reacción conservadora

• EL SALVADOR: “Legalizar el aborto equivale a reconocer la condición ciudadana de las mujeres”

  CIVICUS conversa con la Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, acerca de la lucha por el derecho al aborto en El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo.

  Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil salvadoreña que busca generar conciencia pública sobre temas de salud sexual y reproductiva, aboga por la reforma de lalegislación sobre el derecho al aborto y provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por aborto o delitos relacionados.

  ¿Cuál es la situación de las mujeres que abortan en El Salvador?

  Actualmente la legislación de El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera si se trata de un embarazo en una niña de nueve años, absolutamente impuesto, de un embarazo con riesgo de vida a la persona gestante, o de un caso de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Incluso en los embarazos ectópicos, que se producen fuera del útero y no pueden ser llevados a término, los médicos normalmente se ven obligados a esperar a que no haya latido fetal para hacer la interrupción, poniendo en grave riesgo de hemorragia a la persona gestante.

  Esa es la realidad que enfrentan las mujeres que buscan terminar un embarazo en El Salvador. Enfrentan restricciones legales, denuncias, persecución judicial y riesgo de cárcel. Solo les queda el aborto clandestino, que muchas veces es inseguro. Las mujeres en situación de pobreza enfrentan riesgos mucho mayores; las que tienen recursos económicos pueden salir del país y buscar asistencia en alguna parte donde el aborto sea legal, mientras que las que no los tienen carecen de opciones.

  Esto explica que el suicidio se haya convertido en la primera causa indirecta de muerte materna entre adolescentes. Ante la falta de alternativas para la interrupción del embarazo, algunas adolescentes con embarazos impuestos o no deseados recurren al suicidio como única salida.

  ¿Cómo trabajan las organizaciones feministas de El Salvador, y Agrupación Ciudadana en particular, en pos de la descriminalización del aborto?

  Las organizaciones feministas en El Salvador – y en particular la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista – hemos trabajado para generar una conversación sobre aborto desde nuevas perspectivas. Lo hemos abordado como tema de salud pública, de justicia social y de justicia reproductiva, así como también desde la perspectiva de la democracia, ya que al fin y al cabo de lo que se trata es de reconocer la condición ciudadana de las mujeres.

  Desde la Agrupación Ciudadana trabajamos en tres ejes combinados. El primero de ellos es el litigio y la defensa legal de mujeres criminalizadas en causas de aborto o emergencias obstétricas. Hemos denunciado esto como una violación de derechos humanos y hemos logrado sacar de la cárcel a 73 mujeres que habían sido condenadas.

  El segundo eje es el de las campañas y la incidencia por el cambio legal. Hemos difundido una narrativa de defensa de los derechos y la libertad de las mujeres, y hemos presentado iniciativas de reforma del Código Penal, además de un recurso de inconstitucionalidad y peticiones de seguimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la necesidad de reformar la legislación.

  En este terreno hemos realizado avances desiguales. Ha habido progresos en el terreno de la opinión pública, pero éstos no se han reflejado todavía en el marco legal, en parte porque el sistema político en El Salvador es controlado por un solo partido, y en parte porque los poderes religiosos y conservadores tienen gran influencia sobre el Estado.

  El tercer eje de nuestro trabajo es el litigio en instancias internacionales como el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.

  ¿Quiénes se posicionan a favor y en contra del aborto legal en El Salvador?

  Los bloques en pugna, en El Salvador, no son homogéneos. El que se opone activamente al aborto no es muy numeroso, pero incluye a gente con mucho poder económico, influencia mediática y capacidad de presión sobre las instituciones. No son muchas personas, pero tienen mucho poder. Por ejemplo, para una reciente audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se prepararon muy bien, contratando a estudios jurídicos muy caros. Tienen también su ejército de troles en redes sociales que atacan y amenazan a quienes sostenemos que es necesario cambiar.

