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• TRATADO DE LA ONU SOBRE LOS PLÁSTICOS: “La salud humana y el medio ambiente deben ser lo primero”

  CIVICUS conversa sobre los avances hacia un Tratado de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Contaminación por Plásticos con Vito Buonsante, abogado especializado en salud ambiental y asesor técnico y político de la Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes (IPEN).

  IPEN es una red global de organizaciones de la sociedad civil (OSC) cuyo objetivo es mejorar las políticas sobre productos químicos y sensibilizar a la opinión pública para asegurar que las sustancias peligrosas dejen de producirse, utilizarse o desecharse de forma perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.

  La mayoría de la gente no sabe que se está elaborando un Tratado de la ONU sobre la Contaminación por Plásticos. ¿Cuándo y cómo se inició el proceso?

  En marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), el máximo órgano decisorio mundial en materia de medio ambiente, aprobó un amplio mandato para iniciar conversaciones sobre un tratado internacional que haga frente a las crecientes amenazas de la contaminación por plásticos. El Tratado sobre los Plásticos pretende abarcar todas las repercusiones de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida, incluidos los efectos de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos sobre la salud humana y el medio ambiente. Debería ayudar al mundo a avanzar hacia un futuro libre de productos tóxicos.

  Según el análisis de IPEN, sobre la base del mandato de la UNEA, el acuerdo final debe abordar los impactos de los plásticos y sus sustancias químicas sobre la salud de cuatro maneras. En primer lugar, debe abordar el uso, la liberación y los daños de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el consumo y la gestión de residuos. En segundo lugar, dado que el mandato hace hincapié en la importancia de promover un diseño sostenible, el tratado debe garantizar que se eliminen las sustancias químicas peligrosas de la producción de plásticos y que los plásticos con sustancias químicas peligrosas no se reciclen.

  En tercer lugar, la resolución de la UNEA señala la importancia de prevenir las amenazas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de los plásticos tóxicos y demanda coordinación con el Convenio de Basilea de 1989 sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Rotterdam de 1998 sobre la importación de productos químicos peligrosos, el Convenio de Estocolmo de 2001 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, un marco político mundial adoptado en 2006. Por tanto, el tratado debe abordar las repercusiones para la salud y el medio ambiente de la exposición a sustancias químicas peligrosas y emisiones tóxicas a lo largo del ciclo de vida de los plásticos.

  En cuarto lugar, está la cuestión de los microplásticos, que la resolución de la UNEA incluye dentro de la contaminación por plásticos. Esto significa que el tratado también debe abordar los peligros para la salud y el medio ambiente de los microplásticos, incluido su potencial para ser vectores de contaminación química.

  ¿Qué progresos se han producido en la primera sesión de negociaciones?

  Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 se celebró en Punta del Este, Uruguay la primera sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino.

  En esta primera reunión, los Estados han tenido la oportunidad de expresar sus intenciones en relación al tratado que imaginan. Por un lado, hemos visto a un gran grupo de Estados, que trabajan bajo el paraguas de la Coalición de Alta Ambición para Acabar con la Contaminación por Plásticos, que han expresado su deseo de un tratado que marque la diferencia en la forma en que se fabrican los plásticos y aborde las causas profundas de la contaminación por plásticos. Por otro lado, hay un grupo de Estados que luchan por un tratado que no cambie la situación actual. Entre estos países se encuentran, Arabia Saudita, Estados Unidos y Japón, que quieren un tratado centrado únicamente en la gestión de residuos, en lugar de abarcar todo el ciclo de vida de los plásticos, y basado en compromisos nacionales voluntarios en vez de obligaciones vinculantes para todos.

