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• #UN75: ‘La pandemia de COVID-19 demostró que las instituciones multilaterales son esenciales’

  En conmemoración del 75º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), CIVICUS está teniendo conversaciones con activistas, personas defensoras y profesionales de la sociedad civil acerca de los roles que la ONU ha desempeñado hasta ahora, los éxitos que ha conseguido y los desafíos que enfrenta de cara al futuro. Bajo condición de anonimato, el encargado de incidencia ante la ONU de una organización internacional de la sociedad civil habla de las oportunidades y los desafíos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se vinculan con diversos órganos de la ONU.

  

  ¿Qué diferencia significativa considera que ha hecho la ONU?

  La ONU ha marcado muchas diferencias positivas a lo largo de sus 75 años, y lo sigue haciendo ahora. Desde mi perspectiva, una significativa reafirmación reciente de la importancia de la ONU, que es una especie de reflejo invertido de sus fracasos o deficiencias recientes, es que su Secretario General (SGNU) ha respondido rápidamente a los aspectos de seguridad humana de la pandemia de COVID-19.

  Una de mis críticas de larga data a la ONU ha sido su falta de liderazgo público de alto nivel. Este fue el enfoque adoptado por el actual SGNU, que privilegió la diplomacia entre bambalinas sobre la defensa abierta. No negaré que el SGNU se encuentra en una situación difícil, pero aun así no ha sido lo suficientemente asertivo a la hora de exigir a los principales estados rendición de cuentas por sus violaciones de derechos humanos.

  Creo que la pandemia cambió las cosas de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo. El SGNU finalmente hizo lo que por regla general debería haber estado haciendo, es decir, dejó claro que no es cuestión de política o de tener que andar de puntillas para no herir la sensibilidad de ciertos estados miembros: hay que decirle al mundo que la única forma en que venceremos esta crisis es uniéndonos, y que ello requiere de una suspensión inmediata de las hostilidades a nivel mundial. Esto es aspiracional e idealista, pero también es técnicamente correcto.

  Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), pese a sus evidentes desafíos, esencialmente mostró para qué sirve y reveló su relevancia para el público en general. Por supuesto, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) defraudó al SGNU como cuerpo político, pero aun así la pandemia demostró que las agencias de la ONU y las instituciones multilaterales en general son esenciales y que las necesitamos tanto en el contexto de una crisis de salud pública como para organizar una respuesta global a cualquier otra crisis global.

  En el largo plazo, el logro evidente de la ONU ha sido construir un sistema multilateral y establecer un marco internacional basado en reglas para los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la protección de la población civil. Ese marco ya existe; el desafío es su implementación. Actualmente, no solo no estamos viendo que esa implementación tenga lugar, sino que además en los últimos años hemos venido presenciando una erosión permanente de dichas normas y estándares internacionales. China y Rusia están participando más activamente en conflictos en todo el mundo, en forma ya sea directa o indirecta, y se sienten envalentonados para desguazar a la ONU o reformar sus instituciones para ponerlas al servicio de sus objetivos, mientras que otros estados que tradicionalmente protegían e incluso defendían esas normas ahora están menos dispuestos o menos empoderados para hacerlo. La ONU avanzó mucho durante seis o siete décadas en la construcción de ese marco, pero ahora se encuentra bajo severas presiones.

  ¿De qué modo ha trabajado usted con la ONU y qué desafíos ha enfrentado?

  Nuestro trabajo se centra en proteger a la población civil en conflictos armados, por lo que nuestras relaciones con la ONU se concentran casi en su totalidad en el CSNU y en las agencias de las áreas de seguridad y consolidación de la paz. Tendemos a relacionarnos con el Consejo de Derechos Humanos (CDHNU) y la Asamblea General (AGNU) principalmente cuando identificamos que el CSNU está completamente paralizado, lo cual desafortunadamente ocurre cada vez con mayor frecuencia. Pero en otros puestos que ocupé anteriormente trabajé con un amplio abanico de órganos de la ONU, incluidos el CDHNU, la AGNU y otras agencias que trabajan sobre cambio climático y educación, por lo que estoy al tanto de las oportunidades comparativas disponibles para la participación de la sociedad civil.

  Las formas de participación de la sociedad civil en el CSNU son mucho más informales que las del CDHNU. Y creo que el hecho de que no haya procesos formales para la participación de la sociedad civil tiene bastantes ventajas, porque la ausencia de un proceso formal puede resultar en una participación más efectiva. En el CDHNU, hay un tema de agenda y 500 OSC hacen cola para dar una declaración de dos minutos, que ningún embajador escucha, y terminamos teniendo un proceso de participación artificial que no es demasiado productivo. Muchas OSC no logran identificar al CSNU como una oportunidad; piensan que no es un espacio para ellas. Esto significa que hay menos OSC buscando una vía de entrada, por lo que es un terreno menos concurrido.

  Trabajar en el CSNU requiere de la construcción de relaciones directas con los estados que lo integran. No mantienes un perfil público alto. Estableces relaciones con las misiones y, a través de este proceso, a menudo terminas teniendo una influencia más directa y significativa. Por tanto, la ausencia de un proceso formal a menudo puede resultar en una participación más eficaz de las OSC. Es cierto que también puede ser más difícil, aunque esto depende de la composición del CSNU en lo que respecta a sus miembros electos. Algunos de ellos no tienen una larga historia de trabajo con la sociedad civil, no están muy interesados en escuchar o tienen muy poca capacidad de acción. Pero siempre hay algunos estados que priorizan la participación de la sociedad civil y reconocen que la única forma en que el CSNU puede adquirir legitimidad es reflejando las experiencias y perspectivas de las personas directamente afectadas. Quisiera subrayar que uno de los éxitos del CSNU en los últimos 20 años ha sido abrir un espacio para presentaciones de la sociedad civil, particularmente sobre temas de mujeres, paz y seguridad. La presencia de menos oradores significa que cada uno de ellos tiende a tener más peso: los 15 miembros del CSNU escuchan a una persona, que cuenta con tiempo ilimitado y mantiene el foco en la protección de la población civil o en el tema de que se trate. En términos de participación pública, es un signo de progreso.

  Por supuesto, también está el hecho de que, nos guste o no, tenemos que interactuar con los cinco miembros permanentes del CSNU, porque están allí para quedarse y tienen poder de veto. Y en ese sentido, la situación actual es muy mala. Desde nuestra perspectiva, el actual gobierno de los Estados Unidos no está parado en el lugar correcto y no defiende consistentemente la rendición de cuentas por crímenes de guerra. Francia y el Reino Unido actúan en forma inconsistente según el país de que se trate, y China y Rusia sí tienen posiciones consistentes, pero basadas en razones equivocadas. China se está abriendo a la vinculación internacional con la sociedad civil, lo cual creo que es parte de una estrategia más amplia. Hace cinco o seis años, China no creía que necesitara tratar con la sociedad civil y parecía no reconocer la legitimidad de las OSC internacionales de derechos humanos, pero ahora sus embajadores han comenzado a aceptar reunirse colectivamente con grupos de la sociedad civil. Puede que sea apenas un ejercicio de relaciones públicas o que China haya ganado suficiente confianza como para confrontar directamente con las OSC internacionales. Es un cambio claro en su política exterior. Rusia, hay que reconocerlo, lleva mucho tiempo haciendo eso mismo, y hasta cierto punto reconoce que estas relaciones tienen algún valor, aunque la dinámica pueda ser difícil y contenciosa.

   

  ¿Cómo ha respondido a estos desafíos?

  Con el CSNU la incidencia colectiva suele ser lo que mejor funciona. Cuando la sociedad civil logra formar coaliciones rápidas de organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos, socios locales, líderes religiosos y representantes de la juventud y presentar algunas demandas centrales que todos estos grupos compartan, obtiene credibilidad entre los miembros del CSNU y aumenta las probabilidades de que éste actúe con prontitud. Hay alrededor de 30 OSC que trabajan en forma estable con el CSNU. Tienen diferentes prioridades y una variedad de mensajes, por lo que ciertamente también participan individualmente. Pero el mensaje es más poderoso cuando se expresa de manera colectiva. Por ejemplo, si algo sale mal en Yemen y el Reino Unido está a cargo de la preparación del borrador de un documento, tiene mucha más fuerza la demanda de 12 organizaciones que enfocan colectivamente su reclamo frente al Reino Unido en los mismos puntos que las quejas individuales de esas mismas 12 organizaciones por separado.

  ¿Qué cosas actualmente no estarían funcionando y deberían cambiar?

  Lo que debería reformarse a fondo es el veto, que es el núcleo mismo de la ONU y ha sido un problema desde el primer día. En este sentido, el CSNU claramente no es apto para cumplir sus objetivos; su composición y sus equilibrios de poder no reflejan el mundo en que vivimos hoy. No hay ninguna razón para que Francia o el Reino Unido tengan poder de veto, ni para que lo tenga ningún otro estado. El problema inherente de la ONU es que se construyó como parte de un acuerdo por el cual las potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial tomarían las riendas del poder, y no hay forma de desmantelarlo en ausencia de un acuerdo unánime. En los casos de China, Estados Unidos, Rusia e incluso del Reino Unido, eso no ocurrirá. Francia, hay que reconocerlo, apoya - al menos públicamente – los procesos voluntarios para controlar el uso indebido del veto.

  No quiero parecer demasiado pesimista, y tal vez sonaría diferente si estuviera hablando de otros temas, como los progresos realizados en dirección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero el CSNU encarna la política del poder en su forma más pura y no hay participación ciudadana que pueda cambiar eso. La única forma de eludir el veto sería desmantelar la ONU y comenzar desde cero, a menos que de alguna manera nos encontráramos en un mundo paralelo en el cual estos cinco países fueran dirigidos por líderes ilustrados que se dieran cuenta en simultáneo de que deben renunciar a ese poder por el bien de la humanidad. Pero eso no podría estar más lejos de nuestra realidad actual, en la cual China, Estados Unidos y Rusia abusan del poder de veto y lo usan como arma para desacreditar a la ONU.

  Al margen de este problema insuperable, otras cosas han ido cambiando para bien. Por ejemplo, los temas de cambio climático y seguridad ahora están en la agenda de CSNU. Al tiempo que China, Estados Unidos y Rusia se empeñan en impedir el uso de la expresión “cambio climático”, Alemania, Níger y varios estados más han establecido un grupo de trabajo informal sobre cambio climático, aunque para lograr colocar el tema en la agenda del CSNU debieran designarlo con una expresión alternativa, “degradación ambiental”. Obviamente, esto es algo que debería haber ocurrido hace décadas, pero al menos está sucediendo ahora y se trata de un progreso.

  ¿Qué lecciones para la cooperación internacional se pueden extraer de la pandemia de COVID-19? ¿Qué debería cambiar para que la próxima crisis nos encuentre mejor preparados?

  Durante la pandemia, la sociedad civil apoyó y coordinó el trabajo para que se hiciera un llamamiento sin precedentes a un alto el fuego global. La declaración inicial del SGNU fue muy ambiciosa, al punto de ser poco realista, pero tenía toda la razón tanto en términos de lo que debería suceder en el mundo como en la actitud de asumir el liderazgo sin antes consultar con Donald Trump, Xi Jinping ni nadie más. Fue valiente y correcto. Por un momento, revitalizó el papel del SGNU y de la ONU en su conjunto.

  Si bien la respuesta institucional de la ONU desde la cúspide fue buena, el CSNU fue un fracaso absoluto. China y Estados Unidos tuvieron conductas hostiles e inmaduras en momentos en que el futuro del mundo dependía de la efectividad de la ONU.

  Por otro lado, la AGNU respondió razonablemente bien, tomando la iniciativa a pesar de no poder reunirse físicamente. A principios de abril aprobó una resolución para reivindicar la cooperación internacional y el multilateralismo en la lucha contra el COVID-19. Estratégicamente, México impulsó una resolución para instar a la cooperación internacional a la hora de asegurar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipamiento médico para enfrentar el COVID-19, la cual fue adoptada por consenso a fines de abril. Sin embargo, en vistas de los desafíos que experimentó la AGNU, creo que una lección aprendida en materia de procedimientos refiere a la necesidad de que la ONU esté mejor preparada para trabajar en forma virtual en caso de otra crisis.

  La evaluación del desempeño de otras instituciones multilaterales como la OMS cae fuera de mi área de especialización, pero todos hemos leído acusaciones de que en un comienzo no fue lo suficientemente agresiva con China. Esto se encuentra actualmente bajo revisión independiente, lo cual por lo menos sugiere que existen controles y contrapesos básicos.

• BIODIVERSIDAD: “Los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo”

  CIVICUS conversa con Gadir Lavadenz, coordinador global de la Alianza de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Alianza de la CDB), sobre el proceso en curso para redactar un Marco Global de la Biodiversidad post-2020 con la plena participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en general.

  La Alianza de la CDB es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con un interés común en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Trabaja para aumentar la comprensión pública de las cuestiones que aborda, mejorar la cooperación entre las organizaciones que desean tener una influencia positiva en la CDB y saldar la brecha entre quienes participan en las sesiones de la CDB y quienes trabajan por la biodiversidad en el terreno, respetando la independencia y la autonomía de los pueblos indígenas, un actor clave.

  ¿Qué es la Alianza de la CDB, qué hace y cómo se desarrolló?

  Los orígenes de la Alianza de la CDB, hace unas dos décadas, fueron orgánicos: surgió de forma natural cuando los participantes en el proceso de la CDB reconocieron la necesidad de actuar juntos y amplificar las voces de la sociedad civil en las negociaciones. Desde el principio, el rol de la Alianza de la CDB no fue hablar en nombre de la gente, sino apoyar de la mejor manera posible todos los esfuerzos de incidencia que se realizaban de forma autónoma.

  A pesar de nuestras limitaciones, tenemos muy claro que los grupos menos privilegiados necesitan un apoyo específico. Además, aunque nuestra red es diversa, respetamos el rol y mantenemos una coordinación fluida con los demás grupos importantes que participan en el proceso, en particular el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), la Red Mundial de Jóvenes sobre Biodiversidad y el Cónclave de Mujeres.

