Malasia

• MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’

  

  CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.

  NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.

  Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personastrabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamientoy deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Uninforme sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.

  ¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?

  En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.

  Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.

  También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

  En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.

  ¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?

  Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.

  El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.

  Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.

  También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.

  La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.

  ¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?

  Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

  Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita,y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

  Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

  Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.

  También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.

  Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.

  Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.

  ¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?

  Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.

  ¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?

  Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.

  Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.

  Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.

  Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.

  El espacio cívico enMalasia es clasificado como obstruido por elCIVICUS Monitor

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• MALASIA: “El gobierno debería haber asistido a los refugiados durante la pandemia”

  CIVICUS conversa con Htoon Htoon Oo, refugiado y activista de Myanmar, actualmente residente en Malasia. En 2007 era estudiante de Química en la Universidad de Yangon Oriental y, en calidad de activista, participó en la llamada Revolución Azafrán, una serie de protestas desencadenadas por un aumento de los precios del combustible en 2007, las cuales fueron duramente reprimidas. También estuvo activo durante la transición de Myanmar de la dictadura militar a un gobierno cuasi civil en 2010.

  Consciente de estar bajo la vigilancia del Estado y temiendo que sus familiares y seres queridos sufrieran represalias y acoso a causa de su activismo, huyó de Myanmar en 2011 y desde entonces vive como refugiado en Malasia.

  

  ¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en Malasia?

  La vida de las personas refugiadas de Myanmar en Malasia sigue siendo difícil, ya que supone diversas luchas y sufrimientos. A menudo nos sentimos indefensos, desesperados y desprotegidos. En mayo de 2021, había unas 179.570 personas refugiadas y solicitantes de asilo registradas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Malasia. La mayoría -un total de 154.840- procedían de Myanmar, incluidas unas 102.950 de etnia rohingya, 22.490 de etnia china y 29.400 de otros grupos étnicos que huían de la persecución o de zonas afectadas por el conflicto.

  Malasia aún no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La ausencia de un marco legal para reconocer a las personas refugiadas y solicitantes de asilo ha creado condiciones problemáticas y de explotación porque las personas refugiadas y solicitantes de asilo carecemos de derechos formales para trabajar, no tenemos estatus legal y seguimos corriendo el riesgo de ser arrestadas, detenidas y devueltas, y no nos beneficiamos de ninguna protección legal.

  También tenemos libertades cívicas limitadas. Aunque hay muchas organizaciones de personas refugiadas de diversos orígenes, a la hora de expresar nuestras preocupaciones y organizar nuestras luchas, la realidad es que no podemos hacerlo libremente. Existe un temor común entre las personas refugiadas respecto de las consecuencias de hablar sobre nuestras luchas, expresar nuestras preocupaciones y reclamar por nuestros derechos.

  Por ejemplo, según el artículo 4(a) de la Ley de Reuniones Pacíficas, el derecho a manifestarse pacíficamente está reservado exclusivamente a quienes tienen ciudadanía malaya. Además, en Malasia hay muchas leyes que tienen un efecto amedrentador que evita que las personas refugiadas se manifiesten, tales como la Ley de Inmigración, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, así como a los refugiados, dado que no estamos reconocidos por la ley. La Ley de Inmigración también expone a las personas refugiadas a severas formas de castigo, como la flagelación. La falta de reconocimiento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Malasia nos expone a la detención, a la cárcel y a diversos abusos.

  ¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas refugiadas en el marco de la pandemia?

  Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en Malasia, en marzo de 2020, las personas refugiadas han enfrentado numerosas dificultades. El confinamiento, conocido como Orden de Control de Movimientos (OCM), que se implementó en todo el país, ha tenido un gran impacto sobre los refugiados.

  Aunque según la legislación malaya no pueden trabajar, algunas personas refugiadas buscan trabajos informales para sobrevivir. Durante la pandemia, hemos visto casos de empleadores que obligan a personas refugiadas a trabajar por salarios inferiores a los normales o a tomar licencias no remuneradas o a renunciar solamente por su condición de refugiados. Muchas personas refugiadas han perdido sus empleos debido a la pandemia. Nada nos protege de estos abusos.

  Durante la pandemia también hemos temido por nuestra seguridad porque ha habido varios casos de personas refugiadas que han sido blanco de la policía y de los funcionarios de inmigración debido a la falta de políticas claras y de conciencia de lo que es un refugiado entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Algunas personas refugiadas fueron multadas por la policía, y algunas incluso permanecieron detenidas en comisarías durante varios días.

  También hay quienes nos tachan de inmigrantes ilegales aunque tengamos tarjetas o documentos completos y auténticos del ACNUR que nos acreditan como refugiados.

