Mexico

 

  • ‘Tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos, es decir reactivando comunidades, y no solamente edificando casas’

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    Los dos terremotos que afectaron a México en septiembre de 2017 dejaron cientos de muertos y miles de heridos, y la sociedad civil respondió rápidamente. Además de tener impactos inmediatos, los terremotos expusieron graves deficiencias de gobernanza. CIVICUS habla con dos personas de Fundar: Centro de Análisis e Investigación - Eduardo Alcalá, Coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación, y Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Fundar es una organización de la sociedad civil mexicana, plural e independiente, que promueve una democracia sustantiva y la transformación de las relaciones de poder entre gobierno y sociedad. Realiza labores de incidencia a través de la producción y diseminación de conocimiento especializado, la reflexión crítica y propositiva y la experimentación y vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales.

    1. ¿Piensan que la respuesta del gobierno mexicano ante los sismos de septiembre de 2017 fue adecuada y suficiente?

    El 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados afectó gravemente a la población de Chiapas y Oaxaca. Poco después, el 19 de septiembre, otro sismo de 7.1 grados causó graves daños, principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los sismos pusieron en evidencia la existencia de diversas falencias que el gobierno mexicano debe atender de manera urgente en materia de prevención y respuesta a los efectos de desastres naturales.

    Desde nuestra perspectiva, la respuesta oficial ante estos hechos debe contemplar los siguientes elementos. En primer lugar, debe incluir la provisión de información accesible, clara, precisa y de calidad. Esto es determinante para la atención inmediata, es decir para el adecuado rescate de sobrevivientes, su cuidado y la recuperación de su patrimonio; para la reconstrucción de sus viviendas y de la infraestructura de sus localidades; para la provisión de condiciones de vida adecuadas a sus necesidades tras el desastre, y eventualmente para reparar daños y garantizar otros derechos.En este sentido, está claro que las plataformas y los sistemas oficiales de información y de comunicación deben ser actualizados con urgencia para ofrecer datos completos que permitan conocer de manera inmediata la magnitud de los daños, el tipo de asistencia de emergencia enviada a las poblaciones afectadas y, sobre todo, las estrategias planificadas y el origen y el destino de los recursos públicos con que el gobierno responderá a la catástrofe en el corto, el mediano y el largo plazo. En el caso de los sismos recientes, las respuestas del gobierno a las necesidades de información no cumplieron con estos estándares mínimos de transparencia ante desastres naturales.

    Segundo, la respuesta oficial debe asimilar el hecho de que, en la fase de emergencia, la participación ciudadana encarada desde la solidaridad y la voluntad de las personas se organiza y coordina de manera natural y virtuosa. En ese sentido, las acciones para atender la fase de emergencia que desarrollaron las comunidades en México evidentemente superaron en tiempo y forma a las estrategias oficiales. Las redes sociales habilitaron una respuesta social mucho más ágil y efectiva que los procesos burocráticos. El involucramiento del gobierno a través de la marina, el ejército y los operadores públicos, si bien contribuyó a ordenar algunos aspectos durante esta fase, en ciertos momentos generó confusión e impuso medidas no necesariamente acordes a los protocolos internacionales en materia de rescate y salvaguarda de las vidas de las personas.

    Tercero, la respuesta gubernamental debe incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones para la reconstrucción. Las estrategias e intervenciones deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos. La participación no solo empodera a las comunidades sino que también garantiza una mayor congruencia entre las políticas resultantes y las prioridades de las comunidades. En este sentido, apremia que el gobierno mexicano habilite, promueva e implemente mecanismos efectivos de participación ciudadana para la formulación de planes de reconstrucción y, más en general, que fortalezca en forma permanente el diálogo con la ciudadanía.

    Cuarto, la respuesta del gobierno debe ir acompañada de mecanismos adecuados de rendición de cuentas, basados en plataformas y sistemas eficaces de información, para que sea posible hacer un monitoreo en tiempo real tanto del avance físico como del aspecto financiero de los planes de reconstrucción. Asimismo, el gobierno debe estar dispuesto a reorientar sus acciones y ajustar la inversión en función de las necesidades más apremiantes desde una visión estratégica a corto, mediano y largo plazo. En este punto, el gobierno mexicano debería introducir mejoras sustantivas en el diseño, la implementación y la operación de mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano. La ciudadanía debería poder monitorear los procesos de reconstrucción en todas sus dimensiones, tanto físicas como financieras y en lo que respecta al desembolso tanto de recursos públicos como de recursos procedentes de donaciones privadas. Actualmente el marco normativo es poco robusto en este sentido y tiene lagunas procedimentales que complican la adecuada fiscalización.

    2. ¿Qué rol desempeñó en este contexto la sociedad civil?

    La sociedad civil ha estado desde hace años activa en todos estos temas. En primer lugar, diversas organizaciones han puesto en el centro del debate público la necesidad de una mejor planeación urbana y de vivienda, así como de un diseño integral en materia de protección civil y prevención y atención a riesgos. En segundo lugar, ante la ocurrencia de desastres - sismos, sequías, huracanes, inundaciones - la sociedad civil ha contribuido mediante la provisión de información y la puesta en marcha de mecanismos participativos para atender necesidades puntuales de las comunidades afectadas. Tercero, a través de diversas plataformas cívicas e iniciativas ciudadanas, desde la sociedad civil nos hemos involucrado en distintos frentes para, sobre la base de nuestra experticia,mejorar los procesos en las fases posteriores a una catástrofe.

    De modo que, aunque el voluntariado fuera una de las caras más visibles de la sociedad civil en los momentos inmediatamente posteriores al desastre, nuestra presencia lo excede con creces. La sociedad civil ha impulsado el análisis y la discusión de enfoques que reconceptualizan la noción de bienestar de las personas afectadas por un desastre natural. Tenemos claro que “reconstruir por reconstruir” no sirve; tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos. Esto implica no solamente edificar casas sino también reactivar comunidades, impulsar un desarrollo acorde a las necesidades de cada población, priorizar los requerimientos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y, en suma, asegurar mejores condiciones de vida para prepararnos para futuros eventos similares.

    Es resumen, tenemos conocimientos especializados y experiencia de sobra, y el gobierno debería reconocerlo mediante la promoción de un diálogo fluido y la adopción de compromisos concretos con la sociedad civil. Sin embargo, todo esto requiere de una gran voluntad política y administrativa, y difícilmente ocurra a menos que nosotros elevemos nuestras exigencias. En sentido estricto, lograr que el gobierno adecue sus mecanismos a las oportunidades de mejora y a nuestras observaciones y recomendaciones es el principal reto que tenemos enfrente. Como todo proceso de incidencia en pos de transformaciones estructurales, no será fácil. Será un esfuerzo permanente y de largo plazo, y en ningún momento podrá perder de vista los principios y las prácticas de información, participación y rendición de cuentas. Pero solo en la medida en que hagamos nuestra labor de vigilancia lograremos mejorar los procesos democráticos y asegurar mayores niveles de bienestar humano para la ciudadanía.

    3. ¿Acaso los sismos pusieron en evidencia otros problemas subyacentes de larga data? ¿Ha abierto la emergencia alguna ventana de oportunidad para la resolución de esos problemas?

    Los sismos confirmaron la existencia de fallas estructurales e instruccionales, así como la necesidad de fortalecer los controles y la rendición de cuentas en materia de ejecución de recursos y procesos de contratación por adjudicación y licitación. El mapa de las comunidades más afectadas dejó en evidencia que ellas enfrentaban fuertes precariedades y desigualdades desde mucho antes de los sismos. De igual modo, se observa que las mujeres son las principales víctimas de los desastres, al mismo tiempo que las tareas de asistencia inmediata tras el sismo otorgaron a las mujeres un protagonismo sin precedentes. De modo que esta es una oportunidad ideal para atacar esos problemas, vulnerabilidades y desigualdades desde la raíz. El gobierno mexicano no debe perder la oportunidad que tiene enfrente. Por un lado, debe mejorar la conceptualización y el diseño del marco normativo y procedimental, a partir de principios y estándares de derechos humanos. Por otro lado, debe transformar las prácticas institucionales mediante las cuales implementa sus acciones y gasta los recursos públicos. En ese sentido, los sismos también abrieron una ventana de oportunidad (que todavía debe ser aprovechada por el gobierno) para poner en marcha una estrategia de colaboración con la sociedad civil.

    La toma de decisiones en esa dirección contribuiría a resolver no solamente el tema inmediato de la respuesta a emergencias sino también otras problemáticas que cruzan profundamente a la agenda pública: la falta de transparencia y rendición de cuentas, la desigualdad, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la impunidad.

    4. ¿Han surgido iniciativas novedosas de la sociedad civil en el contexto del desastre?

    Han surgido varias iniciativas novedosas. Una de ellas es la plataforma #Epicentro, integrada por organizaciones de la sociedad civil, de la academia y del sector empresarial, así como por voluntarios. Con el lema “Reconstrucción social con integridad”, #Epicentro surgió a partir de un núcleo de diez organizaciones, que en pocos días se convirtieron en 30 y en las últimas semanas se multiplicaron hasta superar las 100. Fundar forma parte de esta iniciativa, que busca promover la participación ciudadana en las distintas fases de la reconstrucción, exigiendo del gobierno mexicano los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. La atención a la reconstrucción es clave porque ésta insumirá mucho más tiempo y recursos que la propia situación de emergencia: actualmente se calcula que llevará tres años y costará unos 30 mil millones de pesos, buena parte procedente del sector privado. Y por supuesto que en un período tan largo la atención mediática declina, y dados los montos involucrados, el descuido puede tener enormes costos. En este caso, además, el período de reconstrucción se superpondrá con el próximo proceso electoral que se desarrollará en 2018, y es preciso minimizar el riesgo de que se haga un uso político y clientelar de los recursos destinados a la reconstrucción.

    La coalición #Epicentro se articula en tres nodos temáticos. El primero está a cargo de hacer un seguimiento minucioso para vigilar que los recursos para la reconstrucción se gasten correctamente y lleguen a quienes realmente los necesitan. El segundo se ocupa de monitorear que la reconstrucción se lleve a cabo siguiendo las mejores prácticas, los aprendizajes de otras experiencias y los estándares de derechos humanos. El tercero se centra en el tema de las reparaciones del daño causado a las víctimas de casos de corrupción y la sanción de los responsables. En ese sentido, es necesario investigar porqué murieron personas cuando se derrumbaron construcciones que tenían permisos que probablemente nunca deberían haber sido otorgados.

    En suma, #Epicentro representa un compromiso y una apuesta ciudadana de largo aliento. El formato de la plataforma, diseñada por jóvenes especialistas en tecnologías cívicas, es novedoso en el marco de la experiencia mexicana de construcción de redes, alianzas a iniciativas para el monitoreo ciudadano, no solamente por la cantidad de organizaciones y voluntarios involucrados o por su diversidad y complementariedad temática y técnica, sino también por el grado de coordinación logrado en torno de un fin común.

    5. ¿Ha recibido México suficientes expresiones de solidaridad y apoyo financiero de la comunidad internacional? ¿De qué modo adicional podrían los actores externos apoyar la reconstrucción?

