personas defensoras de derechos humanos

 

  • Afganistán: la ONU y los Estados miembros deben tomar medidas urgentes para proteger a la sociedad civil

    En CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, nos preocupa profundamente la seguridad de las personas que defienden los derechos humanos, de los periodistas y del personal de las organizaciones de la sociedad civil en Afganistán, tras el colapso del gobierno del presidente Ashraf Ghani y la toma del poder por parte de los talibanes.

    Tal y como han solicitado los expertos de la ONU, instamos a los Estados miembros de la ONU a que tomen medidas inmediatas para protegerlos y a que convoquen urgentemente una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Afganistán, que incluya un debate sobre el rápido establecimiento de una misión de investigación para evaluar la situación sobre el terreno e informar sobre ella.

    Los talibanes tienen un historial de abusos contra los derechos humanos, represalias coordinadas contra sus críticos y ataques a civiles con impunidad. Tras la toma de Kabul, las personas que defienden los derechos humanos informaron de que los talibanes habían revelado listas de nombres de representantes de la sociedad civil y de que se habían llevado a cabo redadas en sus domicilios. A las personas defensoras que intentan salir del país también se les ha impedido subir a los aviones, ya que las misiones extranjeras han dado prioridad a la evacuación de sus propios ciudadanos y personal. Los demás se han escondido y temen por su vida.

    El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también expresó su preocupación por los primeros informes según los cuales los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, especialmente dirigidas a las mujeres.

    "La crisis que se está produciendo en Afganistán requiere una respuesta urgente y decidida de la ONU y de los Estados miembro. Deben adoptarse medidas proactivas para garantizar la seguridad y la protección de quienes defienden los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Muchos corren el riesgo de ser objetivo de los talibanes por su trabajo, y hay que hacer esfuerzos para evacuarlos y reubicarlos a ellos y a sus familias", dijo Josef Benedict, investigador del Espacio Cívico de CIVICUS.

    CIVICUS ha documentado los ataques de los talibanes a la sociedad civil en los últimos años. Las personas que defienden los derechos humanos, sobre todo las mujeres, han sido amenazadas en el transcurso de su trabajo y algunas han sido secuestradas y asesinadas. Muchos han tenido que trasladarse por razones de seguridad, aunque los autores no han rendido cuentas. Las recientes negociaciones de paz no han incluido de forma adecuada y efectiva a la sociedad civil, especialmente a las defensoras de los derechos humanos.

    Según la información recopilada por el Comité Afgano de Defensores de los Derechos Humanos (AHRDC), sólo entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 fueron asesinados 17 defensores de los derechos humanos. Más de 200 personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación han denunciado haber recibido graves amenazas. Dadas las actuales condiciones de conflicto e inestabilidad política, estas amenazas han aumentado.

    El llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, el 16 de agosto, para que la comunidad internacional hable al unísono para defender los derechos humanos en Afganistán es un paso en la dirección correcta.

    "El Consejo de Seguridad de la ONU debe aprovechar la oportunidad actual para reanudar rápidamente las estancadas conversaciones de paz en Afganistán y garantizar la representación efectiva de la sociedad civil, especialmente de las mujeres. También debe pedir a los talibanes que respeten la legislación internacional en materia de derechos humanos, protejan a los civiles y pongan fin a las operaciones de represalia", dijo Josef Benedict.

    El CIVICUS Monitor es una plataforma en línea que hace un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Afganistán comorepresivo

     

  • ANGOLA: “El partido en el poder ve a las elecciones locales como una amenaza”

    Acceda a la entrevista original en portugués aquí

    Pascoal Baptistiny 1CIVICUS conversa acerca de la situación en Angola con Pascoal Baptistiny, Director Ejecutivo de MBAKITA - Misión Benéfica Agrícola de Kubango, Inclusión de Tecnologías y Medio Ambiente, una organización de la sociedad civil con sede en la provincia de Cuando Cubango, en el sur de Angola. Fundada en 2002, MBAKITA defiende los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, denuncia la discriminación que padecen y la expropiación de sus tierras, y promueve una sociedad más justa, democrática, participativa, tolerante, solidaria, sana y humana.

