multilateralismo

COVID-19: ‘Necesitamos un nuevo contrato social basado en los derechos y en la prosperidad compartida’
CIVICUS conversa sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia sobre los derechos laborales, y sobre la respuesta brindada por la sociedad civil, con Owen Tudor, Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Reconocida como la voz global de los y las trabajadoras de todo el mundo, la CSI trabaja para promover y defender los derechos e intereses de las personas trabajadoras a través de la cooperación internacional entre sindicatos, la realización de campañas globales y la incidencia en las principales instituciones mundiales. La CSI adhiere a los principios de democracia e independencia sindical y agrupa a tres organizaciones regionales de África, las Américas y Asia y el Pacífico, al tiempo que coopera con la Confederación Europea de Sindicatos.

¿Cuáles han sido los principales impactos de la pandemia de COVID-19 sobre los derechos laborales?

La CSI recogió información de sus centrales sindicales nacionales afiliadas en forma regular durante los primeros meses de la pandemia y rápidamente entendió que, si bien en muchos países se observaban relaciones constructivas entre el gobierno y los sindicatos, en otros ello no ocurría. En muchos países como los de Escandinavia y el resto de Europa, y a menudo sobre la base de formas ya existentes de diálogo social, gobiernos, empleadores y sindicatos trabajaron juntos para desarrollar medidas para hacer frente a la pandemia y a sus efectos en los lugares de trabajo. Eso también sucedió en algunos países donde dicha cooperación ha sido más infrecuente, como Argentina, Georgia, Nigeria y el Reino Unido. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó la importancia del diálogo social como uno de los cuatro pilares de la acción contra la pandemia, junto con el estímulo de la economía y el empleo, el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos, y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Pero en algunos países, empleadores deshonestos y gobiernos neoliberales pensaron que podrían usar la pandemia para restringir los derechos de trabajadores y sindicatos, pasando por alto los límites al tiempo de trabajo o la seguridad del empleo. En países como Croacia y Lituania, hicimos campaña en apoyo de nuestras organizaciones afiliadas para evitar esos cambios, pero no en todas partes tuvimos éxito. En India, por ejemplo, los gobiernos estaduales implementaron una desregulación generalizada de las protecciones laborales.

¿Se han producido cambios en la forma de trabajo de los sindicatos?

En demasiados países se perdieron puestos de trabajo y se disparó el desempleo. Esto inevitablemente ha tenido un impacto sobre la organización sindical. Pero en varios países, incluidos algunos que habían experimentado reducciones en la tasa de afiliación sindical en el pasado reciente y otros donde la membresía sindical seguía siendo fuerte, el papel clave desempeñado por los sindicatos en defensa del empleo y el salario y su campaña por una cobertura de salud decente y seguridad en el trabajo resultaron en un aumento de la afiliación. En pocas palabras, los trabajadores vieron con mayor claridad la importancia de afiliarse a un sindicato para recibir protección frente a los malos manejos empresariales y las violaciones de sus derechos más fundamentales.

En algunos casos, la pandemia ha acelerado la experiencia de la organización virtual, a través de Zoom u otras plataformas de internet. Y en algunos casos estas tecnologías han llevado a los militantes sindicales a cambiar su punto de vista, pasando de concentrarse en explicar los beneficios de la afiliación a escuchar lo que quieren los potenciales afiliados. Esto no hizo más que acelerar una tendencia preexistente al desplazamiento de la idea de ofrecer a la gente un modelo que resuelva sus problemas hacia la idea de permitir que los y las trabajadoras definan qué es lo que mejor funciona para ellos. Como lo expresó un líder sindical australiano, “finalmente comenzamos a contactar a nuestros miembros en la forma en que ellos querían ser contactados”.

¿Cómo han trabajado los sindicatos para defender derechos y apoyar a sus afiliados y a sus comunidades durante la pandemia?

El trabajo cotidiano de los sindicatos se intensificó con la pandemia. Los sindicatos representaron a trabajadores bajo amenaza de despido, presionaron para obtener indemnizaciones adecuadas, buscaron un mayor acceso a la seguridad social, y plantearon las preocupaciones de las mujeres trabajadoras, que enfrentaron una discriminación aún mayor, y las de los y las trabajadores migrantes, a quienes les era negada la igualdad de acceso y de trato. En muchos casos, los sindicatos obtuvieron avances que antes no eran considerados posibles; ahora debemos defender esos logros para el largo plazo.

Los sindicatos han trabajado activamente con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con gobiernos nacionales de todos los continentes y con empleadores desde el piso de fábrica hasta la sala de directorio de las multinacionales para garantizar la protección de los y las trabajadoras y sus empleos. Desde la negociación de planes nacionales de trabajo a corto plazo en Alemania, hasta la búsqueda de garantías para asegurar el respeto de los contratos en la industria global de la confección y la organización de políticas sectoriales para el regreso seguro al lugar de trabajo en Bélgica, los sindicatos se han estado rompiendo la espalda para garantizar que se reconozcan los intereses de los y las trabajadoras. Lamentablemente, cada vez que nos llega información acerca de la transmisión comunitaria del COVID-19, ésta suele referirse a casos ocurridos en el lugar de trabajo, por ejemplo en la industria hotelera y gastronómica, en la atención de la salud o en plantas de procesamiento de carne. Los sindicatos han subrayado la necesidad de que la salud ocupacional sea considerada tan importante como la salud pública y de que incluya la provisión de equipos de protección personal y el acceso a licencia paga por enfermedad.

Los sindicatos también han estado negociando ferozmente con los empleadores para detener los despidos, los cuales se han producido, vergonzosamente, incluso en empresas que fueron rescatadas con dinero de los contribuyentes. En algunos países, la ley ha impedido a los empleadores despedir trabajadores. Hemos negociado acuerdos para el trabajo domiciliario, que se está volviendo cada vez más común aún tras el retroceso de la pandemia. En Argentina los sindicatos negociaron una nueva ley de teletrabajo que aportó innovaciones tales como la de dar a los y las trabajadoras la oportunidad de decidir si quieren volver a sus lugares de trabajo.