    Tras los sismos la solidaridad de la comunidad internacional se hizo sentir. El apoyo abarcó desde ayuda humanitaria en especie y asistencia técnica para el rescate hasta un gran caudal de aporte financiero procedente de donativos de diversos actores de la comunidad internacional, tanto públicos como privados.

    El portal “Transparencia Presupuestaria” ofrece información oficial acerca de los donativos que el gobierno mexicano ha recibido de distintos países y organizaciones internacionales, entre las cuales se cuenta el Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC). Sin embargo, la publicación de la información no alcanza para asegurar que los recursos atiendan las necesidades de las poblaciones afectadas por los desastres naturales.

    La multiplicidad de fuentes de recursos internacionales incrementa la necesidad de instrumentos eficientes para su administración, garantías de transparencia en su ejecución y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre el destino de los recursos. Expresados como mera cantidad, los montos de los recursos financieros no dicen demasiado: en lo inmediato, claro que es importante que esos fondos no acaben en el bolsillo equivocado. Pero en el largo plazo, lo que realmente importa es que esos recursos se materialicen en estrategias y acciones concretas que aseguren una reconstrucción encarada con un enfoque de derechos. En ese sentido, sería importante que los donantes de los recursos expresaran interés en el destino de los fondos y en el impacto que ellos van teniendo en el logro de los fines para los cuales fueron dispuestos.

    • El espacio cívico en México es clasificado por el CIVICUS Monitor en la categoría ‘represivo’, indicativa de la existencia de serias restricciones sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
    • Visite la página web o el perfil de Facebook de FUNDAR, o siga en Twitter a @FundarMexico.

     

     

     

  • “La inclusión es una ilusión”

    English | French 

    Ochoa Ayala, Fundación 11:11, México

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    ¿A quién no le gusta sentir que pertenece a un lugar, comunidad, espacio, algo? El sentido de pertenencia tiene que ver con la identidad que cada individuo va desarrollando a lo largo de su vida, da una muestra de quienes somos; por ejemplo yo, soy una mujer, joven, mexicana, activista, soñadora etc., es como me identifico y las palabras que elegí para describirme hacen que me conecte con personas afines.

    Al ser una mujer joven mexicana activista soñadora encontré a CIVICUS

    “Una comunidad mundial de ciudadanas y ciudadanos informados, inspirados y comprometidos en el abordaje de los desafíos que enfrenta la humanidad.”[1]

    Al leer su visón de inmediato supe que quería ser parte de esa comunidad y es que me sentí identificada, supe que al otro lado del planeta, en el hemisferio de a lado, existían personas con una visión muy similar a la mía, con la intención de cooperar y crear alianzas para que los problemas de la humanidad se combatieran de manera conjunta e unificando esfuerzos aislados.

    Ingrese mis datos y cada semana me llegaba información sobre sus boletines, actividades y demás, hasta que un día llego un correo invitándome a la convocatoria “the Global Learning Exchange and AGM” en donde se hablarían temas de inclusión y diversidad en Montevideo, Urugay; Sin pensarlo mucho tome una decisión y apliqué, sin imaginar que acababa de abrir la puerta a una de las mejores experiencias de mi vida. Meses después me confirmaron que fui seleccionada y el 13 de diciembre me encontraba en un avión rumbo al intercambio de aprendizaje.

    Fueron tres días donde hablamos sobre el significado de diversidad e inclusión, de entrada tanto las personas seleccionadas como los encargados de dirigir el intercambio teníamos diferentes nacionalidades, idiomas, aspecto, creencias e ideas pero eso no importo para intercambiar experiencias y crear conceptos nuevos, al interactuar entre nosotros le dimos vida y realidad a los conceptos de diversidad e inclusión, puesto que estás dos palabras no significan nada sino las llevas a la acción. Comprobamos de primera mano que las diferencias enriquecen las ideas y la disposición a escuchar da pie a la inclusión.

    Juntos concluimos que la diversidad es la riqueza de lo diferente y la inclusión es la bienvenida de eso, dos conceptos que coexisten puesto que uno necesita de otro para fortalecer cada acción que realicemos en pro de la humanidad.

    Antes de este encuentro veía a la diversidad e inclusión como una ilusión, tenía el anhelo de que en mi país existieran personas que fomentaran acciones de bienvenida a lo diferente, y es que ya llevaba un tiempo trabajando por ello pero no se materializaba.

    Lamentablemente vivimos en una Era de discurso y poco accionar, las personas hablan de aceptación, las leyes de inclusión, pero en la realidad parece más una exclusividad de lo diferente, es decir, “si eres diferente júntate con los que son diferentes como tú” pero entonces ¿dónde está la inclusión? ¿Es una ilusión inalcanzable? CIVICUS respondió mi duda al integrarme a un equipo donde lo que imperaba eran las diferencias, pero aprendí que la disposición, el respeto, la humildad, el reconocimiento, son actitudes que cualquier ser humano puede tener con otro y al hacerlo se da la oportunidad de conocerlo e incluirlo a su mundo.

    Recordemos que desde nuestra existencia pertenecemos a un mundo en el que todos coexistimos y al que todos tenemos la oportunidad aportar algo valioso.

    Gracias CIVICUS por hacer mi ilusión realidad.

    [1] https://www.civicus.org/index.php/es/quienes-somos/acerca-de-civicus

     

  • As the climate crisis intensifies, so does the crackdown on environmental activism, finds new report

    New research brief from the CIVICUS Monitor examines the crackdown of environmental activism and profiles important victories civil society has scored in the fight for climate justice.

    • Environmental protests are being criminalised and met with repression on all continents
    • State authorities and private companies are common perpetrators of violations to civic freedoms
    • Despite the risks and restrictions, activist groups continue to score important victories to advance climate justice.

    As world leaders meet in Glasgow for the UN Climate Change Negotiations (COP26), peaceful environmental activists are being threatened, silenced and criminalised around the world. The host of this year's meeting is one of many countries where activists are regularly facing rights violations.

    New research from the CIVICUS Monitor looks at the common tactics and restrictions being used by governments and private companies to suppress environmental movements. The research brief “Defenders of our planet: Resilience in the face of restrictions” focuses on three worrying trends: Bans and restrictions on protests; Judicial harassment and legal persecution; and the use of violence, including targeted killings.

    As the climate crisis intensifies, activists and civil society groups continue to mobilise to hold policymakers and corporate leaders to account. From Brazil to South Africa, activists are putting their lives on the line to protect lands and to halt the activities of high-polluting industries. The most severe rights abuses are often experienced by civil society groups that are standing up to the logging, mining and energy giants who are exploiting natural resources and fueling global warming.

    As people take to the streets, governments have been instituting bans that criminalise environmental protests. Recently governments have used COVID-19 as a pretext to disrupt and break up demonstrations. Data from the CIVICUS Monitor indicates that the detention of protesters and the use of excessive force by authorities are becoming more prevalent.

    In Cambodia in May 2021, three environmental defenders were sentenced to 18 to 20 months in prison for planning a protest  against the filling of a lake in the capital. While in Finland this past June, over 100 activists were arrested for participating in a protest calling for the government to take urgent action on climate change. From authoritarian countries to  mature democracies, the research also profiles those who have been put behind bars for peacefully protesting.

    “Silencing activists and denying them of their fundamental civic rights is another tactic being used by leaders to evade and delay action on climate change” said Marianna Belalba Barreto, Research Lead for the CIVICUS Monitor. “Criminalising nonviolent protests has become a troubling indicator that governments are not committed to saving the planet .”

    The report shows that many of the measures being deployed by governments to restrict rights are not compatible with international law. Examples of courts and legislative bodies reversing attempts to criminalise nonviolent climate protests are few and far between.

    Despite the increased risks and restrictions facing environmental campaigners, the report also shows that a wide range of campaigns have scored important victories, including the closure of mines and numerous hazardous construction projects. Equally significant has been the rise of climate litigation by activist groups. Ironically, as authorities take activists to court for exercising their fundamental right to protest, activist groups have successfully filed lawsuits against governments and companies in over 25 countries for failing to act on climate change.


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  • BINDING TREATY: ‘It's not a silver bullet, but it will be a step forward in regulating excessive transnational corporate power’

    Spanish 

    Fernanda Hopenhaym

    As part of our 2018 report on the theme of reimagining democracy, we are interviewing civil society activists, leaders and specialists about their work to promote democratic practices and principles, the challenges they encounter and the victories they score. CIVICUS speaks to Fernanda Hopenhaym, Co-Executive Director of Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER), a regional civil society organisation (CSO). Based in Mexico, PODER has a mission to improve corporate transparency and accountability in Latin America from a human rights perspective and strengthen civil society stakeholders affected by corporate practices to help them function as long-term guarantors of accountability.

    What are the indispensable conditions for a fully functioning democracy? Is corporate power a limit to democracy?

    A full democracy must be based on a rule of law that really works, with guarantees for the full exercise of human rights, transparency and citizen participation in all matters of public interest, an independent justice system to which access is ensured, and a serious strategy to combat inequalities.

    Although some may view the private sector as an ally for democratic consolidation, Latin America continues to be the most unequal region in the world and corporations, particularly large companies, continue to operate opaquely. This has its roots in structural problems that have prevented our countries from truly consolidating democracy and sustaining their development. These political-institutional, socioeconomic and financial deficits have their distant origin in the conquest of Latin America, but deepened in the 1990s, when neoliberal policies failed to fulfil their promises of economic growth and development. As described by economist Álvaro Vargas Llosa, it became the norm for state enterprises to be handed out to friends of the government under monopolistic conditions, and this exacerbated a system already characterised by economic elite control of public decision-making. Joel Hellman and Daniel Kaufmann, of the World Bank, named this phenomenon state capture. These are the mechanisms by which corporate elites interfere with or exert undue influence over laws, rules and decrees for their own benefit.

    A recent example of this is the package of so-called structural reforms implemented in Mexico since 2013: labour, education, energy and other reforms that changed the rules of the game for the most important sectors of the economy to facilitate investment and favour capital.

    When we talk about accountability, we usually think about holding state agencies accountable. Why do you think it is necessary to strengthen the accountability of corporations?

    Corporations play a key role in the global economy, and hold increasing power. Public-private links have deepened, the separation between the spheres of action of business elites and governments has become very tenuous, and this has contributed to state mechanisms failing to regulate and balance the interests of corporations with the public interest effectively. That is why it is key that organised citizens focus their efforts on demanding accountability, higher standards of transparency and responsibility from companies for the negative impacts of their operations on human rights and the environment.

    There are numerous examples of corporate abuses that have not been effectively addressed by states. The most notorious in Mexico is the case of the Sonora River, where the worst spill occurred in the history of mining in the country. Forty million litres of copper sulphate were spilled, which contaminated two rivers and affected almost 25,000 people. The culprit, a company with enormous power, has so far managed to evade full compliance with its obligations to provide compensation, and has even obtained new permits to expand the mine where the spill occurred. In Ecuador, there is the case of Chevron-Texaco, which has caused oil pollution in the territories of indigenous communities, which have been seeking redress and justice for decades. In Brazil, the case of the Samarco mine stands out, which caused the collapse of a dam. This resulted in terrible pollution of the Doce River, even reaching the ocean and causing death and desolation in the communities of Mariana. And I could continue bringing up more examples from Latin America and beyond, of companies causing harm with total impunity and not being held accountable.

