incidencia

 

  • COREA DEL SUR: “Los activistas y desertores norcoreanos enfrentan presiones cada vez mayores para silenciarlos”

    Ethan Hee Seok ShinCIVICUS conversa con Ethan Hee-Seok Shin, analista legal del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional (TJWG), una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Seúl fundada por defensores de derechos humanos e investigadores de cinco países. Establecida en 2014, es la primera OSC con sede en Corea que centra su trabajo en los mecanismos de justicia transicional en los regímenes más represivos del mundo, entre ellos el de Corea del Norte. TJWG persigue el objetivo de desarrollar métodos prácticos para abordar las violaciones masivas de derechos humanos y promover la justicia para las víctimas antes y después de la transición. Ethan trabaja en el Proyecto Repositorio Central de TJWG, que utiliza una plataforma segura para documentar y publicitar casos de desapariciones forzadas en Corea del Norte. Utiliza acciones legislativas y legales para crear conciencia acerca de la situación de derechos humanos en Corea del Norte.

    ¿Podría contarnos acerca del trabajo que hacen los grupos de la sociedad civil de Corea del Sur en relación con los derechos humanos en Corea del Norte?

    Existe un abanico bastante amplio de OSC que trabajan en temas de derechos humanos en Corea del Norte. TJWG ha estado trabajando para preparar el terreno para la justicia transicional en Corea del Norte, en cumplimiento de su misión central, la documentación de derechos humanos.

    El proyecto insignia de TJWG ha resultado en la publicación de una serie de informes que mapean las ejecuciones públicas en Corea del Norte, basados en entrevistas con personas que se han escapado y que ahora viven en Corea del Sur. Registramos la información geoespacial de los sitios de matanza, los lugares de enterramiento y los lugares de almacenamiento de registros, tales como tribunales e instalaciones de los servicios de seguridad, solicitando a nuestros entrevistados que identifiquen las ubicaciones en Google Earth. La primera edición del informe se publicó en julio de 2017 y se basó en 375 entrevistas, y la segunda edición se lanzó en junio de 2019, tras la realización de 610 entrevistas.

    Actualmente también estamos en el proceso de armar una base de datos en línea, FOOTPRINTS, que registra los secuestros y desapariciones forzadas cometidas en y por Corea del Norte. La plataforma utiliza Uwazi, una tecnología gratuita y de código abierto que permite organizar, analizar y publicar documentos, desarrollada por la OSC HURIDOCS. Cuando se haga pública, FOOTPRINTS ofrecerá una plataforma de fácil acceso y búsqueda para rastrear a las personas capturadas y perdidas en Corea del Norte.

    Aparte del trabajo de documentación y presentación de informes, hemos participado activamente en iniciativas de incidencia nacional e internacional. Junto con otras OSC de derechos humanos, el TJWG redactó y presentó una carta abierta instando a la Unión Europea a fortalecer el lenguaje y las recomendaciones en las resoluciones anuales de derechos humanos adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Corea del Norte. También hemos presentado casos al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y a otros expertos en derechos humanos de la ONU.

    En julio de 2020, el gobierno de Corea del Sur revocó el registro de dos OSC y emitió un aviso de revisión administrativa e inspección a grupos “dirigidos por desertores” enfocados en los derechos humanos en Corea del Norte. ¿Por qué está apuntando contra estos grupos?

    El catalizador directo fueron las provocaciones de Corea del Norte de junio de 2020. El 4 de junio, Kim Yo-Jong, hermana del líder supremo Kim Jong-Un y primera subdirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, criticó los “folletos anti-RPDC” [República Popular Democrática de Corea] distribuidos en Corea del Norte por “fugitivos de Corea del Norte” y amenazó con el cese del turismo en el Monte Kumgang, la demolición completa de la región industrial de Kaesong, el cierre de la oficina de enlace intercoreana y la terminación del acuerdo militar de 2018 que creó zonas de amortiguamiento desmilitarizadas, a menos que las autoridades surcoreanas tomaran las “debidas medidas”.

    Apenas cuatro horas después del bombazo matutino de Kim Yo-Jong, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur (MOU) anunció que prepararía un proyecto de ley para prohibir la distribución de folletos a Corea del Norte. Se trató de un cambio radical en la postura de larga data del gobierno, que constantemente había eludido esa legislación por temor a violar la libertad de expresión.

    El 10 de junio de 2020, el MOU anunció que presentaría acusaciones penales contra Park Sang-Hak y Park Jung-Oh, dos desertores de Corea del Norte, por violar el artículo 13 de la Ley de Intercambio y Cooperación Intercoreana, que requiere de aprobación previa para todo intercambio intercoreano de bienes, y que revocaría el reconocimiento legal de sus organizaciones, Luchadores por una Corea del Norte Libre (Fighters For Free North Korea, FFNK) y KuenSaem, por enviar folletos a Corea del Norte mediante el uso de globos aerostáticos y botellas de PET llenas de arroz arrojadas a las corrientes marinas, como ocurrió el 31 de mayo de 2020.

    Si bien el gobierno de Corea del Norte finalmente bajó el tono de su retórica, el gobierno de Corea del Sur comenzó a tomar medidas contra las organizaciones de derechos humanos y los grupos de desertores de Corea del Norte, vistos como un obstáculo para la paz intercoreana.

    El 29 de junio de 2020, el MOU celebró una audiencia y el 17 de julio se apoyó en el artículo 38 del Código Civil, una reliquia de la época autoritaria, para anunciar la revocación del reconocimiento legal de FFNK y KuenSaem por contravenir las condiciones de la obtención de la personería al obstaculizar gravemente la política de reunificación del gobierno, distribuyendo folletos y artículos a Corea del Norte más allá de los objetivos declarados en su estatuto y por fomentar la tensión en la península de Corea.

    El MOU también lanzó “inspecciones comerciales” de otros grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y relocalización de desertores, entre las más de 400 asociaciones reconocidas con autorización del MOU, posiblemente con miras a revocar su reconocimiento legal. El 15 de julio de 2020, la Asociación de Desertores de Corea del Norte recibió un aviso del MOU de que sería inspeccionada por primera vez desde su reconocimiento en 2010. Al día siguiente, las autoridades del MOU informaron a los periodistas que primero realizarían inspecciones comerciales de 25 grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y asentamiento de desertores, 13 de ellos encabezados por desertores norcoreanos, y que otros serían inspeccionados en el futuro. Si bien reconoció que el tema de los folletos fue lo que desencadenó las inspecciones, el MOU agregó que las inspecciones comerciales no se limitarían a las personas involucradas en la campaña de distribución de folletos.

