CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas migrantes y refugiadas en Grecia con Maya Thomas-Davis, una de las responsables de Incidencia y Comunicación del Centro Legal Lesvos AMKE, una organización de la sociedad civil griega que proporciona información y asistencia legal gratuita a las personas migrantes que llegan por mar a Lesbos, donde el Centro tiene su sede. El Centro Jurídico también documenta las violaciones de los derechos de las personas migrantes, aboga por rutas migratorias seguras y legales y hace incidencia y litigio estratégico para que el gobierno griego, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y las instituciones europeas rindan cuentas por el trato que dan a las personas migrantes.

Foto: Legal Centre Lesvos @Instagram

¿Qué tipo de trabajo realiza el Centro Jurídico, y cómo se las ha arreglado durante la pandemia?

El Centro Jurídico Lesbos (LCL) es una organización civil jurídica y política sin ánimo de lucro basada en principios de solidaridad, no de caridad. Desde agosto de 2016, ofrece acceso a información, asistencia y representación jurídica a las personas migrantes que llegan por mar a la isla griega de Lesbos. El LCL también trabaja por la justicia colectiva y el cambio estructural como parte del movimiento de resistencia al imperialismo fronterizo de Europa en varios frentes, incluidas la incidencia y el litigio estratégico. El LCL fue fundado en respuesta a la declaración UE-Turquía de marzo de 2016, un acuerdo de dudosa legalidad mediante el cual la Unión Europea convirtió a las personas que buscaban libertad, seguridad y dignidad en mercancías y moneda de cambio: en ese acto, acordó un pago de 6.000 millones de euros al régimen autoritario de Erdogan a cambio de que Turquía actuara como guardia fronterizo de la fortaleza Europa. Este “acuerdo” transformó la isla de Lesbos en un lugar de reclusión indefinida para las personas migrantes. El LCL ofrece acceso a información legal y asistencia en solidaridad con las personas migrantes atrapadas aquí, sin perder de vista que la migración a Europa está íntimamente relacionada con el pasado y el presente imperialista del continente y con los intereses del capitalismo global; que las brutales violaciones que se observan aquí son siempre opciones políticas; y que las personas más afectadas son los actores políticos más importantes a la hora de desafiar el sistema y montar una resistencia.

El LCL tiene una política de puertas abiertas, lo que significa que no rechaza a nadie ni niega a nadie información o asistencia jurídica porque su caso no sea lo suficientemente “sólido” o no resulte adecuado para un litigio estratégico. Mantenemos esta postura porque creemos que, como mínimo, todo el mundo tiene derecho a entender el marco legal al que está sujeto, especialmente en el contexto del derecho de asilo, donde las consecuencias pueden ser una cuestión de vida o muerte.

Para facilitar el acceso a la información, antes de que se introdujeran las restricciones vinculadas con el COVID-19, el LCL había organizado sesiones informativas grupales periódicas sobre los procedimientos de asilo, en varios idiomas. Este es sin duda un aspecto de nuestro trabajo donde la pandemia ha creado dificultades. En Lesbos se han aplicado medidas de confinamiento, con distintos grados de intensidad, desde marzo de 2020. Debido a las limitaciones de capacidad de las oficinas que impusieron las restricciones, nos resultó imposible seguir realizando sesiones informativas grupales. Hemos conseguido mantener la política de puertas abiertas con horarios estrictos, con muchos de nosotros trabajando desde casa al menos una parte del tiempo, y estamos tratando de seguir facilitando un acceso más amplio a la información a través de otros medios, como por ejemplo mediante actualizaciones en varios idiomas en nuestro sitio web y en las redes sociales.

¿Cómo ha evolucionado la situación de las personas migrantes y refugiadas en 2020 a raíz de la pandemia? 

Al tiempo que la pandemia de COVID-19 se extendía por Europa, el 1 de marzo de 2020 el Estado griego  suspendió en forma ilegal el derecho de asilo y procedió a la violenta fortificación de las fronteras. La UE alabó a Grecia como “escudo” de Europa y la Agencia Europea de Fronteras y Costas, también conocida como Frontex, le proporcionó un creciente apoyo material. Aunque la UE lleva muchos años ejerciendo violencia contra las personas migrantes en sus fronteras, rechazándolas y negándoles la entrada, parece que los funcionarios griegos y de la UE creyeron que la pandemia les daría la cobertura perfecta para intensificar su ataque contra las personas migrantes en el Egeo, con total impunidad.

Desde marzo de 2020, el número oficial de llegadas por mar a Grecia ha disminuido drásticamente: se ha reportado una disminución de 85% en comparación con 2019. En el mismo plazo, numerosos informes e investigaciones han revelado que las autoridades griegas recurren sistemáticamente a la práctica de las expulsiones colectivas, llevadas a cabo mediante un modus operandi consistente, con la complicidad documentada de Frontex. Según todos los relatos compartidos con el LCL por sobrevivientes de estas expulsiones, las autoridades griegas han expulsado sumariamente a personas migrantes del territorio griego sin registrar su llegada ni facilitar su acceso a los procedimientos de asilo. Ya sea en medio del mar o tras su desembarco en una isla del Egeo, las autoridades griegas trasladan por la fuerza a las personas migrantes hacia aguas turcas antes de abandonarlas en el mar en botes sin motor y no aptos para la navegación o en balsas salvavidas, absolutamente indiferentes a si viven o mueren. A pesar de los numerosos informes, declaraciones, investigaciones y denuncias de este continuo ataque contra las personas migrantes, las expulsiones fuera de la frontera del Mar Egeo continúan con impunidad; de hecho, constituyen la implementación no oficial de los objetivos del acuerdo entre la UE y Turquía en momentos en que la frontera turca permanece oficialmente cerrada.

Mientras tanto, en Lesbos, las restricciones relacionadas con la pandemia no han hecho más que agravar la situación de violencia policial, discriminación y detención masiva efectiva de personas migrantes. Las restricciones relacionadas con el COVID-19, tales como los toques de queda y la exigencia de llevar una autorización para circular, se han aplicado de forma injustificadamente discriminatoria. Recientemente, el 15 de febrero de 2021, por ejemplo, el toque de queda para la población general de Lesbos se levantó entre las 18:00 a las 21:00 horas; sin embargo, para las personas migrantes que viven en el campamento se mantuvo un régimen separado de restricciones, y se las sometió a un toque de queda más estricto a partir de las 17:00 horas. Más allá de las citas médicas o legales, solo se les permite que un miembro de la familia salga del campamento una vez a la semana. Incluso cuando presentan una justificación escrita, el permiso para salir del campamento es a menudo denegado de forma arbitraria. A la hora de revisar documentos y permisos de circulación, así como al imponer multas, la policía se ensaña desproporcionadamente con personas racializadas.

Mientras tanto, los cambios en el funcionamiento de la Oficina Regional de Asilo y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en Lesbos, que venían realizando entrevistas a distancia con solicitantes de protección internacional, han dado lugar a nuevas violaciones de los procedimientos. Entre ellas se encuentran los obstáculos en el acceso a la asistencia jurídica en primera instancia y a la presentación de recursos dentro de los plazos debido a las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia y al acceso restringido a las oficinas de la EASO; la imposibilidad de garantizar la confidencialidad necesaria debido a que las entrevistas a distancia por teléfono o vídeo se realizan en instalaciones inadecuadas; y la imposibilidad de presentar de forma exhaustiva los motivos de las solicitudes a causa de interrupciones prácticas y técnicas de las entrevistas de asilo.