  La segunda sesión tendrá lugar a finales de mayo y principios de junio en París, Francia. Las negociaciones deberían concluir a finales de 2024, y debería ser posible cumplir el plazo. Es posible acordar medidas globales. La ciencia es muy clara: sería ilusorio pensar que reciclar las crecientes cantidades de plásticos que se producen es la solución a la crisis de contaminación por plásticos, después de 40 años de no conseguir reciclar ni siquiera una pequeña cantidad de esos residuos plásticos. Es demasiado pronto para saber en qué dirección irán las conversaciones, pero debería ser posible acordar una serie de normas globales, aun a riesgo de que algunos Estados no ratifiquen inmediatamente el tratado.

  ¿Cómo sería un tratado ambicioso?

  La medida más importante que debe incluir un tratado eficaz es la reducción de la producción total de plásticos. Si la producción no se ralentiza, en los próximos 20 años la cantidad de plástico se duplicará y será realmente imposible controlarla.

  Una segunda medida clave se refiere al diseño de los plásticos. Aquí es necesario eliminar todos los aditivos químicos tóxicos, como los bisfenoles, los PFAS y los retardantes de llama, y todos los polímeros tóxicos, como el PVC y el poliestireno. Se sabe que estas sustancias químicas tienen efectos perjudiciales para la salud, ya que alteran las funciones hormonales, la fertilidad y las funciones cerebrales de los niños, entre otras cosas. Eliminarlos de los plásticos creará ciclos de materiales más seguros. También es muy importante mejorar la transparencia en lo que se refiere tanto a los ingredientes de los plásticos como a las cantidades y tipos de plásticos producidos. Sin una imagen clara de lo que se produce y dónde, será difícil vencer la contaminación por plásticos.

  La ambición debe extenderse también a la implementación. Los países desarrollados deben comprometerse a crear un fondo para implementar el tratado. Por muy estrictas que sean las disposiciones del tratado, sin una inversión considerable en implementación, su impacto de será limitado. Recientemente se han adoptado compromisos para fondos destinados al clima y la biodiversidad, pero aún no se ha creado un fondo para hacer frente a la contaminación por plásticos y otras acciones relacionadas con los productos químicos y los residuos.

  ¿Qué aportan las OSC ambientalistas a la mesa de negociaciones?

  Las OSC poseen un amplio abanico de conocimientos y experiencias que resultan muy valiosos para los negociadores del tratado. IPEN, por ejemplo, lleva más de dos décadas abogando por el reconocimiento de las repercusiones de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos, mostrando claramente a través de numerosos informes científicos y pruebas de plásticos y productos plásticos cómo los productos plásticos exponen a las comunidades y poblaciones vulnerables a sustancias químicas tóxicas.

  Somos optimistas y creemos que prevalecerá la necesidad de resolver esta crisis planetaria. La comunidad internacional ha fracasado con el cambio climático y no puede fracasar también con los plásticos. El Tratado sobre los Plásticos podría ser una forma de demostrar que la cooperación internacional es la mejor manera de resolver los problemas globales y que la salud humana y el medio ambiente pueden y deben anteponerse a los intereses nacionales y empresariales.

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• TRATADO PANDÉMICO: “Los Estados deben compartir la responsabilidad y rendirse cuentas recíprocamente”

  CIVICUS conversa con Barbara M. Stocking sobre la necesidad de desarrollar un nuevo tratado internacional sobre pandemias anclado en la solidaridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad.

  Barbara Stocking es presidenta del Panel para una Convención Mundial de Salud Pública, ex presidenta del Murray Edwards College de la Universidad de Cambridge, exdirectora ejecutiva de Oxfam Gran Bretaña y ex presidenta del Panel de Evaluación Provisional del Ébola.

  ¿Qué es el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública y qué motivó su lanzamiento en abril de 2021?

  La Universidad de Miami decidió encuestar a personas expertas de todo el mundo sobre el tema de las pandemias. Esto ocurrió antes de que estallara la pandemia de COVID-19. Necesitábamos saber si estábamos preparados para una pandemia y qué cuestiones debían abordarse. Yo era uno de los expertos en el tema: en 2015 presidí el Comité sobre el Ébola que evaluó la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Unos meses después se publicó en la revista médica The Lancet un artículo que resumía las opiniones expertas.

