Guatemala

• GUATEMALA: “las manifestaciones reflejan tanto la organización social como la autonomía ciudadana”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Guatemala con Sandra Morán Reyes, activista por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+. Con una larga trayectoria en los movimientos sociales, Sandra fue una de las cofundadoras del primer grupo lésbico guatemalteco y organizadora de la primera Marcha del Orgullo de Guatemala, celebrada en 1998 en la Ciudad de Guatemala. En 2015 fue elegida diputada nacional, convirtiéndose en la primera congresista y política homosexual en un cargo de elección popular en la historia de su país, desde el cual promovió diversas iniciativas en favor de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

  ¿En qué contexto se produjeron las protestas de noviembre de 2020, y cómo comenzaron?

  En enero de 2020 se inició un nuevo gobierno, y poco después la pandemia nos dejó a todos encerrados. Pero alrededor de mayo o junio algunos compañeros y compañeras comenzaron a salir a la calle de nuevo, en parte para criticar la actitud del gobierno frente a las necesidades de la población a medida que empezaron a verse claramente los efectos de la crisis generada por la pandemia. De pronto aparecieron banderas blancas, en las calles, en las puertas de las casas, en manos de personas y familias que recorrían las calles o se sentaban en los portales. Con la bandera blanca la gente indicaba que no tenía para comer y empezaron a darse acciones de solidaridad como las ollas solidarias, que aquí en Guatemala antes no existían. Hubo un gran movimiento de solidaridad entre personas. Mientras que las organizaciones se volcaron a atender a sus integrantes, la ciudadanía realizó esfuerzos importantes para brindar apoyo de persona a persona. Se volvió corriente que la gente saliera a recorrer las calles para repartir un poco de lo que tenía entre quienes más lo necesitaran. Esto se repitió luego en relación con las personas que fueron afectadas por los huracanes y perdieron todo.

  A nivel estatal, se aprobaron muchísimos recursos para paliar los efectos de la pandemia, pero estos recursos no llegaban a la gente y las necesidades de la población seguían desatendidas, de modo que la pregunta que empezó a plantearse fue “¿dónde está el dinero?”.

  Desde 2017 nosotros denunciábamos lo que llamábamos el “pacto de corruptos”, que vinculaba a funcionarios, empresarios e incluso representantes de la iglesia, aliados en defensa de sus propios intereses. En 2015, tras seis meses de manifestaciones masivas sostenidas, terminaron en la cárcel el presidente y la vicepresidenta, pero los gobiernos que les sucedieron acabaron reafirmando el mismo sistema. El gobierno del presidente Jimmy Morales finalizó unilateralmente el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en continuidad del anterior, ha ido avanzando en el control de la justicia, el Congreso y todas las instituciones del Estado para sostener la corrupción como forma de gobierno.

  A los efectos de la no atención de los impactos de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota, que golpearon en octubre y noviembre de 2020, se sumaron los ataques contra los funcionarios del Ministerio Público que continúan luchando contra la corrupción. Los descontentos se fueron sumando hasta que en noviembre de 2020 el Congreso aprobó de madrugada el presupuesto nacional para 2021. Era un presupuesto altísimo – el más alto en la historia del país - con bolsones evidentes para la corrupción, especialmente en el rubro de obra gris, que es donde se concentra el grueso de la corrupción, pero sin ninguna atención a la salud y a la educación en el marco de la pandemia. El presupuesto incluso recortaba el programa de nutrición, en un país que tiene un enorme problema de desnutrición infantil. Esa fue la gota que derramó el vaso. Personas que normalmente no son las que protestan – una chef profesional, un artista, muchas personas conocidas en distintos ámbitos - comenzaron a escribir en las redes sociales y a manifestarse en contra de esta decisión. Así se convocó la primera manifestación, y de repente éramos como 25.000 personas – en medio de una pandemia.

  Para esa época ya se habían levantado todas las restricciones a la circulación y a las reuniones, pero la pandemia continuaba y el riesgo de contagio también. Nadie preveía una protesta tan masiva, y sin embargo ocurrió. Las manifestaciones fueron inicialmente pacíficas, pero ya en la segunda hubo violencia y represión. Un pequeño grupo provocó un incendio en el edificio del Congreso, un hecho que continúa bajo investigación. Sobre esto se justificó la represión: gases lacrimógenos, golpes, arrestos y detenciones, algo que hace mucho que no ocurría. En otra manifestación se quemó un bus. Desde nuestra perspectiva, los actos de violencia fueron instigados para justificar la necesidad de un mayor control policial de las manifestaciones y la eventual represión.

  ¿La convocatoria a la movilización se hizo exclusivamente a través de las redes sociales? ¿Quiénes se movilizaron?