En cuanto a la situación sanitaria, el Estado no ha evacuado sistemáticamente a las personas en riesgo de los campamentos superpoblados e insalubres de Lesbos, donde las medidas de distanciamiento son imposibles. Al igual que el anterior campamento de Moria, que se incendió en septiembre de 2020, el nuevo centro de acogida e identificación de Mavrovouni/Karatepe -también conocido como “Moria 2.0”- no es apto para la habitabilidad humana. Por si las condiciones de alojamiento, atención sanitaria, privacidad, alimentación, electricidad, agua corriente, duchas calientes, aseos y otras instalaciones higiénicas no fueran lo suficientemente malas, desde 1926 y hasta su precipitada transformación en campamento en septiembre de 2020, el emplazamiento de Moria 2.0 había sido un campo de tiro militar, y el gobierno griego ha admitido que se ha encontrado una alta concentración de plomo en las muestras tomadas del lugar. La intoxicación por plomo provoca daños en los órganos, cáncer y daños en el desarrollo de fetos y niños. No se conoce ningún nivel de exposición al plomo que no tenga efectos nocivos. En estas condiciones, el hecho de que el Estado griego no traslade a las personas que están desproporcionadamente expuestas a peligro de muerte en las condiciones inhumanas de Moria 2.0 para darles condiciones de vida adecuadas supone un atentado contra las vidas migrantes.

¿Cuáles diría que son las principales violaciones de derechos que sufren las personas migrantes y refugiadas en Lesbos? 

El hecho de que cientos de personas hayan sido, y sigan siendo, trasladadas a la fuerza y luego abandonadas en medio del mar por las autoridades griegas sin medios para pedir rescate, en botes y balsas salvavidas no aptos para la navegación, constituye una forma espectacular de violencia estatal contra las personas migrantes. Más allá de las violaciones de derechos, la posición del LCL es que los elementos constitutivos del modus operandi sistemático de las expulsiones colectivas en el Egeo, sumados al carácter generalizado y sistemático del ataque, equivalen a crímenes contra la humanidad. La práctica de las expulsiones sistemáticas impunes revela hasta qué punto la fortaleza Europa trata las vidas migrantes como desechables. Es la clase de tratamiento que históricamente ha acompañado la comisión de crímenes atroces.

El mismo desprecio por las vidas de las personas migrantes se desprende de las condiciones que éstas se ven obligadas a soportar en los campamentos y centros de detención en Lesbos, que constituyen violaciones del derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes y a la tortura, de los derechos a la libertad y la seguridad, a la vida privada y familiar, al recurso efectivo, a la no discriminación y, en suma, a la vida. Ese desprecio se revela en el hecho de que las personas son obligadas a esperar en el limbo durante años, aisladas de sus familias, amigos, comunidades y objetivos de vida, sin poder avanzar ni retroceder. Se observa también en el hecho de que la UE prioriza y financia cada vez más la detención masiva y efectiva de personas migrantes, mediante sistemas de “puntos calientes”, procedimientos fronterizos acelerados, deportaciones forzosas, militarización de las fronteras y externalización del control fronterizo mediante acuerdos de dudosa legalidad con terceros países y el condicionamiento de la ayuda y otros paquetes financieros a la fortificación de las fronteras.

Aunque la violencia de las expulsiones en el Egeo es escandalosa y debe ser tratada como tal, no es en absoluto una aberración en el marco de la lógica del régimen fronterizo europeo, que instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración a cualquier precio. Incluso si en Lesbos se cumplieran las normas de acogida y de procedimiento exigidas por el Sistema Europeo Común de Asilo, muchas personas seguirían siendo excluidas, y el sistema seguiría siendo violento y fundamentalmente insuficiente para garantizar las condiciones de desarrollo humano que todas las personas merecen. Por esta razón, aunque el LCL seguirá documentando, denunciando y buscando reparación para las violaciones sistemáticas de derechos en Lesbos, somos conscientes de que al mismo tiempo debemos organizarnos para lograr un cambio sistémico: el marco de derechos humanos de Europa no puede fallarles a personas a las que no fue diseñado para proteger.

¿Cuál es su posición respecto de las protestas de personas refugiadas frente a las condiciones de vida en los campos y la suspensión de los procedimientos de asilo? 

El LCL siempre se ha organizado y actuado en solidaridad con la resistencia liderada por migrantes. A lo largo de los años esto ha tomado muchas formas, incluyendo protestas, huelgas de hambre, publicaciones colectivas, asambleas y ocupaciones. El Estado ha respondido con intentos de castigar colectivamente la resistencia organizada de migrantes en Lesbos. Un ejemplo de ello fue el de los 35 de Moria hace unos años. Pero hay muchos ejemplos más recientes. Por supuesto, esta resistencia puede entenderse como un ejercicio de los derechos humanos, y específicamente de los derechos a las libertades de asociación, de reunión pacífica y de expresión, y en tanto que organización legal, esta es una de las formas en que entendemos y apoyamos este tipo de acciones. Sin embargo, en Lesbos -donde los derechos se violan sistemáticamente con total impunidad, se imponen deliberadamente condiciones de miseria y la situación siempre parece seguir empeorando justo cuando ya parecía que no cabía imaginar algo peor- la resistencia organizada es también, en muchos sentidos, la única opción que queda.

¿Qué tipo de apoyo necesitaría el LCL de la sociedad civil internacional para seguir haciendo su trabajo?

El año pasado, el Estado griego introdujo nueva legislación sobre el registro de organizaciones de la sociedad civil, imponiendo requisitos de registro y certificación onerosos y complejos que constituyen barreras innecesarias y desproporcionadas para las organizaciones que trabajan en solidaridad con las personas migrantes en Grecia. Esto sin duda dificultará el trabajo del LCL, tal como está previsto que ocurra. El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de las ONGI del Consejo de Europa ya ha expresado su preocupación por estos nuevos requisitos, y como forma de apoyo de parte de la sociedad civil internacional, todo desafío que pueda interponerse frente a estas medidas sería bienvenido.

En general, el apoyo y la solidaridad internacionales son necesarios para resistir frente al entorno cada vez más hostil para las personas migrantes en Grecia, así como para quienes trabajan en solidaridad con ellas. Las campañas de desinformación de la extrema derecha, que acusan de criminales a las personas migrantes y a las organizaciones de solidaridad con ellas, se traducen cada vez más en prácticas del Estado griego, tales como la identificación por parte de la policía griega de cuatro grupos de derechos humanos y de solidaridad con migrantes en una investigación en la que se les acusa de espionaje, formación de y pertenencia a una organización criminal; el procesamiento sistemático de migrantes por parte del Estado griego por facilitar entradas o salidas ilegales; su perversa decisión de procesar al padre de un niño de seis años que se ahogó trágicamente en un naufragio cerca de Samos en noviembre de 2020 por haber puesto en peligro la vida de su hijo; y su decisión de presentar cargos penales contra una mujer que, desesperada, se prendió fuego en Moria 2. 0 en febrero de 2021. Esas medidas que presentan a las personas migrantes y a quienes actúan en solidaridad con ellas como criminales y como amenazas para la nación son el producto de una táctica deliberada y eficaz para ocultar el hecho de que son los Estados los que poseen el monopolio de la violencia y para distraer la atención de las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes que ellos cometen.

En términos más generales, de las propuestas legislativas contenidas en el “nuevo” pacto de la UE sobre migración y asilo se desprende que la UE intentará extender el modelo que ya ha probado en el laboratorio de Lesbos y de las otras “conflictivas” islas griegas a todas las fronteras exteriores de Europa. Este modelo incluye la detención a la llegada, la aceleración de los procedimientos fronterizos de detención en función de tasas de reconocimiento de asilo por nacionalidad, el uso de la deportación como forma de “solidaridad” entre los Estados miembros y la ampliación del uso de los datos personales y biométricos de las personas migrantes. Este año se va a construir un nuevo campo “controlado” en Lesbos, en una zona intencionadamente alejada y conocida por el peligro de incendios forestales. La solidaridad internacionalista será siempre nuestra mejor arma para organizar la resistencia desde abajo frente a todas estas medidas.

