restricciones del espacio cívico
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HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”
CIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?
El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.
El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.
Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.
Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.
El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.
Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.
En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.
En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.
La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.
En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural.
De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.
¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?
Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.
Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.
En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.
El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.
Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.
Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.
¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?
Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022.
En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.
Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes.
¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?
A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.
En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.
La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.
Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.
¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?
El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.
Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.
En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.
¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?
El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.
Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.
El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. -
MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’
CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.
NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.
Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personastrabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamientoy deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Uninforme sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.
¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?
En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.
Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.
También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.
En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.
¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?
Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.
El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.
Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.
También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.
La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.
¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?
Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.
Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita,y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.
Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.
Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.
También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.
Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.
Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.
¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?
Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.
¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?
Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.
Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.
Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.
Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.
El espacio cívico enMalasia es clasificado como obstruido por elCIVICUS Monitor
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MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”
CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?
En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.
México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.
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MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”
CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.
¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?
Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.
El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.
En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.
DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.
Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.
En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.
La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.
DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?
Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.
La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.
Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.
Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.
La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.
¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?
Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.
La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.
La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.
Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.
Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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MYANMAR: “Los militares convirtieron a los trabajadores de la salud de héroes en criminales de la noche a la mañana”
CIVICUS conversa con Nay Lin Tun, un médico que colabora habitualmente como voluntario con los equipos de rescate en las zonas de emergencia de la ciudad de Yangon, en Myanmar. Desde que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado el 1º de febrero de 2021, el ejército ha iniciado unabrutal represión contra el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), un movimiento de protesta que se extendió por todo el país y en el cual losprofesionales de la salud han desempeñado un rol fundamental.
Desde el golpe de Estado, Nay Lin Tun ha estado en la primera línea tratando a manifestantes heridos por las fuerzas de seguridad. Anteriormente trabajó en el estado de Rakhine prestando atención médica comunitaria móvil a la población rohingya y a otros desplazados internos en zonas afectadas por el conflicto. También participó en la campañaGoalkeepers Youth Action Accelerator, dedicada a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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VENEZUELA: “Con la nueva ley de ONG, el gobierno pretende tomar el control de todo el tejido asociativo”
CIVICUS conversa con Rigoberto Lobo Puentes, fundador de Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), sobre la Ley de ONG que, de ser aprobada, obstaculizaría aún más la labor de la sociedad civil en Venezuela.PROMEDEHUM reúne a personas procedentes de diferentes esferas con el objetivo común de educar, promover y defender los derechos humanos.
¿Cómo ha cambiado recientemente el espacio cívico en Venezuela?
El espacio cívico ha experimentado tensiones durante más de una década. En 2010 el gobierno implementó la Ley de la Soberanía y Autodeterminación Nacional para restringir el acceso a financiamiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, invocando supuestas amenazas externas contra el gobierno venezolano. Esta ley fue solamente el puntapié inicial. Desde 2016, cuando el partido oficialista perdió el control de la Asamblea Nacional, el gobierno comenzó a emitir decretos de emergencia que otorgaron facultades al Ministerio de Relaciones Exteriores para auditar todo convenio firmado por organizaciones o personas con organismos internacionales para ejecutar proyectos en Venezuela. Esto fue parte de la estrategia de asfixiar financieramente a las organizaciones de derechos humanos hasta que debieran cerrar.
En 2020 el organismo gubernamental que regula al sistema bancario ordenó a los bancos que monitorearan las operaciones financieras de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), supuestamente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A raíz de las críticas de organismos internacionales de protección de derechos humanos, en 2021 las disposiciones de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en relación con las OSC fueron ligeramente modificadas. Sin embargo, continuaban infringiendo las normas internacionales de derechos humanos. Entre otras cosas, establecían la creación de nuevo órgano encargado de autorizar el registro y funcionamiento de OSC y obligaban a las OSC a proveer información sensible.
Este ataque provocó fisuras en la sociedad civil, ya que muchos pensaron que, puesto que el foco estaba en las organizaciones de derechos humanos, las demás OSC, incluidas las organizaciones humanitarias, estaban fuera de peligro, aunque también de uno u otro modo defendieran los derechos humanos. Muchas OSC dijeron no tener problema con la obligación de registrarse. La situación fue muy confusa: nunca quedó claro dónde funcionaba o funcionaría el registro y en cada ciudad las organizaciones recibían información distinta.
En 2021, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó por unanimidad un plan legislativo nacional que incluía la Ley de Cooperación Internacional, que también establecía un registro obligatorio para las OSC. El objetivo era, nuevamente, limitar el acceso de las OSC a financiamiento.
