medio ambiente

 

  • ‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

    Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

    Rodrigo Mundaca

    ¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

    El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

    La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

    Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

    ¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

    La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

    En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

    ¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

    Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

    Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

    En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

    Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

    Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

    La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

    ¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

    Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

    A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

    Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

    La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

    ¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

    En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

    También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

    ¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

    Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

    También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

    Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

    ¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

    Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

    Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

    El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • BIODIVERSIDAD: “Los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo”

    Gadir LavadenzCIVICUS conversa con Gadir Lavadenz, coordinador global de la Alianza de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Alianza de la CDB), sobre el proceso en curso para redactar un Marco Global de la Biodiversidad post-2020 con la plena participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en general.

    La Alianza de la CDB es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con un interés común en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Trabaja para aumentar la comprensión pública de las cuestiones que aborda, mejorar la cooperación entre las organizaciones que desean tener una influencia positiva en la CDB y saldar la brecha entre quienes participan en las sesiones de la CDB y quienes trabajan por la biodiversidad en el terreno, respetando la independencia y la autonomía de los pueblos indígenas, un actor clave.

    ¿Qué es la Alianza de la CDB, qué hace y cómo se desarrolló?

    Los orígenes de la Alianza de la CDB, hace unas dos décadas, fueron orgánicos: surgió de forma natural cuando los participantes en el proceso de la CDB reconocieron la necesidad de actuar juntos y amplificar las voces de la sociedad civil en las negociaciones. Desde el principio, el rol de la Alianza de la CDB no fue hablar en nombre de la gente, sino apoyar de la mejor manera posible todos los esfuerzos de incidencia que se realizaban de forma autónoma.

    A pesar de nuestras limitaciones, tenemos muy claro que los grupos menos privilegiados necesitan un apoyo específico. Además, aunque nuestra red es diversa, respetamos el rol y mantenemos una coordinación fluida con los demás grupos importantes que participan en el proceso, en particular el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), la Red Mundial de Jóvenes sobre Biodiversidad y el Cónclave de Mujeres.

    La Alianza de la CDB es una comunidad amplia: incluye tanto a los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) como a las OSC que les dan apoyo. Respetamos plenamente las estructuras de gobierno y los procesos de toma de decisiones de cada uno de estos grupos. Mantenemos una comunicación y una coordinación fluidas con el FIIB, que representa al mayor grupo de pueblos y comunidades indígenas comprometidos con la CDB. Apoyamos sus declaraciones durante las reuniones oficiales, apoyamos la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las reuniones internacionales siempre que resulta posible y amplificamos todas sus publicaciones y campañas.

    ¿Por qué es necesario un nuevo Marco Global de la Biodiversidad?

    Históricamente, la aplicación de la CDB se ha centrado en su primer objetivo, la conservación de la diversidad biológica, y se ha prestado relativamente poca atención a su segundo y tercer objetivos, que son la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Esta es una de las razones por las cuales la CDB no ha podido obtener los resultados esperados. En la última década, la falta de voluntad política de las partes de la CDB condujo al fracaso en la consecución de los objetivos de Aichi, y existe abundante literatura que demuestra que la destrucción de la biodiversidad sigue ocurriendo a un ritmo galopante.

    Un nuevo marco debería ser una oportunidad única para corregir los errores del pasado. La CDB abarca un amplio abanico de temas, pero no ha conseguido abordar las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, y su excesiva atención a objetivos como el de las áreas protegidas, centrado en la cantidad y no en la calidad, ha ocultado enormes incoherencias en nuestro abordaje de la pérdida de biodiversidad.

    Por ejemplo, el Forest Peoples Programme, miembro de la Alianza de la CDB, reportó que el financiamiento global para la biodiversidad ha aumentado significativamente en la última década, y se calcula que actualmente oscila entre 78.000 y 147.000 millones de dólares al año. Sin embargo, se ve superado ampliemante por las subvenciones públicas y los flujos financieros que impulsan la pérdida de biodiversidad, estimados en entre 500.000 millones de dólares y varios billones de dólares al año.

    Además, aunque la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales es ampliamente reconocida como de vital importancia para la protección de la biodiversidad, a menudo se ven afectados negativamente por el financiamiento para la biodiversidad y sus esfuerzos reciben pocos apoyos directos.

    Otro miembro de la Alianza de la CDB, la Red del Tercer Mundo, informó que en 2019, 50 de los bancos más grandes del mundo respaldaron con más de 2,6 billones de dólares en industrias reconocidas como causantes de pérdida de biodiversidad. Un estudio reciente llegó a la conclusión de que “el sector financiero está financiando la crisis de extinción masiva, al tiempo que socava los derechos humanos y la soberanía indígena”.

    Según la Coalición Mundial por los Bosques, también integrante de la Alianza de la CDB, el financiamiento del clima y la generación de energía renovable subsidiada son una forma de subvención directa que a menudo perjudica a los bosques y no reduce las emisiones. El ejemplo más destacado de ello es el de la central eléctrica de Drax, en el Reino Unido, que recibe dos millones de libras esterlinas (unos 2,8 millones de dólares) al día para producir electricidad altamente contaminante a partir de madera talada de bosques de humedales de gran biodiversidad en el sureste de Estados Unidos, entre otros lugares. Otros ejemplos son el subsidio del Fondo Mundial para el Medio Ambiente a las empresas siderúrgicas para que produzcan carbón vegetal a partir de plantaciones de eucalipto en Brasil, y las numerosas subvenciones a nivel nacional y de la Unión Europea que recibe la industria de la pulpa y el papel en Portugal.

    Recientemente, en un acto organizado por el Secretariado de la CDB, varios de los llamados líderes globales prometieron grandes cantidades de dinero para la biodiversidad. Sin embargo, los países del norte global han incumplido sus compromisos internacionales en relación con fondos nuevos y adicionales. Lo que prometen para la naturaleza está mezclado con todo tipo de planes que no abordan las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad. Y las cantidades prometidas para proteger la biodiversidad se ven claramente superadas por todo el dinero que se invierte en su destrucción.

    Además de estas preocupantes contradicciones e incoherencias, los grupos poderosos y las naciones desarrolladas intentan constantemente y por todos los medios eludir sus responsabilidades. Consideramos que la presión para incorporar en la CDB términos tales como “soluciones basadas en la naturaleza” no es más que otro truco de los grandes contaminadores para incumplir sus obligaciones y una nueva forma de “lavado verde” y de acaparamiento de tierras por parte de las empresas.

    ¿Por qué todo esto no sale en los medios de comunicación? Esto es lo que ocurre cuando los principales actores enfocan toda su atención en determinadas políticas y actividades, tales como el aumento de las áreas protegidas. Las áreas protegidas no son malas en sí, pero están lejos de ser una solución real, como lo es el cambio en nuestros patrones de producción y consumo. La narrativa en torno de la CDB debe reorientarse hacia las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, que son más estructurales y están relacionadas con la justicia y la equidad. Del mismo modo en que el cambio climático ya no es considerado un problema puramente medioambiental, tenemos que entender al panorama general de destrucción de la biodiversidad en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los campesinos, las mujeres, las generaciones futuras y la propia naturaleza. Hay que acabar con la mercantilización de la naturaleza, ya que la naturaleza no nos pertenece ni a nosotros ni a unos pocos privilegiados entre nosotros. La naturaleza no necesita esquemas extravagantes ni mucho dinero para prosperar, necesita que dejemos de destruirla. Esta narrativa debería hacer que todos deseáramos y trabajáramos realmente por un profundo cambio individual y colectivo.

    ¿Qué cambios debería aportar el Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

    La CDB es un acuerdo jurídicamente vinculante y, si se implementa plenamente, tiene un gran potencial. El Marco Global de la Biodiversidad post-2020 debería ser el instrumento para hacer cumplir las obligaciones legales de las partes de la CDB mediante mecanismos de rendición de cuentas que sancionen toda inacción. También es una oportunidad para adoptar un enfoque basado en los derechos que sitúe en el centro del debate a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres y los campesinos, así como a los derechos de la naturaleza, conectando a la CDB con el andamiaje internacional de los derechos humanos. 

    Varios informes han demostrado que se han cometido violaciones de derechos humanos en aras de la promoción de las áreas protegidas. Aunque abordar la crisis de la biodiversidad y el cambio climático es posible e inevitable, diversos intereses presionan para que esta conexión se centre en las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, que no son sino una tapadera para esquemas como las compensaciones, que no benefician a la naturaleza sino al statu quo y no aportan soluciones reales a nuestros problemas estructurales.

    Otro gran desafío radica en el hecho de que la implementación de las normas medioambientales suele estar en manos de los ministerios de medio ambiente, que suelen ser completamente impotentes en comparación con otros que son los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad. Con el nuevo Marco Global de la Biodiversidad esto tiene que cambiar.

    La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad se ha pospuesto dos veces debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué desafíos ha provocado esta situación?

    El primer desafío que enfrentamos fue que los países del norte global presionaron fuertemente para continuar con las negociaciones a través de medios virtuales, sin tener en cuenta las diversas dificultades experimentadas no solamente por sus pares del sur global sino también por la sociedad civil. La Alianza de la CDB expresó en varias ocasiones su preocupación por las desigualdades e injusticias de las negociaciones virtuales y apoyó la propuesta de las partes del sur global de posponer las negociaciones. Recién cuando los Estados africanos y algunos latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por esta situación, las naciones ricas dieron marcha atrás. Se mantuvieron las reuniones en línea para que las conversaciones pudieran continuar, pero se estableció que las decisiones solo se adoptarían en reuniones presenciales.

    ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor el trabajo que están realizando en torno del Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

    Algunos de nuestros objetivos son garantizar que el Marco Mundial de la Diversidad post-2020 se centre en una sólida declaración de principios tales como los de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR); un mecanismo para lidiar con los incumplimientos, que incluya sanciones y esté bien integrado con el principio de CBDR; un objetivo centrado en las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente y en las mujeres, ya que ellas son quienes están defendiendo la biodiversidad en el mundo real; y un objetivo sobre la prohibición de grandes alteraciones de la naturaleza.

    Una vez aprobado el Marco, nuestra misión será coordinarnos con las regiones, redes y organizaciones que tienen una conexión directa con quienes trabajan en el terreno y en las primeras líneas. Esta coordinación deberá incluir una difusión masiva e intensa del Marco, pero centrándose en cómo puede empoderar a la gente en sus resistencias, luchas y proyectos.

    Aunque enfrenten obligaciones jurídicamente vinculantes, los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo. Dicha presión no puede producirse en ausencia de empoderamiento e información acerca de las decisiones adoptadas a nivel internacional.

    Póngase en contacto con la Alianza de la CDB a través de susitio web, su página deFacebook y su cuenta deTwitter. 

     

  • BOLIVIA: ‘Empoderamos a los jóvenes para que ellos lideren el movimiento por el clima’

    Rodrigo MeruviaAl cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa conRodrigo Meruvia, coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al cuidado y conservación del medio ambiente. Basada en Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha impulsa iniciativas de investigación, extensión y desarrollo, a partir de la cooperación con otras OSC, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas.

    ¿Cuál es el principal problema ambiental en el contexto en que ustedes trabajan?

    El tema central es el cambio climático, un fenómeno planetario que está teniendo impactos en todos los niveles, sobre las poblaciones y sus sistemas productivos y alimentarios, y sobrepasa las capacidades locales e institucionales. Entre otras cosas, este fenómeno se refleja en un aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos y en la profundidad de sus impactos.

    Nosotros trabajamos con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales al cambio climático, así como la conciencia de las ciudades en relación con el modo en que los patrones de consumo afectan las visiones de desarrollo de muchas comunidades en el área rural. En ese sentido trabajamos, primero, viendo cómo el cambio climático impacta en zonas de pequeña producción familiar de subsistencia y generando mecanismos para ayudar a aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Por otro lado, trabajamos tanto en las comunidades rurales como en las ciudades empoderando a los jóvenes, capacitándolos en temas técnicos pero también de estrategia y liderazgo, para que puedan ser propositivos y generar alternativas en temas tales como la deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero. Los alentamos a generar proyectos para sus entornos inmediatos y propiciamos redes y puentes con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, para dar soporte en la implementación de las iniciativas.

    Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con universidades de Cochabamba en el tema del transporte alternativo, con el objetivo de generar ciclorutas entre los diferentes campus universitarios que hay en la ciudad, para que los jóvenes puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte libre de emisiones en condiciones seguras. Para eso se están generando aplicaciones para teléfonos móviles que indican las rutas más seguras y se están estableciendo parqueos para las bicicletas, entre otras cosas. También se está trabajando en la educación de los conductores de automóviles, no solo con la universidad sino también con el municipio y algunas empresas privadas están interesadas en este tema. 

    ¿Hubo en Bolivia movilizaciones por el cambio climático durante 2019?

    Si, en el mes de setiembre, cuando fueron las movilizaciones por el clima a nivel global, se sumaron también las principales ciudades de Bolivia. En Cochabamba, nosotros apoyamos al movimiento de jóvenes, apoyándoles para que pudieran ser ellos quienes lideraran el movimiento por el clima. Los apoyamos a nivel logístico y con respaldo institucional, porque todavía en nuestras ciudades todavía hay una falta de confianza en los jóvenes. Nosotros los impulsamos sin por ello convertirnos en voceros del movimiento. Generamos un proceso de capacitación en diferentes temas para darles los fundamentos y las bases conceptuales, para que pudieran dar cuenta de las razones de la movilización y que no fuera solo ir a una marcha con apenas una consigna. La idea es que fueran multiplicadores de información acertada tanto sobre las causas como sobre los efectos a nivel local del cambio climático global.

    Para eso hicimos varios talleres para jóvenes. Capacitamos en forma directa a unos 100 jóvenes, y en forma indirecta hemos llegado después a aproximadamente 1400.

    ¿La movilización por el clima en Bolivia replicó las demandas globales, o tuvo componentes locales específicos?

    En Bolivia, las manifestaciones tuvieron demandas relacionadas principalmente con los incendios forestales que vienen de la mano de la expansión de la frontera agrícola. La principal demanda fue la derogación de las leyes que benefician a la agroindustria, descuidando la protección de los bosques.

    La ley boliviana no protege a los bosques, sino más bien al contrario. A mediados de 2019, apenas unos meses antes de los grandes incendios forestales de ese año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de los departamentos de Beni y Santa Cruz, y habilitó las quemas controladas. En otras palabras, la ley da rienda suelta cualquier propietario interesado en expandir su espacio de producción, ya sea ganadera o agrícola. Lamentablemente esta ha sido hasta ahora la posición del Estado, y en nuestra experiencia el hecho de que el gobierno fuera de izquierda o de derecha no ha hecho ninguna diferencia. Más allá de la ideología de partido del gobierno de turno, están los intereses sectoriales de la agroindustria que son mucho más permanentes y amplios, ya que involucran no solo a actores locales sino también a empresas transnacionales.

    Creemos que la causa de los incendios es ante todo antrópica, ya que se los inicia para expandir la frontera agrícola. Así se han quemado alrededor de cinco millones y medio de hectáreas. Para dar una idea de las dimensiones del desastre: lo que se ha quemado en las tierras bajas de Bolivia equivale casi a la extensión del territorio de Guatemala. Y no solo se pierde masa boscosa, sino que se degrada todo el hábitat, desaparecen las fuentes de agua de ciertas comunidades y los efectos se extienden más allá de Bolivia, ya que se generan bioclimas y cambian las precipitaciones.

    Entendemos que el fenómeno que nos afecta es parte de un problema mayor, que este año se expresó en incendios en la Amazonia brasileña, en países africanos y en Australia. Hay lluvias insuficientes a raíz del cambio climático y los bosques se vuelven mucho más propensos a quemarse. Esto, sumado a las políticas de expansión agrícola, sobre todo para sembrar soja (que además es transgénica), vuelve a estos lugares mucho más vulnerables. Las consecuencias las padece no solamente la población que vive en el territorio donde suceden estos incidentes, que es afectada en forma directa, sino también la población en general.

    En paralelo con esto, enfatizamos también el tema de la deforestación urbana. En Cochabamba tenemos aproximadamente 200 muertes por año a causa de problemas respiratorios. Es una de las ciudades con el aire más contaminado en Latinoamérica, así que este también fue uno de los pedidos específicos de nuestras movilizaciones, más allá de que nos sumamos al llamado global a la acción definitiva y efectiva por parte de los gobiernos.

    ¿Han tenido la experiencia de participar en procesos internacionales relacionados con el cambio climático?

    Hemos participado desde el nivel local preparando a jóvenes para que pudieran tomar parte de los procesos internacionales de negociación, principalmente en las reuniones de a COP, la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

    Comenzamos haciendo una convocatoria en diversas instituciones que trabajan con jóvenes, y haciendo un diagnóstico para identificar quiénes estaban preparados y comprometidos para abordar el tema del cambio climático, y luego fuimos haciendo selecciones en función de los temas que íbamos trabajando. Dimos talleres en temas que iban desde el abordaje conceptual y técnico del tema del cambio climático hasta la gestión de proyectos medioambientales, pasando por las características del proceso de negociación, las estrategias para participar, y entrenamiento para expresarse de manera adecuada dentro de estos eventos. Fue un proceso largo pero dio muy buenos resultados, porque ya tenemos líderes en los nueve departamentos que están capacitados para ir a debatir y mostrar al mundo las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Bolivia.

    Lamentablemente, el cambio de último momento de la sede de la COP 25 a España – ya que no pudo realizarse en Santiago de Chile dado el contexto de protestas y represión - nos desinfló, porque teníamos una buena preparación y un posicionamiento muy fuerte que no pudimos llevar al evento. Esto nos afectó no solamente en Bolivia, sino más en general a nivel de Latinoamérica, donde se estaba preparando algo muy grande para compartir en Chile. El cambio de sede y la poca anticipación con que fue decidido nos complicó mucho en términos económicos y logísticos. En el caso de Bolivia se sumaron también los problemas resultantes de los recientes conflictos sociopolíticos, y todo esto impidió que nuestra estrategia ante la COP se hiciera efectiva.

    Sin embargo, no queremos desaprovechar la motivación existente y el trabajo de construcción que se ha hecho a lo largo de aproximadamente un año y medio, y seguimos trabajando en la preparación de líderes jóvenes. Nuestro objetivo es apuntalar la capacidad de los jóvenes para generar propuestas e iniciativas, tanto a nivel técnico como a nivel político, no solo en sus regiones sino también en espacios internacionales.

    ¿Crees que lo decepcionante de los resultados de la COP 25 estuvieron vinculados con la ausencia de muchos actores que estaban preparados para influir sobre la agenda pero no pudieron participar?

    Pienso que sí. Sin desmerecer el trabajo que hicieron los países y las organizaciones que sí participaron, creo que acabó siendo un evento muy improvisado, y que si se hubiese hecho en Chile como estaba planeado, los resultados podrían haber sido un poco más significativos y positivos gracias a la presencia e interlocución de los jóvenes. Bolivia iba a contar por primera vez con la participación de un grupo de jóvenes reconocidos por el Estado que iban a llevar el mandato de un proceso colectivo desarrollado en los nueve departamentos del país a lo largo de cuatro o cinco foros previos.

    Sin embargo, intentamos tomar este revés con una actitud constructiva, y aprovecharemos el tiempo extra que tendremos para prepararnos. Entretanto ya contamos con estos jóvenes que están en condiciones de ir a expresar sus demandas y propuestas adonde sea necesario, ya sea en Inglaterra, donde tendrá lugar la COP 26, como en cualquier otro evento internacional que se presente.

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  • BOLIVIA: “Para ejercer nuestros derechos, los pueblos indígenas no necesitamos el permiso de nadie”

    CIVICUS conversa acerca de las luchas de los pueblos indígenas de Bolivia con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).

    CONTIOCAP surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

    RuthAlipaz

    ¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Bolivia en la lucha por sus derechos territoriales?

    El desafío más grande para los pueblos indígenas es el propio gobierno boliviano, que se ha convertido en el principal órgano y fuente de violación de derechos, ya que no garantiza el cumplimiento de la Constitución ni protege los derechos de sus ciudadanos, y particularmente los de los pueblos indígenas. Somos seres humanos de tercera categoría, sin derechos, a los que se sacrifica.

    Las organizaciones que nos representaban han sido sometidas políticamente y convertidas en cómplices y brazos operativos de la violación de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y campesinos. El aparato estatal está imponiendo todas las formas de extractivismo en nuestros territorios y áreas protegidas: minería, agroindustria y exploración y explotación de hidrocarburos.

    El derecho a la consulta libre, previa e informada está siendo manipulado y convertido en un simple trámite administrativo de elaboración de actas y firma de planillas en el que participan grupos afines al gobierno, que éste identifica como interlocutores válidos aunque no se trata de los verdaderos afectados por los proyectos en cuestión.

    Otro desafío que tenemos los pueblos indígenas es entender que nos han colonizado mentalmente con ofertas de una gran riqueza que nunca llega. Debemos entender que la riqueza que se genera en nuestros territorios se la llevan los de afuera y sus entornos corruptos. Tras la fachada de la interculturalidad, el gobierno nos divide para disciplinarnos y ponernos al servicio de su interés político.

    Una vez que entendamos eso, el principal desafío será recuperar la unidad de nuestros pueblos indígenas originarios, recuperar nuestra memoria ancestral de libertad, hacer nuestra autocrítica y volcarnos a proyectar y construir el país que queremos ejerciendo los derechos que ya están reconocidos en la Constitución.

    La Constitución de Bolivia y los convenios y declaraciones internacionales son hasta el momento avances en el papel. La forma en que los administra el Estado boliviano los convierte en retrocesos abismales, brechas, murallas y barreras. A 13 años de su promulgación, el 7 de febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional sigue guardada en algún cajón de escritorio. En la última década y media, el Estado monocultural, centralista, autoritario, patriarcal, elitista, y clasista -que impone su política económica radicalmente extractivista y capitalista- es al arma más letal contra el pluralismo económico, cultural, social y de la justicia.

    Las violaciones de los derechos territoriales incluyen intimidación, acoso, hostigamiento, desacreditación, descalificación, judicialización y procesos legales para acallar a las personas defensoras de los territorios. Estos actos son ejecutados por las empresas petroleras y mineras, por la fuerza pública, por la justicia que está sometida al gobierno, e incluso por organizaciones indígenas afines al gobierno, que emiten resoluciones públicas para desconocernos y coartar nuestro derecho a defender derechos.

    ¿Cuáles son sus estrategias de movilización?

    Nuestra estrategia consiste en siempre mantener la integridad y la dignidad e insistir en ejercer los derechos amparados en la Constitución de Bolivia y en los convenios internacionales. Para ejercer nuestros derechos no necesitamos el permiso ni la aprobación de nadie, solo reconocernos como seres libres e independientes con plenos derechos. Eso es lo que venimos haciendo desde CONTIOCAP. Si el gobierno no cumple, hay que recordarle que el Estado es de todos, y que todos tenemos la obligación moral de cuestionar las malas prácticas de los gobiernos, debatir qué país queremos, y buscar las vías para que todos tengamos la oportunidad de crecer como seres humanos.

    Históricamente, hemos recurrido a largas marchas como forma extrema de movilización para llamar la atención y buscar justicia. Primero marchamos para lograr una Constitución que reconociera nuestros derechos como pueblos indígenas. Y en los últimos 13 años marchamos para reclamar que esos derechos se cumplieran.

    Nuestras marchas han sido ignoradas, invisibilizadas, aisladas, acosadas y reprimidas. Han sido acusadas de responder a intereses oportunistas y desacreditadas por poderosos actores económicos, políticos y gubernamentales.

    La marcha de 37 días que iniciaron los hermanos de tierras bajas en septiembre de 2021 no ha sido la excepción en ese sentido. Después de tanto sacrificio, tras dejar abandonados sus pueblos, sus casas, sus familias, sus animales, la respuesta que obtuvieron del gobierno fue insultante: mientras ellos esperaban una señal del gobierno, éste se reunió no con ellos sino con organizaciones sometidas a su interés. Fue un claro mensaje de que es el gobierno quien decide si somos ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.

    ¿Qué cambios legislativos reclaman?

    Entre las normas que van en contra de los pueblos indígenas está la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014, que atenta contra principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Otorga privilegios a los operadores mineros que quedan colocados por encima del principio de igualdad universal de los ciudadanos. Les otorga derechos de acceso al agua por encima de los de las comunidades locales. Vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la consulta previa, la cual es reducida a un trámite administrativo con plazos y procedimientos que atentan contra la consulta como derecho.