  Sin embargo, el lado del cambio hay numerosas organizaciones, no solamente feministas y con foco en los derechos de las mujeres, sino también organizaciones de derechos humanos que poco a poco han ido comprendiendo que la penalización absoluta del aborto es una violación de los derechos humanos. Estas organizaciones han apoyado las audiencias en la Corte IDH a pesar de que la despenalización del aborto no es el eje central de su trabajo. Simplemente nos han apoyado desde una perspectiva de justicia social ante una realidad que es demasiado injusta para las mujeres, y para las mujeres pobres en particular.

  Se trata, en suma, de un amplio espectro de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, pero que trabajan fuera de las instituciones y tienen muchos menos recursos económicos y acceso a medios de comunicación de gran influencia.

  ¿Qué significación podría tener el esperado fallo de la Corte IDH sobre el Caso Beatriz?

  El caso Beatriz, emblemático en la lucha por la legalización del aborto en El Salvador, es el caso de una joven a quien el Estado de El Salvador impidió abortar, aunque su embarazo ponía en peligro su integridad física y su vida.

  Un fallo de la Corte IDH sobre el caso tendría enorme significación. Ya a fines de 2021 la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por el caso Manuela, una joven criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica, y que murió por no recibir la necesaria atención médica. Este fallo estableció que la criminalización de mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas es inseparable del contexto de penalización absoluta del aborto.

  Un fallo en el caso Beatriz pondría en evidencia otras derivaciones de la prohibición absoluta del aborto y podría derivar en una flexibilización de la legislación que priorice los derechos de las mujeres.

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  El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto a través de supágina web o su página deFacebook, y siga a @AbortoPORlaVIDA en Twitter.

• MÉXICO: “La sentencia de la Corte Suprema marca un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva”

  
  CIVICUS conversa acerca del reciente fallo de la Corte Suprema que descriminalizó el aborto en México con Brenda Rodríguez, coordinadora de comunicación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

  GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que lleva casi 30 años trabajando para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

  ¿Cuál es la situación actual del derecho al aborto en México?

  En los últimos años, en México se ha avanzado vertiginosamente para que el aborto se convierta en un servicio de salud garantizado para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Actualmente, 12 entidades federativas han despenalizado parcialmente el aborto voluntario, pero otras 20 todavía lo consideran un delito.

  Sin embargo, en los estados donde el aborto se ha despenalizado, el acceso al procedimiento para todas las mujeres y personas gestantes no está garantizado; por el contrario, las barreras de acceso son una constante.

  De modo que todavía hay un largo trecho por recorrer. Entre los muchos pendientes es necesario que el aborto deje de ser considerado un delito y que, en cambio, se lo incluya en las regulaciones sanitarias y de política pública, de modo que se asegure el suministro de información sobre el tema y se publiquen los lineamientos que garanticen su atención integral, segura y de calidad.

• NACIONES UNIDAS: “El poder de los grupos antiderechos va en aumento; nos esperan tiempos difíciles”

  CIVICUS conversa con Tamara Adrián, fundadora y directora de DIVERLEX-Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, acerca de la exitosa campaña de la sociedad civil por la renovación del mandato de la persona experta independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre orientación sexual e identidad de género.

  Tamara Adrián es abogada y profesora universitaria, y la primera mujer trans que fue electa a un parlamento nacional en América Latina.

  DIVERLEX es una organización de la sociedad civil venezolana dedicada a la investigación, la formación, la incidencia y el litigio estratégico en materia de diversidad sexual. A causa de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, casi todos sus dirigentes se encuentran actualmente fuera de Venezuela, donde siguen trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTQI+ en el exilio.

  

  ¿Por qué es tan importante el mandato del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género?

  Esta es una figura sumamente importante. El arma preferida de todas las intolerancias es la invisibilización de ciertos grupos y de las violaciones de sus derechos. Esta ha sido la constante en relación con las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías raciales y las minorías religiosas. Mientras los intolerantes puedan decir que el problema no existe, su sistema de poder permanece activo y las cosas no cambian. En el sistema universal de derechos humanos, la visibilidad de lo que los intolerantes quieren mantener invisible se logra mediante el trabajo de personas expertas y relatores independientes.