    What tools do you use, and what mechanisms do you promote for other stakeholders to use for improving corporate accountability?

    At PODER we use a variety of methodologies to push for greater corporate accountability. We work on two levels: on a case-by-case basis, and at the normative level. For the cases that we follow, we use rigorous business research into strategic industries, including close follow-up of project financing, to expand access to information by affected communities and civil society in general. By reducing information asymmetries, we are able to refine campaigning and negotiation strategies and, when appropriate, legal strategies as well, to protect human rights from business activity. In this terrain, to sum up, PODER produces research, accompanies organisational processes, undertakes advocacy with key actors and, in some cases, resorts to strategic litigation.

    Regarding normative change, we use various mechanisms, ranging from promoting greater transparency and access to public interest information using technology and open data, to carrying out investigative journalism in order to expose cases and increase the pressure of public opinion. We participate in processes at the national, regional and international levels to promote instruments that guarantee human rights and offer tools for corporate accountability. We are also present in multi-stakeholder spaces with the aim of exerting direct influence on the practices of both the state and companies in strategic sectors.

    We share our methodology with other actors through workshops, the provision of online resources and above all by participating in networks and coalitions in which every group contributes their lessons learned to push this agenda forward. This exchange and collective effort is fundamental to reducing the enormous imbalance of power that exists between states and companies on one side and civil society on the other.

    PODER, and you personally, have been invested for years in the process of developing a binding treaty on transnational corporations and human rights. Why do you think there should be a treaty on this topic, and how have you worked to carry it forward?

    Civil society working on human rights has increasingly identified abuse by companies as one of the roots of the problems it seeks to address. That is why the mobilisation to generate a legally binding instrument on transnational corporations and human rights has encompassed such a wide array of civil society actors, including movements as diverse as environmentalists, peasants, feminists and labour and indigenous groups, among others. An instrument of this nature would address some of the issues mentioned above that are weakening the role of states as guarantors of human rights, such as the transnational nature of big capital and the fact that negative impacts don’t respect borders between jurisdictions.

    The mobilisation of organisations, networks and movements in recent years has been enormous. It has encompassed not only participation in formal spaces, both in the United Nations (UN) and within countries, but also the creation of its own spaces, public demonstrations, advocacy, communications and the generation of analysis and content to support the treaty process. In all these instances, the participation of Latin American civil society has been important.

    The two largest coalitions are the Treaty Alliance, a very broad global platform that promotes civil society involvement in the work leading to the treaty and calls on states to participate effectively, and the Global Campaign to Dismantle Corporate Power, which works on this agenda in addition to other issues related to human rights violations by corporations. Another very interesting space is that of #Feminists4BindingTreaty, which includes groups, organisations and individuals who promote the inclusion of a gender perspective in the treaty process. Finally, PODER and our partners in the region are currently leading a coalition of Latin American organisations to disseminate information and add more voices to this process.

    The zero draft of the Binding Treaty was published two months ago. What are your first impressions after reading the document?

    The zero draft is still a timid document, with much emphasis on access to justice and little on damage prevention. But it does lay some important foundations and gives us something concrete on which to start negotiations. Leading to its elaboration, the government of Ecuador, in its presiding role as chair of the Open-ended Intergovernmental Group that was created with a mandate to draft the instrument by resolution 26/9 of the UN Human Rights Council, first generated a document of elements in 2017, then held informal consultations with states and organisations, and received numerous written inputs, which added to the work carried out in the three sessions of the Group. However, most of civil society views this first draft as insufficient.

    A key issue we are concerned about is insufficient emphasis on establishing the primacy of human rights over trade and investment interests and agreements. Some other issues that will have to be refined have to do with the type of companies that the instrument refers to, as well as with jurisdictional issues – in particular, with the balance between reinforcing states’ power to act within their jurisdictions and their extraterritorial obligations. Topics that have been included but need greater clarity include the following: due diligence on human rights, clauses on conflict of interest, and the establishment of a mechanism - a committee - for monitoring and holding companies accountable. Some issues that are fundamental for civil society have also been left out, notably the establishment of protections for human rights defenders and the introduction of a gender perspective.

    At the fourth session of the Intergovernmental Group, which will take place in Geneva from 15 to 19 October 2018, negotiations will start on the basis of the zero draft. Throughout this process there have been much resistance, particularly from the European Union and the United States. In addition, Latin American countries have not reached unified positions, and it is very unlikely that they will now. That is why the negotiation process and the production of further versions of the treaty are likely to take years, and only after that will the treaty come to light. From there on, there will be another stage leading to its signature and ratification. We in civil society will remain active and vigilant, since we believe that this process is a good opportunity to overcome obstacles to guarantee the protection of human rights at a global level and to better regulate transnational corporate power. It is not a silver bullet, but we are convinced that it will be a step forward.

    For more on civil society’s efforts to develop a binding treaty, see our2017 State of Civil Society Report, on the theme of ‘civil society and the private sector’.

    Get in touch with PODER through itswebsite andFacebook profile, or follow@ProjectPODER and@fernanda_ho on Twitter.

     

  • CIVICUS and Consorcio Oaxaca demand the immediate release of unjustly detained Mexican human rights defenders

    Click here to read a Spanish language version of this release

    CIVICUS, the global civil society alliance and the Mexican CSO Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca) are deeply concerned about the widespread use of arbitrary detention and torture against human rights defenders in Mexico. A recent report, jointly published by 11 Mexican and international human rights organisations, sets out how such practices are extensively used to restrict the work of human rights defenders.

     

  • CIVICUS UN Universal Periodic Review submissions on civil society space

    CIVICUS and its partners have submitted joint and stand-alone UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on eight countries to the UN Human Rights Council in advance of the 31st UPR session (November 2018). The submissions examine the state of civil society in each country, including the promotion and protection of the rights to freedom of association, assembly and expression and the environment for human rights defenders. We further provide an assessment of the States’ domestic implementation of civic space recommendations received during the second UPR cycle over 4-years ago and provide a number of targeted follow-up recommendations.

    Countries examined: Chad, China, Jordan, Malaysia, Mexico, Nigeria, Saudi Arabia and Senegal

    Chad EN or FR -CIVICUS and Réseau Des Défenseurs Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) examine ongoing attacks on and intimidation, harassment and judicial persecution of HRDs, leaders of citizen movements and CSO representatives. We further discuss restrictions on the freedoms of assembly and association in Chad including through lengthy bans and violent repression of protests and the targeting of unions which protest against austerity measures or the reduction of salaries for workers.

    China - CIVICUS and the Asian Human Rights Commission (AHRC) outline serious concerns related to the escalation of repression against human rights defenders, particularly since 2015, which Chinese activists described as one of the worst years in the ongoing crackdown on peaceful activism. The submission also describes unlawful restrictions on the freedom of association, including through the Charity Law and the Law on the Administration of Activities of Overseas Nongovernmental Organizations. CIVICUS and AHRC call on the government of China to immediately release all HRDs arrested as part of the “709 crackdown” and repeal all laws restricting civic space in China.

    Jordan -CIVICUS, the Arab NGO Network for Development (ANND) and Phenix Center highlight the lack of implementation of recommendations on the right to freedom of association. Current legislation governing the formation and operation of civil society organisations (CSOs), including trade unions, imposes severe restrictions on the establishment and operation of CSOs. We are also concerned by the restrictive legal framework that regulates the right to freedom of expression and the authorities’ routine use of these laws to silent critical voices.

    Malaysia - CIVICUS and Pusat KOMAS highlight a range of restrictive laws used to constrain freedom of association and to investigate and prosecute government critics and peaceful protesters, in their exercise of the rights to freedom of expression and peaceful assembly. We also raise concerns about the harassment of and threats against HRDs as well as the increasing use of arbitrary travel bans by the government to deter their freedom of movement.

    Mexico (ES) - CIVICUS and the Front for the Freedom of Expression and Social Protest (Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social - FLEPS) address concerns regarding the threats, attacks and extrajudicial killings of HRDs and journalists for undertaking their legitimate work. The submission further examines the multiple ways in which dissent is stifled through stigmatisation, criminalisation and violent suppression of social protests and restrictions on freedom of expression and independent media.

    Nigeria - CIVICUS and the Nigeria Network of NGOs (NNGO) examine the difficult operating environment for journalists who are routinely harassed, beaten and sometime killed for carrying out their journalistic work. CIVICUS and the NNGO are concerned by the actions of some officers of the Department of State Services who are at the forefront of persecuting human rights defenders.

    Saudi Arabia - CIVICUS, the European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) and Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) address Saudi Arabia’s continued targeting and criminalization of civil society and human rights activists, particularly under the auspices of its counter-terror laws, which severely undermine the freedoms of association, expression and assembly.

    Senegal - CIVICUS and the Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (COSEDDH) document a number of violations of the freedom of expression and restrictions on media outlets. In particular we discuss the continued criminalisation of press offences in the new Press Code, including criminal defamation, among other restrictive provisions. Since its last UPR examination, implementation gaps were found with regard to the rights to the freedom of expression and issues relating to the freedom of peaceful assembly.

     

  • Civil Society “Contested and Under Pressure”, says new report

    Read this press release in Arabic, French, Portuguese and Spanish

    Civil society around the globe is “contested and under pressure” according to a 22-country research findings report released by CIVICUS, the global civil society alliance, and The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). The report, Contested and Under Pressure: A Snapshot of the Enabling Environment of Civil Society in 22 Countries, brings together insights from Enabling Environment National Assessments (EENA) conducted around the world between 2013 and 2016.

     

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  • MEXICO: ‘Alliances, public debate & diversification of voices are indispensable in the struggle to expand rights’

    CIVICUS speaks with Verónica Esparza and Rebeca Lorea, respectively lawyer and researcher and Public Policy Advocacy Coordinator at Information Group on Reproductive Choice (GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida), about the significance of recent Supreme Court rulings on abortion rights, and sexual and reproductive rights in Mexico. GIRE is a feminist and human rights organisation that has been active for almost 30 years to ensure that women and others with the capacity to bear children can exercise their reproductive rights.

    Veronica Esparza y Rebeca Lorea From left to right: Verónica Esparza & Rebeca Lorea

    What is the situation of sexual and reproductive rights in Mexico?

    Currently, women and other people with the capacity to bear children do not find optimal conditions in Mexico to decide about their reproductive life: there are a high number of pregnant girls and adolescents, affected by a serious context of sexual violence that the state continues to fail to remedy; obstacles to access services such as emergency contraception and abortion in cases of rape; the criminalisation of women and other pregnant people who have abortions; daily obstetric violence during pregnancy, childbirth and postpartum; and women who die in childbirth from preventable causes.

    The structural failures of the health system are compounded by the fact that the majority of people in Mexico are employed in the informal sector, which limits their access to social security and therefore to benefits such as maternity leave and childcare. Women, who continue to play the biggest role in household and care work, bear the brunt of this lack of access to services, which particularly affects those who experience multiple discriminations, such as girls and adolescents, Indigenous women and people with disabilities.

    What does GIRE understand reproductive justice to mean, and how do you work to advance it?

    GIRE understands reproductive justice as the set of social, political and economic factors that give women and others who can get pregnant power and self-determination over their reproductive life. To achieve this, it is essential for the state to guarantee these people’s human rights, taking into account the discrimination and structural inequalities that affect their health, rights and control over their lives, and for it to generate optimal conditions for autonomous decision-making.

