personas defensoras de derechos humanos

  • Afganistán: la ONU y los Estados miembros deben tomar medidas urgentes para proteger a la sociedad civil

    En CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, nos preocupa profundamente la seguridad de las personas que defienden los derechos humanos, de los periodistas y del personal de las organizaciones de la sociedad civil en Afganistán, tras el colapso del gobierno del presidente Ashraf Ghani y la toma del poder por parte de los talibanes.

    Tal y como han solicitado los expertos de la ONU, instamos a los Estados miembros de la ONU a que tomen medidas inmediatas para protegerlos y a que convoquen urgentemente una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Afganistán, que incluya un debate sobre el rápido establecimiento de una misión de investigación para evaluar la situación sobre el terreno e informar sobre ella.

    Los talibanes tienen un historial de abusos contra los derechos humanos, represalias coordinadas contra sus críticos y ataques a civiles con impunidad. Tras la toma de Kabul, las personas que defienden los derechos humanos informaron de que los talibanes habían revelado listas de nombres de representantes de la sociedad civil y de que se habían llevado a cabo redadas en sus domicilios. A las personas defensoras que intentan salir del país también se les ha impedido subir a los aviones, ya que las misiones extranjeras han dado prioridad a la evacuación de sus propios ciudadanos y personal. Los demás se han escondido y temen por su vida.

    El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también expresó su preocupación por los primeros informes según los cuales los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, especialmente dirigidas a las mujeres.

    "La crisis que se está produciendo en Afganistán requiere una respuesta urgente y decidida de la ONU y de los Estados miembro. Deben adoptarse medidas proactivas para garantizar la seguridad y la protección de quienes defienden los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Muchos corren el riesgo de ser objetivo de los talibanes por su trabajo, y hay que hacer esfuerzos para evacuarlos y reubicarlos a ellos y a sus familias", dijo Josef Benedict, investigador del Espacio Cívico de CIVICUS.

    CIVICUS ha documentado los ataques de los talibanes a la sociedad civil en los últimos años. Las personas que defienden los derechos humanos, sobre todo las mujeres, han sido amenazadas en el transcurso de su trabajo y algunas han sido secuestradas y asesinadas. Muchos han tenido que trasladarse por razones de seguridad, aunque los autores no han rendido cuentas. Las recientes negociaciones de paz no han incluido de forma adecuada y efectiva a la sociedad civil, especialmente a las defensoras de los derechos humanos.

    Según la información recopilada por el Comité Afgano de Defensores de los Derechos Humanos (AHRDC), sólo entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 fueron asesinados 17 defensores de los derechos humanos. Más de 200 personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación han denunciado haber recibido graves amenazas. Dadas las actuales condiciones de conflicto e inestabilidad política, estas amenazas han aumentado.

    El llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, el 16 de agosto, para que la comunidad internacional hable al unísono para defender los derechos humanos en Afganistán es un paso en la dirección correcta.

    "El Consejo de Seguridad de la ONU debe aprovechar la oportunidad actual para reanudar rápidamente las estancadas conversaciones de paz en Afganistán y garantizar la representación efectiva de la sociedad civil, especialmente de las mujeres. También debe pedir a los talibanes que respeten la legislación internacional en materia de derechos humanos, protejan a los civiles y pongan fin a las operaciones de represalia", dijo Josef Benedict.

    El CIVICUS Monitor es una plataforma en línea que hace un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Afganistán comorepresivo. 
  • ANGOLA: “El partido en el poder ve a las elecciones locales como una amenaza”

    Acceda a la entrevista original en portugués aquí

    Pascoal Baptistiny 1CIVICUS conversa acerca de la situación en Angola con Pascoal Baptistiny, Director Ejecutivo de MBAKITA - Misión Benéfica Agrícola de Kubango, Inclusión de Tecnologías y Medio Ambiente, una organización de la sociedad civil con sede en la provincia de Cuando Cubango, en el sur de Angola. Fundada en 2002, MBAKITA defiende los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, denuncia la discriminación que padecen y la expropiación de sus tierras, y promueve una sociedad más justa, democrática, participativa, tolerante, solidaria, sana y humana.

     

    ¿Cuál es el estado del espacio cívico en Angola, y cuáles son las principales limitaciones que enfrentan los activistas angoleños?

    La represión del espacio cívico en Angola es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad civil angoleña en la actualidad. Los activistas sufren detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y malos tratos, secuestros, asesinatos, acoso y desapariciones por parte de las fuerzas gubernamentales, la policía y los servicios de inteligencia del Estado. Esta represión ha hecho que muchos angoleños tengan cuidado con lo que dicen en público. Las pocas organizaciones que defienden los derechos humanos en Angola a menudo lo hacen asumiendo grandes riesgos personales y familiares.

    ¿Podría contarnos sobre las restricciones que usted y sus colegas enfrentaron en 2020?

    En 2020, mis colegas de MBAKITA y yo enfrentamos obstáculos destinados a impedir, minimizar, interrumpir y revertir el impacto de las actividades legítimas de la organización, centradas en la crítica, la denuncia y la oposición a las violaciones de derechos y a las posiciones, políticas y acciones gubernamentales ineficaces.

    Entre las diversas formas de restricción que experimentamos se cuentan las restricciones y cancelaciones arbitrarias de manifestaciones y reuniones; la vigilancia; las amenazas, la intimidación, las represalias y los castigos; las agresiones físicas; las campañas de difamación que presentan a los miembros de MBAKITA como “enemigos del Estado” y mercenarios al servicio de intereses extranjeros; el acoso judicial; las multas exorbitantes para la adquisición de medios de transporte; robos en nuestras oficinas y la sustracción de equipos informáticos; el registro y la confiscación de bienes; la destrucción de vehículos; la privación de empleo e ingresos; y la prohibición de viajar.

    Además, 15 activistas fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a malos tratos durante la campaña de prevención del COVID-19. El 1º de mayo mi residencia fue invadida y los guardias fueron atacados con gases lacrimógenos. El 16 de noviembre, dos activistas fueron violadas. Entre las víctimas fatales del año se cuentan tres de nuestros activistas y un manifestante.

    ¿Qué tipo de trabajo realiza MBAKITA? ¿Por qué cree que la organización ha sido atacada?

    MBAKITA es una organización que defiende y promueve los derechos humanos. Trabajamos para promover, proteger y difundir los libertades y derechos humanos universalmente reconocidos, y especialmente los derechos a las libertades de reunión, asociación, manifestación pacífica, expresión y prensa, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, los derechos a la tierra, a una alimentación adecuada, al agua potable y al medio ambiente, y la lucha contra la tortura y los malos tratos.

    Cuestionamos las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de las personas indígenas, étnicas, lingüísticas, LGBTQI+, con discapacidades y migrantes.

    Mi organización utiliza medios pacíficos y no violentos en sus actividades. Sin embargo, hemos enfrentado riesgos incalculables como consecuencia de nuestro trabajo de derechos humanos en las provincias del sur de Angola. 