  El primer Experto Independiente, Vitit Muntarbhorn, estuvo en el cargo por un par de años y produjo un informe sobre la violencia por causa de la orientación sexual o la identidad de género, que compartió con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Inició el proceso de visibilizar las injusticias, inequidades y violencias contra las personas LGBTQI+ a nivel global.

  Los tres informes del actual experto independiente, Víctor Madrigal-Borloz, pusieron el dedo en la llaga de muchos países que incumplen en su deber de protección de todos sus ciudadanos y ciudadanas. La propia oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos puso énfasis en el deber positivo de los Estados de asegurar los mismos derechos a todas las personas.

  Entendemos que aún falta mucho y que los informes –del Experto Independiente, el Alto Comisionado y organismos regionales como la Organización de Estados Americanos – son importantes para este proceso.

  Tan importantes son, que este trabajo generó una fuerte reacción por parte de grupos fundamentalistas que se reorganizaron bajo el formato de “organizaciones no gubernamentales” que buscaron obtener estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para poder interferir en sus procesos.

  ¿Cómo operan estos grupos dentro de las Naciones Unidas?

  Los grupos antiderechos han ido cambiando de estrategia. Más que como organizaciones religiosas, han buscado presentarse como defensoras de la libertad religiosa y, sobre todo, de la libertad de expresión. Han impulsado estrategias de unión en el ámbito religioso, reuniendo a fundamentalistas católicos y a representantes de la Santa Sede con fundamentalistas neo-evangélicos y con los grupos musulmanes más retrógrados.

  También han refinado sus argumentos. En primer lugar, sostienen que el concepto de orientación sexual e identidad de género es un concepto occidental y no universal, por lo que no puede ser protegido por la ONU. En segundo lugar, que no hay ningún tratado ni instrumento internacional que proteja contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En tercer lugar, que los países con valores tradicionales deben poder mantener leyes discriminatorias o criminalizar las relaciones de personas del mismo sexo o las identidades de género diversas.

  En la argumentación de los países que se opusieron a la renovación del mandato del experto independiente o propusieron modificaciones estuvieron implícitos estos tres argumentos, junto con un cuarto: que ningún país puede proteger a criminales, y que la determinación de lo que es un acto criminal queda sujeta al derecho penal de cada país y no es susceptible de verificación ante el sistema internacional de derechos humanos.

  Históricamente este tema se ha resuelto a partir del reconocimiento de que todo el mundo tiene derecho a una creencia, pero nadie puede imponer la suya ni negarles a otras personas sus derechos sobre la base de su fe. Los fundamentalistas pretenden que esta situación se revierta para que los creyentes puedan discriminar y negar derechos a otras personas.

  ¿Ha aumentado en los últimos años el poder de los grupos antiderechos?

  El poder de los grupos antiderechos va en aumento, lo cual posiblemente esté vinculado con la regresión que está ocurriendo en los Estados Unidos. Efectivamente, en la votación para la renovación del mandato hemos visto delineados dos grupos de países que han opuesto resistencia: por un lado, países que nunca han avanzado en el reconocimiento de derechos y en los cuales hay mucha resistencia al cambio, y por el otro, países que están retrocediendo, como los Estados Unidos.

  En Estados Unidos desde hace por lo menos una década se han estrechado los vínculos entre el supremacismo blanco, los grupos neo-pentecostales y los sectores más radicales del Partido Republicano. Los grupos antiderechos han ido ocupando espacios en los tribunales, desde lo más bajo hasta la Corte Suprema, así como en las gobernaciones y las legislaturas estatales, lo que ha resultado en cada vez más sentencias, leyes y políticas anti-trans, anti-educación sexual y a favor de la libertad religiosa. Muy abiertamente han expuesto sus planes para revertir el derecho al aborto, combatir el concepto de género, y rechazar la educación sexual y reproductiva y el derecho a la anticoncepción, e incluso los derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario y las protecciones contra la discriminación racial.