  La mayoría de las personas refugiadas que enfrentan estas dificultades también hacen frente a la depresión y están mentalmente agotadas de tanto pensar en cómo sobrevivir y mantenerse a salvo.

  ¿Han recibido las personas refugiadas algún tipo de apoyo del gobierno malayo o del ACNUR durante la pandemia?

  No hemos recibido ningún apoyo del gobierno de Malasia; más bien hemos experimentado más redadas y mayores restricciones. Esto es lo contrario de lo que debería haber ocurrido: deberían habernos facilitado el acceso a información sobre tratamientos y pruebas de diagnóstico del COVID-19 y debería haber habido otros programas de apoyo para refugiados durante la pandemia.

  En cambio, en mayo de 2020 el departamento de inmigración y la policía de Malasia llevaron a cabo redadas de inmigración en Kuala Lumpur. Mientras que las personas inscritas en el ACNUR se libraron en gran medida de ser detenidas, las personas solicitantes de asilo no inscriptas fueron detenidas junto con los trabajadores migrantes indocumentados. Además, algunas quedaron atrapadas en zonas bajo confinamiento estricto, rodeadas de alambre de púa, donde se prohibía a los residentes salir de sus casas, lo que hizo que la situación fuera muy difícil. Muchos de nosotros no nos hemos recuperado de esto.

  Durante la pandemia también ha habido en internet una oleada de discurso de odio hacia las personas refugiadas, y en particular hacia las rohingya, acompañada de anuncios y políticas gubernamentales hostiles hacia las personas migrantes y refugiadas.

  El ACNUR envió mensajes directos a aquellas personas refugiadas cuyos documentos habían caducado, informándoles que seguirían siendo válidos hasta que el ACNUR pudiera reanudar sus operaciones normales, interrumpidas por la pandemia. Sin embargo, esto no supuso ninguna diferencia para la autoridad de aplicación de la ley, y muchas personas han sido multadas e incluso detenidas.

  ¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en materia de acceso a la vacuna contra la COVID-19?

  El gobierno de Malasia ha alentado a las personas refugiadas a inscribirse para la vacunación, pero no ha proporcionado información clara, y los sistemas existentes no son accesibles para las personas refugiadas.

  Por ejemplo, la inscripción para la vacunación exige documentos específicos. El sistema exige a refugiados y solicitantes de asilo que introduzcan un documento de identidad o número de pasaporte, dos documentos a los que no tenemos acceso. El sistema debería ser más inclusivo para todas las personas que viven en Malasia, incluidas las refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentadas, porque las vacunas deberían ser la primera barrera contra el contagio de la COVID-19. Si nos detienen las cosas solo empeorarán, porque es sabido que en los centros de detención se producen cadenas letales de contagio. En la raíz de este problema está la criminalización de la inmigración.

  ¿Cuáles son las demandas de las comunidades de refugiados hacia el gobierno malayo y la comunidad internacional?

  Nos gustaría que el gobierno malayo concientizara a la opinión pública sobre la condición de las personas refugiadas como tales, no como inmigrantes ilegales, grupos de riesgo o incluso delincuentes. Se ha impuesto una percepción negativa de las personas refugiadas, como si sólo se beneficiaran de la sociedad y no contribuyeran nada a ella, lo cual es falso.

  La verdad es que queremos contribuir a Malasia en todo lo que podamos. Instamos al gobierno de Malasia a que dé a las personas refugiadas acceso legal al trabajo y a que reconozca el estatus legal de las personas refugiadas. Actualmente no podemos encontrar empleo formal, y la ausencia de reconocimiento nos expone a la explotación. Esperamos que el gobierno genere conciencia sobre las verdaderas razones por las que las personas refugiadas están aquí.

  Espero que el gobierno pueda trabajar mano a mano con el ACNUR y la sociedad civil para resolver los problemas de las personas refugiadas de forma más adecuada y eficaz y no deporte a ninguna persona detenida de regreso a Myanmar, actualmente bajo un régimen militar. En cambio, deberíamos encontrar soluciones, tales como un programa de reasentamiento. También debería haber políticas e información claras sobre la vacunación que sean accesibles para todas las personas refugiadas.

  El espacio cívico en Malasia es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

• MALAYSIA: ‘We need global solidarity to push back on attacks on rights’

  As part of our 2019thematic report, we are interviewing civil society activists and leaders about their experiences of backlash from anti-rights groups and their strategies to strengthen progressive narratives and civil society responses. CIVICUS speaks to Thilaga Sulathireh of Justice for Sisters and Seksualiti Merdeka about LGBTQI rights in Malaysia and the ways in which state and non-state forces are working together to deny rights.