    También exigimos la derogación de la Ley 969 de 2017, que vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, del Decreto Supremo 2298 de 2015, que vulnera nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada en el sector hidrocarburífero, y del Decreto Supremo 2366 de 2015, que permite la exploración petrolera en áreas protegidas.

    Son muchas las normas que reclamaríamos se aprueben, pero en el actual contexto de control total de todos los poderes por el gobierno del Movimiento al Socialismo es peligroso plantear una agenda legislativa. En el mejor de los casos, el gobierno podría utilizarla para lavar su imagen, y en el peor, para impulsar sus propios intereses. Nosotros solo serviríamos para validar normas que podrían incluso ir en nuestra contra.

    Pero sí reclamamos una norma para garantizar la inclusión económica de las organizaciones comunitarias productivas y las familias productoras, la aprobación de la Ley de Restitución de Territorios Ancestrales, que fue presentada en 2019, y la modificación del artículo 10 de la Ley 073 sobre deslinde jurisdiccional. Exigimos que se le dé prioridad al cumplimiento efectivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y de otros acuerdos, convenciones, pactos y convenios internacionales.

    ¿Considera que sus luchas forman parte de un movimiento regional más amplio?

    La lucha para proteger al medio ambiente y a los territorios no es la lucha de un solo movimiento sino una lucha global por la defensa de la vida mediante la protección de nuestros territorios. Tampoco es producto de una inspiración repentina, sino de la conciencia de nuestro derecho y el de todas las formas de vida a existir en este mundo. Buscamos respeto como seres humanos que hemos cuidado el mundo para todos, incluso para quienes hoy lo destruyen.

    En ese orden, nuestras luchas son las mismas que llevan los pueblos indígenas en todo el mundo. De algún modo estamos conectados y articulados a nivel regional y global, aunque en los últimos dos años la pandemia de COVID-19 nos ha impedido realizar intercambios presenciales, mientras que los intercambios virtuales fueron obstaculizados por las limitaciones de acceso a las comunicaciones desde nuestros territorios. Sin embargo, ahora estamos retomando el intercambio de experiencias y la articulación.

    ¿Qué apoyos de la sociedad civil internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Bolivia?

    Pueden ayudarnos haciendo visibles nuestras luchas, dándolas a conocer para que podamos conectar con otras luchas de hermanos indígenas alrededor del mundo. Queremos que sepan que defendemos nuestros territorios en condiciones precarias y con nuestros propios recursos y sacrificando la economía de nuestras familias, más aún después de la pandemia. Y no lo hacemos solo para nosotros sino para todo ser que requiere oxígeno y agua para vivir. Necesitamos apoyo directo con pequeños fondos para acciones legales y otras acciones de emergencia. 

    Esperamos que nos ayuden a desenmascarar el doble discurso de los gobiernos bolivianos de los últimos 16 años, que en los espacios internacionales se han erigido en salvadores de los pueblos indígenas y defensores de la Madre Tierra. Eso está muy lejos de la verdad, son solo discursos que suenan bien desde afuera y que gustan a los organismos internacionales.

    Hay que desenmascarar la propaganda internacional sobre los gobiernos de izquierda. Para nosotros, los pueblos indígenas, todos los gobernantes de Bolivia -de la línea política que sean- han tenido los mismos planes contra los pueblos indígenas. Buscan relegarnos, postergarnos, dividirnos y enfrentarnos entre nosotros para perpetuarse en el poder.

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  • COLOMBIA: ‘La protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz’

    Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con un joven estudiante colombiano, activo en el movimiento climático, que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. Además de movilizarse en el marco de movimiento #FridaysForFuture, el entrevistado forma parte de Hijos del Postconflicto, un colectivo creado recientemente para visibilizar las experiencias de la gente en los territorios y defender el proceso de paz en Colombia. En la convergencia entre diversas luchas, el entrevistado enfatiza la defensa del proceso de paz como clave para preservar el medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

    colombia protests

    ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el problema ambiental más urgente en Colombia?

    El problema ambiental más urgente es la deforestación. Las tasas de deforestación en Colombia son altísimas, y la situación no ha mejorado desde la firma de los acuerdos de paz. Eso se debe a que, en tiempos de conflicto armado, las guerrillas colombianas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían dominio de gran parte del territorio selvático de Colombia. Por supuesto que nadie se metía en ese territorio: no llegaban las multinacionales ni las petroleras; tampoco llegaba la ganadería. Con la firma de los acuerdos de paz y la retirada de las guerrillas se acentuó el problema que ha tenido Colombia desde la década del ’50: la distribución de las tierras.

    Colombia tiene una distribución de la tierra extremadamente regresiva; la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Con la retirada de la guerrilla y la llegada de las multinacionales el acaparamiento de tierras se ha acentuado. Muchas tierras son apropiadas, deforestadas y utilizadas para la cría de ganado, y la población local continúa siendo desplazada.

    Al mismo tiempo sigue habiendo grupos armados al margen de la ley que continúan activos, sobre todo grupos paramilitares de extrema derecha, aunque también queda la guerrilla, más pequeña, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las FARC que decidieron no acoplarse al proceso de paz. Estos grupos armados están disputando el territorio para hacerse del dominio de los cultivos de coca y expandirlos, provocando mayor deforestación.

    En consecuencia, tanto la continuidad del conflicto en algunos territorios como su finalización en otros influyen directamente sobre la deforestación. El proceso de paz contiene una serie de mecanismos para contrarrestar la deforestación, pero sus efectos dependerán de que efectivamente se lo implemente. En ese sentido, la protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz.

    ¿Qué mecanismos contemplados en los acuerdos de paz permitirían detener la deforestación?

    Los acuerdos de paz incluyen dos puntos específicos para frenar la deforestación. El primero es la reforma rural integral, que pretende distribuir el campo colombiano y respetar los usos asignados al suelo – por ejemplo, que si es para uso agrícola, no sea utilizado para ganadería. El segundo punto es el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que apunta a resolver el problema de las drogas. Es importante entender que muchas familias campesinas pobres se han visto obligadas a cultivar coca para sobrevivir; a través de este programa el Estado les ofrece incentivos económicos para que hagan una transición hacia otros cultivos sustentables. 

    ¿De qué modo colabora el activismo juvenil con la efectiva implementación de los acuerdos de paz?

    La lucha por la paz se da en todos los frentes. Nosotros hacemos tres cosas: nos movilizamos en las calles en defensa del proceso de paz; hacemos pedagogía para que la gente entienda porqué el proceso de paz es tan importante; y trabajamos en distintos espacios haciendo incidencia política.

    El contexto para este trabajo es bastante difícil. Ni bien asumió el poder, el presidente Iván Duque objetó el proceso de paz e intentó modificar todos los aspectos con los que no estaba de acuerdo o que según él no eran justos, lo cual en definitiva supondría desactivar el proceso que resultó de los acuerdos y volver a comenzar desde cero. Esto no fue una sorpresa: toda su campaña giró en torno del proceso de paz y se basó en la difusión de mentiras acerca del proceso de paz. Ganó las elecciones manipulando el temor de la gente, a la que le aseguró que los acuerdos consagraban la impunidad. Trató de asustarnos diciéndonos que si ganaba la izquierda nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. También mintió en relación con sus planes para las industrias extractivas: llegó a asegurar que no se autorizaría la exploración y explotación petroleras por medio de fracking, pero a fines de diciembre de 2019 hizo púbico un proyecto de decreto para habilitar el fracking.

    En tanto que activista por la paz y el medio ambiente en Colombia ¿has tenido alguna participación en el movimiento global por la justicia climática?

    Sí, con un pequeño grupo nos sumamos a la iniciativa Fridays for Future. Nuestra participación se limitó a una serie de acciones y plantones para dar inicio al movimiento climático en el país.

    Nos ha sido bastante difícil generar movilización en torno de la crisis climática global. Ante todo, hay mucha ignorancia. En Colombia la mayoría de las personas no tiene idea de lo que les están haciendo; de hecho, el actual presidente se aprovechó de ello para difundir mentiras, hacer una campaña de desinformación y ganar las elecciones. En un país donde la educación pública es muy mala y solamente la gente rica puede estudiar es muy fácil mentir y que te crean. Entonces, el primer problema es la ignorancia. A eso se suma el miedo: en Colombia a la gente le da miedo hablar, organizarse y manifestarse. Los colombianos vivimos una increíble zozobra debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ambientales. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos en general, y para los líderes ambientalistas en particular.

    Todo esto ha limitado la movilización por el clima. Hubo algunas acciones sueltas, pero no una gran marcha nacional de alto impacto. Por eso nos sorprendió que se produjera una movilización escolar masiva en el sur del país, en el departamento del Huila, donde menos esperábamos una movilización debido a las dinámicas complejas de seguridad que se viven en esos territorios. Logramos ponernos en contacto con los jóvenes que se movilizaron en Huila y juntos participamos de un encuentro nacional que realizamos en el departamento del Caquetá, también conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí logramos articular el trabajo con las comunidades que viven en territorio amazónico y hasta el momento seguimos en el proceso para elevar las consignas amazónicas e iniciar una resistencia en defensa de nuestra selva.

    Actualmente estamos empezando a sumarnos todos los colectivos ambientales en un mismo frente climático. Esperamos que esto inspire a los que tienen miedo para que también se sumen.

    ¿Han tenido alguna participación en foros internacionales sobre el clima?

    Hemos estado en un encuentro latinoamericano de Fridays for Future que se hizo en Chile con el apoyo de 350.org. Fue un encuentro de defensores del clima para generar lazos latinoamericanos e impulsar el movimiento a nivel regional. Nos ayudó bastante encontrar jóvenes de otras partes de la región que también estaban movilizándose, ver que podíamos unirnos y sentir que teníamos apoyos internacionales para hacer nuestro trabajo. Esto nos dio algo de esperanza.

    Fue después de esa reunión que empezamos a tratar de formar una red ambientalista nacional, viajando a la mayor cantidad de territorios y sumando a jóvenes de otras regiones del país. Todavía nos falta mucho por construir, pero estamos creciendo exponencialmente, porque cuando sumamos a un colectivo, ese mismo colectivo tiene llegada a otros tres o otros cuatro colectivos más. Todo el año 2019 nos hemos centrado en este proceso, recorriendo territorios, comunicando nuestro mensaje a la gente y haciendo lazos. Creemos que la próxima vez tal vez sí podamos movilizarnos a nivel nacional. Lo haremos el 24 de abril de 2020, cuando se realice la próxima huelga global.

    ¿Qué clase de apoyos necesitarían para poder hacer en 2020 la movilización que no pudieron hacer en 2019?

    Nuestra oportunidad en este momento es el paro nacional, la serie de manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades colombianas a partir de noviembre de 2019. En un país donde a la gente le da miedo hablar, el 21 de noviembre del año pasado salieron a la calle millones de personas, en una de las movilizaciones más grandes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad única. En el marco de estas protestas, el movimiento ambientalista también ha puesto sus propuestas y demandas. Tal vez no podamos movilizar a la gente específicamente por el clima, pero podemos aprovechar estas movilizaciones masivas y sumar nuestros temas. Si hay gente dispuesta a movilizarse, podemos acercarnos para contarles lo que está pasando en relación con el medio ambiente y comunicarles nuestras demandas para que vean que también les conciernen y se movilicen por ellas. Así es como logramos que el comité de paro incluyera entre sus demandas la declaración de la emergencia climática en Colombia. Este ha sido un avance muy grande.

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  • COP26: “Debemos empoderar a las comunidades y a las mujeres en la gestión de los recursos climáticos”

    Nyangori OhenjoEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Nyang'ori Ohenjo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMIRIDE), una organización de la sociedad civil keniana que aboga por el reconocimiento de las minorías y los pueblos indígenas en los procesos políticos, legales y sociales y trabaja para capacitar a las comunidades para obtener medios de vida sostenibles.

     

    ¿Cuál es el problema climático de su país en que se centra su trabajo?

    Nos centramos en los efectos cada vez peores del cambio climático, especialmente sobre los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas. A pesar de que cuenta con una gran cantidad de programas climáticos, Kenia no está logrando los objetivos deseados. Por ejemplo, en el norte del país se está produciendo un aumento de las sequías, con las habituales consecuencias nefastas, y el presidente ya ha declarado la sequía de este año como desastre nacional.