     

    ¿Cuál es el estado del espacio cívico en Angola, y cuáles son las principales limitaciones que enfrentan los activistas angoleños?

    La represión del espacio cívico en Angola es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad civil angoleña en la actualidad. Los activistas sufren detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y malos tratos, secuestros, asesinatos, acoso y desapariciones por parte de las fuerzas gubernamentales, la policía y los servicios de inteligencia del Estado. Esta represión ha hecho que muchos angoleños tengan cuidado con lo que dicen en público. Las pocas organizaciones que defienden los derechos humanos en Angola a menudo lo hacen asumiendo grandes riesgos personales y familiares.

    ¿Podría contarnos sobre las restricciones que usted y sus colegas enfrentaron en 2020?

    En 2020, mis colegas de MBAKITA y yo enfrentamos obstáculos destinados a impedir, minimizar, interrumpir y revertir el impacto de las actividades legítimas de la organización, centradas en la crítica, la denuncia y la oposición a las violaciones de derechos y a las posiciones, políticas y acciones gubernamentales ineficaces.

    Entre las diversas formas de restricción que experimentamos se cuentan las restricciones y cancelaciones arbitrarias de manifestaciones y reuniones; la vigilancia; las amenazas, la intimidación, las represalias y los castigos; las agresiones físicas; las campañas de difamación que presentan a los miembros de MBAKITA como “enemigos del Estado” y mercenarios al servicio de intereses extranjeros; el acoso judicial; las multas exorbitantes para la adquisición de medios de transporte; robos en nuestras oficinas y la sustracción de equipos informáticos; el registro y la confiscación de bienes; la destrucción de vehículos; la privación de empleo e ingresos; y la prohibición de viajar.

    Además, 15 activistas fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a malos tratos durante la campaña de prevención del COVID-19. El 1º de mayo mi residencia fue invadida y los guardias fueron atacados con gases lacrimógenos. El 16 de noviembre, dos activistas fueron violadas. Entre las víctimas fatales del año se cuentan tres de nuestros activistas y un manifestante.

    ¿Qué tipo de trabajo realiza MBAKITA? ¿Por qué cree que la organización ha sido atacada?

    MBAKITA es una organización que defiende y promueve los derechos humanos. Trabajamos para promover, proteger y difundir los libertades y derechos humanos universalmente reconocidos, y especialmente los derechos a las libertades de reunión, asociación, manifestación pacífica, expresión y prensa, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, los derechos a la tierra, a una alimentación adecuada, al agua potable y al medio ambiente, y la lucha contra la tortura y los malos tratos.

    Cuestionamos las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de las personas indígenas, étnicas, lingüísticas, LGBTQI+, con discapacidades y migrantes.

    Mi organización utiliza medios pacíficos y no violentos en sus actividades. Sin embargo, hemos enfrentado riesgos incalculables como consecuencia de nuestro trabajo de derechos humanos en las provincias del sur de Angola. 