  Can you tell us about your work and the status of LGBTQI rights in Malaysia?

  I work with Justice for Sisters and Seksualiti Merdeka. Justice for Sisters is a network that primarily works for the human rights of trans people in Malaysia, and we provide legal support, do human rights documentation, engage in national policy work and undertake advocacy with the United Nations (UN) to highlight human rights violations. At Seksualiti Merdeka, we recently launched a website, Queer Lapis. We do capacity strengthening and content production. The work we do is very much grounded in feminist, intersectional principles, and from a queer perspective.

  The human rights of LGBTQI people are definitely regressing in Malaysia. Malaysia historically inherited section 377 of the Penal Code, which criminalises ‘unnatural’ sexual acts, from British colonial rule. Section 377 has been amended several times, and the last amendment in 2017 resulted in the imposition of mandatory whipping as a punishment for consensual carnal intercourse deemed unnatural. The law is gender-neutral but it is used in political ways. As a result, people see it as a law that applies to gay people. We also have shariah laws in three states of Malaysia, introduced between 1995 and 2013, that penalise same-sex relations and posing as a woman or man. Unlike Section 377, these laws directly criminalise sexual and gender identity. The implementation of these laws varies according to state, but amongst them, the law against posing as a woman is most actively used.

  Has the situation for LGBTQI people changed in recent years?

  In recent years, arrests and raids made under these laws have decreased, because of a legal challenge that took place between 2010 and 2015. An appeal went through the different stages of courts. We got a negative decision in the High Court and then won in the Court of Appeal, which upheld that the law was unconstitutional, but then the decision was overturned by the Federal Court. But because of the activism around this case, the number of arrests significantly reduced.

  At the same time we saw a shift in tactics by the government’s Islamic Department, which has adopted a softer evangelical approach towards LGBTQI people. They saw that heavy prosecutions were giving the department a bad image, so there was a shift towards a softer approach, around promoting the ‘rehabilitation’ of LGBTQI people. There is a narrative that LGBTQI people need help in returning to the ‘right path’.

  We saw an increase in state-funded ‘rehabilitation’ activities in this decade, at the same time that Seksualiti Merdeka, which used to organise festivals, was banned in 2011. The government decided it needed to increase its response to this growing LGBTQI movement. This gave rise to more groups that promote and provide ‘rehabilitation’ or ‘conversion therapy’. We have seen more anti-LGBTQI campaigns in universities and on social media. We have seen more concerted efforts overseen by the Ministry of Religious Affairs, which sits under the Prime Minister’s office, and which launched a five-year action to plan to address the ‘social ills’ caused by LGBTQI behaviour. This brought together most ministries.

  As well as the use of various laws and increased state funding for anti-LGBTQI activities, we have seen a heavy-handed response to the freedoms of association and assembly of LGBTQI people. For example, when LGBTQI people have taken part in women’s marches, their organisations have been investigated.

  Did anything alter as a result of the May 2018 election, which saw the first change of government in Malaysia’s independent history?

  The 2018 election has historic in that it changed the administration, but the government has adopted and continued the same policies. Nothing has changed from the LGBTQI perspective. We still see the same amount of resources going into policies that treat LGBTQI people as a problem.

  There is also an ongoing struggle between the new government and the former ruling party that is now in opposition, and this is used to justify the lack of change for LGBTQI people. Right after the election a lesbian couple was arrested in the state of Terengganu, which is an opposition-controlled state. They were charged for sexual relations between women and caned openly in the public court. After this there were also two cases of caning of sex workers.

  So there is all this moral policing. Homophobia is real, but there is also a political tussle and mind games being played over who are the guardians of Islam and race. In this crossfire LGBTQI issues and people become politicised.

  Who are the main groups attacking LGBTQI rights in Malaysia?

  All the groups attacking LGBTQI rights use evangelical language, similar to the right wing in Europe or the USA. They reject the universality of human rights, are nationalistic, oppose pluralism and diversity in many ways, prioritise a particular race or religion and support ‘conversion therapy’. Some of the state-funded activities towards LGBTQI people are carried out by these groups.

  There are celebrity preachers who post social media videos encouraging people to troll LGBTQI people and those who post LGBTQI-related content. There are also individuals who make homophobic comments and conservative student groups who organise against LGBTQI people. But they are less physically aggressive than those in Europe and the USA. They are often careful not to insult LGBTQI people out of fear of giving Islam a bad name.