    It is no longer sufficient to understand reproductive rights in terms of legally defined individual freedoms, while ignoring the barriers that limit the effective access of certain populations to these rights. Reproductive justice is a more inclusive analytical framework because it links reproductive rights to the social, political and economic inequalities that affect people’s ability to access reproductive health services and effectively exercise their reproductive rights.

    GIRE has worked for almost 30 years to defend and promote reproductive justice in Mexico, making visible the normative and structural obstacles that women and others with the capacity to bear children face in fully exercising their human rights, and promoting change through a comprehensive strategy that includes legal support, communications, the demand for comprehensive reparation for violations of reproductive rights, including non-repetition guarantees at both the federal and local levels, and the collection of data to feed into our work.

    Our priority issues are contraception, abortion, obstetric violence, maternal death, assisted reproduction and work-life balance. While we focus on sex and gender discrimination faced by women and girls in Mexico, our quest for reproductive justice recognises that these variables intersect with other forms of discrimination, such as class, age, disability and ethnicity. In addition, we recognise that the discrimination faced by women and others with reproductive capacity affects not only them, but also their communities, and particularly their families.

    What is the significance of the two recent Supreme Court rulings on reproductive rights?

    In the struggle for legal, safe and free abortion in Mexico, the National Supreme Court of Justice (SCJN) has played a fundamental role. Since 2007 it has issued several rulings recognising access to abortion as a human rights matter.

    In April 2018, the SCJN granted amparos – constitutional protection lawsuits – to two young female rape victims in cases that GIRE had brought forward. The two women had been denied abortions by public health services in Morelos and Oaxaca despite the fact that this is a right for victims of sexual violence. The Court stated that this denial constituted a violation of the women’s human rights and that health authorities are obliged to respond immediately and efficiently to these requests, so as not to allow the consequences of the rape to continue over time. This implies that health authorities cannot implement internal mechanisms or policies that hinder or delay the realisation of this right. With these rulings, the SCJN reaffirmed the legal obligation of health service providers to guarantee access to abortion in cases of rape.

    On 15 May 2019, in another case promoted by GIRE, the SCJN granted an amparo to a woman who had been denied an abortion despite the fact that continuing her pregnancy could cause her serious health complications. With this ruling, the SCJN recognised that the right to health includes access to abortion and ruled on the particular reproductive health service needs of women, highlighting the serious consequences of denial of termination of pregnancy for health reasons.

    On 7 July 2021, the First Chamber of the SCJN ruled on another case joined by GIRE, of a young woman with cerebral palsy and severe limitations on her ability to carry out tasks essential to daily life, which were aggravated by a precarious economic environment. As a result of a seizure, her family had taken her to a hospital in Chiapas, where they were informed that she was 23 weeks pregnant. The pregnancy had been the result of rape when she was 17 years old. A request was made to terminate the pregnancy, but the hospital director rejected the request on the grounds that the 90-day gestation deadline established by the state penal code had passed. The SCJN pointed out that this time limit ignored the nature of sexual aggression and its consequences on women’s health, and reflected a total disregard for the human dignity and autonomy of a woman whose pregnancy, far from the result of a free and consensual decision, was the result of an arbitrary and violent act.

    Finally, in September 2021, the Plenary of the SCJN analysed two pieces of legislation that had a negative impact on the right to choose by women and others with the capacity to become pregnant. First, it analysed an action of unconstitutionality (148/2017) on the criminal legislation of the state of Coahuila, which the Attorney General’s Office had considered to be in violation of women’s human rights for classifying abortion as a crime.

    In a landmark ruling, on 7 September the SCJN unanimously decided that the absolute criminalisation of abortion is unconstitutional; it became the first constitutional court in the region to issue such ruling. The SCJN pointed out that, although the product of pregnancy deserves protection that increases as the pregnancy progresses, this protection cannot disregard the rights of women and other pregnant persons to reproductive freedom, enshrined in article 4 of the Constitution. In other words, it ruled the absolute criminalisation of abortion to be unconstitutional.

    This ruling had several implications. Firstly, the Congress of the state of Coahuila will have to reform its criminal legislation to decriminalise consensual abortion. Secondly, it establishes a precedent, meaning that the central arguments of the ruling must now be applied by all judges in Mexico, both federal and local. From now on, when deciding future cases, they will have to consider as unconstitutional the criminal laws of all the federal entities that criminalise abortion in an absolute manner. In addition, the congresses of the states where voluntary abortion is still restricted and punished now have a set of criteria endorsed by the SCJN to act to decriminalise it.

    In the same week, the Court also analysed actions of unconstitutionality (106 and 107/2018) on the recognition of the ‘right to life from conception’ established in the Constitution of Sinaloa. These actions had been promoted by a legislative minority and the National Human Rights Commission. Unanimously, the SCJN considered that the states do not have the competence to define the origin of human life and the concepts of personhood and right-holding status, which is the exclusive domain of the National Constitution. Furthermore, it considered that personhood cannot be granted to an embryo or foetus and then be used as the basis for the adoption of measures restricting the reproductive autonomy of women and other pregnant persons; this is unconstitutional.

    Based on precedents set by both the Supreme Court and the Inter-American Court of Human Rights, the SCJN established that the main efforts of the state to protect life in gestation as a constitutionally valuable good should be directed towards effectively protecting the rights of women and other pregnant persons, guaranteeing the rights of those continuing pregnancies they desire, providing the necessary conditions for dignified births, without obstetric violence, and eradicating the causes that provoke maternal deaths.

    What are the prospects for achieving legal, safe and free abortion in all of Mexico in the near future?

    In Mexico as in the region, there have been several successes over the past decade in the struggle for access to legal, safe and free abortion, although many barriers and challenges persist.

    In our country strong stigma still prevails around abortion, based on the idea of motherhood as women’s inevitable fate. This idea continues to permeate all state institutions and laws, and forms the basis for not only the social but also the legal criminalisation of abortion, which particularly affects women and other pregnant persons living in situations of violence, economic marginalisation and lack of access to reproductive information. It also sends the strong message that the state plays a role in reproductive decisions that should belong to the private sphere.

    In most of Mexico, as in Latin America, voluntary abortion is still considered a crime. For decades, feminist activists, collectives and organisations have pushed for the repeal of these laws, pointing out that consensual abortion is part of the reproductive life of women and others with the capacity to bear children, and that criminalisation does not inhibit its practice but rather means that in certain contexts it will be carried out in an unsafe manner.

    From the 1970s onwards, Mexican feminists have raised the issue of access to abortion as a matter of social justice and public health and as a democratic aspiration. Despite the forcefulness of their arguments, it took 35 years to achieve – and only in Mexico City – the decriminalisation of abortion during the first trimester of pregnancy. That victory was replicated more than a decade later in three states: Oaxaca, Hidalgo and Veracruz.

    In the short term, achieving decriminalisation at the national level is complicated because each of the 32 federal entities has its own penal code, so it would still be necessary for each state to reform its penal and health legislation to stop considering abortion as a crime and then recognise it as a health service and provide public institutions with the human and financial resources to ensure access.

    In practice, in recent years both the narrative and the reality of abortion in Mexico have changed due to the increasing prevalence of abortion pills. A few decades ago, clandestine abortion – that is, abortion performed outside the law – was considered to be synonymous with unsafe abortion, but this is no longer the case. Now there are safe abortion support networks, and in contexts of legal restriction, during the first weeks of pregnancy women and others with the capacity to gestate are able to have an abortion with pills at home, without the need to resort to a health institution.

    The victory of the Argentinian women’s movement in December 2020 has shown that alliances, public debate and the diversification of voices are indispensable in the struggle to expand rights. The exponential increase in safe abortion initiatives is an expression of the achievements of the women’s movement’s struggle for human rights and reproductive justice. The Green Wave, the movement whose distinctive colour became synonymous with the struggle for abortion rights in Argentina, has spread in Mexico and although access to legal, safe and free abortion throughout the country is still a long way off, in recent years the issue has started to be discussed in various legislative bodies, even in states with highly restrictive legal frameworks.

    What kind of additional support would Mexican civil society need from its peers in the region and globally to achieve its goals?

    Social support for the causes we feminist human rights organisations defend is indispensable to obtain achievements such as the SCJN ruling of 7 September 2021. The dissemination of our work and the amplification of our voices is also extremely valuable. Local, national and regional networking to share experiences and good practices has also proven to be a tool from which we all benefit. Similarly, connections with other struggles through reflecting about their intersections can strengthen human rights movements.

    Civic space in Mexico is rated ‘repressed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with GIRE through itswebsite orFacebook page, and follow@gire_mx on Twitter. 

     

  • MÉXICO: ‘Buscamos incidir en las políticas públicas del próximo gobierno para contribuir a solucionar los problemas del país’

    English

    En el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Emanuel Johansen Campos, Coordinador de Fondos a la Vista de Alternativas y Capacidades, A.C. una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana dedicada a fortalecer las capacidades de incidencia de la sociedad civil organizada, promover la inversión social estratégica y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos.

     

  • MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’

    CIVICUS conversa conWendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

    Wendy Figueroa

    ¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

    En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

    ¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

    Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

    En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

    En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

    En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

    Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

    Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

    Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

    Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

    ¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

    En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

    El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

    ¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

    Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

    También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

    ¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

    La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

    Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

    Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

    ¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

    Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

    Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

    El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con la Red Nacional de Refugios a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@RNRoficial en Twitter.

     

  • MEXICO: ‘Violence against women is a historical pandemic’

    CIVICUS speaks with Wendy Figueroa, director of the Red Nacional de Refugios (National Network of Shelters), a Mexican civil society organisation (CSO) that has been active for more than 20 years. The National Network brings together 69 centres dedicated to the prevention, care and protection of victims of family and gender-based violence throughout Mexico. It carries out comprehensive, multidisciplinary and intersectoral work from a gender, human rights and multicultural perspective. It focuses on public policy advocacy, enhancing the visibility of the problem of family and gender-based violence through campaigns and a media presence, and providing free and specialised comprehensive care for women and their children who experience family and gender-based violence.

    Wendy Figueroa

    How has gender-based violence in Mexico been influenced by the COVID-19 pandemic?

    In Mexico, violence against women is a historic pandemic. It did not just emerge with COVID-19; what the pandemic has done is make the situation more apparent and profound during lockdown. The ‘stay home’ measures to mitigate COVID-19 mean that hundreds of women are in a situation of greater risk and vulnerability. Gender-based violence is magnified under the pandemic precisely because within lockdown, women are overloaded with care tasks, domestic work and the responsibility to optimise the resources available in their home: all of this, of course, while under pressure from the aggressor who lives with them.

    How has the National Network responded?

    We have reinforced the activities and interventions that we have been conducting for many years. What characterises the work of the National Network is that, although our work has been constant, our experience in approaches to prevent, attend to and eliminate violence against women, boys and girls has adapted and been enriched with time. These approaches are updated according to the needs of women, boys and girls – and so our responses in this period of lockdown have also been enriched and strengthened in several ways.

    First, the Network has a telephone helpline operating 24 hours a day throughout the year, and we also provide assistance through social media. We have strengthened these, increasing the number of professionals who provide care through these two communication spaces. We also implemented a WhatsApp number as we have seen that when more time is spent in lockdown, women in situations of abuse have fewer possibilities to make external contact. So, text or social media messages have become an extremely important vehicle for women to send us a message whenever they get the chance.