    ¿Cuántos grupos fueron examinados o inspeccionados después de los anuncios?

    Debido al alboroto nacional e internacional suscitado por la naturaleza obviamente discriminatoria de las inspecciones de grupos de derechos humanos y personas escapadas de Corea del Norte, el MOU ha moderado un poco su enfoque y tardíamente ha comenzado a argumentar que está examinando a todas las OSC registradas bajo el MOU.

    El 6 de octubre de 2020, el MOU dijo a los periodistas que había decidido inspeccionar a 109 OSC, sobre un total de 433, por no haber presentado sus informes anuales o por haber presentado documentación incompleta. Según la información proporcionada, 13 de los 109 grupos a inspeccionar están encabezados por personas que huyeron de Corea del Norte; 22 (16 de los cuales trabajan sobre derechos humanos en Corea del Norte y relocalización de desertores, cinco que trabajan en el terreno social y cultural y uno que trabaja en el campo de la política de unificación) ya han sido inspeccionados y ninguno ha revelado motivos serios para que se le retire el reconocimiento; y el MOU tiene la intención de completar la inspección de las 87 OSC restantes para fines de 2020.

    En cualquier caso, el gobierno parece haber logrado ya su objetivo de enviar a Corea del Norte la clara señal de que está listo para dar cabida a sus demandas a cambio de vínculos más estrechos, incluso si eso implica sacrificar algunos principios fundamentales de la democracia liberal. El gobierno también ha enviado una clara señal a los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, y ha tenido el efecto paralizante que cabía esperar.

    ¿Cómo ha respondido la sociedad civil a estas iniciativas del gobierno?

    Lamentablemente, la sociedad civil de Corea del Sur está tan polarizada como su política. Los progresistas actualmente en el gobierno ven a los conservadores como herederos ilegítimos de los colaboradores del régimen colonial japonés entre 1910 y 1945 y del régimen autoritario posterior a la independencia, vigente hasta 1987. El anterior presidente progresista, Roh Moo-Hyun, en el poder entre 2003 y 2008, se suicidó en 2009 durante una investigación de corrupción en su contra, que en general fue considerada políticamente motivada, emprendida por su sucesor conservador. El actual presidente, Moon Jae-In, fue elegido en 2017, en medio de una ola de indignación pública ante el juicio político de su predecesor de derecha por corrupción y abuso de poder.

    La mayoría de las OSC están dominadas por progresistas que están políticamente alineados con el actual gobierno de Moon. Los progresistas apoyan relativamente la agenda de derechos humanos, pero generalmente guardan silencio cuando se trata de los derechos humanos en Corea del Norte, dado su apego al acercamiento intercoreano. Las mismas personas que se expresan ruidosamente en relación con las “mujeres de solaz” japonesas, sometidas a la esclavitud sexual por el Japón imperial antes y durante la Segunda Guerra Mundial, o acerca de los atropellos de la era autoritaria, pasan por alto las actuales atrocidades norcoreanas en nombre de la reconciliación nacional.

    La mayoría de los grupos norcoreanos de derechos humanos se estructuran en torno de desertores norcoreanos y de iglesias cristianas políticamente de derecha que caracterizan apasionadamente a los izquierdistas como títeres norcoreanos. Muchos también adoptan una postura hostil en relación con otros temas contemporáneos de derechos humanos, tales como los derechos de las personas LGBTQI+, lo cual es bastante irónico, ya que el juez australiano Michael Kirby, autor principal del informe de la ONU que en 2014 condenó con firmeza las graves violaciones de derechos humanos en Corea del Norte como crímenes de lesa humanidad, es gay.

    Las OSC establecidas, mayormente progresistas, no han sido objeto de persecución por parte del gobierno encabezado por el presidente Moon; por el contrario, figuras destacadas de la sociedad civil han sido nombradas o elegidas para ocupar varios cargos, o han recibido generosas subvenciones. Hay quienes expresan en privado su consternación y preocupación por las tendencias iliberales del gobierno, pero pocas personas están dispuestas a plantear públicamente el tema a causa de la profunda polarización política.

     

    ¿Se está volviendo más restrictivo el espacio para la sociedad civil - estructurado por las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión - bajo el actual gobierno surcoreano?

    El gobierno de Moon ha mostrado tendencias preocupantemente iliberales en relación con los grupos que considera que se interponen en su camino, tales como los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, que enfrentan presiones cada vez mayores para permanecer en silencio y cesar su labor de incidencia.

    El presidente Moon ha reabierto el diálogo con el gobierno de Corea del Norte para establecer relaciones pacíficas, neutralizar la amenaza nuclear del Norte y allanar el camino para la reunificación familiar, entre otros objetivos loables.

    Sin embargo, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Moon ha empleado una estrategia diplomática que minimiza la preocupación por los derechos humanos. En particular, ni la Declaración de Panmunjom de 2018 entre Corea del Norte y Corea del Sur ni la Declaración Conjunta emitida después de la cumbre Trump-Kim de 2018 en Singapur mencionan las violaciones atroces de derechos humanos cometidas por Corea del Norte.

    En las semanas previas a la reunión del presidente Moon con el líder norcoreano Kim en Panmunjom, se informó que se estaba impidiendo a los activistas desertores norcoreanos llevar a cabo su activismo. En octubre de 2018, Corea del Sur accedió a la demanda de Corea del Norte de excluir a un periodista desertor de la cobertura de una reunión en Corea del Norte. El 7 de julio de 2019 se hizo una entrega extraordinaria a Corea del Norte de dos desertores, dos pescadores presentados como asesinos fugitivos, cinco días después de su llegada y sin siquiera mantener las apariencias del debido proceso.

    El gobierno de Moon también ha recurrido a tácticas iliberales contra otros supuestos opositores. Un hombre que el 24 de noviembre de 2019 había colgado un cartel en el que se burlaba del presidente Moon como “perrito faldero de Xi Jinping” (en referencia al presidente chino) en el campus de la Universidad de Dankook, fue procesado y el 23 de junio de 2020 fue multado por el tribunal por “intrusión en un edificio”, de conformidad con el artículo 319 (1) del Código Penal, pese a que las autoridades universitarias habían dejado claro que no deseaban presentar cargos en su contra por este ejercicio de su libertad de expresión. Muchos criticaron el proceso penal y la condena como un retroceso a los viejos tiempos militares.

    El gobierno también ha tomado medidas para ejercer un control cada vez mayor sobre los fiscales. El ministro de Justicia, Choo Mi-ae, ha atacado a los fiscales que se atrevieron a investigar las acusaciones contra el gobierno por corrupción y abuso de poder, alegando la existencia de una conspiración para socavar al presidente Moon.

