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CHILE: “Grupos antiderechos atacaron la Marcha del Orgullo para intentar socavar su carácter pacífico”
CIVICUS conversa sobre la lucha por los derechos LGBTQI+ en Chile con Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Fundado en 1991 MOVILH es una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de las personas LGBTQI+.En junio de 2024, un grupo de hombres encapuchados atacó la marcha del Orgullo en Santiago de Chile, la ciudad capital. Los agresores intentaron romper el cerco de seguridad que protegía a los asistentes, agrediendo a voluntarios que intentaban detenerlos. Golpearon a activistas y participantes, lanzaron piedras y pintura a las carrozas y dañaron un camión. El ataque ocurrió en medio de un clima de creciente homofobia, que incluyó llamados a boicotear el evento.
¿Qué avances y retrocesos han experimentado los derechos de las personas LGBTQI+ en Chile?
Desde 1991 hasta 2022, año en que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Chile vivió un acelerado cambio a favor de los derechos de las personas LGBTQI+. Esto se reflejó en la derogación de normativas discriminatorias, la aprobación de 18 leyes protectoras y la introducción de políticas públicas antidiscriminatorias en educación, salud y trabajo, además de una transformación cultural favorable.
Sin embargo, desde 2022, tanto las personas como las instituciones que apoyaban públicamente los derechos LGBTQI+ han comenzado a silenciarse, mientras que los opositores se han reorganizado. Los discursos de odio han superado a los discursos amigables, especialmente en redes sociales. Esto se debe, por un lado, a la percepción errónea de que con la aprobación del matrimonio igualitario todo está resuelto y, por el otro, a un retroceso en las convicciones democráticas que ha llevado a sectores antiderechos a ocupar cargos públicos.
El impacto ha sido alarmante. Nuestro informe anual mostró que 2023 fue el peor año para la promoción de los derechos LGBTQI+. Los casos de discriminación aumentaron casi 53%, llegando a 1.597, la cifra más alta registrada, mientras que los discursos de odio se incrementaron 123%.
Esta situación se ha agravado a causa de una ofensiva sin precedentes de grupos de ultraderecha que han ganado poder, especialmente en el Congreso Nacional. De ahí que una de las grandes prioridades para el movimiento LGBTQI+ sea el armado de campañas para contrarrestar los discursos de odio y proteger los derechos conquistados.
¿Cuán graves fueron los incidentes durante la reciente Marcha del Orgullo?
En la última Marcha del Orgullo, un grupo reducido, de no más de 10 personas encapuchadas, perpetró un ataque con mensajes de odio dirigidos a los asistentes y activistas. Con este ataque, típico de los grupos antiderechos, intentaron, sin éxito, erosionar el carácter pacífico que ha caracterizado históricamente a estas marchas, con el objetivo de presentarlas como conflictivas o peligrosas para los intereses de las mayorías.
Aunque el Ejecutivo no reaccionó específicamente en este caso, la Delegación Presidencial Metropolitana jugó un papel clave para asegurar que la marcha se desarrollara sin inconvenientes, ayudando a mantener su carácter pacífico y protegiendo a los participantes durante el recorrido. Esta intervención fue crucial para evitar que el incidente escalara y para preservar el espíritu inclusivo y festivo de la marcha.
¿Cuáles son las prioridades en la agenda LGBTQI+, y cómo trabajan las organizaciones para concretarlas?
Además de la realización de campañas contra los discursos de odio, Chile necesita una reforma a la Ley Antidiscriminatoria para que provea protecciones efectivas y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de derechos humanos para reforzar el cambio cultural en las escuelas, educar en la diversidad y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTQI+.
En Chile hay unas 50 agrupaciones LGBTQI+ distribuidas a lo largo del país. Una nueva forma de trabajo es la especialización: los colectivos surgidos en la última década se dedican exclusivamente a temas como salud, educación o infancia y adolescencia, y tienen un ámbito geográfico de actuación limitado, a diferencia de los movimientos más antiguos, que trabajaban a nivel nacional y buscaban abarcar todas las áreas. Independientemente de los temas que aborden, los colectivos hacen campañas comunicacionales e incidencia legislativa y en políticas públicas, y forman coaliciones para potenciar sus respectivas experticias, presentar demandas comunes, tales como la reforma de la Ley Antidiscriminatoria, y hacer frente a la ofensiva antiderechos.
Además, las agrupaciones desarrollan estudios sobre la realidad de las personas LGBTQI+ en Chile, recopilan estadísticas sobre casos de discriminación y violencia, brindan asesoría legal y psicológica a las víctimas e imparten charlas y talleres de capacitación sobre diversidad sexual y de género a organismos tanto públicos como del sector privado.
Mediante esta combinación de especialización y colaboración, los grupos LGBTQI+ logran enfrentar la violencia y la discriminación de manera más efectiva y continúan avanzando en la conquista de derechos.
¿Cómo se vinculan con el movimiento global y qué tipo de apoyo internacional necesitan?
Las organizaciones LGBTQI+ en Chile integran diversas redes internacionales. MOVILH, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones internacionales como ILGA e integra varias redes latinoamericanas e iberoamericanas, que permiten intercambiar experiencias y aunar esfuerzos. Además, los colectivos LGBTQI+ colaboran bilateralmente con grupos de otros países, intercambiando experiencias y proporcionando ayuda mutua.
A nivel global, los colectivos LGBTQI+ necesitan financiamiento, ya que son uno de los sectores vulnerables que globalmente reciben menos recursos. En el caso de Chile, esta necesidad es constante, ya que el hecho de que seamos un país considerado de ingresos medios-altos generalmente les impide recibir aportes externos. Esto tiene un impacto negativo en la lucha por la igualdad, ya que el país carece de financiamiento estatal focalizado para atender las necesidades de las personas LGBTQI+.
El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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CONVENCIÓN FISCAL DE LA ONU: “El poder popular es nuestra principal arma en la lucha contra la desigualdad”
CIVICUSconversa acerca de la labor de la sociedad civil para combatir la desigualdad desde la base y analiza las perspectivaspara una convención fiscal de las Naciones Unidas con JennyRicks, coordinadora mundial de la Alianza para Combatir la Desigualdad.La Alianza para Combatir la Desigualdad es una coalición mundial en expansión que reúne a un amplio abanico de movimientos sociales, organizaciones de base y comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas y activistas individuales que se organizan y movilizan en el territorio para encontrar e impulsar soluciones a las causas estructurales de la desigualdad con el fin de reequilibrar el poder y la riqueza en nuestras sociedades.
¿Existe un consenso global en torno a la idea de que la desigualdad está mal y hay que combatirla?
En los últimos años se ha llegado al consenso de que la desigualdad ha alcanzado niveles extremos y es perjudicial para todos los miembros de la sociedad, así como para el medio ambiente. Estamos en un momento en el cual no solamente las personas más afectadas por la desigualdad consideran que está mal, que es grotesca y que tiene que cambiar, sino que incluso organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sostienen que es un problema. El Papa dice que es un problema. Los gobiernos se han comprometido a reducir la desigualdad a través de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Existe un amplio consenso, pero es superficial: da la impresión de que todo el mundo piensa que la concentración de poder y riqueza en la cúspide de las sociedades ha ido demasiado lejos y que la brecha es demasiado extrema y afecta a la vida cotidiana y a los medios de subsistencia de las personas como cuestión de vida o muerte. Y no sólo eso: también corroe las democracias. Cuando los oligarcas controlan los medios de comunicación, compran elecciones, reprimen a las personas defensoras de derechos humanos y al espacio cívico y destruyen el medio ambiente, esto nos afecta a todos.
Pero por debajo de ese consenso superficial, creo que sigue habiendo un profundo desacuerdo sobre lo que realmente significa luchar contra la desigualdad. En la Alianza para Combatir la Desigualdad estamos interesados en desmantelar los sistemas de opresión que impulsan la desigualdad, incluidos el neoliberalismo, el patriarcado, el racismo y los legados del colonialismo. Estas son las profundas raíces estructurales de las desigualdades: son las razones por las cuales miles de millones de personas luchan por sobrevivir bajo una pandemia mundial mientras los más ricos del mundo siguen pasándoselo en grande. Así que tenemos una agenda de transformación de la naturaleza de nuestras economías y sociedades, y no solamente de retoques del statu quo, con pequeños ajustes para evitar que la gente se rebele.
¿Cómo se puede combatir la desigualdad estructural?
Cuando empezamos a constituir la Alianza para Combatir la Desigualdad, teníamos claro que el problema no radicaba en la falta de soluciones políticas. Sabemos cuáles son las soluciones políticas para luchar contra la desigualdad, así como sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar para hacer frente al cambio climático. Sabemos qué políticas fiscales redistributivas se requieren o cuáles políticas permitirían garantizar un trabajo digno.
El problema era que la abrumadora concentración de poder y riqueza en la cúspide no era compensada por una fuerza equivalente desde abajo. Los más ricos y poderosos están organizados y bien financiados. Persiguen sus intereses y su codicia de forma agresiva y exitosa. Lo que nosotros tenemos es poder popular. Pero dentro de la sociedad civil y fuera de ella, los grupos estaban muy fragmentados, muy aislados y centrados en sus propias agendas y absorbidos por las cuestiones más urgentes para las poblaciones a las que responden. No había suficiente conexión entre las luchas.
Organizarse en torno a la desigualdad es una buena forma de lograr que la gente entienda cómo sus luchas están interconectadas: a las luchas cotidianas subyacen raíces comunes y, por tanto, también hay soluciones comunes por las que luchar. Ahí es donde vimos que residía nuestro rol, y también en cambiar las narrativas que tenemos sobre la desigualdad. Tenemos que cambiar lo que consideramos que es necesario y posible en nuestras sociedades, y crear poder para impulsar las visiones alternativas por las que luchamos. Cuando nos vemos limitados por lo que las narrativas dominantes consideran natural o normal, como la falsa idea de que los multimillonarios son genios esforzados que merecen tener una riqueza ilimitada, perdemos energía y capacidad de organización para promover el cambio estructural.
La gente conoce sus problemas y sus soluciones. La desigualdad no es un problema que puedan resolver los economistas y los tecnócratas: es ante todo una lucha que debe librar la gente. Y hay que escuchar las voces de quienes experimentan la peor parte de estas desigualdades. Estas personas son las verdaderas expertas en esta lucha. Así que el poder popular es la principal arma que aportamos a esta lucha. Los gobiernos y las instituciones internacionales quieren llevar estos debates a las arenas técnicas de los órganos de formulación de políticas y a las salas de conferencias, envolviéndolos en un lenguaje técnico que los hace intencionadamente inaccesibles para la mayoría de la gente. Muchas cuestiones que requieren cambios estructurales, y desde luego la desigualdad, son tratadas como cosas que hay que medir, sobre las que hay que informar y de las que hay que hablar en los círculos económicos.
Pero la desigualdad es una tragedia humana, no una cuestión técnica. Es una cuestión de poder. Y las soluciones deben estar en manos de las personas cuyas vidas se ven más afectadas por ella. Tenemos que cambiar el equilibrio de poder, en nuestras sociedades y en el ámbito global, en vez de discutir la redacción de un documento técnico debatido a puertas cerradas, y eso solamente se consigue organizándonos a gran escala. Este poder popular es la principal arma que aportamos a la lucha contra la desigualdad.
¿Por qué la fiscalidad es importante en la lucha contra la desigualdad?
La lucha contra la desigualdad requiere que redistribuyamos el poder y la riqueza, y la fiscalidad es una importante herramienta de redistribución.
En los últimos diez o veinte años, la sociedad civil ha trabajado mucho para cuestionar el hecho de que las personas más ricas y las grandes empresas de todo el mundo no pagan los impuestos que les corresponden. El modelo económico es explotador, injusto e insostenible; se basa en la extracción de recursos, principalmente del Sur global, en prácticas laborales abusivas, trabajadores mal pagados y daños ambiental.
Todos podemos identificarnos con esta cuestión también a nivel nacional y local, ya que para equilibrar los presupuestos los gobiernos suelen aumentar los impuestos indirectos, tales como el impuesto sobre el valor agregado, que es el tipo de impuesto más regresivo porque se aplica a cualquier cosa que la gente compre, incluidos los productos de primera necesidad, en vez de gravar más a los ricos o a las multinacionales, que han creado toda una industria y unos complicados esquemas globales para eludir y evadir impuestos a gran escala.
La redistribución se está produciendo ahora mismo: se basa en extraer recursos de los más pobres y distribuirlos entre los más ricos del mundo: multimillonarios, accionistas de empresas y similares. Eso es lo que estamos luchando por revertir, a nivel tanto local como global.
¿Cómo podría ayudar una convención de la ONU sobre fiscalidad?