  Estados Unidos también tuvo un rol clave en el financiamiento internacional del movimiento antiderechos y en el desarrollo de nuevas iglesias neo-pentecostales alrededor del mundo, y sobre todo en África y América Latina. También ha influido sobre la formación de un fenómeno al que no se le ha prestado suficiente atención: el movimiento de las feministas biologicistas, que niega el concepto de género, con los mismos argumentos que las iglesias más conservadoras.

  Esta comunidad de argumentación es altamente sospechosa, y tanto más cuando se observan las corrientes de financiamiento procedentes de Estados Unidos que alimentan a grupos feministas biologicistas en Brasil, Centroamérica, España, el Reino Unido o República Dominicana. El blanco de estos grupos ya no son las personas LGBTQI+ en general, sino específicamente las personas trans. Al sostener el carácter biológico y natural de las diferencias buscan destruir toda la estructura de protección basada en el género.

  Honestamente creo que es un plan muy bien pensado. Entiendo que imitaron la estrategia que nosotros adoptamos inicialmente para visibilizar nuestra lucha. Sin embargo, ellos tienen la ventaja de haber ocupado el poder. El número de países que han firmado una resolución “pro-vida” en la ONU y que se han declarado “países pro-vida” demuestra que su objetivo ya no es oponerse solamente a los derechos de las personas LGBTQI+ sino a todo derecho basado en el concepto de género.

  ¿Cómo se organizó la campaña por la renovación del mandato del Experto Independiente?

  Las organizaciones que incidimos para que se renovara el mandato hemos actuado juntas desde la campaña para la designación del primer Experto Independiente. Cada vez, el proceso se inicia mucho tiempo antes de la designación. En este caso, lo iniciamos hace unos tres años: prácticamente al año siguiente de la renovación del mandato ya estábamos trabajando para crear el grupo madre para trabajar por una nueva renovación.

  Para las organizaciones de América Latina, una limitante recurrente es el desconocimiento del idioma inglés, que restringe la capacidad del activismo para internacionalizar sus luchas. Para superar este problema, nuestro grupo madre está conformado tanto por activistas que hablan castellano como por activistas que hablan inglés. Esto fue muy importante porque la coalición estuvo formada principalmente por grupos latinoamericanos.

  Fue un proceso muy difícil, y si bien la votación eventualmente resultó favorable, a lo largo de meses los resultados de las sesiones no generaban demasiada confianza. Observamos resistencias crecientes por parte de países con posiciones fundamentalistas, cada día más aferrados a la idea de revertir derechos.

  ¿Cuáles son los próximos pasos tras la renovación del mandato?

  Creo que no debemos relajarnos. Nos esperan tiempos difíciles. Es probable que muchos derechos que considerábamos ganados sean revertidos en los Estados Unidos, incluso los vinculados con la igualdad racial. Ya no se trata ni siquiera de regresar a una visión propia del siglo XX, sino a una correspondiente al siglo XVI o XVII.

  Esto tendrá un fuerte impacto a nivel global, sobre todo en los países que poseen instituciones menos desarrolladas. Probablemente los países con una institucionalidad más fuerte podrán resistir mejor los embates para revertir derechos sexuales y reproductivos. 

  Como pasos a seguir pongo el énfasis en la organización. En muchos lugares la gente me dice “tranquila, eso jamás pasará aquí”, pero insisto, no podemos relajarnos. Debemos enfocarnos en la formación de coaliciones y organizar alianzas más fuertes que permitan detener el avance de los grupos neoconservadores y disputarles espacios de poder.

  Contáctese con Tamara Adrián a través de supágina web o su perfil deFacebook y siga a@TamaraAdrian en Twitter.