    Otra tendencia preocupante es la táctica populista de los políticos del partido gobernante, y en particular del legislador Lee Jae-jung, de utilizar internet para incitar a sus seguidores a participar de acciones de acoso cibernético contra periodistas.

    ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos atacados?

    En abril de 2020, el partido gobernante ganó las elecciones parlamentarias por abrumadora mayoría, obteniendo 180 de los 300 escaños, gracias a su relativo éxito en contener la pandemia de COVID-19. La oposición está desorganizada. En vez de llamarlo a la humildad, todo esto ha envalentonado al gobierno, de modo que es probable que sus tendencias iliberales continúen. Debido a la severa polarización política, es poco probable que los políticos del partido gobernante y sus partidarios presten mucha atención a las críticas internas.

    Es por eso que la voz de la comunidad internacional será fundamental. Para el gobierno es mucho más difícil ignorar las preocupaciones planteadas por las OSC internacionales en tanto que ataques motivados políticamente. Una declaración conjunta o una carta abierta encabezada por CIVICUS sería útil para transmitir con fuerza el mensaje de que los derechos humanos en Corea del Norte realmente preocupan a la comunidad internacional.

    Además, Corea del Sur pronto presentará su quinto informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU de acuerdo con la lista de cuestiones previa a la presentación de informes (LOIPR). Dado que las cuestiones y preocupaciones relativas a Corea del Norte no están incluidas en la LOIPR, sería de gran ayuda que las OSC internacionales unieran sus fuerzas para incluirlas en la discusión oral con los miembros del Comité de Derechos Humanos y en sus observaciones finales.

    A corto plazo, las visitas a Corea del Sur por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos serían excelentes oportunidades para internacionalizar el tema y presionar a nuestro gobierno.

    Incluso los progresistas podrían apoyar una reforma de la ley obsoleta sobre el registro de OSC, por ejemplo, por interés propio, si es que no por principios, en caso de cambio de gobierno.

    El espacio cívico enCorea del Sur es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
    Contáctese con el Grupo de Trabajo de Justicia Transicional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@TJWGSeoul en Twitter. 

     

  • COVID-19: “Esta crisis no es solamente sanitaria; también es una crisis de justicia”

    CIVICUS conversa con Abigail Moy, directora de la Red de Empoderamiento Legal (Legal Empowerment Network), la comunidad más grande del mundo de personas defensoras que promueven la justicia a nivel de base. Liderada por la organización de la sociedad civil (OSC) internacional Namati, la Red reúne a 2.343 organizaciones y 8.761 individuos de más de 160 países, todos los cuales trabajan para promover la justicia para todas las personas. Hace unos tres años la Red lanzó Justicia para Todos, una campaña para aumentar el financiamiento y la protección de las personas defensoras que promueven la justicia en comunidades de todo el mundo.

    Abigail Moy

    ¿Qué tipo de trabajo hace la Red de Empoderamiento Legal?

    La Red de Empoderamiento Legal es una red global y multidisciplinaria que reúne a personas defensoras de la justicia a nivel de base. Somos más de 2.000 organizaciones de base de aproximadamente 160 países de todo el mundo. Lo que une a todos los integrantes de la Red es su dedicación a la tarea de ayudar a las comunidades a comprender, usar y dar forma a la ley. Entonces, ya sea que estén trabajando en temas de justicia ambiental, derechos de las mujeres, salud, educación o cualquier otro, estas personas defensoras ayudan a las comunidades a comprender cómo las políticas, la ley y la acción gubernamental les afectan y cómo pueden empoderarse para participar en estos procesos, utilizarlos y, en caso necesario, modificarlos para crear una sociedad más justa.

    Nuestro trabajo se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el aprendizaje: somos un centro de aprendizaje donde las organizaciones de base intercambian experiencias y aprenden unas de otras sobre sus métodos y el impacto de su trabajo de empoderamiento legal. Antes de la pandemia de COVID-19, todos los años diseñábamos y realizábamos instancias de aprendizaje que ayudaban a los miembros a explorar soluciones prácticas para los problemas de justicia. Nuestra oferta solía incluir un curso anual de liderazgo, intercambios de aprendizaje en persona y seminarios en línea, y durante la pandemia hemos estado desarrollando nuevas oportunidades de aprendizaje virtual.

    Nuestro segundo pilar es la incidencia y la acción colectiva. Trabajamos con nuestros miembros para transformar el entorno de la política pública de modo de abordar las injusticias y promover el empoderamiento legal a nivel nacional, regional y global. A menudo nos movilizamos en torno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en tanto que medio para abordar las necesidades de justicia en el territorio. Dos de nuestros principales llamamientos a la incidencia y la acción colectiva se centran en el aumento del financiamiento y la protección para las personas defensoras de la justicia en todos los niveles. Estas dos prioridades afectan a nuestros miembros más allá del país donde se encuentren; de ahí que el financiamiento y la protección sean los ejes de nuestra campaña Justicia para Todos.

    El tercer pilar es la construcción de comunidad. Buscamos construir una comunidad más fuerte de personas defensoras de la justicia en el territorio para que puedan apoyarse y aprender unas de otras. Nuestro objetivo es desarrollar un núcleo de liderazgo más sólido para el movimiento y encontrar formas en que las personas defensoras puedan mejorar su trabajo conectándose, desarrollando su pensamiento y trabajando en colaboración.

    Los tres pilares - aprendizaje, promoción y comunidad - alimentan nuestra visión, que consiste en cultivar un movimiento global para el empoderamiento legal que movilice a millones de personas para el abordaje colectivo de las mayores injusticias de nuestro tiempo.

    ¿Qué rol desempeña Namati en la Red de Empoderamiento Legal?

    Namati es la organización que convoca la Red, y en muchos sentidos funciona como su secretariado. Nosotros nos consideramos como un miembro activo de la Red que se ocupa de aspectos tales como las finanzas, la coordinación y el mantenimiento de la infraestructura. Trabajamos con el Comité de Orientación de la Red, un consejo de miembros, para decidir las prioridades y estrategias de la Red y organizar oportunidades de aprendizaje e incidencia. Cada año encuestamos a los miembros de la Red para saber lo que quieren hacer, y esta información nos sirve como herramienta de planificación. En tanto que miembro de la Red, Namati participa en este proceso, pero es una voz entre muchas otras.