  La Alianza de la CDB es una comunidad amplia: incluye tanto a los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) como a las OSC que les dan apoyo. Respetamos plenamente las estructuras de gobierno y los procesos de toma de decisiones de cada uno de estos grupos. Mantenemos una comunicación y una coordinación fluidas con el FIIB, que representa al mayor grupo de pueblos y comunidades indígenas comprometidos con la CDB. Apoyamos sus declaraciones durante las reuniones oficiales, apoyamos la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las reuniones internacionales siempre que resulta posible y amplificamos todas sus publicaciones y campañas.

  ¿Por qué es necesario un nuevo Marco Global de la Biodiversidad?

  Históricamente, la aplicación de la CDB se ha centrado en su primer objetivo, la conservación de la diversidad biológica, y se ha prestado relativamente poca atención a su segundo y tercer objetivos, que son la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Esta es una de las razones por las cuales la CDB no ha podido obtener los resultados esperados. En la última década, la falta de voluntad política de las partes de la CDB condujo al fracaso en la consecución de los objetivos de Aichi, y existe abundante literatura que demuestra que la destrucción de la biodiversidad sigue ocurriendo a un ritmo galopante.

  Un nuevo marco debería ser una oportunidad única para corregir los errores del pasado. La CDB abarca un amplio abanico de temas, pero no ha conseguido abordar las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, y su excesiva atención a objetivos como el de las áreas protegidas, centrado en la cantidad y no en la calidad, ha ocultado enormes incoherencias en nuestro abordaje de la pérdida de biodiversidad.

  Por ejemplo, el Forest Peoples Programme, miembro de la Alianza de la CDB, reportó que el financiamiento global para la biodiversidad ha aumentado significativamente en la última década, y se calcula que actualmente oscila entre 78.000 y 147.000 millones de dólares al año. Sin embargo, se ve superado ampliemante por las subvenciones públicas y los flujos financieros que impulsan la pérdida de biodiversidad, estimados en entre 500.000 millones de dólares y varios billones de dólares al año.

  Además, aunque la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales es ampliamente reconocida como de vital importancia para la protección de la biodiversidad, a menudo se ven afectados negativamente por el financiamiento para la biodiversidad y sus esfuerzos reciben pocos apoyos directos.

  Otro miembro de la Alianza de la CDB, la Red del Tercer Mundo, informó que en 2019, 50 de los bancos más grandes del mundo respaldaron con más de 2,6 billones de dólares en industrias reconocidas como causantes de pérdida de biodiversidad. Un estudio reciente llegó a la conclusión de que “el sector financiero está financiando la crisis de extinción masiva, al tiempo que socava los derechos humanos y la soberanía indígena”.

  Según la Coalición Mundial por los Bosques, también integrante de la Alianza de la CDB, el financiamiento del clima y la generación de energía renovable subsidiada son una forma de subvención directa que a menudo perjudica a los bosques y no reduce las emisiones. El ejemplo más destacado de ello es el de la central eléctrica de Drax, en el Reino Unido, que recibe dos millones de libras esterlinas (unos 2,8 millones de dólares) al día para producir electricidad altamente contaminante a partir de madera talada de bosques de humedales de gran biodiversidad en el sureste de Estados Unidos, entre otros lugares. Otros ejemplos son el subsidio del Fondo Mundial para el Medio Ambiente a las empresas siderúrgicas para que produzcan carbón vegetal a partir de plantaciones de eucalipto en Brasil, y las numerosas subvenciones a nivel nacional y de la Unión Europea que recibe la industria de la pulpa y el papel en Portugal.

  Recientemente, en un acto organizado por el Secretariado de la CDB, varios de los llamados líderes globales prometieron grandes cantidades de dinero para la biodiversidad. Sin embargo, los países del norte global han incumplido sus compromisos internacionales en relación con fondos nuevos y adicionales. Lo que prometen para la naturaleza está mezclado con todo tipo de planes que no abordan las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad. Y las cantidades prometidas para proteger la biodiversidad se ven claramente superadas por todo el dinero que se invierte en su destrucción.

  Además de estas preocupantes contradicciones e incoherencias, los grupos poderosos y las naciones desarrolladas intentan constantemente y por todos los medios eludir sus responsabilidades. Consideramos que la presión para incorporar en la CDB términos tales como “soluciones basadas en la naturaleza” no es más que otro truco de los grandes contaminadores para incumplir sus obligaciones y una nueva forma de “lavado verde” y de acaparamiento de tierras por parte de las empresas.

  ¿Por qué todo esto no sale en los medios de comunicación? Esto es lo que ocurre cuando los principales actores enfocan toda su atención en determinadas políticas y actividades, tales como el aumento de las áreas protegidas. Las áreas protegidas no son malas en sí, pero están lejos de ser una solución real, como lo es el cambio en nuestros patrones de producción y consumo. La narrativa en torno de la CDB debe reorientarse hacia las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, que son más estructurales y están relacionadas con la justicia y la equidad. Del mismo modo en que el cambio climático ya no es considerado un problema puramente medioambiental, tenemos que entender al panorama general de destrucción de la biodiversidad en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los campesinos, las mujeres, las generaciones futuras y la propia naturaleza. Hay que acabar con la mercantilización de la naturaleza, ya que la naturaleza no nos pertenece ni a nosotros ni a unos pocos privilegiados entre nosotros. La naturaleza no necesita esquemas extravagantes ni mucho dinero para prosperar, necesita que dejemos de destruirla. Esta narrativa debería hacer que todos deseáramos y trabajáramos realmente por un profundo cambio individual y colectivo.

  ¿Qué cambios debería aportar el Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

  La CDB es un acuerdo jurídicamente vinculante y, si se implementa plenamente, tiene un gran potencial. El Marco Global de la Biodiversidad post-2020 debería ser el instrumento para hacer cumplir las obligaciones legales de las partes de la CDB mediante mecanismos de rendición de cuentas que sancionen toda inacción. También es una oportunidad para adoptar un enfoque basado en los derechos que sitúe en el centro del debate a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres y los campesinos, así como a los derechos de la naturaleza, conectando a la CDB con el andamiaje internacional de los derechos humanos. 

  Varios informes han demostrado que se han cometido violaciones de derechos humanos en aras de la promoción de las áreas protegidas. Aunque abordar la crisis de la biodiversidad y el cambio climático es posible e inevitable, diversos intereses presionan para que esta conexión se centre en las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, que no son sino una tapadera para esquemas como las compensaciones, que no benefician a la naturaleza sino al statu quo y no aportan soluciones reales a nuestros problemas estructurales.

  Otro gran desafío radica en el hecho de que la implementación de las normas medioambientales suele estar en manos de los ministerios de medio ambiente, que suelen ser completamente impotentes en comparación con otros que son los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad. Con el nuevo Marco Global de la Biodiversidad esto tiene que cambiar.

  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad se ha pospuesto dos veces debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué desafíos ha provocado esta situación?

  El primer desafío que enfrentamos fue que los países del norte global presionaron fuertemente para continuar con las negociaciones a través de medios virtuales, sin tener en cuenta las diversas dificultades experimentadas no solamente por sus pares del sur global sino también por la sociedad civil. La Alianza de la CDB expresó en varias ocasiones su preocupación por las desigualdades e injusticias de las negociaciones virtuales y apoyó la propuesta de las partes del sur global de posponer las negociaciones. Recién cuando los Estados africanos y algunos latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por esta situación, las naciones ricas dieron marcha atrás. Se mantuvieron las reuniones en línea para que las conversaciones pudieran continuar, pero se estableció que las decisiones solo se adoptarían en reuniones presenciales.

  ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor el trabajo que están realizando en torno del Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

  Algunos de nuestros objetivos son garantizar que el Marco Mundial de la Diversidad post-2020 se centre en una sólida declaración de principios tales como los de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR); un mecanismo para lidiar con los incumplimientos, que incluya sanciones y esté bien integrado con el principio de CBDR; un objetivo centrado en las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente y en las mujeres, ya que ellas son quienes están defendiendo la biodiversidad en el mundo real; y un objetivo sobre la prohibición de grandes alteraciones de la naturaleza.

  Una vez aprobado el Marco, nuestra misión será coordinarnos con las regiones, redes y organizaciones que tienen una conexión directa con quienes trabajan en el terreno y en las primeras líneas. Esta coordinación deberá incluir una difusión masiva e intensa del Marco, pero centrándose en cómo puede empoderar a la gente en sus resistencias, luchas y proyectos.

  Aunque enfrenten obligaciones jurídicamente vinculantes, los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo. Dicha presión no puede producirse en ausencia de empoderamiento e información acerca de las decisiones adoptadas a nivel internacional.

  Póngase en contacto con la Alianza de la CDB a través de susitio web, su página deFacebook y su cuenta deTwitter. 

• CHILE: ‘Este histórico momento constituyente es un logro de la ciudadanía’

  CIVICUS conversa con Marcela Guillibrand De la Jara, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile y Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar. La Red de Voluntarios es una plataforma nacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas que promueven el voluntariado.Ahora Nos Toca Participar es una iniciativa de organizaciones sociales agrupadas en el Nuevo Pacto Social (NPS-Chile) que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y a cohesión social mediante la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito sobre la reforma constitucional previsto para octubre de 2020 y en el proceso constituyente que se espera que se inicie con el plebiscito. La campaña se centra en la formación ciudadana, la creación de espacios de diálogo y la generación de propuestas para alimentar el proceso constituyente.

  

  A fines de 2019 se convocó a un referéndum para disparar un eventual proceso constituyente. ¿En qué medida se trató de una victoria de la sociedad movilizada?

  En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse, para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando en nuestro país desde largo tiempo atrás.

  Todo esto fue inicialmente motivado por el descontento de los jóvenes respecto de un alza de 30 pesos (0,33 USD) en el costo de la tarifa del sistema de transporte de la capital de Chile, el Metro. En reacción al aumento se produjeron manifestaciones que primero se tradujeron en la evasión del pago del pasaje pero que eventualmente se hicieron eco en consignas tales como “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al tiempo que llevamos viviendo en democracia – desde la transición que se produjo en 1990 - y al sentimiento compartido por gran parte de la población de que no somos parte de las decisiones que se han venido tomando. Esto fue alimentado por elevados índices de desconfianza en las instituciones, una gran desafección política y la reacción contra un modelo que empujó a nuestro país a una mirada y a una participación más individualista en todos los ámbitos.

  Ante una movilización que no cedía, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de distintos sectores firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con ello se abrió a la ciudadanía la oportunidad de decidir a través de un plebiscito, que se realizará el próximo 25 de octubre, si desea una nueva constitución. Mediante el plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse además sobre el mecanismo que se utilizaría para redactar la nueva constitución: una convención constitucional, un órgano íntegramente elegido para ello, o por una convención mixta constitucional, que estaría compuesta por un 50% de congresistas actuales y un 50% de representantes elegidos para este cometido. Para un gran sector de la sociedad este proceso abre una oportunidad única de elegir de manera libre el Chile que queremos. Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro de la ciudadanía.

  En el marco de este proceso, la sociedad civil también ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso. De imponerse en el plebiscito la opción de redactar una nueva constitución, regirá para la elección de constituyentes la regla de la paridad de género. Sin embargo, ésta solo operará plenamente si se impone la opción de la convención constitucional, ya que todos los integrantes de este órgano serían elegidos en un acto eleccionario. En cambio, en el caso de la convención mixta constitucional, las reglas de paridad operarían para la mitad del cuerpo que será electo, pero no para la mitad constituida por parlamentarios que ya ocupan una banca legislativa.

  ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil chilena frente a la perspectiva de un proceso de reforma constitucional?

  A medida que se acerca la fecha del plebiscito ha aumentado el interés sobre el tema. Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia de COVID-19, y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte. Así y todo, de a poco han manifestado un interés creciente en el tema constitucional. Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación ciudadana de los cuales puedan disponer y articular distintos espacios formativos a través de plataformas digitales y de otros mecanismos para llegar a distintos territorios, tales como las radios o la mensajería de texto.

  En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red Nuevo Pacto Social, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente - que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra plataforma web, www.ahoranostocaparticipar.cl, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole. La idea es que todas las personas que lo deseen puedan encontrar respuestas en estos materiales sobre la constitución y el posible proceso constituyente, de modo de poder participar en el plebiscito de manera libre e informada y así contribuir a lograr la votación más masiva de la historia de Chile.

  A causa de la pandemia, el plebiscito originalmente planeado para abril fue postergado para octubre. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la postergación y la fijación de la nueva fecha?

  El escenario sanitario motivado por la pandemia obligó a las instituciones pertinentes a mover la fecha del plebiscito para octubre. El sector de sociedad civil con el cual nos relacionamos entendió que el cambio era necesario en función de un bien común superior, la salud de las personas. Por el momento damos por hecho que el plebiscito tendrá lugar en octubre, ya que las instituciones que podrían tomar la decisión de moverlo aún no lo han hecho, por lo que seguimos trabajando en función de esa fecha. Actualmente se están discutiendo temas relativos a la implementación del plebiscito, en primer lugar sobre los resguardos sanitarios, pero también sobre cómo promover la participación de la ciudadanía en esta instancia que sin duda tendrá características muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Se han conformado mesas de trabajo intersectoriales para trabajar en el tema. Primero el Senado formó una mesa para recibir recomendaciones y analizar experiencias comparadas con otros países que han estado en nuestra misma situación. Luego el Servicio Electoral dio continuidad a esta mesa, para seguir trabajando en la línea de garantizar un plebiscito seguro y participativo. A esta mesa han sido invitadas distintas OSC, entre ellas Ahora Nos Toca Participar. Junto a estas organizaciones produjimos un documento de recomendaciones que abarca desde los temas sanitarios hasta la regulación de las campañas, pasando por temas de acceso a información y formación ciudadana, que son nuestros temas. Actualmente, esta mesa continúa en funcionamiento.

  ¿Se están tomando medidas para que la participación ciudadana en la campaña y la votación no se vea menoscabada por efecto de la pandemia?

  El actual escenario de pandemia naturalmente nos obliga a tomar resguardos. Por de pronto, el pasado 26 de agosto, se dio inicio al periodo de propaganda electoral, esto es, a la posibilidad de hacer propaganda en lugares públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral, así como también en los medios de comunicación. El debate está teniendo lugar con mucha fuerza en las redes sociales, que dada la necesidad de tomar recaudos, evitar las aglomeraciones y el contacto físico y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad, constituyen hoy el principal espacio de visibilización.

