicamente, las candidatas mujeres ganan elecciones en aproximadamente las mismas proporciones que sus homólogos masculinos y, según las encuestas, a los votantes les entusiasma la posibilidad de elegir mujeres. Pero la segunda razón por la cuales las mujeres no son electas es simplemente que no se postulan en las mismas cantidades que los hombres, y desde ya que si no compites no puedes ganar.

  ¿Por qué las mujeres no se postulan para cargos públicos? Quizás la razón más generalizada es que las mujeres dudan de sí mismas. No se consideran calificadas. No ven a otras mujeres que se parecen a ellas o que piensan como ellas en esas posiciones de poder y, por lo tanto, es un círculo vicioso. Y no solamente las mujeres dudan de sí mismas, sino que también lo hacen los observadores externos. De hecho, si una determinada posición de poder nunca ha sido ocupada por una mujer, entonces la pregunta que se plantea una y otra vez en los medios, en tono de duda, es: ¿podría una mujer ser elegida? Es una pregunta que escuchamos mucho durante las primarias presidenciales demócratas de 2020.

  También está el hecho de que ciertas cualidades que se consideran positivas en los hombres, como la asertividad o la ambición, adquieren una connotación negativa cuando se aplican a las mujeres. Mientras que sin duda ha habido hombres furiosos y vengativos que fueron elegidos presidente, las mujeres que son percibidas como “enojadas” o “vengativas” son consideradas desagradables y, por lo tanto, descalificadas. Las mujeres candidatas son sometidas a estándares de calificación mucho más altos, a veces por sí mismas, pero más a menudo por otras personas, y como resultado de ello carecemos de paridad de género en nuestra representación política.

  ¿Cuándo se dio cuenta de que, a diferencia de los hombres, las mujeres necesitaban entrenamiento para postularse a un cargo público?

  A pesar de haber estudiado Ciencia Política en la universidad, sentía que la política estadounidense era sucia y corrupta y nunca estuve me involucré en la política electoral. Pero en 2001 mi prima mayor, Mee Moua, decidió postularse para un escaño en el Senado estadual por el distrito Este de Saint Paul en una elección especial. El distrito Este de Saint Paul se estaba convirtiendo rápidamente en un distrito donde las minorías eran mayoría, pero aun así todos sus funcionarios electos, desde el nivel estadual al condado y la ciudad, eran hombres blancos y conservadores. Mi prima se había graduado en una universidad prestigiosa, había ejercido como abogada y había sido presidenta de la Cámara de Comercio Hmong, y decidió postularse después de ser voluntaria por años en numerosas campañas políticas. Sin embargo, como sucede a menudo con las candidatas mujeres, le dijeron que tenía que esperar su turno. Bueno, decidió no hacerlo, y como ningún actor político relevante la ayudó, reunió a nuestros 71 primos hermanos para convertirlos en su ejército de voluntarios y me reclutó a mí como jefa de campaña, porque yo era la única que había estudiado Ciencia Política. Contra todo pronóstico, sin ninguna experiencia política y en medio del invierno de Minnesota, golpeamos puertas, hicimos llamadas telefónicas, movilizamos a los votantes usando estaciones a través de las radios de la colectividad, llevamos a la gente a las urnas y ganamos. Hicimos historia al elegir al primer legislador estadual hmong en la historia de los Estados Unidos y en la historia hmong.

  En un examen retrospectivo, me doy cuenta de que dirigí la campaña basándome puramente en el instinto, alimentado a partir de mi experiencia infantil de ayudar a mis padres, que no hablaban inglés, a moverse en el mundo exterior. Y aunque ganamos, bien podría haber sucedido que enfrentáramos a un adversario mejor organizado y perdiéramos. Recién años más tarde, tras hacer una capacitación política en Camp Wellstone, me di cuenta de que las candidatas mujeres necesitábamos algo diseñado especialmente para nosotras, algo que nos interpelara directamente y nos preparara para los problemas reales que enfrentaríamos en tanto que candidatas mujeres.

  ¿Qué tipo de capacitación ofrece Vote Run Lead, y cómo ayuda a derribar las barreras que mantienen a las mujeres alejadas del poder?

  Vote Run Lead es el programa de liderazgo de mujeres más grande y diverso de los Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 38.000 mujeres para postularse a cargos públicos, incluidas mujeres rurales, mujeres trans, mujeres jóvenes y mujeres negras, indígenas y de color. Más del 55% de nuestras graduadas que compitieron en la elección general de 2020 ganaron, y el 71% de nuestras graduadas que son mujeres de color también fueron electas.

  Las mujeres que entrenamos usualmente deciden postularse a cargos públicos porque identifican algo negativo en sus comunidades y quieren arreglarlo. Pero no ven a mucha gente parecida a ellas en posiciones de poder. Vote Run Lead ofrece varios módulos de capacitación que enseñan a las mujeres todo lo que necesitan saber sobre las campañas, desde dar un discurso, armar un equipo de campaña o elaborar un mensaje, hasta recaudar fondos y motivar a la gente a votar. Pero lo que diferencia a nuestro programa de capacitación es que entrenamos a las mujeres para que se postulen tal como son. Las mujeres a menudo necesitan apoyo para verse a sí mismas como candidatas calificadas, capaces y merecedoras. Les mostramos que no necesitan buscar otra promoción u obtener otro título ya que, de hecho, su historia personal es su mayor activo. Nuestro currículo de capacitación, Run As You Are (Compite Tal Como Eres), les recuerda a las mujeres que ellas son suficiente y que son el tipo de líderes que necesitamos elegir para construir la democracia justa que merecemos.

  ¿Cuál es el perfil “típico” de la mujer que ustedes ayudan a postular? ¿Apoyan a cualquier mujer que quiera competir independientemente de su orientación política?

  No hay una graduada típica de Vote Run Lead. Somos una organización no partidaria, por lo que capacitamos a mujeres de las procedencias más diversas, de todas las profesiones, de todos los partidos políticos, y cualquiera sea nivel su desarrollo político. Nuestros valores están profundamente vinculados con la promoción de mujeres interseccionales y antirracistas comprometidas con la construcción de una democracia más justa y equitativa.

  Dado el fenómeno generalizado de la supresión de votantes en los Estados Unidos, ¿el programa también se orienta a motivar la participación electoral?

  Tradicionalmente, Vote Run Lead no utiliza un programa propio para motivar la participación electoral (GOTV, por sus siglas en inglés) ya que la mayoría de nuestras graduadas están ya sea compitiendo en una elección o trabajando en una campaña. Pero en 2020, cuando los ya elevados niveles de supresión de votantes fueron alimentados por campañas de desinformación y preocupaciones por la seguridad de la salud, Vote Run Lead lanzó un sólido programa GOTV que involucró a nuestras graduadas. Este programa GOTV incluyó ocho módulos de capacitación específicos para motivar la participación electoral, que abarcaron desde cómo responder a la apatía y el cinismo en torno a la elección, hasta cuáles plataformas digitales y herramientas de comunicación usar para promover la participación. También contactamos a más de 200 voluntarias, tuvimos 3.000 conversaciones, hicimos 30.000 llamadas telefónicas y enviamos más de 33.000 mensajes de texto para que nuestras graduadas y sus redes fueran a votar.

  Antes del verano también lanzamos una serie llamada “Tu gabinete de cocina”, con la cual capacitamos a las mujeres sobre cómo recaudar dinero, hacer contacto directo con los votantes e incluso lanzar un plan digital manteniendo la distancia social. Esas guías y seminarios virtuales se pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube y ofrecen consejos en tiempo real e información basada en evidencia.

  El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
  Contáctese con Vote Run Lead a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@VoteRunLead en Twitter.

   

• #BEIJING25: “Todos los esfuerzos hacia la igualdad de género deben basarse en la interseccionalidad y el empoderamiento”

  En ocasión del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

• ARGENTINA: “El cambio cultural habilitó el cambio legal, y el cambio legal profundizó el cambio cultural”

  A diez años de la aprobación en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario que fue un hito para América Latina, CIVICUS conversa con la dirigente LGBTQI+ María Rachid, acerca de las estrategias utilizadas y las tácticas que mejor funcionaron para hacer avanzar la agenda de la igualdad, y que aún pueden resultar de utilidad en la actualidad. María es la actual titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Federación Argentina LGBT). En 1996 fundó la organización feminista lesbiana La Fulana y en 2006 cofundó la Federación Argentina LGBT, que nuclea a diversas organizaciones de la diversidad sexual y desempeñó un rol central en la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario.

• CHILE: ‘Este histórico momento constituyente es un logro de la ciudadanía’

  CIVICUS conversa con Marcela Guillibrand De la Jara, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile y Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar. La Red de Voluntarios es una plataforma nacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas que promueven el voluntariado.Ahora Nos Toca Participar es una iniciativa de organizaciones sociales agrupadas en el Nuevo Pacto Social (NPS-Chile) que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y a cohesión social mediante la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito sobre la reforma constitucional previsto para octubre de 2020 y en el proceso constituyente que se espera que se inicie con el plebiscito. La campaña se centra en la formación ciudadana, la creación de espacios de diálogo y la generación de propuestas para alimentar el proceso constituyente.