  Hubo a través de las redes sociales una serie de llamados que apelaron sobre todo a las clases medias, pero también convocaron los movimientos sociales y las Autoridades Indígenas. Estas últimas han desempeñado un rol cada vez más importante en los últimos años, y en el marco de esta crisis publicaron una declaración en la que propusieron un consejo de gobierno de los cuatro pueblos que integran Guatemala - Maya, Xinka, Garífuna y Mestizo – para hacer una transición hacia una Asamblea Constituyente. Ellos han ido visitando territorios y haciendo un trabajo de formación de alianzas, y es la primera vez que avanzan hacia el gobierno nacional, ya que tienen autoridad solamente en sus territorios. El rol que han desempeñado es importante porque la oligarquía toda la vida le ha temido al levantamiento indígena; ese temor les mueve. Así como les movió el hecho de que en 2019 la candidata a presidenta del Movimiento de Liberación de los Pueblos, un partido fundado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), quedara en cuarto lugar. Una mujer maya, campesina, con poca escolaridad, quedó en cuarto lugar, y eso les hizo ruido.

  Ha habido cuatro actores movilizados: pueblos indígenas, mujeres, juventud y comunidades en resistencia – comunidades locales, generalmente lideradas por mujeres, que resisten frente a megaproyectos extractivos en sus territorios. En las últimas manifestaciones se observó el resultado del proceso de unidad del movimiento estudiantil universitario: a partir de 2015 los estudiantes de la universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad pública, marcharon junto con los de las dos universidades privadas, la Rafael Landívar, de clase media, y la Universidad del Valle, de clase alta. El lema con que marchaba la universidad pública, “USAC es pueblo” se transformó en “Somos Pueblo” a partir de esta convergencia. Fue un hecho histórico que representó el regreso de la juventud universitaria organizada a las luchas populares.

  El rol de la juventud también se observa en el movimiento feminista, ya que hay muchos movimientos feministas jóvenes. En particular se destaca el colectivo Mujeres en Movimienta, una expresión muy importante de feministas universitarias. La diversidad sexual también ha estado presente, y ha estado muy activa en la denuncia de los femicidios y homicidios de personas LGBTQI+.

  A ellos se sumó la clase media empobrecida tras el fuerte golpe de la pandemia. En las manifestaciones hubo mucha gente de clase media, muchos profesionales. Muchos ciudadanos y ciudadanas que no pertenecían a ninguna organización ni colectivo indígena, estudiantil o de mujeres salieron por su cuenta, movidos por el hartazgo. Así, las manifestaciones de noviembre de 2020 reflejaron tanto la organización social como la autonomía ciudadana.

  ¿Qué demandaba la ciudadanía movilizada?

  A pesar de que hubo varios sectores movilizados y muchísimas demandas acumuladas, hubo un orden en el petitorio de las protestas. Si bien los distintos sectores tenían sus propias demandas, todos acogieron los grandes reclamos. El eje central era que el presidente vetara el presupuesto, ya que lo que gatilló la movilización fue el descaro de un Congreso que hizo un presupuesto que no era para la ciudadanía de Guatemala sino para ellos mismos, para alimentar la corrupción. En ello las manifestaciones tuvieron un éxito inmediato, ya que pocos días después de la quema del edificio del Congreso, este dio marcha atrás y anuló el presupuesto que había aprobado. Junto con la retirada del presupuesto estaba la demanda de que se aprobara un presupuesto que respondiera a las necesidades de la población, pero esta demanda sigue pendiente.

  Tras la represión de las protestas, otra demanda central fue la renuncia del ministro de Gobernación, que no se produjo; el funcionario sigue en su cargo. También se reclamó la renuncia del presidente, que tampoco se produjo.

  Finalmente, se volvió a reflotar la demanda de una nueva Constitución, que está en la agenda de los movimientos sociales desde hace varios años. En el 2015, cuando tuvieron lugar las grandes manifestaciones que llevaron a la renuncia de todo el gobierno, los movimientos sociales evaluamos que la corrupción no estaba solamente en las personas, sino que teníamos un sistema corrupto y que por lo tanto hacía falta un cambio de sistema. Las organizaciones indígenas y campesinas tienen su propuesta de cambio constitucional, basada en su reclamo de reconocimiento de los pueblos indígenas e instauración de un Estado plurinacional que les dé autonomía y poder de decisión.

  Otros grupos tienen propuestas más embrionarias. Yo fui diputada hasta enero de 2020, y cuando todavía estaba en el Congreso trabajé con las organizaciones de mujeres pensando en que podía darse esta coyuntura y teníamos que prepararnos. Iniciamos el Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente para ir configurando una propuesta de una nueva constitución desde la perspectiva de las mujeres en su diversidad.

  ¿Cuáles son los principales cambios que proponen?

