migración
-
CHILE: “Las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración”
CIVICUS conversa con Delio Cubides, asesor jurídico migratorio del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), acerca de la situación de las personas migrantes en Chile, y sobre las medidas restrictivas y las expulsiones masivas que tuvieron lugar este año. Fundado en 1955, el INCAMI es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar a personas migrantes en Chile, proveyendo, entre otras cosas, servicios de acogida, asistencia social, asesoramiento para la regularización de documentos, capacitación y apoyo en la búsqueda de empleo.¿Cómo se llegó en Chile a la actual situación de protestas contra migrantes y expulsiones masivas?
Para responder esa pregunta deberíamos situarnos en el contexto internacional, al que Chile no es ajeno. Desde 2010 se percibe un aumento en la cantidad de personas migrantes de países no fronterizos, como Venezuela y Haití, que han superado al flujo procedente de países fronterizos.
En cierta forma, Chile ha sido visto en la región como un país con seguridad y estabilidad institucional y económica, al mismo tiempo que la situación política, social y económica en Venezuela hizo que desde 2013 el ingreso de personas de ese país creciera exponencialmente, con un pico en 2013 y otro en 2018, pese a que, a diferencia de lo que ocurre con la migración haitiana, no existe en Chile una visa de reunificación familiar para venezolanos.
Frente al aumento de las migraciones, la actual administración de Sebastián Piñera comenzó a tomar medidas restrictivas; de hecho, a los 30 días de asumido su mandato en 2018 publicó una minuta destinada a limitar el ingreso de personas haitianas y venezolanas. La migración haitiana se vio especialmente restringida por la implementación de un visado consular de turismo simple para el ingreso a Chile y, al igual que el resto, por la eliminación del visado por contrato de trabajo.
Aunque no tenemos cifras exactas, sabemos que la tasa de rechazo de las visas consulares solicitadas por personas haitianas es alta; testimonios de migrantes haitianos que atendemos en nuestras oficinas dan cuenta de numerosos rechazos por motivos que les son ajenos o por requisitos que no está en sus manos cumplir.
Por ejemplo, para la tramitación de la permanencia definitiva de las personas migrantes ya presentes en Chile, el gobierno solicita un certificado de antecedentes penales que debe obtenerse en el consulado del país de origen. En el caso de países como Haití, al costo elevado y la prolongada tramitación en el país de origen se suma el hecho de que, en el actual contexto político, social y sanitario, el certificado es casi imposible de conseguir. En consecuencia, muchas personas no logran presentarlo dentro de los plazos establecidos. En la actualidad, ese requisito está limitando el acceso de cientos de personas de origen haitiano al llamado ‘proceso de regularización extraordinaria´.
A las personas migrantes procedentes de Venezuela se les impuso en 2019 la exigencia de una visa consular conocida como ‘visa de responsabilidad democrática’. Pero la situación desesperada de Venezuela siguió impulsando a las personas a migrar a pesar de los obstáculos, ya que las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración.
Lo que no lograron estas medidas lo hicieron las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19: en noviembre de 2020 el gobierno suspendió alrededor de 90 mil trámites de visas a personas venezolanas, y muchas otras con sus visas ya otorgadas o próximas a la entrevista de otorgamiento no pudieron ingresar a Chile porque la suspensión de los vuelos internacionales les impidió hacerlo dentro del plazo de 90 días que les otorga la ley; en consecuencia, sus trámites fueron cerrados administrativamente sin ninguna consideración por la situación de pandemia.
Muchas personas han interpuesto recursos de amparo y han logrado reabrir sus casos, pero claramente Chile ha optado por una estrategia de restricción. Todas estas medidas se tomaron para regular y controlar un flujo migratorio que venía en crecimiento, pero muchos lo vemos como un reflejo de la falta de empatía a la realidad humanitaria que atraviesan estas personas en su país de origen. Muchas de ellas requerían protección o estaban en proceso de reunificarse con sus familias, proyectos que se vieron truncados ya sea por la pandemia, ya por las restricciones administrativas.
¿Está la sociedad chilena polarizada en torno del tema de la migración?
Yo no veo tal polarización. La situación de la ciudad de Iquique, donde en septiembre de 2021 se produjo una marcha contra la llegada de migrantes, fue un hecho aislado, fruto también del estrés que puede generar una situación de convivencia en condiciones indignas, como consecuencia de la falta de políticas públicas que se anticiparan al drama de esta crisis humanitaria.