  

  A fines de 2019 se convocó a un referéndum para disparar un eventual proceso constituyente. ¿En qué medida se trató de una victoria de la sociedad movilizada?

  En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse, para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando en nuestro país desde largo tiempo atrás.

  Todo esto fue inicialmente motivado por el descontento de los jóvenes respecto de un alza de 30 pesos (0,33 USD) en el costo de la tarifa del sistema de transporte de la capital de Chile, el Metro. En reacción al aumento se produjeron manifestaciones que primero se tradujeron en la evasión del pago del pasaje pero que eventualmente se hicieron eco en consignas tales como “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al tiempo que llevamos viviendo en democracia – desde la transición que se produjo en 1990 - y al sentimiento compartido por gran parte de la población de que no somos parte de las decisiones que se han venido tomando. Esto fue alimentado por elevados índices de desconfianza en las instituciones, una gran desafección política y la reacción contra un modelo que empujó a nuestro país a una mirada y a una participación más individualista en todos los ámbitos.

  Ante una movilización que no cedía, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de distintos sectores firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con ello se abrió a la ciudadanía la oportunidad de decidir a través de un plebiscito, que se realizará el próximo 25 de octubre, si desea una nueva constitución. Mediante el plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse además sobre el mecanismo que se utilizaría para redactar la nueva constitución: una convención constitucional, un órgano íntegramente elegido para ello, o por una convención mixta constitucional, que estaría compuesta por un 50% de congresistas actuales y un 50% de representantes elegidos para este cometido. Para un gran sector de la sociedad este proceso abre una oportunidad única de elegir de manera libre el Chile que queremos. Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro de la ciudadanía.

  En el marco de este proceso, la sociedad civil también ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso. De imponerse en el plebiscito la opción de redactar una nueva constitución, regirá para la elección de constituyentes la regla de la paridad de género. Sin embargo, ésta solo operará plenamente si se impone la opción de la convención constitucional, ya que todos los integrantes de este órgano serían elegidos en un acto eleccionario. En cambio, en el caso de la convención mixta constitucional, las reglas de paridad operarían para la mitad del cuerpo que será electo, pero no para la mitad constituida por parlamentarios que ya ocupan una banca legislativa.

  ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil chilena frente a la perspectiva de un proceso de reforma constitucional?

  A medida que se acerca la fecha del plebiscito ha aumentado el interés sobre el tema. Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia de COVID-19, y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte. Así y todo, de a poco han manifestado un interés creciente en el tema constitucional. Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación ciudadana de los cuales puedan disponer y articular distintos espacios formativos a través de plataformas digitales y de otros mecanismos para llegar a distintos territorios, tales como las radios o la mensajería de texto.

  En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red Nuevo Pacto Social, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente - que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra plataforma web, www.ahoranostocaparticipar.cl, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole. La idea es que todas las personas que lo deseen puedan encontrar respuestas en estos materiales sobre la constitución y el posible proceso constituyente, de modo de poder participar en el plebiscito de manera libre e informada y así contribuir a lograr la votación más masiva de la historia de Chile.

  A causa de la pandemia, el plebiscito originalmente planeado para abril fue postergado para octubre. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la postergación y la fijación de la nueva fecha?

  El escenario sanitario motivado por la pandemia obligó a las instituciones pertinentes a mover la fecha del plebiscito para octubre. El sector de sociedad civil con el cual nos relacionamos entendió que el cambio era necesario en función de un bien común superior, la salud de las personas. Por el momento damos por hecho que el plebiscito tendrá lugar en octubre, ya que las instituciones que podrían tomar la decisión de moverlo aún no lo han hecho, por lo que seguimos trabajando en función de esa fecha. Actualmente se están discutiendo temas relativos a la implementación del plebiscito, en primer lugar sobre los resguardos sanitarios, pero también sobre cómo promover la participación de la ciudadanía en esta instancia que sin duda tendrá características muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Se han conformado mesas de trabajo intersectoriales para trabajar en el tema. Primero el Senado formó una mesa para recibir recomendaciones y analizar experiencias comparadas con otros países que han estado en nuestra misma situación. Luego el Servicio Electoral dio continuidad a esta mesa, para seguir trabajando en la línea de garantizar un plebiscito seguro y participativo. A esta mesa han sido invitadas distintas OSC, entre ellas Ahora Nos Toca Participar. Junto a estas organizaciones produjimos un documento de recomendaciones que abarca desde los temas sanitarios hasta la regulación de las campañas, pasando por temas de acceso a información y formación ciudadana, que son nuestros temas. Actualmente, esta mesa continúa en funcionamiento.

  ¿Se están tomando medidas para que la participación ciudadana en la campaña y la votación no se vea menoscabada por efecto de la pandemia?

  El actual escenario de pandemia naturalmente nos obliga a tomar resguardos. Por de pronto, el pasado 26 de agosto, se dio inicio al periodo de propaganda electoral, esto es, a la posibilidad de hacer propaganda en lugares públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral, así como también en los medios de comunicación. El debate está teniendo lugar con mucha fuerza en las redes sociales, que dada la necesidad de tomar recaudos, evitar las aglomeraciones y el contacto físico y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad, constituyen hoy el principal espacio de visibilización.

  Cómo hacer para garantizar a todas las personas el derecho a participar el día del plebiscito es algo que ha estado en discusión. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, algunos lugares de nuestro país permanecen en confinamiento, múltiples sectores se encuentran en cuarentena por casos activos y hay comunas que habían iniciado un plan de desconfinamiento pero tuvieron que retroceder ante el rebrote del virus.

  ¿Cómo garantizamos el derecho a la participación de las personas contagiadas de COVID-19? ¿De qué alternativas disponemos? Estas son preguntas que hoy debate tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes que están en condiciones de dar una respuesta a esta demanda. 

  En esta línea, en conjunto con diversas OSC estamos impulsando una serie de recomendaciones que atienden no solamente el aspecto sanitario - para que pacientes con COVID-19 puedan sufragar – sino también cuestiones tales como la garantía del acceso a información oportuna y de formación ciudadana para todas aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la participación por múltiples razones, entre ellas por no contar con canales de información adecuados para recibir los contenidos o porque éstos no se disponibilizaban en diferentes lenguas. En ese sentido, es importante que se hagan los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la participación, no solo a quienes en este momento podrían no estar en condiciones de ejercerlo por razones de salud, sino también a quienes se han encontrado históricamente en una situación más vulnerable, tales como los adultos mayores, los miembros de pueblos originarios, las poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes.

  El espacio cívico en Chile es clasificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

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• CHILE: “La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale”

  CIVICUS conversa acerca del inminente referéndum constitucional de Chile con Julieta Suárez Cao, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de Política Comparada en la Universidad Católica de Chile. Julieta desempeñó un rol destacado en el diseño y la promoción de un sistema electoral innovador que aseguró un resultado paritario de género en las elecciones constituyentes chilenas de 2021, por lo cual recibió el Premio al Compromiso Público 2022 de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política.

  ¿Cuáles consideras que han sido los elementos más novedosos del proceso constituyente chileno?

  Un elemento novedoso ha sido la conformación de la Convención Constitucional. Si bien en otras partes del mundo ya había habido experiencias tales como tener escaños reservados para pueblos indígenas y permitir las candidaturas extrapartidarias, en Chile a estos dos elementos se le agregó la conformación paritaria de género. Esto ya había ocurrido en la ciudad de México, pero nunca se había hecho a nivel nacional.

  Otro elemento novedoso tiene que ver con es un cambio de constitución, no una simple reforma. Es un cambio profundo a partir de una hoja en blanco, sin ninguna clase de acuerdo que establezca los parámetros de lo que se puede cambiar y lo que no. Lo único establecido fueron tres procedimientos centrales: la regla de los dos tercios para la votación de las normas, el plebiscito de entrada (para habilitar la convocatoria a la Convención Constitucional) y el plebiscito de salida (para aprobar la nueva constitución).

  También cabe resaltar que es un cambio constitucional que se produce en democracia, y no en un momento de transición. Si bien es una respuesta a la crisis social y política que sufre Chile, no es una respuesta apresurada a una situación coyuntural, dado que la discusión constituyente viene de mucho antes del estallido social del 2019. La expresidenta Michelle Bachelet ya había intentado llevarla adelante durante su último mandato, de 2014 a 2018, pero no lo consiguió. La derecha, que gobernó con Sebastián Piñera en el período siguiente, advirtió que iba a “cajonear” todo proyecto de reforma constitucional, y así lo hizo – hasta que el estallido social la obligó a reevaluar su posición, ante la necesidad de encauzar las demandas sociales por una vía institucional, mediante un proceso constituyente.

  ¿Cómo se ha dividido el campo político frente al plebiscito del 5 de septiembre sobre la Constitución?