  Nosotros tenemos una constitución que fue redactada en 1985 y tiene un contenido importante de derechos humanos; incluye la figura del Ombudsman, que en ese momento era una innovación. Pero los derechos humanos son encarados desde una perspectiva individual; están ausentes los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, y también los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, y por supuesto lo más avanzado en materia constitucional que son los derechos de la naturaleza. La nuestra es una propuesta política emancipadora de los pueblos, de las mujeres y de las diversidades. Se basa en la idea de una economía para la vida, que pone a la comunidad en el centro, y en una economía feminista que reorganice el trabajo y los cuidados.

  ¿Piensas que las protestas continuarán?

  Sí, las protestas van a continuar. Con las fiestas de fin de año se produjo una desmovilización, pero en estos días se supo que CODECA va a volver a salir a la calle. CODECA es una organización que normalmente sale sola, no coordina con otros movimientos sociales, pero tiene una gran capacidad de movilización. Si ellos vuelven a las calles, abrirán una nueva etapa de manifestaciones.

  Ahora mismo el ministro de Finanzas está elaborando un nuevo presupuesto, que en un mes se tendrá que volver a discutir en el Congreso. Queda por verse no solamente cuánto se invertirá en salud, educación y reactivación económica, sino también qué es lo que considera “reactivación económica”. Hasta ahora el énfasis ha estado puesto siempre en la inversión privada internacional, que solo genera espacios de mayor explotación y megaproyectos. Hay una ley de promoción de la agricultura familiar que no hay manera de que se apruebe. De modo que la demanda de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, va a continuar expresándose en las calles.

  Por el momento, se trata de una convocatoria sectorial, no de una convocatoria amplia a la ciudadanía. Pero no hace falta demasiado para que se reactive la protesta ciudadana, ya que tras las manifestaciones de noviembre el presidente hizo una serie de promesas que no cumplió. El 14 de enero de 2021 se cumplió un año de gobierno y los niveles de apoyo que recibe el gobierno son bajísimos. El Congreso también tiene escasa legitimidad, dada la cantidad de diputados que integran el “pacto de corruptos”, suficiente para conformar una mayoría ordinaria para aprobar las leyes.

  Sin embargo, puede que haya miedo a movilizarse porque estamos en un pico de infecciones por COVID-19. Y otro obstáculo para la continuidad de las movilizaciones es la ausencia de un liderazgo unificado y la limitada coordinación.

  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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• GUATEMALA: “Los grupos antiderechos buscan mantener los privilegios de unos a costa de los derechos de otros”

  CIVICUS conversa con el equipo de Visibles acerca de los recientes avances antiderechos ocurridos en Guatemala.

  Fundada en 2017, Visibles una organización guatemalteca que trabaja para conseguir la plena inclusión las personas diversas y construir una sociedad donde todas las personas puedan ejercer sus derechos y gocen de respeto, libertad y bienestar.

  El proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia llevaba varios años encajonada. ¿Por qué finalmente se aprobó ahora?

  La iniciativa de ley 5272, aprobada por el Congreso de Guatemala como Decreto 18-2022, aumentó las penas por aborto a un mínimo cinco años de cárcel y prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo y la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.

  La iniciativa había sido presentada el 26 de abril de 2017 por un representante del partido conservador Visión con Valores. Tras obtener dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el pleno del Congreso la discutió y aprobó en sus primeras dos lecturas en 2018.

  Pero para aprobar una ley en Guatemala se necesita reunir previamente el apoyo de una cantidad de congresistas antes de someterla a votación en el hemiciclo. Esto no ocurrió hasta 2022, cuando la alianza oficialista y los grupos políticos y económicos que les respaldan establecieron como una de sus prioridades promover esta agenda conservadora.

  La actual presidenta del Congreso, Shirley Rivera, llegó a este puesto tras una trayectoria muy limitada, centrada únicamente en la propuesta de leyes que estigmatizan a la población trans y que buscan conceder mayores libertades a las iglesias, particularmente en el modo en que reportan sobre sus finanzas.

  En el mes de marzo, en una suerte de contrapeso de la tradicional conmemoración del Día Internacional de la Mujer -una jornada de movilización feminista-, el Congreso declaró un Día Nacional de Conmemoración de la Vida y la Familia y aprobó esta iniciativa regresiva. Desde sus distintos poderes el Estado promovió una cantidad de acciones comunicacionales y eventos en los que participaron actores nacionales e internacionales vinculados al movimiento antigénero, orientados a promover la defensa de la vida desde el momento de la concepción y una definición tradicional, estrecha y excluyente de familia –es decir, una causa amplia que busca restringir la autonomía y las libertades de las mujeres y las personas LGBTQI+.

  En esa misma fecha el Congreso pasó el Decreto 18-2022, y lo hizo por abrumadora mayoría: apenas ocho de 160 legisladores votaron en contra, y 52 se abstuvieron. 

  ¿Consideran que esta movida forma parte de una tendencia regional antiderechos más amplia?