¿Qué ha revelado la pandemia en relación con los problemas económicos y laborales subyacentes y los cambios que deberían producirse?

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la desigualdad masiva, incluidas las disparidades de ingresos, la injusticia racial y la discriminación de género, ya estaba motorizando una indignación que se traducía en disturbios civiles y desconfianza hacia la democracia. Si a ello se le suma la destrucción resultante de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, los riesgos para las economías y las sociedades ya eran evidentes. Adicionalmente, enfrentamos disyuntivas asociadas a los impactos positivos y negativos de la tecnología en ausencia de una perspectiva de derechos.

La pandemia ha puesto de relieve las fisuras que ya estaban presentes en el contrato social. La inadecuada provisión de atención médica hizo que las primeras semanas de la pandemia fueran particularmente preocupantes, ya que se temía que los hospitales no dieran abasto. Similares brechas de financiamiento en materia de cuidado de las personas mayores y disposiciones laborales abusivas requerían que los y las trabajadoras se trasladaran entre instalaciones residenciales y no pudieran tomar licencia por enfermedad cuando mostraban síntomas. La inseguridad del empleo y la insuficiente protección social obligaron a muchas personas a seguir trabajando estando infectadas para poder poner comida en la mesa familiar. El hecho de que no se les proporcionara el equipo de protección personal adecuado fue apenas el signo más visible de los déficits en materia de salud y seguridad ocupacional.

Para la economía en su conjunto, las nefastas predicciones de la OIT respecto de la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo en la fuerza laboral formal se vieron eclipsadas por el número de trabajadores y trabajadoras del sector informal que perdieron sus medios de vida. En cada una de estas áreas de falla sistémica, fueron las mujeres las que más padecieron la precariedad del empleo y gozaron de menores protecciones para su salud, y las que más se vieron afectadas por situaciones de confinamiento que obligaron a muchas a asumir la carga adicional del cuidado infantil no remunerado y arrojaron a algunas a la trampa de la violencia y el abuso.

Necesitamos reconstruir una realidad mejor, que incluya un nuevo contrato social que impulse la recuperación y la resiliencia brindando protección y garantías laborales universales, tanto para el empleado de tiempo completo de Amazon como para el precarizado conductor de Uber. La salud y la seguridad en el trabajo deben convertirse en derechos laborales tan fundamentales como el derecho a no ser esclavizado y el derecho de huelga. Necesitamos servicios públicos de salud, educación y agua de calidad y con financiación adecuada, como parte de un mecanismo de protección social universal. Y necesitamos regular el poder económico, imponiendo la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, salarios mínimos dignos y obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos y normas ambientales en las cadenas de suministro.

Los sindicatos y los millones de afiliados que representamos pueden ayudar a lograr todo esto a través de la negociación colectiva con sus empleadores, el diálogo social con sus gobiernos y la participación en instituciones internacionales y multilaterales.

¿Qué deberían hacer los gobiernos y las empresas para trabajar mejor con los sindicatos, y qué rol podría desempeñar la comunidad internacional?

Los gobiernos y las empresas deben reconocer el rol fundamental de representación de los trabajadores que desempeñan los sindicatos, no solamente en las elecciones o cuando se negocian acuerdos salariales, sino durante todo el año y en todos los recovecos de la economía. Deben respetar los derechos y libertades fundamentales que los sindicatos necesitan para funcionar, incluidos la libertad de asociación, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga. Cuando toman decisiones que afectan a millones, si es que no a cientos de millones de personas, deben respetar el principio que reza “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo cual significa que deben trabajar mano a mano con los sindicatos.

Al mismo tiempo, estamos frente a una crisis del multilateralismo, a menudo impulsada por políticos nacionalistas y populistas, pero también resultante del colapso de la confianza pública en la globalización impulsada por el comportamiento rapaz y motivado por el lucro de las corporaciones multinacionales globales y las poderosas empresas de tecnología.

El mundo enfrenta una convergencia de varias crisis; sin embargo, las instituciones globales establecidas para apuntalar y reforzar los derechos, la igualdad, el crecimiento inclusivo y la estabilidad global están en su punto de mayor fractura. Es necesario reforzarlas y reenfocarlas para que respondan a las necesidades de los seres humanos y del planeta.

La OMS ha demostrado ser necesaria a la hora de dar una respuesta global al COVID-19, pero aun así, es necesario asegurar que los riesgos para la salud se gestionen sobre la base de la ciencia y se provea acceso universal al tratamiento, sin compromisos políticos.

La Organización Mundial del Comercio preside un modelo comercial global que nos ha fallado tanto a los seres humanos como al medio ambiente. Y las instituciones de Bretton Woods se han desviado de sus mandatos al promover la reforma estructural neoliberal y las políticas de austeridad, los intereses de los países dominantes y la codicia empresarial. Esto debe cambiar.

La OIT, con su sistema tripartito único, es tan necesaria hoy como lo era cuando dio origen a un contrato social basado en un mandato de justicia social. Las partes involucradas deben estar hoy tan comprometidas con la garantía de un piso global de derechos y prosperidad compartida como lo estuvieron sus fundadores 100 años atrás, en 1919, y como lo reafirmó la Declaración de Filadelfia en 1944.

Trabajando con nuestros aliados en la sociedad civil, los sindicatos queremos construir un nuevo contrato social basado en esos principios. De lograrlo, podremos crear una mejor economía, una mejor sociedad y un mundo mejor.

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EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: “Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas”
CIVICUSconversa sobre el proceso para desarrollar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos y el rol de la sociedad civil con Ivette González, directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).