  Las líneas divisorias frente al plebiscito constitucional son muy interesantes. La Convención Constitucional fue extremadamente transparente, tal vez demasiado, porque para cierta literatura especializada la política a veces necesita de cierta opacidad. Esto, en cambio, fue como un reality show constitucional, un espectáculo que era transmitido todos los días, las 24 horas del día. Evidentemente, las noticias que llegaban a la prensa solían ser sobre temas intrascendentes e incluso ridículos, que no representaban lo que realmente estaba ocurriendo allí. Por ejemplo, una constituyente propuso una derogar todos los poderes estatales; por supuesto, esto ni siquiera salió de la comisión, pero sin embargo ocupó los titulares durante mucho tiempo. Estas cosas generaron un clima adverso a la Convención, que creo afectó mucho la campaña.

  Visto en perspectiva, fue un proceso muy dinámico que, en tan solo un año, logró generar el documento completo de una nueva constitución. El proceso fue bueno, aunque haya dejado un clima de opinión enfocado en debates absurdos que fueron magnificados por los medios.

  Este clima de opinión terminó delimitando dos campos. Por un lado, el campo del rechazo, donde no está solamente la derecha, sino también muchas figuras de centroizquierda, incluidos muchos actuales senadores y senadoras. Son figuras que se unen al rechazo por muchas razones, no solamente porque no están de acuerdo con muchas de las reformas propuestas.

  En suma, la coalición del rechazo va desde la ultraderecha –que en Chile no solamente tiene presencia, sino que hace menos de un año llegó a la segunda vuelta presidencial– a figuras ubicadas en el centro político. Pero fueron estas últimas las que se convirtieron en la cara visible de la campaña del rechazo a la constitución.

  Esto ha sido el resultado de una buena estrategia comunicacional consistente en delegar la vocería en figuras moderadas y esconder a las extremistas. Casi no han hecho marchas ni actos públicos, porque lo que se vio frente al plebiscito de entrada fue que estas manifestaciones incluían armas, banderas nazis, esvásticas, imágenes que provocan un repudio fuerte.

  Por su parte, la coalición a favor de la nueva constitución incluye a numerosos ex convencionales, la mayoría de los cuales ha hecho campaña a favor, a diputadas y diputados, senadores y senadoras, y a muchos artistas populares. El gobierno no tiene permitido participar de la campaña ni pronunciarse directamente por una u otra opción. Por esta razón, solamente intervino mediante la provisión de información: en particular, colaboró con la impresión de la nueva constitución, que es ahora uno de los libros más vendidos en Chile.

  ¿Está la sociedad chilena surcada por esas mismas divisiones?

  Lo que muestran las encuestas de opinión pública es que la sociedad chilena no está polarizada, como sí lo están las élites.

  En Chile hay una polarización asimétrica, fenómeno que también ocurre en países como Brasil y Estados Unidos. Lo que genera esta polarización asimétrica es la presencia de un extremismo de derecha. La ultraizquierda, en cambio, es muy pequeña: tiene muy pocos votos, carece de presencia mediática y no tiene visibilidad nacional. La extrema derecha, en cambio, está casi normalizada.

  Lo que ocurre frente al referéndum es que éste es por naturaleza polarizante, simplemente por el hecho de presentar dos opciones contrapuestas. Si el plebiscito ocurre en un contexto donde las élites están polarizadas, se genera una división más pronunciada. Por el momento, sin embargo, pienso que los efectos no han llegado a lo profundo de la sociedad chilena.

  Hace unos meses las encuestas parecían mostrar una mayoría a favor de la aprobación, que luego parece haberse invertido. ¿Se ha erosionado el consenso reformista?

  Yo no diría que el consenso reformista se ha erosionado. Prácticamente nadie defiende la Constitución de Pinochet: casi todos los que promueven el rechazo lo hacen con el argumento de que hay que rechazar para luego reformar. Es decir, casi nadie aboga por mantener la constitución actual, aunque si gana el rechazo eso es precisamente lo que ocurrirá. Al menos, en el corto plazo. Dada la falta de acuerdos dentro de la coalición por el rechazo, su triunfo abriría un período de enorme incertidumbre.

  Ahora bien, si bien el consenso reformista no se ha erosionado, sí se ha generado un clima de opinión distorsionado mediante campañas de desinformación, con interpretaciones poco plausibles de los debates y noticias falsas para sembrar dudas sobre los contenidos del texto constitucional. Por ejemplo, circuló mucho la afirmación de que la nueva constitución no protege la propiedad privada o que las personas indígenas tendrían “privilegios”. Todo esto enrareció el debate público y echó un manto de dudas sobre la viabilidad de la propuesta.

  ¿Cuáles consideras que son los aspectos más positivos, y cuáles los más negativos, de la nueva constitución?

  Personalmente, la nueva constitución me gusta mucho. Establece un sistema político con menos poderes presidenciales y mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. La constitución actual, en cambio, está muy sesgada a favor del “hombre fuerte”, como buena constitución autoritaria.

  También me gusta la definición de Chile como un Estado regional, una especie de forma intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. Chile es de los países más centralizados de América Latina y el más centralizado de los países democráticos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

  Toda la agenda de derechos y de Estado social que incorpora la nueva constitución también me parece muy positiva. Y la incorporación de la paridad el enfoque de género y la multiculturalidad son grandes avances. Ya era hora de tener un reconocimiento a la plurinacionalidad y a los pueblos indígenas.

  Mis dudas son justamente en relación con temas que escapan de mi área de conocimiento: tienen que ver con algunos aspectos de la plurinacionalidad, como la implementación de sistemas de justicia diferenciados y autonomías indígenas. Este es también uno de los temas que genera mayor rechazo en la opinión pública, donde se mezclan cuestiones de racismo y clasismo, en un contexto complicado ya que en el sur de Chile se mantiene un conflicto entre el Estado y algunas comunidades del pueblo Mapuche.

  Pero lo cierto es que la mayoría de estas cuestiones solamente están enunciadas en la constitución y quedarán sujetas a la legislación ordinaria por parte de este Congreso, que no tiene representación reservada para los pueblos indígenas. Por esto, en mi opinión estos asuntos se moderarán mucho más y no habrá cambios muy radicales.

  En la ciudadanía en general, los derechos sociales son lo que genera más adhesiones. Poca gente defiende el Estado neoliberal o subsidiario que tiene Chile, aunque ciertos sectores de las élites muestran preocupación en relación con el costo de estos cambios: se preguntan de dónde saldrá el dinero para financiar todos estos derechos. ¡Como si esto fuera un buen argumento para decidir si reconocer o no un derecho!

  ¿Qué pasa si la nueva constitución es aprobada, y qué pasa si es rechazada?

  Si la Constitución es aprobada el proceso continúa, ya que muchas disposiciones de la nueva constitución quedan sujetas a la legislación ordinaria. En ese caso, se abrirá un proceso de intensa actividad legislativa para dar una forma concreta a los mandatos de la nueva Constitución.

  Si gana el rechazo, mucho dependerá del margen que obtenga. Si gana por mucho, será más difícil que el proceso constituyente continúe. De ganar la opción por el rechazo, el gobierno inmediatamente enviará un proyecto de ley para convocar a una nueva elección de convencionales. Pero su aprobación requiere de 4/7 de los votos en las dos cámaras, una mayoría que el gobierno no tiene, por lo que necesita los votos de la derecha. La disposición de la derecha a sentarse a negociar dependerá del margen de su victoria.

  Si gana por poco, intentará diseñar un proceso constituyente más inofensivo, con una convención más pequeña, con un mandato más breve, sin paridad de género, sin pueblos indígenas o con muy pocos escaños reservados. Si gana por mucho, no habrá convención constitucional, sino una reforma a través del Congreso o de una comisión de expertos. Aquí volveríamos a fojas cero y habría que volver a negociar absolutamente todo.

  La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale y el proceso no continúa o continúa de una manera insuficiente. No me atrevo a aventurar una respuesta a esta pregunta.

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• DERECHOS DE LAS MUJERES: ‘A este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar la igualdad’

  En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la CuartaConferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS conversa con Serap Altinisik, directora de la oficina de Plan International para la Unión Europea (UE) y representante en la UE. Anteriormente, como Directora de Programas de la organización Lobby Europeo de Mujeres (European Women’s Lobby), Serap dirigió la Campaña 50/50, "No hay democracia moderna sin igualdad de género", en toda Europa. Recientemente también ha pasado a integrar la Junta Directiva de CIVICUS.

  

  Un cuarto de siglo después, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales? ¿Qué se debe hacer ahora para que para 2030 se alcance el Objetivo 5 sobre igualdad de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

  2020 marca el 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la agenda más visionaria para los derechos de las niñas y las mujeres. 2020 también inicia la cuenta regresiva de una década para alcanzar los ODS.

  En las últimas décadas se ha producido un progreso claro y medible hacia la igualdad de género. Por ejemplo, 131 países han promulgado 274 reformas legales y regulatorias en apoyo de la igualdad de género, la mortalidad materna ha disminuido en por lo menos 45%, la matriculación de niñas y niños en la escuela primaria casi se ha igualado, y aproximadamente el 25% de los escaños en los cuerpos legislativos nacionales están ocupados por mujeres, un número que se ha duplicado en las últimas décadas.

