reacción conservadora
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ARGENTINA: “El Estado está abandonando su rol de garante del acceso a derechos”
CIVICUS conversa sobre el deterioro del espacio cívico y los derechos humanos bajo el actual gobierno argentino con Vanina Escales y Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fundado en 1979, bajo la última dictadura, el CELS promueve la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional.Desde su inauguración en diciembre de 2023, elgobierno de Javier Milei, autodesignado como “anarcocapitalista” pero aliado con sectores culturalmente conservadores, ha impulsado políticas de desregulación de la economía y reducción del Estado y el gasto social que han redundado en el aumento del desempleo y la pobreza. Frente a las protestas que suscitaron estas políticas, ha adoptado una postura restrictiva y represiva y ha vilipendiado al periodismo y a cualquiera que exprese opiniones críticas. Frente a estas restricciones del espacio cívico y los derechos humanos, la sociedad civil está buscando visibilidad y solidaridad internacional y recurriendo al litigio estratégico.
¿Cómo caracterizarían al gobierno de Milei?
Este es el primer gobierno libertario o anarcocapitalista, como lo describe Milei, que hemos tenido en Argentina. Su ascenso se inscribe en un contexto internacional de desgaste de las democracias a raíz de las políticas de extremismo de mercado y el avance de la extrema derecha. Al igual que otras expresiones de ultraderecha en Europa o en los Estados Unidos, se caracteriza por cierto brutalismo y por recurrir al autoritarismo como ordenador de los conflictos sociales. También exhibe por momentos rasgos como el negacionismo histórico y valores retrógrados sobre los roles de género y los derechos de minorías sexo-genéricas y racializadas. Pero también tiene particularidades: a diferencia de lo que ocurre en el norte global, hasta el momento su nacionalismo xenófobo no puso el foco en la inmigración sino en los pueblos originarios.
La agenda libertaria se ha manifestado, en el plano económico, en la liberación de los precios, que ha producido altos niveles de inflación y, por lo tanto, una brutal transferencia de ingresos desde los sectores medios y populares hacia los más concentrados.
Respecto de las políticas sociales, cristalizó la tendencia a dejar en pie sólo las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas, magros subsidios o ayuda social como la Asignación Universal por Hijo que por sí solas no mitigan los efectos de la recesión ni los efectos de la retirada del Estado. Esta retirada se ve en la falta de entrega de alimentos y medicamentos y en el cierre de y la desinversión en espacios comunitarios y políticas sociales. El Estado se ha corrido del rol de garante del acceso a servicios básicos.
El objetivo declarado es debilitar los controles sobre las empresas, especialmente extranjeras, para atraer inversiones. La desregulación tiene un impacto directo en materia ambiental, ya que desconoce todo derecho de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre los territorios donde buscan instalarse estas empresas. Éstas reciben privilegios mientras el país es despojado de sus recursos naturales.
Algunas reformas han sido impuestas por decreto y otras a través de la llamada “Ley Bases”, que, luego de mucho debate y ajustes, ha sido aprobada por el Congreso.
¿Cómo se compatibiliza el libertarismo con el conservadurismo cultural?
Dentro del mismo gobierno conviven en tensión sectores neoliberales que promueven la desregulación del mercado, la liberalización de la economía y transformaciones en el mundo laboral, con expresiones igualmente autoritarias pero conservadoras que reivindican la última dictadura militar, el terrorismo de Estado y la violencia estatal y arremeten contra movimientos emancipatorios como el feminismo y sus conquistas igualitarias.
En este terreno el gobierno está dando una batalla tanto cultural como material. Los ataques verbales van junto al desmantelamiento de las políticas de género. Por ejemplo, disolvió primero el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y luego todas las políticas contra la violencia de género. También se ha expresado firmemente en contra del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en general.