  Cómo hacer para garantizar a todas las personas el derecho a participar el día del plebiscito es algo que ha estado en discusión. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, algunos lugares de nuestro país permanecen en confinamiento, múltiples sectores se encuentran en cuarentena por casos activos y hay comunas que habían iniciado un plan de desconfinamiento pero tuvieron que retroceder ante el rebrote del virus.

  ¿Cómo garantizamos el derecho a la participación de las personas contagiadas de COVID-19? ¿De qué alternativas disponemos? Estas son preguntas que hoy debate tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes que están en condiciones de dar una respuesta a esta demanda. 

  En esta línea, en conjunto con diversas OSC estamos impulsando una serie de recomendaciones que atienden no solamente el aspecto sanitario - para que pacientes con COVID-19 puedan sufragar – sino también cuestiones tales como la garantía del acceso a información oportuna y de formación ciudadana para todas aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la participación por múltiples razones, entre ellas por no contar con canales de información adecuados para recibir los contenidos o porque éstos no se disponibilizaban en diferentes lenguas. En ese sentido, es importante que se hagan los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la participación, no solo a quienes en este momento podrían no estar en condiciones de ejercerlo por razones de salud, sino también a quienes se han encontrado históricamente en una situación más vulnerable, tales como los adultos mayores, los miembros de pueblos originarios, las poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes.

  El espacio cívico en Chile es clasificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

  Contáctese con Ahora Nos Toca Participar a través de susitio web,Instagram o su perfil deFacebook, y siga a@ahrnostoca y a@marbrandd en Twitter.

• CHILE: “La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale”

  CIVICUS conversa acerca del inminente referéndum constitucional de Chile con Julieta Suárez Cao, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de Política Comparada en la Universidad Católica de Chile. Julieta desempeñó un rol destacado en el diseño y la promoción de un sistema electoral innovador que aseguró un resultado paritario de género en las elecciones constituyentes chilenas de 2021, por lo cual recibió el Premio al Compromiso Público 2022 de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política.

  ¿Cuáles consideras que han sido los elementos más novedosos del proceso constituyente chileno?

  Un elemento novedoso ha sido la conformación de la Convención Constitucional. Si bien en otras partes del mundo ya había habido experiencias tales como tener escaños reservados para pueblos indígenas y permitir las candidaturas extrapartidarias, en Chile a estos dos elementos se le agregó la conformación paritaria de género. Esto ya había ocurrido en la ciudad de México, pero nunca se había hecho a nivel nacional.

  Otro elemento novedoso tiene que ver con es un cambio de constitución, no una simple reforma. Es un cambio profundo a partir de una hoja en blanco, sin ninguna clase de acuerdo que establezca los parámetros de lo que se puede cambiar y lo que no. Lo único establecido fueron tres procedimientos centrales: la regla de los dos tercios para la votación de las normas, el plebiscito de entrada (para habilitar la convocatoria a la Convención Constitucional) y el plebiscito de salida (para aprobar la nueva constitución).

  También cabe resaltar que es un cambio constitucional que se produce en democracia, y no en un momento de transición. Si bien es una respuesta a la crisis social y política que sufre Chile, no es una respuesta apresurada a una situación coyuntural, dado que la discusión constituyente viene de mucho antes del estallido social del 2019. La expresidenta Michelle Bachelet ya había intentado llevarla adelante durante su último mandato, de 2014 a 2018, pero no lo consiguió. La derecha, que gobernó con Sebastián Piñera en el período siguiente, advirtió que iba a “cajonear” todo proyecto de reforma constitucional, y así lo hizo – hasta que el estallido social la obligó a reevaluar su posición, ante la necesidad de encauzar las demandas sociales por una vía institucional, mediante un proceso constituyente.

  ¿Cómo se ha dividido el campo político frente al plebiscito del 5 de septiembre sobre la Constitución?

  Las líneas divisorias frente al plebiscito constitucional son muy interesantes. La Convención Constitucional fue extremadamente transparente, tal vez demasiado, porque para cierta literatura especializada la política a veces necesita de cierta opacidad. Esto, en cambio, fue como un reality show constitucional, un espectáculo que era transmitido todos los días, las 24 horas del día. Evidentemente, las noticias que llegaban a la prensa solían ser sobre temas intrascendentes e incluso ridículos, que no representaban lo que realmente estaba ocurriendo allí. Por ejemplo, una constituyente propuso una derogar todos los poderes estatales; por supuesto, esto ni siquiera salió de la comisión, pero sin embargo ocupó los titulares durante mucho tiempo. Estas cosas generaron un clima adverso a la Convención, que creo afectó mucho la campaña.

  Visto en perspectiva, fue un proceso muy dinámico que, en tan solo un año, logró generar el documento completo de una nueva constitución. El proceso fue bueno, aunque haya dejado un clima de opinión enfocado en debates absurdos que fueron magnificados por los medios.

  Este clima de opinión terminó delimitando dos campos. Por un lado, el campo del rechazo, donde no está solamente la derecha, sino también muchas figuras de centroizquierda, incluidos muchos actuales senadores y senadoras. Son figuras que se unen al rechazo por muchas razones, no solamente porque no están de acuerdo con muchas de las reformas propuestas.

  En suma, la coalición del rechazo va desde la ultraderecha –que en Chile no solamente tiene presencia, sino que hace menos de un año llegó a la segunda vuelta presidencial– a figuras ubicadas en el centro político. Pero fueron estas últimas las que se convirtieron en la cara visible de la campaña del rechazo a la constitución.

  Esto ha sido el resultado de una buena estrategia comunicacional consistente en delegar la vocería en figuras moderadas y esconder a las extremistas. Casi no han hecho marchas ni actos públicos, porque lo que se vio frente al plebiscito de entrada fue que estas manifestaciones incluían armas, banderas nazis, esvásticas, imágenes que provocan un repudio fuerte.

  Por su parte, la coalición a favor de la nueva constitución incluye a numerosos ex convencionales, la mayoría de los cuales ha hecho campaña a favor, a diputadas y diputados, senadores y senadoras, y a muchos artistas populares. El gobierno no tiene permitido participar de la campaña ni pronunciarse directamente por una u otra opción. Por esta razón, solamente intervino mediante la provisión de información: en particular, colaboró con la impresión de la nueva constitución, que es ahora uno de los libros más vendidos en Chile.

  ¿Está la sociedad chilena surcada por esas mismas divisiones?

  Lo que muestran las encuestas de opinión pública es que la sociedad chilena no está polarizada, como sí lo están las élites.

  En Chile hay una polarización asimétrica, fenómeno que también ocurre en países como Brasil y Estados Unidos. Lo que genera esta polarización asimétrica es la presencia de un extremismo de derecha. La ultraizquierda, en cambio, es muy pequeña: tiene muy pocos votos, carece de presencia mediática y no tiene visibilidad nacional. La extrema derecha, en cambio, está casi normalizada.

  Lo que ocurre frente al referéndum es que éste es por naturaleza polarizante, simplemente por el hecho de presentar dos opciones contrapuestas. Si el plebiscito ocurre en un contexto donde las élites están polarizadas, se genera una división más pronunciada. Por el momento, sin embargo, pienso que los efectos no han llegado a lo profundo de la sociedad chilena.

  Hace unos meses las encuestas parecían mostrar una mayoría a favor de la aprobación, que luego parece haberse invertido. ¿Se ha erosionado el consenso reformista?

  Yo no diría que el consenso reformista se ha erosionado. Prácticamente nadie defiende la Constitución de Pinochet: casi todos los que promueven el rechazo lo hacen con el argumento de que hay que rechazar para luego reformar. Es decir, casi nadie aboga por mantener la constitución actual, aunque si gana el rechazo eso es precisamente lo que ocurrirá. Al menos, en el corto plazo. Dada la falta de acuerdos dentro de la coalición por el rechazo, su triunfo abriría un período de enorme incertidumbre.

  Ahora bien, si bien el consenso reformista no se ha erosionado, sí se ha generado un clima de opinión distorsionado mediante campañas de desinformación, con interpretaciones poco plausibles de los debates y noticias falsas para sembrar dudas sobre los contenidos del texto constitucional. Por ejemplo, circuló mucho la afirmación de que la nueva constitución no protege la propiedad privada o que las personas indígenas tendrían “privilegios”. Todo esto enrareció el debate público y echó un manto de dudas sobre la viabilidad de la propuesta.

  ¿Cuáles consideras que son los aspectos más positivos, y cuáles los más negativos, de la nueva constitución?

  Personalmente, la nueva constitución me gusta mucho. Establece un sistema político con menos poderes presidenciales y mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. La constitución actual, en cambio, está muy sesgada a favor del “hombre fuerte”, como buena constitución autoritaria.

  También me gusta la definición de Chile como un Estado regional, una especie de forma intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. Chile es de los países más centralizados de América Latina y el más centralizado de los países democráticos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

  Toda la agenda de derechos y de Estado social que incorpora la nueva constitución también me parece muy positiva. Y la incorporación de la paridad el enfoque de género y la multiculturalidad son grandes avances. Ya era hora de tener un reconocimiento a la plurinacionalidad y a los pueblos indígenas.

  Mis dudas son justamente en relación con temas que escapan de mi área de conocimiento: tienen que ver con algunos aspectos de la plurinacionalidad, como la implementación de sistemas de justicia diferenciados y autonomías indígenas. Este es también uno de los temas que genera mayor rechazo en la opinión pública, donde se mezclan cuestiones de racismo y clasismo, en un contexto complicado ya que en el sur de Chile se mantiene un conflicto entre el Estado y algunas comunidades del pueblo Mapuche.

  Pero lo cierto es que la mayoría de estas cuestiones solamente están enunciadas en la constitución y quedarán sujetas a la legislación ordinaria por parte de este Congreso, que no tiene representación reservada para los pueblos indígenas. Por esto, en mi opinión estos asuntos se moderarán mucho más y no habrá cambios muy radicales.

  En la ciudadanía en general, los derechos sociales son lo que genera más adhesiones. Poca gente defiende el Estado neoliberal o subsidiario que tiene Chile, aunque ciertos sectores de las élites muestran preocupación en relación con el costo de estos cambios: se preguntan de dónde saldrá el dinero para financiar todos estos derechos. ¡Como si esto fuera un buen argumento para decidir si reconocer o no un derecho!

  ¿Qué pasa si la nueva constitución es aprobada, y qué pasa si es rechazada?

  Si la Constitución es aprobada el proceso continúa, ya que muchas disposiciones de la nueva constitución quedan sujetas a la legislación ordinaria. En ese caso, se abrirá un proceso de intensa actividad legislativa para dar una forma concreta a los mandatos de la nueva Constitución.

  Si gana el rechazo, mucho dependerá del margen que obtenga. Si gana por mucho, será más difícil que el proceso constituyente continúe. De ganar la opción por el rechazo, el gobierno inmediatamente enviará un proyecto de ley para convocar a una nueva elección de convencionales. Pero su aprobación requiere de 4/7 de los votos en las dos cámaras, una mayoría que el gobierno no tiene, por lo que necesita los votos de la derecha. La disposición de la derecha a sentarse a negociar dependerá del margen de su victoria.

  Si gana por poco, intentará diseñar un proceso constituyente más inofensivo, con una convención más pequeña, con un mandato más breve, sin paridad de género, sin pueblos indígenas o con muy pocos escaños reservados. Si gana por mucho, no habrá convención constitucional, sino una reforma a través del Congreso o de una comisión de expertos. Aquí volveríamos a fojas cero y habría que volver a negociar absolutamente todo.

  La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale y el proceso no continúa o continúa de una manera insuficiente. No me atrevo a aventurar una respuesta a esta pregunta.

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• COP26: “La juventud está presentando propuestas, no se limita a exigir cambios sosteniendo un cartel”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Antonella Regular y Joaquín Salinas, respectivamente Coordinadora de Comunicación y Coordinador del área de Formación de Juventudes COP Chile, una plataforma independiente de jóvenes enfocada en la acción climática. La agrupación busca generar espacios de incidencia para la población juvenil y es un espacio intergeneracional e interseccional de enseñanza mutua.

  

  ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en Chile?

  Un problema de base corresponde directamente a las zonas de sacrificio medioambiental o con un alto nivel de impacto ambiental, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes que tienen un impacto directo sobre las comunidades. Otro problema es la minería y la forman en que los derechos de extracción se posicionan sobre los derechos de las comunidades y el medio ambiente, con explotaciones como la del controversial proyecto Dominga en la región de Coquimbo, en la costa centro-norte de Chile. Y en el sur, el tema de la deforestación.

  Estas problemáticas ambientales son nuestra vía de entrada en las comunidades: nos permiten conocer cuáles son los desafíos y las metas para poder incidir y accionar, y no solamente exigir. Desde la plataforma buscamos generar soluciones para los problemas.

  El hecho de que los jóvenes no encuentren espacios donde sean escuchados y puedan participar activamente en la toma de decisiones también es un problema. Ahora Chile está pasando por un proceso constituyente: tenemos una Asamblea Constituyente muy diversa y plural, elegida directamente por la ciudadanía, que está redactando una nueva Constitución. Por primera vez existe la posibilidad de que algunas demandas históricas que fueron ignoradas durante mucho tiempo sean atendidas. En este momento decisivo es importante que los jóvenes sean incluidos en la toma de decisiones y que puedan incidir en el diseño de políticas públicas progresistas.

  ¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

  La plataforma Juventudes COP Chile trata de ser un puente entre la sociedad civil y los espacios de incidencia internacionales como las conferencias climáticas. Nuestro objetivo es la sociedad civil en su conjunto se empodere con opiniones y exigencias para incidir en estos espacios. Hemos abierto espacios de participación y generado alianzas, y todas las propuestas que han surgido en esos espacios serán entregadas a la COP26. 

  Juventudes COP Chile promueve la participación de los jóvenes y los incita a tomar una posición activa. Estamos presentando propuestas, no nos limitamos a exigir cambios sosteniendo un cartel.

  ¿Qué avances esperan de la COP26? Más en general, ¿qué utilidad les ven a estos procesos internacionales?