  Para entonces la pandemia de COVID-19 ya estaba en curso, y el presidente de la Universidad de Miami, Julio Frank, propuso hacer algo más que publicar un informe. En 2020 se fundó el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública con el fin de abogar por nuevas formas de abordar el control y la respuesta a los brotes, y se me pidió que lo presidiera.

  El Panel es una coalición independiente de alto nivel para hacer incidencia en derechos humanos. Incluye a expresidentes como Laura Chinchilla, de Costa Rica, y John Mahama, de Ghana, y al ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría. Todos ellos son personas que pueden tener influencia sobre la OMS, sus Estados miembros y otros organismos. No hacemos campañas públicas porque no tenemos los recursos ni la gente, pero actuamos al más alto nivel político.

  En diciembre de 2021, la Asamblea Mundial de la Salud acordó poner en marcha el proceso de elaboración de un tratado mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Nuestro grupo de expertos seguirá monitoreando los avances de la idea para asegurarse de que cumple con lo que creemos que es necesario para evitar que los brotes se conviertan en pandemias.

  ¿Qué déficits en la respuesta a la pandemia de COVID-19 hicieron evidente la necesidad de este tratado?

  La necesidad de una convención se hizo evidente para todo el mundo como resultado del COVID-19, pero no se trata solamente del COVID-19. Durante los últimos 20 años, todos los informes concluyeron que no estábamos preparados para hacer frente a una pandemia. El COVID-19 acaba de confirmarlo de la forma más espeluznante.

  La preparación es la clave. Los gobiernos han intentado estar preparados, pero es evidente que no lo estaban. ¿Por qué? Para algunos países fue una cuestión de recursos, y en esos casos debemos asegurarnos de que obtengan los recursos necesarios para tener sistemas de vigilancia sanitaria. Sin embargo, muchos países con abundantes recursos y excelentes sistemas sanitarios tampoco estuvieron preparados. Una de las razones es que muy pocos países practican la preparación. Cuando estaba en el servicio de salud del Reino Unido, cada hospital hacía un simulacro para un incidente grave cada tres años. Necesitamos el mismo enfoque en la preparación de la salud pública. La práctica es clave y debe incluir no solamente a los sistemas sanitarios, sino a todo el gobierno, porque si ocurre algo tan grande, los ministerios y los jefes de Estado también deben involucrarse.

  La sociedad tampoco estaba preparada. Tenemos que asegurarnos de transmitir los mensajes correctos y de involucrar a las comunidades, que sabemos que son muy importantes.

  Cuando se hizo evidente que había un virus circulando, y aún no estaba claro de qué se trataba, y la OMS declaró al COVID-19 una emergencia de salud pública de preocupación internacional, no se hizo demasiado. Febrero de 2020 era un momento clave para actuar, pero se hizo muy poco.

  Todo se reduce a una falta de comprensión fundamental sobre lo que significa ser precavido en el caso de una pandemia. En la mayoría de las cosas de la vida, uno puede preguntarse si una situación va a empeorar y hacer una evaluación realista. Pero con una pandemia, especialmente al principio, no se sabe cómo se replicará el virus y hay que actuar con rapidez. Pero ante el COVID-19, los Estados no lo hicieron. También se opusieron a las directrices de la OMS porque, según ellos, la OMS “no tiene autoridad”.

  El siguiente problema fundamental es que, a pesar de que tenemos normas sanitarias internacionales, la gente tiende a no cumplirlas, y no hay mecanismos para imponerlas y demandar rendición de cuentas. Está claro que también hay que trabajar para actualizar la normativa sanitaria internacional, pero el mayor problema es que los países acepten rendirse cuentas recíprocamente. La expresión que utilizamos es “garantía mutua”: para tomar decisiones difíciles, cada Estado necesita saber que otros harán lo mismo. Esto debería permitirnos vender la idea de la rendición de cuentas.