En el marco del desmantelamiento del Estado nacional se están eliminando programas destinados a prevenir embarazos adolescentes, políticas de contención, de cuidado y de salud, así como para la primera infancia. Nuestro monitoreo de las políticas de cuidados encontró que siguen vigente solo siete de 43. El Estado está abandonando su rol de mediador y garante del acceso a derechos.
Además, el gobierno está poniendo en discusión en el plano internacional compromisos asumidos por el país a través de tratados internacionales, que en Argentina tienen jerarquía constitucional, y consagrados en su propia legislación. En la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, solicitó remover de los documentos finales toda mención del género, la población LGBTQI+ y el cambio climático. Creemos que la OEA, las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos deberían seguir de cerca el desempeño del gobierno argentino.
¿Cómo han repercutido estos procesos sobre el espacio cívico?
El espacio cívico se ha visto severamente restringido. Las protestas han pasado a ser tratadas como delitos. Estas prácticas fundamentales en toda democracia son representadas, en el mejor de los casos, como obstáculos al tránsito y, en el peor, como actividades sediciosas que buscan derrocar al gobierno.
Esto se materializa en normas claramente inconstitucionales como la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, conocida como el “protocolo antipiquetes”, que establece que toda manifestación que altere la circulación en ciudades o rutas es un delito flagrante y autoriza la intervención policial directa, sin necesidad de orden judicial, para dispersarla e investigar a los manifestantes.
Sobre la base de esta resolución se autorizan enormes despliegues de fuerzas de seguridad cada vez que ocurre una protesta, las cuales con frecuencia hacen uso abusivo e indiscriminado de armas “menos letales”, como balas de goma o gases irritantes, y de violencia física y detenciones arbitrarias. En los últimos meses hemos registrado al menos 80 detenciones de este tipo. Los manifestantes han recuperado su libertad porque el gobierno no cuenta con pruebas concretas para sostener procesos penales. Pero como resultado del uso de estas tácticas, muchas manifestaciones se disuelven o directamente no suceden.
En los últimos seis meses, asimismo, al menos 47 periodistas han sido heridos en manifestaciones. Muchos más han sido hostigados en redes sociales y llevados ante la justicia penal por sus dichos en contra del gobierno.
El gobierno ha desmantelado los medios públicos al punto que no tenemos manera de enterarnos qué está pasando en los distintos puntos del país, a no ser que algún hecho llame la atención de medios privados y de corresponsales internacionales y decidan darle cobertura. En la Argentina de hoy se vulneran los derechos a generar información y ser informado con una pluralidad de voces.
¿Cómo se está organizando la sociedad civil para hacer frente a estas restricciones?
Las organizaciones de la sociedad civil han presentado múltiples medidas cautelares con anterioridad a la realización de protestas para que el derecho a protestar quedara protegido. Pero el poder judicial no las ha aceptado, aduciendo que no hay un riesgo a priori, sino que hay que evaluar cómo se desarrolla la manifestación. El poder judicial también tiene un rol muy débil a la hora de controlar las detenciones arbitrarias y evaluar los excesos de violencia policial.
Como la vía judicial no está dando frutos, es hora de recurrir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, cosa que el CELS ha hecho muchas veces a lo largo de su historia, desde su surgimiento bajo la dictadura. Trabajamos llevando información sobre las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Argentina.
El 11 de julio participamos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Nacional estuvo presente, pero no hizo más que confirmar su postura en favor de la criminalización de la protesta social, justificándola como un mecanismo para hacer frente a la sedición y a los intentos de desestabilización. Ante preguntas como cuáles eran los protocolos vigentes para controlar el uso de armas menos letales o por qué se había derogado una norma sobre el control de la actuación policial en manifestaciones públicas, el gobierno se mostró evasivo y no respondió.
También estamos armando un registro de ataques físicos y digitales procedentes de fuentes no estatales, y específicamente de sectores de la derecha radicalizada. Gracias al trabajo junto al Equipo de Investigación Política de Revista Crisis, ya registramos en el portal Radar alrededor de 280 casos de hostigamiento offline, y comenzamos a registrar ataques en línea, que incluyen la revelación de datos personales que podrían derivar en ataques físicos.