  Definitivamente. Los grupos antiderechos de Guatemala forman parte de un movimiento transnacional altamente organizado y bien financiado que tiene por objetivo socavar los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+, así como la participación más amplia de la sociedad civil en el debate y las decisiones públicas.

  La aprobación del Decreto 18-2022 no fue una reacción contra los muy escasos avances producidos en los últimos tiempos en materia de reconocimiento de derechos de la diversidad y de las mujeres. Sirvió para para reforzar jerarquías sociales que benefician a los poderosos y mantener o incluso aumentar su poder.

  Las mujeres y las personas LGBTQI+ somos un blanco fácil. Los ataques contra nosotros reflejan una resistencia a las transformaciones sociales que buscamos: liberar el talento y el potencial de más de la mitad de la población.

  Los movimientos feministas, de mujeres y de la diversidad representan algunos de los obstáculos que enfrenta este proyecto de poder y control, pero no son el único. Otro obstáculo surge del hecho de que, gracias al mayor acceso a la tecnología, ha aumentado el descontento social y se han elevado voces que les exigen rendición de cuentas. Son cada vez más las demandas de acción urgente para transformar la economía y asegurar que sirva para crear mejores oportunidades para todas las personas y familias, así como de creciente atención a problemas como el cambio climático y la preservación del medio ambiente y las vidas de quienes resisten el extractivismo transnacional.

  ¿Cómo se organizó la sociedad civil frente a este ataque antiderechos?

  En Guatemala hay numerosas organizaciones de mujeres, de los pueblos indígenas, de juventudes, de población diversa, estudiantiles y religiosas que se organizaron para resistir el avance de esta agenda regresiva. Tras el cierre de espacios para la lucha anticorrupción, luego de la disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019, uno de los principales procesos que ocurrieron fue la criminalización de quienes la habían impulsado, desde personas defensoras de derechos humanos hasta fiscales y jueces que habían trabajado dentro de las instituciones estatales.

  Este cierre de espacios impulsó la búsqueda de nuevas ideas y rutas para avanzar en la construcción de la justicia. Ahora, la resistencia a la entrada en vigencia del Decreto 18-2022 nos marca el camino.

  El Estado de Guatemala ha colaborado activa y sistemáticamente en la creación de una narrativa hostil a los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Y lo ha hecho de una forma muy hipócrita, ya que ha impulsado políticas públicas que invocan la protección de la vida y familia al mismo tiempo que ha demostrado una absoluta falta de compromiso con el mejoramiento de las condiciones en que viven las personas y familias guatemaltecas. Esta incoherencia se vuelve un insulto al aprobarse una ley que, al criminalizar a las mujeres y a las personas LGBTQI+, pone en peligro a más de la mitad de la población.

  El mismo día en que se aprobó el Decreto 18-2022 comenzaron las protestas. La presión callejera fue novedosa e importante: mostró que las organizaciones podemos trabajar en coalición y que la ciudadanía está dispuesta a sumarse y velar por el bienestar de todos.

  La movilización elevó el costo que pagaría el gobierno si convalidaba la decisión del Congreso. Hay que tener en cuenta que la administración liderada por el presidente Alejandro Giammattei era ya de por sí impopular y enfrenta un creciente número de demandas de rendición de cuentas: desde investigaciones periodísticas que revelan el mal manejo del poder público y denuncias de corrupción hasta sanciones internacionales contra funcionarios clave. En este contexto, el presidente Giammattei amenazó con vetar la ley por considerar que violaba la Constitución de Guatemala y los acuerdos internacionales suscritos por el país, y el Congreso reaccionó dando marcha atrás y archivando la ley.

  ¿Cómo trabaja Visibles para mejorar la situación de las personas LGBTQI+ en Guatemala?

  Visibles trabaja por cambiar las ideas, actitudes y comportamientos de las personas hacia las personas LGBTQI+ y sus derechos a través de esfuerzos de investigación, formación, comunicación propositiva e incidencia política. Pensamos que nuestra visión de largo plazo –la de una sociedad que incluya plenamente a las personas diversas, garantizando que gocen de respeto, libertad y bienestar y que puedan ejercer todos sus derechos– solo es posible si empezamos a tener conversaciones uno a uno, con familias, amistades y personas en nuestros espacios de acción, para movernos juntos desde un lugar de prejuicio hacia uno de la aceptación.

  La experiencia de resistencia colectiva frente al avance antiderechos nos unió, inspiró y comprometió aún más. La resistencia contra una política concreta de control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas como mujeres y personas LGBTQI+ nos interpeló de manera mucho más directa que una noción distante y abstracta como la del acceso a la justicia. Hoy nos mueve la construcción colectiva de un proyecto de justicia de género que consagre el derecho de todas las personas a vivir con dignidad. Esperamos que estas nuevas prácticas y objetivos de transformación revitalicen el movimiento por los derechos humanos.