PODER es una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como a fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

¿Por qué es tan importante contar con un tratado sobre empresas y derechos humanos?

Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.

Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.

El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.

Toda empresa debe operar con debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones, como ciclo continuo de gestión y abarcando desde el planteamiento del proyecto, la inversión, las operaciones, fusiones, cadenas de valor y suministro, relaciones con clientes y proveedores, y cualquier otra actividad que pudiera generar impactos negativos sobre los derechos, incluyendo a los territorios. El tratado sirve para que los Estados, en tanto que principales sujetos de obligaciones para proteger los derechos humanos, exijan a las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades y lo monitoreen.

Asimismo, este tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.

¿Qué avances ha habido en la negociación del tratado?

En la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2022, se produjeron desarrollos interesantes. Si bien no hay una línea de tiempo y un plazo estricto para producir la versión final del tratado, una de las personas expertas convocadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el desarrollo del instrumento propuso el año 2025 para concluir las negociaciones. Ese es el plazo que se espera poder cumplir si los Estados tienen voluntad política para generar consensos. Y por lo pronto, se observa que algunos Estados que en el pasado fueron reticentes a participar ahora están teniendo un poco más de interés.

Por ahora el borrador cuenta con 24 artículos, los primeros 13 de los cuales se discutieron en la última sesión. Las discusiones incluyeron temas centrales como la definición de los derechos de las víctimas y su protección y la definición del propósito y el alcance del tratado, es decir, si debe de incluir solamente a las empresas transnacionales o también a otras empresas. El Estado mexicano, por ejemplo, sostiene que este instrumento debe abarcar todas las actividades que tengan un carácter transnacional. También se ha discutido acerca de la prevención de daños y el acceso a reparaciones, así como acerca de la responsabilidad legal, la jurisdicción que abordará la denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional, entre otros temas.

Algunos Estados han hecho aportes para mejorar el contenido en negociación. Por el contrario, otros Estados buscan minimizar el alcance del tratado en algunos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a protecciones a pueblos y comunidades indígenas, salvaguardas ambientales y derechos de las mujeres y la niñez, entre otros.

Hay Estados que apoyan las nuevas propuestas del presidente relator, el embajador de Ecuador, pero gran parte de la sociedad civil considera que, en su mayoría, van en detrimento de lo alcanzado durante siete años hasta 2021, y le quita fuerza al tratado. Promueven la asimetría de poder entre Estados del norte y el sur, así como entre las empresas y las personas y comunidades titulares de derechos. El tercer borrador revisado es el que reconocemos como legítimo y sobre el que se consideramos que se deben continuar las negociaciones.

¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil?

Decenas de OSC están impulsando un tratado efectivo. Entre ellas se cuentan PODER, junto con la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países, y muchas otras alianzas, movimientos y articulaciones como la Alianza para el tratado, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad.

Por supuesto que en la sociedad civil hay diversidad de opiniones en varios temas, pero estamos de acuerdo en la necesidad de regular la actividad empresarial con una perspectiva de derechos humanos. Hemos identificado los elementos que debe de contener este tratado y las condiciones para su implementación. Y tratamos de ponerle urgencia al proceso, que va demasiado lento, mientras que las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personas defensoras no se detienen, sino que aumentan cada año.

La sociedad civil ha hecho incidencia con los y las tomadoras de decisiones para que se abrieran espacios de discusión con la sociedad civil. PODER, junto con la Red-DESC, en particular, ha insistido en la participación constructiva y proactiva de los Estados del sur global en el proceso, y específicamente de América Latina. También trabajamos para integrar una perspectiva de género e interseccional tanto en el proceso como en el texto; un ejemplo ha sido la propuesta de utilizar la política exterior feminista de México.

La sociedad civil parte de la convicción de que no es posible desarrollar un tratado legítimo si no se coloca en el centro de todo el proceso la participación de los y las titulares de derechos – personas y comunidades rurales afectadas, pueblos indígenas, sindicatos independientes, personas LGBTQI+ y personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

¿Cuáles son las probabilidades de que la versión final del tratado satisfaga las expectativas de la sociedad civil y cumpla con su cometido?

Esperamos que el tratado contribuya a acabar con la impunidad corporativa y que los Estados asuman su obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Que se eviten abusos y violaciones, se reparen daños y se asegure que estas situaciones no se repitan.

Aunque existen procesos establecidos para el desarrollo de tratados internacionales, este es un tratado inusual y debe ser tratado como tal, por lo que deben hacerse los cambios que sean necesarios tanto en el proceso como en el contenido para que sea realmente efectivo.

La satisfacción completa de las expectativas de la sociedad civil requeriría de un cambio de paradigma basado en el principio de que las empresas tienen una función social y que sus operaciones no deben rebasar ciertos límites para tener una vida digna y un medio ambiente limpio sano y sostenible. Sabemos que no lograremos concretar todas nuestras aspiraciones con un tratado, con Planes Nacionales de Acción y con regulaciones y normativas, aun cuando éstas sean correctamente implementadas. Pero todos estos son pasos importantes para intentar equilibrar la balanza, limitando el poder que el sistema económico global ha otorgado a las corporaciones empresariales.

Si bien el tratado difícilmente satisfaga todas nuestras expectativas, las OSC que estamos exigiendo el máximo nivel de exigencia para este tratado seguiremos haciéndolo hasta el final. Seguiremos llevando propuestas de personas expertas y de las comunidades y grupos afectados que luchan por la justicia y la reparación de los daños que viven en carne propia, abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas y permanezcan en el centro de las negociaciones en todo momento e incluyendo en las consultas sobre el texto a personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.

Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí, y solo contribuiría a mantener un statu quo insostenible.

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GOBERNANZA GLOBAL: “El principal problema es que las palabras no se traducen en acciones concretas”

CIVICUS conversa acerca de los desafíos de la gobernanza global con Carlos Quesada, fundador y director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza & Igualdad).