El nivel actual de concentración de la riqueza es tan grotesco que exige soluciones y medidas en todos los niveles. Tenemos que luchar en el frente local, donde la gente está sufriendo, al tiempo que impulsamos un cambio sistémico en lugares como la ONU. El debate sobre las normas fiscales globales parece bastante alejado de las luchas cotidianas de la mayoría de la gente, dentro y fuera de nuestra alianza. Pero las decisiones que se toman al respecto repercuten sobre esas luchas.
Hasta ahora, las normas fiscales han sido establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización intergubernamental con 38 Estados miembros: el club de los países ricos. ¿Cómo es posible que las decisiones sobre las normas fiscales globales, que afectan a todo el mundo, se tomen en un lugar que no sea la ONU, que con todos sus defectos y fallas es el único organismo multilateral en el cual todos los Estados tienen un lugar en la mesa?
Aun así, como hemos visto con las negociaciones sobre el clima, en la ONU se libra una enorme lucha de poder. Conseguir el tipo de normas fiscales globales que queremos seguirá siendo una lucha titánica. Pero si las normas fiscales globales se elaboran en el seno de la OCDE, la mayoría del mundo ni siquiera tiene una oportunidad. Pedir amablemente a los países ricos que se comporten mejor no va a producir el tipo de transformación que queremos.
En noviembre de 2022 se dio un primer paso positivo: la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución llamando a una cooperación fiscal internacional más inclusiva y eficaz e instando a los Estados miembros a iniciar negociaciones sobre un tratado fiscal mundial. La resolución se hizo eco de un llamamiento del Grupo de los 77 (G77), el mayor bloque de países en desarrollo de la ONU, así como del Grupo Africano, y otorgó a la ONU el mandato de monitorear, evaluar y determinar las normas fiscales globales y apoyar la creación de un órgano fiscal mundial.
Una convención fiscal global pondría a los Estados del Sur en pie de igualdad con los del Norte, por lo que la propuesta enfrentó grandes rechazos. Quedaron claramente en evidencia las dinámicas del poder global. Era de esperarse: se trata de un proceso a largo plazo y de final abierto. No hay garantías de que vaya a dar lugar al marco global sólido que necesitamos. Pero sigue siendo una lucha que merece la pena dar, y la ONU es el escenario adecuado para ella, simplemente porque no hay ningún otro espacio donde puedan llevarse a cabo estas negociaciones. ¿En qué otro lugar podrían el G77 o el Grupo Africano renegociar las normas fiscales globales?
¿Cómo están haciendo campaña a la luz de la resolución?
No estamos haciendo campaña directamente a favor de la Convención Fiscal de la ONU, sino que intentamos atraer a la gente hacia esta agenda de una forma diferente. Hemos estado haciendo mucha campaña sobre los impuestos a los ricos y la abolición de los multimillonarios, que es una forma más atractiva de presentar la cuestión y movilizar a la gente en torno a ella. En este momento no me imagino a cientos de miles de personas saliendo a la calle por la Convención Fiscal de la ONU. En cambio, nos hemos organizado en torno a la necesidad de gravar a los ricos, tanto a individuos como a empresas, a escala nacional y global.
Este llamamiento tiene mucha resonancia popular porque a la gente le resulta más fácil vincularlo con sus luchas: luchas por trabajo, presupuesto para la salud, mejores servicios públicos o una renta básica, o contra medidas de austeridad, subas de impuestos regresivos o recortes de subsidios. Gracias a nuestro trabajo de organización, en los últimos años el tema ha pasado a formar parte de las campañas de muchos más movimientos en todo el mundo. Para muchos movimientos de base del Sur global ha sido la forma de entrar en el tema fiscal. Tiene potencial para atraer la atención de la gente hacia la agenda más amplia de la justicia fiscal. No se puede empezar celebrando una reunión comunitaria sobre la Convención Fiscal de la ONU. Hay que partir de las desigualdades cotidianas que experimenta la gente.
Póngase en contacto conla Alianza para Combatir la Desigualdada través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@jenny_ricks y a@FightInequality en Twitter.
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COP26: “Debemos empoderar a las comunidades y a las mujeres en la gestión de los recursos climáticos”
En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.CIVICUS conversa con Nyang'ori Ohenjo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMIRIDE), una organización de la sociedad civil keniana que aboga por el reconocimiento de las minorías y los pueblos indígenas en los procesos políticos, legales y sociales y trabaja para capacitar a las comunidades para obtener medios de vida sostenibles.
¿Cuál es el problema climático de su país en que se centra su trabajo?
Nos centramos en los efectos cada vez peores del cambio climático, especialmente sobre los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas. A pesar de que cuenta con una gran cantidad de programas climáticos, Kenia no está logrando los objetivos deseados. Por ejemplo, en el norte del país se está produciendo un aumento de las sequías, con las habituales consecuencias nefastas, y el presidente ya ha declarado la sequía de este año como desastre nacional.
El desafío principal es que los marcos políticos no conectan con la agenda de las comunidades indígenas, que incluyen a comunidades pastoriles, habitantes de los bosques y comunidades de pescadores. Esto deja a estas comunidades y a sus sistemas económicos en situación de vulnerabilidad y no aporta soluciones que mejoren su resiliencia. Los programas y las políticas suelen ignorar los elementos culturales.
Los pastores, por ejemplo, diversifican sus rebaños en cuanto a sexo, edad y especie para distribuir los riesgos y maximizar las pasturas disponibles. El tamaño de los rebaños se equilibra con el tamaño de las familias, y la composición de los rebaños busca responder a las necesidades familiares. A veces los rebaños se dividen como estrategia de supervivencia, sobre todo en tiempos de sequía, y para permitir un uso innovador de los recursos disponibles. A través de sistemas de apoyo mutuo, los pastores se cuidan entre sí para poder recuperarse rápidamente de los desastres. Cada grupo de pastores tiene una forma diferente de apoyar a sus miembros, por ejemplo mediante diversas formas de ganar dinero en efectivo y diversificar sus medios de vida. Sin embargo, la ayuda alimentaria y las dádivas se han convertido en la norma política en tiempos de crisis como la actual sequía, lo cual no tiene sentido económico para nadie, y en particular para las comunidades pastoriles.
En los 50 años en que predominó la perspectiva de la ayuda alimentaria no se logró una solución sostenible; de ahí la necesidad de un verdadero cambio de política, que nos desplace de la respuesta a las catástrofes, que es reactiva, a la preparación, que es proactiva. Esto implica tener a mano una cantidad de recursos básicos, incluido dinero en efectivo de ser necesario, antes de que se produzca la crisis, para ayudar a las comunidades a atravesar los momentos difíciles, al mismo tiempo que se enfoca la atención en la inversión y el desarrollo a largo plazo, de modo de aumentar la resiliencia de las comunidades para absorber futuras crisis.
¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?
Nos vinculamos a través del trabajo con numerosas redes globales de sociedad civil, entre ellas la de CIVICUS, y con organizaciones de promoción del desarrollo, organizaciones de base y grupos kenianos que reclaman acción por el clima, así como con instituciones académicas, órganos de las Naciones Unidas e instituciones regionales e internacionales de derechos humanos. El principal objetivo de estos vínculos es asegurar que las voces de las comunidades indígenas de Kenia sean escuchadas dentro del movimiento contra el cambio climático y puedan influir en las conversaciones internacionales.
La participación de los pueblos indígenas en el movimiento internacional por el clima, y el hecho de que los pueblos indígenas formen parte de una conversación que, de manera sensible al género, reconozca sus derechos y valore sus conocimientos tradicionales, así como sus prácticas innovadoras en materia de resiliencia climática, son fundamentales para diseñar y aplicar políticas y acciones climáticas eficaces.
A nivel nacional, a través de la Dirección de Cambio Climático, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Kenia, y de la Plataforma Multisectorial de Agricultura Inteligente para el Clima, CEMIRIDE ha participado en el proceso en que se estableció la posición del gobierno keniano de cara a la COP26 y dentro de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma CLPI).
¿Cómo interactúan las comunidades indígenas con el gobierno de Kenia?
La iniciativa contra las emergencias por sequía, que finaliza en 2022, ha tenido éxito a la hora de desarrollar políticas climáticas, pero ha avanzado poco en la resolución del problema de la sequía. También está el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (2018-2022), que prevé la participación e inclusión efectivas de las comunidades indígenas marginadas, pero, nuevamente, ha resultado en muy pocos avances en términos de asegurar una participación estructurada y significativa de estas comunidades en la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Nacional.
El gobierno también está implementando el Proyecto de Agricultura Climáticamente Inteligente de Kenia, uno de cuyos componentes clave es la mitigación del clima. Sin embargo, su implementación carece de mecanismos estructurados de vinculación con las comunidades indígenas, las cuales por lo tanto tienen mínima presencia y capacidad de aportar a su diseño y puesta en marcha.
¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 avance en estas cuestiones, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?
Estos procesos internacionales como la COP26 son importantes para dar visibilidad a los pueblos indígenas en las conversaciones sobre el cambio climático. Aunque los gobiernos, y especialmente los de África, tardaron mucho tiempo en reconocer el rol de los pueblos indígenas y la necesidad de que sus voces sean escuchadas en la mesa internacional de toma de decisiones sobre el cambio climático, ahora han entendido que los pueblos indígenas pueden realmente influir en la dirección de estos procesos. En concreto, la Plataforma CLPI fue creada para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, crear capacidad para la participación de las partes interesadas en todos los procesos relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aprovechar los diversos sistemas de conocimiento y sus innovaciones para el diseño y la implementación de políticas y acciones por el clima.
CEMIRIDE espera que las voces de los pueblos indígenas ocupen el centro de la escena y que los gobiernos se comprometan a implementar soluciones locales por las cuales deban rendir cuentas, en vez de hacer amplias promesas globales que nunca se cumplen y de las cuales nadie les exige rendición de cuentas. En especial, esperamos que los gobiernos se comprometan a apoyar y facilitar la puesta en marcha de un marco nacional para la participación de las comunidades indígenas en acciones relativas al cambio climático.
¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?
Queremos que ocurra una verdadera devolución de poder a las comunidades, y especialmente a las mujeres, en la gestión de los recursos climáticos. Los pueblos indígenas son colectivos únicos no solamente por los impactos que el cambio climático está teniendo sobre ellos, sino también por el rol que desempeñan a la hora de asegurar el éxito de las medidas de intervención y por las perspectivas y experiencias que aportan a través de sus conocimientos indígenas y locales. Nadie conoce mejor una comunidad que las personas que viven en ella y dependen de sus recursos.
Las comunidades indígenas marginadas han desarrollado desde hace mucho tiempo conocimientos y experiencia específicos para preservar y conservar los entornos naturales de donde obtienen su sustento, y en torno a los cuales han desarrollado sus sistemas y estructuras sociales, culturales y religiosas. Por lo tanto, su gestión directa de los recursos climáticos les permitirá influir positivamente sobre el desarrollo, la revisión, la adopción y la implementación de políticas y regulaciones que aborden el cambio climático, con un énfasis específico en el mejoramiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático.
El espacio cívico enKenia es calificado como “obstruido”por elCIVICUS Monitor.
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COP26: “El norte global debe rendir cuentas y comprometerse con la lucha contra el cambio climático”
Mientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.
CIVICUS conversa con Lorena Sosa, directora de operaciones de Zero Hour, un movimiento dirigido por jóvenes que busca generar vías de acceso, ofrece formación y distribuye recursos para nuevos activistas y organizadores jóvenes. A través de Zero Hour, Lorena ha apoyado el trabajo de activistas de Jamaica, Filipinas y Singapur, buscando generar acción inmediata y llamar la atención sobre los impactos del cambio climático.¿Cuál es el problema climático de tu país en que trabaja tu organización?
Actualmente, Zero Hour está abocada a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en la política estadounidense y busca subsanar la ausencia de recursos para la organización y movilización por el clima. Recientemente hemos logrado organizar una manifestación virtual, “End Polluter Welfare” (“Acabemos con el Estado de bienestar para los contaminadores”), que contó con la participación del senador líder de la mayoría Chuck Schumer y el diputado Ro Khanna, así como una movilización llamada “People Not Polluters” (“La gente contra los contaminadores”) en la ciudad de Nueva York. También ayudamos a organizar la movilización “People vs Fossil Fuels” (“La gente contra los combustibles fósiles”) en Washington DC. Actualmente estamos trabajando en la revisión de una serie de actividades de formación para ayudar a nuestros capítulos a aprender a organizar campañas locales específicas para sus comunidades.
Muchas de nuestras acciones expresan nuestro deseo de vincularnos y colaborar con otras personas involucradas en el movimiento para elevar las acciones de los demás, porque es difícil conseguir cobertura y atención para las acciones que todos estamos organizando. Es muy lindo ver a los y las activistas apoyarse mutuamente; el amor y el apoyo son realmente necesarios para mejorar el estado del movimiento e impulsar sus reivindicaciones.
¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?