    Namati también tiene programas nacionales. Los miembros de la Red trabajan en una amplia gama de desafíos relativos a la justicia en todo el mundo, y Namati trabaja en estrecha colaboración con algunos de ellos para abordar tres cuestiones urgentes - justicia ambiental y territorial, justicia sanitaria y justicia ciudadana - en seis países: Estados Unidos, India, Kenia, Mozambique, Myanmar y Sierra Leone.

    ¿Podría contarnos un poco más sobre la campaña Justicia para Todos?

    Lanzamos la campaña Justicia para Todos hace casi tres años. Nuestra campaña anterior, llamada Justicia 2015, fue un llamado a integrar la justicia en los ODS. Lo logramos, pero después de la adopción de los ODS nadie centró su atención en el cumplimiento del compromiso del Objetivo 16 de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas. En respuesta a ello lanzamos la campaña Justicia para Todos, centrada en el hecho de que el financiamiento y la protección de las personas defensoras de la justicia son las bases necesarias para el cumplimiento del Objetivo 16, y en realidad de cualquiera de los ODS, y que por lo tanto es necesario impulsar el empoderamiento legal.

    Los miembros de la Red promueven la campaña Justicia para Todos de diferentes maneras en sus países y regiones y a nivel global. Algunos miembros han organizado reuniones con sus gobiernos, otros actores de la sociedad civil y otras partes interesadas para discutir estos problemas y tratar de encontrar soluciones de política pública para aumentar el financiamiento y la protección de las personas defensoras de la justicia en el terreno. Otros miembros se han centrado en la arena global, acercándose a donantes internacionales y asistiendo a eventos globales tales como el Foro Político de Alto Nivel sobre los ODS (HLPF, por sus siglas en inglés). Y otros miembros se han concentrado en sus respectivas regiones, tratando de ejercer influencia sobre organismos o acuerdos regionales.

    Como miembro de la Red con fuertes conexiones globales, Namati vincula las experiencias de los miembros a nivel nacional con la esfera global. Hemos trabajado mucho para resaltar las experiencias de base al hacer incidencia en el HLPF, la Asamblea General de la ONU y otras conferencias y eventos de alto nivel, y hemos trabajado con los principales donantes de todo el mundo para que reconozcan el valor del empoderamiento legal y la necesidad de financiamiento.

    ¿Han debido hacer algún cambio en respuesta a la pandemia de COVID-19?

    Durante la pandemia, la Red de Empoderamiento Legal hizo un giro para responder directa e integralmente a las necesidades de sus miembros generadas por la crisis. Para comprender cuáles eran sus necesidades más urgentes administramos una encuesta. Les preguntamos a los miembros de la Red cómo les estaba afectando la pandemia, cómo se estaban adaptando, qué tipo de recursos necesitaban para seguir haciendo su trabajo, qué tipos de intervenciones de política pública consideraban necesarias para garantizar una respuesta justa, y cómo podíamos ayudarles.

    Con respecto a los desafíos que enfrentan los miembros de la Red, clasificamos las respuestas a la encuesta en cuatro categorías: desafíos del trabajo a distancia, desafíos financieros, desafíos de logística y movilidad, y desafíos de seguridad, protección y salud. El trabajo a distancia resultó ser un gran problema para los miembros de la Red, al igual que las finanzas, a causa tanto del aumento de los gastos como de la reducción de los ingresos.

    En reacción a la encuesta reunimos recursos que se ajustaban a las necesidades. Primero, creamos un centro virtual que ofrece recursos multilingües para ayudar a los grupos de empoderamiento legal a comprender la pandemia, obtener información veraz y confiable e identificar formas de mitigar los daños. Elaboramos un documento con respuestas a preguntas frecuentes sobre la COVID-19, con consejos útiles sobre las formas en que las organizaciones de base de acceso a la justicia pueden prepararse y protegerse. Adaptamos esta información para abordar los desafíos que enfrentan subconjuntos específicos de miembros de la Red, por ejemplo, quienes viven o trabajan en áreas densamente pobladas. La información se obtuvo de las principales autoridades en materia de salud pública, tales como la Organización Mundial de la Salud, y fue compilada por expertos en salud pública.

    En segundo lugar, publicamos un informe, “Justicia de base en la pandemia: garantizar una respuesta y una recuperación justas”, que hace recomendaciones a las autoridades políticas, los donantes y las instituciones multilaterales sobre cómo financiar y proteger a las personas promotoras del acceso a la justicia en el territorio durante y después de la pandemia. Lo compartimos ampliamente con diversas partes interesadas, tales como donantes gubernamentales y filantrópicos.

    En tercer lugar, facilitamos una serie de conversaciones entre personas defensoras de base, examinando el trabajo de empoderamiento legal durante la pandemia, a través de una serie de conferencias telefónicas y webinarios. Estos últimos se han desarrollado durante los últimos meses. Cientos de miembros han participado en estas conversaciones. Las conversaciones temáticas y regionales subsiguientes sirvieron como espacios para el debate sobre buenas prácticas y aprendizaje a partir de las formas en que los miembros están adaptando sus esfuerzos, monitoreando y respondiendo a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis y accediendo a apoyo financiero y demás recursos necesarios. En estas conversaciones también exploramos lo que podemos hacer juntos para ayudarnos mutuamente a salir adelante. Compilamos las mejores prácticas de trabajo a distancia y estamos preparando más materiales acerca de recursos, servicios y técnicas que pueden usarse para trabajar durante la pandemia.

    Nos hemos dado cuenta de que en una crisis como esta no se puede seguir actuando como de costumbre, de modo que nos deshicimos de nuestro plan anual y comenzamos desde cero para hacer lo que teníamos que hacer.

    ¿Qué ha logrado hasta ahora la campaña Justicia para Todos?

    La campaña ha ayudado a enhebrar una narrativa común que resalta las perspectivas de base en eventos globales de alto nivel, fomenta el diálogo y la comprensión pública e insta a la acción sobre los dos temas clave: el financiamiento y la protección de quienes promueven la justicia en el territorio.

    A nivel nacional, ha ayudado a la gente a articular sus necesidades y traducirlas en esfuerzos de incidencia a más largo plazo. Los miembros de la red dijeron que el informe producido por la campaña les resultó muy útil en sus discusiones con sus gobiernos nacionales acerca de las razones por las cuales debería haber financiamiento local para los grupos comunitarios de apoyo legal.