Raza & Igualdad es una organización de la sociedad civil (OSC) internacional que trabaja con activistas y organizaciones de América Latina para promover y proteger los derechos humanos de las poblaciones en condiciones de marginación, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Lo hace mediante capacitación técnica, documentación de violaciones de derechos humanos y trabajo de incidencia a nivel nacional e internacional.

¿Qué oportunidades ofrece el actual sistema institucional de gobernanza global?

El sistema actual ofrece oportunidades para trabajar por el mejoramiento de los estándares internacionales de protección y promoción de derechos humanos., que nosotros hemos aprovechado. Raza & Igualdad tuvo un rol clave, por ejemplo, en la definición de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, cuya aprobación se logró tras 13 años de trabajo con diversos países de la región.

Trabajamos estrechamente con los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como la Asamblea General y el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. En el sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas, contribuimos a que nuestras contrapartes nacionales tengan influencia en los órganos de tratados, durante el proceso del Examen Periódico Universal de sus respectivos países y en sus interacciones con los Procedimientos Especiales, es decir, las Relatorías Especiales, los Grupos de Trabajo y los Expertos Independientes.

Nuestra estrategia se centra en apoyar las luchas por los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI+, los niños y niñas y las personas afrodescendientes utilizando los órganos de tratados. De este modo logramos que nuestras recomendaciones se integren en las observaciones y conclusiones de los Estados miembros en organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de los Derechos del Niño.

¿Cuáles son los principales déficits del actual sistema de gobernanza global?

Volviendo al ejemplo anterior, si bien logramos la aprobación de dos convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación, desgraciadamente solo seis países de las Américas han ratificado la CIRDI y uno de ellos, Brasil, ha emitido una reserva que limita su utilización a casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Apenas dos países del hemisferio han ratificado la Convención contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

El principal déficit del sistema de gobernanza global radica en la falta de implementación de lo acordado. Existe una brecha entre las declaraciones y promesas públicas de los Estados en estas instancias y su verdadero compromiso de cumplimiento. A pesar de los avances, las palabras a menudo no se traducen en acciones concretas.

Otro ejemplo de este déficit es la poca cantidad de sentencias de la Corte IDH que se cumplen al 100%. No hay un mecanismo que permita castigar a los países que incumplen las sentencias. Lo único positivo es que éstas no prescriben, por lo cual cabe esperar que ocurra un cambio de gobierno y que el nuevo gobierno se avenga a cumplirlas.

El hecho de que las recomendaciones no sean vinculantes es un gran desafío tanto para el sistema interamericano como para el sistema universal y es un problema estructural fundamental desde su creación. Las sanciones deberían ser vinculantes, pero no lo son, y al final del día el proceso se convierte en un diálogo de buenas intenciones donde los Estados prometen cumplir las recomendaciones, pero en los hechos esto rara vez sucede.

¿Cómo cree que sería un sistema de gobernanza global más sólido, efectivo y democrático?

El gran desafío para la sociedad civil radica en generar un efecto cascada desde lo local hasta lo internacional. Esto implica promover el fortalecimiento democrático a nivel local para que los principios democráticos se reflejen en diferentes espacios, incluso alcanzando instituciones internacionales como la OEA. Debería haber una participación política democrática real para que los Estados democráticos adopten un compromiso real de respetar, promover y sancionar las violaciones de derechos humanos.

Este compromiso no debe ser meramente declarativo, sino que debe ser genuino e ir acompañado de un diálogo efectivo con la sociedad civil para avanzar en estándares de promoción y protección de los derechos humanos. Actualmente, tanto los Estados como las OSC nos caracterizamos por dar monólogos, pero no dialogamos entre nosotros. La sociedad civil utiliza estos espacios para hacer recomendaciones, pero a menudo carece de un interlocutor del otro lado. Los Estados, por su parte, emiten discursos para que el mundo los escuche, sin establecer una instancia real de diálogo. Es necesario avanzar hacia un modelo más participativo y colaborativo.

¿Qué reformas están impulsando?

Desde Raza & Igualdad estamos impulsando la campaña CIRDI2024 con el objetivo de lograr la plena ratificación de la CIRDI, antes de que finalice el Decenio Internacional para los Afrodescendientes el próximo año. Nuestra meta es alcanzar las diez ratificaciones que hacen falta para poder crear un Comité Interamericano para prevenir y sancionar la discriminación racial en las Américas.

También estamos participando, junto a otras OSC de las Américas, en diálogos sobre cómo mejorar la participación de la sociedad civil en los órganos políticos de la OEA. De esta manera buscamos transformar los monólogos actuales en auténticos diálogos entre la sociedad civil y los Estados. Queremos que estos diálogos sean reales, concretos y efectivos, promoviendo una colaboración más significativa.

Además, impulsamos una campaña para que las sentencias de la Corte IDH sean vinculantes. Este paso es esencial para garantizar la protección y prevención de las violaciones de derechos humanos en las Américas. Estamos comprometidos con la generación de cambios significativos y concretos que refuercen los mecanismos de protección y promoción de derechos humanos.

Póngase en contacto con Raza & Igualdad a través de supágina web y siga a@raceandequality enInstagram yTwitter.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación Horizon ENSURED, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de los mismos.
Nacionalismos de derecha ponen en riesgo a las democracias
Por Thalif Deen,Director y Editor Senior, Oficina de la ONU, Servicio de Prensa Inter entrevista a Lysa John, secretaria general de Civicus

El constante deterioro del multilateralismo, sumado al crecimiento del unilateralismo, pone en riesgo a las democracias, y en especial a la libertad de prensa, a la gobernanza global, a la participación cívica y a los derechos humanos en Asia, África, América del Sur y Medio Oriente.