La reacción contra el trabajo de los activistas varía ampliamente, especialmente en el caso de nuestras secciones internacionales, que enfrentan límites a las protestas y movilizaciones a causa de restricciones gubernamentales. En Estados Unidos, el principal efecto negativo del trabajo que realizamos está relacionado con el agotamiento que resulta de trabajar sin ver ninguna acción por parte de los líderes que tienen el poder de iniciar acciones para el bien de nuestro planeta. El agotamiento es muy común en el movimiento juvenil por el clima, sobre todo porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer malabares con nuestras obligaciones académicas, nuestra vida social y nuestro activismo mientras tratamos de mantener viva la esperanza de que el cambio es posible.
En lo que respecta a conservar el bienestar y mantenerse a salvo de los impactos del agotamiento, he aprendido que lo mejor es comprometerme con la comunidad climática de la que formo parte; sé que no estoy sola con mis preocupaciones porque mantengo constantes intercambios acerca de ellas con mis amigos y colegas. No hay un remedio universal para el agotamiento, pero he aprendido que dedicar tiempo a cuidarme y a mantener el vínculo con mi familia y mis amigos es increíblemente útil para mantener los pies en la tierra.
¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?
Nuestros equipos de vínculos globales y Operaciones, liderados por Sohayla Eldeeb y por mí, han trabajado juntos para dar forma a nuestras comunicaciones con nuestros capítulos internacionales en Jamaica, Filipinas y Singapur. Hemos mantenido horas de consulta específicas para nuestras secciones internacionales para poder ayudarles a resolver todo conflicto que se les presentara en su trabajo de campaña y proporcionarles apoyo en todo lo que pudiéramos.
En cuanto a las campañas internacionales, nuestra directora adjunta de Asociaciones, Lana Weidgenant, participa activamente en campañas internacionales que buscan llamar la atención y fomentar la educación y la acción sobre la transformación de los sistemas alimentarios para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro medio ambiente. Lana fue vicepresidenta juvenil de Transición hacia Patrones de Consumo Sustentables para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, es una de las líderes juveniles de la campaña internacional Act4Food Act4Change (“Actúa por los alimentos, actúa por el cambio”) que ha recolectado los compromisos y las prioridades relativas a los sistemas alimentarios de más de 100.000 jóvenes y aliados de todo el mundo, y es una de las dos representantes juveniles en las negociaciones agrícolas de la COP26 de este año.
¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 logre avances en la lucha contra el cambio climático?
Me gustaría que el norte global rinda cuentas y se comprometa a aportar 100.000 millones de dólares para que el sur global pueda implementar con éxito sus propias medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
Muchas de nuestras perspectivas en Zero Hour se centran en la justicia, más que en la equidad, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores causantes de esta crisis. Los líderes del norte global, y especialmente los actores clave en los Estados Unidos, tienen que dejar de apoyar a la industria de los combustibles fósiles y empezar a comprometerse con soluciones que den prioridad a las personas más que a los contaminadores.
Me encantaría que todos los líderes que asistan a la COP26 tomaran medidas serias y contundentes para combatir y eliminar los efectos del cambio climático. El empeoramiento de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar ya han demostrado que la inacción va a ser perjudicial para el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes.
El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha destacado que existen pruebas suficientes para que nuestros dirigentes traten el cambio climático como la emergencia que es. Espero que todos los líderes mundiales que participen en la conferencia tengan muy en cuenta las conclusiones del informe del IPCC a la hora de redactar los resultados de la conferencia.
El espacio cívico en Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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COP26: “En respuesta a la presión desde abajo, deben responder con acciones justas por el clima”
En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.
CIVICUS conversa con Caroline Owashaba, jefa de equipo de Acción por el Desarrollo Juvenil Uganda (Action for Youth Development Uganda) y coordinadora voluntaria de la Alianza Niñas, no novias (Girls Not Brides) en Uganda.
¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el que está trabajando?
Un problema clave en Uganda es el uso de grandes cantidades de bolsas de plástico de un solo uso, que tienen efectos medioambientales extremos. Las bolsas de plástico tardan muchos años en descomponerse; liberan sustancias tóxicas en el suelo y, cuando son quemadas, en el aire; obstruyen los desagües y pueden provocar inundaciones; y matan a los animales que las comen confundiéndolas con alimento o que se enredan en ellas.
En 2018 se aprobó una medida para prohibir la fabricación, la venta y el uso de bolsas de plástico, pero los fabricantes presionaron mucho para que les dieran más tiempo hasta la entrada en vigor de la prohibición, y en consecuencia su implementación ha sido lenta y en gran medida ineficaz. Así que, a principios de 2021, el gobierno decidió aplicar nuevas medidas en el mismo sentido, junto con un paquete más amplio de medidas medioambientales.
Mientras el gobierno trabaja para hacer cumplir la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso, nosotros estamos trabajando en una iniciativa para producir materiales alternativos, ecológicos y biodegradables. Esto es bastante urgente, porque ahora mismo, si la prohibición de las bolsas de plástico realmente se implementara, la oferta de opciones de envases biodegradables no sería en absoluto suficiente.
Acción por el Desarrollo Juvenil Uganda (ACOYDE, por sus siglas en inglés) está desarrollando un proyecto denominado CHACHA (Niños por el Cambio Alternativo), que utiliza la fibra del plátano para fabricar diversos artículos útiles, tales como felpudos e individuales para mesas, almohadas, artículos de decoración interior y, por supuesto, bolsas. Los residuos generados en la extracción de la fibra del plátano y la fabricación de estos artículos se reciclan para producir briquetas de carbón de alta calidad que los jóvenes y las mujeres que participan en el proyecto utilizan como fuente de calor tanto en sus hogares como en sus lugares de trabajo, reduciendo el consumo de combustible y aumentando al mismo tiempo sus ingresos familiares.
Toda la comunidad participa en el proceso de producción, porque es la que provee los tallos de plátano. Y el proyecto permite a los jóvenes, y especialmente a las mujeres jóvenes, mantener a sus familias. Tenemos posibilidades de expansión, ya que el surgimiento de hoteles ecológicos ha creado una mayor demanda de productos sustentables.
¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?
Nos hemos vinculado con el movimiento internacional a través de intercambios regionales sobre el cambio climático tales como la Semana Africana del Cambio Climático, y como parte de la Red Juvenil de Agricultura Climáticamente Inteligente. También seguimos los debates del Grupo de Países Menos Adelantados (PMA) sobre adaptación, mitigación y financiamiento.
También ha funcionado a la inversa: ACOYDE ha apoyado los esfuerzos para domesticar el marco climático internacional y ha impulsado el proyecto de ley nacional sobre cambio climático, que se aprobó en abril de 2021. Esta iniciativa dio fuerza de ley a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Acuerdo de París, del cual Uganda es signataria. A continuación, trabajamos para bajar la ley al nivel local. Es clave que la legislación se implemente efectivamente a nivel local, porque nos ayudará a superar las injusticias del cambio climático en nuestras comunidades.
También nos conectamos con el movimiento por el clima más amplio desde una perspectiva de género. Personalmente me interesan las intersecciones entre el género y el cambio climático. En las COP anteriores pude contribuir al Plan de Acción de Género (PAG), que ha guiado y ejercido influencia en temas de género y juventud en los procesos de negociación de la CMNUCC. Participé en los debates sobre los avances del PAG en relación con el equilibrio de género, la coherencia, la aplicación con perspectiva de género, el seguimiento y la presentación de informes. También he participado activamente en el Grupo de Trabajo Nacional de Género de Uganda y en otros procesos nacionales sobre cambio climático para garantizar la domesticación de las normas globales de género y un financiamiento consistente con el Acuerdo de París, entre otras cosas informando sobre la implementación de las disposiciones del PAG en Uganda.
¿Cuáles son sus expectativas para la COP26?
La COP26 debería ofrecer espacios para llevar las cuestiones de género a nivel global y proporcionar más oportunidades de debate. Debería aumentar la participación de las mujeres, emprender la integración de la perspectiva de género y garantizar la implementación del PAG. Debe contribuir a amplificar las voces de las mujeres en las negociaciones sobre el cambio climático. Las mujeres están haciendo gran parte del trabajo pesado a nivel de base, pero reciben muy poco a cambio, no sólo porque es muy poco lo que llega a sus bolsillos, sino también porque siguen estando subrepresentadas y, por tanto, sus voces no son escuchadas.
Los foros internacionales como la COP26 deben proporcionar espacios para la participación de las bases y, en respuesta a esas presiones desde abajo, deben desarrollar intervenciones sólidas para una acción climática justa y respetuosa de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de la igualdad de género.
Elespacio cívico en Uganda es calificado como“represivo”por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Acción para el Desarrollo Juvenil Uganda a través de susitio web y de su página deFacebook. -
COP26: “Esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”
En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.CIVICUS conversa conCharles Wanguhu, activista social y coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas, un foro donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes comparten información, planifican y elaboran estrategias comunes para llevar a cabo una labor de incidencia conjunta, se vinculan con organismos gubernamentales, empresas y medios de comunicación, e informan y concientizan a la ciudadanía.
¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el cual está trabajando?
La Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas es una organización de membresía sin ánimo de lucro que trabaja por la sostenibilidad del sector del petróleo y el gas en Kenia y por transiciones energéticas justas. Con el descubrimiento de petróleo en el condado keniano de Turkana, nuestro trabajo pasó a incluir la incidencia en favor de marcos políticos y legales que garanticen la justicia medioambiental y las consideraciones climáticas en el desarrollo del petróleo. Hacemos este trabajo a través de la revisión de políticas y normativas y el desarrollo de capacidades para que las comunidades locales puedan participar de forma efectiva en los procesos de evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) y así salvaguardar su entorno.
También participamos directamente en la revisión de las EIAS, abogando siempre por la inclusión de las consideraciones relativas al cambio climático y la protección del medio ambiente a nivel de proyecto. Por ejemplo, a medida que el proyecto petrolero de Turkana se fue acercando a la fase de producción, hemos participado en los foros de consulta con las partes interesadas del proyecto, donde hemos planteado la necesidad de que la EIAS del proyecto incorpore evaluaciones de impacto en materia de cambio climático. También hemos abogado por la transparencia en el sector mediante la divulgación de los acuerdos y licencias petroleras para que la ciudadanía pueda entender las obligaciones de las empresas petroleras en materia de medio ambiente y cambio climático, lo cual redundará en una mayor rendición de cuentas por parte del Estado y de estas empresas.
¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?
La reducción del espacio cívico sigue siendo un desafío en el entorno en que trabajamos. Los grupos de la sociedad civil enfrentan reacciones negativas del gobierno cuando se refieren a temas de actualidad. Las restricciones suelen consistir en la denegación de permisos para realizar protestas o celebrar reuniones relacionadas con los proyectos de su interés. En algunos casos, organismos gubernamentales como la Junta de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y la autoridad impositiva de Kenia han sido utilizados para atacar a las OSC.
También enfrentamos restricciones por parte de las empresas, tales como la exclusión deliberada de las OSC de eventos de participación pública. Aquellos de nuestros miembros que han expresado su preocupación o se han hecho oír en cuestiones relacionadas con la extracción de recursos gasíferos y petroleros se han encontrado con que ya no se les invita a participar o no se les permite hacer comentarios en las audiencias públicas.
¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?
Estamos desarrollando un programa panafricano para una transición justa que implicará la colaboración con otros grupos regionales e internacionales para garantizar que la transición energética mundial sea justa para África y refleje los impactos de la crisis climática en el continente.
¿Qué esperanzas tiene en relación con la COP26, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?
La inclusión de consideraciones sobre el cambio climático a nivel de proyecto ya tiene un asidero legal en Kenia a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático aprobada en Kenia en 2016. El retraso en la implementación de la ley ha supuesto un desafío, pero tenemos conocimiento de varios proyectos de reglamentación que están siendo revisados para su eventual promulgación.
En lo que respecta a la transición energética justa, esperamos que se impongan obligaciones más estrictas que cumplan con el principio de responsabilidad común pero diferenciada, el cual reconoce que los distintos países tienen diferentes responsabilidades y capacidades para abordar cuestiones transfronterizas tales como el cambio climático. Esto garantizaría que África no se quede atrás en la transición o, lo que es peor, que la transición no se produzca a sus expensas.
Los procesos internacionales han sido útiles en la medida en que han facilitado en parte la domesticación de los marcos legales y políticos sobre cambio climático, pero ciertamente esperamos un mayor compromiso por parte de los Estados.
¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?
Quisiéramos que se acelerara la implementación de los marcos jurídicos y las obligaciones en materia de cambio climático, a nivel tanto local como internacional. Además, quisiéramos que los países desarrollados del norte global se comprometieran y cumplieran sus promesas de financiamiento para el clima realizadas en el marco del Acuerdo de París. Esto será muy útil para financiar transiciones energéticas justas en África.
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COP26: “Esperamos que las palabras se traduzcan en compromisos que cambien las conductas”
En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.
