organizaciones internacionales

 

  • COP26: “Debemos empoderar a las comunidades y a las mujeres en la gestión de los recursos climáticos”

    Nyangori OhenjoEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Nyang'ori Ohenjo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMIRIDE), una organización de la sociedad civil keniana que aboga por el reconocimiento de las minorías y los pueblos indígenas en los procesos políticos, legales y sociales y trabaja para capacitar a las comunidades para obtener medios de vida sostenibles.

     

    ¿Cuál es el problema climático de su país en que se centra su trabajo?

    Nos centramos en los efectos cada vez peores del cambio climático, especialmente sobre los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas. A pesar de que cuenta con una gran cantidad de programas climáticos, Kenia no está logrando los objetivos deseados. Por ejemplo, en el norte del país se está produciendo un aumento de las sequías, con las habituales consecuencias nefastas, y el presidente ya ha declarado la sequía de este año como desastre nacional.

    El desafío principal es que los marcos políticos no conectan con la agenda de las comunidades indígenas, que incluyen a comunidades pastoriles, habitantes de los bosques y comunidades de pescadores. Esto deja a estas comunidades y a sus sistemas económicos en situación de vulnerabilidad y no aporta soluciones que mejoren su resiliencia. Los programas y las políticas suelen ignorar los elementos culturales.

    Los pastores, por ejemplo, diversifican sus rebaños en cuanto a sexo, edad y especie para distribuir los riesgos y maximizar las pasturas disponibles. El tamaño de los rebaños se equilibra con el tamaño de las familias, y la composición de los rebaños busca responder a las necesidades familiares. A veces los rebaños se dividen como estrategia de supervivencia, sobre todo en tiempos de sequía, y para permitir un uso innovador de los recursos disponibles. A través de sistemas de apoyo mutuo, los pastores se cuidan entre sí para poder recuperarse rápidamente de los desastres. Cada grupo de pastores tiene una forma diferente de apoyar a sus miembros, por ejemplo mediante diversas formas de ganar dinero en efectivo y diversificar sus medios de vida. Sin embargo, la ayuda alimentaria y las dádivas se han convertido en la norma política en tiempos de crisis como la actual sequía, lo cual no tiene sentido económico para nadie, y en particular para las comunidades pastoriles.

    En los 50 años en que predominó la perspectiva de la ayuda alimentaria no se logró una solución sostenible; de ahí la necesidad de un verdadero cambio de política, que nos desplace de la respuesta a las catástrofes, que es reactiva, a la preparación, que es proactiva. Esto implica tener a mano una cantidad de recursos básicos, incluido dinero en efectivo de ser necesario, antes de que se produzca la crisis, para ayudar a las comunidades a atravesar los momentos difíciles, al mismo tiempo que se enfoca la atención en la inversión y el desarrollo a largo plazo, de modo de aumentar la resiliencia de las comunidades para absorber futuras crisis.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Nos vinculamos a través del trabajo con numerosas redes globales de sociedad civil, entre ellas la de CIVICUS, y con organizaciones de promoción del desarrollo, organizaciones de base y grupos kenianos que reclaman acción por el clima, así como con instituciones académicas, órganos de las Naciones Unidas e instituciones regionales e internacionales de derechos humanos. El principal objetivo de estos vínculos es asegurar que las voces de las comunidades indígenas de Kenia sean escuchadas dentro del movimiento contra el cambio climático y puedan influir en las conversaciones internacionales.

    La participación de los pueblos indígenas en el movimiento internacional por el clima, y el hecho de que los pueblos indígenas formen parte de una conversación que, de manera sensible al género, reconozca sus derechos y valore sus conocimientos tradicionales, así como sus prácticas innovadoras en materia de resiliencia climática, son fundamentales para diseñar y aplicar políticas y acciones climáticas eficaces.

    A nivel nacional, a través de la Dirección de Cambio Climático, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Kenia, y de la Plataforma Multisectorial de Agricultura Inteligente para el Clima, CEMIRIDE ha participado en el proceso en que se estableció la posición del gobierno keniano de cara a la COP26 y dentro de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma CLPI).

    ¿Cómo interactúan las comunidades indígenas con el gobierno de Kenia?

    La iniciativa contra las emergencias por sequía, que finaliza en 2022, ha tenido éxito a la hora de desarrollar políticas climáticas, pero ha avanzado poco en la resolución del problema de la sequía. También está el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (2018-2022), que prevé la participación e inclusión efectivas de las comunidades indígenas marginadas, pero, nuevamente, ha resultado en muy pocos avances en términos de asegurar una participación estructurada y significativa de estas comunidades en la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Nacional.

    El gobierno también está implementando el Proyecto de Agricultura Climáticamente Inteligente de Kenia, uno de cuyos componentes clave es la mitigación del clima. Sin embargo, su implementación carece de mecanismos estructurados de vinculación con las comunidades indígenas, las cuales por lo tanto tienen mínima presencia y capacidad de aportar a su diseño y puesta en marcha.

    ¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 avance en estas cuestiones, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

    Estos procesos internacionales como la COP26 son importantes para dar visibilidad a los pueblos indígenas en las conversaciones sobre el cambio climático. Aunque los gobiernos, y especialmente los de África, tardaron mucho tiempo en reconocer el rol de los pueblos indígenas y la necesidad de que sus voces sean escuchadas en la mesa internacional de toma de decisiones sobre el cambio climático, ahora han entendido que los pueblos indígenas pueden realmente influir en la dirección de estos procesos. En concreto, la Plataforma CLPI fue creada para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, crear capacidad para la participación de las partes interesadas en todos los procesos relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aprovechar los diversos sistemas de conocimiento y sus innovaciones para el diseño y la implementación de políticas y acciones por el clima.

    CEMIRIDE espera que las voces de los pueblos indígenas ocupen el centro de la escena y que los gobiernos se comprometan a implementar soluciones locales por las cuales deban rendir cuentas, en vez de hacer amplias promesas globales que nunca se cumplen y de las cuales nadie les exige rendición de cuentas. En especial, esperamos que los gobiernos se comprometan a apoyar y facilitar la puesta en marcha de un marco nacional para la participación de las comunidades indígenas en acciones relativas al cambio climático.

    ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

    Queremos que ocurra una verdadera devolución de poder a las comunidades, y especialmente a las mujeres, en la gestión de los recursos climáticos. Los pueblos indígenas son colectivos únicos no solamente por los impactos que el cambio climático está teniendo sobre ellos, sino también por el rol que desempeñan a la hora de asegurar el éxito de las medidas de intervención y por las perspectivas y experiencias que aportan a través de sus conocimientos indígenas y locales. Nadie conoce mejor una comunidad que las personas que viven en ella y dependen de sus recursos.

    Las comunidades indígenas marginadas han desarrollado desde hace mucho tiempo conocimientos y experiencia específicos para preservar y conservar los entornos naturales de donde obtienen su sustento, y en torno a los cuales han desarrollado sus sistemas y estructuras sociales, culturales y religiosas. Por lo tanto, su gestión directa de los recursos climáticos les permitirá influir positivamente sobre el desarrollo, la revisión, la adopción y la implementación de políticas y regulaciones que aborden el cambio climático, con un énfasis específico en el mejoramiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

    El espacio cívico enKenia es calificado como “obstruidopor elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con el Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías a través de supágina web y siga a@CEMIRIDE_KE en Twitter.

     

     

  • COP26: “El norte global debe rendir cuentas y comprometerse con la lucha contra el cambio climático”

    LorenaSosaMientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre. 
    CIVICUS conversa con Lorena Sosa, directora de operaciones de Zero Hour, un movimiento dirigido por jóvenes que busca generar vías de acceso, ofrece formación y distribuye recursos para nuevos activistas y organizadores jóvenes. A través de Zero Hour, Lorena ha apoyado el trabajo de activistas de Jamaica, Filipinas y Singapur, buscando generar acción inmediata y llamar la atención sobre los impactos del cambio climático.

    ¿Cuál es el problema climático de tu país en que trabaja tu organización?

    Actualmente, Zero Hour está abocada a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en la política estadounidense y busca subsanar la ausencia de recursos para la organización y movilización por el clima. Recientemente hemos logrado organizar una manifestación virtual, “End Polluter Welfare” (“Acabemos con el Estado de bienestar para los contaminadores”), que contó con la participación del senador líder de la mayoría Chuck Schumer y el diputado Ro Khanna, así como una movilización llamada “People Not Polluters” (“La gente contra los contaminadores”) en la ciudad de Nueva York. También ayudamos a organizar la movilización “People vs Fossil Fuels” (“La gente contra los combustibles fósiles”) en Washington DC. Actualmente estamos trabajando en la revisión de una serie de actividades de formación para ayudar a nuestros capítulos a aprender a organizar campañas locales específicas para sus comunidades.

    Muchas de nuestras acciones expresan nuestro deseo de vincularnos y colaborar con otras personas involucradas en el movimiento para elevar las acciones de los demás, porque es difícil conseguir cobertura y atención para las acciones que todos estamos organizando. Es muy lindo ver a los y las activistas apoyarse mutuamente; el amor y el apoyo son realmente necesarios para mejorar el estado del movimiento e impulsar sus reivindicaciones.

    ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    La reacción contra el trabajo de los activistas varía ampliamente, especialmente en el caso de nuestras secciones internacionales, que enfrentan límites a las protestas y movilizaciones a causa de restricciones gubernamentales. En Estados Unidos, el principal efecto negativo del trabajo que realizamos está relacionado con el agotamiento que resulta de trabajar sin ver ninguna acción por parte de los líderes que tienen el poder de iniciar acciones para el bien de nuestro planeta. El agotamiento es muy común en el movimiento juvenil por el clima, sobre todo porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer malabares con nuestras obligaciones académicas, nuestra vida social y nuestro activismo mientras tratamos de mantener viva la esperanza de que el cambio es posible.