    El desafío principal es que los marcos políticos no conectan con la agenda de las comunidades indígenas, que incluyen a comunidades pastoriles, habitantes de los bosques y comunidades de pescadores. Esto deja a estas comunidades y a sus sistemas económicos en situación de vulnerabilidad y no aporta soluciones que mejoren su resiliencia. Los programas y las políticas suelen ignorar los elementos culturales.

    Los pastores, por ejemplo, diversifican sus rebaños en cuanto a sexo, edad y especie para distribuir los riesgos y maximizar las pasturas disponibles. El tamaño de los rebaños se equilibra con el tamaño de las familias, y la composición de los rebaños busca responder a las necesidades familiares. A veces los rebaños se dividen como estrategia de supervivencia, sobre todo en tiempos de sequía, y para permitir un uso innovador de los recursos disponibles. A través de sistemas de apoyo mutuo, los pastores se cuidan entre sí para poder recuperarse rápidamente de los desastres. Cada grupo de pastores tiene una forma diferente de apoyar a sus miembros, por ejemplo mediante diversas formas de ganar dinero en efectivo y diversificar sus medios de vida. Sin embargo, la ayuda alimentaria y las dádivas se han convertido en la norma política en tiempos de crisis como la actual sequía, lo cual no tiene sentido económico para nadie, y en particular para las comunidades pastoriles.

    En los 50 años en que predominó la perspectiva de la ayuda alimentaria no se logró una solución sostenible; de ahí la necesidad de un verdadero cambio de política, que nos desplace de la respuesta a las catástrofes, que es reactiva, a la preparación, que es proactiva. Esto implica tener a mano una cantidad de recursos básicos, incluido dinero en efectivo de ser necesario, antes de que se produzca la crisis, para ayudar a las comunidades a atravesar los momentos difíciles, al mismo tiempo que se enfoca la atención en la inversión y el desarrollo a largo plazo, de modo de aumentar la resiliencia de las comunidades para absorber futuras crisis.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Nos vinculamos a través del trabajo con numerosas redes globales de sociedad civil, entre ellas la de CIVICUS, y con organizaciones de promoción del desarrollo, organizaciones de base y grupos kenianos que reclaman acción por el clima, así como con instituciones académicas, órganos de las Naciones Unidas e instituciones regionales e internacionales de derechos humanos. El principal objetivo de estos vínculos es asegurar que las voces de las comunidades indígenas de Kenia sean escuchadas dentro del movimiento contra el cambio climático y puedan influir en las conversaciones internacionales.

    La participación de los pueblos indígenas en el movimiento internacional por el clima, y el hecho de que los pueblos indígenas formen parte de una conversación que, de manera sensible al género, reconozca sus derechos y valore sus conocimientos tradicionales, así como sus prácticas innovadoras en materia de resiliencia climática, son fundamentales para diseñar y aplicar políticas y acciones climáticas eficaces.

    A nivel nacional, a través de la Dirección de Cambio Climático, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Kenia, y de la Plataforma Multisectorial de Agricultura Inteligente para el Clima, CEMIRIDE ha participado en el proceso en que se estableció la posición del gobierno keniano de cara a la COP26 y dentro de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma CLPI).

    ¿Cómo interactúan las comunidades indígenas con el gobierno de Kenia?

    La iniciativa contra las emergencias por sequía, que finaliza en 2022, ha tenido éxito a la hora de desarrollar políticas climáticas, pero ha avanzado poco en la resolución del problema de la sequía. También está el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (2018-2022), que prevé la participación e inclusión efectivas de las comunidades indígenas marginadas, pero, nuevamente, ha resultado en muy pocos avances en términos de asegurar una participación estructurada y significativa de estas comunidades en la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Nacional.

    El gobierno también está implementando el Proyecto de Agricultura Climáticamente Inteligente de Kenia, uno de cuyos componentes clave es la mitigación del clima. Sin embargo, su implementación carece de mecanismos estructurados de vinculación con las comunidades indígenas, las cuales por lo tanto tienen mínima presencia y capacidad de aportar a su diseño y puesta en marcha.

    ¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 avance en estas cuestiones, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

    Estos procesos internacionales como la COP26 son importantes para dar visibilidad a los pueblos indígenas en las conversaciones sobre el cambio climático. Aunque los gobiernos, y especialmente los de África, tardaron mucho tiempo en reconocer el rol de los pueblos indígenas y la necesidad de que sus voces sean escuchadas en la mesa internacional de toma de decisiones sobre el cambio climático, ahora han entendido que los pueblos indígenas pueden realmente influir en la dirección de estos procesos. En concreto, la Plataforma CLPI fue creada para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, crear capacidad para la participación de las partes interesadas en todos los procesos relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aprovechar los diversos sistemas de conocimiento y sus innovaciones para el diseño y la implementación de políticas y acciones por el clima.

    CEMIRIDE espera que las voces de los pueblos indígenas ocupen el centro de la escena y que los gobiernos se comprometan a implementar soluciones locales por las cuales deban rendir cuentas, en vez de hacer amplias promesas globales que nunca se cumplen y de las cuales nadie les exige rendición de cuentas. En especial, esperamos que los gobiernos se comprometan a apoyar y facilitar la puesta en marcha de un marco nacional para la participación de las comunidades indígenas en acciones relativas al cambio climático.

    ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

    Queremos que ocurra una verdadera devolución de poder a las comunidades, y especialmente a las mujeres, en la gestión de los recursos climáticos. Los pueblos indígenas son colectivos únicos no solamente por los impactos que el cambio climático está teniendo sobre ellos, sino también por el rol que desempeñan a la hora de asegurar el éxito de las medidas de intervención y por las perspectivas y experiencias que aportan a través de sus conocimientos indígenas y locales. Nadie conoce mejor una comunidad que las personas que viven en ella y dependen de sus recursos.

    Las comunidades indígenas marginadas han desarrollado desde hace mucho tiempo conocimientos y experiencia específicos para preservar y conservar los entornos naturales de donde obtienen su sustento, y en torno a los cuales han desarrollado sus sistemas y estructuras sociales, culturales y religiosas. Por lo tanto, su gestión directa de los recursos climáticos les permitirá influir positivamente sobre el desarrollo, la revisión, la adopción y la implementación de políticas y regulaciones que aborden el cambio climático, con un énfasis específico en el mejoramiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

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  • COP26: “El norte global debe rendir cuentas y comprometerse con la lucha contra el cambio climático”

    LorenaSosaMientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre. 
    CIVICUS conversa con Lorena Sosa, directora de operaciones de Zero Hour, un movimiento dirigido por jóvenes que busca generar vías de acceso, ofrece formación y distribuye recursos para nuevos activistas y organizadores jóvenes. A través de Zero Hour, Lorena ha apoyado el trabajo de activistas de Jamaica, Filipinas y Singapur, buscando generar acción inmediata y llamar la atención sobre los impactos del cambio climático.

    ¿Cuál es el problema climático de tu país en que trabaja tu organización?

    Actualmente, Zero Hour está abocada a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en la política estadounidense y busca subsanar la ausencia de recursos para la organización y movilización por el clima. Recientemente hemos logrado organizar una manifestación virtual, “End Polluter Welfare” (“Acabemos con el Estado de bienestar para los contaminadores”), que contó con la participación del senador líder de la mayoría Chuck Schumer y el diputado Ro Khanna, así como una movilización llamada “People Not Polluters” (“La gente contra los contaminadores”) en la ciudad de Nueva York. También ayudamos a organizar la movilización “People vs Fossil Fuels” (“La gente contra los combustibles fósiles”) en Washington DC. Actualmente estamos trabajando en la revisión de una serie de actividades de formación para ayudar a nuestros capítulos a aprender a organizar campañas locales específicas para sus comunidades.

    Muchas de nuestras acciones expresan nuestro deseo de vincularnos y colaborar con otras personas involucradas en el movimiento para elevar las acciones de los demás, porque es difícil conseguir cobertura y atención para las acciones que todos estamos organizando. Es muy lindo ver a los y las activistas apoyarse mutuamente; el amor y el apoyo son realmente necesarios para mejorar el estado del movimiento e impulsar sus reivindicaciones.

    ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    La reacción contra el trabajo de los activistas varía ampliamente, especialmente en el caso de nuestras secciones internacionales, que enfrentan límites a las protestas y movilizaciones a causa de restricciones gubernamentales. En Estados Unidos, el principal efecto negativo del trabajo que realizamos está relacionado con el agotamiento que resulta de trabajar sin ver ninguna acción por parte de los líderes que tienen el poder de iniciar acciones para el bien de nuestro planeta. El agotamiento es muy común en el movimiento juvenil por el clima, sobre todo porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer malabares con nuestras obligaciones académicas, nuestra vida social y nuestro activismo mientras tratamos de mantener viva la esperanza de que el cambio es posible.

    En lo que respecta a conservar el bienestar y mantenerse a salvo de los impactos del agotamiento, he aprendido que lo mejor es comprometerme con la comunidad climática de la que formo parte; sé que no estoy sola con mis preocupaciones porque mantengo constantes intercambios acerca de ellas con mis amigos y colegas. No hay un remedio universal para el agotamiento, pero he aprendido que dedicar tiempo a cuidarme y a mantener el vínculo con mi familia y mis amigos es increíblemente útil para mantener los pies en la tierra.

    ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

    Nuestros equipos de vínculos globales y Operaciones, liderados por Sohayla Eldeeb y por mí, han trabajado juntos para dar forma a nuestras comunicaciones con nuestros capítulos internacionales en Jamaica, Filipinas y Singapur. Hemos mantenido horas de consulta específicas para nuestras secciones internacionales para poder ayudarles a resolver todo conflicto que se les presentara en su trabajo de campaña y proporcionarles apoyo en todo lo que pudiéramos.

    En cuanto a las campañas internacionales, nuestra directora adjunta de Asociaciones, Lana Weidgenant, participa activamente en campañas internacionales que buscan llamar la atención y fomentar la educación y la acción sobre la transformación de los sistemas alimentarios para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro medio ambiente. Lana fue vicepresidenta juvenil de Transición hacia Patrones de Consumo Sustentables para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, es una de las líderes juveniles de la campaña internacional Act4Food Act4Change (“Actúa por los alimentos, actúa por el cambio”) que ha recolectado los compromisos y las prioridades relativas a los sistemas alimentarios de más de 100.000 jóvenes y aliados de todo el mundo, y es una de las dos representantes juveniles en las negociaciones agrícolas de la COP26 de este año.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 logre avances en la lucha contra el cambio climático?

    Me gustaría que el norte global rinda cuentas y se comprometa a aportar 100.000 millones de dólares para que el sur global pueda implementar con éxito sus propias medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

    Muchas de nuestras perspectivas en Zero Hour se centran en la justicia, más que en la equidad, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores causantes de esta crisis. Los líderes del norte global, y especialmente los actores clave en los Estados Unidos, tienen que dejar de apoyar a la industria de los combustibles fósiles y empezar a comprometerse con soluciones que den prioridad a las personas más que a los contaminadores.

    Me encantaría que todos los líderes que asistan a la COP26 tomaran medidas serias y contundentes para combatir y eliminar los efectos del cambio climático. El empeoramiento de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar ya han demostrado que la inacción va a ser perjudicial para el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes.

    El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha destacado que existen pruebas suficientes para que nuestros dirigentes traten el cambio climático como la emergencia que es. Espero que todos los líderes mundiales que participen en la conferencia tengan muy en cuenta las conclusiones del informe del IPCC a la hora de redactar los resultados de la conferencia.

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  • COP26: “En respuesta a la presión desde abajo, deben responder con acciones justas por el clima”

    En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Caroline Owashaba, jefa de equipo de Acción por el Desarrollo Juvenil Uganda (Action for Youth Development Uganda) y coordinadora voluntaria de la Alianza Niñas, no novias (Girls Not Brides) en Uganda.

    Caroline Owashaba

    ¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el que está trabajando?

    Un problema clave en Uganda es el uso de grandes cantidades de bolsas de plástico de un solo uso, que tienen efectos medioambientales extremos. Las bolsas de plástico tardan muchos años en descomponerse; liberan sustancias tóxicas en el suelo y, cuando son quemadas, en el aire; obstruyen los desagües y pueden provocar inundaciones; y matan a los animales que las comen confundiéndolas con alimento o que se enredan en ellas.