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CIVICUS conversa con Estefanía Terán, directora de incidencia de Grupo Faro, acerca del rol de la sociedad civil organizada en las elecciones presidenciales de Ecuador y los retos que la sociedad civil enfrenta en la actualidad. Grupo Faro es un centro de investigación y acción independiente del Ecuador que genera evidencia para incidir en la política pública y promover la transformación y la innovación social.

¿Qué roles desempeña la sociedad civil ecuatoriana durante los procesos electorales?

No hay mucho acercamiento de los partidos políticos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para nutrir sus propuestas. Si bien algunas recurren a OSC en busca de información, otras contratan a consultoras privadas. Esto ocurre porque muy pocas organizaciones políticas tienen dentro de sus estructuras un equipo y/o las herramientas necesarias para desarrollar planes de gobierno de calidad, con contenidos claros, que respondan a las necesidades de la población o de sus votantes, y cuyo diagnóstico parta de un ejercicio de investigación riguroso, objetivo y técnico.

Durante las elecciones las OSC desarrollan iniciativas para promover el voto informado. Así, construyen plataformas web u otras herramientas comunicacionales para visibilizar desde una perspectiva ciudadana las propuestas de los distintos contendientes. Mediante este trabajo, en las últimas elecciones se organizaron las iniciativas con criterios ideológicos y en términos de su respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, con el propósito de poner en evidencia el cómo de las ofertas, que en general solo enuncian el qué, se desarrollan foros y debates entre los y las candidatas.

Grupo FARO forma parte del grupo de OSC que promueven el voto informado; en ese marco desarrollamos la iniciativa Ecuador Decide. Esta iniciativa, que es activada en tiempos de elecciones desde 2017 y ya ha sido implementada en cuatro oportunidades, tiene el objetivo de propiciar un ejercicio del voto basado en las propuestas programáticas de los distintos candidatos y candidatas y de las organizaciones políticas que los respaldan. Para ello, recopila, difunde y analiza los contenidos de todos sus planes de gobierno.

En las elecciones de 2021, Grupo FARO analizó los planes de gobierno de todos los y las candidatos presidenciales. Encontramos que, de las 1500 propuestas identificadas bajo 16 temas de relevancia nacional, solo el 55,5% contenía información sobre cómo iban a ser ejecutadas, y únicamente el 26,7% explicaba a quién estaban dirigidas.

Además, a partir de nuestra experiencia organizando debates entre candidatos y candidatas durante las elecciones seccionales, asistimos al Consejo Nacional Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales, que a partir de la reforma al Código de la Democracia de febrero de 2020 pasaron a ser obligatorios.

¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la baja calidad de los planes de gobierno?

La baja calidad de los planes de gobierno, que hace que no sean instrumentos adecuados para informar a la población sobre las posturas de los diferentes candidatos, candidatas y organizaciones políticas, responde a la falta de exigibilidad y reglamentación de parte del organismo rector, que no exige que estos documentos cumplan con estándares mínimos y puedan ser comparables entre sí. De hecho, hemos analizado algunos planes de gobierno de tres páginas y otros de más de cien. Además, en muchos casos difieren del discurso del o la candidata o incluyen propuestas ajenas a su ámbito de competencia. Por esto, no es común que los electores accedan a estos instrumentos para informarse, y, por ende, no tiene otro propósito que cumplir con un requisito formal para registrar la candidatura. Esto último contradice el hecho de que una de las causales para solicitar revocatoria de mandato de autoridades de elección popular es el incumplimiento de su plan de gobierno.

El alto grado de generalidad de las propuestas contenidas en los planes de gobierno hace que el discurso de campaña de los candidatos apunte al votante mediano, y que estratégicamente los candidatos no se diferencien. Esto fragmenta las preferencias de los electores y genera complicaciones, tales como el estrechísimo margen entre el segundo y el tercer lugar en las últimas elecciones, entre los candidatos Guillermo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades, y Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Ello hizo que quien ganó en segunda vuelta fuera alguien que en la primera vuelta no había alcanzado ni el 20% del voto total: llegó al poder por efecto de un voto obligatorio, con muy baja legitimidad, y un alto riesgo de enfrentar problemas de gobernabilidad en el mediano plazo.

¿Qué desafíos enfrenta la sociedad civil ecuatoriana bajo el nuevo gobierno?

A pesar de que no se identificaron propuestas específicas en relación con la promoción de la participación de la sociedad civil, el presidente Lasso ha procurado emitir un mensaje amigable y de colaboración. Sin embargo, debido a su origen empresarial, el gobierno tiende a equiparar a la sociedad civil con el sector privado. Esto decanta en dos retos para la sociedad civil. El primero es diferenciarse del sector privado y el segundo es trabajar de forma armoniosa con éste. Para esto debe promover un ejercicio de reflexión sobre el rol actual de la sociedad civil y poner en evidencia el valor que su involucramiento agrega a la gestión pública. Además, debe insistir en que esta participación no se circunscriba a unas pocas organizaciones afines al gobierno, sino que sea abierta e inclusiva, plural y diversa.

Lo anterior implica, por un lado, avanzar en un proceso de fortalecimiento organizacional de la sociedad civil para el trabajo colaborativo entre sí y con otros actores. Y, por otro lado, iniciar un proceso de aprendizaje y de generación de confianza con el sector privado. Hay una gran oportunidad para que la sociedad civil organizada contribuya a que el aporte de las empresas a lo social se haga desde la transparencia, con rectoría pública y en base a principios internacionales de funcionamiento efectivo de alianzas público-privadas sociales que garanticen proyectos o acciones de calidad, y que vayan más allá del beneficio corporativo.

La antesala para el desarrollo de las alianzas previamente mencionadas es la promulgación de una ley mínima para las OSC que nos dé seguridad jurídica y nos proteja de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Al momento estamos normadas por un decreto ejecutivo y bajo una lógica de concesión y control, y no de registro y corresponsabilidad. Lograr la promulgación de una ley que contribuya a la construcción de un ambiente habilitante y de fomento de la participación es otro de los desafíos que tenemos como sector en este periodo de gobierno. Grupo FARO, en alianza con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y otras organizaciones aliadas, promueve una propuesta de ley mínima que, en la anterior Asamblea Nacional, llegó hasta la instancia del desarrollo de un informe para segundo debate.

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CIVICUS conversa con Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío, acerca de los avances conseguidos y los desafíos pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador. Virginia se refiere a la significación del avance que tuvo lugar en abril de 2021, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación. Activa desde el año 2000, la Fundación Desafío es una coalición feminista dedicada a la defensa y a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia en Ecuador.

¿Cuáles son los desafíos para los derechos de las mujeres en Ecuador?

Los derechos de las mujeres en Ecuador siguen siendo un desafío porque en todos los aspectos tenemos asuntos pendientes a causa de la discriminación, la exclusión y la violencia machista. En materia de acceso al trabajo y a oportunidades económicas y de desarrollo personal, por ejemplo, las mujeres padecieron la pandemia y la desaceleración de la actividad en forma desproporcionada; la eliminación de pequeños emprendimientos y la reducción de las oportunidades para las ventas informales las golpearon con mayor fuerza, y para muchas fue difícil recuperar esos espacios.