En 2022 el Grupo de Acciones Financieras del Caribe refutó el argumento de que todas estas regulaciones eran necesarias. Su evaluación de Venezuela concluyó que no había evidencia de que los registros de OSC propuestos o implementados sirvieran para prevenir potenciales abusos vinculados con la financiación del terrorismo.
Por último, en enero de 2024 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, más conocida como “ley de ONG”. Si se aprueba, esta ley permitirá al gobierno restringir aún más el funcionamiento de la sociedad civil, ya que prohíbe de manera muy amplia las “actividades políticas” sin definir de manera clara a qué se refiere, y podría resultar en la imposición de sanciones o incluso en la clausura de OSC que se considere que están involucradas en tales “actividades políticas”. En la sesión en que se aprobó el proyecto, más de 60 OSC fueron mencionadas como enemigas y traidoras a la patria.
Las continuas amenazas, denuncia y persecución de OSC y personas defensoras de derechos humanos, así como las restricciones y ataques contra medios de comunicación y periodistas, el allanamiento de sedes de organizaciones y el encarcelamiento de actores humanitarios, han creado un clima de mucho miedo. Muchas OSC han perdido integrantes, algunas han cerrado y muchas personas defensoras han migrado por diversas razones, incluida la de haber sido objeto de persecución o temer serlo en el futuro cercano. Incluso algunas organizaciones, al igual que medios de comunicación, han recurrido a la autocensura o cambiado la naturaleza de sus actividades para prevenir represalias.
¿Cómo impactaría ley de ONG en este contexto?
La ley de ONG busca limitar la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos. Convertiría la libertad de asociación en un asunto de orden público, exponiendo a las organizaciones a la vigilancia y el control policial. Las organizaciones que no se inscriban o no revelen sus fuentes de financiación podrían enfrentarse a multas, cancelación de su registro oficial e incluso acciones penales. Podrían ser criminalizadas con acusaciones de terrorismo, lavado de dinero, desestabilización, conspiración e injerencia extranjera.
Aunque el proyecto de ley parezca apuntar exclusivamente contra las organizaciones de derechos humanos, sus impactos serán mucho más amplios, ya que pretende tomar el control de todo el tejido asociativo. Cualquier forma organizativa, incluidos partidos políticos y organizaciones educativas y académicas, es un potencial objetivo. Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedarse sin apoyo jurídico. Las personas afectadas por la emergencia humanitaria podrían perder el acceso a programas humanitarios de la sociedad civil, que podrían ser sustituidos por programas gubernamentales con condiciones de acceso restrictivas.
En suma, el gobierno busca una sociedad civil a su medida. Tiene interés en la continuidad de organizaciones que realizan acciones humanitarias, ya que éstas lo liberan de cierta carga y le ayudan a mantener una imagen de apertura frente a la comunidad internacional. Pero pretende que las organizaciones humanitarias desempeñen un rol puramente asistencialista, que deje de lado los derechos humanos, y que se abstengan de publicar cualquier dato que pueda proyectar una imagen negativa del país.
El gobierno ya ha hecho avances en este terreno. En alguna medida ya controla las actividades de las organizaciones humanitarias y obtiene información constante sobre sus actividades en toda Venezuela.
¿Por qué se reflotó ahora la ley de ONG, que había quedado en suspenso el año pasado?
El gobierno ha avanzado con esta ley ante las perspectivas de un proceso electoral en el futuro cercano. La ley puede ser utilizada no solamente contra las OSC de derechos humanos sino contra toda forma organizativa que sea considerada un espacio de pensamiento crítico o disenso. Esto aplica especialmente a las OSC que trabajan en temas de derechos civiles y políticos, que exigen transparencia electoral, monitorean las campañas y observan las elecciones.
Para el gobierno la sociedad civil pone en riesgo sus perspectivas de mantenerse en el poder. En condiciones electorales medianamente justas, la labor de monitoreo, documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos perpetradas por un gobierno que ya goza de baja popularidad podría diezmar su caudal electoral. Durante años el gobierno ha buscado someter, asfixiar o anular a las OSC, y esto se intensificará en la medida en que necesite asegurar su continuidad en el poder.
La ley de ONG había quedado suspendida pero no olvidada. El gobierno simplemente esperó a encontrar el momento adecuado para retomar sus ataques. Recientemente, se produjeron una serie de acusaciones y detenciones de militares, integrantes de partidos políticos y periodistas en relación con un supuesto plan de magnicidio que ha sido tipificado como terrorismo. Esto es parte de un escenario creado por el gobierno para justificar acciones para neutralizar a quienes le supongan un obstáculo en una elección. En este contexto, no debe descartarse la posibilidad de que la ley de ONG sea aprobada.