    In several cases, these messages have resulted in rescue operations. During confinement, women have had to leave at the first opportunity when their aggressor is not at home, and as a result rescues have increased exponentially. In just two months we have carried out 19 rescues, compared with just around one per month during the equivalent months in 2019. To achieve this, we have had to be creative and have established alliances with some private companies such as Avon and Uber to arrange logistics and transportation.

    Second, our information, awareness and prevention campaigns have focused on three moments that women who experience abuse go through, in order to share strategies of what to do before, during and after a violent event. We also share strategies to reduce risk situations with children at home and to establish safety plans. We have carried out an inclusive and multicultural campaign, with messages in sign language for deaf women, and messages for Indigenous women in three languages: Mayan, Náhuatl and Zapotec.

    Given that COVID-19 makes pre-existing forms of discrimination and inequalities deeper and more visible, and that women are to a greater degree in this situation of vulnerability, we have also created material aimed at society at large. We promote among the public the establishment of solidarity support networks to make gender-based violence and violence against children more visible, so that people can denounce situations of violence and participate in the construction of a zero-tolerance culture.

    Third, we have carried out the ‘isolation without violence’ campaign, aimed at the government, underscoring the urgency and necessity of creating cross-sectional, resourced public policies that address the consequences and impact of COVID-19 for women from gender, human rights and multicultural perspectives. As the quarantine is lifted, these polices must guarantee access to justice, health services and financial compensation, among other rights.

    Fourth, we have carried out specific actions within the shelters, emergency centres, transition houses and external centres that make up the Network, implementing protocols to mitigate the risk of COVID-19 infection. We have used our creativity to provide assistance through various digital platforms to keep accompanying all the women who take part in our comprehensive programmes. Attention hours within these spaces have been staggered and quarantine rooms established so that we can continue to take in the women and children who require support without any obstacle or discrimination due to COVID-19, as for us it is extremely important to put human rights at the core of our actions.

    We are seeking international and private sector funding to strengthen our network of emergency and transition houses. Emergency houses are the step prior to entering a shelter and we are currently using them to mitigate the risk of COVID-19 infection in shelters: instead of the usual three days, stays have been extended to last the 14 days of quarantine. As for transition houses, they are extremely important because they are the spaces available for women leaving shelters who lack a home or solid support networks. In these transitional spaces they put into practice the plans that they developed during their stay in the shelters and start moving towards independence. But as a result of the economic impacts of COVID-19, the employment agreements that we had for these women have been cancelled. In this context, transitional houses allow women to continue with their process and avoid frustration and re-victimisation.

    Have you faced additional restrictions on the freedoms to organise, speak up and mobilise during the pandemic?

    Generally speaking, of course there have been limitations on mobility as a result of the ‘stay home’ campaign. In response, we have channelled much of our assistance through social media and over the phone. But we have not neglected face-to-face care: there are some cities where we operate in which there is no alternative available to the external attention centre of the local CSO that belongs to the National Network, and in those cases we have continued to provide face-to-face assistance, while taking all necessary precautions to reduce the risk of contagion. We also continue operating and providing in-person care, where necessary, in all our protection spaces: emergency houses, shelters and transition houses. And we continue to mobilise when necessary.

    The freedom of assembly is limited, but it is not forbidden for us to take action in the face of femicides and other rights violations. We continue operating according to our model and on the basis of our guiding principles, namely human rights and women’s lives. We have reorganised to follow social distancing when possible but, above all, focusing on the needs of the families we assist.

    How has the feminist movement adapted when transitioning from mass protests to social isolation?

    We have transformed our ways of protesting, our ways of raising our voices, of joining together in sisterhood to seek justice, substantive equality and respect of all the rights of women and children. We have used digital platforms and technology to keep communicating, networking and proposing actions. Feminist movements did not go silent as COVID-19 arrived: through all these digital media and platforms we have held talks, webinars, solidarity meetings, encounters to express our feelings and exercise solidarity. We have held feminist exchanges to support our sisters’ economy and offer our professional services as psychologists, doctors and lawyers over social media.

    We have also continued making statements. We recently produced, along with 42 other feminist groups, a video that accompanies a letter that gathered over 6,000 signatures to demand that the Mexican federal government and the 32 state governments implement urgent and priority actions to guarantee the life and safety of all women, girls and boys in our country. In the face of the minimisation of violence against women, we launched the We Have Other Data campaign, which has had quite an impact. And we have also echoed the voices of the women who are victims of violence and have sought our help. So we are definitely and fully present and we will continue to be.

    What needs to change after the pandemic, and how can we work together to bring about that change?

    The COVID-19 pandemic has highlighted all of our country’s underlying problems: those of an extremely unequal access to health, education, information, justice and rights restitution. From my perspective, the post-pandemic era can be a great opportunity to reengineer our systems of care, protection and security to ensure that everyone has both legal guarantees and actual opportunities to lead a life free of violence – and particularly those groups in a situation of greater vulnerability, including women, girls and boys, older people, migrants and people with disabilities.

    We need state policies that guarantee equal access to all rights for all people. These state policies need to have a designated budget. And they must be state-level policies rather than government policies because this is not a problem of the current administration – it is a historical problem. Government policies are typically dismantled every time the government changes, even in the case of affirmative action policies that are producing good results. This is why it is essential to move towards intersectoral state policy with a guaranteed budget. These must include gender, human rights and multicultural perspectives so that no one is left out. These policies must be the responsibility not just of the federal government, but also of our 32 states and of society itself, and of course of CSOs as well, so we can advance towards a society where sexist violence is not justified and normalised, as is unfortunately currently the case.

    All people in all sectors have to work to achieve cultural change, starting with ourselves to identify our own discriminatory acts and violent actions, as well as how we reproduce social mandates and naturalise violence. This is why I believe that change needs to take place at all levels before it is really possible to speak of a true transformation.

    What support does the National Network need from the international community?

    We need the international community to know the human rights regression that our country is going through. It is important for information to reach international organisations because the state of Mexico has signed and ratified the Convention of Belém do Pará (the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Beijing Platform for Action, and it is in breach of all these conventions. Mexico has already received many international recommendations in this regard but is not addressing them with real actions.

    On the contrary, the government is often complicit in the violence. When they ignore and even deny that women experience violence in their homes and that this problem has increased during lockdown, the authorities do nothing but re-victimise the victims. Likewise, austerity policies are affecting programmes and communities. Since 2019 shelters have been in a regrettable, constant struggle to defend their budget, showing the benefits and impact they have on Mexican families. So we also need support in the form of donations to strengthen our national network and establish more emergency houses and transition houses, which play an extremely important role in closing the cycle of violence and delivering true citizenship and protection of human rights.

    Civic space in Mexico is rated as ‘repressed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with the National Network of Shelters through itswebsite andFacebook page, or follow@RNRoficial on Twitter.

     

  • MÉXICO: “El debate público y la diversificación de voces son indispensables para ampliar derechos”

    CIVICUS conversa con Verónica Esparza y Rebeca Lorea, respectivamente abogada investigadora y coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), acerca de la significación de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia en relación con el derecho al aborto y de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México. GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que lleva casi 30 años trabajando para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

    Veronica Esparza y Rebeca Lorea

    De izquierda a derecha: Verónica Esparza y Rebeca Lorea

    ¿Cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México?

    Actualmente las mujeres y otras personas con capacidad de gestar no encuentran México condiciones óptimas para decidir sobre su vida reproductiva: hay un elevado número de niñas y adolescentes embarazadas, afectadas por un contexto grave de violencia sexual que el Estado sigue fallando en remediar; obstáculos de acceso a servicios como anticoncepción de emergencia y aborto por violación; criminalización de las mujeres y personas gestantes que abortan; violencia obstétrica cotidiana durante el embarazo, parto y posparto y mujeres que mueren en el parto por causas prevenibles.

    A las fallas estructurales del sistema de salud se suma el hecho de que la mayoría de las personas en México está empleada en el sector informal, lo que limita su acceso a la seguridad social y, por tanto, a ciertas prestaciones, como licencias por maternidad y estancias infantiles. Las mujeres, que siguen asumiendo un papel principal en las labores del hogar y de cuidados, cargan con esta falta de acceso a servicios, que afecta de manera particular a quienes viven condiciones múltiples de discriminación, como las niñas y adolescentes, las mujeres indígenas y las personas con discapacidad.

    ¿De qué modo entiende GIRE la justicia reproductiva, y qué trabajo realiza para impulsarla?

    GIRE entiende a la justicia reproductiva como el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que confieren a las mujeres y a otras personas con capacidad de gestar poder y autodeterminación sobre su destino reproductivo. Para alcanzarla es indispensable que el Estado garantice los derechos humanos de estas personas tomando en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan su salud, sus derechos y el control de su vida, y genere las condiciones óptimas para la toma de decisiones autónomas.

    Ya no alcanza con entender a los derechos reproductivos en términos de libertades individuales definidas jurídicamente, haciendo caso omiso de las barreras que limitan el acceso efectivo de ciertas poblaciones a estos derechos. El de la justicia reproductiva es un marco analítico más inclusivo porque vincula los derechos reproductivos con las desigualdades sociales, políticas y económicas que afectan la capacidad de las personas para acceder a servicios de salud reproductiva y ejercer efectivamente sus derechos reproductivos.

    GIRE ha trabajado por casi 30 años en la defensa y promoción de la justicia reproductiva en México, visibilizando los obstáculos normativos y estructurales que enfrentan mujeres y personas con capacidad de gestar en el ejercicio pleno de sus derechos humanos e impulsando el cambio a través de una estrategia integral que comprende el acompañamiento legal, estrategias de comunicación, la exigencia de una reparación integral por violaciones a derechos reproductivos que incluya medidas de no repetición, tanto a nivel federal como local, y la recopilación de datos que sustentan nuestra labor. 

    Nuestros temas prioritarios son la anticoncepción, el aborto, la violencia obstétrica, la muerte materna, la reproducción asistida, y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Si bien ponemos el foco en la discriminación por sexo y/o género que sufren mujeres y niñas en México, nuestra búsqueda por la justicia reproductiva reconoce que estas variables se cruzan con otras formas de discriminación, por ejemplo por clase social, edad, discapacidad y etnia. Además, reconocemos que la discriminación que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar no las afecta solamente a ellas, sino también a sus comunidades, y particularmente a sus familias.

    ¿Qué significación tienen los dos recientes fallos de la Corte Suprema en materia de derechos reproductivos?

    En la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido un rol fundamental, ya que desde 2007 ha emitido varias sentencias que reconocen el acceso al aborto como un asunto de derechos humanos.

    En abril de 2018, la SCJN otorgó sendos amparos a dos jóvenes víctimas de violación sexual cuyos casos acompañó GIRE. Los servicios públicos de salud de Morelos y Oaxaca les habían negado un aborto pese a que es un derecho que tienen las víctimas de violencia sexual. La Corte afirmó que esa negativa constituyó una violación de sus derechos humanos y que las autoridades de salud están obligadas a atender de manera inmediata y eficiente estas solicitudes, a fin de no permitir que las consecuencias derivadas de la violación continúen en el tiempo. Esto implica que las autoridades de salud no pueden implementar mecanismos ni políticas internas que obstaculicen o retrasen la materialización de este derecho. Con estas resoluciones, la SCJN reafirmó la obligación legal de los prestadores de servicios de salud de garantizar el acceso al aborto en casos de violación sexual.