Leer en: Inter Press News
NACIONES UNIDAS: ‘Los temas pendientes del tratado vinculante sobre empresas y DDHH son políticos’
CIVICUS conversa sobre el proceso para elaborar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos con Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos.

¿Por qué es tan importante contar con un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos?

El proceso para desarrollar este tratado surge de la convicción de que se necesita un instrumento legalmente vinculante que regule las obligaciones de las empresas y, sobre todo, facilite el acceso a la justicia para las víctimas de sus abusos. El objetivo es incorporar protecciones a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.

Un tratado internacional permitiría trascender las limitaciones jurisdiccionales de los Estados. El capital transnacional opera más allá de fronteras. Una enorme cantidad de empresas en la mayoría de los sectores opera con cadenas de suministro globales. Cuando en algún lugar de esas cadenas ocurren abusos es muy difícil para las víctimas acceder a la justicia, ya que no contamos con mecanismos de justicia que transciendan las fronteras. Las operaciones de las empresas son transnacionales, pero la justicia no.

Desde ya que los países tienen que tomar medidas a nivel doméstico, fortalecer sus regulaciones, mejorar sus leyes y desarrollar política pública y planes de acción para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos. Y también las empresas deben adoptar compromisos para mejorar sus prácticas. El tratado que se está negociando formaría parte de un conjunto de medidas que son complementarias, no excluyentes.

El proceso del tratado comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la creación de ungrupo intergubernamental de trabajo de composición abierta que recibió el mandato de negociar y acordar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

¿Qué rol está desempeñando el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos?

ElGrupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos es un procedimiento especial de la ONU instituido porresolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011, con el mandato de promover, difundir y aplicar losPrincipios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Su mandato ha sido sucesivamente renovado en 2014, 2017 y 2020. Está integrado por cinco expertos y expertas independientes, en su mayoría académicos y con representación geográfica equilibrada. Yo formo parte del Grupo de Trabajo desde 2021. Los otros cuatro integrantes actuales son de Australia, Nigeria, Polonia y Tailandia. Tres de los cinco somos mujeres.

Si bien no tenemos ninguna autoridad para tomar decisiones en cuanto al Tratado, el Grupo de Trabajo desempeña un rol importante. Participamos de casi todas las sesiones de negociación a través de mesas de debate y de discusión, y emitimos opiniones técnicas. Hemos hecho comentarios sobre el articulado y fomentamos la participación proactiva de los Estados de las distintas regiones del mundo.

Una de las premisas de los Principios Rectores es el desarrollo de medidas que se puedan combinar con el fin de abordar los problemas que existen en el terreno de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Un instrumento legalmente vinculante es justamente una de esas medidas necesarias.

El Grupo de Trabajo ha sido muy claro en dar un mensaje favorable al proceso de negociación del tratado.

¿Qué avances se han producido en la negociación del tratado?

En laentrevista anterior que tuvimos en el año 2018, el proceso llevaba cuatro años. En ese momento estaba por comenzar en Ginebra la cuarta sesión de negociaciones sobre la base del ‘borrador cero’. Y yo aún no formaba parte del Grupo de Trabajo. Han pasado ya cuatro años más, y en la sesión de octubre de 2022, la octava, se discutió el tercer borrador, surgido previo a las negociaciones de 2021.

La pandemia afectó los procesos de negociación, en parte porque se perdió el contacto cara a cara por mucho tiempo. Los representantes y delegados en Ginebra, por ejemplo, no pudieron reunirse en persona por más de un año, por lo que las posibilidades de intercambios se vieron muy limitadas. A su vez, la pandemia afectó la participación de la sociedad civil y demás sectores en estos debates. Los procesos se ralentizaron y por lo tanto se extendieron.

Actualmente se sigue discutiendo el tercer borrador, y aparentemente Ecuador, que preside el Grupo de Trabajo intergubernamental, ha dicho que no va a traer otro borrador nuevo a la mesa, sino que se seguirán realizando cambios, modificaciones y adendas a este tercer borrador. Eventualmente, todos estos ajustes permitirán llegar a un borrador final.

El borrador actual ha avanzado mucho en temas tales como la mención de grupos vulnerables, mujeres, infancias y pueblos indígenas. También se ha ido aclarando su alcance, que fue un tema muy duro en las negociaciones. En general, la sociedad civil tiene la postura de priorizar a las transnacionales, mientras que el borrador actual propone que todas las empresas estén bajo el paraguas del tratado. Esta última es la postura compartida por nuestro Grupo de Trabajo. Varios temas se han desatorado, aunque aún quedan muchas cosas por resolver.

¿Cuáles son los temas pendientes de resolución?

Hay muchas discusiones que son más políticas que técnicas. Algunos Estados y el sector privado han manifestado que el texto es demasiado prescriptivo y rígido. La sociedad civil ha manifestado que quiere más clarificaciones y especificidades sobre algunos temas como la definición de las cortes donde se dirimirían los casos enmarcados en el tratado y la consideración de la perspectiva de las víctimas, ya que la carga de la prueba sigue siendo un tema polémico. En este punto el Grupo de Trabajo ha sido muy claro: los Estados tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia y eliminar las barreras y obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

Si bien la Unión Europea (UE) y Estados Unidos participan de este proceso, les falta convencimiento sobre el rumbo del texto. La UE tiene una participación muy activa, pero observo posturas divergentes entre sus Estados miembros. Muchos países, como Francia, lo apoyan, pero la UE en conjunto tiene reservas.

Uno de los grandes triunfos que vivió el proceso en sus inicios fue que China no lo bloqueó, sino que se abstuvo. Lo mismo ocurrió con India. Esto ocurrió, en parte, porque se suponía que el tratado sería sobre empresas transnacionales. A China no le ha gustado la ampliación del alcance del tratado a todas las empresas, y últimamente ha tenido una postura bastante cerrada.