  There are also ethno-nationalist groups, with the purpose of protecting Muslims and ethnic Malays, that also engage in anti-LGBTQI activity. These don’t adopt an evangelical approach. They engage more in reporting LGBTQI people to the police, and sometimes physical intimidation and violence. At the last women’s march, we saw some of these groups physically intimidating participants. They also issue statements and have an active social media presence.

  Then there are groups that call themselves Islamic non-governmental organisations (NGOs), some of which come together under a coalition of Islamic NGOs that participate in the Universal Periodic Review (UPR) process of the UN Human Rights Council (UNHRC). These include groups that use more rights-oriented language, given that they engage in the UPR process, and particularly use the language of religious rights. They position what they call the ‘rehabilitation’ of LGBTQI people as consistent with these religious rights. They also cite examples such as the case of a bakery in the USA that was taken to court for refusing to provide a cake for a same-sex wedding to support their arguments for religious rights. Some of these are groups of doctors, lawyers and academics, and they make pseudo-scientific and legal arguments against LGBTQI rights. Some of these Islamic NGOs also provide services, and as such are involved in the government’s ‘rehabilitation’ programme.

  Within civil society, there is a tension between groups that support the universality of human rights and those that oppose it. Between those that promote pluralism and liberalism and those that oppose these. Between those that support LGBTQI rights and those that talk in terms of ‘rehabilitating’ LGBTQI people.

  How do these tensions play out around civil society’s engagement at the international level?

  Some of those Islamic NGOs engage in policy spaces. If LGBTQI CSOs attend a government consultation on the UPR, they share the space with these.

  The UPR process – and UN processes more generally – offer a key site of contestation between these two camps. The second UPR cycle in 2013 was seen by critics as an attempt by civil society to push for the recognition of LGBTQI rights and destabilise the position of Islam in the Federal Constitution. There was a lot of pushback. And then in the third UPR cycle in 2018, these groups participated in the process and claimed space. Some of the recommendations of this group were included in the report compiled by the UNHRC.

  When the Government of Malaysia tried to ratify the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the Rome Statue of the International Criminal Court, there was a lot of pushback from these groups and attempts to mobilise Muslim people against ratification. The government pulled out of ratifying on the grounds that it would affect the position of Islam and could offer an entry point to the recognition of LGBTQI rights.

  How do different groups that oppose LGBTQI rights connect and receive support?

  After the corruption scandal that led to the ruling party losing the election, ethno-nationalist groups are no longer as closely linked to political parties as they used to be. I suspect now they are mostly self-funded. With Islamic NGOs, I suspect they receive some foreign funding. Some have a presence outside Malaysia as well. There is an umbrella group, ISMA (Malaysian Muslim Solidarity), which apparently has an office in Germany.

  We also believe some groups receive state funding for their participation in the government’s anti-LGBTQI programme. When a colleague raised the issue of state-sponsored violence against LGBTQI people at a UPR meeting, this created a lot of protest from Islamic NGOs, including those linked with ISMA, who demanded an apology and retraction. The small organisations that are providing ‘rehabilitation’ services also mobilised in their support, making quite clear the connections between groups receiving state funding to provide services and Islamic NGOs advocating against LGBTQI rights.

  How is progressive, rights-oriented civil society trying to respond?

  In the last few years LGBTQI groups are also pushing back and being more organised. The coalition of human rights organisations that participated in the UPR process has also tried to engage with Islamic NGOs and tried to increase engagement by pro-human rights Islamic organisations. They had some success in the UPR process in getting some groups to recognise the discrimination LGBTQI people face. Now there are more civil society groups that are countering arguments against universal human rights online, and more actions to communicate human rights messages in popular ways and in different languages. LGBTQI groups are working on communication strategies. We need this because we face overwhelming misinformation about LGBTQI people.

  LGBTQI groups recognise that these issues aren’t restricted to Malaysia alone. We see a lot of tension at the UN level and realise these issues are ongoing, with states pushing the adoption of problematic language. For example at the Commission on the Status of Women in 2019, language about sexual orientation and gender identity was dropped because of pushback from conservatives. This is a global issue. Civil society everywhere is dealing with these challenges. So how can we come together and strategise around this? How can we do global activism better?

  We need to make sure there is diverse representation in these international forums. We need to have global solidarity to push back on attacks on rights.

  Because there’s a religious dimension to this, and because Islamophobia is on the rise, we need also to be careful when talking about these issues not to encourage more Islamophobia. We need to have more conversations about how we address intersectional forms of oppression and also give spaces for Islamic groups to participate in processes that help address Islamophobia. This is something that as civil society we need to be sensitive to.

  Civic space in Malaysia is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

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