CIVICUS conversa con Theophile Hatagekimana, Secretario Ejecutivo de la Organización para la Concientización Medioambiental de Ruanda (REAO), una organización de la sociedad civil ruandesa que trabaja para crear conciencia acerca del cambio climático y los problemas medioambientales y promueve la implementación de políticas sólidas de gestión ambiental.
¿Cuál es el principal problema medioambiental de su comunidad en el que está trabajando?
Trabajamos en la resiliencia y la mitigación del cambio climático con respeto de los derechos humanos. En los últimos años hemos empezado a colaborar con los esfuerzos del gobierno para reducir la cantidad de combustible utilizado para cocinar en los hogares. Hemos unido fuerzas en esta y otras iniciativas porque el gobierno ruandés está siendo muy proactivo en el tema de la mitigación del cambio climático.
En el marco de este proyecto, enseñamos a personas vulnerables, incluidas mujeres jóvenes, mujeres pobres, madres solteras adolescentes y víctimas de abusos sexuales, a utilizar métodos mejorados para cocinar, tales como estufas, en lugar de leña, lo cual no solamente salva de la tala a muchos árboles y reduce la exposición de estas personas a emisiones tóxicas en sus hogares, sino que también les ahorra mucho tiempo. Las animamos a que destinen el tiempo que esto les ahorra a actividades de autodesarrollo, educativas y de interacción social, y a que realicen actividades generadoras de ingresos.
También plantamos árboles para restaurar los bosques y plantamos y distribuimos árboles agroforestales, que hacen que el suelo sea más resistente y pueda hacer frente a fenómenos climáticos extremos tales como sequías y lluvias torrenciales, además de proporcionar alimento, forraje, materias primas industriales, madera, combustible y mantillo, ayudando a diversificar las dietas y los ingresos. Uno de nuestros proyectos se centra en la compra de semillas y su siembra en las escuelas, en el marco de un programa que incluye la alfabetización ecológica, la demostración de los principios medioambientales mediante el desarrollo de prácticas verdes en la vida cotidiana, y el desarrollo de una ética medioambiental.
Aunque pueda parecer que solamente trabajamos en la protección ambiental, en realidad nos preocupa mucho la dimensión de derechos humanos de la protección del medio ambiente, por lo cual nos oponemos a la práctica de desplazar gente sin la debida compensación. Concientizamos a la población sobre los derechos que les reconoce la ley y la apoyamos para que los reclame cuando sea necesario. Un ejemplo es el de los indígenas batwa, que a menudo son expulsados de sus tierras, por lo que les proporcionamos las herramientas necesarias para que conozcan sus derechos, tal y como los enuncian el derecho internacional y la ley ruandesa.
¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?
Muchos activistas, entre los cuales me incluyo, mantienen conexiones personales con organizaciones internacionales y con pares de todo el mundo. Pero también a nivel organizativo intentamos conectarnos con otros grupos que tienen una misión similar a la nuestra y participamos en redes y coaliciones climáticas y medioambientales. REAO es miembro de la Red de Cambio Climático y Desarrollo de Ruanda, una asociación nacional de organizaciones defensoras del medio ambiente. A nivel internacional, trabajamos en red con otras organizaciones que se dedican a la protección y mitigación del cambio climático, y hemos colaborado con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.
¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 logre algún avance en la mitigación del cambio climático?
Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos internacionales encaminados a tomar decisiones coordinadas para proteger el medio ambiente y mejorar el bienestar de las comunidades, y tenemos la esperanza de que la COP26 dé lugar a la adopción de medidas concretas para hacer frente al cambio climático y a la degradación del medio ambiente. A nivel discursivo, por supuesto, todo lo que dicen los líderes de los países en el escenario global es exactamente lo que queremos escuchar; nada de eso va en contra de nuestra misión, visión y valores. Esperamos que en la COP26 esas palabras se traduzcan en compromisos que den lugar a un cambio positivo en el comportamiento de sus países en materia climática.
¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- para ayudar a resolver la crisis climática?
A nivel mundial, queremos que los países que más contaminan actúen para reducir sustancialmente sus emisiones. Países como China, India, Estados Unidos y otros deben tomar decisiones claras y actuar en materia de cambio climático, o todos padeceremos las consecuencias de su inacción. Esperamos que los grandes contaminadores paguen las soluciones climáticas y la cuenta quede saldada.
A nivel local, esperamos que las condiciones de vida de las comunidades menos favorecidas mejoren y logren adaptarse al cambio climático con el apoyo de políticas públicas adecuadas y financiamiento de los gobiernos.
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COP26: “Los tomadores de decisiones tienen objetivos nacionales pero los problemas son transnacionales”
Al tiempo que la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la cumbre.
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COP26: “Mi esperanza reside en que la gente se una para exigir justicia”
En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.CIVICUS conversa con Mitzi Jonelle Tan, una joven activista por la justicia climática basada en el área metropolitana de Manila, Filipinas, integrante de Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas y participante activa del movimiento internacional Viernes por el Futuro.
¿Cuál es el principal problema climático en tu comunidad?
Filipinas padece numerosos impactos del cambio climático, desde sequías cada vez más largas y con mayor calor hasta tifones cada vez más frecuentes e intensos. Aparte de estos impactos climáticos -a los cuales no hemos podido adaptarnos y que nos dejan sin apoyos a la hora de afrontar las pérdidas y los daños-, también enfrentamos numerosos proyectos que son destructivos para el medio ambiente, a menudo emprendidos por empresas multinacionales extranjeras, que nuestro gobierno está permitiendo e incluso fomentando.
Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas, la versión filipina de Viernes por el Futuro, aboga por la justicia climática y por que las voces de las personas de las comunidades más afectadas tengan espacio y sean escuchadas y amplificadas. Yo me convertí en activista en 2017, después de haber trabajado con líderes indígenas de Filipinas, porque este trabajo me hizo comprender que la única manera de lograr una sociedad más justa y más verde es a través de la acción colectiva conducente al cambio sistémico.
¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?
Sí, al igual que cualquiera que se manifieste en contra de la injusticia y la inacción, nuestro gobierno, a través de sus troles a sueldo, designa como terroristas a los activistas: básicamente nos llama terroristas por exigir rendición de cuentas y presionar por un cambio. El hecho de ser activista por el clima va siempre acompañado de temor en Filipinas, el país que por ocho años consecutivos ha sido calificado como el más peligroso de Asia para las personas defensoras y activistas ambientales. Ya no se trata solamente de temor por los impactos climáticos, sino también de temor a que la policía y las fuerzas del Estado vengan a por nosotros y nos hagan desaparecer.
¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?
Hago mucho trabajo de organización con la comunidad internacional, especialmente a través de Viernes por el Futuro - Personas y Áreas Más Afectadas, uno de los grupos del sur global de Viernes por el Futuro. Lo hacemos manteniendo conversaciones, aprendiendo unos de otros y creando estrategias juntos, todo ello mientras nos divertimos. Es importante que el movimiento global de jóvenes esté muy bien interconectado, que se una y exhiba solidaridad para poder abordar realmente el problema global de la crisis climática.
¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?
Mi esperanza no reside en los mal llamados líderes, políticos que se han adaptado al sistema y lo han gestionado durante décadas para beneficio de unos pocos, normalmente del norte global. Mi esperanza reside en la gente: en los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para exigir justicia y poner en evidencia que este sistema enfocado en las ganancias que nos condujo a esta crisis no es el que necesitamos para salir de ella. Creo que la COP26 es un momento crucial y este proceso internacional tiene que resultar útil, porque ya hemos tenido 24 que no han aportado gran cosa. Estos problemas deberían haberse resuelto en la primera COP, y de un modo u otro tenemos que asegurarnos de que esta COP sea útil y resulte en cambios significativos, y no en más promesas vacías.
¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?
El único cambio que pido es uno grande: un cambio de sistema. Tenemos que cambiar este sistema que prioriza la sobreexplotación del sur global y de los pueblos marginados en beneficio del norte global y de unos pocos privilegiados. El desarrollo bien entendido no debería basarse en el PBI y el crecimiento eterno, sino en la calidad de vida de las personas. Esto es factible, pero solamente si abordamos la crisis climática y todas las demás injusticias socioeconómicas que están en su raíz.
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COP26: “Se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de los responsables”
En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.CIVICUS conversa con Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns (CEC) - Filipinas, una organización de la sociedad civil (OSC) que ayuda a las comunidades filipinas a afrontar desafíos medioambientales. Fundada en 1989 por iniciativa de organizaciones que representan a pescadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, personas que experimentan pobreza urbana y sectores profesionales, el CEC se dedica a la investigación, la educación, la incidencia y las campañas medioambientales. También integra la secretaría de la Red de Defensores del Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APNED), una coalición de organizaciones que trabajan solidariamente para proteger el medio ambiente y a sus defensores.
¿Cuál es el principal problema climático en tu país?
El principal problema ambiental que enfrenta Filipinas actualmente es la proliferación de proyectos y programas destructivos del medio ambiente. Esta situación ha persistido e incluso empeorado durante la pandemia.
Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que ya tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento. Un ejemplo de ello es el pueblo de Didipio, Nueva Vizcaya, en el norte de Filipinas, donde se renovó por 25 años más un acuerdo minero con la empresa australiano-canadiense OceanaGold. Las comunidades indígenas de Bugkalot y Tuwali ya sufren la falta de suministro de agua debido a la actividad minera y temen que esto empeore si dicha actividad continúa.
Los proyectos de infraestructura también son una prioridad del gobierno, que afirma que estos contribuirán a mejorar la situación de la economía. Sin embargo, hay proyectos financiados con onerosos préstamos extranjeros que solo empeorarán la situación de la población local. Un ejemplo de ello es la represa de Kaliwa, financiada por China, en la provincia de Rizal, al sur de la isla de Luzón. La reserva invadirá los territorios ancestrales del pueblo indígena Dumagat, incluidos sus lugares sagrados, así como un área protegida.
Otro ejemplo son las plantaciones de monocultivo que se encuentran sobre todo en las provincias de Mindanao. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas Lumad se han convertido en plantaciones de plátanos y piñas. Algunos residentes reportan enfermedades causadas por los productos químicos sintéticos utilizados en las plantaciones y muchos están siendo desplazados de sus tierras de cultivo.
Estos son algunos ejemplos de proyectos prioritarios impulsados por el gobierno para conducirnos al llamado desarrollo. Sin embargo, es evidente que no mejoran realmente la situación de las comunidades locales, que en su mayoría ya se encuentran en situación de pobreza. Además, los recursos naturales del país en su mayoría no son explotados en beneficio de sus ciudadanos, ya que los productos extraídos se destinan a la exportación. Se benefician de ellos unas pocas empresas locales e internacionales. Los recursos naturales se utilizan para obtener beneficios y no para impulsar el desarrollo nacional.
¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que realizan?
El CEC trabaja con las comunidades locales, ya que creemos que las luchas medioambientales no pueden ganarse sin el esfuerzo conjunto de quienes sufren el impacto medioambiental. El verdadero poder proviene de las organizaciones de base. Las OSC como la nuestra y otros sectores deben apoyar sus esfuerzos, conectando las luchas locales para construir un fuerte movimiento medioambiental a nivel nacional e internacional.
A causa del apoyo que brindamos a las comunidades locales, hemos enfrentado represalias. En 2007, Lafayette Mining Ltd, una empresa minera australiana, presentó una demanda por difamación contra el entonces director ejecutivo de CEC, ya que éste había denunciado los impactos de las actividades de la empresa. En 2019 y 2021, nuestra organización fue víctima de una práctica habitual mediante la cual el gobierno declara a personas y organizaciones como terroristas o comunistas. Lo hizo en represalia por las misiones humanitarias que realizamos tras un tifón y durante la pandemia.
También se nos amenazó con una redada policial en nuestra oficina, en represalia por ofrecer refugio a niños indígenas Lumad que se habían visto obligados a abandonar sus comunidades debido a la militarización, las amenazas y el acoso. Nuestras acciones de protesta pacífica suelen ser dispersadas violentamente por la policía y las fuerzas de seguridad privadas, y en 2019 un miembro del personal de nuestra organización fue detenido.
Detrás de todos estos ataques están las fuerzas de seguridad del Estado junto con las fuerzas de seguridad privadas de las corporaciones. La policía y el ejército claramente se han convertido en parte de las fuerzas de seguridad de las corporaciones, utilizando medidas represivas para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones.
¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?
Dado que muchos países, especialmente del sur global, están experimentando problemas medioambientales similares, reconocemos la necesidad de conectarnos con organizaciones de otros países. En 2015, el CEC se contó entre los convocantes de la Conferencia Internacional de los Pueblos sobre la Minería, que ofreció a personas defensoras del medio ambiente la posibilidad de aprender de las experiencias de los demás y coordinar campañas locales.