En las redes sociales las opiniones se polarizan y la gente dice muchas cosas, pero estas posiciones no se han materializado en marchas en la capital, Santiago de Chile, o en otras ciudades. Al contrario, en Iquique hemos visto migrantes en las calles en condiciones sumamente difíciles, y a residentes de la ciudad ayudándoles y acogiéndoles en la medida de sus posibilidades.
La situación en Iquique también fue de la exclusión de la posibilidad de regularización de las personas que ingresaron por pasos no habilitados, por efecto de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería aprobada en abril de este año. En el anterior proceso de regularización de 2018 se permitió la incorporación de ingresantes por pasos no habilitados, aunque no se otorgaron permisos de trabajo a quienes se inscribieron. Las personas migrantes lo saben, pero prefieren esa precariedad antes que pasar hambre en su país de origen.
En el contexto de la pandemia, a causa de las restricciones sanitarias, muchas personas migrantes se vieron obligadas a quedarse en plazas públicas, sin poder ir a ninguna parte, sin documentos y excluidas de los beneficios sociales. Esto generó dificultades para los residentes locales, así como para los propios migrantes desprovistos de asistencia estatal.
Recién luego de que se produjeran muertes de migrantes venezolanos durante su cruce de la frontera, el Estado chileno comenzó a proveer asistencia, entendiendo que se trataba de personas refugiadas o solicitantes de refugio.
¿Qué tendría que hacer el Estado frente a esta situación?
El Estado tiene la obligación de dar una solución a esta realidad. Una alternativa puede venir de la articulación con el sector privado, que requiere trabajadores sobre todo en la construcción, la agricultura, los servicios y ciertas profesiones. La situación de estas personas podría regularizarse previa coordinación con tal sector, brindándoles capacitación e inserción laboral. Esto daría otra perspectiva a la migración y evitaría situaciones de dependencia y de falta de autonomía.
Pareciera que poner restricciones no es la mejor solución. Las restricciones no detienen las migraciones, y en cambio profundizan las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, pues las hace susceptibles a las inclemencias del mercado de trabajo o del mercado de alquiler de vivienda y les limita el acceso a derechos básicos como salud y educación. Esto tampoco resulta útil para la autoridad, que no sabe dónde están, quiénes son, cuántos son o cómo llegaron.
En todo el período reciente desde la recuperación de la democracia, ninguno de los sucesivos gobiernos de Chile desarrolló una verdadera política migratoria que incluyera una reforma y actualización de la normativa. Este gobierno ha sido el único con una propuesta de cambio en la Ley de Extranjería y en la gestión migratoria, pero, a causa del contexto y de la presión de los flujos migratorios, ha devenido en una política restrictiva, o cuanto menos limitante de los flujos. Es una política que desincentiva el ingreso al país, llevando también a las personas en situación regular a la extenuación por la eterna espera en la obtención de documentos, la escasa comunicación de la autoridad migratoria y la centralización de la gestión en Santiago.
Ahora estamos en campaña, y en estos tiempos el tema migratorio puede ser instrumentalizado para ganar votos. Los programas de gobierno de todos los candidatos son muy pobres esta materia, pero todos los que han hablado del tema lo han hecho en un tono restrictivo. Creo que el problema pasa por ahí, más que por el hecho de que haya xenofobia en la sociedad. Pareciera que el migrante solo comienza a ser oído cuando se vuelve una fuerza con capacidad de elección, lo cual en Chile apenas empieza a ocurrir.
¿Qué tan apta es la nueva ley para lograr una migración “segura, ordenada y regular”?
La Ley 21.325 refleja bien la posición de esta administración en torno al tema de la migración. Hay que recordar que en diciembre de 2018 Chile se negó a firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, alegando que cada país debe conservar su soberanía para fijar sus reglas migratorias, pese a que Chile había sido uno de los países que había liderado su redacción.
La nueva ley tiene algunos aspectos positivos y garantiza ciertos derechos: a la salud, a la educación, a la reunificación familiar y al trabajo. Incluye visa para menores de edad y considera a las personas en situación de discapacidad y a las mujeres y les da protección en ciertos casos específicos como embarazo, tráfico y trata y violencia de género. Descentraliza la revalidación de títulos y aumenta la presencia en las regiones. Asimismo, concede autonomía para el desarrollo de actividad económica a las personas con visa en calidad de dependientes.