Las desigualdades afectan de maneras diferentes a mujeres de distintos grupos sociales. Ecuador tiene una población indígena grande, hay una gran fuerza campesina femenina, pero las mujeres no son dueñas de la tierra. Hay muchísima discriminación, y las personas indígenas y afrodescendientes tienen muchas más dificultades para acceder a oportunidades. Las mujeres indígenas y negras campesinas y migrantes internas son más vulnerables porque sufren la violencia de un sistema que desvaloriza lo indígena y lo campesino.

En Ecuador también hay una gran presencia de mujeres en situación de movilidad, en su mayoría jóvenes, en edad reproductiva. Están llegando sin papeles y entrando por pasos migratorios no autorizados, lo que las expone a situaciones de trata, explotación sexual y violación, además de a situaciones de violencia xenófoba. En ese sentido, los derechos de las mujeres atraviesan una situación de emergencia desde mucho antes de la pandemia. 

Todas estas exclusiones van acompañadas de violencia, y Ecuador sigue teniendo pendiente el desarrollo de una estrategia para enfrentar esa violencia. Aunque la violencia psicológica sigue siendo la más prevalente, todas las formas de violencia han aumentado. Por ejemplo, la violencia obstétrica - es decir, las acciones u omisiones por parte del personal de salud que violan derechos de las mujeres durante el embarazo o el parto- es altísima: afecta a un 42% de mujeres, y en el área rural y en determinados grupos étnicos es mucho más prevalente. El Estado hace escasos esfuerzos y no da prioridad al tema del femicidio; el año pasado tuvimos 118 casos. Este año ya llevamos 131, entre los que se cuentan muertes violentas de mujeres relacionadas con venganzas de pandillas o delincuentes. La violencia contra las mujeres es un problema gravísimo en el Ecuador, y mientras el gobierno no se ocupe de ella estará incumpliendo con los derechos que están en la Constitución.

El Estado ecuatoriano debería entregar boletas de protección u órdenes de alejamiento e investigar femicidios. También debería combatir la violencia que está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y que se expresa muy fuertemente bajo la forma de violencia sexual, así como en otras formas de violencia como la violencia política.

En ese marco se coloca el panorama de los derechos sexuales y reproductivos. Recién el 28 de abril de 2021 se despenalizó el aborto en caso de violación. Es algo tan básico y por lo cual hubo que luchar tanto tiempo, lo que indica hasta qué punto el Estado ecuatoriano está atado a intereses de grupos de poder económicos que están fuertemente ligados a grupos de poder religioso. Cada año se embarazan en Ecuador entre 2.000 y 3.000 niñas. En 2019 fueron 4.000 menores de 14 años, y en la pandemia unas 3.000; según el Código Penal, estos embarazos son producto de violación.

¿Cómo ha sido el proceso que condujo a la legalización del aborto en casos de violación?

Hasta abril de 2021, el aborto solo estaba permitido cuando la vida o la salud de la mujer estaba en peligro o si el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. En respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto para todos los casos de violación. 

Esta ha sido una lucha de muchos años. Las organizaciones de derechos de las mujeres estamos defendiendo el aborto terapéutico y para casos de violación desde el año 2008, cuando se redactó la nueva constitución y cuando los grupos antiderechos intentaron derogar el aborto terapéutico. Ellos querían que las mujeres de este país no tuvieran posibilidad de abortar bajo ninguna circunstancia.

En ese marco, la propuesta de legalización del aborto por violación se presentó en 2012, cuando se elaboró el nuevo Código Penal. En 2013, el entonces presidente Rafael Correa - el activista antiderechos con más poder– excluyó esta posibilidad. Amenazó con renunciar y lanzó el típico cliché de que la Constitución garantiza y protege la vida desde la concepción.

En 2019 se volvió a plantear la despenalización del aborto en caso de violación producto de una iniciativa legislativa procedente de la Defensoría Pública. La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (CNME) y la Fundación Desafío volvimos a trabajar por la despenalización en casos de violación. Pero a último momento, en la negociación legislativa, el tema fue usado como moneda de cambio, y perdimos la votación. Teníamos los 70 votos que se necesitan para aprobar una moción en la Asamblea, pero varios asambleístas de bancadas que habían comprometido su apoyo finalmente votaron en contra. Logramos 65 votos frente a 59 de los antiderechos. Perdimos y el proceso tomó otro rumbo, el de la Corte Constitucional.

Dos meses antes de la votación, la Fundación Desafío y la CNME ya habíamos interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y una demanda de incumplimiento en la Corte Constitucional, porque las mujeres de este país no tenemos confianza en que los poderosos de turno contemplen nuestros intereses. En diciembre de 2019 estas dos demandas fueron admitidas y en noviembre de 2020 se sumaron otras organizaciones de mujeres, además de la Defensoría del Pueblo.

Tras el fallo de la Corte Constitucional, la determinación de los plazos sigue siendo un desafío inmenso. Nosotras planteamos que no hubiese plazo, pero algunos médicos y profesionales de la salud ya están poniendo plazos en el proyecto de ley, de modo que eso es algo que vamos a tener que pelear en la Asamblea.

¿Qué roles ha desempeñado la Fundación Desafío?

Además de presentar las mencionadas demandas de inconstitucionalidad y de incumplimiento, hemos desempeñado un rol de liderazgo en el cabildeo legislativo. Este trabajo se sumó a la contribución de muchas otras organizaciones que trabajaron con la población, haciendo talleres, organizando redes para acompañar a mujeres en situación de aborto y abriendo espacios que dan a las mujeres la posibilidad de decidir, aunque sea en un contexto de ilegalidad.

En los procesos legislativo de 2013 y 2019 hicimos de todo. Hicimos campañas comunicacionales, produjimos videos cortos de gente que tiene visibilidad pública, trabajamos en redes, presentamos nuestras investigaciones. Tuvimos un rol en el día a día en la Comisión de Justicia, que trabajó los dos informes que luego pasaron al plenario. Nosotras canalizamos la presencia de Human Rights Watch, que desde una perspectiva de legislación comparada instó a la Asamblea a avanzar en la legalización, y de varias mujeres que dieron sus testimonios, incluidas una mujer violada y una mujer que trabaja en el sector de la violencia en los niños. También hicimos una campaña para que se aprobara el Código de la Salud, que incluía varios artículos sobre derechos sexuales y reproductivos. Después de ocho años de debates, el Código de Salud se aprobó en agosto de 2020 en la Asamblea y el expresidente Lenin Moreno lo vetó totalmente al mes siguiente.

Finalmente, apoyamos la conformación de la Red Ecuatoriana de Fe, formada por cristianos evangélicos progresistas. Este grupo hizo presentaciones y comunicados. El movimiento sindical y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador también se posicionaron a favor en el proceso. Toda esa documentación fue entregada a la Asamblea y luego a la Corte Constitucional.

¿Qué impacto piensas que tendrá este cambio legal?

Para quienes hemos dejado la vida en esto y la seguiremos dejando, este cambio tiene un gran impacto simbólico a pesar de ser un pequeño paso. Obviamente, la legalización del aborto en casos de violación es algo enorme para las niñas violadas, que en Ecuador son muchísimas, y para las mujeres en general que ahora pueden finalizar un embarazo producto de un crimen, si así lo deciden. Y si bien no se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en cualquier circunstancia, simbólicamente es un progreso enorme porque desmitifica el aborto y la posibilidad de tomar decisiones sobre el curso de un embarazo en caso de violación. Ahora es legal tomar decisiones sobre el cuerpo de una mujer embarazada que ha sido violada; el Estado ha dado su aprobación y por primera vez ha puesto a la víctima en el centro del debate. Entonces, ¿por qué no van a poder las mujeres que no han sido violadas tomar decisiones sobre sus cuerpos? Implícitamente creo que se van dando estos desplazamientos.