    En 2018 se aprobó una medida para prohibir la fabricación, la venta y el uso de bolsas de plástico, pero los fabricantes presionaron mucho para que les dieran más tiempo hasta la entrada en vigor de la prohibición, y en consecuencia su implementación ha sido lenta y en gran medida ineficaz. Así que, a principios de 2021, el gobierno decidió aplicar nuevas medidas en el mismo sentido, junto con un paquete más amplio de medidas medioambientales.

    Mientras el gobierno trabaja para hacer cumplir la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso, nosotros estamos trabajando en una iniciativa para producir materiales alternativos, ecológicos y biodegradables. Esto es bastante urgente, porque ahora mismo, si la prohibición de las bolsas de plástico realmente se implementara, la oferta de opciones de envases biodegradables no sería en absoluto suficiente.

    Acción por el Desarrollo Juvenil Uganda (ACOYDE, por sus siglas en inglés) está desarrollando un proyecto denominado CHACHA (Niños por el Cambio Alternativo), que utiliza la fibra del plátano para fabricar diversos artículos útiles, tales como felpudos e individuales para mesas, almohadas, artículos de decoración interior y, por supuesto, bolsas. Los residuos generados en la extracción de la fibra del plátano y la fabricación de estos artículos se reciclan para producir briquetas de carbón de alta calidad que los jóvenes y las mujeres que participan en el proyecto utilizan como fuente de calor tanto en sus hogares como en sus lugares de trabajo, reduciendo el consumo de combustible y aumentando al mismo tiempo sus ingresos familiares.

    Toda la comunidad participa en el proceso de producción, porque es la que provee los tallos de plátano. Y el proyecto permite a los jóvenes, y especialmente a las mujeres jóvenes, mantener a sus familias. Tenemos posibilidades de expansión, ya que el surgimiento de hoteles ecológicos ha creado una mayor demanda de productos sustentables.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Nos hemos vinculado con el movimiento internacional a través de intercambios regionales sobre el cambio climático tales como la Semana Africana del Cambio Climático, y como parte de la Red Juvenil de Agricultura Climáticamente Inteligente. También seguimos los debates del Grupo de Países Menos Adelantados (PMA) sobre adaptación, mitigación y financiamiento.

    También ha funcionado a la inversa: ACOYDE ha apoyado los esfuerzos para domesticar el marco climático internacional y ha impulsado el proyecto de ley nacional sobre cambio climático, que se aprobó en abril de 2021. Esta iniciativa dio fuerza de ley a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Acuerdo de París, del cual Uganda es signataria. A continuación, trabajamos para bajar la ley al nivel local. Es clave que la legislación se implemente efectivamente a nivel local, porque nos ayudará a superar las injusticias del cambio climático en nuestras comunidades.

    También nos conectamos con el movimiento por el clima más amplio desde una perspectiva de género. Personalmente me interesan las intersecciones entre el género y el cambio climático. En las COP anteriores pude contribuir al Plan de Acción de Género (PAG), que ha guiado y ejercido influencia en temas de género y juventud en los procesos de negociación de la CMNUCC. Participé en los debates sobre los avances del PAG en relación con el equilibrio de género, la coherencia, la aplicación con perspectiva de género, el seguimiento y la presentación de informes. También he participado activamente en el Grupo de Trabajo Nacional de Género de Uganda y en otros procesos nacionales sobre cambio climático para garantizar la domesticación de las normas globales de género y un financiamiento consistente con el Acuerdo de París, entre otras cosas informando sobre la implementación de las disposiciones del PAG en Uganda.

    ¿Cuáles son sus expectativas para la COP26?

    La COP26 debería ofrecer espacios para llevar las cuestiones de género a nivel global y proporcionar más oportunidades de debate. Debería aumentar la participación de las mujeres, emprender la integración de la perspectiva de género y garantizar la implementación del PAG. Debe contribuir a amplificar las voces de las mujeres en las negociaciones sobre el cambio climático. Las mujeres están haciendo gran parte del trabajo pesado a nivel de base, pero reciben muy poco a cambio, no sólo porque es muy poco lo que llega a sus bolsillos, sino también porque siguen estando subrepresentadas y, por tanto, sus voces no son escuchadas.

    Los foros internacionales como la COP26 deben proporcionar espacios para la participación de las bases y, en respuesta a esas presiones desde abajo, deben desarrollar intervenciones sólidas para una acción climática justa y respetuosa de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de la igualdad de género. 

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  • COP26: “Esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”

    Charles WanguhuEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa conCharles Wanguhu, activista social y coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas, un foro donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes comparten información, planifican y elaboran estrategias comunes para llevar a cabo una labor de incidencia conjunta, se vinculan con organismos gubernamentales, empresas y medios de comunicación, e informan y concientizan a la ciudadanía.

    ¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el cual está trabajando?

    La Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas es una organización de membresía sin ánimo de lucro que trabaja por la sostenibilidad del sector del petróleo y el gas en Kenia y por transiciones energéticas justas. Con el descubrimiento de petróleo en el condado keniano de Turkana, nuestro trabajo pasó a incluir la incidencia en favor de marcos políticos y legales que garanticen la justicia medioambiental y las consideraciones climáticas en el desarrollo del petróleo. Hacemos este trabajo a través de la revisión de políticas y normativas y el desarrollo de capacidades para que las comunidades locales puedan participar de forma efectiva en los procesos de evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) y así salvaguardar su entorno. 

    También participamos directamente en la revisión de las EIAS, abogando siempre por la inclusión de las consideraciones relativas al cambio climático y la protección del medio ambiente a nivel de proyecto. Por ejemplo, a medida que el proyecto petrolero de Turkana se fue acercando a la fase de producción, hemos participado en los foros de consulta con las partes interesadas del proyecto, donde hemos planteado la necesidad de que la EIAS del proyecto incorpore evaluaciones de impacto en materia de cambio climático. También hemos abogado por la transparencia en el sector mediante la divulgación de los acuerdos y licencias petroleras para que la ciudadanía pueda entender las obligaciones de las empresas petroleras en materia de medio ambiente y cambio climático, lo cual redundará en una mayor rendición de cuentas por parte del Estado y de estas empresas.

    ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    La reducción del espacio cívico sigue siendo un desafío en el entorno en que trabajamos. Los grupos de la sociedad civil enfrentan reacciones negativas del gobierno cuando se refieren a temas de actualidad. Las restricciones suelen consistir en la denegación de permisos para realizar protestas o celebrar reuniones relacionadas con los proyectos de su interés. En algunos casos, organismos gubernamentales como la Junta de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y la autoridad impositiva de Kenia han sido utilizados para atacar a las OSC.

    También enfrentamos restricciones por parte de las empresas, tales como la exclusión deliberada de las OSC de eventos de participación pública. Aquellos de nuestros miembros que han expresado su preocupación o se han hecho oír en cuestiones relacionadas con la extracción de recursos gasíferos y petroleros se han encontrado con que ya no se les invita a participar o no se les permite hacer comentarios en las audiencias públicas.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Estamos desarrollando un programa panafricano para una transición justa que implicará la colaboración con otros grupos regionales e internacionales para garantizar que la transición energética mundial sea justa para África y refleje los impactos de la crisis climática en el continente.

     

    ¿Qué esperanzas tiene en relación con la COP26, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

    La inclusión de consideraciones sobre el cambio climático a nivel de proyecto ya tiene un asidero legal en Kenia a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático aprobada en Kenia en 2016. El retraso en la implementación de la ley ha supuesto un desafío, pero tenemos conocimiento de varios proyectos de reglamentación que están siendo revisados para su eventual promulgación.

    En lo que respecta a la transición energética justa, esperamos que se impongan obligaciones más estrictas que cumplan con el principio de responsabilidad común pero diferenciada, el cual reconoce que los distintos países tienen diferentes responsabilidades y capacidades para abordar cuestiones transfronterizas tales como el cambio climático. Esto garantizaría que África no se quede atrás en la transición o, lo que es peor, que la transición no se produzca a sus expensas.

    Los procesos internacionales han sido útiles en la medida en que han facilitado en parte la domesticación de los marcos legales y políticos sobre cambio climático, pero ciertamente esperamos un mayor compromiso por parte de los Estados.

    ¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

    Quisiéramos que se acelerara la implementación de los marcos jurídicos y las obligaciones en materia de cambio climático, a nivel tanto local como internacional. Además, quisiéramos que los países desarrollados del norte global se comprometieran y cumplieran sus promesas de financiamiento para el clima realizadas en el marco del Acuerdo de París. Esto será muy útil para financiar transiciones energéticas justas en África.

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    Póngase en contacto con la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas a través de supágina web y siga a@KCSPOG y a@CharlesWanguhu en Twitter. 

     

  • COP26: “Esperamos que las palabras se traduzcan en compromisos que cambien las conductas”

    En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Theophile Hatagekimana, Secretario Ejecutivo de la Organización para la Concientización Medioambiental de Ruanda (REAO), una organización de la sociedad civil ruandesa que trabaja para crear conciencia acerca del cambio climático y los problemas medioambientales y promueve la implementación de políticas sólidas de gestión ambiental.

    Theophile Hategekimana

    ¿Cuál es el principal problema medioambiental de su comunidad en el que está trabajando?

    Trabajamos en la resiliencia y la mitigación del cambio climático con respeto de los derechos humanos. En los últimos años hemos empezado a colaborar con los esfuerzos del gobierno para reducir la cantidad de combustible utilizado para cocinar en los hogares. Hemos unido fuerzas en esta y otras iniciativas porque el gobierno ruandés está siendo muy proactivo en el tema de la mitigación del cambio climático.

    En el marco de este proyecto, enseñamos a personas vulnerables, incluidas mujeres jóvenes, mujeres pobres, madres solteras adolescentes y víctimas de abusos sexuales, a utilizar métodos mejorados para cocinar, tales como estufas, en lugar de leña, lo cual no solamente salva de la tala a muchos árboles y reduce la exposición de estas personas a emisiones tóxicas en sus hogares, sino que también les ahorra mucho tiempo. Las animamos a que destinen el tiempo que esto les ahorra a actividades de autodesarrollo, educativas y de interacción social, y a que realicen actividades generadoras de ingresos.

    También plantamos árboles para restaurar los bosques y plantamos y distribuimos árboles agroforestales, que hacen que el suelo sea más resistente y pueda hacer frente a fenómenos climáticos extremos tales como sequías y lluvias torrenciales, además de proporcionar alimento, forraje, materias primas industriales, madera, combustible y mantillo, ayudando a diversificar las dietas y los ingresos. Uno de nuestros proyectos se centra en la compra de semillas y su siembra en las escuelas, en el marco de un programa que incluye la alfabetización ecológica, la demostración de los principios medioambientales mediante el desarrollo de prácticas verdes en la vida cotidiana, y el desarrollo de una ética medioambiental.

    Aunque pueda parecer que solamente trabajamos en la protección ambiental, en realidad nos preocupa mucho la dimensión de derechos humanos de la protección del medio ambiente, por lo cual nos oponemos a la práctica de desplazar gente sin la debida compensación. Concientizamos a la población sobre los derechos que les reconoce la ley y la apoyamos para que los reclame cuando sea necesario. Un ejemplo es el de los indígenas batwa, que a menudo son expulsados de sus tierras, por lo que les proporcionamos las herramientas necesarias para que conozcan sus derechos, tal y como los enuncian el derecho internacional y la ley ruandesa.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Muchos activistas, entre los cuales me incluyo, mantienen conexiones personales con organizaciones internacionales y con pares de todo el mundo. Pero también a nivel organizativo intentamos conectarnos con otros grupos que tienen una misión similar a la nuestra y participamos en redes y coaliciones climáticas y medioambientales. REAO es miembro de la Red de Cambio Climático y Desarrollo de Ruanda, una asociación nacional de organizaciones defensoras del medio ambiente. A nivel internacional, trabajamos en red con otras organizaciones que se dedican a la protección y mitigación del cambio climático, y hemos colaborado con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.

    ¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 logre algún avance en la mitigación del cambio climático?

    Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos internacionales encaminados a tomar decisiones coordinadas para proteger el medio ambiente y mejorar el bienestar de las comunidades, y tenemos la esperanza de que la COP26 dé lugar a la adopción de medidas concretas para hacer frente al cambio climático y a la degradación del medio ambiente. A nivel discursivo, por supuesto, todo lo que dicen los líderes de los países en el escenario global es exactamente lo que queremos escuchar; nada de eso va en contra de nuestra misión, visión y valores. Esperamos que en la COP26 esas palabras se traduzcan en compromisos que den lugar a un cambio positivo en el comportamiento de sus países en materia climática.

    ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- para ayudar a resolver la crisis climática?

    A nivel mundial, queremos que los países que más contaminan actúen para reducir sustancialmente sus emisiones. Países como China, India, Estados Unidos y otros deben tomar decisiones claras y actuar en materia de cambio climático, o todos padeceremos las consecuencias de su inacción. Esperamos que los grandes contaminadores paguen las soluciones climáticas y la cuenta quede saldada.

    A nivel local, esperamos que las condiciones de vida de las comunidades menos favorecidas mejoren y logren adaptarse al cambio climático con el apoyo de políticas públicas adecuadas y financiamiento de los gobiernos.

    El espacio cívico enRuanda es calificado como “represivopor elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con la Organización para la Concientización Medioambiental de Ruanda a través de susitio web y su página deFacebook. 

     

  • COP26: “Las comunidades marginadas deben estar en el centro de la acción por el clima”

    En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Jessica Dercontée, coorganizadora del Colectivo contra el Racismo Ambiental (CAER), un grupo de la sociedad civil de Dinamarca que trabaja para introducir el tema de la discriminación y la injusticia racial en el debate danés acerca del clima, llamando la atención del público sobre el racismo ambiental.

    El activismo y la labor académica de Jessica se centran en la gobernanza del clima y exploran las arraigadas injusticias sociales y climáticas relacionadas con la clase, el género y la raza. Jessica es coordinadora de proyectos de desarrollo internacional en el Sindicato de Estudiantes Daneses y en el Consejo Danés de la Juventud para los Refugiados, y asistente de investigación en la consultora In Futurum.

    Jessica Dercontee

    ¿Cuáles son los objetivos del CAER? 

    Somos un colectivo formado por mujeres y personas no binarias de color que trabajan en la intersección del ecologismo, el antirracismo y la justicia climática. CAER busca movilizar y amplificar las voces de las personas más afectadas por el racismo ambiental, incluidas las personas negras, indígenas y de color en el sur global, así como en el norte global. Nuestro colectivo se formó para dar visibilidad y tener una mirada crítica en los actuales debates y conceptualizaciones, subrayando los efectos diferenciadores de la crisis climática y medioambiental.

    ¿Cuál es el principal problema climático o medioambiental en el que están trabajando? 

    El CAER se centra en la ecología política y el neocolonialismo de los principales debates daneses sobre el medio ambiente y el clima. Los principales debates públicos sobre la crisis climática que tienen lugar en Dinamarca están centrados en los impactos perjudiciales que nuestra cultura de consumo y estilos de vida tienen sobre los biosistemas del planeta, y en cambio prestan menos atención a las personas afectadas por estos impactos y al deseo inagotable de las grandes empresas de obtener beneficios y maximizar sus utilidades. Aunque estamos de acuerdo respecto de lo urgente de estas cuestiones, nuestro colectivo considera que el debate en Dinamarca debería ir más allá de la afirmación de la necesidad de que los gobiernos y otras partes interesadas encuentren grandes soluciones tecnológicas para mitigar la crisis climática. El debate público actual es demasiado simplista, apolítico y técnico, centrado en la búsqueda de soluciones verdes. 

    El CAER subraya las diferentes dinámicas de poder que caracterizan a nuestros actuales sistemas, así como el modo en que las actuales prácticas y formas de pensar perpetúan el colonialismo y la opresión global, que además están fuertemente arraigados en el capitalismo. Lo hacemos a través de talleres, artículos, sensibilización en las redes sociales y colaboraciones con personas o grupos marginados del sur global. 

    Un ejemplo de cómo aportamos una perspectiva diferente al tema de la transición verde es nuestro análisis de la forma en que las grandes empresas danesas causan degradación medioambiental e impulsan el acaparamiento de tierras en el sur global. La empresa danesa de energía eólica Vestas tiene actualmente una causa judicial en contra, iniciada por comunidades indígenas de México que acusan a la corporación de causar impactos negativos en los medios de vida de los pueblos indígenas, además de vincularla con severas violaciones de los derechos humanos de manifestantes locales y activistas de la sociedad civil que han sido objeto de intimidación y amenazas de muerte por denunciar estos abusos. Los gobiernos de ambos países han llegado a acuerdos que, según ellos, eran mutuamente beneficiosos, ya que se esperaba que aportaran crecimiento económico y desarrollo a México, además de ayudar a Dinamarca a ecologizar su economía. Sin embargo, el subsiguiente acaparamiento de tierras ha privado de derechos a comunidades del sur global, perpetuando el ciclo de dependencia de la ayuda y regurgitando formas neocoloniales de control y explotación de las tierras y los pueblos indígenas.

    Otro ejemplo mucho más cercano a Dinamarca es el del racismo medioambiental que impregna las relaciones de Dinamarca con Groenlandia, excolonia y actual nación de la Commonwealth danesa. Debido al control que ejerce Dinamarca sobre los recursos naturales de Groenlandia, la población de este país está excluida de las decisiones importantes sobre el futuro del Ártico, lo cual cabe considerar que tiene un gran impacto racial en el área de la conservación, la política medioambiental y el consumismo.

    El principal objetivo del CAER ha sido proporcionar un espacio seguro para las personas negras, indígenas y de color, incluidas las que son queer y trans, que quieran movilizarse en los espacios del ecologismo y el antirracismo en Dinamarca. A menudo se considera que el movimiento danés por el clima ha sido excluyente y discriminatorio hacia estas personas. Esperamos que el discurso público danés no se limite a utilizar y presentar a las comunidades marginadas como casos de estudio, sino que las sitúe en el centro de la acción por el clima como legítimas proveedoras de soluciones y participantes activas en la toma de decisiones.

    ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    Nos hemos encontrado con un auténtico entusiasmo por parte de otras organizaciones y actores que están dispuestos a cambiar sus estructuras organizativas y hacerlas más inclusivas y aptas para encontrar soluciones a la crisis en que nos encontramos. Aunque no hemos experimentado ninguna reacción negativa directa como consecuencia de nuestro trabajo o de nuestro foco en la raza y el carácter discriminatorio de la política medioambiental, nos parece que la sociedad no está preparada para lidiar con las diversas realidades que experimenta la gente sobre el terreno, que son diferentes de la narrativa extremadamente homogeneizada de la experiencia danesa. En Dinamarca, las leyes y las políticas han sido consideradas inclusivas sobre la base de la imagen progresista de nuestro modelo de estado de bienestar que protege a todas las personas. Así, tanto a las instituciones como a las personas les resulta más difícil comprender que su propia posición de privilegio descansa en la explotación y la opresión de otros grupos sociales, no solamente en el pasado histórico sino también en la actualidad.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Nos vinculamos con el movimiento internacional por el clima a partir de nuestro objetivo de descolonizar las estructuras del activismo climático. Además, buscamos activamente entablar colaboraciones, y esto se refleja en los ejemplos que seleccionamos como la cara visible de nuestros proyectos y en las voces que intentamos amplificar. Tratamos de devolver poder y crear espacios donde las personas marginadas puedan contar sus propias historias y aportar sus conocimientos y soluciones a la crisis climática. Además, al construir y compartir conocimiento desde tantas perspectivas y con aportes de tantos académicos del sur global como sea posible, tratamos de ofrecer un contrapeso al etnocentrismo que impregna al intercambio de conocimiento en materia de gobernanza del clima, acción climática y ecologismo.

    ¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 logre avances en cuestiones climáticas?

    En el CAER esperamos que, aunque el escenario actual de la COP26 tiene la importante limitación de carecer de representación diversa, haya espacio para la expresión del conocimiento vital del sur global y para el involucramiento de un conjunto diverso de voces en la elaboración de políticas, de modo tal que la próxima ronda de objetivos tenga mayores matices y sea lo más interseccional posible.

    ¿Qué cambio les gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

    Esperamos que en un futuro próximo nuestro movimiento contra el racismo medioambiental crezca, y que esto nos permita tender puentes entre la corriente principal del movimiento climático y el movimiento antirracista danés, de modo de mitigar la crisis climática de una manera mucho más inclusiva y abierta a la diversidad y a la pluralidad de conocimientos, abarcando a diferentes sectores e instituciones de Dinamarca, así como del resto del mundo.

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  • COP26: “Los tomadores de decisiones tienen objetivos nacionales pero los problemas son transnacionales”

    Al tiempo que la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la cumbre.

     

  • COP26: “Mi esperanza reside en que la gente se una para exigir justicia”

    Mitzi Jonelle TanEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Mitzi Jonelle Tan, una joven activista por la justicia climática basada en el área metropolitana de Manila, Filipinas, integrante de Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas y participante activa del movimiento internacional Viernes por el Futuro.

    ¿Cuál es el principal problema climático en tu comunidad?

    Filipinas padece numerosos impactos del cambio climático, desde sequías cada vez más largas y con mayor calor hasta tifones cada vez más frecuentes e intensos. Aparte de estos impactos climáticos -a los cuales no hemos podido adaptarnos y que nos dejan sin apoyos a la hora de afrontar las pérdidas y los daños-, también enfrentamos numerosos proyectos que son destructivos para el medio ambiente, a menudo emprendidos por empresas multinacionales extranjeras, que nuestro gobierno está permitiendo e incluso fomentando.

    Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas, la versión filipina de Viernes por el Futuro, aboga por la justicia climática y por que las voces de las personas de las comunidades más afectadas tengan espacio y sean escuchadas y amplificadas. Yo me convertí en activista en 2017, después de haber trabajado con líderes indígenas de Filipinas, porque este trabajo me hizo comprender que la única manera de lograr una sociedad más justa y más verde es a través de la acción colectiva conducente al cambio sistémico.

    ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    Sí, al igual que cualquiera que se manifieste en contra de la injusticia y la inacción, nuestro gobierno, a través de sus troles a sueldo, designa como terroristas a los activistas: básicamente nos llama terroristas por exigir rendición de cuentas y presionar por un cambio. El hecho de ser activista por el clima va siempre acompañado de temor en Filipinas, el país que por ocho años consecutivos ha sido calificado como el más peligroso de Asia para las personas defensoras y activistas ambientales. Ya no se trata solamente de temor por los impactos climáticos, sino también de temor a que la policía y las fuerzas del Estado vengan a por nosotros y nos hagan desaparecer.

    ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

    Hago mucho trabajo de organización con la comunidad internacional, especialmente a través de Viernes por el Futuro - Personas y Áreas Más Afectadas, uno de los grupos del sur global de Viernes por el Futuro. Lo hacemos manteniendo conversaciones, aprendiendo unos de otros y creando estrategias juntos, todo ello mientras nos divertimos. Es importante que el movimiento global de jóvenes esté muy bien interconectado, que se una y exhiba solidaridad para poder abordar realmente el problema global de la crisis climática.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

    Mi esperanza no reside en los mal llamados líderes, políticos que se han adaptado al sistema y lo han gestionado durante décadas para beneficio de unos pocos, normalmente del norte global. Mi esperanza reside en la gente: en los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para exigir justicia y poner en evidencia que este sistema enfocado en las ganancias que nos condujo a esta crisis no es el que necesitamos para salir de ella. Creo que la COP26 es un momento crucial y este proceso internacional tiene que resultar útil, porque ya hemos tenido 24 que no han aportado gran cosa. Estos problemas deberían haberse resuelto en la primera COP, y de un modo u otro tenemos que asegurarnos de que esta COP sea útil y resulte en cambios significativos, y no en más promesas vacías.

    ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

    El único cambio que pido es uno grande: un cambio de sistema. Tenemos que cambiar este sistema que prioriza la sobreexplotación del sur global y de los pueblos marginados en beneficio del norte global y de unos pocos privilegiados. El desarrollo bien entendido no debería basarse en el PBI y el crecimiento eterno, sino en la calidad de vida de las personas. Esto es factible, pero solamente si abordamos la crisis climática y todas las demás injusticias socioeconómicas que están en su raíz.

    El espacio cívico enFilipinas es calificado como “represivopor elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a Mitzi Jonelle enTwitter eInstagram.