  Hay muchos asuntos que quedaron pendientes de la COP25. Por ejemplo, cerrar el libro de reglas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, para que estados y empresas intercambien unidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Esperamos que en esta COP los países se pongan de acuerdo de una vez y haya un gran avance en ese sentido. También deberían dejar de aplazar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) hasta el 2050. Y las NDC deberían dejar de ser voluntarias. Esto parece casi una burla teniendo en cuenta el estado de la crisis climática.

  Es urgente que haya avances porque estamos viendo que el cambio climático es real y está ocurriendo. Algunos cambios son ya irreversibles: los estamos experimentando diariamente en nuestro relacionamiento con el medio ambiente y es posible que apenas podamos ya adoptar normas de adaptación.

  Las partes participantes de la COP26 deberían darse cuenta de eso y dejar sus intereses de lado para pensar en la supervivencia de la especie humana. Deben escuchar a la ciencia y a los jóvenes. La participación de los jóvenes en estos procesos no puede ser un mero protocolo: debe ser real, activa y significativa.

  ¿Qué cambios les gustaría ver, en el mundo o en su comunidad, que puedan ayudar a resolver la crisis climática?

  En nuestras comunidades esperamos una mayor participación y acceso a la información. En Chile hay una gran centralización: todo ocurre en la capital, Santiago de Chile, y eso genera un déficit de participación ciudadana en la toma de decisiones y de entrega de información en las comunidades. Esperamos que se avance en temas de descentralización y redistribución de poder efectivo de toma de decisiones.

  Uno de los principios de Juventudes COP Chile es precisamente la descentralización, y por eso trabajamos con personas de diferentes partes del país. Nos gustaría ver una adopción más masiva de algunas de las prácticas que integramos en Juventudes COP, tales como el artivismo, la cultura regenerativa, la horizontalidad y el trabajo comunitario.

  A nivel nacional, esperamos que los políticos empiecen a tomarse este problema en serio. Tienen que trabajar para reducir la contaminación y paliar la crisis climática. Deben partir del reconocimiento de que la crisis climática es una crisis de derechos humanos, que afecta drásticamente la calidad de vida de las personas y las comunidades más vulnerables. Es importante que haya un reconocimiento de que esto está ocurriendo y de que es un problema grave.

  Un paso importante para empezar a andar sería que Chile finalmente firme el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Durante años Chile impulsó las negociaciones que resultaron en este acuerdo, pero luego decidió no firmarlo. Debería hacerlo sin demoras.

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• ECUADOR: “La sociedad civil debe poner en evidencia el valor agregado de su participación”

  CIVICUS conversa con Estefanía Terán, directora de incidencia de Grupo Faro, acerca del rol de la sociedad civil organizada en las elecciones presidenciales de Ecuador y los retos que la sociedad civil enfrenta en la actualidad. Grupo Faro es un centro de investigación y acción independiente del Ecuador que genera evidencia para incidir en la política pública y promover la transformación y la innovación social.

  

  ¿Qué roles desempeña la sociedad civil ecuatoriana durante los procesos electorales?

  No hay mucho acercamiento de los partidos políticos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para nutrir sus propuestas. Si bien algunas recurren a OSC en busca de información, otras contratan a consultoras privadas. Esto ocurre porque muy pocas organizaciones políticas tienen dentro de sus estructuras un equipo y/o las herramientas necesarias para desarrollar planes de gobierno de calidad, con contenidos claros, que respondan a las necesidades de la población o de sus votantes, y cuyo diagnóstico parta de un ejercicio de investigación riguroso, objetivo y técnico.

  Durante las elecciones las OSC desarrollan iniciativas para promover el voto informado. Así, construyen plataformas web u otras herramientas comunicacionales para visibilizar desde una perspectiva ciudadana las propuestas de los distintos contendientes. Mediante este trabajo, en las últimas elecciones se organizaron las iniciativas con criterios ideológicos y en términos de su respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, con el propósito de poner en evidencia el cómo de las ofertas, que en general solo enuncian el qué, se desarrollan foros y debates entre los y las candidatas.

  Grupo FARO forma parte del grupo de OSC que promueven el voto informado; en ese marco desarrollamos la iniciativa Ecuador Decide. Esta iniciativa, que es activada en tiempos de elecciones desde 2017 y ya ha sido implementada en cuatro oportunidades, tiene el objetivo de propiciar un ejercicio del voto basado en las propuestas programáticas de los distintos candidatos y candidatas y de las organizaciones políticas que los respaldan. Para ello, recopila, difunde y analiza los contenidos de todos sus planes de gobierno.

  En las elecciones de 2021, Grupo FARO analizó los planes de gobierno de todos los y las candidatos presidenciales. Encontramos que, de las 1500 propuestas identificadas bajo 16 temas de relevancia nacional, solo el 55,5% contenía información sobre cómo iban a ser ejecutadas, y únicamente el 26,7% explicaba a quién estaban dirigidas.

  Además, a partir de nuestra experiencia organizando debates entre candidatos y candidatas durante las elecciones seccionales, asistimos al Consejo Nacional Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales, que a partir de la reforma al Código de la Democracia de febrero de 2020 pasaron a ser obligatorios.

  ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la baja calidad de los planes de gobierno?

  La baja calidad de los planes de gobierno, que hace que no sean instrumentos adecuados para informar a la población sobre las posturas de los diferentes candidatos, candidatas y organizaciones políticas, responde a la falta de exigibilidad y reglamentación de parte del organismo rector, que no exige que estos documentos cumplan con estándares mínimos y puedan ser comparables entre sí. De hecho, hemos analizado algunos planes de gobierno de tres páginas y otros de más de cien. Además, en muchos casos difieren del discurso del o la candidata o incluyen propuestas ajenas a su ámbito de competencia. Por esto, no es común que los electores accedan a estos instrumentos para informarse, y, por ende, no tiene otro propósito que cumplir con un requisito formal para registrar la candidatura. Esto último contradice el hecho de que una de las causales para solicitar revocatoria de mandato de autoridades de elección popular es el incumplimiento de su plan de gobierno.

  El alto grado de generalidad de las propuestas contenidas en los planes de gobierno hace que el discurso de campaña de los candidatos apunte al votante mediano, y que estratégicamente los candidatos no se diferencien. Esto fragmenta las preferencias de los electores y genera complicaciones, tales como el estrechísimo margen entre el segundo y el tercer lugar en las últimas elecciones, entre los candidatos Guillermo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades, y Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Ello hizo que quien ganó en segunda vuelta fuera alguien que en la primera vuelta no había alcanzado ni el 20% del voto total: llegó al poder por efecto de un voto obligatorio, con muy baja legitimidad, y un alto riesgo de enfrentar problemas de gobernabilidad en el mediano plazo.

  ¿Qué desafíos enfrenta la sociedad civil ecuatoriana bajo el nuevo gobierno?

  A pesar de que no se identificaron propuestas específicas en relación con la promoción de la participación de la sociedad civil, el presidente Lasso ha procurado emitir un mensaje amigable y de colaboración. Sin embargo, debido a su origen empresarial, el gobierno tiende a equiparar a la sociedad civil con el sector privado. Esto decanta en dos retos para la sociedad civil. El primero es diferenciarse del sector privado y el segundo es trabajar de forma armoniosa con éste. Para esto debe promover un ejercicio de reflexión sobre el rol actual de la sociedad civil y poner en evidencia el valor que su involucramiento agrega a la gestión pública. Además, debe insistir en que esta participación no se circunscriba a unas pocas organizaciones afines al gobierno, sino que sea abierta e inclusiva, plural y diversa.

  Lo anterior implica, por un lado, avanzar en un proceso de fortalecimiento organizacional de la sociedad civil para el trabajo colaborativo entre sí y con otros actores. Y, por otro lado, iniciar un proceso de aprendizaje y de generación de confianza con el sector privado. Hay una gran oportunidad para que la sociedad civil organizada contribuya a que el aporte de las empresas a lo social se haga desde la transparencia, con rectoría pública y en base a principios internacionales de funcionamiento efectivo de alianzas público-privadas sociales que garanticen proyectos o acciones de calidad, y que vayan más allá del beneficio corporativo.

  La antesala para el desarrollo de las alianzas previamente mencionadas es la promulgación de una ley mínima para las OSC que nos dé seguridad jurídica y nos proteja de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Al momento estamos normadas por un decreto ejecutivo y bajo una lógica de concesión y control, y no de registro y corresponsabilidad. Lograr la promulgación de una ley que contribuya a la construcción de un ambiente habilitante y de fomento de la participación es otro de los desafíos que tenemos como sector en este periodo de gobierno. Grupo FARO, en alianza con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y otras organizaciones aliadas, promueve una propuesta de ley mínima que, en la anterior Asamblea Nacional, llegó hasta la instancia del desarrollo de un informe para segundo debate.

   

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• ESPAÑA: ‘El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder’

  CIVICUS conversa con Carmen Miquel Acosta, abogada especializada en género de Amnistía Internacional España, acerca de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como “Ley Solo sí es sí”, y el rol de la sociedad civil a la hora de impulsar los derechos de las mujeres.

  ¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en la aprobación de la “Ley Solo sí es sí”?

  La “Ley Solo sí es sí” es un ejemplo claro de trabajo conjunto del movimiento de mujeres, y especialmente del movimiento feminista, inserto en todos los ámbitos, tanto de la sociedad civil como del gobierno, para dar respuesta a una situación.

  Uno de sus detonantes fue el caso “La manada”, un caso de violación grupal ocurrido en Pamplona en 2016. La respuesta judicial a ese caso fue un ejemplo perfecto de lo que es la justicia, o más bien la injusticia patriarcal, la forma en que operan los estereotipos y el principio de no creer en la víctima.

  En 2018 la justicia decidió que lo ocurrido no había sido violación sino solamente “abuso sexual”, y condenó a los cinco miembros de la “manada” a nueve años de prisión por ese delito. La indignación frente al veredicto provocó grandes protestas y el movimiento de mujeres se hizo más masivo. Muchas mujeres jóvenes que por primera vez se estaban acercando al feminismo se movilizaron.

  También fue entonces cuando desde Amnistía publicamos un informe que ponía de manifiesto la falta de políticas públicas específicas frente a la violencia sexual, la falta de datos y la ausencia de un marco legal para hacer frente a esta violación de los derechos humanos fundamentales. Desde entonces hemos reclamado una ley para abordar el tema.

  La participación en el proceso legislativo fue masiva y la sociedad civil aportó muchísimos insumos, como resultado de los cuales el anteproyecto fue mejorado.

  El proceso se prolongó bastante, por un lado porque se habilitó la participación, pero también porque en España cuando se hacen leyes orgánicas que tratan sobre derechos fundamentales se necesitan informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todos esos informes informaron el proyecto de ley y permitieron un tratamiento más riguroso del tema.

  ¿Cuáles fueron los principales temas de preocupación para las organizaciones feministas en el desarrollo de la ley?

  En primer lugar, la falta de un diagnóstico. Este era un tema que preocupaba a Amnistía porque vemos una tendencia a lidiar con los problemas sin diagnosticarlos antes y a no evaluar la efectividad de las políticas públicas adoptadas.

  Por medio de esta ley el gobierno buscaba, entre otras cosas, implementar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, o Convenio de Estambul, que exige a España adoptar políticas públicas de prevención. Ello requiere un diagnóstico y datos sistematizados.

  Otra cuestión importante fue la de la judicatura. España recibió un dictamen del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por un caso de aplicación de estereotipos por parte de una jueza. En este proceso, una discusión central fue cómo lidiar con la aplicación de estereotipos por parte de la judicatura, qué formación deben recibir los y las funcionarias y hasta qué punto ésta debe ser obligatoria, sin que pueda considerarse interferencia con la independencia del Poder Judicial.

  Otro tema que también nos preocupaba, pero que finalmente no fue incluido en la ley, fue el de la violencia sexual como tortura. En España, este uso de la violencia sexual se ha dado en los lugares de detención, especialmente contra personas extranjeras. La ley no se llega a establecer un delito de tortura, que es un delito imprescriptible y que conlleva otro tipo de investigación por tratarse de un crimen de derecho internacional.

  Otra cuestión que a nuestro parecer no fue recogida de manera adecuada es la de las mujeres extranjeras en situación irregular. Aunque el Convenio de Estambul establece que no es necesario hacer la denuncia para acceder a servicios de violencia de género, en los casos en que las mujeres denuncian, si por el motivo que sea no hay una condena, sus expedientes de expulsión pueden reabrirse.

  Finalmente, hubo algunos temas, como el del trabajo sexual, que generaron debates dentro del feminismo que aún permanecen irresueltos. La postura de Amnistía es que las trabajadoras sexuales tienen derechos humanos y la criminalización del trabajo sexual no solamente no las ayuda, sino que las pone en una situación de estigmatización. Lamentablemente los colectivos de trabajadoras sexuales no fueron consultados en el proceso.

  ¿Qué dificultades enfrentará la implementación de la ley?

  Esta es una ley muy ambiciosa, cuya implementación requiere muchos recursos. Deberá implementarse en todo el territorio de España, que incluye 17 comunidades autónomas, cada una con sus competencias en materia de servicios sociales y justicia, entre otras áreas implicadas en la implementación de la ley. Todo esto plantea el interrogante de cómo se traducirá el texto de la ley en realidad efectiva.

  ¿Cuáles son los próximos desafíos en materia de derechos de las mujeres?

  El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder. En este momento está sobre la mesa una reforma de la legislación sobre el aborto para eliminar barreras de acceso a este derecho, y va a ser un tema controvertido en el debate parlamentario.

  La opinión está muy polarizada y hay un discurso de demonización del otro, algo que es muy evidente en el uso de la etiqueta de la “ideología de género”. La libertad de expresión hace a la riqueza de la democracia y debe ser protegida, especialmente cuando se dicen cosas que no nos gustan. Pero algo muy diferente son los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la apología del odio, dos cosas que van en aumento.

  En relación con los derechos de las mujeres estamos viendo retrocesos en países cercanos como Hungría. Las conquistas de derechos que habíamos acabado dando por sentados no se están consolidando o están experimentando retrocesos. De ahí la importancia de aumentar la concienciación en materia de derechos humanos y la participación de la ciudadanía. En medio de esta batalla ideológica, la democratización del lenguaje de los derechos es hoy más urgente que nunca.