  No tiene sentido tener un tratado o una convención sobre pandemias a menos que haya disposición a rendir cuentas. Pero esto a menudo es ignorado porque es difícil. Los Estados son soberanos sobre sus territorios y son responsables de la salud de su población, pero también tienen una responsabilidad compartida de mantener el mundo a salvo. Por eso necesitamos un tratado o convención.

  ¿Cómo podría el tratado ayudar a resolver estos problemas? 

  Los principios de equidad, transparencia y responsabilidad deben incorporarse al tratado. Tenemos que pensar en lo que hay que arreglar o corregir, porque son las cosas sobre las que tendremos que rendir cuentas.

  Por ejemplo, en lo que respecta a la preparación, se ha empezado a avanzar, pero sólo a través de revisiones de pares para determinar si los países están preparados. Este sistema tendría que ampliarse. Las revisiones independientes serían algo positivo para el tratado o convención. Necesitamos que alguien más que la OMS realice las evaluaciones de preparación y respuesta, lo que puede hacerse dentro de la estructura de un tratado. La OMS debería establecer las normas y proporcionar apoyo en el rol de “amigo del país”. Podría crearse un organismo pequeño. Como la OMS tiene casi todos los datos, no es necesario empezar de cero. Pero debe haber un organismo con la experiencia y los conocimientos necesarios. Es posible que tenga que rendir cuentas, a través de las estructuras de los tratados, a los jefes de Estado, que esperamos que integren las conferencias de las partes que supervisen este tratado o convención.

  Todas estas cosas se pueden incorporar. Esto no quitará poderes a la OMS, sino que los aumentará.

  ¿Cómo ha participado la sociedad civil hasta ahora en el proceso del tratado?

  La sociedad civil está pidiendo claramente más voz en las cuestiones sanitarias y en el desarrollo del tratado sobre pandemias, y creo que esto es realmente necesario.

  En el ámbito de la OMS, la sociedad civil que participa procede en su mayoría de organizaciones internacionales y sus socios locales, y a menudo trabaja en temas de salud, y me refiero a la salud en sentido amplio, incluida la salud mental.

  Cuando se celebraron las audiencias, la sociedad civil participó activamente y el espectro de organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes se amplió para incluir a OSC de derechos humanos, no solamente a causa de las libertades afectadas bajo las cuarentenas, sino también porque los gobiernos estaban utilizando la pandemia como excusa para violar los derechos humanos. Como resultado, cada vez más OSC de derechos humanos querían tener incidencia en el tratado.

  En cuanto a la participación en el propio proceso del tratado, la OMS tiene una categoría para la sociedad civil, que es la de “observadores oficiales”. Pero la sociedad civil debería tener mucha más influencia en el debate. Al más alto nivel, la OMS está organizando eventos de dos días para proporcionar evidencia a las partes interesadas más allá de los Estados miembros. En abril celebraron un evento de dos días, en el que el Panel participó y dio su opinión sobre el tema. En junio se celebrará otro evento.

  Un problema importante que he visto es la gestión centralizada de la pandemia. Tenemos que involucrar a las comunidades, y esto incluye a la sociedad civil. Cuando se gestiona una pandemia, hay que incorporar la participación de personas y organizaciones a nivel local. Esto no puede hacerlo solo el gobierno central; las autoridades locales deben desempeñar su rol para involucrar a estos grupos. 

  Ampliar la gobernanza del tratado para incluir a la sociedad civil sería todo un desafío, ya que los Estados miembros serán dueños del tratado que firmen, ya sea por consenso o por ratificación gubernamental. Tiene que haber más debate sobre cómo, incluso si hay una conferencia de las partes, podemos incluir más a la sociedad civil y comprometernos con ella. 

  ¿Cuáles son los principales desafíos que prevé en el futuro inmediato en relación con la implementación de un eventual tratado?