Si bien estos derechos actualmente no están negados, tampoco están garantizados en la ley, sino que se conceden por vía administrativa, lo cual les confiere cierta fragilidad.
Al mismo tiempo, la nueva ley representa un cambio en la gestión migratoria. Hasta ahora la normativa permitía el cambio de estatus dentro del territorio nacional, pero la nueva normativa no lo va a permitir: todas las visas deberán obtenerse en los consulados de los respectivos países de origen. Eso entregará a la administración la decisión última de cuántos migrantes permite entrar, cuáles y en qué condiciones. Este es tal vez el mayor cambio propuesto en la nueva ley. Solo en algunos casos se permitirá a algunas personas cambiar su estatus migratorio, pero esto dependerá de los contenidos del reglamento para la implementación de la nueva ley.
¿Qué trabajo realiza el Instituto Chileno Católico de Migración en este contexto?
Como está fuera de nuestro alcance atacar las causas de la migración, defendemos los derechos de las personas migrantes. Nuestros objetivos son acogerlas, protegerlas e integrarlas.
Hacemos incidencia con las autoridades, lo cual a veces tiene costos. Este es un trabajo necesario porque si bien existen organizaciones de personas migrantes, suelen estar organizadas en torno de una persona, un líder, sin mucha institucionalidad. Hay organizaciones de colombianos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos, entre otros. También está la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, que nuclea a varias organizaciones, tiene presencia en las manifestaciones, en las redes sociales, y cuenta con presencia de varios colectivos haitianos, peruanos y venezolanos.
También prestamos un servicio de asesoría legal, que es lo que más escasea en Chile, por falta de acceso a la información, que no es promovido por la autoridad que debería atender a las personas migrantes. Nos encargamos de trámites digitales y brindamos asistencia social, particularmente bajo la forma de casas de acogida, ya que no hay albergues para migrantes gestionados por el Estado.
Todo lo que existe en materia de acogida y atención a personas migrantes en Chile es por iniciativa de la sociedad civil, y mayormente de organizaciones, instituciones y servicios de la Iglesia Católica. INCAMI es el organismo de la Iglesia Católica de Chile referente en temas de migración: a través de los equipos de trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) en las distintas regiones de Chile, coordinamos con otros organismos de la Iglesia la recepción y atención de personas migrantes. Nuestros recursos son limitados, pero durante la pandemia hemos habilitado iglesias y parroquias para recibir a mujeres y niños y hemos brindado toda la atención que hemos podido a través de las redes sociales.
Nosotros escuchamos lo que las personas precisan, cosa que las autoridades no hacen. Con ayuda de algunas municipalidades acompañamos el retorno de miles de personas no solamente de la vecina Bolivia, sino también de Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela y otros países.
Nuestros equipos de atención migratoria se desplazan no solo dentro de la Región Metropolitana de Santiago sino también a las regiones, para visitar las comunas con mayor presencia de migrantes y acercarles la posibilidad de regularizarse, tener una visa, trabajar en igualdad de condiciones, aportar al sistema previsional y acceder a sus derechos fundamentales. En ocasiones lo hacemos con el apoyo de los equipos de la PMH en las regiones, de algunas autoridades o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
¿Qué apoyo necesitan de la comunidad internacional las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Chile?
Enfrentamos un desafío regional que requiere una respuesta regional. Los Estados deberían coordinar un abordaje internacional de la migración, como ya lo está haciendo la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM. Se requiere seguir avanzando en este proceso, pues la situación que vive Venezuela está lejos de terminar.
Para asistir a las personas migrantes al tiempo que hacemos este necesario trabajo de incidencia necesitamos recursos: bienes alimentarios para armar canastas básicas y recursos económicos para el pago de alojamiento, entre otras cosas. Es importante recordar que las personas migrantes no son el problema, sino que son el síntoma de realidades en transformación más profunda, y en su mayoría requieren protección.
El espacio cívico en Chile es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el Instituto Católico Chileno de Migración a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@INCAMIchile y a@JosDelioCubides en Twitter. -
MIGRACIÓN: “La propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia”
CIVICUS conversa con Maddalena Avon, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios para la Paz (CPS), sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en Europa en el marco de la pandemia y las formas en que la sociedad civil está respondiendo a la creciente presión fronteriza ejercida por gobiernos europeos hostiles.