    MBAKITA es atacada sistemáticamente por varias razones. Primero, porque en 2018 denunció la muerte de cuatro niños durante la Operación Transparencia, una acción contra el tráfico de diamantes y inmigrantes indocumentados llevada a cabo por la policía y las fuerzas armadas angoleñas en el municipio de Mavinga, provincia de Cuando Cubango. En segundo lugar, porque en 2019 denunció el desvío de fondos destinados a apoyar a las víctimas de la sequía en las provincias del sur de Angola por parte de los gobiernos provinciales. Tercero, porque en abril de 2019, dos activistas de la organización denunciaron la apropiación ilegal de tierras por parte de empresarios políticos -generales, diputados y gobernadores- en territorios pertenecientes a las minorías indígenas San y Kuepe y utilizados para la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, que constituyen la dieta de estas poblaciones. Cuarto, porque en febrero de 2020 MBAKITA denunció el desvío de fondos destinados a la compra de material de bioseguridad para la prevención del COVID-19 y el desvío de alimentos destinados al Programa de Asistencia a la Canasta Básica para Grupos Vulnerables. En quinto lugar, porque participamos y llevamos a cabo una campaña de sensibilización sobre el COVID-19, que incluyó la distribución de material de bioseguridad adquirido con fondos de MISEREOR-Alemania. Y, finalmente, porque participamos en todas las manifestaciones realizadas por la sociedad civil angoleña, incluida la más reciente, que tuvo lugar el 9 de enero de 2021, centradas en la lucha contra la corrupción y la exigencia de elecciones locales bajo el lema “Elecciones locales ya, ¡45 años en el poder es mucho!” y del cumplimiento de las promesas electorales de 500.000 puestos de trabajo, la reducción del costo de vida para las familias y la inclusión socioeconómica de las minorías indígenas, entre otras.

    ¿Por qué se cancelaron las elecciones previstas para 2020?

    Por un lado, por la pandemia de COVID-19. Pero al margen de esta pandemia mortal, el gobierno nunca ha estado interesado en celebrar elecciones locales en 2020. El partido en el poder, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), ve a las elecciones locales como una amenaza para el poder central y teme perder el control del poder. Tiene miedo de introducir un elemento de control de los votantes sobre los gobiernos locales, es decir, de participación y control de la ciudadanía sobre la gestión de los fondos públicos. El gobierno piensa que el pueblo despertará a la idea del Estado democrático y el Estado de derecho, es decir, que mucha gente ganará conciencia de sus derechos y deberes. Esto atentaría contra la intención del MPLA, que es perpetuarse en el poder.

    La promesa de la democracia local en Angola ha sido un fracaso. A tres años de gobierno, el presidente João Lourenço no ha cumplido ni el 10% de sus promesas electorales, dejando al 90% de los angoleños en estado de total escepticismo.

    En Angola, el partido que está en el poder desde hace más de 45 años no tolera a las personas libres. Hoy en día, los y las defensoras de derechos humanos pierden puestos de trabajo, pierden el pan para sus hijos, pierden sus carreras e incluso pierden sus vidas si se atreven a ser libres, a desear la democracia y a ejercer la libertad.

    ¿Qué perspectivas hay de que la situación cambie en un futuro próximo?

    Para que la situación cambie, la sociedad civil tiene mucho trabajo por hacer. Las acciones más importantes y urgentes son la adquisición de formación en seguridad individual, institucional y digital, el aprendizaje del idioma inglés, la obtención de estatus de observador ante la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos, la observación y participación en manifestaciones y otros actos públicos, la incidencia y el cabildeo para la legalización de las organizaciones de derechos humanos, la realización de visitas a las cárceles, incluyendo entrevistas con los presos y la recopilación de pruebas de las torturas, malos tratos y condiciones penitenciarias, la observación de los juicios contra activistas en los tribunales inferiores, la recaudación de fondos para la sostenibilidad de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, y el monitoreo de las elecciones locales de 2021 y de las elecciones generales de 2022.

    ¿Qué tipo de apoyo necesitan los y las activistas angoleñas de parte de la sociedad civil internacional para poder continuar haciendo su trabajo?

    Las necesidades son enormes y muy variadas. Los y las activistas necesitan urgentemente protección y seguridad, lo que incluye formación en análisis de riesgos, elaboración de planes de seguridad y formación en mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, así como técnicas para investigar, litigar, documentar, presentar peticiones y denunciar violaciones de los derechos humanos. En concreto, en MBAKITA nos gustaría recibir asistencia técnica para evaluar qué dispositivos de seguridad se podrían implementar para aumentar la protección física de la oficina de la organización y de mi residencia, así como apoyo financiero para la compra de dichos dispositivos, por ejemplo para la adquisición de un sistema de seguridad o una cámara de videovigilancia.