  El primer desafío es producir una Convención Mundial de Salud Pública con un fuerte componente de rendición de cuentas. Los Estados deben aceptar que deben rendirse cuentas entre ellos y al mundo. Y aunque a los Estados les resulte difícil aceptar la idea de ser evaluados por personas independientes, necesitamos que las evaluaciones sean realizadas por un organismo independiente. Podemos tener Estados que supervisen su trabajo, pero el organismo tiene que ser capaz de trabajar de forma independiente.

  La noción de “soberanía compartida” sigue siendo difícil de aceptar para los países. Pero habitamos todos el mismo planeta y necesitamos trabajar juntos. Todos estamos interrelacionados, por lo que debemos tener la voluntad de cooperar y ver cómo podemos construir juntos. Algunos se preocuparán por la pérdida de soberanía, pero tenemos que ayudarles a entender la importancia crítica que tiene esto, desde un punto de vista tanto moral como de interés propio. A cada persona le interesa que los demás se comporten bien con ella. Estos son algunos de los bloqueos que debemos superar para lograr un buen tratado.

  En resumen, los Estados ya han acordado elaborar algún tipo de tratado o convención y ya están trabajando en ello. Pero la pregunta es si este será el tratado adecuado. Si todo va bien, tendremos un acuerdo para 2024, y luego habrá que esperar a que los países lo ratifiquen, o no.

  Pero no debemos dejar pasar el impulso porque realmente debemos estar preparados. La gente sigue preguntándonos si podríamos tener otra pandemia en los próximos 10 o 20 años. Bueno, francamente, podríamos tener otra el año que viene. Hay una verdadera urgencia porque los hábitats están cambiando; los animales y los humanos están cada vez más cerca unos de otros.

  Veo que todo el mundo se relaja un poco ya que el COVID-19 parece estar relativamente controlado. Pero no debemos quedarnos dormidos. Es casi seguro que algo similar volverá a ocurrir en el futuro. Lo único que no sabemos es cuándo.

  Póngase en contacto con el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública a través de susitio web.

• Venezuela: “Necesitamos de la comunidad internacional un enfoque multilateral, flexible, y creativo”

  CIVICUS conversa con Feliciano Reyna, fundador y presidente de Acción Solidaria, una organización de la sociedad civil (OSC) venezolana establecida en 1995 con la misión de contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH, que a raíz de las múltiples crisis que enfrenta Venezuela ha expandido su radio de acción para proveer medicinas e insumos médicos a poblaciones más amplias en situación de vulnerabilidad.

  

  ¿Cómo se ha llegado a la crisis actual en Venezuela?

  Se ha producido a lo largo de varios años un proceso de desmontaje del Estado de derecho que aún continúa. Hace tiempo que la justicia dejó de ser independiente y opera en función de los intereses del gobierno. A esto se agrega un gran nivel de corrupción. Hay muchos documentos e informes, como uno reciente de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que describe cómo se fue instaurando una estructura de justicia no independiente, que se aprovechó de la opacidad de los datos públicos y del manejo discrecional del Estado.

  Esto llevó a que muchos, actuando en función de sus intereses, destruyeran el aparato económico y productivo. Hoy en día la economía venezolana es el 20% de lo que era en 2013. Esto impacta sobre los niveles de pobreza, la calidad de los servicios públicos y la total falta de protección.

  Hubo un primer periodo de ingentes ingresos, gran derroche de riqueza, que permitió que durante muchos años les llegaran recursos a los principales grupos de apoyo del gobierno de Hugo Chávez, entre 2005 y 2013. Pero era solo gasto en beneficios individuales, nada de inversión en servicios públicos. Así, poco a poco lo público fue quedando en un estado de total abandono: hospitales, carreteras, alumbrado, sistema eléctrico, distribución de agua. Todo está muy destruido. Hay alrededor de cuatro millones de personas que cocinan con leña o carbón porque no les llega el gas. En donde yo vivo recibimos agua una vez a la semana durante 24 horas, y hay momentos en que no nos llega agua durante dos o tres semanas.