¿Cómo han reaccionado la sociedad civil y la opinión pública ante estos ataques?
Pese a la gravedad de la ley, hay mucha desinformación y un elevado desconocimiento por parte de la ciudadanía venezolana. Incluso hay OSC que desconocen su existencia o su importancia.
Sin embargo, la sociedad civil ha emitido numerosas expresiones de rechazo. Entre 2022 y 2024, OSC nacionales e internacionales han publicado al menos 15 comunicados y análisis de las leyes de ONG y de cooperación internacional. Se han realizado numerosos foros, conversatorios y campañas de difusión, tanto dentro como fuera de Venezuela.
Muchas organizaciones y personas defensoras hemos participado en diálogos interactivos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y en eventos paralelos en la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Cumbre de las Américas, y hemos presentado informes ante organismos de derechos humanos. Como resultado de esta incidencia, entre 2021 y 2023 se publicaron 11 pronunciamientos e informes de organismos internacionales sobre estas leyes.
Quienes estamos fuera de Venezuela también hemos hecho incidencia frente a los gobiernos de nuestros países de acogida. En Argentina, donde me encuentro en este momento, actores tanto políticos como de la sociedad civil han expresado públicamente su rechazo de la ley de ONG.
El gobierno venezolano redobló la apuesta y el 12 de enero inició una consulta pública sobre la ley, sin siquiera haber publicado el texto oficial del proyecto de ley o convocado a participar a las OSC de derechos humanos. Según la información que ha trascendido, la mayoría de los participantes en la consulta han sido funcionarios del Estado, incluidos funcionarios policiales. Por lo que hemos podido observar en los eventos de consulta, que se realizan de manera relativamente espontánea en diversos sitios y sin un formato establecido, así como en las discusiones sobre el tema en la Asamblea Nacional, ha prevalecido un discurso de descalificación de las OSC, tratadas como enemigas del Estado.
¿Qué garantías necesita la sociedad civil venezolana para continuar haciendo su trabajo?
Para continuar nuestra labor de incidencia en defensa del espacio cívico necesitamos que más organizaciones y actores internacionales se sumen para ayudar a informar sobre el deterioro de la situación. Las OSC necesitan acceso a información más precisa y confiable para impulsar la formación de alianzas de manera más rápida y efectiva.
Las OSC venezolanas continuamos trabajando para comunicar cualquier cambio que se produzca y dar la señal de alerta cuando se producen avances contra los derechos. Seguimos haciendo incidencia con otros Estados, especialmente cuando se producen cambios de gobierno que podrían afectar la política internacional. Un riesgo inminente es que no se renueve la Misión Internacional para la Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sería un duro golpe para la sociedad civil venezolana.
Las organizaciones venezolanas también deberíamos evaluar y repensar nuestras estrategias en función del impacto que tiene la información que producimos. Deberíamos mostrar mejor las fortalezas del movimiento de derechos humanos venezolano. Quizás la transparencia proactiva, en la medida en que no ponga en mayor riesgo a las organizaciones y sus integrantes, podría servir para influir tanto sobre la comunidad internacional como sobre la ciudadanía. Es crucial que la gente en Venezuela comprenda las dimensiones de la pérdida que el deterioro del espacio cívico y la desaparición de organizaciones suponen para nuestro país.
El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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VENEZUELA: “El gobierno busca avivar el sentimiento nacionalista para tratar de conservar el poder”
CIVICUS conversa con Mariano de Alba, Asesor Sénior del International Crisis Group, acerca del reciente referéndum convocado por el gobierno de Venezuela sobre el estatus del territorio del Esequibo, disputado con la vecina Guyana, y sus posibles implicaciones para la democracia en Venezuela y la paz en la región.El International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico.
¿Por qué el gobierno venezolano decidió someter la cuestión del Esequibo a un referéndum?
El anuncio de la realización del referéndum surgió en primer lugar como una reacción del gobierno de Venezuela a las recientes rondas de licitaciones petroleras realizadas por Guyana en zonas que Venezuela considera áreas marítimas pendientes de delimitación. Conforme se fue organizando el referéndum, se volvió evidente que el gobierno venezolano le daba un valor adicional como herramienta para probar su capacidad de movilización electoral a pocos meses de la elección presidencial que debería ocurrir este año.