El próximo paso a muy corto plazo sería que también se despenalice el aborto en caso de malformación letal del feto. El escenario de la despenalización total hay que plantearlo en la Asamblea, como ha ocurrido en otros países. Tal vez digan que no, pero ese es el camino y alguien lo tiene que hacer.

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CIVICUS conversa con Caroline Duble, directora política de Avow, sobre la actual reacción contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, y en Texas en particular, así como sobre las respuestas de la sociedad civil. Avow es una organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar el acceso al aborto sin restricciones para todas las personas en Texas, y se guía por la visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con respeto y tengan libertad para perseguir la vida que desean.

¿Cómo ha llegado Texas al punto en que el aborto ha quedado casi completamente prohibido?

Para quienes acaban de enterarse de esta cruel prohibición, que impide el aborto a partir de las seis semanas de gestación, puede resultar difícil creer que algo tan extremo pueda llegar a convertirse en ley. Pero quienes llevamos mucho tiempo luchando por el acceso al aborto en Texas sabemos que los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Esto queda claro si se observa la línea de tiempo completa de las restricciones médicamente innecesarias a los procedimientos de aborto que fueron imponiéndose en Texas desde la sentencia de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe vs Wade, que estableció que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de la mujer embarazada para optar por un aborto sin interferencias excesivas del gobierno. Han sido implacables, engañosos y crueles en sus intentos de poner la atención de la salud fuera del alcance de personas que la necesitan.

¿En qué se diferencia esta ley de otros intentos anteriores, menos exitosos, de prohibir el aborto en otros estados?

A diferencia de las prohibiciones impuestas en otros estados, que son implementadas por funcionarios estaduales, este proyecto de ley -conocido como Proyecto de Ley del Senado 8, o SB8- otorga a la ciudadanía una autoridad sin precedentes para hacer cumplir la prohibición. Permite que cualquier persona -incluidos activistas antiaborto sin ninguna relación con la paciente- actúe como cazarrecompensas y lleve a los tribunales a médicos, centros de salud y a cualquiera que ayude a otra persona a acceder a un aborto, con el incentivo de recibir 10.000 dólares por cada aborto denunciado. En otras palabras, el estado de Texas está intentando eludir el escrutinio judicial y la responsabilidad en los tribunales alentando a ciudadanos particulares a hacer el trabajo sucio en su lugar. Pero las maniobras legales del SB8 no cambian el hecho de que prohibir el aborto a las seis semanas es inconstitucional y, lo que es más importante, es injusto e inmoral.

¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la prohibición, y qué reacciones ha generado?

La SB8 está funcionando tal como se pretendía que lo hiciera. Desde que entró en vigor, el 1º de septiembre, ha diezmado nuestra ya vulnerable infraestructura de atención y ha dejado a las personas de Texas que necesitan acceso a atención y a servicios de apoyo temerosas de pedir ayuda, y a activistas y proveedores temerosos de ayudarles. Con esta ley, se le está negando a la gente de Texas los abortos que desean y necesitan. Muchas personas están tratando de reunir los miles de dólares necesarios para viajar fuera del estado, tomarse licencia laboral y organizar el cuidado de los niños y el transporte.

Muchas personas en Texas están autogestionando sus propios abortos, los cuales pueden ser extremadamente seguros, pero solamente si la persona embarazada tiene acceso a información y recursos. Y, trágicamente, innumerables personas en Texas se ven obligadas a continuar embarazos en contra de su voluntad. Por supuesto, esto está afectando con mayor intensidad a personas negras, latinas e indígenas, a personas indocumentadas y a personas de bajos ingresos, que enfrentan barreras más severas para acceder a atención fuera del estado y por consiguiente están siendo perjudicadas en forma desproporcionada por la nueva ley.

Frente a esto, la gente ha protestado financiando abortos. En conjunto, los fondos para el aborto en Texas han recaudado más de 3 millones de dólares desde el 1º de septiembre, y buena parte de esos fondos se utilizará para sacar del estado a quienes necesiten un aborto. La gente también está, literalmente, protestando. Basta con echar un vistazo a #BansOffOurBodies para ver las imágenes de las protestas que han tenido lugar en todo el país, y en particular de las marchas por los derechos reproductivos que tuvieron lugar el 2 de octubre. Y, por supuesto, la gente está aprendiendo más acerca del aborto autogestionado, porque la prohibición del aborto no acaba con la necesidad de abortar.

¿Qué tácticas utiliza Avow para evitar regresiones y ampliar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos?

Avow continuará luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas de Texas, por el motivo que sea. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona de nuestro estado que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

Trabajamos para presentar el aborto bajo una luz positiva porque el aborto es seguro, común y normal, aunque esto no se sepa a causa del estigma que impide que la gente comparta sus experiencias de aborto. Nos comprometemos a cambiar la conversación acerca del aborto para que refleje esa realidad. Durante demasiado tiempo, los extremistas antiabortistas han dictado el modo en que se nos permite hablar del aborto; mediante la difusión de mentiras e inexactitudes médicas han controlado la narrativa a tal punto que incluso los partidarios del derecho al aborto se sienten incómodos al pronunciar esa palabra y prefieren utilizar en cambio eufemismos tales como “derechos de las mujeres”, “salud reproductiva” y “elección”. Esto ha permitido que el estigma impregne la provisión de servicios de aborto y, en última instancia, avergüence a las personas que han abortado y alimente una narrativa sobre la existencia de abortos “buenos” y “malos”. En Avow nos negamos a juzgar las razones de una persona para abortar, y en cambio la apoyamos una vez que ha tomado su decisión de hacerlo.

De cara a las elecciones de medio término de 2022, Avow se está preparando para exigir rendición de cuentas a los legisladores antiaborto mediante anuncios digitales, organización en el terreno y movilización de votantes. También estamos presionando al gobierno federal para que haga más por proteger el derecho al aborto mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que busca establecer legalmente el derecho de los proveedores de atención de la salud a prestar servicios de aborto, y el correspondiente derecho de los pacientes a recibir dicha atención, sin restricciones médicamente innecesarias. También les pedimos que deroguen la Enmienda Hyde, una disposición legislativa de 1980 que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos y es eminentemente racista. También seguiremos trabajando para acabar con el estigma del aborto, ayudando a las personas a hablar abiertamente sobre el aborto y sobre la importancia que tiene para ellas poder acceder a él.

¿Cuáles son las perspectivas de que se anule la prohibición?

Es muy preocupante que la Corte Suprema no haya bloqueado esta ley incluso antes de celebrar una audiencia sobre ella. Durante casi 50 años, la Corte Suprema ha afirmado que la Constitución garantiza el derecho al aborto, pero ahora en Texas vivimos una realidad diferente. Mucha gente da por sentado que la Corte Suprema es un órgano legal objetivo, pero sus jueces son nombrados por el presidente, y los presidentes tienen agendas políticas. La negativa de la Corte Suprema a bloquear la entrada en vigor de la SB8 es simplemente una prueba más de algo que sabemos desde hace años: la salvación no vendrá de los tribunales. Es necesario aprobar una ley federal que garantice el acceso y la financiación del aborto sin restricciones para todas las personas en este país. 