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• ESTADOS UNIDOS: “La elección de 2020 es un mandato político y moral contra el fascismo”

  CIVICUS conversa sobre la supresión de votantes y sus implicancias para la democracia en Estados Unidos con Yael Bromberg, asesora principal en el área de derechos electorales en la Fundación Andrew Goodman, una organización que trabaja para convertir a las voces de los jóvenes -uno de los grupos de votantes más subrepresentados de los Estados Unidos- en una poderosa fuerza para la democracia. La Fundación fue establecida en 1966 para perpetuar el espíritu y la misión de Andy Goodman, quien en 1964 se unió a Freedom Summer, un proyecto para registrar a los afroamericanos para votar y así desmantelar la segregación y la opresión, y fue asesinado por el Ku Klux Klan en su primer día en Mississippi. La Fundación apoya iniciativas de desarrollo del liderazgo juvenil, accesibilidad del voto y justicia social en casi un centenar de instituciones de educación superior en todo el país.

  

  Para un observador externo es confuso que un país que se promueve a sí mismo como el paradigma de la democracia ponga barreras que limitan el derecho al voto de millones de sus ciudadanos. ¿Podría contarnos un poco más acerca del fenómeno de la supresión de votantes en Estados Unidos?

  Es cierto que Estados Unidos se ha promocionado a sí mismo como un modelo de democracia. Como ciudadana inmigrante y naturalizada cuyos abuelos sobrevivieron al Holocausto y a los gulags soviéticos, aprecio el carácter único de algunas de las libertades que se disfrutan en este país. Por ejemplo, si bien nuestro sistema judicial se encuentra actualmente bajo seria amenaza debido a la politización y la polarización de la magistratura, generalmente ha resistido el tipo de corrupción que está enraizado en otros países. Aunque nuestro sistema legal está en tensión y hay ciertas prácticas arraigadas, como la extrema impunidad policial, que deben ser abordadas, nuestro sistema legislativo puede, si lo desea, colmar las brechas que ha dejado el poder judicial. Pese a que la inyección de grandes cantidades de dinero, incluido dinero de oscura procedencia, ha ahogado a nuestra política, los más serios defensores de la democracia, que han resistido a cosas mucho peores, nos enseñan que la democracia es un viaje largo y persistente más que un destino. Sí, en este país tenemos problemas sistémicos que requieren una reforma profunda, y las vidas de personas de carne y hueso se resienten a causa de las disfuncionalidades de la tiranía de una minoría. Pero también contamos con los principios fundacionales de los Estados Unidos – la libertad y la igualdad - y la posibilidad de realizar nuestro ideal.

  En la época fundacional de esta nación, solo los hombres blancos que eran propietarios tenían derecho al voto. Mediante el proceso de ratificación constitucional se abolió la esclavitud y se concedió el derecho de voto a los hombres liberados. Persistieron leyes injustas, tales como las pruebas de alfabetismo y los impuestos electorales, utilizados para evitar que las minorías raciales votaran. Esto se combinó con otras leyes de la era de Jim Crow que ofrecían razones arbitrarias para encarcelar a esclavos liberados y obligarlos a regresar a los campos de trabajo, privándolos del derecho al voto cuando eran liberados. La resistencia popular aumentó en la medida en que la violencia física y política del sistema de segregación se fue poniendo en evidencia en la década de 1960, y resultó en leyes más fuertes y nuevas enmiendas constitucionales.

  Hoy en día la supresión de votantes equivale a la situación del zorro que guarda el gallinero. Quienes tienen el privilegio de definir las leyes determinan quiénes están adentro y quiénes quedan afuera. Por ejemplo, las leyes estrictas de identificación de votantes que van más allá de exigir una prueba de identidad estándar se extendieron por todo el país tras la elección de Obama como presidente. Alabama estableció reglas estrictas de identificación de votantes y luego cerró las oficinas de emisión de licencias de conducir, adonde se podían obtener tales identificaciones, en extensas zonas rurales del estado donde reside la población negra. Los políticos trazan los límites de sus distritos para asegurar el futuro de su propio partido y sus futuras oportunidades personales de ocupación de cargos. No hay lugares de votación en los campus universitarios, donde se concentran los jóvenes. Incluso durante una pandemia global, el voto por correo sigue sin ser un derecho universal. Mientras que un estado, Nueva Jersey, establece por lo menos diez urnas por ciudad para recolectar las boletas enviadas por correo, otro, el de Texas, recurrió exitosamente a los tribunales para limitar las urnas a una por condado. Para empeorar las cosas, cuando estas leyes son llevadas a los tribunales, éstos no siempre fallan a favor de los votantes.

  La temporada electoral de 2020 ha sido particularmente sorprendente. El poder judicial federal parece obsesionado con la idea de que los cambios de última hora en las reglas electorales conducen a la supresión de votantes, incluso cuando se trata de leyes que amplían el acceso al voto. Esto desafía la lógica. Si una ley limita el acceso, se entiende. Pero si una ley simplemente amplía el acceso, no está claro dónde está el perjuicio para los votantes.

  La pregunta que surge naturalmente de nuestro paradigma es: si Estados Unidos realmente es un ejemplo de democracia, entonces ¿por qué tenemos tanto miedo de abrazar las primeras tres palabras de nuestra Constitución: “Nosotros el pueblo”?

  ¿Considera que la supresión de votantes ha sido un tema crucial en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020?

  Absolutamente. Las elecciones presidenciales de 2020 arrojan por lo menos cinco conclusiones importantes: 1) Nuestros gobiernos estaduales pueden ampliar fácilmente el acceso a las urnas de manera segura, entre otras cosas extendiendo los períodos de votación anticipada y las oportunidades para votar por correo; 2) Los votantes de todos los partidos aprovechan estos mecanismos y se benefician de ellos, como lo demuestra el récord de participación electoral de este año; 3) La expansión y la modernización electorales no conducen al fraude electoral; 4) Este año los votantes se sintieron motivados a votar a pesar de los obstáculos discriminatorios y arbitrarios que se interpusieron en su camino; 5) El mito del fraude electoral, más que la evidencia real y sistémica de fraude, ha surgido como una amenaza significativa tanto para proteger el acceso a las urnas como para mantener la confianza pública en nuestro sistema electoral.

  En 2013, la Corte Suprema eliminó una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Esa salvaguarda exigía que los estados con un historial demostrado de supresión de votantes obtuvieran aprobación antes de modificar sus leyes electorales. Eliminada la salvaguarda, se abrieron las compuertas para la supresión de votantes. El número de lugares de votación se redujo: entre 2012 y 2018 se cerraron 1.700 lugares de votación, 1.100 de ellos entre las elecciones de mitad de período de 2014 y las de 2018. Se aprobaron leyes estrictas de identificación de votantes, lo que dificultó el acceso al voto de las personas pobres, de color y jóvenes. Otras medidas, como la depuración de los registros estaduales de votantes y la rezonificación de los distritos electorales, diluyeron aún más el poder de voto. Es importante tener en cuenta que todo esto sucede a costa de los contribuyentes, quienes pagan la cuenta de un poder judicial tapado de casos acumulados y los costos de los litigios del partido gobernante; y a costa de los votantes, que se ven obligados a aceptar los resultados de un sistema electoral amañado, aunque en el futuro la legislación que suprime votantes podría ser revocada.

  La cantinela mentirosa del fraude electoral ha provocado una regresión de los derechos en todos los ámbitos. No hay razón alguna para que, especialmente en medio de una pandemia, el acceso al voto por correo no sea universal. Sin embargo, ocho estados solo permitieron votar por correo a los votantes que superaban cierta edad, pero no a los votantes más jóvenes. La pandemia no discrimina y nuestro sistema electoral tampoco debería hacerlo. De manera similar, el Servicio Postal de los Estados Unidos repentinamente se politizó cuando se fue haciendo cada vez más evidente que la gente votaría por correo en cantidades sin precedentes. Se reanudaron las discusiones sobre su privatización y se ordenó desmantelar costosas máquinas clasificadoras de correo sin otro motivo que el de suprimir el voto. A continuación de la elección, la campaña de Trump causó mucho daño en su intento de deslegitimar los resultados, a pesar de que no se encontró evidencia alguna de fraude electoral en las más de 50 demandas judiciales que impugnaron el resultado de las elecciones. Le hizo al país un flaco favor, ya que convenció a una proporción sustancial de las bases de uno de los grandes partidos políticos de cuestionar el resultado de una elección que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad había declarado como “la más segura en la historia de Estados Unidos”.

  Mientras ocurría todo esto, la pandemia también impulsó una expansión del acceso en aspectos clave. Incluso algunos estados gobernados por republicanos lideraron la expansión del período de votación anticipada y el acceso a sistemas de votación por correo. Debemos tomar esto como una oportunidad de aprendizaje para impulsar una modernización electoral con sentido común, de modo que no se trate de una ocurrencia única asociada a la pandemia. El COVID-19 ha normalizado la modernización electoral, que pasó de ser un tema marginal propio del progresismo a convertirse en un tema de la agenda compartida, que empodera a los votantes de todo el espectro político. Además, si bien las interminables demandas sin fundamento interpuestas por la campaña de Trump pueden calar en cierto segmento de votantes, cabe preguntarnos si harán que el poder judicial finalmente se convenza de que no hay fraude electoral generalizado. Esto es importante porque invariablemente veremos que a raíz de estas elecciones se introducirán nuevas leyes estaduales de supresión de votantes, como ocurrió tras la elección de Obama en 2008, las cuales ciertamente serán desafiadas en los tribunales. Quizás esta vez el poder judicial responda a tales desafíos de manera diferente, a la luz de la revisión del proceso electoral de 2020.

  Por persistentes que fueran los esfuerzos de supresión de votantes, la respuesta en este ciclo fue abrumar al sistema con más participación electoral. Como era de esperarse, la participación electoral alcanzó niveles inéditos. Las estimaciones iniciales indican que la participación de los jóvenes en este ciclo fue incluso mayor que en 1971, cuando la edad para votar se redujo a 18 años y el registro de potenciales votantes se expandió repentinamente. Simplemente no podemos permitirnos el nivel de apatía electoral que hemos tenido en el pasado. En 2016 se produjeron victorias por márgenes muy estrechos en tres estados clave: Michigan, por 0,2%, Pensilvania, por 0,7% y Wisconsin, por 0,8%. La supresión de votantes ciertamente puede hacer la diferencia en competencias con márgenes tan estrechos. Sin embargo, no debemos olvidar el poder del voto: alrededor del 43% de los votantes habilitados no votó en 2016. Las estimaciones más recientes indican que aproximadamente el 34% de los votantes habilitados, es decir aproximadamente uno de cada tres, no votó en 2020. ¿Cómo podemos mantener esta nueva tasa récord de participación electoral, e incluso mejorarla, cuando la opción por el fascismo ya no esté en juego en las urnas?

  ¿Podría contarnos acerca del trabajo de la Fundación Andrew Goodman en la intersección entre los dos grandes temas del derecho al voto y el racismo sistémico?

  La misión de la Fundación Andrew Goodman es convertir las voces y los votos de los jóvenes en una fuerza poderosa de la democracia. Nuestro programa Vote Everywhere (Vota en Todas Partes) es un movimiento nacional no partidista de participación cívica y justicia social liderado por jóvenes, con presencia en campus de todo el país. El programa proporciona capacitación, recursos y acceso a una red de pares, en tanto que nuestros Embajadores Andrew Goodman registran a votantes jóvenes, derriban barreras para el voto y abordan importantes problemas de justicia social. Estamos en casi 100 campus de todo el país y tenemos presencia en un amplio abanico de campus, incluidas instituciones que sirven a personas de color, tales como colegios y universidades históricamente afroamericanos.

  Lo poderoso de la organización y el voto de los jóvenes es que atraviesa todos los clivajes: sexo, raza, origen nacional e incluso pertenencia partidaria. Esta situación se originó en la historia de la expansión del voto juvenil en 1971, cuando se ratificó la 26ª Enmienda a la Constitución, que redujo la edad para votar a 18 años y prohibió la discriminación por edad en el acceso al derecho al voto. Fue la enmienda que se ratificó más rápidamente en toda la historia de Estados Unidos, en gran medida debido a que recibió un apoyo casi unánime más allá de las divisiones partidarias. Hubo un reconocimiento de que los votantes jóvenes ayudan a mantener la brújula moral del país, como lo manifestó el entonces presidente Richard Nixon durante la ceremonia de firma de la enmienda.

  El legado de Andrew Goodman está directamente relacionado con las luchas de solidaridad entre comunidades para el mejoramiento del conjunto. A lo largo de la década de 1960, los estudiantes universitarios negros del sur se sentaron valientemente ante los mostradores de locales propiedad de blancos en un acto político de protesta por la integración y la igualdad. En mayo de 1964, jóvenes estadounidenses de todo el país se desplazaron hacia el sur en ocasión del Freedom Summer (Verano de la Libertad), para registrar votantes negros y abolir el sistema segregacionista de Jim Crow. Tres jóvenes activistas de derechos civiles fueron asesinados por el Ku Klux Klan con el apoyo de la oficina del alguacil del condado: Andy Goodman y Mickey Schwerner, dos hombres judíos procedentes de Nueva York, de apenas 20 y 24 años, y James Chaney, un hombre negro de Mississippi, de tan solo 21 años. Sus historias tocaron una fibra sensible que ayudó a galvanizar el apoyo para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Se trata de una historia acerca del poder de unos jóvenes visionarios que luchan por su futuro, la solidaridad y el poder que es posible construir a partir de la confluencia y el trabajo conjunto de estadounidenses de diferentes orígenes.

  Los activistas jóvenes lideraron varios movimientos de justicia social de la década de 1960, tal como lo hacen hoy. Cuando este país respondió y promulgó reformas críticas, los jóvenes finalmente utilizaron su propio derecho al voto cuando fueron enviados a la muerte al comienzo de la interminable guerra de Vietnam. Hoy en día, los jóvenes lideran el llamado a la justicia climática, el control de armas, la dignidad humana para nuestras comunidades negras e inmigrantes y el acceso a la educación superior. Son quienes más tienen para ganar o perder en las elecciones, porque son quienes heredarán el futuro. Reconocen, particularmente a la luz de los cambios demográficos que ha experimentado el país, que el tema del derecho al voto de la juventud es un tema de justicia racial. En la medida en que podamos ver al voto de los jóvenes como un factor unificador, ya que todos los votantes hemos sido jóvenes alguna vez, tendremos la esperanza de inyectar algo de sentido común en un sistema controvertido y polarizado.