  Hubo un cambio importante en la economía mundial, con una fuerte caída del precio del petróleo que coincidió en los últimos días de Chávez en el gobierno. Cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013 quedó en evidencia la fragilidad de un régimen en gran medida basado en la personalidad de Chávez. Tras el triunfo de Maduro se desencadenaron protestas políticas porque su mandato fue cuestionado, y en consecuencia se iniciaron prácticas represivas muy duras. Desde entonces se percibe un gran deterioro conducente a esta crisis de derechos humanos. Las OSC han documentado detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en prisión. Ha habido un ataque sostenido a la disidencia y a los adversarios políticos. A cualquiera que tenga una posición de poder y sea visto como una amenaza política lo sacan de juego.

  Los años entre 2014 y 2016 fueron terribles. Además de la vulneración a los derechos humanos, hubo un daño generalizado a la población en materia de salud, nutrición, acceso al agua, educación y otros derechos. A medida que la economía se fue deteriorando, comenzó a haber muchas protestas sociales, no por razones políticas sino por problemas de ingresos, falta de recursos, cortes de electricidad, falta de medios de transporte y servicios públicos. Con dos grandes excepciones – las olas de protesta de 2017 y de 2019, que expresaron un desacuerdo político -, la gran mayoría de las protestas han sido protestas sociales, no ideológicas, en las cuales expresaba su descontento mucha gente que en última instancia apoyaba y votaba al gobierno.

  Mientras que el ataque a la oposición y a la disidencia ha llevado a muchos al exilio, las carencias económicas han provocado una ola migratoria masiva. Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado y se han ido muchos profesionales, maestros, médicos, lo cual debilitó aún más a los sistemas de prestación de servicios.

  ¿Cómo es el contexto en que trabaja la sociedad civil?

  Hay un gran debilitamiento del Estado, que claramente no puede controlar todo el territorio bajo su jurisdicción, y por eso ha ido entregando el control a otros actores. El poder está cada vez más en manos de actores locales paraestatales que gozan de pequeñas burbujas de bienestar en el marco de la inmensa pobreza en que vive la gran mayoría de la población.

  A causa del debilitamiento del Estado y del deterioro de la industria petrolera, siempre la principal fuente de ingresos del país, el gobierno ha abierto algunos espacios a una economía más libre. Eso significa que para servir a las poblaciones con las que trabajamos, hemos podido importar medicamentos e insumos gracias a la cooperación internacional. Tenemos donantes internacionales que nos envían los insumos o que pagan el transporte para que podamos recibirlos, usando el sistema de transporte puerta a puerta.

  Desde 2017 Acción Solidaria ha traído casi 240 toneladas de ayuda. Hemos pasado de ser nueve personas en 2016 a ser 40 en 2021. Cada semana recibimos a unas 120 personas que vienen a las oficinas de Acción Solidaria a buscar medicina. La mayoría son mujeres y personas con muy pocos recursos, mayores de 55 años. Puede que las cosas que ellas necesitan estén disponibles en la economía paralela, pero a unos precios que les resulta imposible pagar.

  Pero el entorno para la sociedad civil sigue siendo de alto riesgo. El año pasado tuvimos un allanamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales, el comando más temible de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que nos hicieron no fue un operativo oficial sino una acción delictiva. La sociedad civil que hace incidencia en derechos humanos es objeto de criminalización, y la sociedad civil que trabaja en acción humanitaria enfrenta graves problemas de acceso, es extorsionada por estos grupos autónomos y por actores paraestatales. Nos hemos convertido en blanco no porque seamos opositores o disidentes, sino porque tenemos recursos codiciados.

  De hecho, tenemos a un compañero preso hace 160 días y otros cinco compañeros de una organización que trabaja junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados que estuvieron presos un mes en una instalación militar.

  Con el proceso electoral, las redes de información del gobierno en los sectores populares parecen haber alertado que los programas gubernamentales - que transfieren a los beneficiarios el equivalente a unos cuatro dólares mensuales - no podían competir con los cerca de 60 dólares que organizaciones humanitarias transferían a las personas pertenecientes a sus poblaciones objetivo, sin exigirles nada a cambio, como parte de la respuesta humanitaria. De modo que intervinieron de inmediato y suspendieron los 38 programas de ayuda humanitaria que hacían transferencias en efectivo.