Dicho esto, agradecemos que el Departamento de Justicia (DJ) esté emprendiendo acciones legales para luchar contra la SB8. El DJ está solicitando una orden de restricción temporaria y un mandato judicial preliminar en un tribunal federal con sede en Austin, la capital de Texas. De ser concedida, esta orden de restricción impediría al estado de Texas, incluidas las personas privadas que inicien demandas en virtud de la ley, implementar o hacer cumplir la SB8. Este es un primer paso necesario en lo que esperamos que sea una larga batalla judicial para detener esta ley. La orden de restricción debería ser concedida sin problemas porque la ley es claramente inconstitucional y las personas en Texas necesitan conservar el acceso a servicios de aborto mientras la ley haga su recorrido por el sistema judicial.

¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en Estados Unidos de sus pares de todo el mundo?

Lo mejor que la gente de fuera de Texas puede hacer por nosotros es apoyarnos contribuyendo a los fondos para el aborto y a las organizaciones de incidencia política de Texas, y amplificando nuestro mensaje. También pueden prestar más atención al impacto de las prohibiciones del aborto y el estigma en sus propias comunidades. En lugar de boicotear a empresas de Texas, aprueben ordenanzas locales que proporcionen apoyos concretos a las personas de sus regiones que buscan abortar.

El espacio cívico en Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Avow a través de supágina web,Facebook oInstagram, y siga a@avowtexas y a@CarolineDuble en Twitter.

⚠️Nuevo ataque contra las libertades fundamentales en #GuineaEcuatorial.
Denunciamos el cierre del #CEID, una de las pocas #OSC que denuncia las violaciones de #DDHH en el país y exigimos al Presidente Obiang que anule la resolución.
👉🏿 https://t.co/pWvRiyz97V pic.twitter.com/IwkqJwBVDD

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) July 18, 2019

Grupos internacionales de derechos humanos han condenado la decisión del gobierno de Guinea Ecuatorial de cerrar una importante ONG de derechos humanos, el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID).

El Ministerio del Interior y Corporaciones Locales del país publicó el 5 de julio un decreto que revoca la autorización oficial concedida al CEID, una de las pocas ONG independientes que denuncian las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La resolución que disuelve la organización de la sociedad civil (OSC) acusa a la organización de violar su propia constitución y de participar en actividades políticas.

"La disolución del CEID es un nuevo retroceso para los derechos humanos en un país que durante décadas no ha respetado las libertades fundamentales", dijo Paul Mulindwa, responsable de Incidencia y Políticas de CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil.

"El cierre de la organización tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial", dijo Mulindwa.

El cierre del CEID se produce tras los ataques físicos, las detenciones arbitrarias y la persecución judicial del vicepresidente de la organización, Alfredo Okenve. La medida tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, y tiene un efecto intimidatorio sobre los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el país.

El entorno represivo en Guinea Ecuatorial se ve alimentado por el uso de la violencia contra las personas que defienden los derechos humanos, la militarización del Estado y la política, los altos niveles de impunidad que gozan quienes perpetran violaciones de los derechos humanos y el uso de legislación restrictiva -como la Ley No. 1/1999 sobre el Régimen de las ONG- para restringir las operaciones de las OSC.

"La disolución del CEID es un reflejo de la grave situación de la libertad de asociación y expresión en el país y del continuo desprecio del gobierno por sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos", dijo Mulindwa.

El CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, clasifica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Guinea Ecuatorial como cerrado.

CIVICUS hace un llamamiento al gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo para que revoque públicamente la resolución, respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los compromisos contraídos recientemente con el proceso de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, y cree un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.

Para más información, póngase en contacto con nosotros:

Paul Mulindwa
paul.mulindwa[AT]civicus.org
media[AT]civicus.org

📢 Desde @CIVICUSespanol condenamos y exigimos el fin de la brutal represión ejercida contra las protestas pacíficas en #Honduras por parte de las fuerzas de seguridad de @JuanOrlandoH.
Por el momento, se cuentan 3⃣personas muertas y 2⃣0⃣heridas.
+ Info: https://t.co/hsnGKNcVlG pic.twitter.com/MVv70MOEGT

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) June 26, 2019

26 de junio de 2019

El gobierno reprime violentamente las protestas ciudadanas en Honduras

• Tres personas muertas y otras 20 heridas en una brutal represión de protestas en Honduras
• Alianza de la sociedad civil condena la dura represión de las manifestaciones en Honduras y la decisión del gobierno de utilizar fuerzas militares para controlar las protestas
• Los defensores y defensoras del país se enfrentan a un entorno extremadamente peligroso por la violencia y la criminalización

En un momento en que los gobiernos están adoptando medidas extraordinarias para frenar la propagación del COVID-19, reconocemos y aplaudimos los esfuerzos que están realizando los estados para gestionar el bienestar de sus poblaciones y proteger sus derechos humanos, como el derecho a la vida y a la salud. Sin embargo, instamos a los estados a que apliquen estas medidas en el contexto del estado de derecho: las medidas que se adopten en respuesta al COVID-19 deben basarse en hechos, ser legales, ser necesarias para proteger la salud pública, no ser discriminatorias, temporales y ser proporcionadas.

CIVICUS conversa con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en El Salvador, acerca de la situación política luego de que el partido del presidente Nayib Bukele ganara las elecciones legislativas de febrero de 2021.

¿Consideras que la democracia y el Estado de Derecho están siendo erosionados en El Salvador?

Primero deberíamos preguntarnos si alguna vez hubo democracia y Estado de Derecho en El Salvador. Si reducimos la democracia a su dimensión lectoral, puede decirse que se respetaba voluntad de la gente y las elecciones se habían convertido en la única forma de acceso al poder. Pese a algunas irregularidades, en ese sentido sí había democracia. Desde 2009 algo se había avanzado también en el terreno de la separación de poderes, teníamos una Sala Constitucional de la Corte Suprema que era independiente, un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) independiente, y una fiscalía que intentaba funcionar.

Así, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, había una democracia electoral en funcionamiento, con algunos avances importantes en la dimensión republicana y del Estado de Derecho. El presidente Bukele interrumpió este proceso, atacando constantemente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. En el marco de la pandemia, el gobierno vulneró la libertad de movimiento de forma ilegítima e inconstitucional. Lo poco que se había avanzado se perdió por completo.

A partir de las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, que Bukele ganó por amplia mayoría, la seguridad jurídica dejó de existir. En cuanto se conformó, a principios de mayo, la nueva Asamblea legislativa destituyó a los jueces de la Sala Constitucional y al titular de la fiscalía general. Habíamos llegado a confiar en que la Sala Constitucional nos protegería de las arbitrariedades, pero esa certeza se desvaneció en un instante. Poco después, la nueva Sala Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata para un segundo mandato, hasta entonces prohibida por la Constitución de El Salvador.

¿Han podido la oposición o la sociedad civil hacer algo al respecto?

La oposición no fue inteligente. Hasta mayo de 2021 contaba con la mayoría absoluta en la Asamblea, pero no la supo aprovechar. Los partidos de oposición no creían que hubiera apuro, nunca pensaron que iban a perder. Ahora se han vuelto irrelevantes. Su presencia es meramente testimonial porque el partido del presidente, Nuevas Ideas, y sus aliados tienen una supermayoría. La oposición se limita a hacer declaraciones y a impulsar propuestas que todos saben que no van a prosperar.

A la mayor parte de la sociedad civil se le ha cerrado la posibilidad de participar en el proceso legislativo. No es que antes se aprobara cada propuesta de la sociedad civil – de hecho, muchas veces ni siquiera se las discutía – pero había ciertas áreas temáticas donde la participación de la sociedad civil era vital para aprobar una ley. Eso se terminó: ahora solamente las organizaciones afines al gobierno son convocadas y admitidas en las sesiones de las comisiones. La sociedad civil independiente tiene poca influencia sobre las políticas públicas porque el gobierno no entiende su rol y no está dispuesto a integrar sus aportes a la toma de decisiones. Así, ha quedado limitada a ser una voz de denuncia sin poder para revertir decisiones ilegales o inconstitucionales, ya que no quedan instituciones independientes que puedan reaccionar a sus demandas.