    El 15 de mayo de 2019, en otro caso acompañado por GIRE, la SCJN otorgó un amparo una mujer a quien se le había negado el acceso a la interrupción del embarazo a pesar de que éste le podía causar complicaciones serias de salud. Con esta resolución, la SCJN reconoció que el derecho a la salud incluye el acceso al aborto y se pronunció sobre las necesidades particulares de servicios de salud reproductiva para las mujeres, resaltando las graves consecuencias de la negación de la interrupción del embarazo por razones de salud.

    El 7 de julio de 2021, la Primera Sala de la SCJN resolvió otro caso acompañado por GIRE, el de una joven con parálisis cerebral y fuertes limitaciones para realizar actividades esenciales de la vida diaria, agravadas por un precario entorno económico. A consecuencia de una crisis convulsiva, su familia la llevó a un hospital en Chiapas, donde se les informó que estaba embarazada y tenía 23 semanas de gestación. El embarazo había sido producto de una violación sexual cuando ella tenía 17 años. Se solicitó la interrupción del embarazo, pero el director del hospital rechazó la solicitud porque habían pasado los 90 días de gestación que establecía como límite el código penal del estado. La SCJN señaló que esta limitación temporal desconocía la naturaleza de las agresiones sexuales y sus consecuencias sobre la salud de las mujeres, y suponía un total desconocimiento de la dignidad humana y la autonomía de la mujer cuyo embarazo, lejos de resultar de una decisión libre y consentida, es el resultado de conductas arbitrarias y violentas.

    Finalmente, en septiembre de 2021 el Pleno de la SCJN analizó dos legislaciones que impactaban negativamente sobre el derecho a decidir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Primero analizó la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre la legislación penal del estado de Coahuila, que la Procuraduría General de la República había considerado violatoria de los derechos humanos de las mujeres por catalogar al aborto como delito.

    El 7 de septiembre, en un fallo histórico, resolvió por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, convirtiéndose en la primera Corte Constitucional de la región en emitir una sentencia de este tipo. La SCJN puntualizó que, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, consagrado en el artículo 4° de la Constitución. En otras palabras, determinó que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional.

    Las implicaciones de este fallo son varias. Por un lado, el Congreso del estado de Coahuila deberá reformar su legislación penal para despenalizar el aborto consentido. Además, genera un precedente, es decir, los argumentos centrales del fallo tienen que ser aplicados por la totalidad de las y los jueces de México, tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de todas las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta. Además, los congresos de los estados donde aún se restringe y castiga el aborto voluntario cuentan con criterios avalados por la SCJN para despenalizarlo.

    En la misma semana, la Corte analizó las acciones de inconstitucionalidad 106 y 107/2018 sobre el reconocimiento del “derecho a la vida desde la concepción” establecido en la Constitución de Sinaloa, promovidas por una minoría legislativa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por unanimidad, la SCJN consideró que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General. Además, consideró que no se le puede dar el estatus de persona al embrión o feto y pretender, con base en esto, adoptar medidas restrictivas a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes; esto es inconstitucional.

    Con base en precedentes tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN estableció que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación —como bien constitucionalmente valioso— deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, garantizando los derechos de las mujeres con embarazos deseados, proveyendo las condiciones necesarias para partos dignos, sin violencia obstétrica y erradicando las causas que provocan muertes maternas.

    ¿Cuáles son las perspectivas de conseguir el aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio mexicano en el futuro cercano?

    En México y en la región se han producido en la última década varios éxitos en la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, aunque persisten numerosas barreras y desafíos.

    En nuestro país persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es el destino obligado de las mujeres. Esta idea continúa permeando a todas las instituciones del Estado y sus leyes, y constituye la base para la criminalización no solo social sino también legal del aborto, que afecta particularmente a mujeres y otras personas gestantes procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a información reproductiva. Además, envía el fuerte mensaje de que el Estado desempeña un rol en decisiones reproductivas que deberían pertenecer a la esfera privada.

    En la mayor parte de México, al igual que en América Latina, el aborto voluntario aún es considerado un delito. Desde hace décadas activistas, colectivos y organizaciones feministas hemos impulsado la derogación de esas leyes, señalando que el aborto consentido forma parte de la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y que la criminalización no inhibe su práctica sino que implica que en ciertos contextos se realice de forma insegura. 

    A partir de la década de 1970, las feministas mexicanas plantearon el acceso al aborto como un asunto de justicia social y de salud pública y como una aspiración democrática. A pesar de la contundencia de sus argumentos, tuvieron que pasar 35 años para que se lograra —apenas en la Ciudad de México— la despenalización del aborto durante el primer trimestre. Esa victoria se replicó más de una década después en tres estados: Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

    En el corto plazo, la despenalización en todo el territorio nacional se presenta complicada porque cada una de las 32 entidades federativas tiene su propio código penal, por lo que aún sería necesario que cada entidad federativa reforme su legislación penal y de salud para, por una parte, dejar de considerar al aborto como delito y, por la otra, reconocerlo como un servicio de salud y dotar a las instituciones públicas de recursos humanos y financieros para garantizar el acceso.

    En la práctica, en los últimos años tanto la narrativa como la realidad del aborto en México han cambiado debido a la importancia que ha cobrado el aborto con medicamentos. Hace algunas décadas el aborto clandestino —es decir, realizado al margen de la ley— era considerado sinónimo de aborto inseguro, pero esto ya no es así. Ahora existen redes de acompañamiento de aborto seguro, y en contextos de restricción legal, en las primeras semanas de gestación las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden abortar con medicamentos en sus casas, sin acudir a una institución de salud.

    La victoria del movimiento de mujeres argentino en diciembre de 2020 ha demostrado que las alianzas, el debate público y la diversificación de voces son indispensables para avanzar en la lucha por la ampliación de derechos. El aumento exponencial de iniciativas relacionadas con el aborto seguro es una expresión de los logros que ha tenido el movimiento de mujeres en la lucha por los derechos humanos y la justicia reproductiva. La Marea Verde, el movimiento cuyo color distintivo se volvió sinónimo de la lucha por el derecho al aborto en Argentina, se ha extendido en México y aunque todavía falta para lograr el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, lo cierto es que en los últimos años el tema fue discutido en diversos recintos legislativos, incluso en entidades con marcos legales sumamente restrictivos.

    ¿Qué clase de apoyos adicionales necesitaría la sociedad civil mexicana de sus pares de la región y del mundo para lograr sus objetivos?

    El respaldo social a las causas que defendemos las organizaciones feministas de derechos humanos es indispensable para obtener logros como la sentencia de la SCJN del 7 de septiembre de 2021. También es sumamente valiosa la difusión de nuestro trabajo y nuestras voces. La articulación local, nacional y regional para compartir experiencias y buenas prácticas también ha demostrado ser una herramienta de la cual todas nos beneficiamos las involucradas. De igual forma, la articulación con otras luchas a partir de la reflexión sobre sus intersecciones puede fortalecer a los movimientos de derechos humanos.

    El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con GIRE a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@gire_mx en Twitter.

     

     

  • Mexico: Adoption of Universal Periodic Review Report

     

    UN Human Rights Council – 40th Session
    15 March 2019
    Oral Statement

    CIVICUS welcomes the government of Mexico's engagement with the UPR process.

    However, in our joint UPR submission with the Front for the Freedom of Expression and Social Protest (FLEPS), we documented that since its last review Mexico has not implemented 25 of the 26 recommendations that it received relating to civic space, most of which concerned the effectiveness of the Protection Mechanism for human rights defenders. While some progress has been made in the implementation of this mechanism, there is a worryingly insufficient emphasis on prevention and a neglect of investigations, resulting in persistent human rights violations against human rights defenders and impunity for the crimes committed against them. Most recently, indigenous activist Samir Flores was killed to silence his fight against the construction of a gas pipeline and gas power plant, the Proyecto Integral Morelos (PIM). 

    As detailed in our submission, Mexico also continues to be the world’s deadliest country for journalists, who are routinely threatened and physically attacked. Those who express criticism of the powerful in radio, television, print or digital media all run the same risks as human rights defenders and are often forced to censor themselves.

    Additionally, no progress has been observed towards media pluralism, and a deliberate and systematic use of official advertising to domesticate the independent press has been observed. Excessive criminal provisions on defamation, slander and insult continued to be used against journalists and the media.

    As detailed in our submission, the right to assemble is also being restricted under the 2017 Interior Security Law and through the use of geolocation, data retention technologies and the suspension of phone services.

    We call on the Government of Mexico to take proactive measures to address these concerns. 


    Civic space in Mexico is rated as Obstructed by the CIVICUS Monitor

    See our joint submission on Mexico for the UN Universal Periodic Review 

     

  • México: En una democracia, no es posible que desaparezcan 43 estudiantes y todo siga igual

    English

    CIVICUS conversa con Ana Cristina Ruelas, Directora de la oficina de ARTICLE 19 para México y Centroamérica. ARTICLE 19 es una organización de la sociedad civil independiente y apartidista que defiende los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información de acuerdo con los más elevados estándares internacionales. Para ello, promueveel derecho a la difusión de información y opiniones en todos los medios, investiga tendencias y amenazas a la libertad de expresión, proporciona acompañamiento a las personas cuyos derechos han sido violados, y busca contribuir al diseño de políticas públicas. 

    1. Según informes recientes, México es el país con mayor cantidad de asesinatos de periodistas en América Latina, y uno de los peor clasificados del mundo. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno?

    Desde Artículo 19 consideramos que los tres niveles de gobierno y las instituciones del Estado tienen una política muy bien articulada para reducir los flujos de información efectiva para la ciudadanía, principalmente la relacionada con hechos de inseguridad y de corrupción. La violencia contra la prensa abarca una serie de mecanismos orientados a ese objetivo, el más sutil de los cuales es la asignación de la pauta oficial para dictar las líneas informativas de los medios de comunicación. En México, particularmente a nivel estadual, los gobiernos cubren hasta el 60 o 70% de los ingresos de los medios de comunicación, y es muy difícil hablar de pluralismo y objetividad de la información si los medios dependen a tal punto del dinero público. Al mismo tiempo, el hecho de que la asignación de la pauta es discrecional y opaca genera una altísima precariedad laboral para los periodistas. Los periodistas no cuentan con seguros de gastos médicos, si les roban una cámara mientras hacen cobertura su medio no se las paga… realmente falta una corresponsabilidad real por parte de las casas de medios para con sus periodistas.

    Respecto de esta forma de violencia económica, no se identifican grandes diferencias a lo largo del territorio; es una forma de control político de los medios que utilizan todos los gobiernos, incluidos los municipales. A fin de cuentas, lo que nosotros hemos observado es que normalmente las agresiones físicas son precedidas por el chantaje económico, que tiene que ver en gran medida con la publicidad oficial.

    1. ¿Los asesinatos de periodistas vendrían a ser tan solo la punta del iceberg?