    A nivel mundial, hemos cambiado la discusión y las normas vigentes. Antes no se hablaba de lo que se debía hacer para promover el acceso a la justicia y alcanzar el Objetivo 16; no se reconocía que los servicios de justicia requerían financiamiento y que quienes realizaban el trabajo necesitaban seguridad. En este momento, estos temas se están abordando a alto nivel y se han integrado en informes y agendas relevantes. De modo que sentimos que hemos influido en el diálogo internacional en torno de las personas defensoras del acceso a la justicia, y si bien hay más trabajo por hacer, eso de por sí ya es una victoria.

    En el ámbito financiero, la campaña Justicia para Todos ha influido sobre los donantes para que destinaran nuevos recursos al acceso a la justicia y al empoderamiento legal. Durante la pandemia, la campaña ajustó su enfoque: estableció un Fondo de Justicia de Base COVID-19 y logró convencer a varios donantes para que hicieran contribuciones. Esto fue una respuesta a la desesperada necesidad de financiamiento de nuestros miembros bajo la pandemia. Nos dimos cuenta de que no necesitaban montos desmesurados; era mucho lo que podía lograrse con pequeñas inyecciones de fondos, por ejemplo, bajo la forma de subvenciones únicas de unos pocos miles de dólares. Estos fondos relativamente modestos podían hacer una gran diferencia en términos del abordaje de problemas urgentes de acceso a la justicia relacionados con la pandemia. Lanzamos este fondo en julio con el objetivo de recaudar un millón de dólares, y creemos que lo vamos a lograr. Hemos recibido mucho apoyo; ya hemos aceptado las primeras solicitudes y el dinero debería distribuirse en el próximo mes. Se trata de montos pequeños, de entre 3.000 y 20.000 dólares, para que los grupos de base que promueven el acceso a la justicia solventen costos de insumos, capacitación, salarios y cualquier otra cosa que necesiten para mantenerse a flote. La idea subyacente es que la pandemia no es solamente una crisis sanitaria, sino que también es una crisis de justicia, y que debemos sostener a las personas defensoras que están ayudando a las comunidades a hacerle frente

    ¿Qué tipo de apoyo de la sociedad civil internacional necesitarían para poder continuar haciendo este trabajo?

    Nuestra encuesta hizo a nuestros miembros exactamente esa pregunta, y el 58% respondió que necesitaban apoyo tecnológico. La naturaleza del trabajo de empoderamiento legal es en gran medida un ejercicio de construcción de confianza que generalmente requiere de interacciones cara a cara. La mayoría de los grupos de base con los cuales trabajamos están acostumbrados a salir a hablar con miembros de la comunidad, convocar reuniones comunitarias presenciales y educar a la gente. No están acostumbrados a trabajar a distancia; no están familiarizados con el trabajo con aplicaciones y no tienen suficientes dispositivos para hacerlo. Además, el 67% respondió que necesita apoyo para el fortalecimiento de capacidades. Necesitan este apoyo tanto para adaptarse a la tecnología como para imaginar nuevas formas de hacer su trabajo en forma remota o con distanciamiento social. Por último, pero no menos importante, el 88% respondió que lo que necesitan de la sociedad civil internacional es apoyo financiero. Y dejaron en claro que no se trata solamente de conseguir más fondos aquí y ahora, sino más bien de asegurar un financiamiento más sostenible y confiable en el largo plazo.

    Contáctese con la Red de Empoderamiento legal a través del sitio websitio web o el perfil deFacebook de Namati, y siga a@GlobalNamati en Twitter.

     

     

  • EL SALVADOR: “El objetivo del presidente es concentrar poder”

    CIVICUS conversa con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en El Salvador, acerca de la situación política luego de que el partido del presidente Nayib Bukele ganara las elecciones legislativas de febrero de 2021.

    Eduardo Escobar

    ¿Consideras que la democracia y el Estado de Derecho están siendo erosionados en El Salvador?

    Primero deberíamos preguntarnos si alguna vez hubo democracia y Estado de Derecho en El Salvador. Si reducimos la democracia a su dimensión lectoral, puede decirse que se respetaba voluntad de la gente y las elecciones se habían convertido en la única forma de acceso al poder. Pese a algunas irregularidades, en ese sentido sí había democracia. Desde 2009 algo se había avanzado también en el terreno de la separación de poderes, teníamos una Sala Constitucional de la Corte Suprema que era independiente, un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) independiente, y una fiscalía que intentaba funcionar.

    Así, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, había una democracia electoral en funcionamiento, con algunos avances importantes en la dimensión republicana y del Estado de Derecho. El presidente Bukele interrumpió este proceso, atacando constantemente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. En el marco de la pandemia, el gobierno vulneró la libertad de movimiento de forma ilegítima e inconstitucional. Lo poco que se había avanzado se perdió por completo.

    A partir de las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, que Bukele ganó por amplia mayoría, la seguridad jurídica dejó de existir. En cuanto se conformó, a principios de mayo, la nueva Asamblea legislativa destituyó a los jueces de la Sala Constitucional y al titular de la fiscalía general. Habíamos llegado a confiar en que la Sala Constitucional nos protegería de las arbitrariedades, pero esa certeza se desvaneció en un instante. Poco después, la nueva Sala Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata para un segundo mandato, hasta entonces prohibida por la Constitución de El Salvador.

    ¿Han podido la oposición o la sociedad civil hacer algo al respecto?

    La oposición no fue inteligente. Hasta mayo de 2021 contaba con la mayoría absoluta en la Asamblea, pero no la supo aprovechar. Los partidos de oposición no creían que hubiera apuro, nunca pensaron que iban a perder. Ahora se han vuelto irrelevantes. Su presencia es meramente testimonial porque el partido del presidente, Nuevas Ideas, y sus aliados tienen una supermayoría. La oposición se limita a hacer declaraciones y a impulsar propuestas que todos saben que no van a prosperar.

    A la mayor parte de la sociedad civil se le ha cerrado la posibilidad de participar en el proceso legislativo. No es que antes se aprobara cada propuesta de la sociedad civil – de hecho, muchas veces ni siquiera se las discutía – pero había ciertas áreas temáticas donde la participación de la sociedad civil era vital para aprobar una ley. Eso se terminó: ahora solamente las organizaciones afines al gobierno son convocadas y admitidas en las sesiones de las comisiones. La sociedad civil independiente tiene poca influencia sobre las políticas públicas porque el gobierno no entiende su rol y no está dispuesto a integrar sus aportes a la toma de decisiones. Así, ha quedado limitada a ser una voz de denuncia sin poder para revertir decisiones ilegales o inconstitucionales, ya que no quedan instituciones independientes que puedan reaccionar a sus demandas.

    El presidente Bukele hizo campaña con un programa anticorrupción. ¿Ha habido algún avance en ese sentido?