  ¿Qué apoyos internacionales necesita la sociedad civil que defiende los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Guatemala?

  La aprobación –y posterior vuelta en U– del Decreto 18-2022 nos dio una prueba del poder real que el Estado tiene en Guatemala sobre las mujeres y personas LGBTQI+. El riesgo no desaparece por el hecho de que se haya archivado la ley, pero quizá sí tenga el efecto de enviar una señal de alarma a la comunidad internacional.

  Es importante que vuelvan su atención, sus apoyos y recursos hacia Guatemala, cuyas fuerzas antiderechos forman parte de una avanzada regional. No podemos descuidarnos y permitir que los movimientos antigénero avancen en su objetivo de sostener y consolidar estructuras injustas de poder desigual en la cual algunos mantienen sus privilegios a costa de los derechos elementales de otros.

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• Guatemala: Call to respect the right of citizens to express their concerns through the right to peaceful demonstration

  

  President of the Republic of Guatemala
  Alejandro Giammattei
  Guatemala City
  Guatemala

  From the International NGO Forum in Guatemala FONGI, composed of more than 30 organisations and the CIVICUS alliance, a global alliance of more than 10,000 civil society organisations (CSOs) and activists from 175 countries around the world, we write to express our deep concern about the escalating repression of peaceful protests and to ask you to act urgently.

• Guatemala: International organisations condemn judicial persecution of former prosecutor Virginia Laparra

  The second trial against the former head of the Office of the Special Prosecutor against Impunity (FECI) in Quetzaltenango, Lilian Virginia Laparra Rivas, will open on Monday May 6. The Public Prosecutor (MP) and the plaintiffs in the case accuse her of revealing confidential information when she was still head of the FECI. This is the second trial she has faced in less than 18 months. The undersigned organisations condemn the continued criminal harassment of the former prosecutor in retaliation for her anti-corruption work. We demand that due process be respected in this trial, which we will be observing.

• Guatemala: Las autoridades detienen a Jerson Antonio Morales al tiempo que continúan los ataques contra defensores de los derechos indígenas

  English

  La alianza global de la sociedad civil CIVICUS condenó el arresto y la detención ilegal del periodista y activista de los derechos indígenas Jerson Antonio Xitumul Morales por parte de las autoridades guatemaltecas, el 11 de noviembre de 2017.

• Guatemala: Llamado a respetar el derecho de la ciudadanía a expresar sus preocupaciones a través del derecho a la manifestación pacífica

  

  Presidente de la República de Guatemala
  Alejandro Giammattei
  Ciudad de Guatemala
  Guatemala

  Desde el Foro de ONG Internacionales en Guatemala FONGI, integrado por más de 30 organizaciones y la alianza CIVICUS, alianza mundial de más de 10,000 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y activistas de 175 países de todo el mundo, le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación por la escalada de represión de las protestas pacíficas y para pedirle que actúe urgentemente.

• Guatemala: Llamado a respetar el Estado de Derecho antes de la segunda vuelta de las elecciones

  

  En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 20 de agosto de 2023, la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS pide a las autoridades guatemaltecas que respeten el Estado de derecho y los valores democráticos para evitar una crisis política. Guatemala se encuentra actualmente en un precipicio, ya que algunos partidos políticos han impugnado el resultado de la primera de las elecciones celebradas el 25 de junio de 2023.

  Recibimos con satisfacción el anuncio oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral con los resultados de la primera vuelta en medio de tensiones crecientes. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por los continuos esfuerzos de los partidos políticos y sus aliados en el sector judicial para alterar estos resultados electorales. Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten plenamente la integridad del proceso electoral y el resultado de la primera ronda de votaciones, que ha sido seguida de cerca por observadores nacionales e internacionales.

  Las elecciones se han celebrado en un ambiente en el que se ha atacado el Estado de Derecho, se ha cuestionado la independencia del poder judicial y se han impuesto restricciones a periodistas y defensores de los derechos humanos por el trabajo que realizan.

  Para preservar la integridad del proceso electoral, es fundamental que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto se celebre en estricto cumplimiento de la ley. Debe respetarse plenamente el orden constitucional, y las autoridades deben crear un entorno en el que las personas participen sin temor a represalias.

  CIVICUS hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que:

  1. Garantice el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de la población en el marco de las elecciones presidenciales.
  2. Retire inmediata e incondicionalmente los cargos contra todos los defensores de los derechos humanos, líderes sindicales y periodistas.
  3. Investigue y exija cuentas a todos los funcionarios del gobierno o agentes no estatales que perpetren actos de intimidación y hostigamiento contra defensores de los derechos humanos y periodistas y se abstenga de continuar la persecución a funcionarios judiciales por defender los derechos humanos y luchar contra la corrupción.