CPS es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la no violencia y el cambio social a través de la educación, la investigación, la incidencia, las campañas y el activismo. Fundada en 1996, trabaja en tres áreas: asilo, integración y seguridad humana; educación para la paz y afirmación de la no violencia; y lucha contra las desigualdades. CPS es miembro activo de la Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras, una red independiente de OSC basadas en su mayoría en los Balcanes y Grecia, que monitorea las violaciones de derechos humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea y aboga por poner fin a la violencia contra las personas en movimiento.
¿Cuáles han sido las principales tendencias migratorias en Europa, y específicamente en los Balcanes, durante la pandemia?
El panorama del acceso al asilo ha cambiado drásticamente desde que entraron en vigor las restricciones establecidas en respuesta a la pandemia. La Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras (BVMN) ya había publicado informes que referían al asilo como un conjunto de derechos erosionados, pero el debido proceso para las solicitudes de protección internacional se ha visto aún más cuestionado en el marco de la emergencia sanitaria de los últimos meses.
En primer lugar, las persistentes medidas de devolución en las fronteras siguen impidiendo a las personas solicitar protección internacional, y los Estados realizan expulsiones colectivas. En segundo lugar, las decisiones de los gobiernos de suspender o cerrar las oficinas de asilo sin ofrecer ninguna alternativa o remedio eficaz han colocado a las personas refugiadas y otros migrantes en un limbo efectivo y en riesgo de devolución. Igualmente, la implementación de medidas contra la COVID-19 ha permitido a países como Croacia, Grecia y Hungría restringir aún más el acceso a protecciones internacionalmente garantizadas.
En medio de la escalada del brote de COVID-19, la Unión Europea (UE) lanzó su Plan de Acción Conjunto para los Derechos Humanos. Sin embargo, el espíritu de esta declaración diverge agudamente con la realidad sobre el terreno. En particular, continúan las violaciones de derechos fundamentales por parte de Estados miembros de la UE y de terceros países que tienen con la UE diversos acuerdos sobre migración, asilo y seguridad fronteriza, así como sistemas de campamentos financiados. En lugar de ayudar a las comunidades vulnerables en este período de precariedad, las políticas y regulaciones han permitido que el fortalecimiento de las fronteras de la mayoría de los Estados miembros erosione aún más los derechos de asilo, el debido proceso y el trato humanitario.
Según un reciente informe de la BVMN, en marzo y abril de 2020 Eslovenia experimentó un descenso en el número de cruces irregulares de fronteras en comparación con los dos primeros meses de 2021 y el mismo periodo de 2019, y esto se reflejó en el número mucho menor de personas detenidas en las comisarías debido a cruces irregulares de fronteras. Sin embargo, la cantidad de expulsiones colectivas a Croacia se mantuvo constantemente alta. A principios de 2020, durante el brote de COVID-19 y las restricciones subsiguientes, Eslovenia continuó negando sistemáticamente el derecho de asilo y utilizó su acuerdo de readmisión con Croacia -que le permite entregar personas a la policía croata si hay pruebas de que han cruzado ilegalmente la frontera en las últimas 48 horas- para deportar a un gran número de personas, aunque el acuerdo de readmisión no se aplica si la persona ha pedido asilo o es un potencial solicitante de asilo. Ha seguido haciéndolo a pesar de ser plenamente consciente del alto riesgo de tortura y de nuevas expulsiones ilegales a Bosnia y Herzegovina.
En Croacia, como en otros lugares, la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero algunas cuestiones, como el régimen de expulsiones, desgraciadamente se mantienen igual. La única diferencia es que estas violentas expulsiones colectivas atraen ahora menos atención, ya que todas las miradas están puestas en la pandemia y no se ha permitido a los observadores de derechos humanos permanecer en el terreno a causa de las restricciones sanitarias. Las expulsiones y la violencia en las fronteras han persistido: en un caso de los cientos documentados por la BVMN, un grupo que incluía a una persona gravemente herida y a un menor fue golpeado con porras por agentes croatas, que también quemaron su ropa, y el grupo fue devuelto a Bosnia y Herzegovina.
Un fenómeno relativamente nuevo en materia de prácticas de devolución es el de marcar a grupos de personas con pintura en aerosol naranja, como informó No Name Kitchen, una organización de base y miembro de la BVMN que presta asistencia directa a personas en movimiento en ciudades fronterizas a lo largo de la Ruta de los Balcanes. También han continuado las devoluciones en cadena desde Eslovenia a través de Croacia, que envían de regreso a las personas migrantes por el mismo camino por el que llegaron.