    MBAKITA es atacada sistemáticamente por varias razones. Primero, porque en 2018 denunció la muerte de cuatro niños durante la Operación Transparencia, una acción contra el tráfico de diamantes y inmigrantes indocumentados llevada a cabo por la policía y las fuerzas armadas angoleñas en el municipio de Mavinga, provincia de Cuando Cubango. En segundo lugar, porque en 2019 denunció el desvío de fondos destinados a apoyar a las víctimas de la sequía en las provincias del sur de Angola por parte de los gobiernos provinciales. Tercero, porque en abril de 2019, dos activistas de la organización denunciaron la apropiación ilegal de tierras por parte de empresarios políticos -generales, diputados y gobernadores- en territorios pertenecientes a las minorías indígenas San y Kuepe y utilizados para la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, que constituyen la dieta de estas poblaciones. Cuarto, porque en febrero de 2020 MBAKITA denunció el desvío de fondos destinados a la compra de material de bioseguridad para la prevención del COVID-19 y el desvío de alimentos destinados al Programa de Asistencia a la Canasta Básica para Grupos Vulnerables. En quinto lugar, porque participamos y llevamos a cabo una campaña de sensibilización sobre el COVID-19, que incluyó la distribución de material de bioseguridad adquirido con fondos de MISEREOR-Alemania. Y, finalmente, porque participamos en todas las manifestaciones realizadas por la sociedad civil angoleña, incluida la más reciente, que tuvo lugar el 9 de enero de 2021, centradas en la lucha contra la corrupción y la exigencia de elecciones locales bajo el lema “Elecciones locales ya, ¡45 años en el poder es mucho!” y del cumplimiento de las promesas electorales de 500.000 puestos de trabajo, la reducción del costo de vida para las familias y la inclusión socioeconómica de las minorías indígenas, entre otras.

    ¿Por qué se cancelaron las elecciones previstas para 2020?

    Por un lado, por la pandemia de COVID-19. Pero al margen de esta pandemia mortal, el gobierno nunca ha estado interesado en celebrar elecciones locales en 2020. El partido en el poder, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), ve a las elecciones locales como una amenaza para el poder central y teme perder el control del poder. Tiene miedo de introducir un elemento de control de los votantes sobre los gobiernos locales, es decir, de participación y control de la ciudadanía sobre la gestión de los fondos públicos. El gobierno piensa que el pueblo despertará a la idea del Estado democrático y el Estado de derecho, es decir, que mucha gente ganará conciencia de sus derechos y deberes. Esto atentaría contra la intención del MPLA, que es perpetuarse en el poder.

    La promesa de la democracia local en Angola ha sido un fracaso. A tres años de gobierno, el presidente João Lourenço no ha cumplido ni el 10% de sus promesas electorales, dejando al 90% de los angoleños en estado de total escepticismo.

    En Angola, el partido que está en el poder desde hace más de 45 años no tolera a las personas libres. Hoy en día, los y las defensoras de derechos humanos pierden puestos de trabajo, pierden el pan para sus hijos, pierden sus carreras e incluso pierden sus vidas si se atreven a ser libres, a desear la democracia y a ejercer la libertad.

    ¿Qué perspectivas hay de que la situación cambie en un futuro próximo?

    Para que la situación cambie, la sociedad civil tiene mucho trabajo por hacer. Las acciones más importantes y urgentes son la adquisición de formación en seguridad individual, institucional y digital, el aprendizaje del idioma inglés, la obtención de estatus de observador ante la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos, la observación y participación en manifestaciones y otros actos públicos, la incidencia y el cabildeo para la legalización de las organizaciones de derechos humanos, la realización de visitas a las cárceles, incluyendo entrevistas con los presos y la recopilación de pruebas de las torturas, malos tratos y condiciones penitenciarias, la observación de los juicios contra activistas en los tribunales inferiores, la recaudación de fondos para la sostenibilidad de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, y el monitoreo de las elecciones locales de 2021 y de las elecciones generales de 2022.

    ¿Qué tipo de apoyo necesitan los y las activistas angoleñas de parte de la sociedad civil internacional para poder continuar haciendo su trabajo?

    Las necesidades son enormes y muy variadas. Los y las activistas necesitan urgentemente protección y seguridad, lo que incluye formación en análisis de riesgos, elaboración de planes de seguridad y formación en mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, así como técnicas para investigar, litigar, documentar, presentar peticiones y denunciar violaciones de los derechos humanos. En concreto, en MBAKITA nos gustaría recibir asistencia técnica para evaluar qué dispositivos de seguridad se podrían implementar para aumentar la protección física de la oficina de la organización y de mi residencia, así como apoyo financiero para la compra de dichos dispositivos, por ejemplo para la adquisición de un sistema de seguridad o una cámara de videovigilancia.

    Los activistas agredidos, y especialmente los 15 activistas de MBAKITA que han sido víctimas directas de represión y tortura a manos de las fuerzas gubernamentales, también necesitan asistencia psicológica postraumática. La ayuda financiera nos ayudaría a pagar los honorarios de los abogados que trabajaron por la liberación de seis activistas que fueron encarcelados entre agosto y noviembre de 2020. También nos ayudaría a reponer el equipo de trabajo robado, sin el cual nuestra capacidad de trabajo se ha visto reducida: dos vehículos, ordenadores, tarjetas de memoria, cámara digital y videocámara.

    Para los activistas amenazados de detención arbitraria, secuestro o asesinato, que no tienen otra opción que abandonar rápidamente el país o su región de origen, necesitamos apoyo para el transporte y la estadía. Nuestros activistas también se beneficiarían de intercambios de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, para reforzar sus conocimientos sobre seguridad digital, y para formarse en técnicas periodísticas y audiovisuales y en el aprendizaje del inglés.

    Por último, el funcionamiento de las organizaciones y su sostenibilidad se beneficiarían de la obtención de apoyos para la instalación de servicios de internet y la creación de páginas web seguras, la adquisición de programas informáticos de gestión financiera y recursos para la contratación de personal estable, en condiciones de mantener a sus familias y dedicarse plenamente a la defensa de los derechos humanos.

    El espacio cívico en Angola es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con MBAKITA a través de su página deFacebook.

     
  • ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”

    MarielaBelskiCIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.

    ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?

    Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.

    Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.

    Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.

    Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.

    En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.

    En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.

    El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.

    La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.

    En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.

    El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.

    En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.

    La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.

    ¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?

    Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.

    El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.

    El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.

    El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.

    ¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?

    En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.

    En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.

    El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.

    La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.

    El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.

    ¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?

    En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.

    Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.

    Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.

    El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

    Póngase en contacto con Amnistía Internacional Argentina a través de susitio web o sus cuentas deFacebook, Instagram, TikTok o Twitter, y contáctese con Mariela Belski a través de sus cuentas deInstagram oLinkedIn. 
  • El acoso alcanza lo virtual: mujeres activistas y periodistas denuncian su situación

    Journalists theBridge series

    Periodistas, feministas, activistas y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo se enfrentan al acoso virtual. En esta serie, la alianza global de la sociedad civil CIVICUS pone de relieve cómo el acoso virtual tiene un marcado componente de género, a través de los relatos de mujeres que trabajan para defender nuestras libertades democráticas. Estos testimonios se publican con carácter original en Global Voices gracias a una colaboración entre CIVICUS y Global Voices.

    Inday Espina VaronaPara esta periodista filipina, cada día es una lucha contra el miedo

    La represión contra medios y periodistas independientes también ha sido implacable. Los ataques y amenazas a periodistas, el empleo de ejércitos de troles y bots virtuales, especialmente durante la pandemia de COVID-19, han contribuido a la autocensura, con el consiguiente efecto disuasorio en el mundo de la comunicación y el público en general.En esta primera parte de la serie, la periodista filipina Inday Espina-Varona cuenta su historia.

     
    Evgenija CarlPeriodista eslovena, a quien el primer ministro llamó prostituta, cuenta su historia

    Evgenija Carl es una periodista de investigación de Eslovenia. Tras realizar un reportaje televisivo sobre el partido de oposición SDS en 2016, Janez Janša, uno de los principales políticos de aquel entonces, la llamó “prostituta” en Twitter. El acoso en línea se intensificó luego, cuando Janša se convirtió en primer ministro esloveno. Lea la historia de Evgenija Carl aquí.