El CEC también ayudó a crear la APNED, una red de campañas solidarias que provee apoyo mutuo para la realización de campañas, plantea los temas a nivel internacional, aboga por una mayor protección de las personas defensoras, realiza actividades de capacitación y facilita servicios. Creemos que la solidaridad entre personas defensoras es importante para ayudar a fortalecer los movimientos locales, así como la lucha internacional por nuestros derechos medioambientales.
¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?
Incluso antes de la pandemia, existía preocupación por la inclusión de las personas defensoras del medio ambiente de base o en las primeras líneas en procesos internacionales tales como estas conversaciones sobre el clima. La falta de inclusión se hizo más evidente con la pandemia, ya que muchas OSC han tenido dificultades para asistir a causa de los requisitos y gastos adicionales. Además, sólo las organizaciones acreditadas pueden asistir a los actos oficiales, y son muy pocas las que están acreditadas. Asimismo, los informes de los gobiernos suelen estar muy alejados de la realidad. El empeoramiento de la crisis climática es la prueba de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.
A pesar de ello, seguiremos participando en los eventos formales y paralelos de la COP26, con el objetivo de llamar la atención sobre la forma en que muchos países desarrollados y grandes empresas están profundizando la crisis climática mediante el acaparamiento de recursos y la explotación de los recursos naturales de los países pobres, exacerbando la pobreza existente, y de qué manera se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de su responsabilidad y falta de rendición de cuentas. También queremos destacar la importancia de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de nuestro entorno y la defensa de nuestros derechos medioambientales, y por lo tanto la necesidad de garantizar que no sufran más violaciones de sus derechos humanos por motivos políticos que les impidan realizar su importante labor.
¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?
Esperamos que el marco capitalista orientado al beneficio cambie en Filipinas. Esto garantizaría el abordaje de los conflictos por los recursos, el mantenimiento de la protección del medio ambiente para el equilibrio ecológico, el establecimiento de auténticos programas de adaptación al cambio climático y la atención que los grupos vulnerables necesitan. Esto también supone responsabilizar a los países y a las empresas que contribuyen a la crisis climática y proporcionar apoyo a los países pobres para que puedan adaptarse.
Elespacio cívico en Filipinas es calificado como “represivo”por elCIVICUS Monitor.
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COP26: “Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo”
La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.
CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.
¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?
Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.
En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.
Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.
En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.
Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.
Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.
¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?
Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.
Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.
Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.
¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?
Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática.
Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.
¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?
Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.
Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?
Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.
Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.
Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.
Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.
Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.
El espacio cívico en Bolivia es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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COP26: “Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario”
En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.CIVICUS conversa con Mubiru Huzaifah, de la Organización Cristiana Ecológica (ECO) de Uganda, una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja para asegurar medios de vida sostenibles a los grupos marginados, desatendidos y vulnerables de Uganda. Sus iniciativas en curso se centran en la gobernanza de los recursos naturales, la resiliencia y la adaptación al cambio climático y la gestión y restauración de los ecosistemas.
¿Cuál es el problema climático en el cual actualmente se centra su trabajo?
El tema que más nos preocupa son los altos niveles de vulnerabilidad que el cambio climático está generando en los sistemas humanos. El cambio de largo plazo de los elementos climáticos con respecto a los niveles previamente aceptados está provocando cambios en los sistemas medioambientales y humanos. Según los informes sobre el estado del medio ambiente publicados por la Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental de Uganda, los principales problemas relacionados con el cambio climático son la contaminación industrial, la quema indiscriminada de vegetación, el uso ineficaz de los combustibles y la mala planificación de las redes de transporte, todo lo cual genera altos niveles de emisiones.
¿Existen iniciativas gubernamentales para mitigar el cambio climático?
Hay un proyecto de mitigación que está implementando el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, denominado Mejoramiento de los Ingresos Agrícolas y Conservación de los Bosques, que reparte gratuitamente plántulas que son plantadas para mejorar la capacidad de absorción del suelo. También está el Plan de Subvenciones a la Producción de Aserrín, cuyo objetivo es aumentar los ingresos de la población rural mediante la plantación de árboles comerciales por parte de las comunidades locales y de medianas y grandes empresas, lo que al mismo tiempo contribuye a mitigar los efectos del cambio climático mediante la reforestación intensiva. También hay varios proyectos de energía solar en los distritos de Mayuge, Soroti y Tororo, que han aumentado la producción de energía solar del país, y un proyecto de humedales apoyado por el Fondo Verde para el Clima, que busca conservar los humedales y detener su degradación.
Otras intervenciones relevantes son la puesta en marcha de sistemas de flujo de agua por gravedad para facilitar el suministro de agua sin utilizar fuentes de energía; el desarrollo de carreteras con canales de drenaje de agua y luces solares y el desarrollo de redes de carreteras libres de atascos que permitan un tráfico fluido y ayuden a reducir las emisiones de los automóviles; y la adopción de motocicletas eléctricas o libres de emisiones para reducir aún más las emisiones resultantes del uso de combustibles fósiles, tema en que el Ministerio de Energía está trabajando junto con el sector privado.
¿Qué tipo de trabajo realiza ECO en estos temas?
El trabajo de ECO apunta a aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, a reducir los riesgos de desastres, a mejorar la gobernanza y la gestión de los recursos naturales, especialmente en el sector extractivo, y a promover la gestión y restauración de los ecosistemas.
Por ejemplo, en el marco de un proyecto que busca promover y apoyar a las zonas conservadas por las comunidades en la cuenca del lago Victoria, hemos prestado apoyo a prácticas de pesca legal, desarrollado e impartido formación sobre la promoción de la agricultura sostenible y apoyado buenas prácticas de gobernanza de los recursos locales. Tenemos otro proyecto que busca aumentar la transparencia, la inclusión social, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de las empresas mineras en la región de Karamoja.
En estos y en muchos otros proyectos en que trabajamos, siempre buscamos impulsar el cambio poniendo en el centro a las personas en riesgo y aprovechando los recursos y conocimientos locales y tradicionales. Intentamos vincular los ámbitos de la acción humanitaria y la labor de desarrollo centrándonos en los medios de subsistencia. Trabajamos para garantizar una planificación adaptativa, tratando de vincular las realidades locales con los procesos globales e integrar disciplinas y enfoques para abarcar diferentes riesgos. Para ello trabajamos en conjunto con comunidades, OSC, organismos gubernamentales, universidades e institutos de investigación, entidades del sector privado y medios de comunicación.
¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?
Nos vinculamos con el movimiento climático global a través de la Red de Acción Climática-Uganda, que incluye a más de 200 OSC nacionales. Actualmente nosotros la presidimos. Esto nos permite participar como observadores en las reuniones de la COP.
También participamos en las reuniones consultivas previas a la COP organizadas por el gobierno ugandés para preparar las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. En estas reuniones, ayudamos a evaluar los avances realizados en la lucha contra el cambio climático y en materia de cumplimiento de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional.
Convertimos nuestras lecciones aprendidas en acciones de incidencia que pueden adaptarse a los foros internacionales sobre el cambio climático. Algunos problemas locales pueden alimentar la agenda nacional, convertirse en acciones de política pública y pasar a influir en las políticas internacionales.
¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 produzca avances en materia de mitigación del cambio climático?
Esperamos que de la COP26 surja una nueva plataforma de comercialización para el comercio de emisiones que sustituya al Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permitía a los países con un compromiso de reducción o limitación de emisiones en virtud del Protocolo de Kioto poner en marcha proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo. También esperamos que se comprometan más fondos para acelerar la difusión de energías renovables.
Estos procesos internacionales son relevantes siempre que contribuyan a la financiación de los esfuerzos de mitigación del cambio climático y produzcan estrategias de financiación novedosas, como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación y su programa piloto para fomentar la innovación en las prácticas de adaptación de los países vulnerables. Viniendo de un país en vías de desarrollo, creo que es fundamental aumentar inmediatamente el financiamiento de medidas de adaptación, ya que los impactos perturbadores del cambio climático sobre los sistemas humanos ya son evidentes.
¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?
Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario. Nuestra visión es la de una comunidad con mayor capacidad de adaptación para hacer frente a los impactos del cambio climático y sus efectos ulteriores. Esto puede hacerse aumentando el acceso a tecnologías y proporcionando financiamiento para la mitigación y la adaptación a través de estructuras comunitarias.
El espacio cívico enUganda es calificado como “represivo”por elCIVICUS Monitor.
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COVID-19: ‘Necesitamos un nuevo contrato social basado en los derechos y en la prosperidad compartida’
CIVICUS conversa sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia sobre los derechos laborales, y sobre la respuesta brindada por la sociedad civil, con Owen Tudor, Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Reconocida como la voz global de los y las trabajadoras de todo el mundo, la CSI trabaja para promover y defender los derechos e intereses de las personas trabajadoras a través de la cooperación internacional entre sindicatos, la realización de campañas globales y la incidencia en las principales instituciones mundiales. La CSI adhiere a los principios de democracia e independencia sindical y agrupa a tres organizaciones regionales de África, las Américas y Asia y el Pacífico, al tiempo que coopera con la Confederación Europea de Sindicatos.¿Cuáles han sido los principales impactos de la pandemia de COVID-19 sobre los derechos laborales?
La CSI recogió información de sus centrales sindicales nacionales afiliadas en forma regular durante los primeros meses de la pandemia y rápidamente entendió que, si bien en muchos países se observaban relaciones constructivas entre el gobierno y los sindicatos, en otros ello no ocurría. En muchos países como los de Escandinavia y el resto de Europa, y a menudo sobre la base de formas ya existentes de diálogo social, gobiernos, empleadores y sindicatos trabajaron juntos para desarrollar medidas para hacer frente a la pandemia y a sus efectos en los lugares de trabajo. Eso también sucedió en algunos países donde dicha cooperación ha sido más infrecuente, como Argentina, Georgia, Nigeria y el Reino Unido. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó la importancia del diálogo social como uno de los cuatro pilares de la acción contra la pandemia, junto con el estímulo de la economía y el empleo, el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos, y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Pero en algunos países, empleadores deshonestos y gobiernos neoliberales pensaron que podrían usar la pandemia para restringir los derechos de trabajadores y sindicatos, pasando por alto los límites al tiempo de trabajo o la seguridad del empleo. En países como Croacia y Lituania, hicimos campaña en apoyo de nuestras organizaciones afiliadas para evitar esos cambios, pero no en todas partes tuvimos éxito. En India, por ejemplo, los gobiernos estaduales implementaron una desregulación generalizada de las protecciones laborales.
¿Se han producido cambios en la forma de trabajo de los sindicatos?
En demasiados países se perdieron puestos de trabajo y se disparó el desempleo. Esto inevitablemente ha tenido un impacto sobre la organización sindical. Pero en varios países, incluidos algunos que habían experimentado reducciones en la tasa de afiliación sindical en el pasado reciente y otros donde la membresía sindical seguía siendo fuerte, el papel clave desempeñado por los sindicatos en defensa del empleo y el salario y su campaña por una cobertura de salud decente y seguridad en el trabajo resultaron en un aumento de la afiliación. En pocas palabras, los trabajadores vieron con mayor claridad la importancia de afiliarse a un sindicato para recibir protección frente a los malos manejos empresariales y las violaciones de sus derechos más fundamentales.
En algunos casos, la pandemia ha acelerado la experiencia de la organización virtual, a través de Zoom u otras plataformas de internet. Y en algunos casos estas tecnologías han llevado a los militantes sindicales a cambiar su punto de vista, pasando de concentrarse en explicar los beneficios de la afiliación a escuchar lo que quieren los potenciales afiliados. Esto no hizo más que acelerar una tendencia preexistente al desplazamiento de la idea de ofrecer a la gente un modelo que resuelva sus problemas hacia la idea de permitir que los y las trabajadoras definan qué es lo que mejor funciona para ellos. Como lo expresó un líder sindical australiano, “finalmente comenzamos a contactar a nuestros miembros en la forma en que ellos querían ser contactados”.
¿Cómo han trabajado los sindicatos para defender derechos y apoyar a sus afiliados y a sus comunidades durante la pandemia?
El trabajo cotidiano de los sindicatos se intensificó con la pandemia. Los sindicatos representaron a trabajadores bajo amenaza de despido, presionaron para obtener indemnizaciones adecuadas, buscaron un mayor acceso a la seguridad social, y plantearon las preocupaciones de las mujeres trabajadoras, que enfrentaron una discriminación aún mayor, y las de los y las trabajadores migrantes, a quienes les era negada la igualdad de acceso y de trato. En muchos casos, los sindicatos obtuvieron avances que antes no eran considerados posibles; ahora debemos defender esos logros para el largo plazo.