Los Estados africanos han participado muy poco en las últimas dos rondas de negociación. Creemos que Sudáfrica, que fue co-líder con Ecuador cuando se negoció la resolución que inició el proceso, tampoco se encuentra satisfecha con la ampliación del enfoque más allá de las empresas transnacionales. Incluso, Ecuador convocó recientemente a la formación de un grupo de “amigos de la presidencia” y África es la única región sin miembros participantes.

América Latina está participando bastante proactivamente, si bien la región ha experimentado muchos cambios políticos, incluyendo en el propio Ecuador, que posiblemente influyan sobre las posturas en las negociaciones.

En suma, hay discusiones técnicas sobre los artículos, pero la mayoría de los temas pendientes son discusiones sobre todo políticas. Por esta razón, creo que el proceso llevará varios años más.

¿Piensas que la versión final del tratado satisfará las expectativas de la sociedad civil?

Mi deseo es que no nos quedemos con un tratado que enuncie buenas intenciones sin colocar reglas claras. Como ocurre en todas las negociaciones de esta naturaleza, seguramente algunos de los temas que reclama la sociedad civil queden pendientes. Hay muchísimas cosas para acomodar: las perspectivas de los Estados, las expectativas de las empresas y del sector privado en general, y los reclamos de la sociedad civil y de todas las personas titulares de derechos.

Yo esperaría un texto bastante bueno, que de alguna manera refleje el carácter del proceso, que contó con una sociedad civil y movimientos sociales muy fuertes. Desde mi perspectiva, el proceso se ha sostenido, además de por compromiso de los Estados para negociar, por el impulso de la sociedad civil y el diálogo entre todos los actores.

Mi expectativa es intermedia. Con cierta cautela en cuanto al alcance del articulado, pienso que el tratado contendrá algunos elementos que satisfagan a la sociedad civil, particularmente a las víctimas.

¿Qué trabajo habrá que hacer una vez que el tratado sea aprobado?

Para empezar, creo que falta mucho para que este tratado se apruebe. Puede que esto todavía lleve varios años más. Hay un largo camino por recorrer en las negociaciones y en lo que respecta al contenido del texto.

Una vez que el tratado se apruebe, se deberá impulsar su ratificación. Recordemos que los tratados internacionales solo entran en vigor cuando una cierta cantidad de Estados los ratifican, y que solo quedan obligados por ellos los Estados que los ratifican. Aquí es donde yo veo un enorme desafío. Ojalá que una vez que lleguemos a buen puerto, con un texto bueno y abarcativo, el proceso de ratificarlo no sea tan lento y pausado.

Para esto necesitaremos una sociedad civil fuerte que empuje a los Estados a ratificar el tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. Nuevamente esperaría que este proceso fuese largo y arduo, ya que el tema de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial es bastante espinoso, puesto que hay muchos intereses de por medio. Lo que se viene será un gran desafío para todos los actores involucrados.

Siga a@fernanda_ho y a@WGBizHRs en Twitter.
TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”
CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?

Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.

Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.

Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.

Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.

Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.

¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?

El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.

Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.

¿Cuáles son los principales desafíos?

El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.

Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.

No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.

Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.

Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.

Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.

¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?

La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.

Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.

El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.

También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.

Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.

En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.

¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?

Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.

El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?

Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.

El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.

Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.
UN75: “La sociedad civil debe ser la conciencia de la comunidad global”
En conmemoración del 75º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), CIVICUS está teniendo conversaciones con activistas, personas defensoras y profesionales de la sociedad civil acerca de los roles que la ONU ha desempeñado hasta ahora, los éxitos que ha conseguido y los desafíos que enfrenta de cara al futuro. CIVICUS conversa con Keith Best, Director Ejecutivo interino del Movimiento Federalista Mundial-Instituto de Política Global (WFM/IGP), una organización no partidista sin fines de lucro comprometida con la realización de la paz y la justicia globales a través del desarrollo de instituciones democráticas y la aplicación del derecho internacional. Fundado en 1947, WFM/IGP trabaja para proteger a la población civil de las amenazas del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; facilitar la transparencia en la gobernanza; a aumentar el acceso a la justicia; y promover la vigencia del estado de derecho.

¿Qué tipo de relación ha mantenido la sociedad civil con la ONU a lo largo de sus 75 años de historia?

La relación de la sociedad civil con la ONU a lo largo de su historia ha sido principalmente la de un amigo crítico, y así lo refleja la experiencia de WFM/IGP. A menudo, este sentimiento ha sido mutuo. Recuerdo vívidamente que cuando era Secretario General de la ONU (SGNU), en una reunión con organizaciones de la sociedad civil (OSC) Boutros Boutros-Ghali nos pidió que le ayudáramos a lograr que Estados Unidos pagara sus cuotas atrasadas – ¡cosa que hizo en cuanto necesitó apoyo para la Guerra del Golfo! El exdirector ejecutivo de WFM/IGP, Bill Pace, también escribió que “Kofi Annan fue un secretario general muy importante, con quien tuve la suerte de desarrollar una relación tanto profesional como personal. Aunque su legado aún está siendo debatido, creo que tuvo el compromiso de hacer frente a las grandes potencias y plantarse frente a la corrupción de los principios establecidos en la carta”. Fue gracias a Kofi Annan que se adoptó por unanimidad la doctrina de la responsabilidad de proteger.

¿De qué maneras el trabajo de la ONU ha marcado una diferencia positiva?