  Después de las elecciones se ha empezado a recomponer el ecosistema de transferencias, pero por el momento solo se han activado los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF.

   

  ¿Cuánto apoyo popular le queda al gobierno de Maduro? ¿Suficiente para ganar las elecciones regionales de noviembre, o ha recurrido al fraude?

  En noviembre de 2021 se realizaron las elecciones regionales en las que se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales y los 335 municipios del país. La cifra oficial de participación fue de poco más de 40%, y el gobierno obtuvo 19 gobernaciones, frente a cuatro de la oposición. El chavismo también ganó 213 alcaldías, pero los distintos grupos de oposición obtuvieron una cantidad no desdeñable, 121.

  Las condiciones de la lucha electoral se plantearon bastante antes de la selección de las candidaturas, las campañas y la propia votación, con el nombramiento de nuevos miembros para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Foro Cívico, una OSC, había propuesto nombres de personas independientes para integrar el CNE – personas con mucha trayectoria en lo electoral, que podían establecer un puente de diálogo con la gente en el gobierno que quiere gobernar de una manera menos autoritaria. Así se consiguió un CNE más equilibrado, con un rector independiente y uno procedente de la oposición, entre los cinco principales, y tres suplentes propuestos por la sociedad civil, entre los cinco suplentes. Esto permitió pensar que las elecciones tendrían mayor legitimidad que otras anteriores.

  El proceso electoral fue muy tenso; si bien no hubo fraude en el sentido de que se cambiaran las cifras de la votación, hubo muchas presiones y obstáculos para que no votaran los partidarios de la oposición. Políticos de mucho peso en la oposición fueron inhabilitados y no pudieron presentar sus candidaturas. Se cambiaron las condiciones en los centros de votación, incluidos los horarios, para mayor conveniencia del gobierno, y se acarreó mucha gente para que fuera a votar, aunque ya el gobierno no tiene la misma capacidad de movilización que en procesos anteriores. La participación fue baja por varias razones: influyó el hecho de que millones de personas han migrado, y de que muchas figuras populares de la oposición no participaban de la competencia.

  La oposición tuvo también mucha responsabilidad en esto, porque contempló las elecciones con mucha suspicacia, voceros de peso se oponían a participar, y no cerró acuerdos amplios que le hubieran permitido hacerse con hasta diez o doce gobernaciones. En parte, vio limitado su crecimiento por los obstáculos impuestos por el gobierno, pero también por su incapacidad para ponerse de acuerdo.

  Aun así, es importante recalcar que las condiciones de la competencia no eran equitativas. La oposición podría haber ganado más gobernaciones de las que ganó, pero esto tenía un claro límite. Esto se vio en el estado Barinas, de donde era originario Hugo Chávez, que el gobierno no podía permitirse dejar en manos de la oposición. Allí ganó claramente un candidato opositor, pero luego de las elecciones el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el candidato en realidad no cumplía con las condiciones para estar habilitado para competir, y ordenó repetir las elecciones.

  Frente a estas limitaciones, que eran previsibles, hubo una parte de la oposición que desde el inicio se opuso a participar en las elecciones y dejó abierto el camino a muchos triunfos oficialistas que tal vez en otras circunstancias no se hubieran producido.

  ¿Cuán consolidado está el régimen de Maduro, y cuáles son las chances de que pueda producirse una apertura democrática?

  La apertura democrática no parece ser una opción en el corto plazo. La oposición es muy diversa y está muy dispersa en términos de programa y manejo institucional, por lo que es cuestionable si sería capaz de gobernar si ahora mismo tuviera la oportunidad.