    Los activistas agredidos, y especialmente los 15 activistas de MBAKITA que han sido víctimas directas de represión y tortura a manos de las fuerzas gubernamentales, también necesitan asistencia psicológica postraumática. La ayuda financiera nos ayudaría a pagar los honorarios de los abogados que trabajaron por la liberación de seis activistas que fueron encarcelados entre agosto y noviembre de 2020. También nos ayudaría a reponer el equipo de trabajo robado, sin el cual nuestra capacidad de trabajo se ha visto reducida: dos vehículos, ordenadores, tarjetas de memoria, cámara digital y videocámara.

    Para los activistas amenazados de detención arbitraria, secuestro o asesinato, que no tienen otra opción que abandonar rápidamente el país o su región de origen, necesitamos apoyo para el transporte y la estadía. Nuestros activistas también se beneficiarían de intercambios de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, para reforzar sus conocimientos sobre seguridad digital, y para formarse en técnicas periodísticas y audiovisuales y en el aprendizaje del inglés.

    Por último, el funcionamiento de las organizaciones y su sostenibilidad se beneficiarían de la obtención de apoyos para la instalación de servicios de internet y la creación de páginas web seguras, la adquisición de programas informáticos de gestión financiera y recursos para la contratación de personal estable, en condiciones de mantener a sus familias y dedicarse plenamente a la defensa de los derechos humanos.

    El espacio cívico en Angola es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con MBAKITA a través de su página deFacebook.

     

     

  • El acoso alcanza lo virtual: mujeres activistas y periodistas denuncian su situación

    Journalists theBridge series

    Periodistas, feministas, activistas y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo se enfrentan al acoso virtual. En esta serie, la alianza global de la sociedad civil CIVICUS pone de relieve cómo el acoso virtual tiene un marcado componente de género, a través de los relatos de mujeres que trabajan para defender nuestras libertades democráticas. Estos testimonios se publican con carácter original en Global Voices gracias a una colaboración entre CIVICUS y Global Voices.

    Inday Espina VaronaPara esta periodista filipina, cada día es una lucha contra el miedo

    La represión contra medios y periodistas independientes también ha sido implacable. Los ataques y amenazas a periodistas, el empleo de ejércitos de troles y bots virtuales, especialmente durante la pandemia de COVID-19, han contribuido a la autocensura, con el consiguiente efecto disuasorio en el mundo de la comunicación y el público en general.En esta primera parte de la serie, la periodista filipina Inday Espina-Varona cuenta su historia.

     
    Evgenija CarlPeriodista eslovena, a quien el primer ministro llamó prostituta, cuenta su historia

    Evgenija Carl es una periodista de investigación de Eslovenia. Tras realizar un reportaje televisivo sobre el partido de oposición SDS en 2016, Janez Janša, uno de los principales políticos de aquel entonces, la llamó “prostituta” en Twitter. El acoso en línea se intensificó luego, cuando Janša se convirtió en primer ministro esloveno. Lea la historia de Evgenija Carl aquí.

     

    Maya El AmmarAmenazas de violación en línea conectan activista libanesa con miles de otras mujeres que enfrentan maltrato

    Desde octubre de 2019, protestas antigubernamentales conocidas como la “Revolución de Octubre” surgieron en todo el Líbano. Los manifestantes piden la destitución del Gobierno y plantean su preocupación por la corrupción, servicios públicos deficientes y falta de confianza en la clase gobernante. Las protestas han recibido violencia sin precedentes de las fuerzas de seguridad. El país ha enfrentado una crisis política, que empeoró por la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020. Las feministas han estado al frente a la revolución y se ofrecieron para dar asistencia tras la explosión. En la tercera parte de esta serie, Maya El Ammar, escritora, activista, y profesional de comunicaciones feminista, cuenta su historia y el abuso en línea que sigue enfrentando.