Adicionalmente, al poner la disputa con Guyana en la agenda pública, el gobierno venezolano busca avivar el sentimiento nacionalista en la población venezolana, y muy especialmente en las fuerzas armadas, un actor clave en su estrategia para conservar el poder.
¿Cuál es el valor jurídico del referéndum?
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial venezolana, el referéndum consultivo, que es una figura establecida en la Constitución venezolana, no tiene carácter vinculante. Esta posición fue ratificada públicamente por el abogado principal que fue designado por el gobierno para preparar las preguntas del referendo.
Pero por motivos políticos, desde antes del referéndum y especialmente en vista de sus resultados, el gobierno ha insistido en que sí tiene carácter vinculante para justificar una serie de acciones que ha anunciado en relación con el territorio en disputa. Éstas, sin embargo, no han pasado de anuncios simbólicos, ya que las fuerzas armadas de Venezuela no han ingresado en el territorio en disputa, desde hace muchísimos años bajo administración de Guyana.
¿Cómo se posicionó la oposición, y cómo impactará el referéndum sobre las elecciones de 2024?
Hubo diferencias sobre cómo posicionarse frente al referéndum. Ante todo, hay que recordar que el 17 de octubre, cuando el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre condiciones electorales, también firmaron otro acuerdo en el que se comprometieron a “ratificar los derechos históricos” de Venezuela y a “defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966”, el tratado que reavivó la controversia, en el cual Guyana, Venezuela y el Reino Unido acordaron buscar una solución al conflicto. En consecuencia, al menos para una parte de la dirigencia opositora fue difícil oponerse al referéndum.
Sin embargo, María Corina Machado, la principal líder de la oposición, electa como candidata de unidad en las primarias de finales de octubre de 2023, sí criticó la consulta, argumentando que “la soberanía se ejerce, no se consulta”. La diferencia más importante en la oposición es que algunos líderes opositores piensan que hay que participar en todos los procesos electorales, independientemente de las condiciones, mientras otros no. Algunos votaron en el referéndum y otros no lo hicieron.
Frente a las elecciones presidenciales, un elemento central de la estrategia del gobierno es fomentar la división de la oposición, de modo que una parte llame a la no participación por falta de condiciones suficientes y otra decida participar. El gobierno tiene posibilidades reales de ganar la elección frente a una oposición dividida, ya que bajo el sistema electoral vigente es electo quien obtenga más votos, aunque no alcance el 50%. La elección tendrá lugar en un contexto autoritario en el cual las condiciones de la competencia serán deficientes y hay un alto riesgo de represión gubernamental.
¿Cómo se ha manifestado Guyana?
Guyana está centrada en la búsqueda de una decisión favorable en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde en 2018 presentó una demanda para que se ratifique la validez del laudo arbitral de 1899, que le otorgó el territorio que hoy día controla y administra y que Venezuela desconoce con el argumento de que el laudo fue producto de un fraude procesal.
Sin embargo, las tensiones recientes complican el panorama para Guyana. Primero, porque al menos en el papel, las fuerzas armadas venezolanas tienen capacidades sustancialmente superiores a las guyanesas. De allí su intención de tratar de fortalecer sus alianzas militares y obtener garantías de otros países. Segundo, porque la incertidumbre producto de estas tensiones podría afectar el destacadísimo desarrollo económico que está teniendo Guyana, un país con escasa población pero con altos ingresos debido al reciente descubrimiento y explotación de recursos petroleros. Ya a mediados de diciembre de 2023 el mercado de seguros Lloyd’s de Londres calificó como riesgosa la zona económica exclusiva guyanesa, lo podría aumentar el costo del envío de petróleo desde esa zona.
¿Cuáles son los riesgos de que se produzca una escalada bélica?
El referéndum ha aumentado sustancialmente las tensiones entre Guyana y Venezuela. Guayana vio en él y en las ulteriores acciones del gobierno venezolano una amenaza. Aunque también Guyana ha aprovechado las tensiones para tratar de fortalecer sus alianzas diplomáticas y militares con países como los Estados Unidos y el Reino Unido.
En el corto y mediano plazo, el riesgo de que estas tensiones desemboquen en un conflicto armado es bajo, en parte, porque la reacción internacional sería muy crítica. Además, si bien el gobierno venezolano ha anunciado y ejecutado acciones tales como el nombramiento de una autoridad para el territorio en disputa, se ha cuidado de que la ejecución de esas acciones permanezca por ahora en territorio venezolano.