     

    Maya El AmmarAmenazas de violación en línea conectan activista libanesa con miles de otras mujeres que enfrentan maltrato

    Desde octubre de 2019, protestas antigubernamentales conocidas como la “Revolución de Octubre” surgieron en todo el Líbano. Los manifestantes piden la destitución del Gobierno y plantean su preocupación por la corrupción, servicios públicos deficientes y falta de confianza en la clase gobernante. Las protestas han recibido violencia sin precedentes de las fuerzas de seguridad. El país ha enfrentado una crisis política, que empeoró por la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020. Las feministas han estado al frente a la revolución y se ofrecieron para dar asistencia tras la explosión. En la tercera parte de esta serie, Maya El Ammar, escritora, activista, y profesional de comunicaciones feminista, cuenta su historia y el abuso en línea que sigue enfrentando.

    Chantal MutamurizaAtaques personales persiguen a defensora de derechos humanos de Burundi exiliada en Uganda

    Durante el régimen del sucesor de Nkurunziza, el presidente Évariste Ndayishimiye, periodistas y defensores de derechos humanos siguen enfrentando dificultades. El arresto de activistas políticos y el reciente anuncio público de la sentencia a cadena perpetua de 34 exiliados —que incluyen periodistas y defensores de derechos humanos— acusados de intento de golpe contra el expresidente ilustran los obstáculos a la libre expresión en el país. Chantal Mutamuriza, feminista, defensora de los derechos humanos y fundadora de la ONG Light For All (Luz para todos), nos cuenta su historia del continuo acoso en línea que enfrenta.
  • GUATEMALA: “El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia”

    JorgeSantos.pngCIVICUS conversa con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), acerca de la inminente inauguración del nuevo presidente, a la que se llega tras 100 días de movilización en reclamo del respeto de la voluntad popular.

    Fundada en el año 2000, UDEFEGUA es una organización de la sociedad civil dedicada a documentar, verificar y registrar agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.

     

    ¿Cuál fue la relevancia de la elección de Bernardo Arévalo como presidente, y a qué se deben las enormes resistencias que ha enfrentado?

    El 29 de diciembre de 2023 se cumplieron 27 años de la firma de los acuerdos de paz que siguieron a los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala. Ese conflicto se cobró más de 200.000 víctimas directas y dejó secuelas enormes en la sociedad guatemalteca. Los acuerdos de paz establecían una agenda de transformación estructural para eliminar las causas del conflicto. En cambio, los últimos tres gobiernos – y en particular el del actual presidente, Alejandro Giammattei – no hicieron otra cosa que gestar una grave regresión autoritaria.

    Las elecciones presidenciales de junio y agosto de 2023 pretendían consolidar este retroceso autoritario y terminar de sepultar la agenda de la paz y la construcción democrática.

    En la primera vuelta de la elección presidencial compitieron más de 20 partidos, mayoritariamente de derecha y extrema derecha e identificados con los sectores que han capturado al Estado, es decir, muy vinculados a la élite económica, política y militar y al crimen organizado.

    El solo hecho de que se llevara a cabo la elección fue un hito en sí mismo. Que, además, el candidato ganador tuviera una clara perspectiva democrática y progresista lo hizo aún más remarcable. La victoria de Bernardo Arévalo representa el repudio de la sociedad a la élite política corrupta. Nos encontrábamos ante una encrucijada histórica, entre un pasado autoritario y un futuro posible de construcción de un Estado democrático.

    Ello explica las enormes resistencias que ha debido enfrentar el presidente electo. Bernardo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo luego de la revolución de octubre de 1944 y artífice de la llamada primavera democrática de esos años. Su legado sigue muy presente: fue entonces cuando el derecho del sufragio se amplió a las mujeres, se dictó el código de trabajo y se instituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, se transformó el Estado.

    Hoy cumplimos 79 años de estar dominados por grupos particulares interesados en mantener los privilegios de un pequeño segmento de la población, que se resisten a que un gobierno de este talante llegue al poder. Sin embargo, aunque muy poderosos, estos grupos son minoritarios y por fin da la impresión de que estarían comenzando a perder los privilegios de que han disfrutado siempre.

    ¿Ha estado en riesgo la democracia en Guatemala?

    Los últimos gobiernos han roto por completo la legalidad. El gobierno saliente prácticamente produjo un quiebre del estado de derecho. Un indicador de ello, que hemos identificado como parte del contexto de agresión a personas defensoras de derechos humanos, es la violación del principio republicano de independencia de poderes. Los tres órganos del Estado guatemalteco, ejecutivo, legislativo y judicial, fue capturados por elites mafiosas.

    Los repetidos intentos de violentar la voluntad popular expresada en las urnas no hicieron más que agravar la situación. El Ministerio Público y la Fiscalía han presionado al Tribunal Supremo Electoral para que revierta los resultados electorales, llevando a cabo cuatro allanamientos ilegales y arbitrarios contra el Tribunal.

    Es importante remarcar que misiones nacionales e internacionales de observación electoral, incluidas las de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, corroboraron la transparencia del proceso y afirmaron que las denuncias de fraude carecen de fundamentos.

    El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia, y frente a ello la ciudadanía se ha movilizado. A partir del 2 de octubre se convocó a un paro nacional por tiempo indefinido para exigir el respecto de la voluntad popular. El 9 de enero se cumplieron 100 días de resistencia pacífica, encabezada por los pueblos originarios e indígenas, en defensa de la democracia.

    ¿Cuáles fueron las particularidades de estas protestas?

    A las protestas convocadas por autoridades ancestrales indígenas de los pueblos originarios se han sumado numerosas expresiones ciudadanas espontáneas. En el pasado, las capas medias urbanas y mestizas se oponían a los procesos de movilización de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, en cambio, las protestas lideradas por los pueblos indígenas han sido acompañadas y legitimadas por amplios sectores de la sociedad. Este hecho rompió con una larga tradición de prejuicio y discriminación racial de la sociedad urbana y mestiza hacia los pueblos indígenas, y resultó en manifestaciones masivas y muy extendidas en el territorio nacional.

    Las protestas lograron aglutinar a los 23 pueblos que conforman Guatemala. Amplios sectores de la sociedad llevaron a cabo bloqueos de carreteras en los principales puntos de tránsito del país. El tránsito de alimentos y de servicios médicos o de asistencia no se vieron obstruidos, ya que los manifestantes les liberaron el paso.

    Los bloqueos fueron una manifestación de alegría ciudadana sin precedentes. La ciudadanía retomó y recuperó el espacio público, hubo bailes en las calles tomadas, juegos de fútbol, clases de yoga y de ajedrez.

    Una característica central de las protestas fue su carácter pacífico. Frente a las provocaciones de actores externos y de la policía nacional, la ciudadanía respondió con acciones no violentas. Durante 100 días mantuvo una concentración frente a la sede central del Ministerio Público. Los manifestantes no dejaron su lugar y continuaron reclamando la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por sus reiterados intentos de anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo.

    ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno?

    El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, tiene ante sí importantes retos. Aunque controlará el Poder Ejecutivo, el Legislativo sigue altamente capturado por las mafias. De 160 parlamentarios, alrededor de 130 pertenecen a grupos que integran lo que en Guatemala es popularmente conocido como el “pacto de corruptos”. Lo mismo sucede con el sistema de justicia.

    Bernardo Arévalo tiene el enorme reto de reconstruir la institucionalidad pública. La corrupción y la impunidad han llegado a niveles tales que servicios tan esenciales como sacar un documento de identidad se han convertido en un suplicio. Se debe reconstruir la infraestructura para que los ciudadanos podamos acceder de manera gratuita a servicios esenciales como la salud y la educación y se ponga freno a la larga lista de violaciones de derechos humanos que sufre la población guatemalteca.

    Otro gran reto es generar un proceso sistemático y permanente de diálogo con la sociedad civil. En particular, se debe dar reconocimiento a los pueblos indígenas, históricamente relegados y vulnerados por el Estado guatemalteco, como sujetos políticos centrales.