Hoy más que nunca es necesario organizarse en redes nacionales e internacionales para llevar adelante campañas de información y de denuncia con una voz colectiva. Si esperamos a la destrucción total de los derechos para levantar la voz, será demasiado tarde.
El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el CELS a través de supágina web o sus cuentas deFacebook eInstagram, y siga a@CELS_Argentina y a@vaninaescales en Twitter.
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EL SALVADOR: “Legalizar el aborto equivale a reconocer la condición ciudadana de las mujeres”
CIVICUS conversa con la Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, acerca de la lucha por el derecho al aborto en El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo.Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil salvadoreña que busca generar conciencia pública sobre temas de salud sexual y reproductiva, aboga por la reforma de lalegislación sobre el derecho al aborto y provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por aborto o delitos relacionados.
¿Cuál es la situación de las mujeres que abortan en El Salvador?
Actualmente la legislación de El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera si se trata de un embarazo en una niña de nueve años, absolutamente impuesto, de un embarazo con riesgo de vida a la persona gestante, o de un caso de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Incluso en los embarazos ectópicos, que se producen fuera del útero y no pueden ser llevados a término, los médicos normalmente se ven obligados a esperar a que no haya latido fetal para hacer la interrupción, poniendo en grave riesgo de hemorragia a la persona gestante.
Esa es la realidad que enfrentan las mujeres que buscan terminar un embarazo en El Salvador. Enfrentan restricciones legales, denuncias, persecución judicial y riesgo de cárcel. Solo les queda el aborto clandestino, que muchas veces es inseguro. Las mujeres en situación de pobreza enfrentan riesgos mucho mayores; las que tienen recursos económicos pueden salir del país y buscar asistencia en alguna parte donde el aborto sea legal, mientras que las que no los tienen carecen de opciones.
Esto explica que el suicidio se haya convertido en la primera causa indirecta de muerte materna entre adolescentes. Ante la falta de alternativas para la interrupción del embarazo, algunas adolescentes con embarazos impuestos o no deseados recurren al suicidio como única salida.
¿Cómo trabajan las organizaciones feministas de El Salvador, y Agrupación Ciudadana en particular, en pos de la descriminalización del aborto?
Las organizaciones feministas en El Salvador – y en particular la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista – hemos trabajado para generar una conversación sobre aborto desde nuevas perspectivas. Lo hemos abordado como tema de salud pública, de justicia social y de justicia reproductiva, así como también desde la perspectiva de la democracia, ya que al fin y al cabo de lo que se trata es de reconocer la condición ciudadana de las mujeres.
Desde la Agrupación Ciudadana trabajamos en tres ejes combinados. El primero de ellos es el litigio y la defensa legal de mujeres criminalizadas en causas de aborto o emergencias obstétricas. Hemos denunciado esto como una violación de derechos humanos y hemos logrado sacar de la cárcel a 73 mujeres que habían sido condenadas.
El segundo eje es el de las campañas y la incidencia por el cambio legal. Hemos difundido una narrativa de defensa de los derechos y la libertad de las mujeres, y hemos presentado iniciativas de reforma del Código Penal, además de un recurso de inconstitucionalidad y peticiones de seguimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la necesidad de reformar la legislación.
En este terreno hemos realizado avances desiguales. Ha habido progresos en el terreno de la opinión pública, pero éstos no se han reflejado todavía en el marco legal, en parte porque el sistema político en El Salvador es controlado por un solo partido, y en parte porque los poderes religiosos y conservadores tienen gran influencia sobre el Estado.
El tercer eje de nuestro trabajo es el litigio en instancias internacionales como el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.
¿Quiénes se posicionan a favor y en contra del aborto legal en El Salvador?