  Sin embargo, 25 años después de que los estados miembros de la ONU se comprometieran a lograr la igualdad de género y cinco años después de la formulación de los ODS, ningún país ha cumplido plenamente la promesa de la igualdad de género. Si los gobiernos continúan a este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar esa meta.

  Para lograr el ODS 5, estoy de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que ha reclamado una década de acción para cumplir con los ODS y quiere que este sea el siglo de la igualdad de género. Retrospectivamente, la desigualdad de género es una de las cosas que más nos avergonzarán del siglo XXI.

  Los gobiernos tienen que invertir consistentemente en la igualdad de género, lo cual significa no solo promulgar leyes y reglamentos, sino también implementar presupuestos sensibles en materia de género de manera consistente. Las investigaciones disponibles muestran que allí donde las inversiones son consistentes, los derechos de las niñas y las mujeres aumentan. Sin embargo, no existe un enfoque único que funcione para todos. Al adoptar reglamentos y leyes, los gobiernos deben utilizar un enfoque del ciclo de vida para abordar las necesidades específicas de las mujeres en cada etapa de sus vidas. Si deseamos medir e incrementar los avances y aprender de los datos, entonces debemos desglosar los datos por edad, género, discapacidad y origen étnico, entre otras variables.

  Sin embargo, los factores más persistentes que impiden que niñas y mujeres tengan roles de liderazgo, decidan y prosperen a la par de los niños y los hombres son las normas sociales, los estereotipos y el sexismo. Los estudios disponibles y las experiencias de niñas y mujeres muestran que en muchos países las prácticas a nivel del hogar subordinan a las mujeres incluso cuando están educadas, aun cuando están dentro del mercado laboral e incluso cuando desempeñan roles en el gobierno. Dado que lo personal es político, como dice el eslogan del movimiento feminista de la década del ‘60, la igualdad de género y los derechos de niñas y mujeres deben ser una prioridad para la política, la economía, las prácticas y las normas sociales, y esto comienza en casa. Si el objetivo es cumplir por completo la promesa de la igualdad de género para 2030, no puede ser un mero adorno.

  En un análisis retrospectivo de 2019, ¿cuáles dirías que han sido los principales éxitos y desafíos en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres?

  El ascenso de líderes autoritarios y el establecimiento de gobiernos de derecha están preparando un terreno fértil para la violencia y la discriminación contra niñas y mujeres. En los últimos años hemos observado retrocesos y ataques contra las victorias obtenidas con tanto esfuerzo para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres tanto en el norte global como en el sur global. Últimamente los conflictos y las crisis humanitarias se han vuelto más complejos y prolongados, y en esos contextos las mujeres y niñas enfrentan los mayores riesgos. Desafortunadamente, la discriminación, la pobreza y la violencia todavía están presentes en las vidas de niñas y mujeres de todo el mundo. Da la impresión de que la misoginia, acompañada de racismo, está en aumento, mientras que el espacio para la sociedad civil se está contrayendo cada vez más.

  Sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres están alzando la voz, colaborando y mostrando solidaridad, y no están dispuestas a esperar más por el cambio y la justicia de género. En esto, las organizaciones de derechos de las mujeres y las líderes feministas, ¡juegan un papel vital! Desafían el statu quo y están en la primera línea insistiendo en que otro mundo es posible.

  Soy consciente de que cuando menciono solamente algunos éxitos, es posible que no esté haciendo justicia a tantas otras victorias obtenidas. Sin embargo, considero que los principales éxitos han sido diversos e inspiradores: incluyen, por ejemplo, el nombramiento de la primera mujer para dirigir la Comisión Europea en toda su historia; el rol de las manifestantes de sudanesas en el liderazgo del movimiento prodemocracia; la cantidad de mujeres jóvenes que lideran el movimiento ambientalista; la resistencia encarnada por niñas y mujeres en todos los continentes. Están desafiando el statu quo y se ponen a la vanguardia para insistir en que otro mundo es posible.

  Sus acciones no solo están cambiando las leyes y las regulaciones y trayendo a la mesa nuevos acuerdos, como el Acuerdo Verde Europeo de la UE y la ambición de tener representación paritaria en todas las instituciones de la UE, sino que también están cambiando las normas sociales y están contribuyendo a una “nueva normalidad” en cuyo marco las niñas y las mujeres también pueden dar forma a nuestro mundo.

  Has estado personalmente involucrada en la iniciativaFair Share. ¿Cuál sería una “porción justa” de representación y liderazgo femeninos, y por qué es importante alcanzarla?

  Fair Share of Women Leaders es una OSC que busca probar y mostrar nuevas formas de gobernanza que reflejen los valores y principios feministas y superar algunas de las consecuencias del desequilibrio de poder, la jerarquía y la burocracia que caracterizan a los mecanismos tradicionales de gobernanza. Presionamos por una representación proporcional de las mujeres en roles de liderazgo en el sector social, un objetivo que queremos alcanzar como mucho hacia 2030.

  Aunque representan casi el 70% de la fuerza laboral mundial de impacto social, las mujeres ocupan menos del 30% de los principales puestos de liderazgo en sus organizaciones. Esta falta de voces diversas en los puestos clave de toma de decisiones socava el impacto de las organizaciones para lograr el ODS 5. A raíz de #MeToo y una serie de escándalos de abuso sexual en la sociedad civil, muchas organizaciones han tenido que repensar sus estrategias. Nuestra esfera necesita comenzar a promover sistemáticamente el liderazgo de las mujeres como motor del cambio.

  Por supuesto, hay que reconocer que muchas cosas están cambiando para mejor dentro de la sociedad civil. Algunas OSC se han comprometido a desarrollar una cultura organizacional y de liderazgo que valore la representación igualitaria de género, la diversidad y la toma de decisiones participativa, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género. Tenemos que estar a la altura de nuestros valores si queremos reclamar legítimamente un cambio positivo en el mundo. Tenemos que ser el cambio si deseamos verlo.

  Para impulsar este cambio, Fair Share monitorea el número de mujeres en posiciones de liderazgo para forzar a la sociedad civil a rendir cuentas; promueve el liderazgo feminista y moviliza a mujeres y hombres para crear organizaciones feministas; y busca crear oportunidades para mujeres de diversos orígenes económicos y sociales, nacionalidades y etnias que actualmente tienen menos probabilidades de llegar a posiciones de liderazgo.

  Get in touch withPlan International and itsEuropean Office through its websites, and follow@PlanEU and@SeeRap on Twitter.

• EL SALVADOR: “La justicia patriarcal persigue, tortura y abusa de las mujeres”

  CIVICUS conversa con Sara García Gross acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño y la lucha de las mujeres de El Salvador por el derecho al aborto.

  Sara García Gross es coordinadora de incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Fundada en 2009, la organización concientiza a la ciudadanía para cambiar las leyes sobre el aborto, provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por abortos o delitos relacionados, y difunde información sobre la importancia de que las mujeres reciban asistencia adecuada en materia de salud sexual y reproductiva para evitar que recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.

  ¿Qué reclama el movimiento feminista de El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos?

  Como feministas estamos luchando para cambiar la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. En El Salvador se persigue a las mujeres injustamente. Se violan los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que viven en situación de pobreza, y de las que viven en zonas rurales del país. En ese sentido, desde el movimiento feminista luchamos para cambiar este marco normativo tan restrictivo, absolutista y absurdo.

  También luchamos por la libertad de las mujeres. En la actualidad hay doce mujeres que están en la cárcel pagando penas que son sumamente injustas. Nuestra lucha es por la libertad y la vida de las mujeres. Queremos que el aborto sea legal en El Salvador. Luchamos por que las mujeres tengamos el derecho de construir nuestro proyecto de vida. Denunciamos los embarazos impuestos; esto constituye una forma de tortura. Hay niñas de apenas diez años que enfrentan la maternidad forzada, Hay jóvenes que no han recibido educación sexual y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos para que se garantice el derecho a recibir una educación sexual integral.

  También luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+, porque los crímenes de odio son otra forma cruel de tortura que el Estado impone o condona.

  ¿Qué tácticas utiliza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto?

  En nuestra lucha por la libertad de las mujeres hemos impulsado múltiples estrategias, empezando por el litigio estratégico para conseguir desde conmutaciones de penas hasta revisiones de sentencias. El foco está puesto en conseguir la libertad, llevando a la práctica la consigna feminista “Yo te creo hermana”. Luchamos para que se reconozca la inocencia de las mujeres que enfrentan penas injustas y absurdas.

  Pero la estrategia jurídica no ha sido la única estrategia clave; también ha pesado mucho la movilización social a nivel nacional y regional. El movimiento feminista se ha organizado y se ha pronunciado en relación a los casos de las mujeres criminalizadas. Se han organizado plantones frente a embajadas de El Salvador y de otros países, se han enviado cartas a los juzgados y se han hecho campañas por la justicia reproductiva, tales como la campaña “Nos faltan las 17”.

  Otra de nuestras grandes estrategias ha sido interpelar al sistema interamericano de derechos humanos. Hemos llevado el caso de la mujer conocida como Manuela a la Corte IDH, logrando que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.