  Lo que tenemos por delante es un largo tránsito por el desierto. El gobierno padece muchas debilidades, pero tiene apoyos en China, Irán, Rusia, Turquía, y mucho apoyo político de Cuba y de otros países de la región, como se puede ver en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A imagen y semejanza de estos estados que le apoyan, el gobierno de Maduro ha tenido un manejo hábil: a pesar de la corrupción y la falta de transparencia, ha ido abriendo la economía al tiempo que ha mantenido intacta su conducta represiva.

  Los apoyos internacionales que recibe el gobierno son importantes y han sido sistemáticamente subestimados, en tanto se ha sobreestimado el apoyo que recibe el gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Se dice que tiene de su lado a Estados Unidos y a 60 países, pero quienes lo apoyan con acciones concretas son en realidad muchos menos.

  Para muchos en la oposición el interinato en sí mismo ha sido un gran problema, en parte porque quedó asociado a la administración de Donald Trump, y en parte porque desde que se instaló el interinato lo que hacía el gobierno interino pasó a ser lo único que importaba y se abandonó el espacio de la Asamblea Nacional, que había contado con un amplio apoyo popular.

  El interinato fue impulsado sobre la base del artículo 233 de la Constitución venezolana; puesto que en virtud de su reelección fraudulenta Maduro en 2018 no era reconocido por la oposición como presidente legítimo, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, proclamó a su presidente, en aquel momento Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Pienso que se debería haber continuado trabajando a través de la Asamblea Nacional, un cuerpo electo y legítimo en cuya presidencia se alternaban los partidos con más votos. Se podrían haber presentado pruebas de la corrupción y buscado mecanismos para proteger los activos del país con ayuda de la comunidad internacional.

  En cambio, la oposición se asumió como un gobierno legítimo sin ningún control sobre los procesos internos. Y al asumir, planteó condiciones y plazos expeditos, reclamando que primero saliera Maduro del gobierno para que el gobierno interino se constituyera en gobierno de transición y organizara elecciones libres.

  La opción por el interinato fue el resultado de la subestimación de las fuerzas del gobierno y la sobreestimación de las fuerzas propias. Cuando las expectativas no se satisficieron, como era evidente que iba a ocurrir, empezó a aumentar la desafección hacia el gobierno interino. Sigue habiendo un deseo enorme de cambio, porque las cosas están mal para la gran mayoría de la población, pero se fue perdiendo la esperanza de que ese cambio se lograría con el interinato.

  ¿Qué clase de apoyos debería brindar la comunidad internacional para facilitar una salida democrática?

  Lo que desearíamos de la comunidad internacional es un enfoque multilateral, flexible, y creativo. El cambio de administración en Estados Unidos es sumamente importante porque la postura del gobierno de Trump era unilateral y avasalladora. Afortunadamente, el gobierno de Biden parece adherir a un enfoque multilateral, que incluye a Europa, Canadá y otros países de nuestra región.

  De parte de Europa, fue muy importante que enviara una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre, así como lo fue que la ONU y el Centro Carter enviaran a expertos electorales. La ONU también tiene aportes esenciales que hacer en materia humanitaria y de derechos humanos, tanto en lo que se refiere a la movilización de recursos para atender la emergencia humanitaria en el país y en apoyo a personas migrantes y refugiadas en la región, como respecto de las situaciones de violación de derechos humanos que siguen ocurriendo.

  La comunidad internacional debe escuchar a la sociedad civil y prestar atención a los reclamos de la gente que es directamente afectada por las medidas que actores externos toman en relación con Venezuela. Muchas de las sanciones que se han impuesto al gobierno, como la sanción secundaria de Estados Unidos que penaliza el intercambio de petróleo por diésel, terminan no afectando al gobierno, que tiene vías de acción alternativas, y en cambio perjudican a los usuarios y consumidores, a personas comunes cuyas vidas, ya complicadas, se complican aún más.

  Si se escuchara a esa parte de la sociedad venezolana, se podría pensar políticas alternativas para generar los espacios de negociación y acuerdos que nos permitan retomar el camino de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, de manera no violenta.

  El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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