    En lo que respecta a conservar el bienestar y mantenerse a salvo de los impactos del agotamiento, he aprendido que lo mejor es comprometerme con la comunidad climática de la que formo parte; sé que no estoy sola con mis preocupaciones porque mantengo constantes intercambios acerca de ellas con mis amigos y colegas. No hay un remedio universal para el agotamiento, pero he aprendido que dedicar tiempo a cuidarme y a mantener el vínculo con mi familia y mis amigos es increíblemente útil para mantener los pies en la tierra.

    ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

    Nuestros equipos de vínculos globales y Operaciones, liderados por Sohayla Eldeeb y por mí, han trabajado juntos para dar forma a nuestras comunicaciones con nuestros capítulos internacionales en Jamaica, Filipinas y Singapur. Hemos mantenido horas de consulta específicas para nuestras secciones internacionales para poder ayudarles a resolver todo conflicto que se les presentara en su trabajo de campaña y proporcionarles apoyo en todo lo que pudiéramos.

    En cuanto a las campañas internacionales, nuestra directora adjunta de Asociaciones, Lana Weidgenant, participa activamente en campañas internacionales que buscan llamar la atención y fomentar la educación y la acción sobre la transformación de los sistemas alimentarios para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro medio ambiente. Lana fue vicepresidenta juvenil de Transición hacia Patrones de Consumo Sustentables para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, es una de las líderes juveniles de la campaña internacional Act4Food Act4Change (“Actúa por los alimentos, actúa por el cambio”) que ha recolectado los compromisos y las prioridades relativas a los sistemas alimentarios de más de 100.000 jóvenes y aliados de todo el mundo, y es una de las dos representantes juveniles en las negociaciones agrícolas de la COP26 de este año.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 logre avances en la lucha contra el cambio climático?

    Me gustaría que el norte global rinda cuentas y se comprometa a aportar 100.000 millones de dólares para que el sur global pueda implementar con éxito sus propias medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

    Muchas de nuestras perspectivas en Zero Hour se centran en la justicia, más que en la equidad, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores causantes de esta crisis. Los líderes del norte global, y especialmente los actores clave en los Estados Unidos, tienen que dejar de apoyar a la industria de los combustibles fósiles y empezar a comprometerse con soluciones que den prioridad a las personas más que a los contaminadores.

    Me encantaría que todos los líderes que asistan a la COP26 tomaran medidas serias y contundentes para combatir y eliminar los efectos del cambio climático. El empeoramiento de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar ya han demostrado que la inacción va a ser perjudicial para el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes.

    El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha destacado que existen pruebas suficientes para que nuestros dirigentes traten el cambio climático como la emergencia que es. Espero que todos los líderes mundiales que participen en la conferencia tengan muy en cuenta las conclusiones del informe del IPCC a la hora de redactar los resultados de la conferencia.

    El espacio cívico en Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con Zero Hour a través de supágina web y siga a@ThisIsZeroHour en Twitter.

     

  • COP26: “En respuesta a la presión desde abajo, deben responder con acciones justas por el clima”

    En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Caroline Owashaba, jefa de equipo de Acción por el Desarrollo Juvenil Uganda (Action for Youth Development Uganda) y coordinadora voluntaria de la Alianza Niñas, no novias (Girls Not Brides) en Uganda.

    Caroline Owashaba

    ¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el que está trabajando?

    Un problema clave en Uganda es el uso de grandes cantidades de bolsas de plástico de un solo uso, que tienen efectos medioambientales extremos. Las bolsas de plástico tardan muchos años en descomponerse; liberan sustancias tóxicas en el suelo y, cuando son quemadas, en el aire; obstruyen los desagües y pueden provocar inundaciones; y matan a los animales que las comen confundiéndolas con alimento o que se enredan en ellas.

    En 2018 se aprobó una medida para prohibir la fabricación, la venta y el uso de bolsas de plástico, pero los fabricantes presionaron mucho para que les dieran más tiempo hasta la entrada en vigor de la prohibición, y en consecuencia su implementación ha sido lenta y en gran medida ineficaz. Así que, a principios de 2021, el gobierno decidió aplicar nuevas medidas en el mismo sentido, junto con un paquete más amplio de medidas medioambientales.

    Mientras el gobierno trabaja para hacer cumplir la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso, nosotros estamos trabajando en una iniciativa para producir materiales alternativos, ecológicos y biodegradables. Esto es bastante urgente, porque ahora mismo, si la prohibición de las bolsas de plástico realmente se implementara, la oferta de opciones de envases biodegradables no sería en absoluto suficiente.

    Acción por el Desarrollo Juvenil Uganda (ACOYDE, por sus siglas en inglés) está desarrollando un proyecto denominado CHACHA (Niños por el Cambio Alternativo), que utiliza la fibra del plátano para fabricar diversos artículos útiles, tales como felpudos e individuales para mesas, almohadas, artículos de decoración interior y, por supuesto, bolsas. Los residuos generados en la extracción de la fibra del plátano y la fabricación de estos artículos se reciclan para producir briquetas de carbón de alta calidad que los jóvenes y las mujeres que participan en el proyecto utilizan como fuente de calor tanto en sus hogares como en sus lugares de trabajo, reduciendo el consumo de combustible y aumentando al mismo tiempo sus ingresos familiares.

    Toda la comunidad participa en el proceso de producción, porque es la que provee los tallos de plátano. Y el proyecto permite a los jóvenes, y especialmente a las mujeres jóvenes, mantener a sus familias. Tenemos posibilidades de expansión, ya que el surgimiento de hoteles ecológicos ha creado una mayor demanda de productos sustentables.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Nos hemos vinculado con el movimiento internacional a través de intercambios regionales sobre el cambio climático tales como la Semana Africana del Cambio Climático, y como parte de la Red Juvenil de Agricultura Climáticamente Inteligente. También seguimos los debates del Grupo de Países Menos Adelantados (PMA) sobre adaptación, mitigación y financiamiento.

    También ha funcionado a la inversa: ACOYDE ha apoyado los esfuerzos para domesticar el marco climático internacional y ha impulsado el proyecto de ley nacional sobre cambio climático, que se aprobó en abril de 2021. Esta iniciativa dio fuerza de ley a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Acuerdo de París, del cual Uganda es signataria. A continuación, trabajamos para bajar la ley al nivel local. Es clave que la legislación se implemente efectivamente a nivel local, porque nos ayudará a superar las injusticias del cambio climático en nuestras comunidades.

    También nos conectamos con el movimiento por el clima más amplio desde una perspectiva de género. Personalmente me interesan las intersecciones entre el género y el cambio climático. En las COP anteriores pude contribuir al Plan de Acción de Género (PAG), que ha guiado y ejercido influencia en temas de género y juventud en los procesos de negociación de la CMNUCC. Participé en los debates sobre los avances del PAG en relación con el equilibrio de género, la coherencia, la aplicación con perspectiva de género, el seguimiento y la presentación de informes. También he participado activamente en el Grupo de Trabajo Nacional de Género de Uganda y en otros procesos nacionales sobre cambio climático para garantizar la domesticación de las normas globales de género y un financiamiento consistente con el Acuerdo de París, entre otras cosas informando sobre la implementación de las disposiciones del PAG en Uganda.

    ¿Cuáles son sus expectativas para la COP26?

    La COP26 debería ofrecer espacios para llevar las cuestiones de género a nivel global y proporcionar más oportunidades de debate. Debería aumentar la participación de las mujeres, emprender la integración de la perspectiva de género y garantizar la implementación del PAG. Debe contribuir a amplificar las voces de las mujeres en las negociaciones sobre el cambio climático. Las mujeres están haciendo gran parte del trabajo pesado a nivel de base, pero reciben muy poco a cambio, no sólo porque es muy poco lo que llega a sus bolsillos, sino también porque siguen estando subrepresentadas y, por tanto, sus voces no son escuchadas.

    Los foros internacionales como la COP26 deben proporcionar espacios para la participación de las bases y, en respuesta a esas presiones desde abajo, deben desarrollar intervenciones sólidas para una acción climática justa y respetuosa de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de la igualdad de género. 

    Elespacio cívico en Uganda es calificado comorepresivopor elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con Acción para el Desarrollo Juvenil Uganda a través de susitio web y de su página deFacebook.

     

  • COP26: “Esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”

    Charles WanguhuEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa conCharles Wanguhu, activista social y coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas, un foro donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes comparten información, planifican y elaboran estrategias comunes para llevar a cabo una labor de incidencia conjunta, se vinculan con organismos gubernamentales, empresas y medios de comunicación, e informan y concientizan a la ciudadanía.

    ¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el cual está trabajando?

    La Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas es una organización de membresía sin ánimo de lucro que trabaja por la sostenibilidad del sector del petróleo y el gas en Kenia y por transiciones energéticas justas. Con el descubrimiento de petróleo en el condado keniano de Turkana, nuestro trabajo pasó a incluir la incidencia en favor de marcos políticos y legales que garanticen la justicia medioambiental y las consideraciones climáticas en el desarrollo del petróleo. Hacemos este trabajo a través de la revisión de políticas y normativas y el desarrollo de capacidades para que las comunidades locales puedan participar de forma efectiva en los procesos de evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) y así salvaguardar su entorno. 

    También participamos directamente en la revisión de las EIAS, abogando siempre por la inclusión de las consideraciones relativas al cambio climático y la protección del medio ambiente a nivel de proyecto. Por ejemplo, a medida que el proyecto petrolero de Turkana se fue acercando a la fase de producción, hemos participado en los foros de consulta con las partes interesadas del proyecto, donde hemos planteado la necesidad de que la EIAS del proyecto incorpore evaluaciones de impacto en materia de cambio climático. También hemos abogado por la transparencia en el sector mediante la divulgación de los acuerdos y licencias petroleras para que la ciudadanía pueda entender las obligaciones de las empresas petroleras en materia de medio ambiente y cambio climático, lo cual redundará en una mayor rendición de cuentas por parte del Estado y de estas empresas.

    ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    La reducción del espacio cívico sigue siendo un desafío en el entorno en que trabajamos. Los grupos de la sociedad civil enfrentan reacciones negativas del gobierno cuando se refieren a temas de actualidad. Las restricciones suelen consistir en la denegación de permisos para realizar protestas o celebrar reuniones relacionadas con los proyectos de su interés. En algunos casos, organismos gubernamentales como la Junta de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y la autoridad impositiva de Kenia han sido utilizados para atacar a las OSC.

    También enfrentamos restricciones por parte de las empresas, tales como la exclusión deliberada de las OSC de eventos de participación pública. Aquellos de nuestros miembros que han expresado su preocupación o se han hecho oír en cuestiones relacionadas con la extracción de recursos gasíferos y petroleros se han encontrado con que ya no se les invita a participar o no se les permite hacer comentarios en las audiencias públicas.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Estamos desarrollando un programa panafricano para una transición justa que implicará la colaboración con otros grupos regionales e internacionales para garantizar que la transición energética mundial sea justa para África y refleje los impactos de la crisis climática en el continente.

     

    ¿Qué esperanzas tiene en relación con la COP26, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

    La inclusión de consideraciones sobre el cambio climático a nivel de proyecto ya tiene un asidero legal en Kenia a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático aprobada en Kenia en 2016. El retraso en la implementación de la ley ha supuesto un desafío, pero tenemos conocimiento de varios proyectos de reglamentación que están siendo revisados para su eventual promulgación.

    En lo que respecta a la transición energética justa, esperamos que se impongan obligaciones más estrictas que cumplan con el principio de responsabilidad común pero diferenciada, el cual reconoce que los distintos países tienen diferentes responsabilidades y capacidades para abordar cuestiones transfronterizas tales como el cambio climático. Esto garantizaría que África no se quede atrás en la transición o, lo que es peor, que la transición no se produzca a sus expensas.

    Los procesos internacionales han sido útiles en la medida en que han facilitado en parte la domesticación de los marcos legales y políticos sobre cambio climático, pero ciertamente esperamos un mayor compromiso por parte de los Estados.

    ¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

    Quisiéramos que se acelerara la implementación de los marcos jurídicos y las obligaciones en materia de cambio climático, a nivel tanto local como internacional. Además, quisiéramos que los países desarrollados del norte global se comprometieran y cumplieran sus promesas de financiamiento para el clima realizadas en el marco del Acuerdo de París. Esto será muy útil para financiar transiciones energéticas justas en África.

    El espacio cívico enKenia es calificado comoobstruidopor elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas a través de supágina web y siga a@KCSPOG y a@CharlesWanguhu en Twitter. 

     

  • COP26: “Esperamos que las palabras se traduzcan en compromisos que cambien las conductas”

    En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Theophile Hatagekimana, Secretario Ejecutivo de la Organización para la Concientización Medioambiental de Ruanda (REAO), una organización de la sociedad civil ruandesa que trabaja para crear conciencia acerca del cambio climático y los problemas medioambientales y promueve la implementación de políticas sólidas de gestión ambiental.

    Theophile Hategekimana

    ¿Cuál es el principal problema medioambiental de su comunidad en el que está trabajando?

    Trabajamos en la resiliencia y la mitigación del cambio climático con respeto de los derechos humanos. En los últimos años hemos empezado a colaborar con los esfuerzos del gobierno para reducir la cantidad de combustible utilizado para cocinar en los hogares. Hemos unido fuerzas en esta y otras iniciativas porque el gobierno ruandés está siendo muy proactivo en el tema de la mitigación del cambio climático.

    En el marco de este proyecto, enseñamos a personas vulnerables, incluidas mujeres jóvenes, mujeres pobres, madres solteras adolescentes y víctimas de abusos sexuales, a utilizar métodos mejorados para cocinar, tales como estufas, en lugar de leña, lo cual no solamente salva de la tala a muchos árboles y reduce la exposición de estas personas a emisiones tóxicas en sus hogares, sino que también les ahorra mucho tiempo. Las animamos a que destinen el tiempo que esto les ahorra a actividades de autodesarrollo, educativas y de interacción social, y a que realicen actividades generadoras de ingresos.

    También plantamos árboles para restaurar los bosques y plantamos y distribuimos árboles agroforestales, que hacen que el suelo sea más resistente y pueda hacer frente a fenómenos climáticos extremos tales como sequías y lluvias torrenciales, además de proporcionar alimento, forraje, materias primas industriales, madera, combustible y mantillo, ayudando a diversificar las dietas y los ingresos. Uno de nuestros proyectos se centra en la compra de semillas y su siembra en las escuelas, en el marco de un programa que incluye la alfabetización ecológica, la demostración de los principios medioambientales mediante el desarrollo de prácticas verdes en la vida cotidiana, y el desarrollo de una ética medioambiental.

    Aunque pueda parecer que solamente trabajamos en la protección ambiental, en realidad nos preocupa mucho la dimensión de derechos humanos de la protección del medio ambiente, por lo cual nos oponemos a la práctica de desplazar gente sin la debida compensación. Concientizamos a la población sobre los derechos que les reconoce la ley y la apoyamos para que los reclame cuando sea necesario. Un ejemplo es el de los indígenas batwa, que a menudo son expulsados de sus tierras, por lo que les proporcionamos las herramientas necesarias para que conozcan sus derechos, tal y como los enuncian el derecho internacional y la ley ruandesa.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Muchos activistas, entre los cuales me incluyo, mantienen conexiones personales con organizaciones internacionales y con pares de todo el mundo. Pero también a nivel organizativo intentamos conectarnos con otros grupos que tienen una misión similar a la nuestra y participamos en redes y coaliciones climáticas y medioambientales. REAO es miembro de la Red de Cambio Climático y Desarrollo de Ruanda, una asociación nacional de organizaciones defensoras del medio ambiente. A nivel internacional, trabajamos en red con otras organizaciones que se dedican a la protección y mitigación del cambio climático, y hemos colaborado con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.

    ¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 logre algún avance en la mitigación del cambio climático?

    Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos internacionales encaminados a tomar decisiones coordinadas para proteger el medio ambiente y mejorar el bienestar de las comunidades, y tenemos la esperanza de que la COP26 dé lugar a la adopción de medidas concretas para hacer frente al cambio climático y a la degradación del medio ambiente. A nivel discursivo, por supuesto, todo lo que dicen los líderes de los países en el escenario global es exactamente lo que queremos escuchar; nada de eso va en contra de nuestra misión, visión y valores. Esperamos que en la COP26 esas palabras se traduzcan en compromisos que den lugar a un cambio positivo en el comportamiento de sus países en materia climática.

    ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- para ayudar a resolver la crisis climática?

    A nivel mundial, queremos que los países que más contaminan actúen para reducir sustancialmente sus emisiones. Países como China, India, Estados Unidos y otros deben tomar decisiones claras y actuar en materia de cambio climático, o todos padeceremos las consecuencias de su inacción. Esperamos que los grandes contaminadores paguen las soluciones climáticas y la cuenta quede saldada.

    A nivel local, esperamos que las condiciones de vida de las comunidades menos favorecidas mejoren y logren adaptarse al cambio climático con el apoyo de políticas públicas adecuadas y financiamiento de los gobiernos.

    El espacio cívico enRuanda es calificado como “represivopor elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con la Organización para la Concientización Medioambiental de Ruanda a través de susitio web y su página deFacebook. 

     

  • COP26: “Los tomadores de decisiones tienen objetivos nacionales pero los problemas son transnacionales”

    Al tiempo que la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la cumbre.

     

  • COP26: “Mi esperanza reside en que la gente se una para exigir justicia”

    Mitzi Jonelle TanEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Mitzi Jonelle Tan, una joven activista por la justicia climática basada en el área metropolitana de Manila, Filipinas, integrante de Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas y participante activa del movimiento internacional Viernes por el Futuro.

    ¿Cuál es el principal problema climático en tu comunidad?

    Filipinas padece numerosos impactos del cambio climático, desde sequías cada vez más largas y con mayor calor hasta tifones cada vez más frecuentes e intensos. Aparte de estos impactos climáticos -a los cuales no hemos podido adaptarnos y que nos dejan sin apoyos a la hora de afrontar las pérdidas y los daños-, también enfrentamos numerosos proyectos que son destructivos para el medio ambiente, a menudo emprendidos por empresas multinacionales extranjeras, que nuestro gobierno está permitiendo e incluso fomentando.

    Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas, la versión filipina de Viernes por el Futuro, aboga por la justicia climática y por que las voces de las personas de las comunidades más afectadas tengan espacio y sean escuchadas y amplificadas. Yo me convertí en activista en 2017, después de haber trabajado con líderes indígenas de Filipinas, porque este trabajo me hizo comprender que la única manera de lograr una sociedad más justa y más verde es a través de la acción colectiva conducente al cambio sistémico.

    ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    Sí, al igual que cualquiera que se manifieste en contra de la injusticia y la inacción, nuestro gobierno, a través de sus troles a sueldo, designa como terroristas a los activistas: básicamente nos llama terroristas por exigir rendición de cuentas y presionar por un cambio. El hecho de ser activista por el clima va siempre acompañado de temor en Filipinas, el país que por ocho años consecutivos ha sido calificado como el más peligroso de Asia para las personas defensoras y activistas ambientales. Ya no se trata solamente de temor por los impactos climáticos, sino también de temor a que la policía y las fuerzas del Estado vengan a por nosotros y nos hagan desaparecer.

    ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

    Hago mucho trabajo de organización con la comunidad internacional, especialmente a través de Viernes por el Futuro - Personas y Áreas Más Afectadas, uno de los grupos del sur global de Viernes por el Futuro. Lo hacemos manteniendo conversaciones, aprendiendo unos de otros y creando estrategias juntos, todo ello mientras nos divertimos. Es importante que el movimiento global de jóvenes esté muy bien interconectado, que se una y exhiba solidaridad para poder abordar realmente el problema global de la crisis climática.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

    Mi esperanza no reside en los mal llamados líderes, políticos que se han adaptado al sistema y lo han gestionado durante décadas para beneficio de unos pocos, normalmente del norte global. Mi esperanza reside en la gente: en los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para exigir justicia y poner en evidencia que este sistema enfocado en las ganancias que nos condujo a esta crisis no es el que necesitamos para salir de ella. Creo que la COP26 es un momento crucial y este proceso internacional tiene que resultar útil, porque ya hemos tenido 24 que no han aportado gran cosa. Estos problemas deberían haberse resuelto en la primera COP, y de un modo u otro tenemos que asegurarnos de que esta COP sea útil y resulte en cambios significativos, y no en más promesas vacías.

    ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

    El único cambio que pido es uno grande: un cambio de sistema. Tenemos que cambiar este sistema que prioriza la sobreexplotación del sur global y de los pueblos marginados en beneficio del norte global y de unos pocos privilegiados. El desarrollo bien entendido no debería basarse en el PBI y el crecimiento eterno, sino en la calidad de vida de las personas. Esto es factible, pero solamente si abordamos la crisis climática y todas las demás injusticias socioeconómicas que están en su raíz.

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  • COP26: “Se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de los responsables”

    Lia Mai TorresEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns (CEC) - Filipinas, una organización de la sociedad civil (OSC) que ayuda a las comunidades filipinas a afrontar desafíos medioambientales. Fundada en 1989 por iniciativa de organizaciones que representan a pescadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, personas que experimentan pobreza urbana y sectores profesionales, el CEC se dedica a la investigación, la educación, la incidencia y las campañas medioambientales. También integra la secretaría de la Red de Defensores del Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APNED), una coalición de organizaciones que trabajan solidariamente para proteger el medio ambiente y a sus defensores.

    ¿Cuál es el principal problema climático en tu país?

    El principal problema ambiental que enfrenta Filipinas actualmente es la proliferación de proyectos y programas destructivos del medio ambiente. Esta situación ha persistido e incluso empeorado durante la pandemia.

    Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que ya tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento. Un ejemplo de ello es el pueblo de Didipio, Nueva Vizcaya, en el norte de Filipinas, donde se renovó por 25 años más un acuerdo minero con la empresa australiano-canadiense OceanaGold. Las comunidades indígenas de Bugkalot y Tuwali ya sufren la falta de suministro de agua debido a la actividad minera y temen que esto empeore si dicha actividad continúa.

    Los proyectos de infraestructura también son una prioridad del gobierno, que afirma que estos contribuirán a mejorar la situación de la economía. Sin embargo, hay proyectos financiados con onerosos préstamos extranjeros que solo empeorarán la situación de la población local. Un ejemplo de ello es la represa de Kaliwa, financiada por China, en la provincia de Rizal, al sur de la isla de Luzón. La reserva invadirá los territorios ancestrales del pueblo indígena Dumagat, incluidos sus lugares sagrados, así como un área protegida.

    Otro ejemplo son las plantaciones de monocultivo que se encuentran sobre todo en las provincias de Mindanao. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas Lumad se han convertido en plantaciones de plátanos y piñas. Algunos residentes reportan enfermedades causadas por los productos químicos sintéticos utilizados en las plantaciones y muchos están siendo desplazados de sus tierras de cultivo.

    Estos son algunos ejemplos de proyectos prioritarios impulsados por el gobierno para conducirnos al llamado desarrollo. Sin embargo, es evidente que no mejoran realmente la situación de las comunidades locales, que en su mayoría ya se encuentran en situación de pobreza. Además, los recursos naturales del país en su mayoría no son explotados en beneficio de sus ciudadanos, ya que los productos extraídos se destinan a la exportación. Se benefician de ellos unas pocas empresas locales e internacionales. Los recursos naturales se utilizan para obtener beneficios y no para impulsar el desarrollo nacional.

    ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que realizan?

    El CEC trabaja con las comunidades locales, ya que creemos que las luchas medioambientales no pueden ganarse sin el esfuerzo conjunto de quienes sufren el impacto medioambiental. El verdadero poder proviene de las organizaciones de base. Las OSC como la nuestra y otros sectores deben apoyar sus esfuerzos, conectando las luchas locales para construir un fuerte movimiento medioambiental a nivel nacional e internacional.

    A causa del apoyo que brindamos a las comunidades locales, hemos enfrentado represalias. En 2007, Lafayette Mining Ltd, una empresa minera australiana, presentó una demanda por difamación contra el entonces director ejecutivo de CEC, ya que éste había denunciado los impactos de las actividades de la empresa. En 2019 y 2021, nuestra organización fue víctima de una práctica habitual mediante la cual el gobierno declara a personas y organizaciones como terroristas o comunistas. Lo hizo en represalia por las misiones humanitarias que realizamos tras un tifón y durante la pandemia. 

    También se nos amenazó con una redada policial en nuestra oficina, en represalia por ofrecer refugio a niños indígenas Lumad que se habían visto obligados a abandonar sus comunidades debido a la militarización, las amenazas y el acoso. Nuestras acciones de protesta pacífica suelen ser dispersadas violentamente por la policía y las fuerzas de seguridad privadas, y en 2019 un miembro del personal de nuestra organización fue detenido.

    Detrás de todos estos ataques están las fuerzas de seguridad del Estado junto con las fuerzas de seguridad privadas de las corporaciones. La policía y el ejército claramente se han convertido en parte de las fuerzas de seguridad de las corporaciones, utilizando medidas represivas para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Dado que muchos países, especialmente del sur global, están experimentando problemas medioambientales similares, reconocemos la necesidad de conectarnos con organizaciones de otros países. En 2015, el CEC se contó entre los convocantes de la Conferencia Internacional de los Pueblos sobre la Minería, que ofreció a personas defensoras del medio ambiente la posibilidad de aprender de las experiencias de los demás y coordinar campañas locales.

    El CEC también ayudó a crear la APNED, una red de campañas solidarias que provee apoyo mutuo para la realización de campañas, plantea los temas a nivel internacional, aboga por una mayor protección de las personas defensoras, realiza actividades de capacitación y facilita servicios. Creemos que la solidaridad entre personas defensoras es importante para ayudar a fortalecer los movimientos locales, así como la lucha internacional por nuestros derechos medioambientales.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

    Incluso antes de la pandemia, existía preocupación por la inclusión de las personas defensoras del medio ambiente de base o en las primeras líneas en procesos internacionales tales como estas conversaciones sobre el clima. La falta de inclusión se hizo más evidente con la pandemia, ya que muchas OSC han tenido dificultades para asistir a causa de los requisitos y gastos adicionales. Además, sólo las organizaciones acreditadas pueden asistir a los actos oficiales, y son muy pocas las que están acreditadas. Asimismo, los informes de los gobiernos suelen estar muy alejados de la realidad. El empeoramiento de la crisis climática es la prueba de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.

    A pesar de ello, seguiremos participando en los eventos formales y paralelos de la COP26, con el objetivo de llamar la atención sobre la forma en que muchos países desarrollados y grandes empresas están profundizando la crisis climática mediante el acaparamiento de recursos y la explotación de los recursos naturales de los países pobres, exacerbando la pobreza existente, y de qué manera se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de su responsabilidad y falta de rendición de cuentas. También queremos destacar la importancia de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de nuestro entorno y la defensa de nuestros derechos medioambientales, y por lo tanto la necesidad de garantizar que no sufran más violaciones de sus derechos humanos por motivos políticos que les impidan realizar su importante labor.

    ¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

    Esperamos que el marco capitalista orientado al beneficio cambie en Filipinas. Esto garantizaría el abordaje de los conflictos por los recursos, el mantenimiento de la protección del medio ambiente para el equilibrio ecológico, el establecimiento de auténticos programas de adaptación al cambio climático y la atención que los grupos vulnerables necesitan. Esto también supone responsabilizar a los países y a las empresas que contribuyen a la crisis climática y proporcionar apoyo a los países pobres para que puedan adaptarse.

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  • COP26: “Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo”

    La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

    CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

    RuthAlipaz

    ¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

    Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

    En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

    Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

    En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

    Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

    Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

    ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

    Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

    Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

    Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

    ¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

    Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

    Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

    ¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

    Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

    Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

    ¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

    Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

    Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

    Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

    Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

    Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

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  • COP26: “Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario”

    Mubiru HuzaifahEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

    CIVICUS conversa con Mubiru Huzaifah, de la Organización Cristiana Ecológica (ECO) de Uganda, una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja para asegurar medios de vida sostenibles a los grupos marginados, desatendidos y vulnerables de Uganda. Sus iniciativas en curso se centran en la gobernanza de los recursos naturales, la resiliencia y la adaptación al cambio climático y la gestión y restauración de los ecosistemas.

    ¿Cuál es el problema climático en el cual actualmente se centra su trabajo?

    El tema que más nos preocupa son los altos niveles de vulnerabilidad que el cambio climático está generando en los sistemas humanos. El cambio de largo plazo de los elementos climáticos con respecto a los niveles previamente aceptados está provocando cambios en los sistemas medioambientales y humanos. Según los informes sobre el estado del medio ambiente publicados por la Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental de Uganda, los principales problemas relacionados con el cambio climático son la contaminación industrial, la quema indiscriminada de vegetación, el uso ineficaz de los combustibles y la mala planificación de las redes de transporte, todo lo cual genera altos niveles de emisiones.

    ¿Existen iniciativas gubernamentales para mitigar el cambio climático?

    Hay un proyecto de mitigación que está implementando el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, denominado Mejoramiento de los Ingresos Agrícolas y Conservación de los Bosques, que reparte gratuitamente plántulas que son plantadas para mejorar la capacidad de absorción del suelo. También está el Plan de Subvenciones a la Producción de Aserrín, cuyo objetivo es aumentar los ingresos de la población rural mediante la plantación de árboles comerciales por parte de las comunidades locales y de medianas y grandes empresas, lo que al mismo tiempo contribuye a mitigar los efectos del cambio climático mediante la reforestación intensiva. También hay varios proyectos de energía solar en los distritos de Mayuge, Soroti y Tororo, que han aumentado la producción de energía solar del país, y un proyecto de humedales apoyado por el Fondo Verde para el Clima, que busca conservar los humedales y detener su degradación.