    La instrumentalización del tema de la corrupción fue una de las bases de la victoria de Bukele, cuyo slogan de campaña fue “devuelvan lo robado”. El tema de la corrupción es amplio y complejo, pero ese slogan era claro y preciso, y atrajo a mucha gente. Pero era solo una estrategia de campaña.

    Una vez en el poder, desactivó todos los mecanismos anticorrupción existentes, desacatando las resoluciones del IAIP, impidiendo auditorías de la Corte de Cuentas en los ministerios, negando la entrada de la fiscalía a organismos públicos involucrados en casos de corrupción, y finalmente removiendo al fiscal e imponiendo a un incondicional suyo, que incluso tiene denuncias en su contra. No tenemos cómo conocer los gastos del gobierno, en particular los relacionados con la pandemia. El manejo ha sido tan opaco que ni siquiera tenemos datos confiables de cuántas personas se contagiaron de COVID-19, cuántas están hospitalizadas, cuántas fallecieron. El gobierno no entrega información, la oculta. Y cuando hay revelaciones o denuncias de corrupción, ataca y difama al denunciante.

    ¿Cómo ha impactado esta situación sobre el trabajo de Acción Ciudadana?

    Acción Ciudadana promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el combate a la corrupción y la impunidad. De ahí que buena parte del trabajo que hacemos consista hacer monitoreos - del financiamiento de la política, las elecciones internas de los partidos políticos y la propaganda electoral; de la labor de la fiscalía general, la transparencia de la gestión pública y los obstáculos para el acceso a la información; y del funcionamiento de los mecanismos institucionales de prevención, detección y castigo de la corrupción.

    Para hacer nuestras investigaciones necesitamos acceder a información pública, pero las vías de acceso se están cerrando. Por ejemplo, la ley establece que la información sobre los viajes de los funcionarios públicos debe ser pública; sin embargo, el gobierno decidió que esas informaciones se mantendrían reservadas por siete años. En este caso puntual hubo algo de presión en los medios y en las redes sociales y el gobierno modificó el criterio, y ahora retiene esa información hasta 30 días después del viaje, supuestamente para proteger la seguridad del funcionario – lo cual sigue siendo ilegal.

    Cuando se nos deniega la información que debería ser pública, ya no podemos acudir a las instancias que salvaguardan el acceso a la información porque o están cooptadas o tienen miedo. Por ejemplo, algunos partidos políticos – empezando por el oficialista - no nos entregan su información financiera. Llevamos casi tres años denunciándolo al Tribunal Supremo Electoral, pero éste no admite nuestras denuncias. Entonces cuando un partido no nos da información ya no recurrimos al Tribunal, y frente a una ley inconstitucional ya no recurrimos a la Sala Constitucional.

    También hemos perdido capacidad de incidencia. Normalmente nuestros monitoreos darían lugar a denuncias e investigaciones penales. Pero actualmente lo máximo que podemos hacer es publicar los resultados de nuestras investigaciones en algunos medios y ofrecerlos a la opinión pública, pero ya no alimentar con ellos procesos institucionales. Por ejemplo, encontramos que en la campaña presidencial de 2019 una empresa le donó un millón de dólares a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la coalición electoral de Bukele, y en 2020 el gobierno le adjudicó a esa empresa un contrato de asociación público-privada para administrar y ampliar el aeropuerto. Nosotros evaluamos que hubo un conflicto de interés, pero no podemos llevar el tema ni a la fiscalía ni a la Corte de Cuentas para pedirles que investiguen.

    El presidente Bukele parece difícil de clasificar ideológicamente. ¿Cuál es su programa?

    Si tuviera que clasificar al partido del presidente, diría que es un partido “atrapa-todo”, sin un proyecto político definido en términos ideológicos. Hasta que fue expulsado en 2017, Bukele era del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y se mostraba como una persona de izquierda revolucionaria que abrazaba a Hugo Chávez y hablaba de justicia social. Luego, como presidente electo, dio un discurso en la Fundación Heritage, uno de los centros de pensamiento más conservadores de los Estados Unidos, y más neoliberal no podía ser. Él siempre decía que las cosas que hay que resolver no son cuestión de ideología, y Nuevas Ideas se armó con la lógica de que ahí cabían todos sin importar si eran de izquierda o de derecha. Y así fue, allí adentro hay de todo.

    Bukele no tiene un programa ideológico; el objetivo que persigue es concentrar poder. Puede tomar medidas de derecha o de izquierda, pero no porque tenga una u otra ideología, sino porque es lo que más lo beneficia. Por ejemplo, la mayor parte del sistema de pensiones en El Salvador es privado y probablemente él lo nacionalice, pero no porque por una cuestión de principios considere que este servicio público esencial tiene que ser de gestión estatal, sino porque el Fondo de Pensiones mueve cantidades millonarias, y el gobierno quiere echarle mano porque no tiene recursos y está endeudado y sin fuentes de financiamiento, ya que se le acaba de caer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la privatización es presentada como un acto de justicia hacia los pensionados, que reciben pensiones de hambre. En función de esta medida un observador externo podría pensar que su gobierno es de izquierda, pero no es una medida ideológica sino de conveniencia. El gobierno se mueve en función de la búsqueda de provecho político y económico, y por eso muchas veces aparece como errático o improvisado. No hay una visión que oriente la planificación de las 

    ¿A qué se deben las protestas que enfrenta actualmente el gobierno?

    Las protestas que se iniciaron a principios de septiembre estallaron en reacción a la adopción del bitcoin como divisa oficial junto al dólar estadounidense. Mucha gente que apoya y valora a Bukele se opuso a esta medida pensando que les podría afectar. Ha sido la primera medida del gobierno que ha tenido un gran rechazo popular, y pienso que no ha sido solo por oposición hacia la criptomoneda, sino también por la forma en que se están tomando las decisiones, sin suficiente información, debate y participación. Bukele hizo el anuncio en un evento en Miami un día sábado, y el lunes siguiente se presentó el proyecto de ley, que fue aprobado el martes. Todo se resolvió en tres o cuatro días con total secretismo.

    Lamentablemente, la reacción en este tema ha sido la excepción, y posiblemente se deba a que es un tema del que mucha gente no entiende demasiado y eso provoca temor. En términos generales, la mayoría aplaude al presidente, a su manejo de la pandemia y a su Plan de Control Territorial, que es una estrategia de militarización de la seguridad ciudadana. Esto se debe a que la narrativa que construyó el gobierno ha sido exitosa. Por ejemplo, cuando destituyeron a los jueces de la Sala Constitucional – una maniobra que desde la sociedad civil se denunció como un golpe de Estado - el gobierno dijo que habían echado a los corruptos y mucha gente se lo creyó. Hubo gente que salió a protestar, no solo de la sociedad civil organizada, sino también ciudadanos comunes, pero fueron una minoría. Contrarrestar la narrativa oficial es difícil. 

    ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil salvadoreña para poder ejercer plenamente su rol?

    Es bien complicado. Los periodistas logran que les filtren información y sacan sus notas, pero nosotros no somos periodistas. Nuestras vías para conseguir el material que necesitamos para desempeñar nuestro rol de contralor es buscarlo en los portales institucionales y hacer solicitudes de información. Nos ayudaría cualquier esfuerzo para lograr que las instituciones públicas abran un poco más la información. 

    También necesitamos apoyo en términos de seguridad personal y digital, así como en el área de comunicaciones, porque evidentemente desde la sociedad civil no hemos logrado comunicar adecuadamente nuestros mensajes y no hemos logrado construir una narrativa alternativa a la oficial.

    El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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  • JAMAICA: “Tras 20 años de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+”

    Karen LloydCIVICUS conversa con Karen Lloyd, directora asociada de J-FLAG, sobre la situación de las personas LGBTQI+ en Jamaica y la significación de un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabiliza al gobierno jamaiquino de la violación de derechos. J-FLAG es una organización de derechos humanos y justicia social que defiende los derechos, la vida y el bienestar de las personas LGBTQI+ en Jamaica.

    ¿Cuál es la situación de las personas LGBTQI+ en Jamaica?

    La discriminación basada en el género y la sexualidad sigue siendo preocupante y afecta a las personas de muchas maneras, ya que dificulta su derecho al trabajo, a la educación y a la salud, e incluso los derechos a la vida y la igualdad ante la ley. La ley no protege a las personas de la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo está penalizada.

    En abril de 2011, el gobierno jamaiquino aprobó la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, pero los llamamientos para que incluyera garantías de no discriminación por orientación sexual e identidad de género no fueron escuchados. La Encuesta Nacional de 2012 sobre Actitudes y Percepciones hacia las Relaciones entre Personas del Mismo Sexo, encargada por J-FLAG, reveló que una de cada cinco personas en Jamaica respetaba a las personas LGBTQI+ y apoyaba la inclusión de la orientación sexual como motivo de no discriminación. Además, aproximadamente un tercio de la población creía que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para proteger a las personas LGBTQI+ de la violencia y la discriminación.

    Las personas que integran la comunidad LGBTQI+ jamaiquina se ven sistemáticamente privadas de sus derechos humanos y sufren discriminación, exclusión, ataques violentos, abusos policiales, falta de empleo y una clara falta de protección legal, entre otros problemas generalizados. Muchas personas LGBTQI+ viven con miedo debido a las políticas, leyes y actitudes discriminatorias y a la falta de voluntad política para proteger sus derechos humanos. Desde 2009, J-FLAG recibió más de 600 denuncias de casos de abuso y violencia, y la Encuesta Nacional realizada en 2015 reveló que apenas el 12% de la ciudadanía manifestaba tolerancia hacia las personas LGBTQI+.

    Un informe de 2016 reveló que de 316 jamaiquinos LGBTQI+, el 32% informó haber sido amenazado con actos de violencia física en los cinco años precedentes y el 12% dijo haber sido agredido; el 23,7% informó que había sido amenazado con violencia sexual y el 19% haber sido agredido sexualmente. Sin embargo, el 41% no había denunciado estos incidentes porque creía que la policía no haría nada al respecto, y el 30% consideró que lo ocurrido no era lo suficientemente importante. Uno de cada cuatro temió una reacción homofóbica de la policía y uno de cada cinco se sintió demasiado avergonzado y prefirió que nadie se enterara.

    Esta realidad se ve agravada por la homofobia y la transfobia, así como por las leyes que criminalizan la intimidad homosexual entre hombres, una legislación antidiscriminatoria débil y en gran medida inaccesible, una débil protección contra la violencia sexual y doméstica y la falta de reconocimiento legal de las relaciones entre personas del mismo sexo.

    En febrero de 2021, la CIDH publicó un informe sobre los derechos del colectivo LGBTQI+ en Jamaica. ¿Cuál fue su relevancia?

    Varios artículos de la Ley de Delitos contra la Persona (OAPA, por sus siglas en inglés), que data de 1864, prohíben las actividades sexuales entre hombres. Su artículo 76 tipifica como delito la sodomía, su artículo 77 tipifica como delito a todo intento de sodomía y su artículo 79 tipifica como delito los actos de indecencia grave, que pueden incluir besos, cogidas de mano y otros actos de intimidad entre hombres. Los hombres condenados por sodomía se enfrentan a un máximo de 10 años de trabajos forzados. Esta y otras leyes relativas a delitos sexuales que preceden a la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales están protegidas de desafíos legales fundados en derechos.

    En los casos examinados por la CIDH, los peticionarios -el Sr. Gareth Henry, que es gay, y la Sra. Simone Edwards, que es lesbiana- alegaron que, al seguir criminalizando la actividad sexual privada consentida entre varones adultos y al proteger a estas leyes de toda impugnación, Jamaica estaba contraviniendo su obligación asumida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sostuvieron que esto contribuía a perpetuar la cultura de homofobia violenta de Jamaica y animaba al Estado y a la población en general a perseguir no solamente a los hombres homosexuales, sino también a la comunidad LGBTQI+ en su conjunto. Ambos afirmaron que habían sido víctimas de ataques homofóbicos. 

    El informe de la CIDH concluyó que el gobierno jamaiquino era responsable de estas violaciones de sus derechos. Lo último que supimos fue que el departamento del fiscal general había reconocido la decisión y estaba preparando una respuesta. Para la sociedad civil, el informe reforzó los llamamientos en curso a enmendar la OAPA y pasó a formar parte de la incidencia legislativa para lograr el cambio legal. Sin embargo, los esfuerzos de incidencia con legisladores han seguido siendo difíciles, ya que éstos no quieren que se los asocie públicamente con un llamamiento a derogar la OAPA, en previsión de una posible reacción de grupos extremistas religiosos y de algunos segmentos de la ciudadanía.

    ¿Cómo trabaja el J-FLAG para intentar mejorar la situación?