  El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
  Póngase en contacto con la Fundación Andrew Goodman a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@AndrewGoodmanF y a@YaelBromberg en Twitter.

• G20: “La sociedad civil es tratada como un socio de segunda clase y a menudo no es escuchada”

  CIVICUS conversa con María Emilia Berazategui, Coordinadora Global de Incidencia Política de Transparencia International, acerca del rol de la sociedad civil en los foros internacionales e intergubernamentales y el grado en que puede influir en los procesos de toma de decisiones, así como sobre los éxitos conseguidos y los desafíos encontrados en 2019 por el C20, el foro de sociedad civil dentro del G20. Antes de incorporarse a Transparencia Internacional, María Emilia lideró el área de Instituciones Políticas y Gobierno en la organización de la sociedad civil (OSC) argentina Poder Ciudadano. En 2018 fue nombrada Sherpa del C20 bajo la presidencia de Argentina. En 2017 y 2019 fue miembro del Comité Directivo del C20, y en 2018 y 2019 fue copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Anticorrupción del C20.

  ¿Qué es el C20, y por qué es importante?

  El C20 (Civil-20) es uno de los grupos de afinidad oficiales del G20, y es el espacio natural para que las OSC hagan incidencia a nivel del G20.

  Hay otras dos formas en que las OSC pueden participar en los procesos del G20: asistiendo a las reuniones del Grupo de Trabajo del G20, como invitadas, para presentar recomendaciones temáticas, y a través de su presencia en el Centro Internacional de Medios de Comunicación del G20 durante las cumbres, lo que les permite relacionarse directamente con los medios de comunicación que cubren la cumbre del G20 y difundir sus mensajes en torno a temas clave.

  El C20 es un espacio global de la sociedad civil, sin estructura permanente y con una presidencia que rota anualmente, en consonancia con la del G20, para que las OSC de todo el mundo -desde grupos locales y de base hasta grandes OSC internacionales- influyan colectivamente en el G20. Según los recientemente adoptados Principios del C20, su objetivo es garantizar que los líderes mundiales escuchen no solo las voces que representan a los sectores gubernamental y empresarial, sino también las propuestas y demandas de la sociedad civil, y que se guíen por los valores fundamentales de los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible.

  El trabajo de la sociedad civil en el G20 es importante porque estamos a apenas 10 años de la fecha límite de 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la brecha entre las acciones emprendidas por los gobiernos y las medidas que deben tomarse para alcanzarlos es inmensa. La mayoría de los desafíos que enfrentamos -la polarización política y el extremismo, los abusos de derechos humanos y las restricciones del espacio cívico, la desigualdad extrema, la corrupción sistémica, las disparidades de género y la violencia de género, la discriminación interseccional, la falta de empleo digno, la crisis sanitaria y el impacto negativo de la digitalización y la tecnología sobre nuestras vidas- no solamente siguen sin respuesta, sino que continúan profundizándose.

  Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen un rol fundamental que desempeñar en la búsqueda de soluciones compartidas para los desafíos comunes. Los líderes mundiales deben reunirse urgentemente para encontrar esas soluciones y, a pesar de todos sus déficits, el G20 es uno de los pocos espacios que les brinda la oportunidad de hacerlo.

  Lamentablemente, en los últimos años hemos visto pocas pruebas de un progreso real por parte de los líderes del G20. Los compromisos se hacen frente a los medios de comunicación del mundo, pero se olvidan rápidamente y rara vez se ponen en práctica una vez que cada uno regresa a su casa. Un reciente informe de Transparencia Internacional que expone los problemas del lavado de dinero y la propiedad anónima de las empresas encontró debilidades profundamente preocupantes en casi todos los países del G20.

  ¿Qué puede aportar la sociedad civil?

  El trabajo de la sociedad civil en el G20 puede ayudar porque la sociedad civil aporta un conjunto de capacidades únicas.

  En primer lugar, al buscar que los resultados de las políticas sirvan al bien común, hacemos que los gobiernos rindan cuentas. Así que cuando los gobiernos se comprometen a algo, les hacemos cumplir sus promesas. A veces se resisten, pero otras veces conseguimos fortalecer a actores dentro de los gobiernos que realmente quieren hacer cosas.

  En segundo lugar, aportamos nuestra experiencia. Los grupos de sociedad civil no son solamente perros guardianes. Somos innovadores, tecnólogos, investigadores y expertos en políticas públicas y podemos contribuir a la implementación de las políticas para conseguir los mejores resultados posibles. La sociedad civil también puede contribuir a una mayor transparencia y a una evaluación creíble de sus resultados.

  En tercer lugar, la sociedad civil funciona como un puente, ayudando a traducir la jerga técnica en el lenguaje que habla la gente común, explicando en qué consiste el cambio deseado y acercando las perspectivas de la ciudadanía a los responsables de la toma de decisiones. Los gobiernos deben compartir sus planes con la sociedad civil, para que podamos dar nuestra opinión sobre el impacto que esos planes tendrán sobre la gente.

  Por último, pero no por ello menos importante, la sociedad civil aporta un equilibrio muy necesario. Una de las mayores debilidades del G20 es la falta de apertura a la representación de la sociedad civil en la misma mesa donde se sientan los intereses empresariales. Esto plantea la cuestión de si el G20 valora más los intereses de las empresas que los de los y las ciudadanas. Sin duda, esto no favorece la confianza, y explica por qué en todo el mundo la gente cree que los gobiernos están demasiado cerca de las empresas o que solamente actúan en beneficio de unos pocos intereses privados.

  ¿Qué espacio ofrecen foros internacionales como el G20 para que la sociedad civil ejerza influencia real sobre la elaboración de las políticas?

  El G20 es a menudo descripto como elitista, como un grupo de potencias económicas -aunque no todas las mayores economías participan en él- que intenta reescribir las reglas de la gobernanza económica mundial, operando en gran medida a puertas cerradas y de forma opaca. No es de extrañar que muchos miembros de la sociedad civil sientan instintivamente que debemos oponernos al G20 en lugar de involucrarnos en él.

  El G20 invita a participar en sus reuniones a una gran variedad de invitados, entre los que se cuentan representantes de diferentes grupos regionales, Estados invitados y organizaciones internacionales. Sin embargo, su historial de conversaciones con grupos de ciudadanos y con la sociedad civil es, en el mejor de los casos, desparejo. A pesar de todo lo que podemos ofrecer, no nos sentamos a la misma mesa; se nos trata como socios de segunda clase y nuestras recomendaciones e ideas sobre cuestiones importantes a menudo no son escuchadas.

  Las experiencias varían mucho entre los distintos grupos de trabajo que componen el G20. Por ejemplo, a pesar de todos los conocimientos que tiene la sociedad civil sobre cuestiones financieras, el Grupo de Trabajo sobre Arquitectura Financiera Internacional del G20 ha cerrado sistemáticamente sus puertas a la participación de la sociedad civil. Por otro lado, tenemos la suerte de contar con un ítem permanente en el orden del día del Grupo de Trabajo Anticorrupción, donde los gobiernos hablan con las empresas y la sociedad civil en igualdad de condiciones. Sin embargo, aunque apreciamos esto, creemos que tanto este grupo de trabajo como el G20 en general necesitan mejorar significativamente su relación con la sociedad civil.

  A pesar de todas estas limitaciones y desafíos, durante 2019, cuando la presidencia del G20 estuvo en manos de Japón, la sociedad civil consiguió influir en el G20 en algunas áreas, tales como la protección de denunciantes, la transparencia del gasto en infraestructura y la relación entre género y corrupción.

  En 2019, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 adoptó dos documentos importantes: los Principios de Alto Nivel para la Protección Eficaz de Denunciantes, que estuvieron muy en línea con las recomendaciones de la sociedad civil e incluyeron un reconocimiento sin precedentes por parte del G20 de los aspectos específicos de género de la denuncia de irregularidades, y un Compendio de Buenas Prácticas para Promover la Integridad y la Transparencia en el Desarrollo de Infraestructura, también alineado con las recomendaciones de la sociedad civil.

  A través del Compendio, el G20 también reconoció que la transparencia respecto de quiénes son los propietarios últimos de las empresas es fundamental para la lucha contra la corrupción. En consonancia con las sugerencias de la sociedad civil, recomendaron la creación de registros de propiedad efectiva de las empresas para reducir la posibilidad de que los fondos públicos sean utilizados para favorecer a determinadas personas o empresas, y para identificar los conflictos de intereses.

  En general, ¿cuáles diría que fueron los principales éxitos obtenidos por la sociedad civil en el G20 durante 2019?

  En una palabra, el principal éxito del trabajo de la sociedad civil durante 2019 fue garantizar su continuidad. La sociedad civil pudo mantener un grado de involucramiento con el G20 similar al que tuvo en 2018, cuando el G20 fue presidido por Argentina. En 2018, y por un corto período de tiempo, la sociedad civil ganó acceso a algunas reuniones del Grupo de Trabajo del G20, aunque lamentablemente no a los grupos de trabajo que forman parte del llamado G20 Finance Track, así como al Centro de Comunicaciones del G20. Esto permitió a la sociedad civil acceder, por primera vez, a algunas sesiones que solían celebrarse a puertas cerradas. Además, conseguimos que los representantes locales del G20, incluido el sherpa, asistieran a las reuniones presenciales del C20.

  El llamamiento que en 2018 la sociedad civil hizo a los delegados del G20 para que pasen de las palabras a la acción se desplazó de Argentina a Japón. Tuvo eco en las redes sociales, a través del hashtag #G20takeaction. Para seguir fortaleciendo la participación de la sociedad civil y garantizar un impacto cada vez mayor dentro del G20, en 2019 el C20 acordó un conjunto de principios que consagran la transparencia, la colaboración, la independencia, el internacionalismo, la inclusión y el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género como pilares centrales de la práctica del grupo de afinidad. Este fue un hito muy importante en la historia del C20.

  ¿Cuáles han sido los desafíos, y qué es lo que hay que mejorar?

  A pesar de estos éxitos, es urgente que el G20 cambie su forma de relacionarse con la sociedad civil. En el G20, los gobiernos discuten políticas que tienen un gran impacto sobre nuestras vidas. En tanto que sociedad civil, se nos debe permitir poner sobre la mesa las voces reales y diversas de los y las ciudadanas. Ellas son las personas que se verán afectadas por las políticas públicas promovidas en este foro.

  Las pocas veces que hemos conseguido acceder a las reuniones del G20, la experiencia no ha sido positiva. Hacemos grandes esfuerzos para estar allí. Tras buscar los recursos y viajar muchas horas, esperamos -a veces durante mucho tiempo- fuera de la sala de reuniones hasta que finalmente nos dejan entrar. Una vez dentro, compartimos nuestras ideas y recomendaciones lo más rápidamente posible para que haya tiempo para el diálogo con las delegaciones, aunque en realidad no suele tratarse de una conversación abierta y honesta. Al cabo de un rato, nos sacan diplomáticamente de la sala para que, ya marcada la casilla de participación de la sociedad civil, las negociaciones puedan continuar.

  El G20 todavía tiene un largo camino que recorrer para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil. Los líderes del G20 deben dejar de pensar que invitar a representantes de la sociedad civil a un par de reuniones equivale a cumplir con su obligación de consultar ampliamente y abrirse al escrutinio. Deben reconocer las capacidades únicas que aporta la sociedad civil y avanzar hacia una vinculación más significativa y sostenida con la sociedad civil.

  Pueden hacerlo de muchas maneras. En primer lugar, pueden, y deben, invitar a la sociedad civil y a los representantes de las empresas a secciones adicionales de las distintas reuniones del Grupo de Trabajo, para que aporten sus puntos de vista y perspectivas en relación con cada tema, y no solamente durante una única y breve sesión dedicada a escuchar todas nuestras preocupaciones. Además, deberían compartir con nosotros el orden del día de esas reuniones. Puede parecer una locura, pero la mayoría de las veces nos invitan y acudimos a las reuniones sin saber lo que se va a debatir, por lo que no necesariamente estamos enviando a la persona más adecuada o preparando la contribución más relevante o detallada.

  En segundo lugar, los delegados del G20 deberían reunirse sistemáticamente con la sociedad civil nacional a lo largo del año, tanto antes como después de las reuniones del Grupo de Trabajo del G20. Esto ya está ocurriendo en algunos países del G20, pero no en todos.

  En tercer lugar, los representantes del G20 deben ser más abiertos y honestos en sus intercambios con la sociedad civil. Cuando los delegados del G20 hablan con la sociedad civil, la mayoría de las veces solamente comparten información limitada sobre lo que están haciendo para abordar los principales desafíos globales, lo cual a veces no es más que propaganda. ¿Qué tal si nos preguntan de qué queremos hablar y qué información nos gustaría recibir? ¿Y qué tal si nos dan una respuesta honesta y directa en relación con las propuestas y recomendaciones que compartimos con ellos?

  Los líderes del G20 parecen no ser conscientes de que una buena comunicación y el acceso a la información son fundamentales. No existe un sitio web permanente del G20. En su lugar, cada presidencia establece un sitio nuevo, que después queda desactualizado. El espacio virtual está plagado de sitios web obsoletos del G20. Esto hace que a la sociedad civil, a los medios de comunicación ya los investigadores que buscan informarse sobre las actividades del G20 les resulte difícil encontrar lo que buscan. En 2017, cuando Alemania presidió el G20, el gobierno alemán tomó una excelente iniciativa: recopiló en un solo lugar todos los compromisos anticorrupción existentes. Esto debería ser una práctica habitual. En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, todos los grupos de trabajo del G20 deberían publicar las actas y agendas de sus reuniones. Y deberían consultar sistemáticamente a la sociedad civil para que podamos hacer aportes a los borradores de los documentos que planean adoptar y sugerir temas clave en los que debería centrarse el G20.

  ¿Qué cambió en cuanto a la participación de la sociedad civil cuando la presidencia del G20 pasó a Arabia Saudita?