El presidente Bukele hizo campaña con un programa anticorrupción. ¿Ha habido algún avance en ese sentido?

La instrumentalización del tema de la corrupción fue una de las bases de la victoria de Bukele, cuyo slogan de campaña fue “devuelvan lo robado”. El tema de la corrupción es amplio y complejo, pero ese slogan era claro y preciso, y atrajo a mucha gente. Pero era solo una estrategia de campaña.

Una vez en el poder, desactivó todos los mecanismos anticorrupción existentes, desacatando las resoluciones del IAIP, impidiendo auditorías de la Corte de Cuentas en los ministerios, negando la entrada de la fiscalía a organismos públicos involucrados en casos de corrupción, y finalmente removiendo al fiscal e imponiendo a un incondicional suyo, que incluso tiene denuncias en su contra. No tenemos cómo conocer los gastos del gobierno, en particular los relacionados con la pandemia. El manejo ha sido tan opaco que ni siquiera tenemos datos confiables de cuántas personas se contagiaron de COVID-19, cuántas están hospitalizadas, cuántas fallecieron. El gobierno no entrega información, la oculta. Y cuando hay revelaciones o denuncias de corrupción, ataca y difama al denunciante.

¿Cómo ha impactado esta situación sobre el trabajo de Acción Ciudadana?

Acción Ciudadana promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el combate a la corrupción y la impunidad. De ahí que buena parte del trabajo que hacemos consista hacer monitoreos - del financiamiento de la política, las elecciones internas de los partidos políticos y la propaganda electoral; de la labor de la fiscalía general, la transparencia de la gestión pública y los obstáculos para el acceso a la información; y del funcionamiento de los mecanismos institucionales de prevención, detección y castigo de la corrupción.

Para hacer nuestras investigaciones necesitamos acceder a información pública, pero las vías de acceso se están cerrando. Por ejemplo, la ley establece que la información sobre los viajes de los funcionarios públicos debe ser pública; sin embargo, el gobierno decidió que esas informaciones se mantendrían reservadas por siete años. En este caso puntual hubo algo de presión en los medios y en las redes sociales y el gobierno modificó el criterio, y ahora retiene esa información hasta 30 días después del viaje, supuestamente para proteger la seguridad del funcionario – lo cual sigue siendo ilegal.

Cuando se nos deniega la información que debería ser pública, ya no podemos acudir a las instancias que salvaguardan el acceso a la información porque o están cooptadas o tienen miedo. Por ejemplo, algunos partidos políticos – empezando por el oficialista - no nos entregan su información financiera. Llevamos casi tres años denunciándolo al Tribunal Supremo Electoral, pero éste no admite nuestras denuncias. Entonces cuando un partido no nos da información ya no recurrimos al Tribunal, y frente a una ley inconstitucional ya no recurrimos a la Sala Constitucional.

También hemos perdido capacidad de incidencia. Normalmente nuestros monitoreos darían lugar a denuncias e investigaciones penales. Pero actualmente lo máximo que podemos hacer es publicar los resultados de nuestras investigaciones en algunos medios y ofrecerlos a la opinión pública, pero ya no alimentar con ellos procesos institucionales. Por ejemplo, encontramos que en la campaña presidencial de 2019 una empresa le donó un millón de dólares a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la coalición electoral de Bukele, y en 2020 el gobierno le adjudicó a esa empresa un contrato de asociación público-privada para administrar y ampliar el aeropuerto. Nosotros evaluamos que hubo un conflicto de interés, pero no podemos llevar el tema ni a la fiscalía ni a la Corte de Cuentas para pedirles que investiguen.

El presidente Bukele parece difícil de clasificar ideológicamente. ¿Cuál es su programa?

Si tuviera que clasificar al partido del presidente, diría que es un partido “atrapa-todo”, sin un proyecto político definido en términos ideológicos. Hasta que fue expulsado en 2017, Bukele era del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y se mostraba como una persona de izquierda revolucionaria que abrazaba a Hugo Chávez y hablaba de justicia social. Luego, como presidente electo, dio un discurso en la Fundación Heritage, uno de los centros de pensamiento más conservadores de los Estados Unidos, y más neoliberal no podía ser. Él siempre decía que las cosas que hay que resolver no son cuestión de ideología, y Nuevas Ideas se armó con la lógica de que ahí cabían todos sin importar si eran de izquierda o de derecha. Y así fue, allí adentro hay de todo.

Bukele no tiene un programa ideológico; el objetivo que persigue es concentrar poder. Puede tomar medidas de derecha o de izquierda, pero no porque tenga una u otra ideología, sino porque es lo que más lo beneficia. Por ejemplo, la mayor parte del sistema de pensiones en El Salvador es privado y probablemente él lo nacionalice, pero no porque por una cuestión de principios considere que este servicio público esencial tiene que ser de gestión estatal, sino porque el Fondo de Pensiones mueve cantidades millonarias, y el gobierno quiere echarle mano porque no tiene recursos y está endeudado y sin fuentes de financiamiento, ya que se le acaba de caer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la privatización es presentada como un acto de justicia hacia los pensionados, que reciben pensiones de hambre. En función de esta medida un observador externo podría pensar que su gobierno es de izquierda, pero no es una medida ideológica sino de conveniencia. El gobierno se mueve en función de la búsqueda de provecho político y económico, y por eso muchas veces aparece como errático o improvisado. No hay una visión que oriente la planificación de las 

¿A qué se deben las protestas que enfrenta actualmente el gobierno?

Las protestas que se iniciaron a principios de septiembre estallaron en reacción a la adopción del bitcoin como divisa oficial junto al dólar estadounidense. Mucha gente que apoya y valora a Bukele se opuso a esta medida pensando que les podría afectar. Ha sido la primera medida del gobierno que ha tenido un gran rechazo popular, y pienso que no ha sido solo por oposición hacia la criptomoneda, sino también por la forma en que se están tomando las decisiones, sin suficiente información, debate y participación. Bukele hizo el anuncio en un evento en Miami un día sábado, y el lunes siguiente se presentó el proyecto de ley, que fue aprobado el martes. Todo se resolvió en tres o cuatro días con total secretismo.

Lamentablemente, la reacción en este tema ha sido la excepción, y posiblemente se deba a que es un tema del que mucha gente no entiende demasiado y eso provoca temor. En términos generales, la mayoría aplaude al presidente, a su manejo de la pandemia y a su Plan de Control Territorial, que es una estrategia de militarización de la seguridad ciudadana. Esto se debe a que la narrativa que construyó el gobierno ha sido exitosa. Por ejemplo, cuando destituyeron a los jueces de la Sala Constitucional – una maniobra que desde la sociedad civil se denunció como un golpe de Estado - el gobierno dijo que habían echado a los corruptos y mucha gente se lo creyó. Hubo gente que salió a protestar, no solo de la sociedad civil organizada, sino también ciudadanos comunes, pero fueron una minoría. Contrarrestar la narrativa oficial es difícil. 

¿Qué apoyo necesita la sociedad civil salvadoreña para poder ejercer plenamente su rol?

Es bien complicado. Los periodistas logran que les filtren información y sacan sus notas, pero nosotros no somos periodistas. Nuestras vías para conseguir el material que necesitamos para desempeñar nuestro rol de contralor es buscarlo en los portales institucionales y hacer solicitudes de información. Nos ayudaría cualquier esfuerzo para lograr que las instituciones públicas abran un poco más la información. 