  Otra estrategia ha sido la recolección de evidencia. Hemos realizado una investigación titulada “Del hospital a la cárcel” que nos ha permitido visibilizar esta problemática. A través de una revisión y análisis de expedientes, sentencias e instrucción, hemos logrado entender contra quiénes apunta la legislación antiaborto, a quiénes persigue: mujeres jóvenes y pobres que viven en zonas rurales. Esto constituye discriminación interseccional.

  Las campañas, diálogos, y debates que impulsamos a nivel de la academia y de las comunidades en diferentes territorios también han formado parte de nuestra estrategia. Los procesos de incidencia política son fundamentales para que, a partir de ventanas de oportunidad que se identifiquen en la Asamblea Legislativa u otras instituciones del Estado, puedan presentarse nuevas propuestas de ley.

  En el pasado se presentaron varios proyectos para reformar el artículo 133 del Código Penal de modo de despenalizar el aborto bajo cuatro causales. Estos proyectos estuvieron lejos de aprobarse; en algunos casos fueron rápidamente archivados y en otros languidecieron durante años en comisiones legislativas. Las organizaciones de mujeres fueron recibidas con gran hostilidad. Sin embargo, nuestras estrategias de incidencia política lograron poner el tema del aborto en la agenda pública.

  ¿Qué piensa la opinión pública salvadoreña sobre el aborto? ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para instalar una narrativa alternativa a la criminalización?

  En la opinión pública hay una amplia aceptación de la causal vinculada a salvar la vida de las mujeres: más de la mitad de la población lo ha manifestado en diversas encuestas.

  Vivimos en un país conservador, con algunos grupos fundamentalistas que se autodenominan a favor de la vida. La realidad es que están a favor del aborto clandestino, de la criminalización, y de la muerte de las mujeres. Estos grupos sostienen una doble moral que nosotras, como sociedad civil organizada y feminista, ponemos en evidencia. Mientras que las mujeres que viven en situación de pobreza son criminalizadas, las que cuentan con recursos económicos viajan y acceden a abortos seguros. Esta doble moral es inaceptable.

  Para nosotras es importante visualizar otras narrativas y dar a conocer la realidad de las mujeres. Disminuir el estigma exige mostrar, humanizar, hablar de historias y proyectos. Se trata de mujeres que tenían un proyecto de vida que la violencia de Estado les impidió concretar.

  Dialogar sobre el tema en diferentes espacios, humanizar esta realidad, y cuestionar este sistema que impone el mandato de la maternidad -un prejuicio de género-, permite abordar el tema sin estigmas ni prejuicios y, sobre todo, desde una perspectiva de derechos humanos.

  ¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte IDH en el caso Manuela?

  Este fallo llegó tras años de trabajo y lucha. Empezamos acompañando el caso en el año 2011, dando acompañamiento psicosocial, político y jurídico a la familia de Manuela.

  La incidencia en el sistema interamericano fue fundamental. El fallo en el caso de Manuela es histórico: la Corte IDH ha reconocido que Manuela era inocente, que realmente enfrentó una emergencia obstétrica, y que los estereotipos de género, empezando por el mandato de la maternidad, permearon todo el proceso. La Corte IDH ha entendido que la penalización absoluta del aborto genera criminalización y obstáculos para acceder a derechos reproductivos.

  La sentencia tiene efectos tanto a nivel nacional como a nivel regional. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga tanto a El Salvador como al resto de los países de la región a tomar una serie de medidas. Primero, garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos vinculados con el aborto. Segundo, asegurar que no se apliquen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que restringen a las mujeres a roles reproductivos y les adjudican un instinto maternal. Tercero, garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.

  El Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo algunas acciones adicionales en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Primero, mientras esté en proceso de regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, debe eliminar la práctica de los profesionales médicos de denunciar a las mujeres que recurran a ellos en busca de servicios de salud reproductiva. Segundo, debe reparar de manera integral a la familia de Manuela. Tercero, debe realizar cambios legislativos y de política pública para asegurar la no repetición, de modo que nadie más sufra una situación similar, por ejemplo garantizando la atención integral en casos de emergencias obstétricas y adecuando la figura de prisión preventiva para que se aplique solo de forma excepcional.

  Nosotras continuamos luchando para que las mujeres nunca más sean criminalizadas. Aún hay 12 mujeres que siguen privadas de libertad, pero creemos que el caso de Manuela ilumina estas injusticias y nos da fuerza para seguir luchando. Para nosotras, Manuela es justicia y esperanza.

  ¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en El Salvador de sus pares de todo el mundo?

  Nosotras consideramos que la solidaridad feminista es fundamental. Queremos visibilizar este tema en la región y en el mundo. Queremos que se hable de lo que está ocurriendo aquí. Queremos que se hable de las consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto. Queremos que se hable de cómo este sistema punitivista no resuelve nada.

  No puede ser que el ejercicio de un derecho reproductivo -un derecho a la salud- sea tratado como un crimen con penas de cárcel. Necesitamos poner los ojos del mundo sobre El Salvador y que el Estado salvadoreño se sienta observado. Debemos exigir, en cada oportunidad que tengamos, libertad para las mujeres, libertad para las 12 que siguen presas, y reparaciones para todas las mujeres que han enfrentado esta criminalización. Debemos exigir que el aborto sea un derecho reconocido por ley.

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  Póngase en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@AbortoPORlaVIDA en Twitter. 

• HUNGRÍA: ‘A las personas trans nos están arrebatando nuestros derechos’

  Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.

  

  ¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?

  En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.

  Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.

  Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.

  En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.

  El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.

  Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?

  ¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?

  En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.

  Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?

  Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.

  Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.

  Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.

  ¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?

  Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.

  Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.

  También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.

  Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.

  Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?

  En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.

  Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.

  En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.

  También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.

  ¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?

  Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.

  Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.

  La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.

  La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.

  ¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?

  Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.

  El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
  Contáctese con la Asociación TransgéneroTransvanilla a través de su sitio web o su perfil deFacebook, y siga a@Transvanilla en Twitter y a@transvanilla.official en Instagram.

• Líbano: ‘El cambio comienza cuando se les pasa el micrófono a las organizaciones feministas de base’

  En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la CuartaConferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS y laRed Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Hayat Mirshad, periodista y activista feminista y jefa de comunicaciones y campañas del Encuentro Democrático de Mujeres Libanesas (RDFL), una organización de la sociedad civil (OSC) feminista y secular que defiende los derechos de las mujeres. Fundada en 1976 y basada en el voluntariado, RDFL es una de las organizaciones feministas más antiguas del Líbano. Lucha por la eliminación de la violencia de género y de todas las formas de discriminación y busca lograr el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. Ha lanzado varias campañas exitosas, entre ellas la campaña #NoAntesdelos18 (#NotBefore18) de 2017, que resultó en la presentación de un proyecto de ley, actualmente bajo consideración parlamentaria, para establecer en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

• MALAWI: ‘Las niñas necesitan protección no solo contra el COVID-19, sino también contra la violación endémica de sus derechos’

  CIVICUS conversa con Ephraim Chimwaza, Director Ejecutivo del Centro para el Avance Social y el Desarrollo (Centre for Social Concern and Development, CESOCODE), una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en temas de salud reproductiva y promueve los derechos de las mujeres de Malawi. CESOCODE trabaja para eliminar todas las formas de violencia de género (VG) que padecen niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y promueve sus derechos humanos y su bienestar a través de la incidencia, la investigación, la educación, la capacitación y la prestación de servicios básicos de salud reproductiva.

  

  ¿Cuál es la situación de las niñas y las mujeres jóvenes en Malawi?

  En Malawi, la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las niñas enfrentan más obstáculos que los niños para acceder a la educación y a oportunidades laborales, y muchas niñas no conocen sus derechos legales. La falta de acceso a oportunidades también impulsa el matrimonio infantil, que es otro factor que obstaculiza fuertemente el disfrute de los derechos de las niñas.

  Malawi se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, temprano y forzado para 2030, de acuerdo con el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también ha ratificado varios instrumentos internacionales con ese fin. Aun así, el 42% de las niñas en Malawi se ven obligadas a casarse antes de los 18 años, y casi el 10% lo hace antes de cumplir los 15. En algunos grupos étnicos, los matrimonios arreglados son comúnmente utilizados para establecer alianzas entre familias. En todo el país, las familias más pobres a menudo dan a sus hijas en matrimonio para reducir la carga económica de mantenerlas o con la intención de ofrecerles la oportunidad de una vida mejor. En otros casos, las obligan a casarse si quedan embarazadas, para que no deshonren a sus familias. Algunos padres en situaciones desesperadas también obligan a sus hijas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o comida.

  La violencia contra las adolescentes y las mujeres jóvenes es moneda corriente. Una de cada cuatro jóvenes ha experimentado recientemente episodios de violencia por parte de una pareja, pero son pocas las que buscan ayuda. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son socialmente aceptadas en forma generalizada, incluso entre los jóvenes. No resulta sorprendente que las adolescentes sigan siendo las más afectadas por la epidemia del VIH. El número de niñas de entre 10 y 19 años que viven con el VIH está aumentando, dado que las adolescentes representan casi tres de cada cuatro nuevas infecciones.