Los bloques en pugna, en El Salvador, no son homogéneos. El que se opone activamente al aborto no es muy numeroso, pero incluye a gente con mucho poder económico, influencia mediática y capacidad de presión sobre las instituciones. No son muchas personas, pero tienen mucho poder. Por ejemplo, para una reciente audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se prepararon muy bien, contratando a estudios jurídicos muy caros. Tienen también su ejército de troles en redes sociales que atacan y amenazan a quienes sostenemos que es necesario cambiar.
Sin embargo, el lado del cambio hay numerosas organizaciones, no solamente feministas y con foco en los derechos de las mujeres, sino también organizaciones de derechos humanos que poco a poco han ido comprendiendo que la penalización absoluta del aborto es una violación de los derechos humanos. Estas organizaciones han apoyado las audiencias en la Corte IDH a pesar de que la despenalización del aborto no es el eje central de su trabajo. Simplemente nos han apoyado desde una perspectiva de justicia social ante una realidad que es demasiado injusta para las mujeres, y para las mujeres pobres en particular.
Se trata, en suma, de un amplio espectro de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, pero que trabajan fuera de las instituciones y tienen muchos menos recursos económicos y acceso a medios de comunicación de gran influencia.
¿Qué significación podría tener el esperado fallo de la Corte IDH sobre el Caso Beatriz?
El caso Beatriz, emblemático en la lucha por la legalización del aborto en El Salvador, es el caso de una joven a quien el Estado de El Salvador impidió abortar, aunque su embarazo ponía en peligro su integridad física y su vida.
Un fallo de la Corte IDH sobre el caso tendría enorme significación. Ya a fines de 2021 la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por el caso Manuela, una joven criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica, y que murió por no recibir la necesaria atención médica. Este fallo estableció que la criminalización de mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas es inseparable del contexto de penalización absoluta del aborto.
Un fallo en el caso Beatriz pondría en evidencia otras derivaciones de la prohibición absoluta del aborto y podría derivar en una flexibilización de la legislación que priorice los derechos de las mujeres.
El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto a través de supágina web o su página deFacebook, y siga a @AbortoPORlaVIDA en Twitter.
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MÉXICO: “La sentencia de la Corte Suprema marca un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva”
CIVICUS conversa acerca del reciente fallo de la Corte Suprema que descriminalizó el aborto en México con Brenda Rodríguez, coordinadora de comunicación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que lleva casi 30 años trabajando para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.
¿Cuál es la situación actual del derecho al aborto en México?
En los últimos años, en México se ha avanzado vertiginosamente para que el aborto se convierta en un servicio de salud garantizado para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Actualmente, 12 entidades federativas han despenalizado parcialmente el aborto voluntario, pero otras 20 todavía lo consideran un delito.
Sin embargo, en los estados donde el aborto se ha despenalizado, el acceso al procedimiento para todas las mujeres y personas gestantes no está garantizado; por el contrario, las barreras de acceso son una constante.
De modo que todavía hay un largo trecho por recorrer. Entre los muchos pendientes es necesario que el aborto deje de ser considerado un delito y que, en cambio, se lo incluya en las regulaciones sanitarias y de política pública, de modo que se asegure el suministro de información sobre el tema y se publiquen los lineamientos que garanticen su atención integral, segura y de calidad.
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NACIONES UNIDAS: “El poder de los grupos antiderechos va en aumento; nos esperan tiempos difíciles”
CIVICUS conversa con Tamara Adrián, fundadora y directora de DIVERLEX-Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, acerca de la exitosa campaña de la sociedad civil por la renovación del mandato de la persona experta independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre orientación sexual e identidad de género.
Tamara Adrián es abogada y profesora universitaria, y la primera mujer trans que fue electa a un parlamento nacional en América Latina.
DIVERLEX es una organización de la sociedad civil venezolana dedicada a la investigación, la formación, la incidencia y el litigio estratégico en materia de diversidad sexual. A causa de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, casi todos sus dirigentes se encuentran actualmente fuera de Venezuela, donde siguen trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTQI+ en el exilio.
¿Por qué es tan importante el mandato del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género?