  A pesar de sus limitaciones y de su escasa vinculación con la sociedad civil, el G20 ha sido un espacio relevante para hacer llegar nuestras preocupaciones directamente a los gobiernos y abogar ante ellos para que aborden los problemas más críticos que enfrentamos. Lamentablemente, en 2020 el espacio para la participación de la sociedad civil se redujo significativamente cuando la presidencia del G20 y de todos sus grupos de afinidad, incluido el C20, pasó a Arabia Saudita, por efecto de una decisión tomada por los gobiernos del G20 en 2017 en Hamburgo, Alemania.

  Arabia Saudita es un Estado que no ofrece prácticamente ningún espacio a la sociedad civil y donde no se toleran las voces de la sociedad civil independiente. Las críticas de los medios de comunicación son sistemáticamente reprimidas, las personas defensoras de derechos humanos son regularmente detenidas y perseguidas, la libertad de expresión es censurada, la libertad de movimiento limitada, y los periodistas y activistas detenidos son torturados y maltratados. Esto vuelve a la participación de la sociedad civil éticamente cuestionable.

  Además, los principios del C20 hacen hincapié en una serie de elementos que la presidencia saudita es incapaz de proporcionar, como la inclusión de una variedad de actores de la sociedad civil verdaderamente independientes, desde el nivel local hasta el global, la transparencia de los procedimientos de toma de decisiones y los valores rectores de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Al participar en el limitadísimo espacio que el gobierno saudita podría ofrecer, solo contribuiríamos a lavar la reputación internacional de Arabia Saudita. El gobierno saudita ya ha contratado a costosos asesores de relaciones públicas occidentales y ha gastado millones de dólares para pulir su empañada imagen.

  En respuesta a ello, numerosas OSC de todo el mundo han unido sus voces y han decidido boicotear el C20 organizado por Arabia Saudita este año. En Transparencia Internacional estamos deseando volver a participar plenamente en el proceso del C20 el año que viene, cuando la presidencia haya pasado a manos de Italia.

  El espacio cívico de Arabia Saudita es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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• ITALIA: “Lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista”

  CIVICUS conversa con Andrea Garreffa, uno de los fundadores del movimiento de las Sardinas (Movimento delle Sardine), un movimiento político de base que comenzó en noviembre de 2019 en Bolonia, Italia, para protestar contra la retórica de odio del líder populista de derechas Matteo Salvini.

  

  ¿Qué les inspiró a iniciar este movimiento?

  El 26 de enero de 2020 había elecciones regionales en Emilia-Romagna, nuestra región de origen, y cuando digo nuestra, me refiero a mí y a los otros cofundadores del movimiento, Mattia Santori, Roberto Morotti y Giulia Trappoloni. En ese momento había una gran ola de extrema derecha, representada por la Liga y su líder, Matteo Salvini. Hubo señales muy atemorizantes en relación con la situación política general en Italia, una de las cuales fueron las faltas de respeto hacia la sobreviviente del Holocausto Liliana Segre, deportada a Auschwitz y única sobreviviente de toda su familia. A partir de la década de 1990 Segre comenzó a hablar en público acerca de su experiencia y en 2018 fue nombrada senadora vitalicia. Recibió tantos insultos y amenazas en las redes sociales que en noviembre de 2019 se le asignó protección policial. La situación era aterradora; no me avergüenza admitir que solía llorar cuando leía en el periódico noticias de esos episodios.

  ¿Cómo se organizó la primera manifestación de las Sardinas?

  A medida que se acercaban las elecciones, mis amigos y yo comenzamos a pensar en una manera de expresarnos y advertir a la Liga que el juego aún no había terminado. Queríamos dejar esto muy claro, tanto para los partidos de extrema derecha como para todos los ciudadanos que buscaban un estímulo para empoderarse. El partido de la Liga acababa de ganar en Umbría y se estaba anunciando como ganador también en Emilia-Romagna; contaba con esta victoria para desestabilizar al gobierno de coalición y volver al poder. Queríamos hacer algo para poner un freno a este proceso. Empezamos a pensar en esto el 6 o 7 de noviembre de 2019, justo una semana antes de que Matteo Salvini, junto con Lucia Borgonzoni, la candidata de la Liga a dirigir el gobierno regional, iniciaran su campaña con un acto en el estadio de Bolonia. Teníamos muy presente que la última vez que Salvini había venido a Bolonia había dicho que la Piazza Maggiore, la plaza principal de la ciudad, podía albergar hasta 100.000 personas, dando a entender que esa era la cantidad de personas que habían asistido a su evento, algo que era físicamente imposible, ya que la capacidad máxima de la plaza es de unas 30.000 personas muy apretadas. En cierto modo, también queríamos llamar la atención sobre la información que difunden los medios y asegurarnos de que no pudiera hacer trampa.

  En resumen, nuestra idea era organizar una manifestación tipo flashmob en la Piazza Maggiore de Bolonia, el mismo día que Salvini hacía su acto. La llamamos “6.000 sardinas contra Salvini” porque nuestro objetivo era reunir alrededor de 6.000 personas y nuestra táctica era mostrar que éramos muchos, así que usamos la imagen de multitudes apretujadas como sardinas en un banco de arena. En los pocos días que tuvimos para organizarla, establecimos la narrativa principal y preparamos unas plantillas personalizables para que cada persona tuviera libertad para expresarse y usara su imaginación. El nuestro era un mensaje que cualquiera podía entender, y las acciones requeridas eran cosas que cualquiera podía hacer. Queríamos deshacernos de todos los sentimientos negativos vinculados a los partidos políticos existentes, por lo que la iniciativa fue inclusiva desde el principio. No estaba vinculada a ningún partido, sino abierta a cualquiera que compartiera los valores fundamentales del antifascismo y el antirracismo.

  Enviamos una invitación, no solo a través de Facebook, cosa que por supuesto hicimos, sino también, y sobre todo, saliendo a las calles para distribuir volantes y hablar con la gente, para que la gente pudiera entender que el evento era real y que verdaderamente iba a ser ocurrir. Nos sorprendió que apenas dos días después de lanzar la campaña en Facebook, estábamos repartiendo volantes y la gente nos decía que ya sabía del evento. El boca a boca funcionó increíblemente bien; en mi opinión, esto reflejó una necesidad muy fuerte de la gente de hacer algo para asegurar que Matteo Salvini no ganara en Bolonia y en Emilia-Romagna. La gente entendió lo importante que era esta elección. Durante el verano, Salvini había desestabilizado al gobierno nacional “luciéndose” en Milano Marittima y exigiendo pieni poteri - plenos poderes, una expresión que solía utilizar Mussolini. La ciudadanía no podía correr el riesgo de que volviera a ocurrir semejante espectáculo y realmente sintió el llamado a la acción cuando la propaganda de extrema derecha comenzó a difundir mensajes tales como “Liberiamo l'Emilia-Romagna” (Liberemos Emilia-Romagna), como si la gente hubiera olvidado sus clases de historia: la región no necesitaba ser liberada porque eso ya había sucedido al final de la Segunda Guerra Mundial. La gente sintió que no respetaban su inteligencia, y nos levantamos para hacerlo visible y tangible. La gente es menos estúpida de lo que suelen pensar los que están en el poder.

  ¿Cómo sabían que la gente iría?

  No teníamos idea. La noche del 14 de noviembre nos encontramos rodeados de una multitud increíble - los medios informaron que había 15.000 personas - y no podíamos creerlo.

  Esperábamos que asistieran unas cuantas personas; empezamos a creer en el éxito de la iniciativa cuando vimos que desde el primer día estábamos logrando cada objetivo que nos proponíamos. Por ejemplo, armamos la página de Facebook con el objetivo inicial de llegar a mil personas, y al día siguiente ya éramos más de tres o cuatro mil. Eso fue principalmente por dos razones: en primer lugar, porque era el momento oportuno, ya que evidentemente la gente estaba lista para una iniciativa como esta; y, en segundo lugar, por el hecho de que nosotros mismos vivimos en Bolonia, por lo que conocemos a mucha gente y podíamos difundir el mensaje fácilmente.

  Pero el 14 de noviembre nadie sabía lo que iba a pasar. Le habíamos dicho a la gente que habría una sorpresa y la mantuvimos en secreto hasta que todos se hubieron reunido, y a las 8:30 pm tocamos una canción de Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, que se traduce como “qué tan profundo es el mar”. En una parte de la canción, la letra dice que somos muchos, que todos descendemos de los peces, y que no puedes detener a los peces porque no puedes bloquear el océano, no puedes cercarlo. Esto generó mucha emoción y la gente incluso lloraba porque era una sensación muy poderosa; muchos no podían creer que estuviera sucediendo de verdad. Las personas mayores volvieron a sentirse jóvenes, viviendo emociones que creían perdidas para siempre en la década del ‘70. Los niños pequeños tuvieron la oportunidad de participar en una fiesta masiva y alegre, lo cual les hizo cuestionar la idea de que la política es aburrida y sin emoción. Creo que toda la ola que vino después se generó esa primera noche; creció a partir de esa emoción inicial. No éramos 6.000 sino muchos más, y enviamos el mensaje de que el partido estaba lejos de terminar y que por lo tanto Salvini aún no podía considerarse ganador. Esta es la clave: cualquiera sea el deporte que practiques, si entras a la cancha pensando que vas a perder, perderás. Este era el estado de ánimo que predominaba entre los partidos de izquierda y la ciudadanía progresista. Hicimos lo que pudimos para que “nuestro equipo” creyera en sí mismo y en sus posibilidades de victoria. Podría decirse que lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista.

  ¿Quién organizó todas las manifestaciones subsiguientes?

  La emoción de la primera manifestación se extendió gracias a una impresionante fotografía tomada desde arriba del edificio municipal, que muestra una minivan roja rodeada de miles de personas. La imagen se extendió en internet y en las redes sociales. Ayudó a enfocar la atención en las elecciones regionales. Todos los medios internacionales estaban ahí, así que les ofrecimos la imagen y así comenzó todo. La imagen reflejaba el hecho de que estaba sucediendo algo importante, así que cuando en otras ciudades e incluso en otros países la gente empezó a ponerse en contacto con nosotros, configuramos una dirección de correo electrónico para que cualquiera pudiera comunicarse con nosotros.

  Compartimos nuestra experiencia y explicamos a quienes se contactaron con nosotros cómo habíamos armado todo en solamente seis días: cómo solicitamos los permisos para la manifestación y para tocar la música, cómo cuidamos a la gente, esas cosas. Luego organizamos toda la información para que pudiera ser compartida con cualquiera que quisiera hacer algo similar en otro lugar. También registramos el nombre de la iniciativa, no porque quisiéramos tener propiedad sobre ella, sino para evitar su uso indebido y proteger sus valores subyacentes. Pasamos horas y días hablando por teléfono con gente de toda Emilia-Romagna, y luego de otras regiones, hasta que el movimiento se hizo tan grande que estuvimos en condiciones de anunciar una manifestación masiva que se celebraría en Roma en diciembre.

  Para el evento de Roma ni siquiera tuvimos que hacer gran cosa, porque ya había gente en Roma que estaba organizando la manifestación por su cuenta, y a nosotros nos invitaron como oradores. Eso fue de hecho una fortaleza, porque ya no se trataba de gente de Bolonia organizando un evento para Roma, sino de gente de Roma autoorganizándose, movilizando a sus amigos y vecinos e invitando a la gente a unirse a ellos.

  Justo antes de las elecciones, el 19 de enero, organizamos un gran concierto en Bolonia, con el objetivo de fomentar la participación electoral. No queríamos presionar a la gente para que votara por tal o cual partido, sino alentar su participación. En las elecciones regionales anteriores había prevalecido la indiferencia: solo el 37% de los votantes habilitados hicieron uso de su derecho. La mayor participación que logramos en esta ocasión, cuando votó el 69%, fue en sí misma una victoria de la democracia.

  Has mencionado que el movimiento se extendió a nivel tanto nacional como internacional. ¿Estableció también conexiones con otros movimientos por la justicia en otros países?

  El movimiento se elevó a escala internacional desde el comienzo, gracias a los italianos que viven en el extranjero y que leían las noticias, entendían lo que estaba pasando y se pusieron en contacto con nosotros. Nos comunicamos con gente en docenas de ciudades importantes de países de todo el mundo, incluidos Australia, Estados Unidos y los Países Bajos.

  Ese fue el primer paso para llegar al nivel internacional, y también la razón por la cual luego nos invitaron a los cuatro a participar en el Foro de Cultura Europea, que tuvo lugar en Ámsterdam en septiembre de 2020. Asistimos al festival y allí tuvimos la oportunidad de conocer a representantes de Extinction Rebellion del Reino Unido, de los chalecos amarillos franceses, de Un Millón de Momentos por la Democracia, una organización de protesta de la República Checa, de Demosisto de Hong Kong y de Resistencia Negra Queer & Trans, una organización LGBTQI+ de los Países Bajos. Conectamos con otras realidades y conocimos otros movimientos. Comenzamos a hablar y a soñar con un evento que reúna a una amplia variedad de movimientos de protesta en los próximos meses o años, luego del fin de la pandemia de COVID-19. Ahora estamos abiertos y tenemos curiosidad por saber qué están haciendo los demás, aunque seguimos siendo independientes. Hacemos lo nuestro, ellos hacen lo suyo y colaboramos cuando tenemos la oportunidad.

  La página de Facebook 6000 Sardine contiene numerosas expresiones de solidaridad con el movimiento prodemocracia de Bielorrusia, #EndSARS en Nigeria y Black Lives Matter en los Estados Unidos. ¿Trabajan en solidaridad con ellos?

  Lo que hemos hecho es ponernos en contacto con esos movimientos, de ser posible, y hacerles saber que vamos a enviar una comunicación en solidaridad, pero eso es todo. Estamos demasiado ocupados tratando de establecer una organización propia como para invertir energía en tratar de seguir y comprender todo lo que otros están haciendo para construir sus propios movimientos.

  También compartimos el entendimiento de que el movimiento es mucho más que la página de Facebook. Para nosotros, Facebook es un canal de comunicación y una forma útil de difundir mensajes, pero no es el núcleo del movimiento. A veces funciona más bien como una cartelera donde la gente comparte informaciones e intercambia mensajes, y no todo lo que aparece allí es el resultado de una decisión conjunta a nivel de la organización. Para ser honesto, a veces abro nuestra página de Facebook y no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que encuentro en ella. Esto ocurre a causa de la delegación de tareas y la apertura a la participación.