    Exactamente. Es el fenómeno más grave, pero por detrás hay una serie de políticas y violencias mucho más ampliamente difundidas y muy bien articuladas, que empiezan desde lo económico y continúan por la criminalización. En más de la mitad de los estados de la República todavía están tipificados los delitos contra el honor: calumnias, difamación, injurias. Todavía existen los delitos de ultraje e incluso, por absurdo que parezca, hay seis estados que criminalizan el uso de memes. En esos casos, el uso de memes es clasificado como la manipulación de la imagen para perjudicar a funcionarios públicos e instituciones del Estado. Por otra parte, en varios estados donde se ha logrado la eliminación de los delitos contra el honor, hemos observado un aumento de la violencia institucional, bajo la forma de demandas civiles contra periodistas por daño moral. Estos procesos terminan impactando de manera directa sobre el patrimonio de los periodistas.

    1. ¿Hasta dónde tendríamos que remontarnos para rastrear la genealogía de la situación actual? ¿Ha habido algún cambio, para mejor o para peor, en los últimos tiempos?

    El tema de la publicidad oficial viene de los años 60 y 70; hay una frase muy famosa de un presidente de esa época, José López Portillo (1976-82), que ante los cuestionamientos de un medio le dijo al periodista: “no te pago para que me pegues”. Esta situación es histórica; lo que en los últimos tiempos ha empeorado es la violencia directa, que se ha vuelto más cínica y más desinhibida. Desde el inicio de la guerra contra el narco se han incrementado de manera constante las agresiones contra periodistas, incluidos los asesinatos. Artículo 19 documentó 397 agresiones en 2015, 426 en 2016, y 276 tan solo en el primer semestre de 2017 –un aumento de 23% en relación con el primer semestre del año anterior. Asimismo, en 2015 hubo siete asesinatos, en 2016 once, y este año han sido once hasta el mes de octubre. Cada 15,7 horas un periodista es atacado en el país. La situación se ha vuelto más tensa que nunca, porque ahora tú sabes que cualquier amenaza en tu contra puede significarte la muerte o la desaparición. Actualmente hay 23 periodistas desaparecidos.

    Si bien los casos de extrema violencia se concentran desproporcionadamente en ciertas zonas, en particular en los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, ello no significa que en el resto del país haya más libertad. De hecho, en muchos estados donde se registran menos agresiones físicas también hay más censura indirecta, ejecutada mediante el uso de la publicidad oficial. Nosotros tenemos un mapa de restricciones a la libertad de expresión donde se observa claramente el entramado de estos fenómenos, desde leyes restrictivas y nivel de conectividad a internet, pasando por calificaciones en materia de transparencia, hasta agresiones físicas y asesinatos.

    1. ¿Quiénes son los perpetradores de estas agresiones? ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado, que por lo general las adjudica a acciones de actores no estatales?

    Nosotros tenemos cifras que desmienten esas afirmaciones de los funcionarios del Estado: en el 53% de los casos de agresiones documentadas en 2016 el actor perpetrador fue un agente del Estado, en primer lugar en el nivel estadual, seguidamente en el nivel municipal, y finalmente agentes federales. Desde 2007, por lo menos, cada año más de la mitad de las agresiones documentadas proceden del Estado.

    Una forma fundamental de violencia del Estado es precisamente la falta de reconocimiento de que son agentes del Estado quienes están cometiendo buena parte de estas agresiones, lo cual conlleva una impunidad casi absoluta. El Estado insiste en que la responsabilidad es del crimen organizado, aunque las estadísticas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que son públicas, dicen que el principal perpetrador es el Estado. Con todo, en una sola ocasión escuchamos a un funcionario del Mecanismo de Protección reconocer públicamente y en esas palabras que el Estado es el principal perpetrador de agresiones contra la prensa.

    Esto incide directamente sobre la impunidad. Si bien es cierto que en México hay un nivel de impunidad general de aproximadamente 98,5%, en el caso de las agresiones contra periodistas la impunidad se incrementa hasta el 99,7%. Y ello se debe a que el Estado se niega a investigarse a sí mismo. El hecho de que la Procuración de Justicia depende directamente del Ejecutivo no ayuda en lo más mínimo.

    1. La mayoría de los países que presentan estos niveles de violencia contra periodistas no son democracias, mientras que México cumple con los requisitos mínimos de una democracia electoral. ¿Es México una anomalía? ¿Qué está fallando a nivel del sistema político mexicano?

    México no es realmente una democracia. México ha construido sus cimientos institucionales de manera autoritaria. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) permaneció setenta años en el poder y dejó estructuras institucionales muy enraizadas, que permiten por ejemplo que todo siga en pie como si nada hubiera sucedido tras la desaparición de 43 estudiantes [Nota del editor: se trata de los llamados “43 de Ayotzinapa”, estudiantes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 cuando iban en camino a una  protesta en el estado de Guerrero, y a quienes se sospecha víctimas de una red de complicidades entre autoridades locales, fuerzas de seguridad y actores no estatales. El caso, aún no resuelto, se ha convertido en emblemático del fenómeno masivo de las desapariciones forzadas en México]. Quienes dominan el Estado no quieren reconocer las restricciones de la libertad de expresión porque la reducción de los flujos de información les resulta muy redituable, ya que les permite penetrar y generar narrativas propias que impactan en la sociedad y les permite mantener el poder.

    México tiene altísimos niveles de desigualdad y pobreza. Donde los niveles de pobreza son mayores, es precisamente donde solamente llegan los medios más vinculados con el Estado. En las zonas con mayores niveles de marginalidad, que en muchos casos tienen una alta proporción de población indígena, no existe ninguna pluralidad informativa. La población recibe la información que el gobierno quiere que reciba. Junto con medios que replican la narrativa gubernamental, estas localidades reciben programas sociales que funcionan como un mecanismo de control y de abuso de poder sobre las comunidades, y que en última instancia son una fuente importante de votos. La falta de transparencia y acceso a la información tiene efectos reales sobre el funcionamiento de la democracia, ya que la población desconoce absolutamente las reglas que rigen los programas sociales y es manipulada de modo que las prestaciones sociales se transforman en contrapartidas del voto. Los efectos de esta situación son amplificados por el simple hecho de que el Programa Prospera atiende a más de 6 millones de familias que se encuentran en extrema pobreza, que han crecido con este programa, y que junto con los beneficios sociales reciben también una narrativa que les dice que las cosas no van tan mal para ellos. Con controles tan efectivos de la información no hay posibilidad de una sociedad capaz de tomar autónomamente decisiones distintas.

    1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil para enfrentar estas restricciones?

    En México, la imposibilidad de la sociedad para comunicarse con las instituciones hace de la protesta una forma corriente de diálogo a la fuerza. Pero cada vez más, particularmente en los estados, se utiliza la fuerza para limitar las protestas. Desde Artículo 19 buscamos que no se cierre el espacio de la protesta e intentamos generar redes de observación para monitorear el uso de la fuerza en manifestaciones.

    La sociedad civil organizada también ha tratado de influir sobre las políticas públicas de manera de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información. En los inicios del gobierno del Presidente Peña Nieto se hicieron muchos esfuerzos para, por ejemplo, dar más poderes y otorgar autonomía constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y para producir una ley más robusta para eliminar las trabas al acceso a la información.

    Pero una de las cosas que aprendimos desde la sociedad civil es que si bien es importante tener en el papel instituciones más sólidas y robustas, también es importante poner atención a los procesos de designación de funcionarios, ya que si al frente de una institución como el INAI se coloca a personas que son cómplices del poder, se vuelve a retroceder en todo lo avanzado. Así, hemos denunciado que en su conformación actual, la mayoría de los comisionados del INAI se resisten a la transparencia, en particular en lo que se refiere a casos de violaciones graves de los derechos humanos. Por eso hemos estado impulsando procesos de designación transparentes y abiertos. Hemos logrado articular una coalición de sociedad civil empeñada en la promoción de instituciones más transparentes, robustas y efectivas. La gran batalla que tenemos delante es contra la corrupción y la impunidad, y creemos que solo lograremos avanzar mediante la creación de una fiscalía general de la nación realmente independiente. Hoy por hoy hay muchos obstáculos para que eso suceda, porque la pérdida del manto de impunidad es una posibilidad muy poco atractiva para la mayoría de los políticos.

    Respecto del tema más específico de la protección de periodistas, existen numerosas iniciativas de la sociedad civil, tales como los talleres de seguridad integral que dicta Artículo 19 y que cubren temas tales como identificación de riesgos, protocolos de seguridad, derechos digitales, ética y buenas prácticas, defensa legal y primeros auxilios; y diversas iniciativas impulsadas por coaliciones de sociedad civil de las cuales nosotros participamos tales como #AgendaDePeriodistas, orientada a la formación de una agenda permanente y la definición de un modelo organizacional para representar los intereses de los periodistas; y #RompeElMiedo, una red de monitoreo de la protesta y la cobertura electoral que se activó en las elecciones del 4 de junio de 2017 en varios estados del país con el objeto de minimizar las agresiones que sufre la prensa en contextos electorales.

    Pero todavía falta mucha articulación real y efectiva de la sociedad civil mexicana, de manera que las organizaciones podamos relegar nuestras propias agendas para impulsar conjuntamente agendas estructurales que produzcan cambios reales.

    1. ¿Qué acciones concretas debería adoptar de inmediato el gobierno de México para salvaguardar el espacio cívico, y más concretamente la libertad de expresión?

    Para combatir un problema de Estado se necesita una política de Estado. En lo que se refiere al marco normativo relativo a la libertad de expresión, ante todo deben eliminarse de los códigos penales todos los delitos de expresión. Adicionalmente, reclamamos que se reformen los procedimientos civiles relativos a las demandas de daño moral para que haya un análisis previo que permita determinar los méritos del caso y descartar aquellos en los cuales la demanda busque inhibir la libertad de expresión.

    Se necesita también una ley general de archivos que permita a los periodistas hacer investigaciones reales a través de los mecanismos de acceso a la investigación. Actualmente la gestión archivística no está regulada, de manera que los gobiernos generan la información solamente cuando es solicitada, lo cual da lugar a muchos errores. Adicionalmente, y lo que es aún más grave, hay una política deliberada de ocultamiento y revisionismo histórico: los archivos históricos son censurados, de modo que los periodistas que están investigando por ejemplo violaciones graves de derechos humanos durante la llamada guerra sucia de 1960-1980 ya no tienen acceso a los archivos. [Nota del editor: la entrevistada refiere al conflicto interno que tuvo lugar durante la Guerra Fría, durante el cual el gobierno mexicano respaldado, por Estados Unidos, buscó disolver por la fuerza los movimientos políticos de estudiantes y las guerrillas de izquierda, contra los cuales las fuerzas de seguridad utilizaron tortura sistemática, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, estimadas estas últimas en aproximadamente 1200].

    Además, deberían imponerse controles judiciales sobre la vigilancia y el acceso a metadatos, que actualmente no existen. Debe hacerse también una reforma estructural de la Fiscalía General de la República que le confiera autonomía real. Debe garantizarse la independencia de los servicios forenses existentes, que actualmente dependen de la Procuraduría, la cual a su vez depende del Ejecutivo. Es un círculo vicioso, de modo tal que las pericias terminan diciendo lo que el poder quiere que digan.

    Respecto de la regulación de la publicidad oficial, a mediados de noviembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Congreso aprobar antes de fines de abril de 2018 una ley que reglamente el párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución. Entretanto, seguimos demandando al Ejecutivo la publicación de las cifras desglosadas del gasto en publicidad oficial.