    El gobierno del Movimiento Semilla tendrá tan solo cuatro años para dar respuestas a estos desafíos. Esperamos que su mandato funcione como un período de transición que dé inicio a un largo período de gobiernos que respondan a los intereses de la mayoría de la población.

    ¿Qué cambios en la situación de las personas defensoras de derechos humanos cabe esperar a partir del cambio de gobierno?

    En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Defensor de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, iniciado a raíz del asesinato de un defensor en el año 2004. Nuestra petición a la Corte fue que se incluyera como medida de reparación la construcción de una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos. La Corte aceptó esta solicitud y la incluyó en su resolución, imponiendo cinco parámetros para el diseño de dicha política pública.

    Pero los esfuerzos de construcción de esta política quedaron truncos y al día de hoy solamente contamos con un documento borrador. Por lo tanto, será una responsabilidad central del nuevo gobierno culminar este proceso y comprometerse no solo a aprobar la política sino también a volcar los recursos necesarios para su implementación.

    Otra de sus responsabilidades en esta materia consistirá en impulsar una agenda legislativa para desmantelar toda la legislación criminalizadora que fue aprobada en los últimos años. Este proceso debe ir de la mano con un ejercicio activo de las instituciones encargadas de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

    ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar el proceso de construcción democrática en Guatemala?

    El riesgo de ruptura constitucional sigue presente. El nuevo gobierno deberá enfrentar a una de las oligarquías más conservadoras y atrasadas del continente, responsable del delito de genocidio. Quitarles sus privilegios a estos sectores no será tarea fácil.

    Por lo tanto, el continuo acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional serán sumamente necesarios. El intercambio de información y buenas prácticas, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la asistencia técnica serían formas cruciales de respaldo.

    El 14 de enero, fecha de la asunción presidencial, comienza un período de transición democrática que promete dejar atrás la corrupción y la ilegalidad. Tanto el nuevo gobierno como la sociedad civil guatemalteca necesitarán de todo el apoyo posible para conseguirlo.

    El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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  • GUATEMALA: “Las élites corruptas ven a los defensores de la justicia como una amenaza a sus intereses y buscan silenciarlos”

    Virginia_Laparra.jpgCIVICUS conversa acerca de la situación del espacio cívico y la justicia en Guatemala con la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.

    Recientemente Virginia se ha exiliado tras pasar dos años en prisión por una causa impulsada contra ella en represalia por su labor. Fuesentenciada a cinco años de prisión conmutables, condena que denunció como arbitraria. Como fiscal lideró importantes investigaciones en casos de corrupción, lo que la puso en la mira de un sistema judicial convertido en reaseguro de la impunidad. Durante su estancia en prisión sufrió violaciones de sus derechos básicos y negligencia médica. Su caso forma parte de un patrón de represión que ha llevado al exilio a más de 50 personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia de Guatemala.

     

    ¿Qué circunstancias la obligaron a irse de Guatemala?

    Durante 16 años trabajé en el Ministerio Público de Guatemala como fiscal de delitos contra la vida, delitos patrimoniales, violencia contra la mujer, delitos contra menores, narcotráfico, delitos financieros y tributarios y contrabando aduanero. Esta experiencia me ayudó a formarme en distintas áreas y fue así como mi carrera como fiscal fue tomando forma.

    Con el tiempo, fui asumiendo mayores responsabilidades y me convertí en jefa de distintas unidades y oficinas, incluyendo la de Atención Permanente, que procesa las denuncias y clasifica la información que ingresa al Ministerio Público. También estuve a cargo de la sede regional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, un área que trabajaba de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en casos de crimen organizado y corrupción.

    Mi trabajo no pasó desapercibido. A partir de 2017 comencé a recibir amenazas y a sufrir campañas de desprestigio en los medios de comunicación controlados por el gobierno. La persecución incluyó procesos judiciales arbitrarios y un intento de poner mi caso en manos de jueces vinculados a la corrupción. Finalmente, fui detenida en un procedimiento ilegal y arbitrario y enviada a prisión, donde sufrí torturas, violaciones a mis derechos humanos y aislamiento prolongado.

    Conté con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que emitió varias resoluciones a mi favor, y fui declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Pero el Estado de Guatemala ignoró estos reclamos. Pasé dos años en prisión, y cuando fui liberada, en enero de este año, las amenazas se intensificaron. Ante la falta de garantías para mi seguridad, tomé la difícil decisión de abandonar mi país para preservar mi vida y mi libertad.

    Afortunadamente en el exilio he encontrado nuevas formas de contribuir a la promoción de la justicia y los derechos humanos en América Latina mediante la colaboración con organizaciones internacionales y locales. Y sobre todo, estoy satisfecha con el trabajo que hice en Guatemala y llevo conmigo el orgullo de haber contribuido a la justicia.

    ¿Qué desafíos enfrentan las personas defensoras y los operadores de justicia en Guatemala?

    El espacio cívico en Guatemala está en crisis. Había esperanzas de que el gobierno de Bernardo Arévalo, iniciado en enero de este año, encarara una reforma del sistema judicial y creara un entorno más favorable para la justicia. Es cierto que aún ha pasado poco tiempo, pero parece difícil que esto se logre. Los poderosos intereses que perpetúan la corrupción y la impunidad siguen intactos, y la nueva administración ha enfrentado fuertes presiones que limitan su capacidad para implementar cambios sustanciales.

    Las personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia y políticos que apoyan al gobierno de Arévalo enfrentan intimidaciones, amenazas, ataques y detención arbitraria. La impunidad solo agrava los riesgos.

    Las élites corruptas, que se han mantenido el poder mediante el saqueo de fondos públicos, ven a los defensores de la justicia como una amenaza a sus intereses y buscan silenciarlos a través de campañas de difamación, persecuciones e incluso violencia física. Los exilios de Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y muchos otros ex operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas ilustran claramente la hostilidad que enfrentan quienes abogan por la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.

    ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar la lucha contra la impunidad en Guatemala?

    La comunidad internacional puede y debe jugar un papel crucial en esta lucha. Las plataformas internacionales deben visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Los actores diplomáticos deben instar al gobierno guatemalteco a garantizar el respeto de los derechos humanos. También es fundamental que den apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil local.

    La comunidad internacional debe apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, coordinando sus esfuerzos para que ésta tenga impactos profundos y duraderos. Deben contribuir a la protección de las personas defensoras y asegurarse de que los sistemas de justicia no sean utilizados como arma para reprimir el disenso.

     

    El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
  • HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”

    Edy TaboraCIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

    ¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

    El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

    El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

    Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

    Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

    El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

    Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

    En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

    En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

    La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

    En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

    De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

    ¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

    Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

    Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

    En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

    El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

    Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

    Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

    ¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

    Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

    En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

    Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

    ¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

    A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

    En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

    La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

    Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

    ¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

    El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

    Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

    En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

    ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

    El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

    Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

    El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. 
  • MÉXICO: “El problema de la inseguridad es central, pero no se resuelve con militarización”

    CIVICUS conversa acerca de la militarización de la seguridad en México y sus implicancias para la sociedad civil con Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez-Centro Prodh.

    El Centro Prodhes una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana fundada en 1988 por la Compañía de Jesús con el objetivo de defender a víctimas de violaciones graves de derechos humanos e impulsar cambios estructurales que permitan a todas las personas en México gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de sus derechos humanos. Su trabajo se enfoca específicamente en personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión.
  • MÉXICO: “Las personas defensoras ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida”

    AntonioLaraCIVICUS conversa con Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en México, y específicamente de la situación de Kenia Hernández, una defensora indígena criminalizada e injustamente encarcelada.

    El CDHZL es una organización de la sociedad civil del estado de México que acompaña procesos de lucha de comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que buscan una vida digna a través del ejercicio y el reclamo de sus derechos humanos.