  ¿Cuáles son los actuales objetivos del movimiento y cómo han evolucionado?

  Hemos pensado mucho en esto porque todo comenzó en forma muy espontánea y con un evento fuertemente relacionado con las elecciones, pero luego siguió creciendo. De ahí que nos sintamos responsables de manejar toda esta energía que hemos generado. Hicimos todo lo posible por difundir los mensajes correctos sin alimentar la ilusión. Seguimos siendo las mismas personas que éramos el año pasado, más allá de las experiencias que hemos vivido; sin embargo, no estábamos preparados para todo esto. Día tras día aprendemos a lidiar con la atención, los medios y todo lo que traen consigo. Nos enfocamos en la necesidad de establecer metas y una visión.

  Estábamos en eso cuando nos golpeó la pandemia de COVID-19. Por un lado, esto nos afectó negativamente porque no podíamos seguir movilizándonos; por otro lado, sin embargo, resultó tener un efecto extrañamente positivo, porque nos obligó a aminorar la velocidad. Aprovechamos el encierro para hacer lo único que podíamos hacer: sentarnos a pensar. Así logramos armar nuestro manifiesto, que fue el resultado de múltiples debates dentro de nuestro círculo interno.

  El manifiesto marcó un hito, y nuestros siguientes pasos consistieron en trabajar que cada uno de sus artículos se tornara visible y tangible en la vida real. Es en eso que nos estamos enfocando ahora. Siguiendo la metáfora del mar, después de la marea alta vino la marea baja, que es más manejable, y estamos tratando de nutrir el movimiento para que crezca desde la raíz, más lento pero menos caótico e inestable. Intentamos ser un punto de referencia para todo aquel que busque ideas progresistas, sin ser un partido pero señalando el rumbo.

  Me gustaría enfatizar el hecho de que comenzamos este movimiento con la idea de que no debemos simplemente acusar a los políticos o a los partidos, sino en cambio preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para traer al mundo el cambio que deseamos. Esto significa que no excluimos los enfoques que se centran en cosas pequeñas, tales como cuidar el propio vecindario. Incluimos este tipo de enfoque, así como otros más ambiciosos, tales como el de marcar el rumbo a los partidos progresistas de izquierda. Consideramos que ambos enfoques son válidos.

  Tampoco excluimos ningún discurso que converja con el nuestro y defienda nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, ahora mismo se habla mucho de lo progresista que es el Papa, así que estamos invitando a alguna gente a hablar de eso, no porque seamos un movimiento religioso, sino para difundir el tipo de mensaje positivo que actualmente es bastante difícil de encontrar en la arena política.

  Hace unos meses organizamos nuestra primera Escuela de Política, Justicia y Paz. Lo hicimos en un pueblo pequeño, Supino, porque encajaba mejor con el modelo de autoorganización local que queremos promover. Invitamos a actores políticos a interactuar con activistas de veintipico de años. La idea era fusionar esos mundos para crear ese tipo de comunicación que tanto escasea en las plataformas de redes sociales. Queremos crear oportunidades para que personas de ideas progresistas se reúnan con otras y conversen, no necesariamente para encontrar la solución a un problema específico sino para que haya una conexión entre las personas con poder de decisión y personas que están interesadas en participar y cambiar las cosas, pero realmente no saben cómo hacerlo.

  ¿Cómo se mantuvo vivo el movimiento durante el encierro por la pandemia de COVID-19?

  Invitamos a gente de toda Italia a enfocarse en el nivel local, ya que de todos modos era lo único que podían hacer. Y para ser creíbles dimos el ejemplo. En Bolonia mucha gente puso su energía al servicio de los demás, por ejemplo haciéndoles las compras a quienes no podían salir de sus hogares e involucrándose en innumerables iniciativas, movimientos y asociaciones locales. Alentamos este involucramiento porque nunca fue nuestra intención reemplazar las organizaciones existentes, sino más bien revitalizar el activismo y la participación en los asuntos públicos.

  Pero sí le pedimos a la gente que se mantuviera en contacto, y regularmente organizamos llamadas y armamos eventos específicos. Por ejemplo, para el 25 de abril, Día de la Liberación, lanzamos una iniciativa a través de la cual compartimos clips de películas que retrataban la resistencia frente al fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial e invitamos a la gente a proyectarlos a través de sus ventanas sobre las paredes de los edificios vecinos, y a filmar el evento. Recopilamos las grabaciones y las reunimos en un video que difundimos en las redes sociales. Nuestro mensaje central fue que todos podíamos estar presentes aun cuando no pudiéramos salir físicamente.

  A principios de mayo también organizamos un flashmob simbólico en la Piazza Maggiore de Bolonia: en lugar de personas, colocamos alrededor de 6.000 plantas, que luego vendimos por internet. Nuestros voluntarios las repartieron en bicicleta, y todos los fondos que recolectamos fueron para el municipio local, que se había comprometido a duplicarlos con un aporte de sus propios fondos y a invertir el monto total para apoyar eventos culturales durante el verano. Antes de entregar las plantas, realizamos una performance artística en la plaza; luego movimos las plantas para trazar con ellas la silueta de una bicicleta sobre el piso. Como resultado de esta iniciativa, no solo marcamos nuestra presencia en el espacio público, sino que también canalizamos alrededor de 60.000 euros (unos 69.800 dólares) hacia eventos culturales. Luego mucha gente en otras partes de Italia replicó la iniciativa o nos comunicó su interés en hacerlo; sin embargo, algunos no pudieron concretarla porque tenía algunas complejidades logísticas.

  Y luego un día el municipio nos dijo que tenía algunas parcelas de tierra sin usar que podrían convertirse en huertos urbanos y nos las ofrecieron a nosotros. Organizamos a voluntarios que querían trabajar en ellos, de modo que ahora se han convertido en espacios con huertas donde se cultivan vegetales. Quienes deciden invertir su tiempo y esfuerzo en trabajar en estas huertas se quedan con la mitad de los productos que cultiven y entregan la otra mitad a comedores comunitarios que ayudan a quienes no tienen suficientes recursos para comprar alimentos.

  Incluso durante el confinamiento, pensamos a Bolonia como un laboratorio donde podríamos implementar y poner a prueba nuestras ideas y alentar a otras personas a hacer lo mismo, ya sea replicando nuestras iniciativas o probando algo diferente para ver qué ocurre. Si pones a prueba iniciativas potencialmente replicables y fáciles de implementar, y muchas personas siguen el ejemplo, entonces puedes lograr cambios a una escala considerable.

  El espacio cívico en Italia es clasificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
  Contáctese con el movimiento de las Sardinas a través de susitio web o su página deFacebook.

• SALUD GLOBAL: “En el Día Mundial del SIDA recordamos a la gente que la pandemia del VIH no ha terminado”

  CIVICUS conversa conGastón Devisich, responsable de Participación Comunitaria en el Departamento de Investigación de la Fundación Huésped, acerca de la labor de la sociedad civil en la lucha contra el VIH-SIDA, tanto a nivel comunitario como en los órganos de gobernanza global.

  La Fundación Huésped es una organización de la sociedad civil (OSC) argentina que desde 1989 trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y el control de enfermedades. Integra la plataforma regionalCoalición Plus y, representada por Gastón, es una de las dos organizacionesde América Latina y el Caribe que integran la Delegación de ONG ante la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA.

  ¿Cuáles fueron los resultados de la última ronda de promesas de contribuciones al Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y cuáles serán sus implicancias?

  El objetivo principal del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria es hacer inversiones catalíticas y aprovechar las innovaciones para impulsar un progreso más rápido en la reducción de nuevas infecciones, abordar las barreras estructurales para mejorar los resultados de estas pandemias y construir equidad, sostenibilidad e impacto duradero. Su nueva estrategia pone a las personas y las comunidades al frente y en el centro de todo su trabajo, desafiando las dinámicas de poder para garantizar que las comunidades afectadas tengan voz en la lucha y oportunidades de un futuro saludable.

  El Séptimo Reaprovisionamiento del Fondo Mundial ha arrojado un total de 15.700 millones de dólares estadounidenses. Ha sido la culminación de una campaña exitosa que comenzó hace más de un año. Es un logro notable, no solo porque varios donantes públicos y privados aumentaron sus compromisos, en muchos casos en más de 30%, sino también porque hubo una cantidad récord de gobiernos implementadores –al menos 20– que han dado un paso al frente para convertirse también en donantes.

  Este apoyo tiene como objetivo salvar 20 millones de vidas, evitar 450 millones de nuevas infecciones y generar nuevas esperanzas de acabar con el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Esta inversión también fortalecerá los sistemas comunitarios y de salud para aumentar la resistencia a futuras crisis.

  Dado su papel central en la lucha contra las pandemias, el Fondo Mundial también estipula continuar contribuyendo a la agenda mundial de preparación para pandemias en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y otros socios.

  ¿Qué rol desempeña la sociedad civil en la gobernanza de ONUSIDA?

  El Programa Conjunto de las Naciones Unidas (ONU) sobre el VIH/SIDA, conocido como ONUSIDA, fue el primer programa de la ONU en contar con representación formal de la sociedad civil en su órgano directivo. La participación de OSC en la Junta Coordinadora de Programa de ONUSIDA es fundamental para la inclusión eficaz de voces de las comunidades en este foro de política global clave en el área de VIH/SIDA.

  La Delegación de ONG está compuesta por cinco OSC, tres de países en desarrollo y dos de países desarrollados o países con economías en transición, más otras cinco que actúan como miembros alternos. Nuestro propósito es presentar las perspectivas y la experiencia de las personas que vivimos con VIH/SIDA y aquellas poblaciones particularmente afectadas por la pandemia, así como la sociedad civil, para garantizar que ONUSIDA se guíe por un enfoque equitativo, basado en derechos, y sensible al género para garantizar el acceso a la prevención, diagnóstico, tratamiento, la atención y el apoyo integrales de VIH para todas personas.

  La existencia de una delegación comunitaria dentro del mayor órgano de gobernanza de un programa como ONUSIDA es fundamental para garantizar la participación significativa de las poblaciones más afectadas por el VIH en todos los niveles del desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas. El fortalecimiento de la colaboración significativa con la comunidad fomenta una relación de mayor confianza y respeto con quienes somos los beneficiarios directos de cualquier programa o política.

  La implicación de todas las partes interesadas, siempre que sea transparente y basada en el entendimiento mutuo, puede minimizar los malentendidos y reducir las probabilidades de conflictos o controversias innecesarios. Esto ayuda a mejorar nuestro acceso a derechos y la provisión de servicios de calidad que deben garantizarlos, así como también permite abordar las desigualdades de poder existentes entre tomadores de decisiones y comunidad para establecer relaciones más equitativas y horizontales.

  ¿Por qué es importante incorporar las voces de las comunidades en los espacios de toma de decisiones?

  Es urgente desarrollar estrategias adicionales para abordar la epidemia de VIH. Una amplia diversidad de factores crea, intensifica y perpetúa el impacto del virus y sus determinantes subyacentes pueden estar arraigados en el tejido cultural, legal, institucional o económico de la sociedad.

  Para lograr una respuesta integral al VIH, es esencial reconocer esas desigualdades de poder y abordarlas desarrollando prácticas que eviten su replicación o refuerzo inadvertido a lo largo de la implementación de programas y políticas públicas.

  Las organizaciones locales contamos con una experticia única para contribuir a la respuesta al VIH. Tenemos conocimientos fundamentales y entendimiento de las culturas y perspectivas locales, los idiomas, la dinámica de la epidemia local de VIH, las preocupaciones de los grupos de población más vulnerables o marginados, y las prioridades locales que otras partes interesadas no necesariamente tienen. La comunidad puede ayudar a asegurar que los objetivos y procedimientos de la respuesta al VIH sean adecuados y aceptables de acuerdo a nuestras idiosincrasias, a fin de evitar el refuerzo de las desigualdades existentes.

  ¿En qué consiste el trabajo de la Fundación Huésped, tanto a nivel nacional como en este foro global?

  Nuestro abordaje integral incluye el desarrollo de investigaciones, soluciones prácticas y comunicación vinculadas a las políticas de salud pública en Argentina y en América Latina. Buscamos desarrollar estudios científicos, acciones de prevención y promoción de derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades, con foco en VIH/SIDA, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva.

  En tanto que representantes de la sociedad civil en ONUSIDA, solicitamos activamente las opiniones de nuestras respectivas comunidades en temas clave relacionados con las políticas y programas del organismo, y abogamos, junto con los gobiernos y las organizaciones copatrocinadoras –diez organizaciones de la ONU que componen el Programa Conjunto de ONUSIDA–, por conseguir mejoras significativas en la aplicación y evaluación de las políticas y programas sobre VIH/SIDA.

  ¿Qué desafíos enfrentan las organizaciones dedicadas al VIH-SIDA y qué apoyos necesitan para poder continuar haciendo su trabajo?

  La agenda del VIH sigue vigente, con nuevos desafíos y la persistencia de estigma, discriminación y violación de derechos. Cuarenta años después de los primeros casos de VIH notificados en el mundo, y gracias a los avances científicos, la implementación de políticas, planes y programas, el activismo de la sociedad civil y los logros en materia de derechos humanos, contamos con más y mejores estrategias para controlar al virus que hoy mismo podrían terminar con el SIDA. Sin embargo, este año hubo 1.5 millones nuevos casos de VIH y 680 mil nuevas muertes relacionadas al SIDA en todo el mundo – 110.000 casos y 52.000 muertes en América Latina y el Caribe.

  El Día Mundial del SIDA, el 1º de diciembre, es nuestra oportunidad anual para recordarle a la gente que la pandemia del VIH no ha terminado. En los últimos 40 años la ciencia ha generado mucha innovación, pero estos beneficios no se aplican a todas las personas por igual. La mejor ciencia del mundo no puede competir con los efectos debilitantes de sistemas de salud deficientes. Para acabar con el SIDA tenemos que corregir el curso de la respuesta al VIH, empezando por poner fin a las desigualdades. La respuesta se necesita hoy. No podemos perder más tiempo.

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