Pero la escalada bélica no es un escenario descartable. La tensión podría desembocar en un enfrentamiento limitado tras el cual se vuelva difícil para uno o ambos países desescalar.
Desde la perspectiva venezolana, la escalada es una apuesta riesgosa porque podría generar mayor descontento en las fuerzas armadas venezolanas, que tendrían que arriesgar sus vidas, especialmente si Guyana recibe el apoyo de un aliado importante como Estados Unidos. Además, el gobierno venezolano se está esforzando por reinsertarse en la comunidad internacional e iniciar un conflicto con Guyana desbarataría esos esfuerzos.
Del lado guyanés, es una incógnita si efectivamente recibiría un apoyo militar sustancial en caso de un conflicto. Éste, además, podría volver muy riesgosos los negocios de algunas empresas que operan en ese país. Por ende, al menos en el corto y mediano plazo, salvo sorpresa, predominarán los intentos de mantener las tensiones en la escena pública, pero sin emprender una escalada real.
Al final del día, ambos países, como vecinos, están obligados a tratar de negociar. Aunque Guyana obtenga una decisión favorable de la CIJ, ese difícilmente será el fin de la disputa, ya que sin la colaboración de Venezuela la ejecución de la sentencia será muy difícil; además, el área marítima seguirá pendiente de delimitación, por lo que algún día habrá que negociar.
¿Cómo continúan las negociaciones diplomáticas?
Ha habido importantes esfuerzos diplomáticos de diversos países para tratar de convencer a ambos gobiernos de la importancia de rebajar las tensiones y evitar un conflicto armado. Estos esfuerzos desembocaron en un acuerdo que se firmó en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre. Allí se acordó no solamente rebajar las tensiones sino también realizar una nueva reunión en Brasil antes de fines de marzo.
Sin embargo, la desconfianza entre ambos gobiernos sigue siendo profunda. No ayudó tampoco el hecho de que a fines de diciembre se produjera la visita de un buque de guerra británico a Guyana, que Venezuela interpretó como una amenaza a la cual respondió con la realización de ejercicios militares en su territorio.
Las perspectivas son complicadas porque ambos gobiernos consideran que pueden sacar rédito político de las tensiones. Venezuela más por razones de política interna, y Guyana en primer lugar para fortalecer sus alianzas militares y secundariamente porque, si maneja acertadamente la situación, las perspectivas del partido de gobierno podrían mejorar de cara a las elecciones de 2025.
Tras bastidores, los esfuerzos diplomáticos continúan porque frente a la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza prevalece la idea de que no hay espacio internacional para otro conflicto armado, y menos aún en América Latina y el Caribe, que por tantos años ha sido una zona de paz, al menos en lo que se refiere a los conflictos interestatales.
El espacio cívico en Venezuela es clasificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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Venezuela: Las restricciones al espacio cívico continúan sin cesar, mientras el gobierno no cumple sus compromisos
Presentada por Carlos Correa, Espacio Público
Gracias, Sr. Presidente.
En los últimos cinco años, Venezuela promovió restricciones injustificadas al espacio cívico, incluyendo los derechos a reunirse pacíficamente y a la libertad de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas en 2016, implementó parcialmente 7.
Se ha reprimido el espacio para la sociedad civil. A pesar de aceptar las recomendaciones para garantizar la libertad de expresión en línea, las restricciones continúan. Venezuela se comprometió a velar por el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y personal humanitario, pero la persecución judicial sigue. Las autoridades adoptan un discurso descalificador que busca justificar los ataques al ejercicio de la libertad de asociación y expresión.
Hoy al menos 45 portales de noticias están bloqueados en Venezuela. Entre enero y abril de este año 2022, 43 periodistas fueron víctimas de restricciones ilegítimas para hacer su trabajo. Mientras este proceso del EPU estaba en curso, se anunció un proyecto de ley para controlar los fondos de la cooperación internacional. En el último año, al menos 8 personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas y se mantienen procesos penales en su contra.
Lamentamos que Venezuela haya aceptado 27 de las 53 recomendaciones que recibió sobre el espacio cívico durante este tercer ciclo.
Señor Presidente, Espacio Público y CIVICUS hacen un llamado al Gobierno de Venezuela para que tome medidas concretas para abordar estas preocupaciones, incluyendo: la derogación de las restricciones legales indebidas a la sociedad civil y a la prensa, la restitución de los medios de comunicación cerrados injustificadamente, el cese de la censura, así como la liberación de todas las personas detenidas por expresarse y defender derechos.
Muchas gracias.