Hay una tendencia a pensar a la ONU solamente en su rol de mantenimiento de la paz y en sus esfuerzos más visibles para tratar de mantener la paz mundial, descuidando el trabajo, menos celebrado pero a veces más efectivo, que llevan a cabo sus agencias. Mencionaré a solo tres de ellas. A pesar de la reciente controversia en torno del COVID-19, donde los problemas principales parecen haber sido sus limitados poderes y la falta de coordinación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha logrado un éxito duradero. Fue establecida oficialmente el 7 de abril de 1948 con el fin de “alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”, entendiendo a la salud no solo como ausencia de enfermedad o dolencia, sino como el bienestar físico, mental y social pleno de cada individuo. Su mayor triunfo fue la erradicación de la viruela en 1977; asimismo, los esfuerzos que ha llevado a cabo a nivel global para poner fin a la poliomielitis se encuentran ahora en sus etapas finales. En los últimos años, la OMS también ha coordinado batallas contra las epidemias virales de Ébola en la República Democrática del Congo y de Zika en Brasil. Será un desastre si Estados Unidos se retira de la organización en vez de ayudarla a implementar un mecanismo de alerta más eficaz y a coordinar la distribución de medicamentos tras una pandemia a la que, seguramente, habrán de seguir otras.

Otro héroe olvidado es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que ha trabajado mucho para mejorar la situación de los pequeños agricultores, la conservación y el mejoramiento de los métodos agrícolas y el conocimiento sobre biotecnologías, entre otras cosas. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fundado en 1965, promueve la cooperación técnica y de inversión entre naciones y aboga por el cambio, conectando a los países con el conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a las personas a construir una vida mejor para sí mismas; y proporciona asesoramiento especializado, capacitación y subvenciones a los países en desarrollo, con un énfasis cada vez mayor en la asistencia a los países menos desarrollados. Algunas de estas agencias han sido criticadas no tanto por el trabajo que realizan sino sobre todo por la conducta y las acciones de algunos de sus funcionarios. La forma en que algunos de ellos son seleccionados es un asunto pendiente para WFM/IGP.

En gran medida gracias al trabajo de la ONU, se han producido avances importantes como son la Corte Penal Internacional (CPI) y la responsabilidad de proteger. Sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Derecho Internacional y los tribunales de Nuremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia, la CPI ha consagrado por primera vez en la historia la responsabilidad individual de los jefes de estado y otras personas en posición de autoridad por la comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio y, más recientemente, el crimen de agresión. A la luz más calma de la mirada retrospectiva, esto será considerado un desarrollo importante en el concepto de responsabilidad global que, hasta ahora, solamente se atribuía a los estados, no a los individuos. El concepto de responsabilidad de proteger, respaldado abrumadoramente en 2005 en la Cumbre Mundial de la ONU, la mayor reunión de jefes y jefas de estado y de gobierno de la historia, dio la vuelta a siglos de obligaciones del ciudadano hacia el Estado- una obligación no solo de pagar impuestos, sino en última instancia de dar la propia vida – para enfatizar su reverso, la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos. Encierra el potencial de poner fin a 400 años de inviolabilidad del Estado para responder a sus pares, consagrada en el Tratado de Westfalia, en tanto que el concepto de no intervención no ha sobrevivido al siglo pasado.

¿Qué cosas no están funcionando actualmente y deberían cambiar, y cómo está trabajando la sociedad civil para que ello ocurra?

Lo decepcionante, por supuesto, ha sido la incapacidad de la ONU para reformarse a sí misma desde dentro de manera efectiva y, sobre todo por efecto del interés de las principales potencias en mantener el statu quo, el hecho de que se ha vuelto inadecuada para cumplir su propósito en el mundo moderno. El mejor ejemplo de ello es el uso o la amenaza de uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU). El P5, es decir sus cinco miembros permanentes, todavía representan a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con la salvedad de que en 1971 la República Popular China sustituyó a Taiwán/República de China. Hasta el Brexit, dos escaños eran ocupados por estados parte de la Unión Europea. Ni la democracia más numerosa del mundo, India, ni su tercera economía, Japón, están representadas. En los últimos años, el uso o la amenaza de uso del veto tornaron a la ONU incapaz de prevenir conflictos en una cantidad de situaciones. En un libro reciente, Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes (Límites legales vigentes al poder de veto en el Consejo de Seguridad frente a crímenes atroces), Jennifer Trahan explica que este abuso de poder es, de hecho, contrario al espíritu y a la letra de la Carta de la ONU. Hay una presión cada vez mayor de otros estados para reducir ese abuso, y esperamos que las campañas de la sociedad civil en ese sentido logren que el cambio se materialice.

Otra cosa que debe cambiar es la forma de nombrar al SGNU, que en el pasado ha sido entre bambalinas y posiblemente no lograra sondear a todos los candidatos adecuados. Pero gracias a la Campaña 1 para 7 mil millones, en la que WFM/IGP participó activamente junto con muchos otros actores, gobiernos incluidos, el proceso de selección del SGNU posiblemente haya cambiado para siempre, ya que el espacio donde ocurría, y que permitía la concreción de acuerdos entre las principales potencias, se desplazó desde el CSNU hacia la Asamblea General de la ONU (AGNU). El actual SGNU, António Guterres, ha elogiado y apoyado con frecuencia el nuevo proceso a través del cual fue seleccionado. Este proceso fue el resultado del trabajo conjunto de numerosas organizaciones lideradas por un comité directivo informal integrado por Avaaz, la Fundación Friedrich Ebert-Nueva York, United Nations Association-UK y WFM/IGP, y tuvo el apoyo de más de 750 OSC, con un alcance estimado en más de 170 millones de personas. Muchas de ellas esperan poder insuflar nueva vida a una campaña para consolidar y mejorar los logros obtenidos hasta ahora. Uno de los aspectos delicados es que la campaña original favorecía un mandato único más prolongado para el SGNU en lugar de dos potenciales mandatos; este objetivo seguirá vigente, y con suerte el actual titular del cargo no lo considerará una amenaza para su propia posición.