  ¿De qué modo aborda CESOCODE estos desafíos?

  Desde 2009 trabajamos con el foco puesto en la promoción de los derechos de las niñas, y específicamente con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil. Con ese fin, trabajamos con las comunidades y sus líderes para alentar a las niñas a que permanezcan en la escuela. Ofrecemos a las adolescentes un espacio seguro donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y damos asesoramiento a las que padecen violencia de género.

  También integramos una iniciativa global llamada “Niñas, no novias” (Girls Not Brides), que incluye a más de 1300 OSC de más de 100 países que trabajan para terminar con el matrimonio infantil y contribuir a que las niñas alcancen todo su potencial aumentando su acceso a la salud, a la educación y a mayores oportunidades. A través de esta alianza llamamos la atención del mundo sobre el matrimonio infantil y las violaciones concomitantes de los derechos de las niñas, contribuimos a generar una comprensión del problema y reclamamos cambios en las leyes, así como la implementación de políticas y programas que harán una gran diferencia en las vidas de millones de niñas.

  ¿Qué impactos específicos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las niñas en Malawi, y cómo han logrado ustedes continuar trabajando en este contexto?

  La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto negativo sobre las niñas en Malawi. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde trabajamos. Las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno han llevado al cierre de escuelas. Como los centros de salud y las clínicas móviles también suspendieron la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era limitado, disminuyó aún más. Durante el encierro obligado por la cuarentena, los casos de violencia de género y abuso sexual han aumentado, pero las denuncias han disminuido. La mayoría de las niñas no pueden salir y denunciar la violencia de género que padecen y tienen que seguir viviendo con sus abusadores y temiendo por sus vidas.

  Nuestros programas y actividades se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno para disminuir el riesgo de infección por COVID-19. No hemos podido reunirnos físicamente con las niñas y brindarles servicios vitales, tales como condones y anticonceptivos. Las niñas no pueden salir de sus hogares para asistir a reuniones, talleres o conferencias, ya que todas las reuniones públicas han sido prohibidas para mantener el distanciamiento social.

  Sin embargo, hemos seguido llegando a las niñas a través de diversos medios.

  En primer lugar, nos comunicamos a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. Estamos utilizando plataformas en línea como Facebook y aplicaciones móviles como WhatsApp para difundir mensajes sobre salud pública y prevención de la violencia doméstica. Hemos desarrollado un servicio de mensajería vía Bluetooth, de móvil a móvil, que nos permite mantener el contacto con las niñas y que ellas pueden usar para avisarnos si están en riesgo. También hemos producido un breve podcast centrado en la violencia doméstica contra las niñas, que incluye una versión en lenguaje de señas, de modo de no excluir a las niñas sordas o con dificultades auditivas.

  En segundo lugar, estamos usando la radio y la televisión comunitarias para difundir mensajes a medida y empaquetando contenido en programas populares para llegar a las niñas en sus hogares con mensajes de prevención de la violencia de género. Estos también incluyen interpretación en lenguaje de señas.

  En tercer lugar, seguimos trabajando en las comunidades, difundiendo mensajes de boca en boca o mediante el uso de altavoces. Usamos nuestro vehículo con altavoz para recorrer las comunidades y difundir información sobre prevención de la violencia de género y el matrimonio infantil y para promover los derechos de las niñas en general.

  Cuarto, estamos distribuyendo material impreso de divulgación para explicar las consecuencias de las violaciones de los derechos de las niñas e informar dónde denunciar casos de violencia contra las niñas. Lo hacemos a través del reparto de volantes y folletos, y también pegamos carteles en lugares por donde niñas y adolescentes pasan con frecuencia, tales como tiendas, fuentes de agua y minimercados. Estos materiales están siempre escritos en el idioma local e incluyen imágenes para que el contenido sea más fácil de entender.

  Así hemos podido continuar con nuestro trabajo y no hemos abandonado a las chicas que confían en nosotros en el momento en que más nos necesitan.

  ¿A qué crees que se deben los buenos resultados obtenidos?

  Pienso que hay tres factores principales que explican los buenos resultados que hemos obtenido.

  Primero, hemos mantenido el vínculo con los líderes comunitarios y otros actores clave y hemos apuntalado su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la violencia de género contra las niñas. Llevamos a cabo reuniones virtuales y compartimos programas en formato podcast con diversos actores relevantes que trabajan con niñas. Estos materiales sirven para incentivar relaciones positivas y saludables de modo de prevenir la violencia contra las niñas al tiempo que promueven la salud reproductiva de las jóvenes durante la pandemia del COVID-19.

  En segundo lugar, hemos identificado herramientas de bajo costo que nos han permitido mantener el contacto con las niñas y hemos continuado empoderándolas durante la pandemia. Lo hemos hecho mediante el uso de nuevas tecnologías en los casos en que están disponibles y son accesibles, y hemos buscado conectarnos de otras maneras con las niñas que viven en comunidades que carecen de acceso a las redes sociales.

  En tercer lugar, hemos impulsado la integración de mensajes de prevención de la VG en los materiales de prevención del COVID-19, de modo que los servicios de atención médica se comuniquen con las niñas y les brinden apoyo y protección integrales, no solo contra el COVID-19 sino también contra la violación endémica de sus derechos.

  El espacio cívico en Malawi es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
  Contáctese con CESOCODE a través de su página de Facebook.

   

• MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’

  CIVICUS conversa conWendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

  

  ¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

  En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

  ¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

  Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

  En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

  En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

  En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

  Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

  Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

  Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

  Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

  ¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

  En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

  El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

  ¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

  Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

  También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

  ¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

  La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

  Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

  Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

  ¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

  Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

  Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

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• PARAGUAY: “Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar”

  CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

  

  ¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

  Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

  La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

  Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

  A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

  ¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

  Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

  La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

  ¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

  La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

  Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

  ¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

  CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

  También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

  ¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

  La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

  El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

  En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

  Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

  Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

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  Póngase en contacto con CONAMURI a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@Conamuri en Twitter.

• TÚNEZ: ‘La respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia’

  En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS y la Red Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Ramy Khouili, director de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD). Fundada en 1989 por el movimiento feminista autónomo en respuesta al feminismo estatal, ATFD promueve la igualdad de género en todas las áreas, desde la esfera política hasta los derechos socioeconómicos, incluidos los derechos sexuales, corporales y reproductivos de las mujeres, y lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

  

  ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Túnez? ¿Cuánto han logrado hasta ahora?

  Alrededor de un mes después de la independencia, en 1956, se promulgó el Código de Estatus Personal. Hasta el día de hoy este código sigue siendo considerado el más progresista y revolucionario de la región, porque abolió la poligamia, instituyó el matrimonio civil y abolió el repudio y muchas otras formas de degradación de las mujeres. Desde entonces hemos tenido una situación muy peculiar, ya que en la esfera pública ha prevalecido el feminismo estatal. Aunque vivimos bajo una dictadura durante casi 50 años, Túnez fue siempre elogiado como un buen ejemplo para la región en lo que concierne a los derechos de las mujeres. Este elogio tomó de rehenes a las mujeres, negándoles el derecho a una igualdad real. En respuesta a ello se fundó un movimiento feminista autónomo que se impuso la misión denunciar que la situación no era tan buena como el régimen la presentaba, lo cual le provocó muchísimos problemas.

  Después de la revolución de 2011 hubo un resurgimiento de los grupos islamistas y conservadores, por lo que los derechos de las mujeres fueron amenazados. Entre 2011 y 2014, durante el proceso para redactar una nueva constitución, la mayoría islamista trató de imponer el concepto de “complementariedad” entre el hombre y la mujer, en reemplazo del de igualdad. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) debieron realizar muchos esfuerzos y se debieron organizar muchas movilizaciones callejeras para evitarlo. En consecuencia, el Artículo 21 de la Constitución de Túnez ahora establece de manera clara que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación.

  Fue gracias a este movimiento social que se logró redactar una constitución que es considerada la más progresista de la región. El Artículo 46, un agregado de último momento, reconoce el rol del Estado en la lucha contra la violencia contra las mujeres, establece que el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos de las mujeres y prohíbe todo retroceso en el reconocimiento de sus derechos.

  Desde entonces hemos logrado otros cambios legales. En 2016 se aprobó una ley contra el tráfico de personas y en 2017 se aprobó una ley anti-violencia, que fue la primera en su tipo en la región y fue redactada principalmente por activistas de la sociedad civil y organizaciones feministas. En materia de representación política, la ley de partidos políticos aprobada en 2011 estableció que todas las listas electorales deben tener paridad de género.

  ¿Qué desafíos persisten?

  La situación de hecho difiere de lo que dice la ley, ya que las desigualdades siguen estando muy presentes. Muchas prácticas discriminatorias persisten en la práctica. Las estadísticas son alarmantes. La mitad de las mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Las crisis socioeconómicas tienen peores impactos sobre las mujeres que sobre los hombres. Entre las mujeres, la tasa de desempleo es casi el doble que la de los hombres. El acceso de las mujeres a la tierra es limitado: solamente el 4% de las mujeres son propietarias de algún terreno, a pesar de que constituyen casi el 90% de la fuerza de trabajo agrícola.

