respuestas de la sociedad civil
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ASIA: ‘Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado’
CIVICUS conversa con Gam Shimray, Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (Asian Indigenous Peoples Pact, AIPP) sobre la situación de los grupos Indígenas en Asia durante la pandemia del COVID-19. AIPP es una federación regional de movimientos de pueblos Indígenas de Asia que trabaja para promover y defender los derechos humanos de los pueblos Indígenas, incluyendo derechos territoriales y culturales. Debido a su posición de subordinación y a su distancia respecto de la cultura y la política convencionales, lospueblos Indígenas padecen graves violaciones de derechos humanos, racismo sistémico, discriminación y exclusión. Como resultado de la constante negación de sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, muchas comunidades Indígenas se cuentan entre los grupos más vulnerables y desfavorecidos.
¿Qué nos puedes contar acerca del trabajo de AIPP?
El trabajo de AIPP se guía por nuestra creencia en los derechos humanos universales y el derecho inherente a la autodeterminación de todos los pueblos, incluidos los pueblos Indígenas. Los derechos a la autodeterminación y el autogobierno son una necesidad social para lograr una continuidad de los procesos sociales el autodesarrollo Indígena.
Mientras que nuestro trabajo de incidencia se centra principalmente en los niveles regional y global, a través de nuestros miembros y redes establecemos conexiones con procesos a nivel país. AIPP consolida una posición común de las organizaciones Indígenas para la incidencia global y regional. Para ello, nos enfocamos en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, consolidando los movimientos Indígenas y programando una agenda común para campañas y actividades de incidencia colectivas a nivel nacional.
AIPP también trabaja en la construcción de liderazgos y promueve un liderazgo distribuido a lo largo de Asia, incluyendo a mujeres, jóvenes y personas con discapacidades.
¿Cuál era la situación de los pueblos Indígenas en Asia antes de la pandemia del COVID-19?
Antes de la pandemia causada por el COVID-19 la situación política en Asia se había ido deteriorando, particularmente en los últimos años. En muchos países asiáticos hemos experimentado ataques crecientes contra la sociedad civil y la restricción del espacio democrático necesario para el debate y la formación de la opinión pública. Algunos intelectuales atribuyeron esta tendencia a la existencia de liderazgos políticos cada vez más apartados de la democracia y los derechos humanos.
Las transiciones de regímenes autoritarios hacia la democracia que algunos países han experimentado en las últimas décadas, como Filipinas en los años ‘80, Indonesia a finales de los ‘90 y Nepal a comienzos de los 2000, no han culminado. Otros países, como China, Laos y Vietnam, tienen sistemas de partido único de jure, mientras que Camboya tiene uno de facto. En Myanmar, los militares todavía controlan el gobierno, mientras que la tradición tailandesa de gran tolerancia todavía no ha producido un Estado democrático moderno y estable. A su vez, el ascenso del populismo constituye una seria amenaza para estas democracias. En India, la democracia más grande del mundo y probablemente una de las más fuertes en la región, bajo el gobierno populista del Primer Ministro Narendra Modi estamos viendo continuos ataques contra toda institución autónoma, desde la justicia hasta el banco central y la prensa independiente.
El resultado es que, en los últimos años, la mayoría de los defensores de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas han sido Indígenas. Ellas han perdido sus vidas defendiendo sus derechos, hogares, tierras, territorios y recursos.
Estos problemas también evidencian la existencia de problemas subyacentes más profundos, referidos a la insuficiente capacidad política e institucional para abordar eficientemente los desafíos que presentan la democracia y los derechos humanos en los países asiáticos. Enfrentamos cuestiones morales y políticas que requieren una evaluación seria de la erosión de los estándares y prácticas de derechos humanos y el debilitamiento de la capacidad política e institucional para responder a los desafíos sociales y políticos del presente. La experiencia de sufrimiento de las personas más pobres durante la pandemia del COVID-19 es evidencia de ello.
¿Qué desafíos han enfrentado los grupos y activistas Indígenas durante la pandemia?
Los problemas y desafíos varían según las diferentes situaciones de los países. Aún así, uno de los principales desafíos se relaciona con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de Asia impusieron cuarentenas en sus países sin mucha preparación, lo cual desencadenó el caos. La situación fue abrumadora y no pudimos responder a las necesidades de activistas, comunidades y trabajadores migrantes.
Las personas refugiadas, trabajadoras migrantes y apátridas fueron las que más sufrieron. Las que carecían de documentos identidad tuvieron problemas para demostrar su ciudadanía, lo cual debían hacer para recibir ayuda gubernamental. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas carecen de la documentación necesaria y también abundan los errores de registro, y quienes no figuran en el registro nacional no pueden recibir un documento de identidad.
Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado. Esta situación ha sido peor en India, donde gente del noreste del país fue expulsada de sus hoteles o de las casas que alquilaban, no podían comprar comida, ir a los mercados o usar transporte público. Hubo gente que les escupió y se les detenía sin ningún tipo de explicación. Muchas de estas personas, entre ellas mujeres, fueron golpeadas sin ninguna razón, por lo que mucha gente en ciudades de toda India vive en un estado de temor permanente.