Muchas organizaciones ahora están reclamando una conferencia de revisión en virtud del artículo 109 de la Carta de la ONU, pero debemos tener cuidado con lo que deseamos. En el clima actual, dominado por el nacionalismo y el populismo cortos de miras, bien podríamos terminar con una versión diluida de la Carta actual. Sería mucho mejor alentar un cambio evolutivo e incremental, que probablemente será más duradero.

¿Considera que es necesario y posible democratizar a la ONU?

Efectivamente. Las principales debilidades del sistema de la ONU reclaman no solo la reforma del CSNU para que sus miembros permanentes - y muchos argumentan que no debería haber ninguno, o al menos que no debería incorporarse ninguno nuevo - reflejen con mayor precisión el poder económico y diplomático en el mundo actual, sino también el abordaje de su frecuente falta de transparencia y rendición de cuentas y la ausencia de un elemento democrático; de ahí la campaña 1 para 7 mil millones.

En el futuro previsible, es probable que la ONU siga basándose en los estados nacionales, cuya igualdad en el seno de la AGNU es una de sus características más entrañables. Sin embargo, hay un reclamo cada vez más fuerte de mayor democracia para realizar el principio de “nosotros, los pueblos de las naciones unidas”, en contraposición con la mera representación de los gobiernos. De ahí el llamamiento al establecimiento de una asamblea parlamentaria de la ONU, quizás creada en virtud del artículo 22, que comenzaría no como un cuerpo legislativo sino como un órgano de monitoreo de la ONU y sus agencias, dado que cualquier atribución de poderes legislativos aseguraría su fracaso porque haría que los estados se opusieran desde el principio. Cuando tantas organizaciones y tratados internacionales incluyen asambleas parlamentarias - con diferentes poderes -, no debería haber ninguna razón, más allá de la mecánica electoral, para que ello no ocurra también a nivel mundial.

¿Qué lecciones para la cooperación internacional se pueden extraer de la pandemia de COVID-19? ¿Qué debería cambiar después de esta crisis?

Sin duda, la pandemia de COVID-19 ha concentrado nuestra atención, pero queda por verse si acaba siendo lo suficientemente cataclísmica como para convertirse en un motor de la clase de cambio que en el pasado fue estimulado por las guerras mundiales. La pandemia ha enfatizado que estamos “todos juntos en esto”, que un cruce animal-humano o el desarrollo de un nuevo virus en una parte remota del planeta pronto puede tener efectos en todas partes y que no habrá frontera que lo detenga. Ha dejado en evidencia que las más afectadas son las sociedades que ya eran más vulnerables, más pobres, peor preparadas y peor equipadas desde el punto de vista sanitario. Resulta revelador que las empresas farmacéuticas estén enseñando ética a los políticos en relación con una distribución equitativa de los medicamentos que asegure que no sea la riqueza lo que determine el acceso. Esta es una lección que tiene una aplicabilidad más amplia. Ha resaltado la necesidad de decisiones globales ejecutables en interés de la humanidad en su conjunto. Se trata, nuevamente, de un mensaje con una relevancia más amplia en el contexto del cambio climático y ambiental.

Gran parte del idealismo de los años sesenta y setenta, que fueron tiempos emocionantes para quienes los vivimos, se ha traducido en el realismo de la era actual. No hay nada de malo en ello, ya que estas cuestiones deben resistir el escrutinio severo. La tecnología ha puesto de manifiesto el hecho de que las guerras ahora se libran contra civiles y no contra soldados uniformados y que los ataques cibernéticos a los suministros de energía y agua tienen más probabilidades de incapacitar al enemigo que los armamentos, que ahora son tan caros que enfrentan limitaciones de sostenibilidad y solo son útiles para los estados que pueden permitírselos. El mundo se ha hecho más pequeño, al punto en que es más probable que sepamos lo que está sucediendo en el otro extremo del mundo que en la casa de nuestro vecino. A través de los medios digitales, las voces de la gente están cada vez más presentes y están mejor articuladas; la gente quiere que se escuche su voz. La tecnología satelital permite no solo la extracción precisa de individuos, sino también la observación de acciones hasta el nivel más elemental: ya no hay donde esconderse. Si se usa de manera responsable para fomentar la justicia internacional en función de normas universalmente aceptadas, esta tecnología moderna puede ser una fuerza para el bien, pero si se usa incorrectamente, también puede conducirnos a la destrucción.

El desafío del multilateralismo en la actualidad es difundir estos mensajes de interdependencia y dejar en claro que, cada vez más, para lograr sus fines y las aspiraciones de sus ciudadanos, los estados deben trabajar juntos, en sociedad y a partir del entendimiento mutuo. Por sí misma, esta comprensión conducirá inevitablemente a la necesidad de mecanismos que puedan ser implementados para gestionar nuestro clima y nuestro comportamiento, sabiendo que la acción de cada cual provocará en otros lugares una reacción que probablemente nos afectará. Ya sea que se trate de la destrucción de la selva amazónica o del empobrecimiento de un pueblo a través de la rapiña y el autoritarismo, el resto de la humanidad resultará afectado. La pobreza destruye los mercados para las naciones industrializadas, lo cual luego produce inestabilidad, la cual a su vez resulta en un mayor gasto en prevención o resolución de conflictos. La respuesta a los flujos migratorios no es el cerco y el fortalecimiento de las fronteras, sino el abordaje de las causas últimas de la migración.

Vivimos en la época más veloz de la historia, donde certezas aún recientes son cuestionadas y dejadas de lado. Eso es disruptivo, pero también puede abrirnos a nuevas oportunidades y formas de hacer las cosas. En semejante clima político, es más importante que nunca la capacidad de WFM/IGP y de la sociedad civil para ser la conciencia de la comunidad global y apuntar a una mejor forma de gobernanza, que sea federalista y permita que se escuche la voz de la gente.

Contáctese con el Movimiento Federalista Mundial-Instituto de Política Global a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@worldfederalist en Twitter.