    ¿Quién es Kenia Hernández, y por qué está detenida?

    Kenia es una joven mujer indígena amuzga. Tiene 32 años. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo neoliberal. Es abogada de formación profesional, se reivindica feminista y se dedica a la defensa de los derechos humanos, y particularmente a la defensa de personas presas por motivos políticos, a la búsqueda para hallar con vida a personas desaparecidas y al acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.

    Kenia fue detenida el 18 de octubre de 2020, acusada de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia. La acusaron de delitos graves para asegurarse de poder internarla en el penal femenino de máxima seguridad más terrible de todo México.

    El 15 de marzo de 2022 el tribunal de enjuiciamiento de Ecatepec, en el estado de México, determinará si es culpable o inocente en una de las cinco causas penales que existen en su contra. Todas estas causas fueron fabricadas con el exclusivo propósito de aislarla y evitar que siga protestando, además de mandar una señal de castigo ejemplar a todas aquellas personas que ella había logrado articular en un movimiento de corte nacional que cuestionó la concesión privada de las autopistas.

    ¿Es el caso de Kenia parte de una tendencia más amplia a la criminalización de las personas defensoras indígenas en México?

    Efectivamente, el caso de Kenia nos revela que el Estado mexicano tiene una clara política de “pedagogía del escarmiento”, por dos razones.

    Por un lado, manda una señal a las personas que protestan, y particularmente a quienes protestan poniendo de relieve el tema de las autopistas privadas, para que ya no recurran a la manifestación pública como forma de movilización social, porque si lo hacen padecerán como consecuencia un encierro injusto y cruel como el que vive Kenia.

    Por el otro lado, los funcionarios del Estado mexicano tratan de someter y doblegar la voluntad de Kenia, pretenden castigarla por haber protestado pero también vulnerar sus convicciones, limitar su energía y fuerza en la protesta, hacerle saber quién manda y quién obedece. Como ella no se ha sometido continúan manteniéndola en prisión. Saben que si la liberan volverá a su activismo.

    Ambas situaciones son de una gravedad por demás preocupante, porque buscan revertir décadas de luchas sociales y de apertura de espacios democráticos.

    ¿Qué está haciendo la sociedad civil, y particularmente el CDHZL, para conseguir su liberación?

    El CDHZL se dedica a difundir, promover y defender los derechos humanos de pueblos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Defendemos el medio ambiente, la tierra y el territorio, el derecho humano al agua y la cultura indígena. Y nos enfocamos particularmente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ya que en México estas personas ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida.

    Parte de nuestro trabajo consiste en dar defensa legal a personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas por defender pacíficamente algún derecho. En sus diez años de vida, el CDHZL ha ayudado a recuperar su libertad a alrededor de 250 personas.

    Esperamos que pronto Kenia sea una más de ellas. La sociedad civil mexicana ha dado mucha visibilidad a su caso, poniendo en la agenda pública la criminalización de que es objeto e involucrando a actores clave, y en particular a senadores de la República, para convencer a tomadores de decisión relevantes de dejar de criminalizar a Kenia. También hemos tratado de llevar su caso al ámbito internacional, señalando la política punitiva del gobierno federal de México.

    A través de su amplio equipo de abogados y abogadas, el CDHZL ha sostenido una defensa jurídica en los cinco procesos legales contra Kenia, con todo lo que ellos implican: decenas de audiencias, impugnaciones y juicios de garantías, algunos de ellos ganados. Pero claramente esto es mucho más que una lucha jurídica, ya que altos funcionarios se han empeñado en mantener a Kenia en prisión a toda costa.

    ¿No ha habido mejoras en la situación de las personas defensoras indígenas tras el ascenso del actual gobierno de izquierda?

    Nuestra expectativa era que hubiera mejoras en la situación de las personas indígenas, las personas defensoras y los derechos colectivos en general, pero desafortunadamente continúa habiendo un desdén generalizado en el gobierno federal, más allá de su corte de izquierda.

    El gobierno no ha podido o no ha querido sintonizar con las demandas más sentidas de los pueblos originarios. Han continuado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Entre los casos de prisión, el de Kenia Hernández es uno de los ejemplos más lacerantes del uso indebido del sistema penal en contra de una persona defensora, producido bajo este gobierno que se autoproclama artífice de una “cuarta transformación” – un proceso de cambio profundo supuestamente comparable a los de la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917).

    ¿Qué clase de apoyos regionales e internacionales necesita la sociedad civil mexicana en su lucha por los derechos humanos y el espacio cívico?

    Sin duda la observación internacional, muy mal aceptada por el gobierno actual, ayuda y ayudará a recuperar espacios democráticos para la protesta social y la libre manifestación de las ideas.

    Llamamientos al gobierno de la República Mexicana pueden ayudar a sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de respetar los derechos humanos y a quienes los defienden más allá de filiaciones a partidos políticos. 

    La mediación y buenos oficios internacionales serán sin duda una herramienta fundamental para fortalecer a la sociedad civil en los procesos de defensa de derechos humanos, y particularmente en aquellos donde se encuentren en juego la vida y libertad de personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

    El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

    Póngase en contacto con el CDHZL a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@cdhzloficial en Twitter.
  • NICARAGUA: “El caso de María Esperanza es parte de un proceso creciente de criminalización de la protesta social”

    CIVICUS conversa con Ana Lucía Álvarez, responsable para Nicaragua de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), acerca del caso de María Esperanza Sánchez, injustamente encarcelada en Nicaragua desde marzo de 2020, y acerca de la campaña en curso para obtener su liberación.

    IM-Defensoras es una red de activistas y organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que busca dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Fundada en 2010, busca fortalecer y vincular a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales para fortalecer redes de protección y solidaridad entre ellas y aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de su trabajo por los derechos humanos.

    Ana Lucia AlvarezEntrevista

    ¿Desde cuándo está María Esperanza en la cárcel, y por qué?

    María Esperanza fue capturada el 26 de enero de 2020. Ella es una activista que estuvo acompañando durante mucho tiempo a familiares de personas presas políticas, y tengo entendido que inició su activismo y su organización a partir del levantamiento ciudadano de abril del 2018. Ella ya era perseguida por lo que estaba en una casa de seguridad. La policía allanó ilegal y arbitrariamente la vivienda, sin orden de allanamiento, y se la llevó. La acusaron de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública. Su caso lo está llevando el abogado Julio Montenegro, dedicado a litigar en casos de criminalización de la protesta y judicialización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. 

    ¿Consideras que el caso de María Esperanza es parte de un ataque más amplio contra el espacio cívico en Nicaragua?

    Definitivamente, hay un proceso creciente de criminalización de la protesta social en Nicaragua. El primer auge de esa criminalización se dio luego de la Operación Limpieza, que terminó aproximadamente en agosto de 2018. Fue una operación pseudo militar realizada por fuerzas policiales y parapoliciales, para desmantelar toda organización de resguardo y protección territorial que la población había levantado a través de barricadas en los barrios y tranques en las calles de todo el país. 

    Terminada la Operación Limpieza, comenzó la criminalización de quienes habían participado en la lucha cívica. Más de 800 personas fueron presas políticas, y luego fueron excarceladas en 2019 por decisión unilateral del gobierno mediante la Ley de Amnistía.

    María Esperanza ya era perseguida, hostigada, vigilada y amenazada desde antes de caer presa por su labor de defensa de los derechos humanos. Su detención y su juicio, al igual que el de muchísimas otras personas, estuvieron plagados de irregularidades. Las violaciones del debido proceso son sistemáticas. En Nicaragua el sistema de justicia está totalmente cooptado, colapsado y controlado por la llamada “pareja presidencial”, constituida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

    ¿Cómo ha seguido la situación de la sociedad civil desde la ola de protestas de 2018?