    Chantal MutamurizaAtaques personales persiguen a defensora de derechos humanos de Burundi exiliada en Uganda

    Durante el régimen del sucesor de Nkurunziza, el presidente Évariste Ndayishimiye, periodistas y defensores de derechos humanos siguen enfrentando dificultades. El arresto de activistas políticos y el reciente anuncio público de la sentencia a cadena perpetua de 34 exiliados —que incluyen periodistas y defensores de derechos humanos— acusados de intento de golpe contra el expresidente ilustran los obstáculos a la libre expresión en el país. Chantal Mutamuriza, feminista, defensora de los derechos humanos y fundadora de la ONG Light For All (Luz para todos), nos cuenta su historia del continuo acoso en línea que enfrenta.

     

  • HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”

    Edy TaboraCIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

    ¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

    El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

    El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

    Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

    Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

    El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

    Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

    En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

    En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

    La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

    En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

    De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

    ¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

    Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

    Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

    En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

    El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

    Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

    Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

    ¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

    Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

    En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

    Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

    ¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

    A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

    En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

    La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

    Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

    ¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

    El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

    Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

    En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

    ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

    El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

    Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

    El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. 

     

  • MÉXICO: “Las personas defensoras ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida”

    AntonioLaraCIVICUS conversa con Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en México, y específicamente de la situación de Kenia Hernández, una defensora indígena criminalizada e injustamente encarcelada.

    El CDHZL es una organización de la sociedad civil del estado de México que acompaña procesos de lucha de comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que buscan una vida digna a través del ejercicio y el reclamo de sus derechos humanos.

    ¿Quién es Kenia Hernández, y por qué está detenida?

    Kenia es una joven mujer indígena amuzga. Tiene 32 años. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo neoliberal. Es abogada de formación profesional, se reivindica feminista y se dedica a la defensa de los derechos humanos, y particularmente a la defensa de personas presas por motivos políticos, a la búsqueda para hallar con vida a personas desaparecidas y al acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.

    Kenia fue detenida el 18 de octubre de 2020, acusada de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia. La acusaron de delitos graves para asegurarse de poder internarla en el penal femenino de máxima seguridad más terrible de todo México.

    El 15 de marzo de 2022 el tribunal de enjuiciamiento de Ecatepec, en el estado de México, determinará si es culpable o inocente en una de las cinco causas penales que existen en su contra. Todas estas causas fueron fabricadas con el exclusivo propósito de aislarla y evitar que siga protestando, además de mandar una señal de castigo ejemplar a todas aquellas personas que ella había logrado articular en un movimiento de corte nacional que cuestionó la concesión privada de las autopistas.

    ¿Es el caso de Kenia parte de una tendencia más amplia a la criminalización de las personas defensoras indígenas en México?

    Efectivamente, el caso de Kenia nos revela que el Estado mexicano tiene una clara política de “pedagogía del escarmiento”, por dos razones.

    Por un lado, manda una señal a las personas que protestan, y particularmente a quienes protestan poniendo de relieve el tema de las autopistas privadas, para que ya no recurran a la manifestación pública como forma de movilización social, porque si lo hacen padecerán como consecuencia un encierro injusto y cruel como el que vive Kenia.

    Por el otro lado, los funcionarios del Estado mexicano tratan de someter y doblegar la voluntad de Kenia, pretenden castigarla por haber protestado pero también vulnerar sus convicciones, limitar su energía y fuerza en la protesta, hacerle saber quién manda y quién obedece. Como ella no se ha sometido continúan manteniéndola en prisión. Saben que si la liberan volverá a su activismo.

    Ambas situaciones son de una gravedad por demás preocupante, porque buscan revertir décadas de luchas sociales y de apertura de espacios democráticos.

    ¿Qué está haciendo la sociedad civil, y particularmente el CDHZL, para conseguir su liberación?