    Otras intervenciones relevantes son la puesta en marcha de sistemas de flujo de agua por gravedad para facilitar el suministro de agua sin utilizar fuentes de energía; el desarrollo de carreteras con canales de drenaje de agua y luces solares y el desarrollo de redes de carreteras libres de atascos que permitan un tráfico fluido y ayuden a reducir las emisiones de los automóviles; y la adopción de motocicletas eléctricas o libres de emisiones para reducir aún más las emisiones resultantes del uso de combustibles fósiles, tema en que el Ministerio de Energía está trabajando junto con el sector privado.

    ¿Qué tipo de trabajo realiza ECO en estos temas?

    El trabajo de ECO apunta a aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, a reducir los riesgos de desastres, a mejorar la gobernanza y la gestión de los recursos naturales, especialmente en el sector extractivo, y a promover la gestión y restauración de los ecosistemas.

    Por ejemplo, en el marco de un proyecto que busca promover y apoyar a las zonas conservadas por las comunidades en la cuenca del lago Victoria, hemos prestado apoyo a prácticas de pesca legal, desarrollado e impartido formación sobre la promoción de la agricultura sostenible y apoyado buenas prácticas de gobernanza de los recursos locales. Tenemos otro proyecto que busca aumentar la transparencia, la inclusión social, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de las empresas mineras en la región de Karamoja.

    En estos y en muchos otros proyectos en que trabajamos, siempre buscamos impulsar el cambio poniendo en el centro a las personas en riesgo y aprovechando los recursos y conocimientos locales y tradicionales. Intentamos vincular los ámbitos de la acción humanitaria y la labor de desarrollo centrándonos en los medios de subsistencia. Trabajamos para garantizar una planificación adaptativa, tratando de vincular las realidades locales con los procesos globales e integrar disciplinas y enfoques para abarcar diferentes riesgos. Para ello trabajamos en conjunto con comunidades, OSC, organismos gubernamentales, universidades e institutos de investigación, entidades del sector privado y medios de comunicación.

    ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

    Nos vinculamos con el movimiento climático global a través de la Red de Acción Climática-Uganda, que incluye a más de 200 OSC nacionales. Actualmente nosotros la presidimos. Esto nos permite participar como observadores en las reuniones de la COP.

    También participamos en las reuniones consultivas previas a la COP organizadas por el gobierno ugandés para preparar las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. En estas reuniones, ayudamos a evaluar los avances realizados en la lucha contra el cambio climático y en materia de cumplimiento de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional.

    Convertimos nuestras lecciones aprendidas en acciones de incidencia que pueden adaptarse a los foros internacionales sobre el cambio climático. Algunos problemas locales pueden alimentar la agenda nacional, convertirse en acciones de política pública y pasar a influir en las políticas internacionales.

    ¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 produzca avances en materia de mitigación del cambio climático?

    Esperamos que de la COP26 surja una nueva plataforma de comercialización para el comercio de emisiones que sustituya al Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permitía a los países con un compromiso de reducción o limitación de emisiones en virtud del Protocolo de Kioto poner en marcha proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo. También esperamos que se comprometan más fondos para acelerar la difusión de energías renovables.

    Estos procesos internacionales son relevantes siempre que contribuyan a la financiación de los esfuerzos de mitigación del cambio climático y produzcan estrategias de financiación novedosas, como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación y su programa piloto para fomentar la innovación en las prácticas de adaptación de los países vulnerables. Viniendo de un país en vías de desarrollo, creo que es fundamental aumentar inmediatamente el financiamiento de medidas de adaptación, ya que los impactos perturbadores del cambio climático sobre los sistemas humanos ya son evidentes.

    ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

    Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario. Nuestra visión es la de una comunidad con mayor capacidad de adaptación para hacer frente a los impactos del cambio climático y sus efectos ulteriores. Esto puede hacerse aumentando el acceso a tecnologías y proporcionando financiamiento para la mitigación y la adaptación a través de estructuras comunitarias.

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  • COVID-19: ‘Necesitamos un nuevo contrato social basado en los derechos y en la prosperidad compartida’

    Owen TudorCIVICUS conversa sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia sobre los derechos laborales, y sobre la respuesta brindada por la sociedad civil, con Owen Tudor, Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Reconocida como la voz global de los y las trabajadoras de todo el mundo, la CSI trabaja para promover y defender los derechos e intereses de las personas trabajadoras a través de la cooperación internacional entre sindicatos, la realización de campañas globales y la incidencia en las principales instituciones mundiales. La CSI adhiere a los principios de democracia e independencia sindical y agrupa a tres organizaciones regionales de África, las Américas y Asia y el Pacífico, al tiempo que coopera con la Confederación Europea de Sindicatos.

    ¿Cuáles han sido los principales impactos de la pandemia de COVID-19 sobre los derechos laborales?

    La CSI recogió información de sus centrales sindicales nacionales afiliadas en forma regular durante los primeros meses de la pandemia y rápidamente entendió que, si bien en muchos países se observaban relaciones constructivas entre el gobierno y los sindicatos, en otros ello no ocurría. En muchos países como los de Escandinavia y el resto de Europa, y a menudo sobre la base de formas ya existentes de diálogo social, gobiernos, empleadores y sindicatos trabajaron juntos para desarrollar medidas para hacer frente a la pandemia y a sus efectos en los lugares de trabajo. Eso también sucedió en algunos países donde dicha cooperación ha sido más infrecuente, como Argentina, Georgia, Nigeria y el Reino Unido. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó la importancia del diálogo social como uno de los cuatro pilares de la acción contra la pandemia, junto con el estímulo de la economía y el empleo, el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos, y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo.

    Pero en algunos países, empleadores deshonestos y gobiernos neoliberales pensaron que podrían usar la pandemia para restringir los derechos de trabajadores y sindicatos, pasando por alto los límites al tiempo de trabajo o la seguridad del empleo. En países como Croacia y Lituania, hicimos campaña en apoyo de nuestras organizaciones afiliadas para evitar esos cambios, pero no en todas partes tuvimos éxito. En India, por ejemplo, los gobiernos estaduales implementaron una desregulación generalizada de las protecciones laborales.

    ¿Se han producido cambios en la forma de trabajo de los sindicatos?

    En demasiados países se perdieron puestos de trabajo y se disparó el desempleo. Esto inevitablemente ha tenido un impacto sobre la organización sindical. Pero en varios países, incluidos algunos que habían experimentado reducciones en la tasa de afiliación sindical en el pasado reciente y otros donde la membresía sindical seguía siendo fuerte, el papel clave desempeñado por los sindicatos en defensa del empleo y el salario y su campaña por una cobertura de salud decente y seguridad en el trabajo resultaron en un aumento de la afiliación. En pocas palabras, los trabajadores vieron con mayor claridad la importancia de afiliarse a un sindicato para recibir protección frente a los malos manejos empresariales y las violaciones de sus derechos más fundamentales.

    En algunos casos, la pandemia ha acelerado la experiencia de la organización virtual, a través de Zoom u otras plataformas de internet. Y en algunos casos estas tecnologías han llevado a los militantes sindicales a cambiar su punto de vista, pasando de concentrarse en explicar los beneficios de la afiliación a escuchar lo que quieren los potenciales afiliados. Esto no hizo más que acelerar una tendencia preexistente al desplazamiento de la idea de ofrecer a la gente un modelo que resuelva sus problemas hacia la idea de permitir que los y las trabajadoras definan qué es lo que mejor funciona para ellos. Como lo expresó un líder sindical australiano, “finalmente comenzamos a contactar a nuestros miembros en la forma en que ellos querían ser contactados”.

    ¿Cómo han trabajado los sindicatos para defender derechos y apoyar a sus afiliados y a sus comunidades durante la pandemia?

    El trabajo cotidiano de los sindicatos se intensificó con la pandemia. Los sindicatos representaron a trabajadores bajo amenaza de despido, presionaron para obtener indemnizaciones adecuadas, buscaron un mayor acceso a la seguridad social, y plantearon las preocupaciones de las mujeres trabajadoras, que enfrentaron una discriminación aún mayor, y las de los y las trabajadores migrantes, a quienes les era negada la igualdad de acceso y de trato. En muchos casos, los sindicatos obtuvieron avances que antes no eran considerados posibles; ahora debemos defender esos logros para el largo plazo.

    Los sindicatos han trabajado activamente con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con gobiernos nacionales de todos los continentes y con empleadores desde el piso de fábrica hasta la sala de directorio de las multinacionales para garantizar la protección de los y las trabajadoras y sus empleos. Desde la negociación de planes nacionales de trabajo a corto plazo en Alemania, hasta la búsqueda de garantías para asegurar el respeto de los contratos en la industria global de la confección y la organización de políticas sectoriales para el regreso seguro al lugar de trabajo en Bélgica, los sindicatos se han estado rompiendo la espalda para garantizar que se reconozcan los intereses de los y las trabajadoras. Lamentablemente, cada vez que nos llega información acerca de la transmisión comunitaria del COVID-19, ésta suele referirse a casos ocurridos en el lugar de trabajo, por ejemplo en la industria hotelera y gastronómica, en la atención de la salud o en plantas de procesamiento de carne. Los sindicatos han subrayado la necesidad de que la salud ocupacional sea considerada tan importante como la salud pública y de que incluya la provisión de equipos de protección personal y el acceso a licencia paga por enfermedad.

    Los sindicatos también han estado negociando ferozmente con los empleadores para detener los despidos, los cuales se han producido, vergonzosamente, incluso en empresas que fueron rescatadas con dinero de los contribuyentes. En algunos países, la ley ha impedido a los empleadores despedir trabajadores. Hemos negociado acuerdos para el trabajo domiciliario, que se está volviendo cada vez más común aún tras el retroceso de la pandemia. En Argentina los sindicatos negociaron una nueva ley de teletrabajo que aportó innovaciones tales como la de dar a los y las trabajadoras la oportunidad de decidir si quieren volver a sus lugares de trabajo.