    En las protestas de 2018 hubo más de 350 personas asesinadas en un lapso de seis meses. El peso simbólico y emocional que tuvo esa cantidad de muertos en un país que ha vivido guerras civiles, dictaduras y levantamientos armados, ha sido tremendo. En Nicaragua nunca ha habido rendición de cuentas, siempre ha habido políticas de borrón y cuenta nueva, lo cual profundiza las heridas.

    Al sufrimiento de los 350 muertos se suman los de las más de 800 personas que fueron presas por motivos políticos, gran parte de las cuales están excarceladas. Decimos “excarceladas”, y no “libres”, porque tras la excarcelación la persecución política no se termina: el hostigamiento sistemático de las fuerzas policiales y parapoliciales continúa, y se constituye en obstáculo para el disfrute de múltiples derechos, tales como el derecho al trabajo.

    Para estas personas, a los efectos de la crisis económica que atraviesa el país se suman las dificultades que trae consigo la persecución política. Muchas veces no pueden salir de su casa porque hay una patrulla afuera, y cuando salen los siguen, consiguen los nombres de sus empleadores y también comienzan a hostigarlos.

    La persecución se da a nivel barrial. El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha establecido diversas estructuras que utilizan para el control territorial mediante la vigilancia y la represión: los Consejos de Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia y los Comités de Liderazgo Sandinista. Si eres una persona opositora o defensora de derechos humanos, siempre habrá algún vecino tuyo que está metido en alguna de esas estructuras e informa al régimen y a la policía de lo que haces, y luego comienzas a recibir persecución, hostigamiento, e incluso puede que detenciones arbitrarias.

    El hostigamiento y la hipervigilancia provocan daños psicológicos no solamente en la persona perseguida sino también en su familia. Eso ha repercutido en el aumento de la emigración, que es un fenómeno dual, causado tanto por la persecución política como por la precarización social. Desde 2018 120 mil personas se han ido de Nicaragua, una cantidad enorme para un país de apenas seis millones de habitantes.

    Las elecciones de 2021 exhibieron abiertamente la falta de legitimidad del régimen. ¿Sobre qué bases se sostiene el gobierno?

    En el contexto de las elecciones de 2021 la persecución no hizo más que exacerbarse. Para poder llevar a cabo la farsa electoral de noviembre, el gobierno encarceló a diez precandidatos y precandidatas presidenciales y a mucha gente con un rol central en el proceso electoral y en la conformación de alternativas. Eso mandó un mensaje muy claro, como consecuencia del cual sigue habiendo mucha autocensura.

    Daniel Ortega ha continuado concentrando y consolidando su poder. Actualmente vivimos bajo un régimen que se ha convertido en totalitario, donde todas las libertades están totalmente restringidas. Esta es la única forma en que el gobierno puede sostenerse, porque no tiene ninguna legitimidad. Por eso la represión y el control social continúan aumentando en vez de disminuir. En ausencia de esos niveles de represión y control social, el altísimo nivel de rechazo popular hacia el régimen le haría imposible mantener el control político.

    En consecuencia, cabe esperar que continúen la represión, el control territorial, la represión barrial, la criminalización de la protesta y la disidencia social y el cierre de espacios para la libertad de expresión y para la libertad de prensa.

    Ahora se ha aprobado un combo de leyes que incluye una Ley de Ciberdelitos. Y ya tenemos al primer preso político condenado por esta ley, que no hace otra cosa que criminalizar la libertad de opinión.

    Lo que busca el gobierno con los presos políticos es tener rehenes. Entre las personas detenidas en los últimos tiempos destacan precandidatos presidenciales, empresarios, banqueros, abogados, activistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno trata de negociar su salida para ganar legitimidad y aprobación internacional.

    Lo cierto es que el gobierno no tiene apoyo internacional. Los únicos líderes extranjeros que asistieron a su toma de posesión fueron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

    ¿Cómo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la recuperación de la democracia y los derechos humanos?

    Hay que amplificar la denuncia de las violaciones y afinar los mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil en Nicaragua ha hecho un tremendo esfuerzo no solamente para documentar las violaciones de derechos humanos sino también para identificar autores y responsables. Dado que el sistema de justicia en Nicaragua está colapsado, y que la sociedad civil está haciendo todo lo que está en sus manos, recae sobre la comunidad internacional la gran responsabilidad de impulsar la rendición de cuentas y el castigo a los responsables.

    El régimen de Daniel Ortega ya no es un proyecto político sino un proyecto económico. El control del Estado le permite disponer de redes de corrupción en su provecho. En función de esto la comunidad internacional debería afinar sus mecanismos, revisando el tema de las sanciones económicas, identificando a las empresas que siguen haciendo negocios, no siempre totalmente lícitos, con el régimen de Ortega. Ya que muchos acuerdos de asociación tienen cláusulas democráticas y anticorrupción, es necesario hacerlos operativos. También deben imponerse sanciones personales a los artífices de la corrupción y de la represión.

    ¿Qué tipo de presión debería ejercerse para lograr la liberación de María Esperanza Sánchez?

    María Esperanza fue condenada a diez años de prisión. Todo lo que ha pasado con ella y con el resto de las personas presas políticos es completamente arbitrario; justamente por eso les consideramos presos políticos. Lo que reclamamos es la liberación incondicional y con garantías de todos ellos. 

    Lo que ocurra con ellos dependerá en gran medida de la fuerza con que logren ejercer presión la oposición y la comunidad internacional, de la correlación de fuerzas que se establezca entre el gobierno de Nicaragua y los movimientos de defensa de los derechos humanos.

    Hay que hacer campañas y seguir presionando. Seguir poniendo el dedo en la llaga de todas las arbitrariedades, ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Todavía sigue habiendo gente en Europa y en otras partes del mundo que piensa que Daniel es aquel antiguo revolucionario idealista, y no el déspota en que se ha convertido. La mejor forma de desenmascarar a dictadores y violadores de derechos humanos es seguir comunicando la verdad sobre la base de evidencia bien documentada.

    El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que identifica a los países donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.
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  • NICARAGUA: “El régimen busca aniquilar toda organización autónoma de la ciudadanía”

    CIVICUS conversa con María Teresa Blandón, defensora nicaragüense de los derechos humanos y directora del Programa Feminista La Corriente, una organización de la sociedad civil (OSC) cuya personería jurídica fue recientemente cancelada por el régimen autoritario liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

    Maria Teresa Blandon

    ¿A qué se debe la renovada ola de represión actualmente en curso en Nicaragua?

    La represión se incrementó en vísperas de las elecciones fraudulentas de 2021, cuando el régimen apuntó específicamente contra los líderes de los principales grupos de oposición que habían estado construyendo alianzas para participar de las elecciones, ya que aun sabiendo que las condiciones eran sumamente adversas insistían en que esta era la salida a la crisis.

    A partir de enero de 2022 el régimen Ortega-Murillo escaló nuevamente su ofensiva, posiblemente a causa de un fallo en sus cálculos políticos: había pensado que una vez consumado el fraude electoral y con la oposición en la cárcel, ésta abdicaría de su rol y el régimen obtendría el aval de la comunidad internacional.

    Pero ninguna de las dos cosas ocurrió: ni la oposición se resignó ni hubo apoyo internacional, sino todo lo contrario: el aislamiento del régimen se profundizó. La oposición nicaragüense mantuvo y mantiene una constante denuncia ante la instalación de un estado policial de facto y reclama la salida del régimen por vías cívicas. Las OSC que lograron mantenerse en el país continuaron denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la represión; de ahí la aprobación de nuevas leyes para despojarlas de su personería jurídica y de sus bienes.