En algunos países, los gobiernos están aprovechando la situación actual como excusa para emprender campañas militares, acaparar tierras, autorizar grandes proyectos de infraestructura, denegar derechos y debilitar regulaciones y protecciones medioambientales. Muchos activistas y miembros de las comunidades en países como Bangladesh, India, Filipinas y Myanmar fueron asesinados o encarcelados a raíz de acusaciones inventadas. La policía y las fuerzas de seguridad también han impedido que los líderes de las comunidades realizaran tareas de emergencia y ayudaran a comunidades en emergencia alimentaria.
Estos incidentes son graves y hay muy poco que podamos hacer al respecto, ya que la gente no puede salir a protestar o hacer campaña, y apenas pueden tener acceso a la justicia. En India están permitidas las peticiones electrónicas y los tribunales siguen atendiendo los temas más urgentes mediante videoconferencia, pero muchas comunidades no están familiarizadas con procesos tan complicados y tampoco tienen acceso adecuado a internet.
¿Como han respondido ante esta situación AIPP y otras organizaciones de derechos Indígenas?
Lo primero que hicimos fue comunicarnos con nuestros miembros y redes para juntar información de las bases. También les respondimos a quienes se comunicaron con nosotros en busca de ayuda y apoyo. Nuestra primera acción fue proveer o movilizar asistencia, y en particular alimentos para las personas en situación crítica en diferentes áreas, por intermedio de nuestros miembros. Nuestra ayuda también se concentró en compartir información relativa a las comunidades Indígenas. Esto ha sido necesario porque los niveles de desinformación han sido abrumadores, y han desencadenado reacciones impulsadas por el pánico. Hemos compartido con las comunidades solicitudes y llamamientos solidarios para impulsar respuestas humanitarias y difundir buenas prácticas que las comunidades pueden implementar.
La situación es complicada porque no se trata solamente de responder a la pandemia. Las comunidades indígenas padecen de muchos problemas subyacentes. Lo mínimo que podíamos hacer era dejar constancia de nuestra protesta y llevar a cabo campañas a través de medios digitales.
La pandemia del COVID-19 ha desenmascarado muchos problemas y nos plantea nuevos desafíos. Por lo tanto, estamos evaluando y haciendo esfuerzos para dar pasos adicionales para afrontar el impacto de la pandemia en el largo plazo. Con respecto a esto, también hemos formado una alianza regional en respuesta al COVID-19, que se encuentra en proceso de expansión. Pronto tendremos listo nuestro informe preliminar de evaluación regional, que nos va a ayudar a planificar mejor. Ya sabemos que el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades va a ser crucial en el proceso de adaptación a lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.
¿Qué otros apoyos necesitarían los grupos Indígenas en este momento?
El apoyo que las comunidades Indígenas necesitan es enorme, porque los impactos se seguirán sintiendo en el largo plazo. Pero algunas de las necesidades principales son las siguientes.
En primer lugar, necesitamos establecer grupos locales de respuesta rápida a la pandemia con fondos asignados y con un equipo de funcionarios designados para coordinar con autoridades provinciales o estaduales y organizaciones de la sociedad civil para monitorear la situación en las comunidades Indígenas y proveerles el apoyo que necesiten. El equipo de respuesta también debe coordinar con las autoridades correspondientes para atender las necesidades especiales de las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades en las comunidades Indígenas.
En segundo lugar, necesitamos asegurar que las autoridades locales y provinciales reciban pautas e instrucciones apropiadas en relación con las medidas que deben tomarse para que los pueblos Indígenas puedan afrontar el COVID-19 y cumplir la cuarentena.
El tercer lugar, es crucial crear conciencia y asegurar el acceso a los servicios de salud. Por eso es importante preparar materiales informativos en formatos amigables para las comunidades, que expliquen con claridad la naturaleza de la enfermedad, las medidas de cuarentena y contención y las pruebas virales, de modo de derribar los mitos acerca del virus. Se necesita coordinación entre los trabajadores del departamento de salud y los sanadores tradicionales para garantizar que los sistemas de conocimiento Indígenas estén integrados en los mecanismos de respuesta. Se deberían fomentar estrategias de cuarentena localizadas y separadas que promuevan un ambiente natural y de participación de la comunidad. También se pueden preparar centros de atención para casos de COVID-19 manejadas por sanadores y enfermeros de las comunidades.
En áreas remotas se deberían desplegar unidades móviles de salud que incluyan a sanadores tradicionales y trabajadores de la salud. Se debería prestar particular atención a aquellas áreas donde hay más trabajadores migrantes que han retornado a sus hogares. También se debería facilitar el acceso al testeo y proveer instalaciones para que estas personas puedan hacer la cuarentena. También se debería proveer acceso a servicios de salud en caso de emergencia, incluido el transporte. El acceso al agua para limpiar y beber es otra necesidad crítica que se debería asegurar.
Asegurar la seguridad alimentaria, el nivel de ingresos y el sustento económico también es crucial dados los niveles de desnutrición que existen en muchas regiones Indígenas. Por lo menos en los próximos seis meses va a ser sumamente necesario distribuir en forma gratuita raciones alimenticias para todas las personas, independientemente de si tienen cédula de identidad o son clasificadas como migrantes.