Los sindicatos han trabajado activamente con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con gobiernos nacionales de todos los continentes y con empleadores desde el piso de fábrica hasta la sala de directorio de las multinacionales para garantizar la protección de los y las trabajadoras y sus empleos. Desde la negociación de planes nacionales de trabajo a corto plazo en Alemania, hasta la búsqueda de garantías para asegurar el respeto de los contratos en la industria global de la confección y la organización de políticas sectoriales para el regreso seguro al lugar de trabajo en Bélgica, los sindicatos se han estado rompiendo la espalda para garantizar que se reconozcan los intereses de los y las trabajadoras. Lamentablemente, cada vez que nos llega información acerca de la transmisión comunitaria del COVID-19, ésta suele referirse a casos ocurridos en el lugar de trabajo, por ejemplo en la industria hotelera y gastronómica, en la atención de la salud o en plantas de procesamiento de carne. Los sindicatos han subrayado la necesidad de que la salud ocupacional sea considerada tan importante como la salud pública y de que incluya la provisión de equipos de protección personal y el acceso a licencia paga por enfermedad.
Los sindicatos también han estado negociando ferozmente con los empleadores para detener los despidos, los cuales se han producido, vergonzosamente, incluso en empresas que fueron rescatadas con dinero de los contribuyentes. En algunos países, la ley ha impedido a los empleadores despedir trabajadores. Hemos negociado acuerdos para el trabajo domiciliario, que se está volviendo cada vez más común aún tras el retroceso de la pandemia. En Argentina los sindicatos negociaron una nueva ley de teletrabajo que aportó innovaciones tales como la de dar a los y las trabajadoras la oportunidad de decidir si quieren volver a sus lugares de trabajo.
¿Qué ha revelado la pandemia en relación con los problemas económicos y laborales subyacentes y los cambios que deberían producirse?
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la desigualdad masiva, incluidas las disparidades de ingresos, la injusticia racial y la discriminación de género, ya estaba motorizando una indignación que se traducía en disturbios civiles y desconfianza hacia la democracia. Si a ello se le suma la destrucción resultante de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, los riesgos para las economías y las sociedades ya eran evidentes. Adicionalmente, enfrentamos disyuntivas asociadas a los impactos positivos y negativos de la tecnología en ausencia de una perspectiva de derechos.
La pandemia ha puesto de relieve las fisuras que ya estaban presentes en el contrato social. La inadecuada provisión de atención médica hizo que las primeras semanas de la pandemia fueran particularmente preocupantes, ya que se temía que los hospitales no dieran abasto. Similares brechas de financiamiento en materia de cuidado de las personas mayores y disposiciones laborales abusivas requerían que los y las trabajadoras se trasladaran entre instalaciones residenciales y no pudieran tomar licencia por enfermedad cuando mostraban síntomas. La inseguridad del empleo y la insuficiente protección social obligaron a muchas personas a seguir trabajando estando infectadas para poder poner comida en la mesa familiar. El hecho de que no se les proporcionara el equipo de protección personal adecuado fue apenas el signo más visible de los déficits en materia de salud y seguridad ocupacional.
Para la economía en su conjunto, las nefastas predicciones de la OIT respecto de la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo en la fuerza laboral formal se vieron eclipsadas por el número de trabajadores y trabajadoras del sector informal que perdieron sus medios de vida. En cada una de estas áreas de falla sistémica, fueron las mujeres las que más padecieron la precariedad del empleo y gozaron de menores protecciones para su salud, y las que más se vieron afectadas por situaciones de confinamiento que obligaron a muchas a asumir la carga adicional del cuidado infantil no remunerado y arrojaron a algunas a la trampa de la violencia y el abuso.
Necesitamos reconstruir una realidad mejor, que incluya un nuevo contrato social que impulse la recuperación y la resiliencia brindando protección y garantías laborales universales, tanto para el empleado de tiempo completo de Amazon como para el precarizado conductor de Uber. La salud y la seguridad en el trabajo deben convertirse en derechos laborales tan fundamentales como el derecho a no ser esclavizado y el derecho de huelga. Necesitamos servicios públicos de salud, educación y agua de calidad y con financiación adecuada, como parte de un mecanismo de protección social universal. Y necesitamos regular el poder económico, imponiendo la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, salarios mínimos dignos y obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos y normas ambientales en las cadenas de suministro.
Los sindicatos y los millones de afiliados que representamos pueden ayudar a lograr todo esto a través de la negociación colectiva con sus empleadores, el diálogo social con sus gobiernos y la participación en instituciones internacionales y multilaterales.
¿Qué deberían hacer los gobiernos y las empresas para trabajar mejor con los sindicatos, y qué rol podría desempeñar la comunidad internacional?
Los gobiernos y las empresas deben reconocer el rol fundamental de representación de los trabajadores que desempeñan los sindicatos, no solamente en las elecciones o cuando se negocian acuerdos salariales, sino durante todo el año y en todos los recovecos de la economía. Deben respetar los derechos y libertades fundamentales que los sindicatos necesitan para funcionar, incluidos la libertad de asociación, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga. Cuando toman decisiones que afectan a millones, si es que no a cientos de millones de personas, deben respetar el principio que reza “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo cual significa que deben trabajar mano a mano con los sindicatos.
Al mismo tiempo, estamos frente a una crisis del multilateralismo, a menudo impulsada por políticos nacionalistas y populistas, pero también resultante del colapso de la confianza pública en la globalización impulsada por el comportamiento rapaz y motivado por el lucro de las corporaciones multinacionales globales y las poderosas empresas de tecnología.
El mundo enfrenta una convergencia de varias crisis; sin embargo, las instituciones globales establecidas para apuntalar y reforzar los derechos, la igualdad, el crecimiento inclusivo y la estabilidad global están en su punto de mayor fractura. Es necesario reforzarlas y reenfocarlas para que respondan a las necesidades de los seres humanos y del planeta.
La OMS ha demostrado ser necesaria a la hora de dar una respuesta global al COVID-19, pero aun así, es necesario asegurar que los riesgos para la salud se gestionen sobre la base de la ciencia y se provea acceso universal al tratamiento, sin compromisos políticos.
La Organización Mundial del Comercio preside un modelo comercial global que nos ha fallado tanto a los seres humanos como al medio ambiente. Y las instituciones de Bretton Woods se han desviado de sus mandatos al promover la reforma estructural neoliberal y las políticas de austeridad, los intereses de los países dominantes y la codicia empresarial. Esto debe cambiar.
La OIT, con su sistema tripartito único, es tan necesaria hoy como lo era cuando dio origen a un contrato social basado en un mandato de justicia social. Las partes involucradas deben estar hoy tan comprometidas con la garantía de un piso global de derechos y prosperidad compartida como lo estuvieron sus fundadores 100 años atrás, en 1919, y como lo reafirmó la Declaración de Filadelfia en 1944.
Trabajando con nuestros aliados en la sociedad civil, los sindicatos queremos construir un nuevo contrato social basado en esos principios. De lograrlo, podremos crear una mejor economía, una mejor sociedad y un mundo mejor.
Contáctese con la Confederación Sindical Internacional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@ituc y a@Owen4ituc en Twitter.
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MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”
CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?
En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.
México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.
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NACIONES UNIDAS: “Conseguir un sólido tratado mundial sobre los océanos sería nada menos que histórico”
CIVICUS conversa con Ellie Hooper, de Greenpeace Aotearoa, sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para elaborar un Tratado de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Greenpeace es una red mundial de activismo ambiental que incluye 26 organizaciones nacionales y regionales independientes en más de 55 países de todos los continentes, así como un organismo de coordinación, Greenpeace Internacional, con sede en Ámsterdam, Países Bajos. Greenpeace utiliza la protesta pacífica y la comunicación creativa para poner en evidencia los problemas ambientales globales y promover soluciones para crear un futuro verde y pacífico.¿Por qué es importante tener un tratado sobre los océanos?
Un tratado mundial sólido sobre los océanos podría revolucionar la forma en que los océanos son gestionados, poniendo fin a una gobernanza fragmentaria que no ha logrado proteger adecuadamente nuestro planeta azul.
Bien hecho, uno de los principales logros del tratado sobre los océanos sería la creación de zonas marinas protegidas en alta mar. Dentro de estas zonas estarían prohibidas actividades humanas destructivas como la pesca industrial y la minería. En la actualidad no existe ningún mecanismo legal para crear zonas totalmente protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que se ha convertido en un verdadero problema. El océano enfrenta numerosas amenazas y para protegerlo necesitamos adoptar una visión holística que aborde múltiples factores de riesgo.
Conseguir un tratado sólido sería nada menos que histórico. Los científicos nos dicen que para evitar los peores impactos de la crisis climática y de biodiversidad al menos la tercera parte de los océanos del mundo deberían estar protegidos hacia 2030. Un tratado fuerte nos daría el mecanismo para hacerlo. El océano es un enorme sumidero de carbono y hasta este momento ha absorbido gran parte del calentamiento global. También alberga una biodiversidad asombrosa, produce el oxígeno que respiramos, estabiliza el clima y es fuente de alimento para millones de personas en todo el mundo.
En suma, mantener al océano sano es vital para nuestra supervivencia y para el funcionamiento de nuestro planeta. Pero cada vez más investigaciones demuestran que está decayendo. Para revertir esta situación tenemos que dar un paso adelante y protegerlo reduciendo las múltiples presiones que padece.
La ciencia demuestra que las áreas marinas totalmente protegidas son una de las mejores herramientas que tenemos para ayudar al océano a recuperarse y prosperar. Cuando se establecen en las zonas correctas –es decir, en lugares reconocidos por su alta biodiversidad, sus rutas migratorias o sus ecosistemas únicos– la salud del océano mejora y la vida marina florece. Esto tiene efectos positivos en todas las dimensiones, desde el número de criaturas que habitan el mar hasta la capacidad del océano para absorber carbono.
¿Por qué el proceso del tratado está llevando tanto tiempo?
Se trata de un esfuerzo de conservación enormemente ambicioso. Conseguir que un tratado sea aprobado implica que los países de todo el mundo se pongan de acuerdo con sus términos, lo cual no es una tarea fácil.
Aunque es decepcionante que los representantes de los Estados no hayan logrado cerrar el tratado en la última ronda de negociaciones celebrada en agosto, esto no significa que el acuerdo no vaya a producirse. En la última reunión se avanzó mucho, y los países mostraron más flexibilidad y comprensión de la urgencia. Se les acabó el tiempo, pero no perdemos la esperanza de que este acuerdo histórico esté a la vuelta de la esquina. Lo que hay que hacer ahora es lograr que los Estados se reúnan sin demora y resuelvan sus últimos desacuerdos.
¿Cómo han trabajado por el tratado la sociedad civil en general, y Greenpeace en particular?
La sociedad civil ha ejercido gran presión a favor de este tratado, y muchas organizaciones de todo el mundo han presionado para que se materialice en su mejor versión.
Greenpeace ha participado activamente en el proceso del tratado desde sus comienzos. Envía una delegación a cada ronda de negociaciones y ha llevado a cabo una campaña mundial de concientización sobre las amenazas que enfrenta el océano y sobre cómo un tratado podría contrarrestarlas. Hemos adoptado un enfoque doble, cultivando una opinión pública favorable al acuerdo al tiempo que seguimos trabajando entre bambalinas, hablando con ministros y otros funcionarios públicos en todas las regiones donde estamos activos.
Logramos que millones de personas de todo el mundo se unieran a la campaña por un tratado fuerte. Lo han hecho de diversas maneras, desde la firma de peticiones, el envío de cartas y la grabación de mensajes de video hasta la participación en movilizaciones. Mucha gente de todo el mundo está involucrada en el tema y su compromiso ha sido fundamental para llegar hasta aquí.
Para nosotros en Greenpeace Aotearoa, ha sido inspirador ver la cantidad de personas que están dispuestas a defender la protección de los océanos, y sabemos que sus voces han sido escuchadas. Sus repetidos llamamientos al liderazgo neozelandés para que diera su apoyo a un tratado fuerte llevaron a Nueva Zelanda a sostener una posición mucho más progresista en las negociaciones. Esa es la clase de poder que tiene la gente cuando actúa colectivamente. Cuando trabajamos juntos, podemos lograr auténticos cambios.
También nos hemos reunido regularmente con la delegación neozelandesa en las negociaciones del tratado, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, y nos comunicamos constantemente con ellos sobre cómo debe ser el tratado para proteger al océano para las generaciones futuras.
¿Qué pueden hacer las organizaciones y activistas de la sociedad civil para que el tratado sea aprobado?
Las negociaciones del tratado deben reanudarse urgentemente. En la última ronda se acabó el tiempo para acordar todos sus términos, pero ya casi se ha logrado. Así que depende de los y las activistas y organizaciones de la sociedad civil seguir presionando a los líderes mundiales para que den prioridad a la reanudación de las negociaciones y la consecución del tratado. No queremos que quede relegado al último lugar de la agenda: es demasiado importante para ello.
En términos más prácticos, es clave seguir llamando la atención sobre la necesidad de este tratado. Puedes hacerlo compartiendo contenidos en internet, firmando petitorios o escribiéndole al ministro de Asuntos Exteriores de tu país para destacar lo importante que es conseguir este tratado. Ninguno de nosotros puede sobrevivir sin un océano sano, por lo que todos tenemos que contribuir a protegerlo.