    En lo que se refiere al Mecanismo de Protección, desde Artículo 19 insistimos en que no es necesario que existan mecanismos de protección a nivel local, sino más bien enlaces que permitan articular y coordinar de manera efectiva las medidas de protección para periodistas en todo el territorio. Al mismo tiempo, consideramos que el Mecanismo de Protección tiene que abarcar el combate a la impunidad, es decir, que tiene que articularse efectivamente con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ya que no se puede hablar de protección mientras no haya un combate decidido a la impunidad. Caso contrario, nos llenaremos de periodistas protegidos pero las agresiones no disminuirán, porque no se está enviando a los perpetradores el mensaje de que atacar o matar a un periodista trae consecuencias.

    Respecto del derecho de protesta, finalmente, luego de las agresiones que sufrieron muchos periodistas cuando cubrían las protestas frente a la inauguración presidencial del presidente Peña Nieto, en 2012, conformamos junto con el gobierno y la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México un grupo de trabajo para generar protocolos contra el uso de la fuerza y protocolos de concertación en el marco de las protestas. Su implementación en la Ciudad de México redujo significativamente el número de agresiones no solamente contra la prensa sino también contra manifestantes en general, cosa que no ocurrió en otros estados de la República. De modo que exigimos que se apliquen estos protocolos en los estados. Y por supuesto, ante todo deben eliminarse todas las leyes estaduales que permiten el uso de la fuerza en protestas.

    1. ¿Cuán conectada está la sociedad civil mexicana con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿De qué modo podrían los actores externos apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil en México?

    Hay muchas organizaciones que forman parte de redes internacionales, pero éstas no han sido efectivas para elevar sustancialmente el costo político internacional que las violaciones de derechos le generan al gobierno mexicano. Ha habido, sí, cambios positivos en los últimos años, en el sentido de que la sociedad civil se ha empezado a articular de manera más efectiva con otros sectores en torno de ciertos temas: por ejemplo, el colectivo que impulsa la nueva Fiscalía General incluye no solo a grupos de derechos humanos sino también a grupos de empresarios, y ha echado mano de las redes internacionales, en especial latinoamericanas, para identificar lecciones aprendidas en otros países y aplicarlas en nuestro país.

    Pero se necesitan mayores esfuerzos para generar costos de reputación al gobierno de México por su descuido de los derechos humanos. En ese sentido, es muy simbólico el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), de la cual México es miembro fundador. Desde la sociedad civil estamos exigiendo a la AGA que saque a México de su Comité Directivo, porque ¿cómo puede nuestro país estar liderando esta iniciativa internacional cuando tiene internamente este panorama que venimos describiendo? Es de un cinismo descarado, y está faltando presión internacional para que esto tenga algún costo.

    • El espacio cívico en México es clasificado por elCIVICUS Monitor en la categoría ‘represivo’, indicativa de la existencia de serias restricciones sobre las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
    • Visite lapágina web o el perfil deFacebook de ARTICLE 19 México, o siga en Twitter a @article19mex y a @anaruelas.Ana Ruelas

     

  • México: Informe de Diálogo sobre Democracia: 29 de agosto de 2018

    Diálogo sobre Democracia convocado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y coordinado por la Red para el Desarrollo Comunitario (REDESCOM)[1]. Ciudad de México, 29 de agosto de 2018.

     

  • Mexico’s elections: The battle at the ballot box, the easiest one ahead

    By Inés Pousadela 

    In a study released earlier this month, researchers from El Colegio de México (Colmex) were emphatic about what they found to be the biggest challenge facing Mexico, as voters prepared to go to the polls on July 1. "The main problem in the country is inequality," said well-known journalist and academic Ricardo Raphael, presenting the report entitled Desigualdades en México 2018. “The second biggest problem in the country,” Raphael continued, “is inequality.”

    Read on: Open Democracy 

     

  • Open Government Partnership undermined by threats to civil society

    • Fundamental civic freedoms seriously undermined in over a third of OGP countries – Colombia, Honduras, Liberia and Mexico fare worst
    • Worrying picture revealed by the CIVICUS Monitor, a new online research tool that rates civic space around the world and documents systemic violations of rights

    Johannesburg, 2 December 2016 –People’s rights to protest, organise and speak out are currently being significantly violated in 25 of the 68 active Open Government Partnership (OGP) countries, according to the CIVICUS Monitor, an online tool to track and compare civic freedoms on a global scale.

    The new tool launched in October by the global civil society alliance CIVICUS rates countries based on how well they uphold civic space, made up of three fundamental rights that enable people to act collectively and make change: freedom of association, freedom of peaceful assembly, and freedom of expression.

    The OGP brings together governments and civil society with the shared aim of making governments more transparent, accountable and responsive to their citizens. OGP countries make multiple commitments relating to civil society and public participation, which include consulting with civil society and enabling citizens to input on policy.

    Of the 68 active OGP countries, the CIVICUS Monitor finds that civic space in four - Colombia, Honduras, Liberia and Mexico -  is repressed, which means that those who criticise power holders risk surveillance, harassment, intimidation, imprisonment, injury and death. Civic space is also rated as repressed in Azerbaijan and Turkey, both recently declared ‘inactive’ by the OGP’s steering committee.

    In the past six months, the CIVICUS Monitor has documented a wide variety of attacks on civil society in these four countries, ranging from the assassinations of five social leaders in just one week in Colombia, to the police’s use of tear gas and water cannons to disperse student protests in Honduras, and from the four-hour detention and questioning of a newspaper editor in Liberia to the murder of a community radio journalist in Mexico.

    A further 21 OGP countries are rated obstructed, meaning that space for activism is heavily contested through a combination of legal and practical constraints on the full enjoyment of fundamental freedoms.

    Other commitments on civic participation and civic space that OGP countries make include releasing and improving the provision of information relating to civic participation; bringing in or including citizens in oversight mechanisms to monitor government performance; and improving legal and institutional mechanisms to strengthen civil society capabilities to promote an enabling environment for participation. 

    “The existence of significant restrictions on civil society in more than a third of OGP countries is deeply troubling and calls into question their commitment to the principle of empowering citizens upon which the OGP was founded,” said Cathal Gilbert, lead researcher on the CIVICUS Monitor. “OGP countries should be harnessing the potential of public participation in governance, rather than silencing government critics and harassing human rights defenders.”  

    Of the remaining OGP countries, civic space in 31 is rated as narrowed. A total of 12 countries are rated as open, which means that the state safeguards space for civil society and encourages platforms for dialogue. Positively, no OGP countries fall into the CIVICUS Monitor’s closed category.

    “Notably, OGP countries as a group fare better than the rest of the globe on civic space,” said Gilbert. “However, much more needs to be done collectively to ensure that commitments on public participation made by OGP countries in their national development plans are carried through.”

    As heads of state and government, members of parliament, academia, business and civil society representatives meet at the OGP Summit in Paris, France from 7-9 December, CIVICUS urges delegates to focus discussions on best practices to improve civic space conditions in OGP countries.

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    For more information, please contact CIVICUS’ media team on .

    Notes to editor

    During the OGP Summit, lead researcher Cathal Gilbert will present these findings from the CIVICUS Monitor during a session from 11:15 - 12:35 on Thursday 8th December in Room 1, Palais d’Iena, Paris. For more information see here: https://en.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit/program/proposal/459. CIVICUS Secretary-General Danny Sriskandarajah will take part in a high-level panel on civic space at the OGP Summit on Friday 9th December.

    The CIVICUS Monitor is available at https://monitor.civicus.org. Ratings are based on a combination of inputs from local civil society activists, regional civil society experts and research partners, existing assessments by national and international civil society organisations, user-generated input and media-monitoring. Local views are prioritised. The CIVICUS Monitor is regularly updated during the week and users are invited to contribute. More information on the methodology is available here.

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    Annex I – CIVICUS Monitor ratings, December 2016 (Active OGP countries highlighted in bold)

    All (134) Countries:

    Closed (16 countries): Bahrain, Burundi, Cuba, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Iran, Laos, Libya, North Korea, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, Syria, UAE and Vietnam

    Repressed (33 countries): Afghanistan, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Cambodia, Cameroon, CAR, Chad, China, Colombia, Djibouti, DRC, Egypt, Gambia, Honduras, Iraq, Liberia, Mexico, Myanmar, Pakistan, Palestine, Republic of the Congo, Russia, Rwanda, Swaziland, Thailand, Turkey, Uganda, Venezuela, Yemen, Zimbabwe

    Obstructed (29 countries): Armenia, Bhutan, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Hungary, India, Indonesia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Malaysia, Moldova, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippines, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzania, Tunisia, Ukraine

    Narrowed (40 countries): Albania, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Canada, Chile, Comoros, Costa Rica, Croatia, El Salvador, France, Georgia, Ghana, Greece, Italy, Japan, Lithuania, Macedonia, Malawi, Montenegro, Panama, Papua New Guinea, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, South Africa, South Korea, Spain, Trinidad and Tobago, United Kingdom, Uruguay, USA

    Open (16 countries): Andorra, Belgium, Cape Verde, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Latvia, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden

    CIVICUS is a global alliance of civil society organisations and activists dedicated to strengthening citizen action and civil society around the world.

    www.civicus.org

    www.twitter.com/CIVICUSalliance

    www.facebook.com/CIVICUS

    #CIVICUSMonitor

     

     

  • Tratado Vinculante: ‘No es una bala de plata, pero será un paso adelante en la regulación del excesivo poder corporativo transnacional’

    Inglés

    Fernanda HopenhaymEn el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad,CIVICUSconversa con Fernanda Hopenhaym, Co-directora Ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y formada con la misión de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

    ¿Cuáles son las condiciones indispensables para el funcionamiento de una democracia plena? ¿Es el poder corporativo un límite para la democracia?

    Una democracia plena debe basarse en un estado de derecho que realmente funcione, donde haya garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, donde haya transparencia y participación de la ciudadanía en todas las cuestiones de interés público, donde el sistema de justicia sea independiente y el acceso a él esté asegurado, y donde se combatan con seriedad las desigualdades.

    Si bien el sector privado podría verse desde algunos espacios como un aliado para la consolidación democrática, América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo y las corporaciones, particularmente el gran capital, se caracterizan por operar todavía con opacidad. Esto tiene sus raíces en problemas estructurales que han impedido a nuestros países una verdadera consolidación democrática y sostener su desarrollo. Estas deficiencias político-institucionales, socioeconómicas y financieras tienen su origen en la conquista, pero se profundizaron en la década de 1990, cuando las políticas neoliberales fracasaron en cumplir sus promesas de crecimiento económico y desarrollo. Como lo ha descrito el economista Álvaro Vargas Llosa, ceder las empresas estatales a los amigos de los gobiernos bajo condiciones monopólicas se volvió la norma, lo que exacerbó un sistema ya caracterizado por el control de la toma de decisiones públicas por parte de élites económicas. Este fenómeno fue nombrado por Joel Hellman y Daniel Kaufmann, del Banco Mundial, como captura del Estado. Se trata de los mecanismos mediante los cuales las elites empresariales interfieren o influyen indebidamente sobre leyes, reglas y decretos para su propio beneficio.