Esta es una figura sumamente importante. El arma preferida de todas las intolerancias es la invisibilización de ciertos grupos y de las violaciones de sus derechos. Esta ha sido la constante en relación con las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías raciales y las minorías religiosas. Mientras los intolerantes puedan decir que el problema no existe, su sistema de poder permanece activo y las cosas no cambian. En el sistema universal de derechos humanos, la visibilidad de lo que los intolerantes quieren mantener invisible se logra mediante el trabajo de personas expertas y relatores independientes.
El primer Experto Independiente, Vitit Muntarbhorn, estuvo en el cargo por un par de años y produjo un informe sobre la violencia por causa de la orientación sexual o la identidad de género, que compartió con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Inició el proceso de visibilizar las injusticias, inequidades y violencias contra las personas LGBTQI+ a nivel global.
Los tres informes del actual experto independiente, Víctor Madrigal-Borloz, pusieron el dedo en la llaga de muchos países que incumplen en su deber de protección de todos sus ciudadanos y ciudadanas. La propia oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos puso énfasis en el deber positivo de los Estados de asegurar los mismos derechos a todas las personas.
Entendemos que aún falta mucho y que los informes –del Experto Independiente, el Alto Comisionado y organismos regionales como la Organización de Estados Americanos – son importantes para este proceso.
Tan importantes son, que este trabajo generó una fuerte reacción por parte de grupos fundamentalistas que se reorganizaron bajo el formato de “organizaciones no gubernamentales” que buscaron obtener estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para poder interferir en sus procesos.
¿Cómo operan estos grupos dentro de las Naciones Unidas?
Los grupos antiderechos han ido cambiando de estrategia. Más que como organizaciones religiosas, han buscado presentarse como defensoras de la libertad religiosa y, sobre todo, de la libertad de expresión. Han impulsado estrategias de unión en el ámbito religioso, reuniendo a fundamentalistas católicos y a representantes de la Santa Sede con fundamentalistas neo-evangélicos y con los grupos musulmanes más retrógrados.
También han refinado sus argumentos. En primer lugar, sostienen que el concepto de orientación sexual e identidad de género es un concepto occidental y no universal, por lo que no puede ser protegido por la ONU. En segundo lugar, que no hay ningún tratado ni instrumento internacional que proteja contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En tercer lugar, que los países con valores tradicionales deben poder mantener leyes discriminatorias o criminalizar las relaciones de personas del mismo sexo o las identidades de género diversas.
En la argumentación de los países que se opusieron a la renovación del mandato del experto independiente o propusieron modificaciones estuvieron implícitos estos tres argumentos, junto con un cuarto: que ningún país puede proteger a criminales, y que la determinación de lo que es un acto criminal queda sujeta al derecho penal de cada país y no es susceptible de verificación ante el sistema internacional de derechos humanos.
Históricamente este tema se ha resuelto a partir del reconocimiento de que todo el mundo tiene derecho a una creencia, pero nadie puede imponer la suya ni negarles a otras personas sus derechos sobre la base de su fe. Los fundamentalistas pretenden que esta situación se revierta para que los creyentes puedan discriminar y negar derechos a otras personas.
¿Ha aumentado en los últimos años el poder de los grupos antiderechos?
El poder de los grupos antiderechos va en aumento, lo cual posiblemente esté vinculado con la regresión que está ocurriendo en los Estados Unidos. Efectivamente, en la votación para la renovación del mandato hemos visto delineados dos grupos de países que han opuesto resistencia: por un lado, países que nunca han avanzado en el reconocimiento de derechos y en los cuales hay mucha resistencia al cambio, y por el otro, países que están retrocediendo, como los Estados Unidos.