     

     

  • COP26: “Se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de los responsables”

    Lia Mai TorresEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns (CEC) - Filipinas, una organización de la sociedad civil (OSC) que ayuda a las comunidades filipinas a afrontar desafíos medioambientales. Fundada en 1989 por iniciativa de organizaciones que representan a pescadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, personas que experimentan pobreza urbana y sectores profesionales, el CEC se dedica a la investigación, la educación, la incidencia y las campañas medioambientales. También integra la secretaría de la Red de Defensores del Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APNED), una coalición de organizaciones que trabajan solidariamente para proteger el medio ambiente y a sus defensores.

    ¿Cuál es el principal problema climático en tu país?

    El principal problema ambiental que enfrenta Filipinas actualmente es la proliferación de proyectos y programas destructivos del medio ambiente. Esta situación ha persistido e incluso empeorado durante la pandemia.

    Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que ya tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento. Un ejemplo de ello es el pueblo de Didipio, Nueva Vizcaya, en el norte de Filipinas, donde se renovó por 25 años más un acuerdo minero con la empresa australiano-canadiense OceanaGold. Las comunidades indígenas de Bugkalot y Tuwali ya sufren la falta de suministro de agua debido a la actividad minera y temen que esto empeore si dicha actividad continúa.

    Los proyectos de infraestructura también son una prioridad del gobierno, que afirma que estos contribuirán a mejorar la situación de la economía. Sin embargo, hay proyectos financiados con onerosos préstamos extranjeros que solo empeorarán la situación de la población local. Un ejemplo de ello es la represa de Kaliwa, financiada por China, en la provincia de Rizal, al sur de la isla de Luzón. La reserva invadirá los territorios ancestrales del pueblo indígena Dumagat, incluidos sus lugares sagrados, así como un área protegida.

    Otro ejemplo son las plantaciones de monocultivo que se encuentran sobre todo en las provincias de Mindanao. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas Lumad se han convertido en plantaciones de plátanos y piñas. Algunos residentes reportan enfermedades causadas por los productos químicos sintéticos utilizados en las plantaciones y muchos están siendo desplazados de sus tierras de cultivo.

    Estos son algunos ejemplos de proyectos prioritarios impulsados por el gobierno para conducirnos al llamado desarrollo. Sin embargo, es evidente que no mejoran realmente la situación de las comunidades locales, que en su mayoría ya se encuentran en situación de pobreza. Además, los recursos naturales del país en su mayoría no son explotados en beneficio de sus ciudadanos, ya que los productos extraídos se destinan a la exportación. Se benefician de ellos unas pocas empresas locales e internacionales. Los recursos naturales se utilizan para obtener beneficios y no para impulsar el desarrollo nacional.

    ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que realizan?

    El CEC trabaja con las comunidades locales, ya que creemos que las luchas medioambientales no pueden ganarse sin el esfuerzo conjunto de quienes sufren el impacto medioambiental. El verdadero poder proviene de las organizaciones de base. Las OSC como la nuestra y otros sectores deben apoyar sus esfuerzos, conectando las luchas locales para construir un fuerte movimiento medioambiental a nivel nacional e internacional.

    A causa del apoyo que brindamos a las comunidades locales, hemos enfrentado represalias. En 2007, Lafayette Mining Ltd, una empresa minera australiana, presentó una demanda por difamación contra el entonces director ejecutivo de CEC, ya que éste había denunciado los impactos de las actividades de la empresa. En 2019 y 2021, nuestra organización fue víctima de una práctica habitual mediante la cual el gobierno declara a personas y organizaciones como terroristas o comunistas. Lo hizo en represalia por las misiones humanitarias que realizamos tras un tifón y durante la pandemia. 

    También se nos amenazó con una redada policial en nuestra oficina, en represalia por ofrecer refugio a niños indígenas Lumad que se habían visto obligados a abandonar sus comunidades debido a la militarización, las amenazas y el acoso. Nuestras acciones de protesta pacífica suelen ser dispersadas violentamente por la policía y las fuerzas de seguridad privadas, y en 2019 un miembro del personal de nuestra organización fue detenido.

    Detrás de todos estos ataques están las fuerzas de seguridad del Estado junto con las fuerzas de seguridad privadas de las corporaciones. La policía y el ejército claramente se han convertido en parte de las fuerzas de seguridad de las corporaciones, utilizando medidas represivas para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Dado que muchos países, especialmente del sur global, están experimentando problemas medioambientales similares, reconocemos la necesidad de conectarnos con organizaciones de otros países. En 2015, el CEC se contó entre los convocantes de la Conferencia Internacional de los Pueblos sobre la Minería, que ofreció a personas defensoras del medio ambiente la posibilidad de aprender de las experiencias de los demás y coordinar campañas locales.

    El CEC también ayudó a crear la APNED, una red de campañas solidarias que provee apoyo mutuo para la realización de campañas, plantea los temas a nivel internacional, aboga por una mayor protección de las personas defensoras, realiza actividades de capacitación y facilita servicios. Creemos que la solidaridad entre personas defensoras es importante para ayudar a fortalecer los movimientos locales, así como la lucha internacional por nuestros derechos medioambientales.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

    Incluso antes de la pandemia, existía preocupación por la inclusión de las personas defensoras del medio ambiente de base o en las primeras líneas en procesos internacionales tales como estas conversaciones sobre el clima. La falta de inclusión se hizo más evidente con la pandemia, ya que muchas OSC han tenido dificultades para asistir a causa de los requisitos y gastos adicionales. Además, sólo las organizaciones acreditadas pueden asistir a los actos oficiales, y son muy pocas las que están acreditadas. Asimismo, los informes de los gobiernos suelen estar muy alejados de la realidad. El empeoramiento de la crisis climática es la prueba de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.

    A pesar de ello, seguiremos participando en los eventos formales y paralelos de la COP26, con el objetivo de llamar la atención sobre la forma en que muchos países desarrollados y grandes empresas están profundizando la crisis climática mediante el acaparamiento de recursos y la explotación de los recursos naturales de los países pobres, exacerbando la pobreza existente, y de qué manera se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de su responsabilidad y falta de rendición de cuentas. También queremos destacar la importancia de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de nuestro entorno y la defensa de nuestros derechos medioambientales, y por lo tanto la necesidad de garantizar que no sufran más violaciones de sus derechos humanos por motivos políticos que les impidan realizar su importante labor.

    ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

    Esperamos que el marco capitalista orientado al beneficio cambie en Filipinas. Esto garantizaría el abordaje de los conflictos por los recursos, el mantenimiento de la protección del medio ambiente para el equilibrio ecológico, el establecimiento de auténticos programas de adaptación al cambio climático y la atención que los grupos vulnerables necesitan. Esto también supone responsabilizar a los países y a las empresas que contribuyen a la crisis climática y proporcionar apoyo a los países pobres para que puedan adaptarse.

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  • COP26: “Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo”

    La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

    CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

    RuthAlipaz

    ¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

    Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

    En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

    Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

    En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

    Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

    Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

    ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

    Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

    Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

    Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

    ¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

    Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

    Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

    ¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

    Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

    Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

    ¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

    Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

    Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

    Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

    Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

    Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

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  • COP26: “Sigue faltando conciencia de que necesitamos proteger el clima para protegernos a nosotros mismos”

    En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Sascha Müller-Kraenner, director ejecutivo de Acción Medioambiental Alemania(Deutsche Umwelthilfe), una organización que promueve modos de vida sostenibles y sistemas económicos que respetan los límites ecológicos. Lleva más de 40 años defendiendo la conservación de la diversidad biológica y la protección del clima y los bienes naturales.

    Sascha Muller Kraenner

    Foto: Stefan Wieland

    ¿Cuál es el principal problema climático en su país?

    Alemania y Europa deben eliminar progresivamente el gas fósil para tener alguna esperanza de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC. Los políticos aún no aceptan esta realidad, y el debate público se ve enturbiado por el lobby del gas, que impulsa una campaña engañosa para presentar el gas fósil como limpio, barato y respetuoso del medio ambiente. Pero tomarse en serio la preservación del clima supone transformar todo el sistema energético, y en esta transformación el gas fósil no tiene cabida. Tenemos que dejar de subvencionarlo y de construir nuevas obras de infraestructura a su servicio.

    Las energías renovables y la eficiencia energética deben ampliarse masivamente para reducir la demanda de gas y generar energía limpia. En el sector de la calefacción, tenemos que prohibir la venta de nuevos calentadores de gas y sustituir los existentes por tecnologías sostenibles, tales como las bombas de calor, en lugar de ofrecer falsas soluciones como el hidrógeno.

    La aparición de los llamados “gases verdes”, como el hidrógeno, supone una amenaza y una oportunidad en este sentido, y el diseño de una normativa adecuada para un futuro neutro desde el punto de vista climático es un desafío fundamental. Como el suministro de hidrógeno verde será muy limitado, ya que su producción es muy costosa, tenemos que utilizarlo solamente en los sectores que son más difíciles de descarbonizar, como los procesos industriales de alta temperatura, más que para la calefacción o el transporte, donde hay otras opciones disponibles.

    ¿De las devastadoras inundaciones que sufrió Alemania en julio, han resultado un mayor reconocimiento de la crisis climática y una mayor voluntad de actuar?

    Un mayor reconocimiento, sí. Las inundaciones fueron atribuidas por la mayoría, y con razón, al cambio climático. Sin embargo, el debate no ha cambiado mucho una vez superada la crisis inmediata. El gobierno tuvo que comprometer 30.000 millones de euros (unos 35.000 millones de dólares) para reparar los daños causados por las inundaciones y reconstruir las regiones afectadas. Sin embargo, en el contexto de las elecciones federales, la política climática fue debatida como un “costo” que la sociedad tiene que pagar por razones altruistas.

    Presentar la política climática como contrapuesta al desarrollo económico es una falsa dicotomía. La verdad es que debemos reducir las emisiones, incluso en las áreas donde resulta difícil, precisamente para evitar que eventos terriblemente costosos como las inundaciones y las sequías sean cada vez más frecuentes. Sigue faltando esta conciencia de que necesitamos proteger el clima para protegernos a nosotros mismos.

    ¿Hasta qué punto la crisis climática estuvo presente en la campaña electoral de octubre, y cómo está presionando el movimiento climático al posible nuevo gobierno para que haga más en ese sentido?

    Según las encuestas, el cambio climático fue el tema más importante de las elecciones. Esto se debe, en parte, a la frustración con el gobierno saliente de “gran coalición”, que se mostró complaciente con la crisis climática, incapaz de alcanzar sus propios objetivos y poco dispuesto a tomar decisiones de gran alcance en áreas críticas como las energías renovables, la construcción, el transporte y la agricultura.

    El movimiento por el clima, y en particular el de Viernes por el Futuro, se ha fortalecido mucho desde las elecciones de 2017. La juventud está movilizada y mantendrá la presión porque teme, y con razón, por su futuro. Es muy probable que el partido de los Verdes forme parte del nuevo gobierno tras conseguir el mejor resultado electoral de su historia. Esto es un buen augurio para la política climática así como para el ejercicio de influencia por parte del movimiento por el clima. El Partido Verde es, de lejos, el más experto y dispuesto a adoptar una política climática ambiciosa, y también el más abierto a las preocupaciones del movimiento por el clima.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Deutsche Umwelthilfe se vincula con el movimiento por el clima en Europa a través de su membresía en asociaciones paraguas como Climate Action Network-Europe y European Environmental Bureau. Participamos regularmente junto con nuestros socios europeos en intercambios y grupos de trabajo sobre diversos temas, tales como la eliminación progresiva del gas, la regulación de las emisiones de metano, el financiamiento sostenible y la calefacción sustentable.

    ¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentra a este tipo de procesos internacionales?

    No hay duda de que la cooperación internacional es crucial si queremos limitar el calentamiento global de forma efectiva, y el Acuerdo de París es testimonio de ello. Sin embargo, desde el inicio de la serie de reuniones de la Conferencia de las Partes hemos visto un aumento continuo de las emisiones a nivel global. Muchos también critican estos eventos porque están fuertemente patrocinados por la industria y, por lo tanto, sus resultados están algo inclinados en dirección de las expectativas de la industria.

    Así, los procesos internacionales son, por un lado, cruciales, pero, por otro, son también una oportunidad para que la industria de los combustibles fósiles gane, o al menos conserve, su reputación como parte de la solución a la crisis climática, al tiempo que en muchos casos continúa impidiendo que se produzcan avances.