Póngase en contacto con Greenpeace Aotearoa a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@GreenpeaceNZ y @EleanorRowena en Twitter.
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NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil ha sido excluida de las negociaciones del tratado global de los océanos”
CIVICUS conversa con John Paul Jose sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para un tratado de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de la biodiversidad en alta mar. John es un activista medioambiental y climático de la India que actualmente es uno de los jóvenes embajadores de la Alianza por la Alta Mar (High Seas Alliance, HSA) y miembro del Consejo Asesor de Políticas Juveniles de la Alianza para los Océanos Sostenibles. La HSA es una red que incluye a más de 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su objetivo es crear una voz común y fuerte para la conservación de los océanos.¿Cuál es la importancia del tratado propuesto?
El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, el 64% de los cuales son de alta mar. El océano regula el clima global y mantiene la vida en el planeta. Retiene gran parte de las emisiones de carbono históricas y acumulativas: el fitoplancton, los bosques marinos y las ballenas, en particular, desempeñan un papel importante en la retención del carbono en el océano. Sin embargo, el océano ha sido sistemáticamente ignorado en los esfuerzos para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que se han centrado casi exclusivamente en la tierra.
Dado que es un bien común global, la alta mar está regida en gran medida por la Organización Marítima Internacional, un organismo de la ONU creado en 1948 para regular la navegación, y por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de 1982, y su organismo intergubernamental autónomo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada en 1994.
Pero la alta mar está experimentando amenazas sin precedentes que no estaban previstas cuando se alcanzaron esos acuerdos, tales como la acumulación de plásticos, residuos químicos e industriales, la acidificación, la minería de aguas profundas, la pesca de arrastre de fondo y, por último pero no por ello menos importante, los impactos generales del cambio climático. El aumento de las temperaturas y la sobreexplotación de hábitats y especies marinas aumentan el peligro de colapso de los océanos.
Por eso es urgente elaborar un tratado mundial sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales: un Tratado de Alta Mar. Esto proporcionaría la base legal para la conservación de los ecosistemas marinos y la protección contra la extinción de innumerables especies aún por descubrir. En la actualidad apenas está protegido el 1% de la alta mar, y el tratado pretende llegar al 30% para 2030.
Esto sería el equivalente del Acuerdo de París para los océanos. Mediante la conservación marina y el uso sostenible de los recursos marinos, podrá preservar el ciclo del carbono. Al crear zonas marinas protegidas, contribuirá a la restauración de los hábitats marinos y a la reposición de los recursos marinos de los cuales muchas comunidades de todo el mundo dependen para su subsistencia. Además, contribuirá a la resiliencia climática global. Una vez que entre en vigor, muchas prácticas perjudiciales para el océano dejarán de existir dentro de las zonas protegidas.
¿Por qué se está demorando tanto el proceso del tratado?
Han pasado 15 años desde que comenzaron las negociaciones, pero en muchos aspectos del tratado ha faltado cooperación. Las diferencias tendrían que resolverse en el período entre sesiones, y debería finalizarse pronto un tratado que incluya todos los aspectos en los que se ha llegado a acuerdos, dejando espacio para futuras enmiendas a medida que se vayan resolviendo las diferencias en torno de los elementos más controvertidos. Y las conferencias intergubernamentales deberían celebrarse con más frecuencia.
Un elemento que se está debatiendo es la distribución equitativa entre los Estados de los recursos genéticos marinos, que son esenciales para las industrias farmacéutica, cosmética, agrícola y otras. El actual énfasis en el reparto de beneficios es una ilusión, ya que no sabemos lo suficiente sobre dichos beneficios, pues gran parte del océano permanece inexplorada. Pero es un dato de la realidad que diez países acaparan el 71% de la pesca mundial y el 98% de las patentes de códigos genéticos de vida marina en alta mar. La avaricia y la falta de voluntad de esos pocos países para compartir los beneficios y su tecnología y conocimientos sobre el mar, y la evidente preocupación que esto genera entre los países menos poderosos, son algunas de las grandes razones del estancamiento.
También está estancada la definición de los criterios para las evaluaciones de impacto ambiental y la implementación de áreas marinas protegidas. Lo que está en juego son los intereses de las industrias mineras de aguas profundas y de pesca industrial.
Sin embargo, el proceso del tratado ha tenido mucho éxito en convocar al debate y abrir negociaciones. Por el momento, más de 100 Estados se muestran fuertemente comprometidos con el tratado en su forma actual y algunos, como Costa Rica, están dando ejemplo avanzando a nivel regional, abriendo así nuevas vías para la conservación.
Es probable que el tratado se finalice en la próxima sesión, por lo que habría que hacer más esfuerzos para financiar a las delegaciones de países del sur global para que se expresen con una voz más fuerte y aporten más equilibrio a las negociaciones.
¿Cómo han abogado por el tratado la sociedad civil en general, y la HSA en particular?
Desde su creación, la HSA ha abogado por la protección de por lo menos el 50% de los océanos, involucrando a tomadores de decisiones, expertos y actores de la sociedad civil. Ahora estamos enfocados en sostener el impulso de las conferencias intergubernamentales, ya que estamos ante una oportunidad única para conseguir un tratado legalmente vinculante que proteja el planeta cambiando la forma de gobernar la alta mar. Este proceso ha creado mucha conciencia sobre la importancia de la alta mar, por lo que gobiernos que antes no estaban familiarizados con el tema ahora apoyan un tratado sólido.
Dicho esto, es importante subrayar que solamente los Estados pueden ser partes del tratado, por lo que las voces no estatales no tienen cabida en las negociaciones. Las negociaciones del tratado son en gran medida un debate a puertas cerradas que excluye a la sociedad civil y a la comunidad de expertos. Muchos de nosotros ni siquiera podemos presenciar las negociaciones en directo. y sólo accedemos a los documentos una vez que se han cerrado las discusiones.
También existen claras desigualdades entre Estados. Muchos Estados con recursos limitados traen delegaciones muy pequeñas y carecen de los conocimientos necesarios para participar de forma productiva en los debates. Sería muy importante para todas las partes involucradas que la sociedad civil pudiera aportar su experiencia al proceso.
¿Qué pueden hacer la sociedad civil y el activismo ambiental para lograr la adopción del tratado?
Hay límites claros a lo que podemos hacer para acelerar la adopción del tratado. Creemos que es crucial contar con un tratado lo antes posible, y es mejor tener uno incompleto que no tener ninguno. Por ello, los Estados deben avanzar en todos los temas en los que se ha llegado a acuerdos y diseñar un proceso de enmiendas para integrar otros temas y preocupaciones de las partes interesadas en el futuro.
Las OSC y el activismo pueden contribuir al proceso trayendo a la mesa diversas perspectivas. Dado que las negociaciones actuales son debates cerrados entre Estados, a los que no acceden la sociedad civil, los científicos y el sector privado, sólo podemos hacerlo mediante una labor de incidencia con Estados receptivos que sí están sentados a la mesa.
También podemos hacer campaña para aumentar la presión sobre el proceso, introduciendo los temas que aborda el tratado en la agenda del movimiento global por el clima y generando participación ciudadana. Recursos como el Treaty Tracker de la HSA brindan información útil sobre el tratado y las negociaciones. Esta información debe llegar a todo el mundo y empoderar a la gente para que exija a los líderes mundiales que finalicen el tratado, y para que pidan a sus propios gobiernos que los escuchen en el proceso de formación de política ambiental.
Un tratado proporcionaría una base legal para la acción, pero incluso en su ausencia, Estados, comunidades y empresas pueden actuar para proteger la alta mar. Muchos países ya tienen áreas marinas protegidas dentro de sus jurisdicciones nacionales, y mediante procesos de participación pública pueden establecer más. La sociedad civil debe participar en estos procesos, pero no debe estar limitada por las fronteras nacionales. Ya es hora de que traspasemos las fronteras y aboguemos también por los bienes comunes globales.
Póngase en contacto con la Alianza por la Alta Mar a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@HighSeasAllianc y a@johnpauljos en Twitter.
cambio climático
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NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil siempre ha sido parte integral del ecosistema de la ONU”
CIVICUS conversa con Natalie Samarasinghe, directora ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido (UNA-UK), sobre el reciente informe del Secretario General de la ONU “Nuestra Agenda Común” y la necesidad de incluir las voces de la sociedad civil en la ONU.
UNA-UK es un movimiento de base nacional de más de 20.000 miembros y constituye la principal fuente de información y análisis independiente sobre la ONU en el Reino Unido y se dedica a fomentar el apoyo a la ONU entre los tomadores de decisiones, los formadores de opinión y la ciudadanía.
¿Cuáles son los objetivos de “Nuestra Agenda Común” y cuáles son sus principales recomendaciones?
“Nuestra Agenda Común” es un informe publicado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021. Aunque “La ONU publica un informe” no sea un titular demasiado impactante, éste se distingue por dos razones.
En primer lugar, por la forma en que fue elaborado. Fue encargado en virtud de la declaración de la Asamblea General con motivo del 75º aniversario de la ONU, que encomendó al Secretario General la elaboración de recomendaciones para responder a los desafíos actuales y futuros. El informe se basa en los comentarios aportados por 1,5 millones de personas y 60.000 organizaciones que participaron en la conversación global UN75, así como en los aportes generados a través de una innovadora consulta digital que permitió a las partes interesadas de diversos sectores intercambiar ideas.
En segundo lugar, por su tono visionario. El informe parece el manifiesto de un secretario general en su segundo mandato. Puesto que le tocó hacer frente a grandes desafíos, desde parásitos nacionales hasta un virus global, Guterres pasó sus primeros cinco años en el cargo luchando contra múltiples crisis e implementando reformas sensatas, aunque tecnocráticas. Acaba de ser reelegido para un segundo mandato, y este informe indica que ahora va en serio: tiene grandes ideas y quiere llevarlas a cabo. Esto refuerza aún más los argumentos a favor de dar a los secretarios generales un solo mandato más largo.
Salpicado de datos y cifras, el informe presenta un análisis sombrío del estado del mundo, y un pronóstico aún más sombrío. Al mismo tiempo, presenta un escenario alternativo esperanzador basado en la acción colectiva, algo así como una versión existencial de un libro de los de “elige tu propia aventura”.
En él se plantean cuatro cambios fundamentales: un contrato social renovado basado en los derechos humanos; acción urgente para proteger los bienes comunes globales y proporcionar bienes públicos a nivel global; mayor solidaridad con la juventud y las generaciones futuras; y una ONU en versión mejorada, más inclusiva, interconectada e impulsada por evidencia empírica.
Para cada cambio hay una serie de propuestas. Algunas son concretas, tales como la de un plan de vacunación mundial contra el COVID-19 y reuniones bienales para el G20 y las instituciones internacionales. Otras son más abiertas: una plataforma de emergencia para responder a futuras crisis, por ejemplo, y planes para transformar la educación. Algunas -como la de darle una nueva misión el Consejo de Administración Fiduciaria para que haga las veces de guardián de las generaciones futuras- se basan en ideas antiguas. Otras, como la de un pacto digital global, llevarían a la ONU a un terreno nuevo. Y otras buscan poner en práctica los cambios propuestos: tales son los casos de la Cumbre del Futuro que se celebrará en 2023 y la Cumbre Social Mundial que tendrá lugar en 2025.
¿Cuáles son los aspectos positivos del informe desde la perspectiva de la sociedad civil y de la participación ciudadana en la ONU?
Uno de los aspectos más interesantes del informe es que recalibra el papel de la ONU en la escena global. Podría decirse que la mayor transformación que ha tenido lugar desde la fundación de la ONU en 1945 es la explosión de actores a nivel local, nacional e internacional. Fue refrescante ver a Guterres combinar ambición respecto del rol de la ONU con humildad sobre lo que puede lograr, y establecer claramente que el éxito dependerá de la acción de y el trabajo conjunto con otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El informe señala que desde un principio las OSC han sido parte integral del ecosistema de la ONU. Sitúa a las OSC como elemento central de un nuevo contrato social, vinculándolas a la creación de confianza y cohesión, así como a la prestación de servicios en una serie de áreas, desde el desarrollo sostenible a la acción climática, la gobernanza digital y la visión estratégica. También aboga por que las instituciones, incluida la ONU, escuchen mejor a la gente, adopten enfoques participativos y reduzcan la complejidad para que sus procesos y resultados sean más fáciles de entender.
Guterres recomienda que los gobiernos lleven a cabo consultas para que la ciudadanía pueda opinar sobre el futuro de sus países. Urge a los Estados a considerar las sugerencias presentadas para ampliar la participación en todos los órganos intergubernamentales. Además, anuncia dos cambios en el Secretariado de la ONU: una Oficina de la Juventud y el establecimiento de puntos focales para la sociedad civil en todas las entidades de la ONU, con el fin de crear espacios de participación a nivel de país, a nivel global, y dentro de los procesos de la ONU.