En Estados Unidos desde hace por lo menos una década se han estrechado los vínculos entre el supremacismo blanco, los grupos neo-pentecostales y los sectores más radicales del Partido Republicano. Los grupos antiderechos han ido ocupando espacios en los tribunales, desde lo más bajo hasta la Corte Suprema, así como en las gobernaciones y las legislaturas estatales, lo que ha resultado en cada vez más sentencias, leyes y políticas anti-trans, anti-educación sexual y a favor de la libertad religiosa. Muy abiertamente han expuesto sus planes para revertir el derecho al aborto, combatir el concepto de género, y rechazar la educación sexual y reproductiva y el derecho a la anticoncepción, e incluso los derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario y las protecciones contra la discriminación racial.
Estados Unidos también tuvo un rol clave en el financiamiento internacional del movimiento antiderechos y en el desarrollo de nuevas iglesias neo-pentecostales alrededor del mundo, y sobre todo en África y América Latina. También ha influido sobre la formación de un fenómeno al que no se le ha prestado suficiente atención: el movimiento de las feministas biologicistas, que niega el concepto de género, con los mismos argumentos que las iglesias más conservadoras.
Esta comunidad de argumentación es altamente sospechosa, y tanto más cuando se observan las corrientes de financiamiento procedentes de Estados Unidos que alimentan a grupos feministas biologicistas en Brasil, Centroamérica, España, el Reino Unido o República Dominicana. El blanco de estos grupos ya no son las personas LGBTQI+ en general, sino específicamente las personas trans. Al sostener el carácter biológico y natural de las diferencias buscan destruir toda la estructura de protección basada en el género.
Honestamente creo que es un plan muy bien pensado. Entiendo que imitaron la estrategia que nosotros adoptamos inicialmente para visibilizar nuestra lucha. Sin embargo, ellos tienen la ventaja de haber ocupado el poder. El número de países que han firmado una resolución “pro-vida” en la ONU y que se han declarado “países pro-vida” demuestra que su objetivo ya no es oponerse solamente a los derechos de las personas LGBTQI+ sino a todo derecho basado en el concepto de género.
¿Cómo se organizó la campaña por la renovación del mandato del Experto Independiente?
Las organizaciones que incidimos para que se renovara el mandato hemos actuado juntas desde la campaña para la designación del primer Experto Independiente. Cada vez, el proceso se inicia mucho tiempo antes de la designación. En este caso, lo iniciamos hace unos tres años: prácticamente al año siguiente de la renovación del mandato ya estábamos trabajando para crear el grupo madre para trabajar por una nueva renovación.
Para las organizaciones de América Latina, una limitante recurrente es el desconocimiento del idioma inglés, que restringe la capacidad del activismo para internacionalizar sus luchas. Para superar este problema, nuestro grupo madre está conformado tanto por activistas que hablan castellano como por activistas que hablan inglés. Esto fue muy importante porque la coalición estuvo formada principalmente por grupos latinoamericanos.
Fue un proceso muy difícil, y si bien la votación eventualmente resultó favorable, a lo largo de meses los resultados de las sesiones no generaban demasiada confianza. Observamos resistencias crecientes por parte de países con posiciones fundamentalistas, cada día más aferrados a la idea de revertir derechos.
¿Cuáles son los próximos pasos tras la renovación del mandato?
Creo que no debemos relajarnos. Nos esperan tiempos difíciles. Es probable que muchos derechos que considerábamos ganados sean revertidos en los Estados Unidos, incluso los vinculados con la igualdad racial. Ya no se trata ni siquiera de regresar a una visión propia del siglo XX, sino a una correspondiente al siglo XVI o XVII.
Esto tendrá un fuerte impacto a nivel global, sobre todo en los países que poseen instituciones menos desarrolladas. Probablemente los países con una institucionalidad más fuerte podrán resistir mejor los embates para revertir derechos sexuales y reproductivos.
Como pasos a seguir pongo el énfasis en la organización. En muchos lugares la gente me dice “tranquila, eso jamás pasará aquí”, pero insisto, no podemos relajarnos. Debemos enfocarnos en la formación de coaliciones y organizar alianzas más fuertes que permitan detener el avance de los grupos neoconservadores y disputarles espacios de poder.
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