    El CDHZL se dedica a difundir, promover y defender los derechos humanos de pueblos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Defendemos el medio ambiente, la tierra y el territorio, el derecho humano al agua y la cultura indígena. Y nos enfocamos particularmente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ya que en México estas personas ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida.

    Parte de nuestro trabajo consiste en dar defensa legal a personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas por defender pacíficamente algún derecho. En sus diez años de vida, el CDHZL ha ayudado a recuperar su libertad a alrededor de 250 personas.

    Esperamos que pronto Kenia sea una más de ellas. La sociedad civil mexicana ha dado mucha visibilidad a su caso, poniendo en la agenda pública la criminalización de que es objeto e involucrando a actores clave, y en particular a senadores de la República, para convencer a tomadores de decisión relevantes de dejar de criminalizar a Kenia. También hemos tratado de llevar su caso al ámbito internacional, señalando la política punitiva del gobierno federal de México.

    A través de su amplio equipo de abogados y abogadas, el CDHZL ha sostenido una defensa jurídica en los cinco procesos legales contra Kenia, con todo lo que ellos implican: decenas de audiencias, impugnaciones y juicios de garantías, algunos de ellos ganados. Pero claramente esto es mucho más que una lucha jurídica, ya que altos funcionarios se han empeñado en mantener a Kenia en prisión a toda costa.

    ¿No ha habido mejoras en la situación de las personas defensoras indígenas tras el ascenso del actual gobierno de izquierda?

    Nuestra expectativa era que hubiera mejoras en la situación de las personas indígenas, las personas defensoras y los derechos colectivos en general, pero desafortunadamente continúa habiendo un desdén generalizado en el gobierno federal, más allá de su corte de izquierda.

    El gobierno no ha podido o no ha querido sintonizar con las demandas más sentidas de los pueblos originarios. Han continuado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Entre los casos de prisión, el de Kenia Hernández es uno de los ejemplos más lacerantes del uso indebido del sistema penal en contra de una persona defensora, producido bajo este gobierno que se autoproclama artífice de una “cuarta transformación” – un proceso de cambio profundo supuestamente comparable a los de la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917).

    ¿Qué clase de apoyos regionales e internacionales necesita la sociedad civil mexicana en su lucha por los derechos humanos y el espacio cívico?

    Sin duda la observación internacional, muy mal aceptada por el gobierno actual, ayuda y ayudará a recuperar espacios democráticos para la protesta social y la libre manifestación de las ideas.

    Llamamientos al gobierno de la República Mexicana pueden ayudar a sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de respetar los derechos humanos y a quienes los defienden más allá de filiaciones a partidos políticos. 

    La mediación y buenos oficios internacionales serán sin duda una herramienta fundamental para fortalecer a la sociedad civil en los procesos de defensa de derechos humanos, y particularmente en aquellos donde se encuentren en juego la vida y libertad de personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

    El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

    Póngase en contacto con el CDHZL a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@cdhzloficial en Twitter.

     

  • NICARAGUA: “El caso de María Esperanza es parte de un proceso creciente de criminalización de la protesta social”

    CIVICUS conversa con Ana Lucía Álvarez, responsable para Nicaragua de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), acerca del caso de María Esperanza Sánchez, injustamente encarcelada en Nicaragua desde marzo de 2020, y acerca de la campaña en curso para obtener su liberación.

    IM-Defensoras es una red de activistas y organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que busca dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Fundada en 2010, busca fortalecer y vincular a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales para fortalecer redes de protección y solidaridad entre ellas y aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de su trabajo por los derechos humanos.

    Ana Lucia AlvarezEntrevista

    ¿Desde cuándo está María Esperanza en la cárcel, y por qué?