  Por mucho tiempo, Túnez fue presentado como un buen ejemplo en materia de planificación familiar y salud reproductiva, dado que estableció programas de planificación familiar y salud reproductiva ya en los años ‘50 y ‘60, y concedió a las mujeres el derecho al aborto a comienzos de los ‘70, incluso antes que muchos países europeos. Sin embargo, desde la revolución hemos notado que las autoridades estatales han dado un paso atrás en el área de los servicios sociales, especialmente de educación, salud y salud sexual y reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos y al aborto se está volviendo más limitado y cada vez hay más necesidades insatisfechas en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo cual es alarmante.

  En 2019, junto con otras OSC de Túnez, presentamos un informe sombra con un seguimiento de los avances realizados en dirección de los objetivos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y señalando los desafíos futuros. Nuestro informe ofreció una perspectiva diferente de la del gobierno de Túnez. Una de nuestras más grandes preocupaciones es que Túnez es un país con mayoría musulmana y cuando se adoptaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el Estado de Túnez presentó, en común con otros países de mayoría musulmana, una declaración donde advertía que no se comprometería con ninguna medida que pudiese contradecir los valores del islam. El Artículo 1 de la nueva Constitución establece que Túnez es un país musulmán. La mencionada declaración sigue en pie. Aunque ha levantado la mayoría de sus reservas respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado de Túnez no levantó todas sus reservas respecto de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. De modo que sigue habiendo desafíos tanto en la ley como en la práctica. 

  ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos, y qué está haciendo la sociedad civil para enfrentarlos?

  Al principio de la pandemia del COVID-19, la ATFD emitió una advertencia a las autoridades tunecinas donde expresó sus preocupaciones relativas al período de cuarentena, en el cual muchas mujeres han tenido que permanecer enceradas en sus hogares junto con sus agresores. Teníamos razón, ya que el número de casos de violencia de género siguió creciendo durante la cuarentena. El Ministerio de Asuntos de las Mujeres dijo que la cantidad de llamadas recibidas a través del número de teléfono de emergencia creado por el gobierno se multiplicó por cinco. En nuestros centros de atención también hemos observado un pico, ya que el número de mujeres víctimas de violencia que buscaron nuestro apoyo aumentó. La situación se tornó más difícil cuando la gente empezó a actuar en forma más agresiva. Sin embargo, al mismo tiempo se volvió cada vez más difícil ir a una estación de policía o buscar servicios de salud, de modo que el acceso a los servicios disminuyó. Las mujeres se han sentido aisladas y se vieron obligadas a seguir conviviendo con sus agresores durante la cuarentena.

  La mayoría de los tribunales cerraron durante la cuarentena y nosotros tuvimos que hacer cabildeo con el alto consejo del sistema judicial y el Ministerio de Justicia para incluir casos de violencia contra las mujeres entre los casos de emergencia que estaban siendo tratados durante la cuarentena. Afortunadamente, nuestro pedido fue aceptado.

  El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también fue afectado porque, por temor al virus, las mujeres no podían salir a buscar estos servicios. Tuvimos que colaborar con el Ministerio de Salud y el de Asuntos de las Mujeres para encontrar soluciones para esta situación, y ahora estamos tratando de encontrar una forma de asegurar la continuidad de los servicios de salud reproductiva.

  Asimismo, los derechos socioeconómicos de las mujeres han sido severamente afectados. Debido a la crisis económica que conllevó la pandemia, muchas mujeres perdieron sus empleos o no están percibiendo sus salarios. Muchas mujeres en Túnez trabajan en el sector informal, por lo que no pudieron seguir trabajando y se quedaron sin ningún ingreso. Esto está afectando su capacidad para ocuparse de sí mismas y de sus familias. Junto con un grupo de trabajadoras domésticas, hemos estado trabajando en un estudio sobre la situación de las trabajadoras domésticas en Túnez. La situación es realmente alarmante porque las trabajadoras domésticas no pueden trabajar durante la cuarentena y no tienen ninguna otra fuente de ingresos. A pesar de que el sector informal representa una gran parte de la economía, las medidas adoptadas por el gobierno para dar ayuda de emergencia solo se aplican al sector formal. A su vez, los apoyos gubernamentales se han dirigido a las familias, y como según la ley tunecina los hombres son los jefes de familia, el dinero ha sido recibido principalmente por hombres. En casos de conflicto, violencia o separación, las mujeres no tienen acceso a ayuda gubernamental.

  Hemos hecho mucho trabajo de incidencia con las autoridades porque la respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia. Hemos trabajado con la mayoría de los ministros. Nos hemos reunido con la mayoría de los departamentos ministeriales para crear conciencia. Hemos enviado documentos políticos y cartas abiertas. Continuamos brindando servicios en nuestros centros de atención, los cuales siguen operando. También hemos adaptado estos servicios para que puedan ser brindados por teléfono. Hemos lanzado una campaña contra la violencia hacia las mujeres durante la pandemia, la cual ha sido seguida por miles de personas y ha tenido mucho éxito. Como resultado de ello, el departamento de Facebook para Medio Oriente y África del Norte se puso en contacto con nosotros y ahora estamos trabajando con ellos para amplificar el impacto de futuras campañas. También vamos a establecer canales de comunicación con Facebook para reportar violencia y expresiones de odio en las redes sociales.

  ¿Qué restricciones de las libertades de asociación, expresión y protesta han enfrentado durante la pandemia, y qué están haciendo para superarlas?

  No hemos enfrentado restricciones procedentes del gobierno, pero nuestra presencia en el espacio público se ha visto afectada por la imposibilidad de hacer manifestaciones. Las manifestaciones son algo a lo que estamos acostumbrados, porque ocupar el espacio público para decir “estamos aquí y reclamamos esto o aquello” se una táctica que funciona. Y ahora no lo podemos hacer. Pero estamos moviéndonos hacia una nueva fase de la cuarentena y tal vez pronto pueda ser un poco más fácil, de modo que ya estamos pensando en nuevas formas de protestar respetando las medidas de distanciamiento social. Estamos reflexionando sobre cómo adaptar nuestras tácticas de movilización. Estamos enfocándonos en las redes sociales, así como en los medios tradicionales, para comunicar nuestros mensajes y hablar de los problemas que enfrentamos, y llegar al mayor número posible de personas. También tratamos de diversificar nuestros medios de comunicación para llegar a diferentes públicos.

  Asimismo, estamos estableciendo una coalición con el sindicato de periodistas, la Liga de Derechos Humanos de Túnez y otras organizaciones para trabajar sobre el impacto que ha tenido la respuesta a la pandemia sobre los derechos humanos.

  Muchos donantes y aliados han sido muy flexibles porque era obvio que no podíamos seguir operando como si nada hubiese cambiado. Tuvimos que adaptar muchas de nuestras actividades, posponer otras y resignar el presupuesto para asistencia social. La mayoría de nuestras contrapartes han sido comprensivas y hemos tenido buenas discusiones con ellos para reajustar nuestros planes a la situación causada por la pandemia. Sin embargo, también hemos tenido problemas con donantes que han disminuido salarios durante este período.

  Además de afrontar los problemas más urgentes, también estamos en un proceso de reflexión interna y con nuestros socios y aliados. Queremos ver cambios positivos como resultado de la pandemia. Queremos una sociedad más justa e igualitaria en donde todas las personas se sientan incluidas. La pandemia ha revelado algunos problemas subyacentes que el gobierno durante mucho tiempo había preferido ignorar, pero que ahora necesitarán ser abordados, como por ejemplo las fallas y limitaciones del sistema de salud.

  ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil de Túnez de parte de la comunidad internacional?

  La principal forma de apoyo es el trabajo en conjunto. Tenemos que trabajar juntos porque nosotros tenemos experiencia en el terreno, mientras que las organizaciones internacionales tienen redes más amplias, son capaces de trabajar en una variedad de contextos y tienen acceso a mecanismos internacionales y capacidad para influir sobre la agenda internacional. Para que una alianza sea efectiva, debe trabajar simultáneamente para influir a nivel tanto nacional como internacional. La pandemia ha mostrado que algunos de los problemas más grandes no pueden ser atacados desde el nivel nacional, sino que debemos trabajar a nivel internacional y en colaboración con redes regionales. Si juntamos esas dos cosas, creo que podemos lograr un mayor impacto.

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• TURQUÍA: ‘Retirarnos del Convenio de Estambul significaría que no creemos en la igualdad de género’

  En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS conversa con Elif Ege, voluntaria de Mor Çatı, una organización de la sociedad civil fundada por feministas turcas 30 años atrás para combatir la VCM. Mor Çatı administra un centro de solidaridad y el único refugio independiente para mujeres de Turquía. Se concentra en brindar a las mujeres apoyo legal, psicológico y social, y en fomentar la formulación de políticas feministas, a través de la elaboración de leyes, la presión sobre el gobierno para que las implemente y el monitoreo de su implementación.

  

  ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Turquía?