    ¿Qué ha revelado la pandemia en relación con los problemas económicos y laborales subyacentes y los cambios que deberían producirse?

    Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la desigualdad masiva, incluidas las disparidades de ingresos, la injusticia racial y la discriminación de género, ya estaba motorizando una indignación que se traducía en disturbios civiles y desconfianza hacia la democracia. Si a ello se le suma la destrucción resultante de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, los riesgos para las economías y las sociedades ya eran evidentes. Adicionalmente, enfrentamos disyuntivas asociadas a los impactos positivos y negativos de la tecnología en ausencia de una perspectiva de derechos.

    La pandemia ha puesto de relieve las fisuras que ya estaban presentes en el contrato social. La inadecuada provisión de atención médica hizo que las primeras semanas de la pandemia fueran particularmente preocupantes, ya que se temía que los hospitales no dieran abasto. Similares brechas de financiamiento en materia de cuidado de las personas mayores y disposiciones laborales abusivas requerían que los y las trabajadoras se trasladaran entre instalaciones residenciales y no pudieran tomar licencia por enfermedad cuando mostraban síntomas. La inseguridad del empleo y la insuficiente protección social obligaron a muchas personas a seguir trabajando estando infectadas para poder poner comida en la mesa familiar. El hecho de que no se les proporcionara el equipo de protección personal adecuado fue apenas el signo más visible de los déficits en materia de salud y seguridad ocupacional.

    Para la economía en su conjunto, las nefastas predicciones de la OIT respecto de la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo en la fuerza laboral formal se vieron eclipsadas por el número de trabajadores y trabajadoras del sector informal que perdieron sus medios de vida. En cada una de estas áreas de falla sistémica, fueron las mujeres las que más padecieron la precariedad del empleo y gozaron de menores protecciones para su salud, y las que más se vieron afectadas por situaciones de confinamiento que obligaron a muchas a asumir la carga adicional del cuidado infantil no remunerado y arrojaron a algunas a la trampa de la violencia y el abuso.

    Necesitamos reconstruir una realidad mejor, que incluya un nuevo contrato social que impulse la recuperación y la resiliencia brindando protección y garantías laborales universales, tanto para el empleado de tiempo completo de Amazon como para el precarizado conductor de Uber. La salud y la seguridad en el trabajo deben convertirse en derechos laborales tan fundamentales como el derecho a no ser esclavizado y el derecho de huelga. Necesitamos servicios públicos de salud, educación y agua de calidad y con financiación adecuada, como parte de un mecanismo de protección social universal. Y necesitamos regular el poder económico, imponiendo la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, salarios mínimos dignos y obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos y normas ambientales en las cadenas de suministro.

    Los sindicatos y los millones de afiliados que representamos pueden ayudar a lograr todo esto a través de la negociación colectiva con sus empleadores, el diálogo social con sus gobiernos y la participación en instituciones internacionales y multilaterales.

    ¿Qué deberían hacer los gobiernos y las empresas para trabajar mejor con los sindicatos, y qué rol podría desempeñar la comunidad internacional?

    Los gobiernos y las empresas deben reconocer el rol fundamental de representación de los trabajadores que desempeñan los sindicatos, no solamente en las elecciones o cuando se negocian acuerdos salariales, sino durante todo el año y en todos los recovecos de la economía. Deben respetar los derechos y libertades fundamentales que los sindicatos necesitan para funcionar, incluidos la libertad de asociación, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga. Cuando toman decisiones que afectan a millones, si es que no a cientos de millones de personas, deben respetar el principio que reza “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo cual significa que deben trabajar mano a mano con los sindicatos.

    Al mismo tiempo, estamos frente a una crisis del multilateralismo, a menudo impulsada por políticos nacionalistas y populistas, pero también resultante del colapso de la confianza pública en la globalización impulsada por el comportamiento rapaz y motivado por el lucro de las corporaciones multinacionales globales y las poderosas empresas de tecnología.

    El mundo enfrenta una convergencia de varias crisis; sin embargo, las instituciones globales establecidas para apuntalar y reforzar los derechos, la igualdad, el crecimiento inclusivo y la estabilidad global están en su punto de mayor fractura. Es necesario reforzarlas y reenfocarlas para que respondan a las necesidades de los seres humanos y del planeta.

    La OMS ha demostrado ser necesaria a la hora de dar una respuesta global al COVID-19, pero aun así, es necesario asegurar que los riesgos para la salud se gestionen sobre la base de la ciencia y se provea acceso universal al tratamiento, sin compromisos políticos.

    La Organización Mundial del Comercio preside un modelo comercial global que nos ha fallado tanto a los seres humanos como al medio ambiente. Y las instituciones de Bretton Woods se han desviado de sus mandatos al promover la reforma estructural neoliberal y las políticas de austeridad, los intereses de los países dominantes y la codicia empresarial. Esto debe cambiar.

    La OIT, con su sistema tripartito único, es tan necesaria hoy como lo era cuando dio origen a un contrato social basado en un mandato de justicia social. Las partes involucradas deben estar hoy tan comprometidas con la garantía de un piso global de derechos y prosperidad compartida como lo estuvieron sus fundadores 100 años atrás, en 1919, y como lo reafirmó la Declaración de Filadelfia en 1944.

    Trabajando con nuestros aliados en la sociedad civil, los sindicatos queremos construir un nuevo contrato social basado en esos principios. De lograrlo, podremos crear una mejor economía, una mejor sociedad y un mundo mejor.

    Contáctese con la Confederación Sindical Internacional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@ituc y a@Owen4ituc en Twitter.

     

  • NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil siempre ha sido parte integral del ecosistema de la ONU”

    CIVICUS conversa con Natalie Samarasinghe, directora ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido (UNA-UK), sobre el reciente informe del Secretario General de la ONU “Nuestra Agenda Común” y la necesidad de incluir las voces de la sociedad civil en la ONU.

    UNA-UK es un movimiento de base nacional de más de 20.000 miembros y constituye la principal fuente de información y análisis independiente sobre la ONU en el Reino Unido y se dedica a fomentar el apoyo a la ONU entre los tomadores de decisiones, los formadores de opinión y la ciudadanía.

    Natalie Samarasinghe

    ¿Cuáles son los objetivos de “Nuestra Agenda Común” y cuáles son sus principales recomendaciones?

    Nuestra Agenda Común” es un informe publicado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021. Aunque “La ONU publica un informe” no sea un titular demasiado impactante, éste se distingue por dos razones.

    En primer lugar, por la forma en que fue elaborado. Fue encargado en virtud de la declaración de la Asamblea General con motivo del 75º aniversario de la ONU, que encomendó al Secretario General la elaboración de recomendaciones para responder a los desafíos actuales y futuros. El informe se basa en los comentarios aportados por 1,5 millones de personas y 60.000 organizaciones que participaron en la conversación global UN75, así como en los aportes generados a través de una innovadora consulta digital que permitió a las partes interesadas de diversos sectores intercambiar ideas.

    En segundo lugar, por su tono visionario. El informe parece el manifiesto de un secretario general en su segundo mandato. Puesto que le tocó hacer frente a grandes desafíos, desde parásitos nacionales hasta un virus global, Guterres pasó sus primeros cinco años en el cargo luchando contra múltiples crisis e implementando reformas sensatas, aunque tecnocráticas. Acaba de ser reelegido para un segundo mandato, y este informe indica que ahora va en serio: tiene grandes ideas y quiere llevarlas a cabo. Esto refuerza aún más los argumentos a favor de dar a los secretarios generales un solo mandato más largo.

    Salpicado de datos y cifras, el informe presenta un análisis sombrío del estado del mundo, y un pronóstico aún más sombrío. Al mismo tiempo, presenta un escenario alternativo esperanzador basado en la acción colectiva, algo así como una versión existencial de un libro de los de “elige tu propia aventura”.

    En él se plantean cuatro cambios fundamentales: un contrato social renovado basado en los derechos humanos; acción urgente para proteger los bienes comunes globales y proporcionar bienes públicos a nivel global; mayor solidaridad con la juventud y las generaciones futuras; y una ONU en versión mejorada, más inclusiva, interconectada e impulsada por evidencia empírica.

    Para cada cambio hay una serie de propuestas. Algunas son concretas, tales como la de un plan de vacunación mundial contra el COVID-19 y reuniones bienales para el G20 y las instituciones internacionales. Otras son más abiertas: una plataforma de emergencia para responder a futuras crisis, por ejemplo, y planes para transformar la educación. Algunas -como la de darle una nueva misión el Consejo de Administración Fiduciaria para que haga las veces de guardián de las generaciones futuras- se basan en ideas antiguas. Otras, como la de un pacto digital global, llevarían a la ONU a un terreno nuevo. Y otras buscan poner en práctica los cambios propuestos: tales son los casos de la Cumbre del Futuro que se celebrará en 2023 y la Cumbre Social Mundial que tendrá lugar en 2025.

    ¿Cuáles son los aspectos positivos del informe desde la perspectiva de la sociedad civil y de la participación ciudadana en la ONU?

    Uno de los aspectos más interesantes del informe es que recalibra el papel de la ONU en la escena global. Podría decirse que la mayor transformación que ha tenido lugar desde la fundación de la ONU en 1945 es la explosión de actores a nivel local, nacional e internacional. Fue refrescante ver a Guterres combinar ambición respecto del rol de la ONU con humildad sobre lo que puede lograr, y establecer claramente que el éxito dependerá de la acción de y el trabajo conjunto con otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

    El informe señala que desde un principio las OSC han sido parte integral del ecosistema de la ONU. Sitúa a las OSC como elemento central de un nuevo contrato social, vinculándolas a la creación de confianza y cohesión, así como a la prestación de servicios en una serie de áreas, desde el desarrollo sostenible a la acción climática, la gobernanza digital y la visión estratégica. También aboga por que las instituciones, incluida la ONU, escuchen mejor a la gente, adopten enfoques participativos y reduzcan la complejidad para que sus procesos y resultados sean más fáciles de entender.