    María Esperanza fue capturada el 26 de enero de 2020. Ella es una activista que estuvo acompañando durante mucho tiempo a familiares de personas presas políticas, y tengo entendido que inició su activismo y su organización a partir del levantamiento ciudadano de abril del 2018. Ella ya era perseguida por lo que estaba en una casa de seguridad. La policía allanó ilegal y arbitrariamente la vivienda, sin orden de allanamiento, y se la llevó. La acusaron de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública. Su caso lo está llevando el abogado Julio Montenegro, dedicado a litigar en casos de criminalización de la protesta y judicialización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. 

    ¿Consideras que el caso de María Esperanza es parte de un ataque más amplio contra el espacio cívico en Nicaragua?

    Definitivamente, hay un proceso creciente de criminalización de la protesta social en Nicaragua. El primer auge de esa criminalización se dio luego de la Operación Limpieza, que terminó aproximadamente en agosto de 2018. Fue una operación pseudo militar realizada por fuerzas policiales y parapoliciales, para desmantelar toda organización de resguardo y protección territorial que la población había levantado a través de barricadas en los barrios y tranques en las calles de todo el país. 

    Terminada la Operación Limpieza, comenzó la criminalización de quienes habían participado en la lucha cívica. Más de 800 personas fueron presas políticas, y luego fueron excarceladas en 2019 por decisión unilateral del gobierno mediante la Ley de Amnistía.

    María Esperanza ya era perseguida, hostigada, vigilada y amenazada desde antes de caer presa por su labor de defensa de los derechos humanos. Su detención y su juicio, al igual que el de muchísimas otras personas, estuvieron plagados de irregularidades. Las violaciones del debido proceso son sistemáticas. En Nicaragua el sistema de justicia está totalmente cooptado, colapsado y controlado por la llamada “pareja presidencial”, constituida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

    ¿Cómo ha seguido la situación de la sociedad civil desde la ola de protestas de 2018?

    En las protestas de 2018 hubo más de 350 personas asesinadas en un lapso de seis meses. El peso simbólico y emocional que tuvo esa cantidad de muertos en un país que ha vivido guerras civiles, dictaduras y levantamientos armados, ha sido tremendo. En Nicaragua nunca ha habido rendición de cuentas, siempre ha habido políticas de borrón y cuenta nueva, lo cual profundiza las heridas.

    Al sufrimiento de los 350 muertos se suman los de las más de 800 personas que fueron presas por motivos políticos, gran parte de las cuales están excarceladas. Decimos “excarceladas”, y no “libres”, porque tras la excarcelación la persecución política no se termina: el hostigamiento sistemático de las fuerzas policiales y parapoliciales continúa, y se constituye en obstáculo para el disfrute de múltiples derechos, tales como el derecho al trabajo.

    Para estas personas, a los efectos de la crisis económica que atraviesa el país se suman las dificultades que trae consigo la persecución política. Muchas veces no pueden salir de su casa porque hay una patrulla afuera, y cuando salen los siguen, consiguen los nombres de sus empleadores y también comienzan a hostigarlos.

    La persecución se da a nivel barrial. El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha establecido diversas estructuras que utilizan para el control territorial mediante la vigilancia y la represión: los Consejos de Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia y los Comités de Liderazgo Sandinista. Si eres una persona opositora o defensora de derechos humanos, siempre habrá algún vecino tuyo que está metido en alguna de esas estructuras e informa al régimen y a la policía de lo que haces, y luego comienzas a recibir persecución, hostigamiento, e incluso puede que detenciones arbitrarias.

    El hostigamiento y la hipervigilancia provocan daños psicológicos no solamente en la persona perseguida sino también en su familia. Eso ha repercutido en el aumento de la emigración, que es un fenómeno dual, causado tanto por la persecución política como por la precarización social. Desde 2018 120 mil personas se han ido de Nicaragua, una cantidad enorme para un país de apenas seis millones de habitantes.

    Las elecciones de 2021 exhibieron abiertamente la falta de legitimidad del régimen. ¿Sobre qué bases se sostiene el gobierno?