  Antecedentes

  En julio de 2022, CIVICUS, Acción Ciudadana y Redlad presentaron el Examen Periódico Universal de la ONU de Guatemala, en el que se señalaba la extrema violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas, que siguen sufriendo ataques, hostigamiento, estigmatización y asesinatos. Actores estatales y no estatales han intensificado los ataques con impunidad. El informe denuncia además casos de acoso judicial contra funcionarios de justicia y periodistas y la reducción gradual del espacio para una prensa libre e independiente.

  Como resultado de estos acontecimientos, el espacio cívico en Guatemala está actualmente clasificado como "reprimido" por el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que realiza un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo.

• Guatemala: Respect the rule of law ahead of the second round of elections

  

  Ahead of the second round of the presidential elections scheduled for 20 August 2023, the global civil society alliance CIVICUS calls on the Guatemalan authorities to respect the rule of law and democratic values to prevent a political crisis. Guatemala is currently at a precipice as some political parties have contested the outcome of the first round of elections held on 25 June 2023.

  We welcome the official announcement by the Supreme Electoral Tribunal of the results of the first round amidst rising tensions. However, we are deeply concerned about the continued efforts by political parties and their allies in the judicial sector to alter these election results. We call on Guatemalan authorities to fully respect the integrity of the electoral process and the outcome of the first round of voting, which has been closely followed by national and international observers.

  The elections were held in an atmosphere in which the rule of law was under attack, the independence of the judiciary was questioned, and journalists and human rights defenders were subjected to restrictions for their work.

  To preserve the integrity of the electoral process, it is critical that the second round of the presidential elections on August 20 is held in strict compliance with the law. Constitutional order must be fully respected, and the authorities should create an environment where people participate without fear of reprisals.

  CIVICUS calls on the Government of Guatemala to:

  1. Ensure that people exercise their civic and political rights in the context of the presidential elections. Immediately and unconditionally drop charges against all human rights defenders (HRDs), labour leaders, and journalists.
  1. Investigate and hold to account any government officials or non-state actors perpetrating intimidation and harassment against HRDs and journalists.
  2. Refrain from further persecuting justice officials for defending human rights and fighting corruption.

  Background

  In July 2022, CIVICUS, Acción Ciudadana and Redlad submitted Guatemala’s UN Universal Periodic Review, which outlined the extreme violence against HRDs and journalists, who continue to face attacks, harassment, stigmatisation and killings. State and non-state actors have escalated attacks with impunity. The submission further reports cases of judicial harassment against justice officials and journalists and the gradual reduction of the space for a free and independent press.

  As a result of these developments, civic space in Guatemala is currently rated as ‘repressed’ by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks threats to civil society in countries across the globe.

• Guatemala: the international community must play an assertive role in protecting Guatemalans’ civic freedoms

  Statement at the 52nd Session of the UN Human Rights Council 

  Item 2 General Debate

  Delivered by Nicola Paccamiccio

  Thank you Mr. President,

  CIVICUS welcomes the report of the High Commissioner on Guatemala and shares the concerns over the widespread impunity and the relentless deterioration of civic space.

  Anti-corruption prosecutors, judges and journalists, who have investigated and exposed corruption, human rights violations, and the abuse of power, are criminalised by the authorities and face spurious criminal charges. Many of them have been forced to flee the country and are now living in exile.

  Civil society groups are subjected to a climate of increasing hostility, harassment, and persecution. Over the last three years, attacks on human rights defenders (HRDs) rose sharply, with more than 2000 cases of defamation, harassment, intimidation, and criminalisation. Women human rights defenders, land and environmental defenders, along with HRDs working on peace and justice are the most targeted.

  Freedom of association has been consistently undermined. Human rights organisations, especially those in defence of anti-corruption activists, have faced digital attacks and threats. The 2021 NGO Law provides the State with wide discretionary powers to dissolve NGOs in complete violation of international human rights standards.

  These acts are part of a concerted effort to erode civic space and the rule of law, create a climate of fear, as well as to co-opt the judicial system to guarantee impunity for human rights violations.

  Ahead of the June 2023 elections and due to the lack of independence of key institutions charged with overseeing the electoral process, we ask the international community to play an assertive role in protecting Guatemalans’ civic freedoms by monitoring the pre-electoral period and electoral process.

  Thank you.

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   Civic space in Guatemala is rated as "Obstructed" by the CIVICUS Monitor

• Six countries added to watchlist of countries where civic freedoms are under serious threat

  New #civicspace watchlist - Six countries to keep an eye on: https://t.co/E5ih0npWYM pic.twitter.com/gWwAzUCHrz

  — CIVICUS (@CIVICUSalliance) August 20, 2018

  • Bangladesh, Maldives, Cameroon, DRC, Guatemala, Nicaragua join global watchlist
  • Escalating rights violations include killings, attacks on protesters, media, opposition
  • Neighbours, international community must pressure governments to end repression

  Six countries in Asia, Latin America and Africa have been added to a watchlist of countries which have seen an escalation in serious threats to fundamental freedoms in recent weeks and months.