    Guterres recomienda que los gobiernos lleven a cabo consultas para que la ciudadanía pueda opinar sobre el futuro de sus países. Urge a los Estados a considerar las sugerencias presentadas para ampliar la participación en todos los órganos intergubernamentales. Además, anuncia dos cambios en el Secretariado de la ONU: una Oficina de la Juventud y el establecimiento de puntos focales para la sociedad civil en todas las entidades de la ONU, con el fin de crear espacios de participación a nivel de país, a nivel global, y dentro de los procesos de la ONU.

    ¿Qué falta o habría que reforzar en el informe?

    En algunas secciones el informe es notablemente directo. Al pedir un nuevo contrato social, por ejemplo, Guterres entrelaza una serie de cuestiones políticamente sensibles, como los derechos humanos, la fiscalidad y la justicia. Hace bien en situar estas cuestiones como esencialmente nacionales, pero la definición de un camino a seguir será difícil: el énfasis en el rol de la ONU en cuestiones “internas” sin duda irritará a los gobiernos, mientras que las OSC podrían temer que implique una regresión hacia el establecimiento de normas y la provisión de asistencia técnica.

    En otros momentos, Guterres no se anda con rodeos. Puede que esto sea acertado en áreas controvertidas como la paz y la seguridad, donde el informe establece propuestas modestas que, en su mayor parte, ya están en marcha. A UNA-UK y a nuestras organizaciones de la sociedad civil aliadas les habría gustado un mayor hincapié en el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y en el freno al desarrollo de armas letales autónomas.

    En cuanto al clima, el tema estelar de Guterres, el informe podría haber avanzado más y enmarcado la “triple crisis” de la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad como una emergencia interrelacionada cuyo núcleo son los derechos humanos. También podría haber sensibilizado a los tomadores de decisiones con una serie de medidas más audaces. Y tras una excelente destilación de los desafíos, quienes están en busca de nuevos enfoques en materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género también se quedan con las ganas.

    Para muchos de nosotros, sin embargo, el tema más decepcionante fue la inclusión de la sociedad civil. El lenguaje de Guterres es positivo, pero menos enfático que en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, y aporta pocos detalles más allá de unas cuantas palabras bonitas.

    Durante las consultas con las partes interesadas, las OSC de todas las regiones pidieron un representante de alto nivel de la sociedad civil en la ONU para ayudar a aumentar y diversificar la participación y dar asesoramiento en materia de acceso a todos los espacios, desde la sede de la ONU hasta las COP sobre el clima. Esta fue la única propuesta concreta que atrajo un amplio apoyo y, aunque el informe se compromete a explorarla más a fondo, resultó bastante desconcertante que Guterres no avanzara e hiciera esta designación, que está en sus manos hacer.

    Por supuesto, tener puntos focales distribuidos en todo el sistema es importante. Muchas entidades de la ONU ya los tienen. Pero por nuestra experiencia en materia de género y de derechos humanos sabemos que la transversalidad (mainstreaming) no es suficiente. Esta es, sin duda, parte la justificación subyacente a la creación de una Oficina de la Juventud. El mismo argumento debería aplicarse también a la sociedad civil.

    ¿Qué habría que hacer para mejorar la participación en la ONU?

    A corto plazo, la propuesta de establecer puntos focales en todo el sistema debería implementarse rápidamente y en consulta con la sociedad civil. Debería establecerse un calendario y un proceso para cartografiar y monitorear la participación, como se prevé en el informe. Un representante de alto nivel sería el actor ideal para hacer ambas cosas, por lo que es de esperar que se establezca este puesto.

    A mediano plazo serían útiles otros cambios, tales como una estrategia amplia en materia de espacio cívico dentro y fuera de la ONU; una plataforma en línea sencilla para efectivizar la participación, que podría incluir un mecanismo de petición ciudadana; un fondo voluntario para apoyar la participación, así como herramientas como los bonos de impacto social para financiar la actividad de las OSC a nivel de país; y un nuevo marco de partenariado para mejorar la capacidad de colaboración, incluso a nivel de país, simplificar la participación y permitir el escrutinio.

    Más a largo plazo, las Naciones Unidas deberían avanzar hacia un modelo de partenariado, poniendo en marcha una campaña global de desarrollo de capacidades para transferir varias de sus funciones a las OSC y a otras entidades mejor preparadas para actuar en el terreno. Esto permitiría a la organización concentrarse en otras tareas para las que está especialmente bien equipada. De hecho, el informe ya parece ir en esta dirección al enfatizar el rol de la ONU en tanto que foro convocante y proveedora de datos precisos, análisis y pronósticos.

    ¿Qué puede hacer la sociedad civil para impulsar el cambio y cómo puede la ONU apoyar mejor a la sociedad civil? 

    La ONU ya depende de la sociedad civil en todos los aspectos de su trabajo. Somos fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para hacer frente a la emergencia climática. Proporcionamos una ayuda fundamental en las crisis humanitarias, a veces en tanto que únicos actores con acceso a las comunidades marginadas y con el beneficio de su confianza. Defendemos a las personas ignoradas y maltratadas. Somos socios fundamentales de la ONU, al tiempo que actuamos como su conciencia, instándola a ser más audaz y ambiciosa y a actuar sin miedos ni favoritismos. Y todo esto lo hacemos en el marco de crecientes ataques.

    Las OSC pueden presionar de muchas maneras para que se avance en “Nuestra Agenda Común”, desde la incidencia ante los Estados para que le den al Secretario General el mandato que necesita para avanzar, hasta la concretización de las numerosas propuestas del informe y su implementación en comunidades, capitales y foros de la ONU.

    Podemos hacer esto desde los márgenes: tenemos mucha experiencia en hacer oír nuestras voces pese a la reducción del espacio cívico. Pero seremos mucho más eficaces si se nos reconoce un rol formal en procesos específicos, tales como los preparativos de la Cumbre del Futuro, así como en el trabajo de la ONU más en general; y si sabemos que podemos contar con el apoyo del funcionariado de la ONU. El nombramiento de un representante de la sociedad civil sería un buen comienzo.

    Póngase en contacto con UNA-UK a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@UNAUK y a@Natalie_UNnerd en Twitter.

     

  • Venezuela: “Necesitamos de la comunidad internacional un enfoque multilateral, flexible, y creativo”

    CIVICUS conversa con Feliciano Reyna, fundador y presidente de Acción Solidaria, una organización de la sociedad civil (OSC) venezolana establecida en 1995 con la misión de contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH, que a raíz de las múltiples crisis que enfrenta Venezuela ha expandido su radio de acción para proveer medicinas e insumos médicos a poblaciones más amplias en situación de vulnerabilidad.

    Feliciano Reyna

    ¿Cómo se ha llegado a la crisis actual en Venezuela?

    Se ha producido a lo largo de varios años un proceso de desmontaje del Estado de derecho que aún continúa. Hace tiempo que la justicia dejó de ser independiente y opera en función de los intereses del gobierno. A esto se agrega un gran nivel de corrupción. Hay muchos documentos e informes, como uno reciente de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que describe cómo se fue instaurando una estructura de justicia no independiente, que se aprovechó de la opacidad de los datos públicos y del manejo discrecional del Estado.

    Esto llevó a que muchos, actuando en función de sus intereses, destruyeran el aparato económico y productivo. Hoy en día la economía venezolana es el 20% de lo que era en 2013. Esto impacta sobre los niveles de pobreza, la calidad de los servicios públicos y la total falta de protección.

    Hubo un primer periodo de ingentes ingresos, gran derroche de riqueza, que permitió que durante muchos años les llegaran recursos a los principales grupos de apoyo del gobierno de Hugo Chávez, entre 2005 y 2013. Pero era solo gasto en beneficios individuales, nada de inversión en servicios públicos. Así, poco a poco lo público fue quedando en un estado de total abandono: hospitales, carreteras, alumbrado, sistema eléctrico, distribución de agua. Todo está muy destruido. Hay alrededor de cuatro millones de personas que cocinan con leña o carbón porque no les llega el gas. En donde yo vivo recibimos agua una vez a la semana durante 24 horas, y hay momentos en que no nos llega agua durante dos o tres semanas.

    Hubo un cambio importante en la economía mundial, con una fuerte caída del precio del petróleo que coincidió en los últimos días de Chávez en el gobierno. Cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013 quedó en evidencia la fragilidad de un régimen en gran medida basado en la personalidad de Chávez. Tras el triunfo de Maduro se desencadenaron protestas políticas porque su mandato fue cuestionado, y en consecuencia se iniciaron prácticas represivas muy duras. Desde entonces se percibe un gran deterioro conducente a esta crisis de derechos humanos. Las OSC han documentado detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en prisión. Ha habido un ataque sostenido a la disidencia y a los adversarios políticos. A cualquiera que tenga una posición de poder y sea visto como una amenaza política lo sacan de juego.

    Los años entre 2014 y 2016 fueron terribles. Además de la vulneración a los derechos humanos, hubo un daño generalizado a la población en materia de salud, nutrición, acceso al agua, educación y otros derechos. A medida que la economía se fue deteriorando, comenzó a haber muchas protestas sociales, no por razones políticas sino por problemas de ingresos, falta de recursos, cortes de electricidad, falta de medios de transporte y servicios públicos. Con dos grandes excepciones – las olas de protesta de 2017 y de 2019, que expresaron un desacuerdo político -, la gran mayoría de las protestas han sido protestas sociales, no ideológicas, en las cuales expresaba su descontento mucha gente que en última instancia apoyaba y votaba al gobierno.

    Mientras que el ataque a la oposición y a la disidencia ha llevado a muchos al exilio, las carencias económicas han provocado una ola migratoria masiva. Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado y se han ido muchos profesionales, maestros, médicos, lo cual debilitó aún más a los sistemas de prestación de servicios.

    ¿Cómo es el contexto en que trabaja la sociedad civil?