Resultan preocupantes los reportes que indican un aumento de la brutalidad en el marco de las devoluciones, dada la mayor autonomía que las autoridades estatales han ganado con la pandemia. Las devoluciones son ilegales y la propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia.
¿Cómo responden el CPS y la BVMN a estas tendencias?
El valor del trabajo realizado por la BVMN radica en la interconexión de diversos métodos: el trabajo de campo, que incluye el establecimiento de relaciones de confianza con las personas localizadas en zonas fronterizas, la recolección de testimonios y el trabajo de incidencia política, que supone la presentación de demandas claras a las instituciones para que rindan cuentas de determinadas acciones. El trabajo jurídico también es esencial cuando las personas que han sobrevivido a violaciones de derechos humanos quieren reclamar justicia. Cada miembro de la BVMN es fuerte en uno o varios de estos métodos de trabajo, y nuestra fuerza colectiva consiste en combinarlos a todos en un enfoque integral.
Dentro de la red, el CPS lleva a cabo investigaciones que alimentan nuestros esfuerzos de concientización e incidencia sobre el acceso al sistema de asilo, la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, la conducta ilegal de la policía, la criminalización de la solidaridad y la integración, con especial atención al empleo y la educación.
En lo que se refiere a la integración, dos de nuestros grandes éxitos han sido la Brújula del Danubio, una herramienta web que incluye toda la información relevante para la integración de personas migrantes y refugiadas en la sociedad croata, y nuestro programa de educación no formal para solicitantes de asilo, Hablemos de la Sociedad, que ofrece a los nuevos miembros de nuestra comunidad una introducción a la sociedad y las instituciones croatas, les informa acerca de sus derechos y fomenta su participación activa en la sociedad.
Dentro de la red, el CPS es un fuerte actor jurídico, ya que hasta ahora hemos presentado 12 denuncias penales contra autores desconocidos en uniforme de policía. Mediante un litigio estratégico, impedimos una extradición y logramos presentar dos demandas contra la República de Croacia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de nuestra labor de incidencia, varias instituciones internacionales y de la UE, incluida la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, comenzaron a cuestionar y condenar las prácticas de las autoridades croatas.
Como consecuencia de nuestra exposición pública de las prácticas ilegales hacia las personas refugiadas, hemos sufrido mucha presión y se nos prohibió ingresar y trabajar en los centros de asilo. Esto dificultó nuestro trabajo, pero no comprometió nuestra autonomía.
¿Consideras que se ha logrado algún progreso para que Frontex, la agencia fronteriza europea, rinda cuentas por no proteger los derechos humanos?
Frontex ha enfrentado graves acusaciones de violaciones de derechos humanos procedentes de diversos actores e instituciones, y la sociedad civil se ha unido en torno de múltiples campañas y acciones sobre el asunto, incluyendo #DefundFrontex. Con el apoyo de 22 OSC y redes de sociedad civil, incluida la BVMN, esta campaña reclama que se desfinancie a la agencia y que su presupuesto se reoriente hacia la creación de un programa europeo de salvamento marítimo civil dirigido y financiado por los gobiernos.
El principal problema es que Frontex opera en una zona gris en materia legal y se considera que no tiene responsabilidad por sus acciones: la responsabilidad siempre recae sobre el Estado miembro donde Frontex opera. Las normas de la agencia están redactadas de forma tal que en gran medida le permiten no rendir cuentas. Sin embargo, estamos viendo pequeños pasos hacia un cambio en este sentido, por ejemplo con la participación activa de la Defensoría del Pueblo Europeo.
¿Cómo puede la sociedad civil presionar a la UE para que su compromiso con los derechos humanos se extienda a las personas migrantes y refugiadas, y cómo puede alentar a los Estados miembros a respetar sus derechos?
Una de las formas que los miembros de la BVMN han encontrado para aunar múltiples fuerzas y ser más asertivos en demandas clave es la construcción de redes transfronterizas. Creemos que la implicación activa de la sociedad civil en cada zona fronteriza, país y pueblo puede suponer una diferencia real en la influencia ciudadana. Es muy importante expresarnos con voz fuerte en defensa de los derechos de refugiados y migrantes. También es importante conectar una variedad de luchas que están muy interconectadas y que tienen lugar a través de las fronteras, tales como las luchas relativas al cambio climático y los derechos de las mujeres.
El espacio cívico en Croacia es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el Centro de Estudios para la Paz a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @CMSZagreb en Twitter.
Póngase en contacto con la Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @Border_Violence en Twitter.