    J-FLAG es la principal organización de derechos humanos y justicia social jamaiquina que aboga por los derechos, los medios de vida y el bienestar de las personas LGBTQI+ en Jamaica. Nuestro trabajo apunta a construir una sociedad que respete y proteja los derechos de todas las personas. Nuestra dirección y nuestro personal están comprometidos con la promoción del cambio social, el empoderamiento de la comunidad LGBTQI+ y el fomento de la tolerancia y la aceptación hacia las personas LGBTQI+. Promovemos los valores de la inclusión, la diversidad, la igualdad, la equidad y el amor. Estos valores están en el centro de todo lo que hacemos, ya que buscamos convertirnos en agentes eficaces de cambio social.

    Para lograr nuestros objetivos, trabajamos en cuatro áreas principales. En primer lugar, tratamos de mejorar la prestación de servicios sanitarios no discriminatorios, de involucrar a las principales partes interesadas para hacer frente a la discriminación relacionada con el empleo y de ofrecer a los y las jóvenes LGBTQI+ una organización enfocada en las cuestiones que afectan directamente sus perspectivas de vida.

    En segundo lugar, tratamos de aumentar la participación en los procesos de desarrollo y revisión de políticas, empoderando a la juventud LGBTQI+ y a los y las líderes juveniles y aumentando la colaboración entre jóvenes LGBTQI+ que participan en organizaciones juveniles convencionales.

    En tercer lugar, creamos paquetes de servicios para jamaiquinos LGBTQI+ con el objetivo de aumentar su acceso a información y asesoramiento, reducir el número de personas sin hogar, incrementar el acceso a servicios sociales no discriminatorios, habilitar el acceso a un ocio seguro y alentar la creación de redes.

    En cuarto lugar, defendemos los derechos humanos de las personas LGBTQI+ legitimando las necesidades de la comunidad, sensibilizando a la población y a los parlamentarios en materia de derechos humanos, estigma y discriminación, aumentando la capacidad de los y las líderes LGBTQI+, de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de otras partes interesadas y titulares de obligaciones para que estén mejor equipados para responder a las necesidades de las personas LGBTQI+, y aumentando la visibilidad de las experiencias y los problemas que les afectan. 

    ¿Cuáles han sido sus principales logros y lecciones aprendidas hasta ahora? 

    Nuestros logros en la última década incluyen la formación de más de 700 trabajadores de la salud, en colaboración con el Ministerio de Salud y Bienestar, sobre cómo tratar a pacientes LGBTQI+; exitosas campañas en los medios de comunicación, tales como We Are Jamaicans (“Somos Jamaiquinos”), #iChooseLove (“Yo elijo el amor”) y #OutLoudJA (“En vos alta”), que buscaban concientizar a la ciudadanía sobre la situación y los derechos de las personas LGBTQI+; nuestras celebraciones públicas del Orgullo; cuatro encuestas nacionales sobre las actitudes y percepciones de la ciudadanía sobre las personas y los temas LGBTQI+; la provisión de apoyo en desarrollo de capacidades para OSC y líderes juveniles; y la producción de numerosas investigaciones y publicaciones sobre temas LGBTQI+.

    Desde nuestro evento inaugural del Orgullo en 2015, todos los años Jamaica ha tenido celebraciones durante el período de la “Emancipendencia”, que incluye celebraciones en conmemoración tanto del fin de la esclavitud como de la independencia del dominio colonial británico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Orgullo de Jamaica ha sido conceptualizado e implementado en forma adaptada al contexto cultural; por ejemplo, no incluye un desfile y en cambio adopta la forma de un conjunto diverso de eventos y actividades que son relevantes para los jamaiquinos, entre las que se cuentan una jornada de deportes, un servicio religioso, una feria comercial, un concierto, eventos festivos y una jornada de servicio. En nuestro Orgullo inaugural de 2015, la oradora principal de la ceremonia de apertura fue la alcaldesa de Kingston, la Dra. Angela Brown-Burke, que constituyó una señal de que la comunidad tenía aliados en la cúpula política y parlamentaria.

    Otro éxito ha sido contar en los actos del Orgullo con la participación de artistas de renombre, como Tanya Stephens, D'Angel, Jada Kingdom, Tifa, Ishawna, Yanique Curvy Diva y Stacious. Esto enfocó la atención nacional en nuestras celebraciones y supuso un cambio positivo en relación con espacios culturales que habían sido muy disputados.

    Por primera vez este año, J-FLAG no estuvo al frente de la organización de todos los actos del Orgullo, sino que proporcionó apoyo financiero y logístico a integrantes de la comunidad para que lideraran sus propios actos. Bautizada como #PrideShare (“Orgullo compartido”), la iniciativa contó con actos dirigidos por miembros de la comunidad, incluidos eventos artísticos y una batalla de sincronización de labios, cuyo éxito indicó que nuestros esfuerzos constituyen un paso en la dirección correcta.

    Tras 20 años de labor de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+ y se observa un aumento de la tolerancia pública y una creciente voluntad entre representantes parlamentarios, líderes políticos y tomadores de decisiones de interactuar con la comunidad LGBTQI+ local, lo cual ha implicado avances en el trabajo con organizaciones y personas defensoras de los derechos LGBTQI+ para mejorar la vida de quienes integran esta comunidad. En particular, J-FLAG ha establecido y sostenido una importante alianza con el Ministerio de Salud que ha permitido formar y sensibilizar a más de 500 trabajadores de la salud para luchar contra el estigma y la discriminación en el sector sanitario.

    A pesar de estos logros, el movimiento se ha visto afectado por la lentitud de las reformas legislativas y políticas, la escasa disponibilidad de espacios para la movilización y la participación de la comunidad, el escaso apoyo financiero para hacer frente a la falta de vivienda y al desplazamiento, y el escaso involucramiento de las personas LGBTQI+ que viven en zonas rurales. J-FLAG, en particular, ha subrayado la necesidad de mayores apoyos para fortalecer los sistemas comunitarios como medio para amplificar los esfuerzos de incidencia y garantizar un mayor alcance y un mayor impacto.

    ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor la lucha de las personas LGBQTI+ en Jamaica, y en el Caribe en general?

    La sociedad civil internacional puede apoyar al movimiento local y regional de muchas maneras. Por ejemplo, puede darnos un asiento a la mesa durante las conversaciones globales y partir de la base de que, en lo que atañe a lo que está sucediendo en nuestras sociedades, nosotros somos los expertos. En la medida de lo posible, también debería respaldar nuestros esfuerzos de financiación con los donantes internacionales. También puede ayudarnos compartiendo buenas prácticas e investigaciones pertinentes y concientizando a un público más amplio sobre los problemas que enfrentamos en Jamaica y en el Caribe.

    El espacio cívico en Jamaica es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con J-FLAG a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@EqualityJa en Twitter.