¿Qué falta o habría que reforzar en el informe?
En algunas secciones el informe es notablemente directo. Al pedir un nuevo contrato social, por ejemplo, Guterres entrelaza una serie de cuestiones políticamente sensibles, como los derechos humanos, la fiscalidad y la justicia. Hace bien en situar estas cuestiones como esencialmente nacionales, pero la definición de un camino a seguir será difícil: el énfasis en el rol de la ONU en cuestiones “internas” sin duda irritará a los gobiernos, mientras que las OSC podrían temer que implique una regresión hacia el establecimiento de normas y la provisión de asistencia técnica.
En otros momentos, Guterres no se anda con rodeos. Puede que esto sea acertado en áreas controvertidas como la paz y la seguridad, donde el informe establece propuestas modestas que, en su mayor parte, ya están en marcha. A UNA-UK y a nuestras organizaciones de la sociedad civil aliadas les habría gustado un mayor hincapié en el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y en el freno al desarrollo de armas letales autónomas.
En cuanto al clima, el tema estelar de Guterres, el informe podría haber avanzado más y enmarcado la “triple crisis” de la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad como una emergencia interrelacionada cuyo núcleo son los derechos humanos. También podría haber sensibilizado a los tomadores de decisiones con una serie de medidas más audaces. Y tras una excelente destilación de los desafíos, quienes están en busca de nuevos enfoques en materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género también se quedan con las ganas.
Para muchos de nosotros, sin embargo, el tema más decepcionante fue la inclusión de la sociedad civil. El lenguaje de Guterres es positivo, pero menos enfático que en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, y aporta pocos detalles más allá de unas cuantas palabras bonitas.
Durante las consultas con las partes interesadas, las OSC de todas las regiones pidieron un representante de alto nivel de la sociedad civil en la ONU para ayudar a aumentar y diversificar la participación y dar asesoramiento en materia de acceso a todos los espacios, desde la sede de la ONU hasta las COP sobre el clima. Esta fue la única propuesta concreta que atrajo un amplio apoyo y, aunque el informe se compromete a explorarla más a fondo, resultó bastante desconcertante que Guterres no avanzara e hiciera esta designación, que está en sus manos hacer.
Por supuesto, tener puntos focales distribuidos en todo el sistema es importante. Muchas entidades de la ONU ya los tienen. Pero por nuestra experiencia en materia de género y de derechos humanos sabemos que la transversalidad (mainstreaming) no es suficiente. Esta es, sin duda, parte la justificación subyacente a la creación de una Oficina de la Juventud. El mismo argumento debería aplicarse también a la sociedad civil.
¿Qué habría que hacer para mejorar la participación en la ONU?
A corto plazo, la propuesta de establecer puntos focales en todo el sistema debería implementarse rápidamente y en consulta con la sociedad civil. Debería establecerse un calendario y un proceso para cartografiar y monitorear la participación, como se prevé en el informe. Un representante de alto nivel sería el actor ideal para hacer ambas cosas, por lo que es de esperar que se establezca este puesto.
A mediano plazo serían útiles otros cambios, tales como una estrategia amplia en materia de espacio cívico dentro y fuera de la ONU; una plataforma en línea sencilla para efectivizar la participación, que podría incluir un mecanismo de petición ciudadana; un fondo voluntario para apoyar la participación, así como herramientas como los bonos de impacto social para financiar la actividad de las OSC a nivel de país; y un nuevo marco de partenariado para mejorar la capacidad de colaboración, incluso a nivel de país, simplificar la participación y permitir el escrutinio.
Más a largo plazo, las Naciones Unidas deberían avanzar hacia un modelo de partenariado, poniendo en marcha una campaña global de desarrollo de capacidades para transferir varias de sus funciones a las OSC y a otras entidades mejor preparadas para actuar en el terreno. Esto permitiría a la organización concentrarse en otras tareas para las que está especialmente bien equipada. De hecho, el informe ya parece ir en esta dirección al enfatizar el rol de la ONU en tanto que foro convocante y proveedora de datos precisos, análisis y pronósticos.
¿Qué puede hacer la sociedad civil para impulsar el cambio y cómo puede la ONU apoyar mejor a la sociedad civil?
La ONU ya depende de la sociedad civil en todos los aspectos de su trabajo. Somos fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para hacer frente a la emergencia climática. Proporcionamos una ayuda fundamental en las crisis humanitarias, a veces en tanto que únicos actores con acceso a las comunidades marginadas y con el beneficio de su confianza. Defendemos a las personas ignoradas y maltratadas. Somos socios fundamentales de la ONU, al tiempo que actuamos como su conciencia, instándola a ser más audaz y ambiciosa y a actuar sin miedos ni favoritismos. Y todo esto lo hacemos en el marco de crecientes ataques.
Las OSC pueden presionar de muchas maneras para que se avance en “Nuestra Agenda Común”, desde la incidencia ante los Estados para que le den al Secretario General el mandato que necesita para avanzar, hasta la concretización de las numerosas propuestas del informe y su implementación en comunidades, capitales y foros de la ONU.
Podemos hacer esto desde los márgenes: tenemos mucha experiencia en hacer oír nuestras voces pese a la reducción del espacio cívico. Pero seremos mucho más eficaces si se nos reconoce un rol formal en procesos específicos, tales como los preparativos de la Cumbre del Futuro, así como en el trabajo de la ONU más en general; y si sabemos que podemos contar con el apoyo del funcionariado de la ONU. El nombramiento de un representante de la sociedad civil sería un buen comienzo.
Póngase en contacto con UNA-UK a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@UNAUK y a@Natalie_UNnerd en Twitter.
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RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos”
CIVICUS conversa con Hailey Campbell sobre la recienteresolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre el medio ambiente, que habilita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para hacer frente al cambio climático.Hailey es activista climática y codirectora ejecutiva de Care About Climate, unaorganización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en educación y empoderamiento en pos de la justicia climática y una red internacional de jóvenes líderes del movimiento por el climaque buscan compartir soluciones en la escena internacional.
¿Cuál fue el origen de la iniciativa de llevar el tema del clima ante la CIJ?
Esta iniciativa histórica fue presentada por primera vez en 2019 por los Estudiantes del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático (PISFCC), una organización liderada por jóvenes y fundada por estudiantes de ocho países insulares del Pacífico. PISFCC empezó convenciendo al Foro de las Islas del Pacífico, la principal organización política y económica de la región, de llevar a la CIJ la cuestión del cambio climático y los derechos humanos. Las OSC del Pacífico apoyaron esta campaña y establecieron la Alianza para una Opinión Consultiva sobre Justicia Climática (ACJAO, por sus siglas en inglés), incluyendo a otros actores no estatales. En 2021, el estado de Vanuatu, un pequeño país insular muy susceptible a las catástrofes climáticas, inició las negociaciones y la redacción de la resolución, que posteriormente recibió el apoyo de más de 130 países y más de 220 OSC y acabó siendo adoptada por consenso por la AGNU el 29 de marzo de 2023.
¿Consideras a esta resolución como una victoria de la sociedad civil?
Esta resolución fue una victoria monumental. Y esta victoria es el comienzo de una ola de cambio en la forma en que pensamos la crisis climática, así como un recordatorio de que el cambio climático no respeta las fronteras geopolíticas. Las OSC ecologistas, los jóvenes líderes, las naciones insulares que lideran la petición de la resolución y el grupo PISFCC están recordando al mundo que antes que personas defensoras, ejecutivos de los combustibles fósiles o políticos, todos somos personas. En tanto que humanos, todos compartimos este hermoso planeta y compartirlo exige preocuparse por los demás. Si algunos líderes no lo reconocen, deben rendir cuentas de ello.
La resolución que solicita una opinión consultiva de la CIJ es también una celebración de la innovación y la perseverancia isleñas. Los isleños se han apoyado en sus conocimientos tradicionales y en su liderazgo colaborativo para adaptarse a los impactos medioambientales durante miles de años. La iniciativa de llevar el mayor desafío global al más alto tribunal del mundo pone de relieve su fortaleza y experiencia. En tanto que persona joven que vive en una isla del Pacífico, agradezco el liderazgo de otros jóvenes isleños y aliados que están allanando el camino para que las generaciones venideras tengan un futuro sostenible.
¿Cómo podría la CIJ ayudar a hacer frente al cambio climático?
La CIJ es el más alto tribunal del mundo, y sienta precedentes mediante opiniones consultivas y normas que establecen cómo deben cooperar los Estados a escala mundial. En ese sentido, desempeña un rol destacado en el mantenimiento de la paz entre nuestras naciones.
La opinión consultiva de la CIJ plasma la realidad de que no podemos resolver la crisis climática continuando con las mismas prácticas que nos llevaron a ella. El alcance de la resolución va más allá del Acuerdo de París, ya que hace referencia a la importancia de un clima seguro como un derecho humano que es clave para el bienestar. De esbozar posibles consecuencias jurídicas para las naciones que causen daños significativos a comunidades vulnerables y a las generaciones futuras, podría finalmente garantizar una mayor rendición de cuentas por la crisis climática. Si las naciones son obligadas a rendir cuentas y a actuar, se abre la puerta para garantizar la completa eliminación de las emisiones de combustibles fósiles y la satisfacción de las necesidades de creación de capacidades para la adaptación.
¿Cómo te has involucrado personalmente en la promoción de esta resolución y, más en general, en el activismo por el clima?
Conocí la campaña del PISFCC en 2019, cuando me conecté con el movimiento climático tras la cumbre sobre cambio climático COP25. Como estudiante de sostenibilidad dedicada a trabajar en el ámbito del clima, me inspiró la forma en que un pequeño grupo de estudiantes de todas las islas pedía enérgicamente una opinión consultiva de la CIJ. Empecé a seguir su trayectoria y a apoyar sus llamados a la acción de diversas maneras, desde reenviar contenidos a las redes sociales hasta sacar a relucir argumentos relevantes en mis conversaciones con los líderes de las siguientes COP.
Inspirada por el liderazgo insular, acepté una pasantía en la Red Local Isleña 2030, la primera red global de pares dirigida por islas y dedicada a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprendí más sobre la sostenibilidad de las islas y los efectos del cambio climático de la mano de sus líderes, cuyos ejemplos de soluciones innovadoras y su espíritu optimista me sorprendieron. Alentada a utilizar mi formación para ayudar a los isleños a hacer oír su voz, decidí centrar mi máster en la elaboración de un plan de trabajo para que los isleños pudieran colaborar con sus comunidades en el desarrollo, el seguimiento y la implementación de soluciones sostenibles para el cambio climático.
Esta trayectoria de activismo estudiantil me ayudó a convertirme en una líder ambiental intersectorial, a trabajar en la adaptación climática en las islas y a apoyarme, en tanto que parte de un grupo vulnerable, en coaliciones como Care About Climate para defender nuestro derecho a un futuro climáticamente seguro. De hecho, esta inspiración me llevó a trabajar con jóvenes para lograr la primera inclusión de jóvenes como partes interesadas en una decisión de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en la COP27.
¿Qué pueden hacer los aliados internacionales para apoyar esta lucha?
Todos los aliados internacionales deben seguir luchando. Esta resolución histórica es apenas el primer paso. Antes de emitir su dictamen, la CIJ solicitará argumentos escritos y orales a los Estados y a ciertas organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es importante que los miembros de la comunidad sigan contactándose con sus representantes nacionales y con las organizaciones internacionales seleccionadas para presentar testimonios y les pidan su apoyo al dictamen. De hecho, el PISFCC acaba de lanzar un increíble manual, que recomiendo encarecidamente consultar, para ayudar a tomadores de decisiones, jóvenes y OSC ambientales a entender su papel. Mi ejemplo favorito del manual refiere a la importancia de compartir con tus representantes nacionales tu testimonio personal sobre por qué crees en la necesidad de una opinión consultiva de la CIJ sobre derechos climáticos y qué impacto ella podría tener en tu futuro. Espero que mucha gente se anime a unirse a nuestra Alianza para enterarse de las distintas formas en que puede hacer sentir su influencia.
Póngase en contacto con Care About Climate a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@careaboutclimate y a @hailey_campbell en Twitter eInstagram.
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TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “La sociedad civil somete a verificación de datos los argumentos los Estados”
CIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de unTratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.Ian preside laAlianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de laIniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.
¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?
No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.
La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.
¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?
Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.
A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.
¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?
Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.
Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.
¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?
En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.
El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.
¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?
Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.
Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.
Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de susitio web, y siga a@GI_TOC y@IanTennant9 en Twitter.
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TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”
CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.
¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?
Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención dela Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.
Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.
Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.
Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.
Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.
¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?
El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.
Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.
¿Cuáles son los principales desafíos?
El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.
Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.
No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.
Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.
Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.
Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.
¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?
La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.
Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.
El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.
También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.
Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.
En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.
¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?
Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.
El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.
Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.
¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?
Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.
El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.
Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.
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