    Por lo tanto, debemos tener cuidado al considerar de manera realista los resultados que pueden surgir de la COP26. Espero que se avance en compromisos de reducción de emisiones para estar en condiciones de cumplir el Acuerdo de París. Pero será necesario que la sociedad civil exija e implemente los cambios necesarios, independientemente del resultado de la COP26. Nosotros somos y seguiremos siendo parte de ese cambio.

    ¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

    En los últimos años hemos sido testigos de los increíbles esfuerzos realizados por la generación joven para que por fin se actúe en consonancia con las promesas hechas en el Acuerdo de París. Sin embargo, con demasiada frecuencia los responsables de la toma de decisiones hacen caso omiso de sus conocimientos y demandas en torno a la crisis climática y, en cambio, siguen actuando como de costumbre. Creo que todos nos beneficiaríamos si la juventud tuviera mayor influencia en los procesos de toma de decisiones con potencial para detener el calentamiento global.

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  • COP26: “Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido”

     En portugues

    Daniel Gutierrez GovinoMientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.

    CIVICUS conversa con Daniel Gutiérrez Govino, fundador de la Brigada de Incendios Forestales de Alter do Chão, un grupo que trabaja para prevenir, combatir y promover la coordinación sociopolítica contra los incendios en la selva amazónica en el estado de Pará, Brasil. Daniel también es cofundador del Instituto del Acuífero de Alter do Chão, institución que promueve proyectos sociales en la localidad de Alter do Chão, municipio de Santarém, estado de Pará.

    ¿Qué le llevó a convertirse en defensor del medio ambiente?

    Sentí la urgencia de trabajar para mantener al planeta viable para los seres humanos y otras especies. Me conmovió, y lo sigue haciendo hoy, la posibilidad de que los seres humanos reviertan sus acciones y su forma de pensar sobre nuestro papel en la naturaleza. Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido.

    ¿Qué hace la Brigada Alter do Chão?

    Trabajamos desde 2017 para prevenir y combatir los incendios forestales en Alter do Chão, en el municipio de Santarém, en el norte de Brasil. Reunimos a un grupo de voluntarios de la comunidad que, con gran valentía, han trabajado para proteger la biodiversidad, a la población de Alter do Chão y a la región de los incendios forestales. Para ello, recibimos formación del Cuerpo de Bomberos Militares, la Defensa Civil y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra. Hemos formado a nuevos brigadistas y promovido la coordinación sociopolítica y la comunicación con las comunidades locales.

    ¿Qué restricciones han enfrentado en respuesta a su activismo ambiental?

    En el caso de la Brigada de Alter do Chão, yo y otros tres brigadistas fuimos detenidos en 2019 bajo acusaciones infundadas de provocar incendios en un área de protección ambiental. Nuestro trabajo fue criminalizado porque propone soluciones y exige una transformación del contexto político local.

    Además, el contexto nacional actual es hostil para la sociedad civil organizada. Hemos sido chivos expiatorios en una narrativa que pretendía criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, en un momento en que el presidente del país y sus partidarios intentaban culpar a la sociedad civil del dramático aumento de los incendios forestales.

    También he enfrentado resistencias al intentar promover cambios en las políticas públicas actuales en el microcosmos de Santarém. El conservadurismo político y social socava todo movimiento que pretenda impulsar agendas progresistas. El gobierno, la policía civil y la élite local rechazan el activismo ambiental atacando nuestro trabajo. Hemos tenido suerte y nuestro privilegio nos ha mantenido con vida, pero los activistas de la Amazonia están permanentemente amenazados de violencia y muerte. No es una región segura para quienes luchan por la libertad y la justicia.

    ¿Qué tipo de apoyo recibieron cuando fueron criminalizados?

    Cuando nos detuvieron recibimos toda clase de apoyos, a nivel tanto nacional como internacional. El principal apoyo provino de los abogados penalistas pro-bono del Proyecto Libertad, que aún hoy nos acompañan. Pero también recibimos apoyo de instituciones nacionales como Proyecto Salud y Alegría y Conectas, así como de organizaciones internacionales como WWF Brasil, Artículo 19, Front Line Defenders y muchas otras.

    Salimos de la cárcel a los pocos días gracias a la actuación de estas redes de incidencia y protección. Sin embargo, el proceso penal contra nosotros continuó y ya lleva dos años, aunque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones en nuestra contra. A nivel federal, la investigación policial se cerró; sin embargo, las autoridades del estado de Pará han insistido en sus acusaciones. Recientemente, la fiscalía federal impugnó la competencia de la causa judicial, pero durante meses el proceso ha seguido dando vueltas en la justicia brasileña. Parte de nuestro equipo sigue estando confiscado hasta el día de hoy. Ya no tengo esperanzas de que se haga justicia.

    A pesar de todo, creo que la sociedad civil brasileña está saliendo fortalecida. Nuestro socio Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, que también trabaja en Alter do Chão, dice que se trata de algo así como un efecto búmeran. Creo que esta apreciación es brillante. Ellos nos atacan, y sus ataques nos hacen más fuertes.

    ¿De qué vías disponen los activistas de su región para buscar protección y apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan de la sociedad civil y de la comunidad internacional?

    Lo principal es conocer las redes de apoyo disponibles y coordinarse con ellas antes de que ocurra algo malo, es decir, coordinarse preventivamente. Esto incluye a instituciones nacionales e internacionales como las que nos apoyaron. Pero, sobre todo, es fundamental conocer las redes de apoyo locales.

    Los tipos de apoyos necesarios son específicos y dependen mucho de cada región. Brasil tiene un tamaño continental y las necesidades del sur, por ejemplo, no son las mismas que las de la Amazonia. Ni siquiera se puede decir que la Amazonia sea una región, porque es, de hecho, un continente con particularidades en cada región. Pero son estas redes las que pondrán en contacto a los que necesiten apoyo con los que puedan ayudar.

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  • COP26: “Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario”

    Mubiru HuzaifahEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Mubiru Huzaifah, de la Organización Cristiana Ecológica (ECO) de Uganda, una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja para asegurar medios de vida sostenibles a los grupos marginados, desatendidos y vulnerables de Uganda. Sus iniciativas en curso se centran en la gobernanza de los recursos naturales, la resiliencia y la adaptación al cambio climático y la gestión y restauración de los ecosistemas.

    ¿Cuál es el problema climático en el cual actualmente se centra su trabajo?

    El tema que más nos preocupa son los altos niveles de vulnerabilidad que el cambio climático está generando en los sistemas humanos. El cambio de largo plazo de los elementos climáticos con respecto a los niveles previamente aceptados está provocando cambios en los sistemas medioambientales y humanos. Según los informes sobre el estado del medio ambiente publicados por la Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental de Uganda, los principales problemas relacionados con el cambio climático son la contaminación industrial, la quema indiscriminada de vegetación, el uso ineficaz de los combustibles y la mala planificación de las redes de transporte, todo lo cual genera altos niveles de emisiones.

    ¿Existen iniciativas gubernamentales para mitigar el cambio climático?

    Hay un proyecto de mitigación que está implementando el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, denominado Mejoramiento de los Ingresos Agrícolas y Conservación de los Bosques, que reparte gratuitamente plántulas que son plantadas para mejorar la capacidad de absorción del suelo. También está el Plan de Subvenciones a la Producción de Aserrín, cuyo objetivo es aumentar los ingresos de la población rural mediante la plantación de árboles comerciales por parte de las comunidades locales y de medianas y grandes empresas, lo que al mismo tiempo contribuye a mitigar los efectos del cambio climático mediante la reforestación intensiva. También hay varios proyectos de energía solar en los distritos de Mayuge, Soroti y Tororo, que han aumentado la producción de energía solar del país, y un proyecto de humedales apoyado por el Fondo Verde para el Clima, que busca conservar los humedales y detener su degradación.

    Otras intervenciones relevantes son la puesta en marcha de sistemas de flujo de agua por gravedad para facilitar el suministro de agua sin utilizar fuentes de energía; el desarrollo de carreteras con canales de drenaje de agua y luces solares y el desarrollo de redes de carreteras libres de atascos que permitan un tráfico fluido y ayuden a reducir las emisiones de los automóviles; y la adopción de motocicletas eléctricas o libres de emisiones para reducir aún más las emisiones resultantes del uso de combustibles fósiles, tema en que el Ministerio de Energía está trabajando junto con el sector privado.

    ¿Qué tipo de trabajo realiza ECO en estos temas?

    El trabajo de ECO apunta a aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, a reducir los riesgos de desastres, a mejorar la gobernanza y la gestión de los recursos naturales, especialmente en el sector extractivo, y a promover la gestión y restauración de los ecosistemas.

    Por ejemplo, en el marco de un proyecto que busca promover y apoyar a las zonas conservadas por las comunidades en la cuenca del lago Victoria, hemos prestado apoyo a prácticas de pesca legal, desarrollado e impartido formación sobre la promoción de la agricultura sostenible y apoyado buenas prácticas de gobernanza de los recursos locales. Tenemos otro proyecto que busca aumentar la transparencia, la inclusión social, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de las empresas mineras en la región de Karamoja.

    En estos y en muchos otros proyectos en que trabajamos, siempre buscamos impulsar el cambio poniendo en el centro a las personas en riesgo y aprovechando los recursos y conocimientos locales y tradicionales. Intentamos vincular los ámbitos de la acción humanitaria y la labor de desarrollo centrándonos en los medios de subsistencia. Trabajamos para garantizar una planificación adaptativa, tratando de vincular las realidades locales con los procesos globales e integrar disciplinas y enfoques para abarcar diferentes riesgos. Para ello trabajamos en conjunto con comunidades, OSC, organismos gubernamentales, universidades e institutos de investigación, entidades del sector privado y medios de comunicación.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Nos vinculamos con el movimiento climático global a través de la Red de Acción Climática-Uganda, que incluye a más de 200 OSC nacionales. Actualmente nosotros la presidimos. Esto nos permite participar como observadores en las reuniones de la COP.

    También participamos en las reuniones consultivas previas a la COP organizadas por el gobierno ugandés para preparar las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. En estas reuniones, ayudamos a evaluar los avances realizados en la lucha contra el cambio climático y en materia de cumplimiento de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional.

    Convertimos nuestras lecciones aprendidas en acciones de incidencia que pueden adaptarse a los foros internacionales sobre el cambio climático. Algunos problemas locales pueden alimentar la agenda nacional, convertirse en acciones de política pública y pasar a influir en las políticas internacionales.

    ¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 produzca avances en materia de mitigación del cambio climático?

    Esperamos que de la COP26 surja una nueva plataforma de comercialización para el comercio de emisiones que sustituya al Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permitía a los países con un compromiso de reducción o limitación de emisiones en virtud del Protocolo de Kioto poner en marcha proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo. También esperamos que se comprometan más fondos para acelerar la difusión de energías renovables.

    Estos procesos internacionales son relevantes siempre que contribuyan a la financiación de los esfuerzos de mitigación del cambio climático y produzcan estrategias de financiación novedosas, como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación y su programa piloto para fomentar la innovación en las prácticas de adaptación de los países vulnerables. Viniendo de un país en vías de desarrollo, creo que es fundamental aumentar inmediatamente el financiamiento de medidas de adaptación, ya que los impactos perturbadores del cambio climático sobre los sistemas humanos ya son evidentes.

    ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

    Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario. Nuestra visión es la de una comunidad con mayor capacidad de adaptación para hacer frente a los impactos del cambio climático y sus efectos ulteriores. Esto puede hacerse aumentando el acceso a tecnologías y proporcionando financiamiento para la mitigación y la adaptación a través de estructuras comunitarias.

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  • ECOCIDIO: “Los autores de destrucción ambiental deberían ser procesados como los criminales de guerra”

    CIVICUS conversa con Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional y presidente de la Fundación Stop Ecocidio. La campaña Stop Ecocidio busca lograr que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional. Para ello, la Fundación Stop Ecocidio, con sede en los Países Bajos, trabaja con abogados penalistas internacionales, investigadores y diplomáticos para elaborar una definición de ecocidio actualizada, clara y jurídicamente sólida y abogar por que los Estados lo incorporen en una enmienda al derecho penal internacional.

     

  • HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”

    Edy TaboraCIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

    ¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

    El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

    El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

    Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

    Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

    El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

    Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

    En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

    En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

    La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

    En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

    De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

    ¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

    Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

    Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

    En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

    El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

    Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

    Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

    ¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

    Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

    En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

    Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

    ¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

    A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

    En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

    La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

    Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

    ¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

    El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

    Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

    En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

    ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

    El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

    Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

    El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. 

     

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