  The new watchlist released by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks threats to civil society across the globe, identifies growing concerns in Bangladesh,  Maldives, Cameroon, Democratic Republic of the Congo (DRC), Guatemala, and Nicaragua. Activists and civil society organisations in these countries are currently experiencing a severe infringement of civic freedoms, as protected by international law.

  Violations include brutal attacks by police on peaceful protests in Nicaragua and Bangladesh; the murder of human rights defenders in Guatemala; the killing of protesters and a brutal state campaign against activists and the political opposition in the DRC; and the prosecution of human rights defenders and journalists on fabricated charges in Cameroon, amidst an escalating civil conflict.

  “It is deeply concerning to see escalated threats to basic rights in these countries,” said Cathal Gilbert, CIVICUS Civic Space Research Lead.

  “It is crucial that these six governments wake up to their failure to respect international law and take swift action to respect their citizens’ most basic freedoms in a democratic society,” Gilbert said.

  “We also call upon neighbouring states and international bodies to do put pressure on these countries to end the repression.”

  Over the past year, authorities in Bangladesh have used repressive laws to target and harass journalists and human rights defenders, restrict freedom of assembly and carry out the enforced disappearances of opposition supporters. The human rights situation has deteriorated further ahead of national elections scheduled for late 2018. Members of the Bangladesh Chhatra League (BCL), the student wing of the ruling party Bangladesh Awami League (BAL), have attacked student activists, academics and journalists with impunity.

  In Nicaragua, at least 300 people have been killed since protests began in April 2018, with hundreds more kidnapped or missing. The demonstrations were initially sparked by regressive changes to the social security system but grew to include calls for President Daniel Ortega to resign in the wake of his brutal repression of peaceful protests. While large-scale marches have subsided in recent days, some continue amid a tense political situation as the Ortega government continues to silence critics despite agreements struck with international bodies, and an undertaking to allow an IACHR investigation into the violence. Attacks on protestors are perpetrated both by state forces and armed groups aligned with the government.

  This year, between January and July alone, at least 18 human rights defenders (HRDs) were killed in Guatemala. There were also two assassination attempts and 135 other attacks, with 32 of those aimed at women HRDs. In early August, United Nations Special Rapporteurs issued a statement raising the alarm at the spike in killings in 2018. Reports from Guatemala indicate that the space for civil society has worsened due to land disputes and actions by corporate interests, the source of targeted violence against specific groups of activists.

  Despite the announcement that Congolese president Joseph Kabila will not run for a third term, tensions are still high in the DRC, ahead of scheduled elections in December.  In recent months, protestors, youth movements, human rights defenders, journalists and the political opposition have all faced widespread state repression, including arrests. In June this year, CSOs and UN Special Rapporteurs expressed serious concerns about a planned new law that would give authorities power to dissolve non-governmental organisations (NGOs) over public order or national security concerns.

  In Maldives, a widespread crackdown on dissent began in February 2018 when a court ordered the release of opposition leaders. This decision led to the arbitrary arrest of judges, scores of opposition politicians and activists as well as the use of unnecessary force by police to disperse peaceful demonstrations. There are also documented cases of people being ill-treated in detention. With elections due on 23rd September 2018, civic space is likely to become increasingly contested. Already in May 2018, the Electoral Commission moved to bar four opposition leaders from running in the upcoming presidential elections.

  In Cameroon, an escalating conflict in the country’s Anglophone regions between armed separatists and the government has sparked a mounting humanitarian crisis. It began as protests in 2016, resulting in state repression of protests and the arrest and prosecution of protest leaders. The conflict intensified in recent months with killings and human rights violations committed by both sides. At least 100 civilians, 43 security officers and an unknown number of armed separatists have reportedly been killed, according to an International Crisis Group report. NGOs and human rights defenders have also been targeted.

  In the coming weeks, the CIVICUS Monitor will closely track developments in each of these countries as part of efforts to ensure greater pressure is brought to bear on governments. CIVICUS calls upon these governments to do everything in their power to immediately end the ongoing crackdowns and ensure that perpetrators are held to account.

  ENDS.

  For more information, please contact:

  Cathal Gilbert

  Grant Clark

• Statement: Countries of concern at the UN Human Rights Council

  41st Session of the UN Human Rights Council
  Interactive Dialogue on Countries of Concern

  CIVICUS is deeply concerned by the grave situation in Sudan, and we call once again on the Council to take immediate steps to address this crisis, at the very least by establishing a fact-finding mission to monitor, verify and report on the situation to prevent further bloodshed and ensure that the perpetrators of these atrocities are held to account.