    Hay un gran debilitamiento del Estado, que claramente no puede controlar todo el territorio bajo su jurisdicción, y por eso ha ido entregando el control a otros actores. El poder está cada vez más en manos de actores locales paraestatales que gozan de pequeñas burbujas de bienestar en el marco de la inmensa pobreza en que vive la gran mayoría de la población.

    A causa del debilitamiento del Estado y del deterioro de la industria petrolera, siempre la principal fuente de ingresos del país, el gobierno ha abierto algunos espacios a una economía más libre. Eso significa que para servir a las poblaciones con las que trabajamos, hemos podido importar medicamentos e insumos gracias a la cooperación internacional. Tenemos donantes internacionales que nos envían los insumos o que pagan el transporte para que podamos recibirlos, usando el sistema de transporte puerta a puerta.

    Desde 2017 Acción Solidaria ha traído casi 240 toneladas de ayuda. Hemos pasado de ser nueve personas en 2016 a ser 40 en 2021. Cada semana recibimos a unas 120 personas que vienen a las oficinas de Acción Solidaria a buscar medicina. La mayoría son mujeres y personas con muy pocos recursos, mayores de 55 años. Puede que las cosas que ellas necesitan estén disponibles en la economía paralela, pero a unos precios que les resulta imposible pagar.

    Pero el entorno para la sociedad civil sigue siendo de alto riesgo. El año pasado tuvimos un allanamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales, el comando más temible de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que nos hicieron no fue un operativo oficial sino una acción delictiva. La sociedad civil que hace incidencia en derechos humanos es objeto de criminalización, y la sociedad civil que trabaja en acción humanitaria enfrenta graves problemas de acceso, es extorsionada por estos grupos autónomos y por actores paraestatales. Nos hemos convertido en blanco no porque seamos opositores o disidentes, sino porque tenemos recursos codiciados.

    De hecho, tenemos a un compañero preso hace 160 días y otros cinco compañeros de una organización que trabaja junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados que estuvieron presos un mes en una instalación militar.

    Con el proceso electoral, las redes de información del gobierno en los sectores populares parecen haber alertado que los programas gubernamentales - que transfieren a los beneficiarios el equivalente a unos cuatro dólares mensuales - no podían competir con los cerca de 60 dólares que organizaciones humanitarias transferían a las personas pertenecientes a sus poblaciones objetivo, sin exigirles nada a cambio, como parte de la respuesta humanitaria. De modo que intervinieron de inmediato y suspendieron los 38 programas de ayuda humanitaria que hacían transferencias en efectivo.

    Después de las elecciones se ha empezado a recomponer el ecosistema de transferencias, pero por el momento solo se han activado los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF.

     

    ¿Cuánto apoyo popular le queda al gobierno de Maduro? ¿Suficiente para ganar las elecciones regionales de noviembre, o ha recurrido al fraude?

    En noviembre de 2021 se realizaron las elecciones regionales en las que se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales y los 335 municipios del país. La cifra oficial de participación fue de poco más de 40%, y el gobierno obtuvo 19 gobernaciones, frente a cuatro de la oposición. El chavismo también ganó 213 alcaldías, pero los distintos grupos de oposición obtuvieron una cantidad no desdeñable, 121.

    Las condiciones de la lucha electoral se plantearon bastante antes de la selección de las candidaturas, las campañas y la propia votación, con el nombramiento de nuevos miembros para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Foro Cívico, una OSC, había propuesto nombres de personas independientes para integrar el CNE – personas con mucha trayectoria en lo electoral, que podían establecer un puente de diálogo con la gente en el gobierno que quiere gobernar de una manera menos autoritaria. Así se consiguió un CNE más equilibrado, con un rector independiente y uno procedente de la oposición, entre los cinco principales, y tres suplentes propuestos por la sociedad civil, entre los cinco suplentes. Esto permitió pensar que las elecciones tendrían mayor legitimidad que otras anteriores.

    El proceso electoral fue muy tenso; si bien no hubo fraude en el sentido de que se cambiaran las cifras de la votación, hubo muchas presiones y obstáculos para que no votaran los partidarios de la oposición. Políticos de mucho peso en la oposición fueron inhabilitados y no pudieron presentar sus candidaturas. Se cambiaron las condiciones en los centros de votación, incluidos los horarios, para mayor conveniencia del gobierno, y se acarreó mucha gente para que fuera a votar, aunque ya el gobierno no tiene la misma capacidad de movilización que en procesos anteriores. La participación fue baja por varias razones: influyó el hecho de que millones de personas han migrado, y de que muchas figuras populares de la oposición no participaban de la competencia.

    La oposición tuvo también mucha responsabilidad en esto, porque contempló las elecciones con mucha suspicacia, voceros de peso se oponían a participar, y no cerró acuerdos amplios que le hubieran permitido hacerse con hasta diez o doce gobernaciones. En parte, vio limitado su crecimiento por los obstáculos impuestos por el gobierno, pero también por su incapacidad para ponerse de acuerdo.

    Aun así, es importante recalcar que las condiciones de la competencia no eran equitativas. La oposición podría haber ganado más gobernaciones de las que ganó, pero esto tenía un claro límite. Esto se vio en el estado Barinas, de donde era originario Hugo Chávez, que el gobierno no podía permitirse dejar en manos de la oposición. Allí ganó claramente un candidato opositor, pero luego de las elecciones el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el candidato en realidad no cumplía con las condiciones para estar habilitado para competir, y ordenó repetir las elecciones.

    Frente a estas limitaciones, que eran previsibles, hubo una parte de la oposición que desde el inicio se opuso a participar en las elecciones y dejó abierto el camino a muchos triunfos oficialistas que tal vez en otras circunstancias no se hubieran producido.

    ¿Cuán consolidado está el régimen de Maduro, y cuáles son las chances de que pueda producirse una apertura democrática?

    La apertura democrática no parece ser una opción en el corto plazo. La oposición es muy diversa y está muy dispersa en términos de programa y manejo institucional, por lo que es cuestionable si sería capaz de gobernar si ahora mismo tuviera la oportunidad.

    Lo que tenemos por delante es un largo tránsito por el desierto. El gobierno padece muchas debilidades, pero tiene apoyos en China, Irán, Rusia, Turquía, y mucho apoyo político de Cuba y de otros países de la región, como se puede ver en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A imagen y semejanza de estos estados que le apoyan, el gobierno de Maduro ha tenido un manejo hábil: a pesar de la corrupción y la falta de transparencia, ha ido abriendo la economía al tiempo que ha mantenido intacta su conducta represiva.

    Los apoyos internacionales que recibe el gobierno son importantes y han sido sistemáticamente subestimados, en tanto se ha sobreestimado el apoyo que recibe el gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Se dice que tiene de su lado a Estados Unidos y a 60 países, pero quienes lo apoyan con acciones concretas son en realidad muchos menos.

    Para muchos en la oposición el interinato en sí mismo ha sido un gran problema, en parte porque quedó asociado a la administración de Donald Trump, y en parte porque desde que se instaló el interinato lo que hacía el gobierno interino pasó a ser lo único que importaba y se abandonó el espacio de la Asamblea Nacional, que había contado con un amplio apoyo popular.

    El interinato fue impulsado sobre la base del artículo 233 de la Constitución venezolana; puesto que en virtud de su reelección fraudulenta Maduro en 2018 no era reconocido por la oposición como presidente legítimo, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, proclamó a su presidente, en aquel momento Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Pienso que se debería haber continuado trabajando a través de la Asamblea Nacional, un cuerpo electo y legítimo en cuya presidencia se alternaban los partidos con más votos. Se podrían haber presentado pruebas de la corrupción y buscado mecanismos para proteger los activos del país con ayuda de la comunidad internacional.

    En cambio, la oposición se asumió como un gobierno legítimo sin ningún control sobre los procesos internos. Y al asumir, planteó condiciones y plazos expeditos, reclamando que primero saliera Maduro del gobierno para que el gobierno interino se constituyera en gobierno de transición y organizara elecciones libres.

    La opción por el interinato fue el resultado de la subestimación de las fuerzas del gobierno y la sobreestimación de las fuerzas propias. Cuando las expectativas no se satisficieron, como era evidente que iba a ocurrir, empezó a aumentar la desafección hacia el gobierno interino. Sigue habiendo un deseo enorme de cambio, porque las cosas están mal para la gran mayoría de la población, pero se fue perdiendo la esperanza de que ese cambio se lograría con el interinato.

    ¿Qué clase de apoyos debería brindar la comunidad internacional para facilitar una salida democrática?

    Lo que desearíamos de la comunidad internacional es un enfoque multilateral, flexible, y creativo. El cambio de administración en Estados Unidos es sumamente importante porque la postura del gobierno de Trump era unilateral y avasalladora. Afortunadamente, el gobierno de Biden parece adherir a un enfoque multilateral, que incluye a Europa, Canadá y otros países de nuestra región.

    De parte de Europa, fue muy importante que enviara una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre, así como lo fue que la ONU y el Centro Carter enviaran a expertos electorales. La ONU también tiene aportes esenciales que hacer en materia humanitaria y de derechos humanos, tanto en lo que se refiere a la movilización de recursos para atender la emergencia humanitaria en el país y en apoyo a personas migrantes y refugiadas en la región, como respecto de las situaciones de violación de derechos humanos que siguen ocurriendo.

    La comunidad internacional debe escuchar a la sociedad civil y prestar atención a los reclamos de la gente que es directamente afectada por las medidas que actores externos toman en relación con Venezuela. Muchas de las sanciones que se han impuesto al gobierno, como la sanción secundaria de Estados Unidos que penaliza el intercambio de petróleo por diésel, terminan no afectando al gobierno, que tiene vías de acción alternativas, y en cambio perjudican a los usuarios y consumidores, a personas comunes cuyas vidas, ya complicadas, se complican aún más.

    Si se escuchara a esa parte de la sociedad venezolana, se podría pensar políticas alternativas para generar los espacios de negociación y acuerdos que nos permitan retomar el camino de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, de manera no violenta.

    El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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