  En Turquía hemos tenido muchos logros en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género. En cierta medida las feministas han estado involucradas en los procesos legislativos. Si se comparan las leyes de diferentes países, se observa que tenemos una buena ley sobre VCM, que es muy completa y, de implementarse correctamente, consagraría los derechos de las mujeres que experimentan situaciones de violencia. Mor Çatı es una de las organizaciones que participaron en su proceso de elaboración. Formamos parte del movimiento de mujeres que fue la fuerza impulsora de esta ley. Visto desde la perspectiva actual, el principal problema es de implementación. Además, en los últimos años hemos luchado por preservar las leyes que consagran los derechos de las mujeres. Ya no se trata solamente de su implementación, sino también de conseguir que esas leyes se mantengan. El gobierno ha hecho varios intentos de derogarlas.

  La situación de los derechos de las mujeres se ha deteriorado. Un principio fundamental que ha defendido nuestra organización es que la VCM está estrechamente vinculada con la desigualdad de género: se deriva de la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. En Turquía, hemos escuchado declaraciones de altos funcionarios gubernamentales que han afirmado explícitamente que hombres y mujeres no son iguales. Intentamos activamente luchar contra esta mentalidad que no acepta la igualdad de género.

  Además, no hay datos oficiales sobre la VCM; por eso nos es imposible conocer las cifras exactas. Solo podemos recopilar datos de las mujeres que nos contactan, y estos datos muestran que en este momento la VCM es muy elevada. Sabemos que mujeres de diferentes sectores de la sociedad experimentan muy diversas formas de violencia. En vistas de esta escalada de violencia y de las dañinas declaraciones públicas formuladas contra la igualdad de género, diría que la situación se está deteriorando.

  ¿Cuáles son los principales desafíos en el marco del proceso Beijing+25 y la implementación de la Agenda 2030?

  La eliminación de la VCM es uno de los principales desafíos pendientes. Es por eso que continuaremos colocando este tema en la agenda cuando nos movilicemos alrededor del proceso Beijing+25.

  Junto con otras organizaciones feministas y de mujeres turcas, tales como Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres-Nuevos Caminos (Women for Women’s Human Rights-New Ways), Mor Çatı históricamente ha participado en reuniones internacionales y acciones de incidencia transnacional. Compartimos nuestros conocimientos y aprendizajes y construimos solidaridad en el ámbito internacional. Participamos en el proceso Beijing+25 y en la implementación de la Agenda 2030 con el foco en la VCM y aportamos nuestra experiencia en este tema.

  Estos mecanismos se utilizan para empujar al gobierno a tomar medidas sobre la base de recomendaciones generales. Las organizaciones de derechos de las mujeres tienen una larga tradición de participación y uso de estos mecanismos internacionales. Pero ha habido un cambio en la posición del gobierno turco. Hacia el año 2000, el gobierno era más receptivo en relación con estos mecanismos y “escuchaba” sus recomendaciones, pero ahora estamos viendo un retroceso.

  En el pasado experimentamos algunos progresos. Con los años, a través de las reuniones de monitoreo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le recomendó al gobierno que hiciera algunos cambios, y vimos que esos cambios estaban ocurriendo. El número de refugios no era suficiente y ahora tenemos más refugios. Pero lo que vemos ahora es que falta un enfoque feminista. Este es un problema importante que se ve en los refugios.

  El aborto también es un gran problema. También en este tema tenemos una ley que reconoce a las mujeres este derecho. El aborto es legal, pero esta ley no se implementa. En la práctica, el aborto es denegado en los hospitales públicos y, en algunos casos, también en los privados. En este momento, las mujeres no tienen un acceso fácil al ejercicio de su derecho al aborto.

  ¿En qué medida la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos? ¿Qué papel ha desempeñado la sociedad civil para hacerles frente?

  Durante la pandemia hemos estado trabajando mucho, al igual que todas las organizaciones que trabajan en el tema de la VCM. Es posible afirmar que las condiciones se han deteriorado, ya que todos los mecanismos de apoyo que supuestamente previenen la violencia y protegen a las mujeres han fallado. Ya antes la situación no era buena, pero ahora ha empeorado. No es solo que la tasa de violencia haya aumentado, sino que todo el mecanismo se ha desmoronado. Ya desde antes teníamos problemas con las fuerzas policiales. Según la ley, cuando una mujer acude a la policía en busca de refugio, la policía debe llevarla inmediatamente a un refugio para mujeres. Pero en cambio, los agentes de policía solían exhibir un comportamiento disuasivo, dando a las mujeres información falsa para tratar de hacerles cambiar de opinión y hacerlas regresar al ambiente violento de sus hogares. Desde antes de la pandemia teníamos muchas dificultades con este tema, pero durante la pandemia la situación empeoró. La pandemia sirvió de excusa para tal comportamiento, ya que se le hizo fácil a la policía mentirles a las mujeres diciéndoles que los refugios estaban cerrados, aunque esto no era cierto. Esto es apenas un ejemplo. Tampoco contábamos con ningún mecanismo de apoyo psicológico en línea, lo cual significó que las mujeres se encontraron solas en un ambiente hogareño abusivo.

  Las redes sociales se convirtieron en una importante herramienta para nosotras. Ya desde mucho antes solíamos usarlas, pero durante la pandemia su uso se intensificó. Las usamos para proporcionar información a las mujeres e informarles sobre sus derechos. En Turquía no hubo una cuarentena completa, sino que hubo algunas excepciones. El gobierno tenía la responsabilidad de comunicar a las mujeres que una de las excepciones contempladas era la VCM: en caso de violencia, les seguía estando permitido concurrir a una estación de policía. Pero el anuncio no se hizo público, así que fuimos nosotras quienes tuvimos que proporcionar esa información. También compartimos mucha información que recopilamos sobre problemas en la interacción con la policía, con los colegios de abogados y con otras instituciones estatales. Hicimos publicaciones sobre esto en Twitter, Facebook e Instagram para que el público estuviera informado. Presentamos muchos informes, recopilamos mucha información y datos y los presentamos al público. También continuamos brindando apoyo a las mujeres.

  Entre mediados de marzo y fines de junio de 2020 realizamos más de 514 entrevistas con mujeres. La mayoría de estas entrevistas fueron con mujeres que nos llamaban por primera vez. Es un número un poco más alto que el de las mujeres que nos habían llamado durante el mismo período del año anterior. Pero queremos dejar claro que esto no significa que la violencia doméstica comenzara durante la pandemia. Queremos alejarnos del discurso que sugiere que la violencia doméstica se intensificó durante la pandemia. Más bien queremos enfatizar que son los mecanismos de apoyo los que han fallado a las mujeres. En ausencia de mecanismos de apoyo, las mujeres que de otro modo hubieran podido resolver sus problemas por sí mismas no pudieron hacerlo.

  En tanto que organización de defensa de los derechos de las mujeres, ¿han enfrentado restricciones adicionales a su derecho a organizarse, expresarse y protestar?

  Cada vez nos es más difícil hacer nuestro trabajo. Las cosas han cambiado: el gobierno solía pedirnos información y consejos y colaboraba con nosotros. Pero en los últimos años, nuestras interacciones con el gobierno han cambiado: ya no somos invitadas a las reuniones ni nos piden nuestros puntos de vista. En ese sentido, la situación es cada vez más difícil para nosotras.

  En términos generales, el derecho a protestar en Turquía está restringido. Justo antes de la pandemia hicimos nuestra marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Si bien pudimos reunirnos, no se nos permitió marchar, por lo que tuvimos que cambiar nuestro recorrido. En este momento el gobierno está considerando retirar su ratificación del Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos del Consejo de Europa contra la VCM. Esto ha provocado protestas para presionar al gobierno para que mantenga e implemente el convenio. Nuestra ley nacional está en sintonía con este convenio, por lo que retirarse de él dificultaría todo intento de prevención de la VCM. El convenio busca prevenir la violencia de género sobre la base de la igualdad de género y el trato a las mujeres como ciudadanas iguales. Los grupos y partidos que sugieren retirarse del Convenio dicen que nosotros podemos crear nuestras propias leyes nacionales. Pero el Convenio mismo fue creado gracias a los esfuerzos de las feministas de Turquía. Retirarnos de este convenio significaría que no creemos en la igualdad de género. Recientemente intentamos hacer un foro sobre el Convenio de Estambul, que fue prohibido, por lo que la situación no es fácil.

  Necesitamos políticas contra la VCM coordinadas y correctamente implementadas. No se trata solo de la fuerza policial o de los refugios. Cuando una mujer quiere abandonar un ambiente violento, necesita apoyo legal, social y financiero. Necesita permanecer en un refugio si no tiene donde ir. Es necesario reunir todas estas cosas, que se mencionan en el Convenio de Estambul, para crear un ambiente seguro para las mujeres. Cuando todo el mecanismo de apoyo se desmorona, como sucedió durante la pandemia, es imposible que las mujeres salgan de la casa y comiencen sus propias vidas. Lo que necesitamos ahora es discutir no la retirada del Convenio, sino cómo implementarlo.

  El espacio cívico en Turquía es calificado de “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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