  In Saudi Arabia, human rights defenders face continued unwarranted detention. A wave of further arrests in April targeted those supporting the women’s rights movement and detained activists.  Saudi Arabia is not above Human Rights Council scrutiny and we reiterate calls on the Council to establish a monitoring mechanism over human rights violations in the country and call explicitly for the immediate and unconditional release of the detained Saudi women human rights defenders.

  In Guatemala, human rights defenders are being criminalized and harassed. Cases filed against Claudia Samoyoa Pineda and Jose Martinez Cabrera is illustrative of the authorities’ growing intolerance of independent dissent, including of those working on land and environmental defense. This is just one example of targeted reprisals levelled against civil society organisations and human rights defenders that have mobilised against a series of attacks on Guatemala's democratic institutional framework.

  Civic space in Afghanistan remains under serious threat. Violence against human rights defenders and journalists continues with impunity and state actors also have been implicated in violations against journalists. Women, civil society and victim's groups have been excluded from the peace processes, which threatens to undermine all hard-won gains. 

  Lastly, we are deeply concerned at the situation in the Philippines. Despite progress on a bill to protect human rights defenders, the situation on the ground remains dire. Dozens of activists have been killed since 2016 under the Duterte administration and the work of CSOs, media and human rights defenders have been severely undermined by smear campaigns by the government.

  We call on the Council’s continued attention to, and call for urgent action on, these issues of serious concern.

• The Council must address deteriorating human rights situations before they become crises

  Statement at the 51st Session of the UN Human Rights Council

  Item 4 General Debate

  Delivered by Lisa Majumdar

  Thank you, Mr President.

  The Council’s prevention mandate is a responsibility to address situations which face becoming human rights crises. One of the warning signs of this is of a serious and rapid decline in the respect for civic space. The CIVICUS Watchlist, published last week, identified a number of countries to take note of in this regard.

  Sri Lanka continues to see arbitrary arrests and the use of excessive force by the security forces as part of a crackdown on anti-government protests, as well as attacks on journalists, following its worst economic crisis in decades. We urge the Council to adopt a strong resolution addressing the situation, as well as progressing long-overdue accountability and reconciliation initiatives.

  Serious civic space violations have been ongoing in Guatemala as the government moves to undermine the rule of law and reverse anti-corruption efforts of recent years. As Zimbabwe gears up for general elections next year, civic space is under severe attack as the incumbent President, seeks to defend his presidency. In Serbia, the government has attempted to ban LGBTQI+ events and there remain ongoing threats to environmental rights defenders and journalists. In Guinea, the government is becoming increasingly intolerant of dissenting voices, particularly those criticising management of the ongoing political transition.

  We call on the Council to use its prevention mandate to address these situations before they deteriorate still further.

  In situations where crises are already all too apparent, the Council must respond accordingly. Human rights violations in Russia and those documented by the High Commissioner in China demand the strongest response, and we call on the Council to urgently establish monitoring and reporting mechanisms for these respective human rights situations.

  We thank you.

• The deterioration of civic space in Colombia, Guatemala and Honduras

  37th Session of the UN Human Rights Council
  Statement during the High Commissioner's country briefings

  CIVICUS is extremely concerned about the spate of attacks against HRDs journalists and peaceful protestors that has taken place across Colombia, Guatemala and Honduras. 

  We remain gravely alarmed by the striking inattention given to the disturbing increase of killings of HRDs since the signing of the Peace Agreement by the Colombian government and the FARC guerrilla group. Local partners report that 106 defenders were killed and 310 attacks on media workers and journalists took place during 2017. In addition, arbitrary detentions, attacks and judicial harassment are also on the rise.

  Moreover, CIVICUS is concerned about the situation in Honduras.  Honduras has been placed   on the CIVICUS Monitor Watch List because of the violence surrounding the November 2017 contested presidential elections. Protests were met with excessive police force and more than 20 protesters were killed, with many others injured or detained. Additionally, reports show increasing attacks against HRDs who denounce the repression of protests.  There has also been an increase in violations of the right to freedom of expression, including smear campaigns, threats, harassment and physical attacks against media workers and activists expressing dissent on the media.

  Finally, Mr President, CIVICUS is extremely concerned by the continuing violence against local communities involved in land rights struggles in Guatemala. These violations are perpetrated by state security forces or by private security working under the orders of private corporations. The authorities have not taken any action to protect these communities. During one such event in late November 2017, a Maya community that had been evicted from their land and were camping on the side of a road was attacked by security guards that opened fire, killing one community member and injuring another.

  In all three cases, CIVICUS calls on the authorities to stop the use of violence against activists, media workers and peaceful demonstrators, to conduct investigations on threats and attacks, and ensure perpetrators of unlawful killings are brought to justice without further delays.