    Ante la falta de legitimidad, el régimen Ortega-Murillo ha profundizado su estrategia de aniquilación de toda forma de organización de la ciudadanía que no se subordine a sus intereses. A la fecha, más de 1.600 OSC han sido eliminadas por la Asamblea Nacional y en muchos casos sus bienes han sido confiscados en el marco de leyes abiertamente violatorias de la Constitución de nuestro país, que establece el derecho a la libre asociación y la prohibición expresa de la confiscación.

    Hasta hace muy poco, la cancelación de personerías jurídicas había estado a cargo de la Asamblea Nacional, pero una nueva ley asignó esta atribución al Ministerio de Gobernación, que ahora tiene el poder absoluto de decidir quiénes tienen derecho a asociarse y quiénes no. El procedimiento es expedito y no existe ninguna instancia de apelación, lo cual habla claramente del nivel de indefensión en que se encuentra la sociedad civil nicaragüense.

    El Poder Judicial ha guardado silencio ante los recursos por inconstitucionalidad presentados en 2021, luego de la aprobación de la Ley de agentes extranjeros que obliga a las OSC que reciben fondos de la cooperación internacional a reportar en detalle sus actividades en un nivel que hace prácticamente imposible su funcionamiento.

    De este modo, el régimen elimina toda forma de participación autónoma, deja a activistas y personas defensoras de derechos humanos en una situación de mayor precariedad, y se hace de los recursos que necesita para continuar con las prácticas clientelares características de su gestión.

    Y es que uno de los problemas que enfrenta el régimen es precisamente la falta de recursos para sostener los proyectos de desarrollo comunitario que llevaban a cabo muchas de las OSC eliminadas. Ya no cuenta con apoyos procedentes de Venezuela y tampoco puede seguir ampliando las empresas familiares que el clan Ortega-Murillo ha construido al amparo del poder. Muchas de estas empresas han sido sancionadas, incluyendo la que tiene el monopolio del combustible, lo que les ha obligado a realizar diversas maniobras para mantenerlas activas. 

    ¿Cuál es el trabajo que hace tu organización?

    El Programa Feminista La Corriente tiene casi 30 años de existencia, y nació con el propósito de contribuir a la generación de pensamiento crítico y alentar nuevas formas de participación de las mujeres en Centroamérica. Durante los últimos 15 años hemos ampliado nuestra labor con jóvenes y colectivos disidentes sexuales y de género.

    Durante todo nuestro recorrido, hemos contribuido a desafiar el heterosexismo, la misoginia y la violencia machista y construido redes vitales para la defensa de derechos. Hemos priorizado temas relacionados con la prevención de la violencia, la maternidad voluntaria, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el respeto de la diversidad sexual y de género.

    Los esfuerzos de investigación de la realidad que viven las mujeres, jóvenes y cuerpos disidentes han sido clave para el desarrollo de programas de formación y comunicación pública. Para nosotras es de vital importancia potenciar la acción colectiva a través de movimientos sociales capaces de pensar y actuar los cambios requeridos por la sociedad nicaragüense. También somos parte de redes y alianzas centroamericanas y latinoamericanas, desde donde contribuimos con procesos de incidencia hacia gobiernos e instituciones globales.

    Precisamente por generar pensamiento crítico y defender derechos, en el mes de mayo del presente año la Asamblea Nacional canceló nuestra personería jurídica y a principios de julio la policía se apropió de nuestras instalaciones.

    ¿Con qué argumentos se ordenó el cierre de la organización?

    En general, los argumentos esgrimidos por los diputados sandinistas que controlan el parlamento incluyen una acusación sin fundamento alguno que coloca a las OSC como posibles lavadoras de dinero por el hecho de recibir dinero de fuentes externas, obviando de manera deliberada que estas fuentes están vinculadas a gobiernos y agencias de cooperación debidamente establecidas. 

    También esgrimen supuestas infracciones burocráticas tales como el vencimiento de juntas directivas, la falta de actualización de estatutos, o simplemente que se habían negado a dar información solicitada por el Ministerio de Gobernación. Sobre esto último, hay que destacar la intervención abusiva de este ministerio, que de acuerdo con la nueva ley obliga a las OSC a presentar información detallada sobre cada una de las actividades a realizar y datos personales de las personas con las que trabajan.

    Tales exigencias desnaturalizan el sentido de las organizaciones no gubernamentales, convirtiéndolas en una extensión del Estado, una clara evidencia del afán totalitario de este régimen. A todas luces se trata de imponer un modelo de control absoluto para lo cual es necesario desarticular toda forma de participación autónoma de la sociedad civil.

    Asimismo, con la cancelación de las OSC que trabajan con sectores de escasos recursos, el régimen pretende retomar el control de lo que supone su base social, a la que intenta recuperar o retener a través de políticas clientelares. En este sentido, han sido eliminadas organizaciones que promueven el acceso a la educación de niños y jóvenes de bajos recursos, atención a necesidades de personas con discapacidad acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra y otros recursos, servicios de salud sexual y reproductiva, y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, entre otras. 

    También se han cerrado OSC que trabajan en el ámbito de la participación ciudadana desde una perspectiva de derechos y con un claro enfoque de defensa de valores democráticos. Han sido declaradas adversarias del régimen y sus representantes han sido objeto de vigilancia, amenazas, exilio y encarcelamiento. También se trata de una suerte de venganza por generar evidencias que desmienten el discurso oficial y denunciar la violación sistemática de derechos por parte del régimen sandinista.

    ¿Por qué el régimen se ha ensañado específicamente con las organizaciones feministas?

    La hostilidad contra las feministas nicaragüenses viene desde la década de los ‘80. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como partido guerrillero que llegó al poder, realmente nunca reflexionó sobre las lógicas patriarcales del poder, simplemente las replicó sin contemplaciones.

    Las feministas de mi generación tuvimos que soportar una relación autoritaria y abusiva con el gobierno sandinista, que en distintos momentos expresó malestar con la existencia de una organización de mujeres, porque desde su perspectiva ello debilitaba la unidad de las fuerzas revolucionarias.

    De hecho, ejercieron su poder de veto para impedir que los colectivos de mujeres colocaran en el debate público demandas relativas a la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos. Las líderes de estos colectivos fueron silenciadas y obligadas a asumir las prioridades establecidas por la dirigencia del partido de gobierno.

    El parteaguas que marcó la ruptura definitiva del movimiento feminista con el FSLN ocurrió a fines de los ‘90, cuando Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y actual vicepresidenta, denunció los abusos cometidos por su padrastro durante más de 20 años. Cuando las feministas nos posicionamos del lado de la víctima se produjo la una ruptura con la dirigencia del FSLN, que desde entonces nos percibe como enemigas. La denuncia de Zoilamérica alentó nuevas denuncias que involucraron a otros miembros de la dirección nacional del FSLN, como el fallecido Tomás Borge.

    Por otro lado, durante la campaña electoral de 2005-2006 un sector del movimiento feminista formó parte de una alianza electoral con partidos de oposición, incluyendo al Movimiento de Renovación Sandinista, ahora UNAMOS, a quienes el FSLN considera traidores de la revolución por haber demandado la democratización del partido y cuestionado el liderazgo autoritario y caudillista de Ortega.

    El retorno de Ortega al gobierno en 2007 enseguida dejó en claro que su estrategia era lograr la desarticulación de las redes feministas que a esas alturas habían crecido en su capacidad de propuesta y de influencia en la sociedad nicaragüense. La campaña de estigmatización arrancó con un discurso de Murillo en el que acusó a las feministas de traficar con el sufrimiento de las mujeres y de querer imponer una forma de vida extraña a la cultura nicaragüense. Ese mismo año el gobierno comenzó a presionar a las agencias internacionales de cooperación para que suspendieran su apoyo a los colectivos feministas, logrando que muchas de ellas se fueran del país.