    En el contexto de las elecciones de 2021 la persecución no hizo más que exacerbarse. Para poder llevar a cabo la farsa electoral de noviembre, el gobierno encarceló a diez precandidatos y precandidatas presidenciales y a mucha gente con un rol central en el proceso electoral y en la conformación de alternativas. Eso mandó un mensaje muy claro, como consecuencia del cual sigue habiendo mucha autocensura.

    Daniel Ortega ha continuado concentrando y consolidando su poder. Actualmente vivimos bajo un régimen que se ha convertido en totalitario, donde todas las libertades están totalmente restringidas. Esta es la única forma en que el gobierno puede sostenerse, porque no tiene ninguna legitimidad. Por eso la represión y el control social continúan aumentando en vez de disminuir. En ausencia de esos niveles de represión y control social, el altísimo nivel de rechazo popular hacia el régimen le haría imposible mantener el control político.

    En consecuencia, cabe esperar que continúen la represión, el control territorial, la represión barrial, la criminalización de la protesta y la disidencia social y el cierre de espacios para la libertad de expresión y para la libertad de prensa.

    Ahora se ha aprobado un combo de leyes que incluye una Ley de Ciberdelitos. Y ya tenemos al primer preso político condenado por esta ley, que no hace otra cosa que criminalizar la libertad de opinión.

    Lo que busca el gobierno con los presos políticos es tener rehenes. Entre las personas detenidas en los últimos tiempos destacan precandidatos presidenciales, empresarios, banqueros, abogados, activistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno trata de negociar su salida para ganar legitimidad y aprobación internacional.

    Lo cierto es que el gobierno no tiene apoyo internacional. Los únicos líderes extranjeros que asistieron a su toma de posesión fueron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

    ¿Cómo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la recuperación de la democracia y los derechos humanos?

    Hay que amplificar la denuncia de las violaciones y afinar los mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil en Nicaragua ha hecho un tremendo esfuerzo no solamente para documentar las violaciones de derechos humanos sino también para identificar autores y responsables. Dado que el sistema de justicia en Nicaragua está colapsado, y que la sociedad civil está haciendo todo lo que está en sus manos, recae sobre la comunidad internacional la gran responsabilidad de impulsar la rendición de cuentas y el castigo a los responsables.

    El régimen de Daniel Ortega ya no es un proyecto político sino un proyecto económico. El control del Estado le permite disponer de redes de corrupción en su provecho. En función de esto la comunidad internacional debería afinar sus mecanismos, revisando el tema de las sanciones económicas, identificando a las empresas que siguen haciendo negocios, no siempre totalmente lícitos, con el régimen de Ortega. Ya que muchos acuerdos de asociación tienen cláusulas democráticas y anticorrupción, es necesario hacerlos operativos. También deben imponerse sanciones personales a los artífices de la corrupción y de la represión.

    ¿Qué tipo de presión debería ejercerse para lograr la liberación de María Esperanza Sánchez?

    María Esperanza fue condenada a diez años de prisión. Todo lo que ha pasado con ella y con el resto de las personas presas políticos es completamente arbitrario; justamente por eso les consideramos presos políticos. Lo que reclamamos es la liberación incondicional y con garantías de todos ellos. 

    Lo que ocurra con ellos dependerá en gran medida de la fuerza con que logren ejercer presión la oposición y la comunidad internacional, de la correlación de fuerzas que se establezca entre el gobierno de Nicaragua y los movimientos de defensa de los derechos humanos.

    Hay que hacer campañas y seguir presionando. Seguir poniendo el dedo en la llaga de todas las arbitrariedades, ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Todavía sigue habiendo gente en Europa y en otras partes del mundo que piensa que Daniel es aquel antiguo revolucionario idealista, y no el déspota en que se ha convertido. La mejor forma de desenmascarar a dictadores y violadores de derechos humanos es seguir comunicando la verdad sobre la base de evidencia bien documentada.

    El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que identifica a los países donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.
    Póngase en contacto con IM-Defensoras a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@IM_Defensoras en Twitter.