Por último, es urgente fortalecer los medios de subsistencia basados en la producción forestal no maderable (PFNM) mediante la creación de mecanismos institucionales efectivos de recolección, almacenamiento, adquisición y venta. En Asia hay una alta dependencia de la PFNM. Se debería proveer apoyo financiero y logístico a las comunidades para que puedan generar una fuente de ingreso sustentable. Las comunidades que viven en áreas protegidas deben tener acceso a los bosques por motivos de subsistencia.
¿Que lecciones han aprendido sobre la situación de los pueblos Indígenas durante la pandemia?
Durante la pandemia la situación ha sido abrumadora, y las medias impuestas por los gobiernos han desencadenado actos de violencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Centenares de personas pobres han muerto de hambre, y las que se aventuraron a salir por efecto de la desesperación han sido atacadas brutalmente por la policía.
El impacto potencial parecía bastante sombrío y si no hubiésemos puesto nuestra confianza en la gente y en las comunidades, nuestros esfuerzos no hubiesen sido muy exitosos. Los servicios de asistencia en emergencia debían ser eficientes y la clave de nuestro éxito en países como Malasia o Tailandia ha sido depositar nuestra confianza en el trabajo de los voluntarios de las comunidades. Todos los recursos que fue posible generar les fueron transferidos a ellos y ellos reportaron las acciones y actividades que llevaban a cabo por teléfono o por otros medios que tuvieran a disposición.
Además, por lo que pudimos ver, muchas comunidades respondieron muy bien a la situación iniciando cuarentenas en los pueblos, regulando las visitas, poniendo a los retornados en cuarentena o implementando medidas de distanciamiento social aun con poca información o sin los recursos apropiados. También hubo miedo, pero las comunidades lo fueron superando y fueron mejorando sus respuestas. Las comunidades no solo recibieron asistencia de nuestra parte o de otras fuentes: algunas de ellas también aportaron alimentos para otras comunidades más necesitadas. La mayoría de estas comunidades han trabajado con nosotros en el pasado y han podido gestionar exitosamente sus sistemas de producción alimentaria y sus recursos naturales. No estaban preocupadas por escasez de alimentos; por el contrario, sus líderes aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia de la importancia de mejorar la producción local y el manejo sustentable de los recursos. Personalmente, esto ha sido inspirador.
También nos hemos sentido inspirados por comunidades que se organizaron y usaron prácticas curativas y medicinas locales para mejorar la inmunidad y la resistencia a la enfermedad o establecieron sistemas de intercambio de alimentos con poca o casi nada de ayuda de parte del Estado, cuando los programas estatales no funcionaban o no llegaban a tiempo. Lo que es más importante, esto demostró que la devolución de atribuciones y el empoderamiento de las comunidades pueden ser más efectivos a la hora de afrontar una crisis si se entrega a las instituciones locales autónomas los recursos y el apoyo necesarios.
Las respuestas espontáneas de las comunidades se fueron dando de forma casi natural porque se trata de comunidades que históricamente se han autogobernado. De aquí en adelante, si confía en la gente y empodera a las comunidades el Estado podrá lidiar de forma más eficiente con cualquier crisis de salud pública y con sus impactos en el largo plazo.
Contáctese con el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia a través de susitio web o de su perfil deFacebook, y siga a@aippneten Twitter.
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JAPÓN: ‘La vulnerabilidad de las personas en situación de calle es el resultado de la exclusión incorporada en la sociedad contemporánea’
CIVICUS conversa con CIVICUS Tsubasa Yuki, del Centro de Apoyo Moyai para la Vida Independiente (Moyai Support Centre for Independent Living) sobre la situación de las personas en situación de calle durante la pandemia del COVID19 en Japón. Fundado en 2001, el Centro de Apoyo Moyai apoya a personas en situación de calle creando un espacio comunitario y proporcionando asesoramiento y garantías de alquiler para quienes buscan vivienda.
En Japón es ilegal pedir dinero en la calle y hay poca simpatía hacia las personas sin hogar, que a menudo son vistas en forma estereotipada, como personas que huyen de deudas de juego. En Tokio, los preparativos para los juegos Olímpicos, originalmente planeados para 2020 pero ahora postergados para 2021, resultaron en el desmantelamiento de las carpas de personas en situación de calle ubicadas cerca de estaciones de trenes y parques. En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Centro de Apoyo Moyai lanzó un petitorio en línea para pedir autorización a los organizadores de las Olimpíadas de Tokio y al gobierno de la ciudad para usar la Villa Olímpica como refugio para personas en situación de calle.
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MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’
CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.
NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.
Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personastrabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamientoy deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Uninforme sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.
¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?
En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.
Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.
También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.
En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.
¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?
Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.
El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.
Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.
También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.
La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.
¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?
Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.
Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita,y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.
Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.
Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.
También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.
Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.
Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.
¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?
Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.
¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?
Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.
Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.
Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.
Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.
El espacio cívico enMalasia es clasificado como obstruido por elCIVICUS Monitor
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