    El discurso del régimen Ortega-Murillo tuvo entre sus principales ejes su supuesto compromiso con la equidad de género, proclamando como uno de los principales avances el logro de la paridad de género en todos los poderes del Estado. Si bien este discurso fue asumido por organismos de Naciones Unidas e instituciones financieras multilaterales, las feministas aportaron claras evidencias que confirmaban la persistencia de la desigualdad y la ausencia de políticas públicas para atender demandas de las mujeres.

    La penalización absoluta del aborto, la ausencia de políticas de prevención y sanción de la violencia machista, incluyendo el abuso sexual contra niñas y adolescentes que en Nicaragua es una constante, la ausencia de educación sexual, el incumplimiento de la ley que estableció la creación de un fondo para la entrega de tierras a mujeres rurales, la violación de derechos laborales de las trabajadoras de maquila, figuran entre los problemas no resueltos por un régimen que se atrevió a compararse con los países que más han avanzado en materia de equidad de género en el mundo.

    ¿Qué deberían hacer los donantes, y la comunidad internacional en general, para ayudar a la sociedad civil nicaragüense?

    En tiempos tan convulsos y con tantos focos de tensión en el mundo, resulta difícil apelar a la solidaridad con la sociedad nicaragüense, que continúa apostando por un cambio cívico y pacífico para salir de esta nueva dictadura y sentar las bases de la democratización del país. 

    Sin embargo, es urgente seguir apelando a los gobiernos democráticos, independientemente de su signo ideológico, para que no aparten la mirada de lo que pasa en Nicaragua y apoyen nuestras justas demandas de liberación inmediata de las presas y presos políticos, suspensión del estado policial, cese de la persecución a las OSC y a la iglesia católica, y restablecimiento pleno de nuestros derechos.

    Reclamamos una postura coherente por parte de los gobiernos democráticos, las agencias del sistema de Naciones Unidas, las instituciones financieras multilaterales, los bloques de integración regional y los foros de partidos políticos a fin de evitar cualquier acción que contribuya a prolongar la permanencia de la dictadura Ortega-Murillo en el poder.

    A estas alturas resulta inadmisible que denuncien las sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen, al mismo tiempo que votan a favor del otorgamiento de préstamos al mismo régimen, que además de incrementar una deuda que ya es mayor que el PIB, le da un mayor margen de maniobra para sostenerse en el poder.

    El apoyo activo a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y OSC es vital para sostener la esperanza en un cambio democrático que no imponga más sufrimientos al pueblo nicaragüense.

    El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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  • VENEZUELA: “El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada”

    Alí DanielsCIVICUS conversa sobre la “ley anti-ONG” recientemente aprobada en Venezuela con Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una organización de la sociedad civil (OSC) que se dedica a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país.

    El 15 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuelaaprobó una ley conocida como “ley anti-ONG”, que restringe severamente la libertad de asociación. La ley obliga a las OSC a declarar el origen de sus fondos, impone estrictas obligaciones de reporte, incluido el requisito de proveer informaciones sensibles, y prohíbe OSC que se considere que promueven “fascismo, intolerancia y odio”. La medida, propuesta tiempo atrás, acabó siendo adoptada tras laselecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se impuso por amplia diferencia. El gobierno ha desconocido los resultados, reprimido violentamente las protestas en reclamo de democracia e intentado sofocar toda fuente de disenso.

    ¿Qué establece la ley anti-ONG, y qué lugar ocupa en la arquitectura represiva del régimen gobernante?

    Esta nueva ley fue presentada como un instrumento para reglamentar el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, cuando en realidad busca obstaculizarlo. La tercera parte de sus 39 artículos contiene severas sanciones tales como multas, anulación de registros, la expulsión de extranjeros e incluso la disolución de organizaciones. Aunque dice buscar mayor transparencia y rendición de cuentas, tiene solamente dos artículos sobre este tema, que además ya estaba regulado por el Código Civil.

    Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que obliga a las OSC a reinscribirse dentro de un plazo de 180 días, y podría dejarlas en un limbo legal en el caso de que no reciban una respuesta de las autoridades. Además, impone revisiones anuales, añadiendo cargas administrativas innecesarias incluso sobre aquellas que no cuentan con recursos financieros.

    La ley anti-ONG ley se enmarca en una estrategia represiva de larga data que incluye violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Es un engranaje más en una maquinaria represiva que incluye medidas tales como la anulación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos y activistas, la vigilancia ilegal de teléfonos y redes sociales y la censura de plataformas como WhatsApp y Twitter/X. Altos funcionarios del gobierno ya nos han clasificado como “terroristas”, alentando y justificando la intensificación de la represión.

    La ley anti-ONG también puede ser vista como una respuesta a la presión internacional que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones del 28 de julio. Con ella, el gobierno redobla la apuesta y muestra que está dispuesto a castigar a cualquiera que cuestione su legitimidad.

    ¿Qué efectos podría tener esta ley?

    Nos preocupa mucho el hecho de que la nueva ley se parece mucho a la de Nicaragua, que en solo un año resultó en la ilegalización de más de 3.000 OSC.

    A mediano plazo, la nueva ley puede afectar gravemente la situación humanitaria. Las nuevas restricciones podrían resultar en una disminución del número de OSC, mientras que las que sigan operando podrían verse forzadas a reducir su capacidad de ejecutar proyectos. Es posible que muchas OSC acaben optando por la informalidad. Aunque esto reduciría costos, también limitaría su capacidad para recibir financiamiento, ya que los donantes suelen preferir trabajar con entidades jurídicas formales.

    Es decir, los daños que podría causar no se limitan a las OSC, sino que también afectan a las personas que dependen de sus servicios. Por razones políticas, el gobierno de Venezuela adopta posiciones contradictorias: obliga a empresas en quiebra a seguir operando para “proteger el trabajo”, y al mismo tiempo disuelve OSC por no pagar una multa. Dice proteger el empleo, pero disuelve organizaciones que generan trabajo en el sector humanitario.

    La ley anti-ONG busca limitar la independencia de la sociedad civil, permitiendo operar solamente a las OSC afines. El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada.

    ¿Cómo trabaja la sociedad civil por una transición democrática en Venezuela?

    En un contexto marcado por la censura a la expresión política y la libertad de prensa, la sociedad civil venezolana juega un papel crucial en la lucha por una transición democrática. Frente a las restricciones impuestas a los partidos políticos y al control gubernamental sobre los medios, las OSC nos hemos convertido en fuentes confiables de información, aportando un análisis alternativo a la versión oficial. Brindamos datos que el gobierno preferiría ocultar, tales como los referidos al aumento de la desnutrición infantil. Mostramos la realidad y es justamente por eso que nos quieren reprimir.

    Las OSC están actuando como observadoras y denunciantes, ofreciendo un análisis crítico y proponiendo alternativas para el futuro del país. Abogamos por una transición dialogada y negociada, pero también establecemos límites éticos y legales claros, de modo de garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados.

    ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil venezolana?

    La comunidad internacional puede ayudarnos a mantener lo que está pasando en Venezuela dentro del debate global, haciéndose eco de nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto es sumamente importante para que los sectores ideológicos más reticentes reconozcan que las violaciones de derechos humanos no tienen ideología y que la tortura, sin importar quién la comete, es inaceptable y debe ser condenada y castigada.

    Es importante que los países con capacidad de influir sobre el gobierno venezolano, como Brasil y Colombia, utilicen su posición para fomentar el diálogo. La presión diplomática y la mediación por parte de países amigos podrían facilitar un proceso de negociación y solución pacífica. Hace más de dos décadas que enfrentamos una emergencia humanitaria compleja; todo apoyo para mitigar la crisis es sumamente valorado, y nos seguirá dando esperanzas y fuerza para enfrentar la situación tan grave que nos toca vivir.

    El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

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