También necesitamos apoyo en términos de seguridad personal y digital, así como en el área de comunicaciones, porque evidentemente desde la sociedad civil no hemos logrado comunicar adecuadamente nuestros mensajes y no hemos logrado construir una narrativa alternativa a la oficial.

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CIVICUSconversa sobre el proceso para desarrollar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos y el rol de la sociedad civil con Ivette González, directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).

PODER es una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como a fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

¿Por qué es tan importante contar con un tratado sobre empresas y derechos humanos?

Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.

Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.

El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.

Toda empresa debe operar con debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones, como ciclo continuo de gestión y abarcando desde el planteamiento del proyecto, la inversión, las operaciones, fusiones, cadenas de valor y suministro, relaciones con clientes y proveedores, y cualquier otra actividad que pudiera generar impactos negativos sobre los derechos, incluyendo a los territorios. El tratado sirve para que los Estados, en tanto que principales sujetos de obligaciones para proteger los derechos humanos, exijan a las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades y lo monitoreen.

Asimismo, este tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.

¿Qué avances ha habido en la negociación del tratado?

En la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2022, se produjeron desarrollos interesantes. Si bien no hay una línea de tiempo y un plazo estricto para producir la versión final del tratado, una de las personas expertas convocadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el desarrollo del instrumento propuso el año 2025 para concluir las negociaciones. Ese es el plazo que se espera poder cumplir si los Estados tienen voluntad política para generar consensos. Y por lo pronto, se observa que algunos Estados que en el pasado fueron reticentes a participar ahora están teniendo un poco más de interés.

Por ahora el borrador cuenta con 24 artículos, los primeros 13 de los cuales se discutieron en la última sesión. Las discusiones incluyeron temas centrales como la definición de los derechos de las víctimas y su protección y la definición del propósito y el alcance del tratado, es decir, si debe de incluir solamente a las empresas transnacionales o también a otras empresas. El Estado mexicano, por ejemplo, sostiene que este instrumento debe abarcar todas las actividades que tengan un carácter transnacional. También se ha discutido acerca de la prevención de daños y el acceso a reparaciones, así como acerca de la responsabilidad legal, la jurisdicción que abordará la denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional, entre otros temas.

Algunos Estados han hecho aportes para mejorar el contenido en negociación. Por el contrario, otros Estados buscan minimizar el alcance del tratado en algunos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a protecciones a pueblos y comunidades indígenas, salvaguardas ambientales y derechos de las mujeres y la niñez, entre otros.

Hay Estados que apoyan las nuevas propuestas del presidente relator, el embajador de Ecuador, pero gran parte de la sociedad civil considera que, en su mayoría, van en detrimento de lo alcanzado durante siete años hasta 2021, y le quita fuerza al tratado. Promueven la asimetría de poder entre Estados del norte y el sur, así como entre las empresas y las personas y comunidades titulares de derechos. El tercer borrador revisado es el que reconocemos como legítimo y sobre el que se consideramos que se deben continuar las negociaciones.

¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil?

Decenas de OSC están impulsando un tratado efectivo. Entre ellas se cuentan PODER, junto con la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países, y muchas otras alianzas, movimientos y articulaciones como la Alianza para eltratado, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad.

Por supuesto que en la sociedad civil hay diversidad de opiniones en varios temas, pero estamos de acuerdo en la necesidad de regular la actividad empresarial con una perspectiva de derechos humanos. Hemos identificado los elementos que debe de contener este tratado y las condiciones para su implementación. Y tratamos de ponerle urgencia al proceso, que va demasiado lento, mientras que las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personas defensoras no se detienen, sino que aumentan cada año.

La sociedad civil ha hecho incidencia con los y las tomadoras de decisiones para que se abrieran espacios de discusión con la sociedad civil. PODER, junto con la Red-DESC, en particular, ha insistido en la participación constructiva y proactiva de los Estados del sur global en el proceso, y específicamente de América Latina. También trabajamos para integrar una perspectiva de género e interseccional tanto en el proceso como en el texto; un ejemplo ha sido la propuesta de utilizar la política exterior feminista de México.

La sociedad civil parte de la convicción de que no es posible desarrollar un tratado legítimo si no se coloca en el centro de todo el proceso la participación de los y las titulares de derechos – personas y comunidades rurales afectadas, pueblos indígenas, sindicatos independientes, personas LGBTQI+ y personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

¿Cuáles son las probabilidades de que la versión final del tratado satisfaga las expectativas de la sociedad civil y cumpla con su cometido?

Esperamos que el tratado contribuya a acabar con la impunidad corporativa y que los Estados asuman su obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Que se eviten abusos y violaciones, se reparen daños y se asegure que estas situaciones no se repitan.

Aunque existen procesos establecidos para el desarrollo de tratados internacionales, este es un tratado inusual y debe ser tratado como tal, por lo que deben hacerse los cambios que sean necesarios tanto en el proceso como en el contenido para que sea realmente efectivo.

La satisfacción completa de las expectativas de la sociedad civil requeriría de un cambio de paradigma basado en el principio de que las empresas tienen una función social y que sus operaciones no deben rebasar ciertos límites para tener una vida digna y un medio ambiente limpio sano y sostenible. Sabemos que no lograremos concretar todas nuestras aspiraciones con un tratado, con Planes Nacionales de Acción y con regulaciones y normativas, aun cuando éstas sean correctamente implementadas. Pero todos estos son pasos importantes para intentar equilibrar la balanza, limitando el poder que el sistema económico global ha otorgado a las corporaciones empresariales.

Si bien el tratado difícilmente satisfaga todas nuestras expectativas, las OSC que estamos exigiendo el máximo nivel de exigencia para este tratado seguiremos haciéndolo hasta el final. Seguiremos llevando propuestas de personas expertas y de las comunidades y grupos afectados que luchan por la justicia y la reparación de los daños que viven en carne propia, abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas y permanezcan en el centro de las negociaciones en todo momento e incluyendo en las consultas sobre el texto a personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.

Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí, y solo contribuiría a mantener un statu quo insostenible.

Contáctese con PODER a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@ProjectPODER en Twitter.

CIVICUS conversa acerca del reciente giro a la derecha producido en Eslovenia con Brankica Petković, investigadora y directora de proyectos del Instituto para la Paz de Liubliana. Fundado en 1991, el Instituto para la Paz -Instituto de Estudios Sociales y Políticos Contemporáneos- es una institución de investigación independiente y sin ánimo de lucro que utiliza la investigación y la incidencia para promover los principios y las prácticas de una sociedad abierta, el pensamiento crítico, la igualdad, la responsabilidad, la solidaridad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Trabaja en colaboración con otras organizaciones y con la ciudadanía nivel local, regional e internacional.

CIVICUS conversa con Carmen Miquel Acosta, abogada especializada en género de Amnistía Internacional España, acerca de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como “Ley Solo sí es sí”, y el rol de la sociedad civil a la hora de impulsar los derechos de las mujeres.

¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en la aprobación de la “Ley Solo sí es sí”?

La “Ley Solo sí es sí” es un ejemplo claro de trabajo conjunto del movimiento de mujeres, y especialmente del movimiento feminista, inserto en todos los ámbitos, tanto de la sociedad civil como del gobierno, para dar respuesta a una situación.

Uno de sus detonantes fue el caso “La manada”, un caso de violación grupal ocurrido en Pamplona en 2016. La respuesta judicial a ese caso fue un ejemplo perfecto de lo que es la justicia, o más bien la injusticia patriarcal, la forma en que operan los estereotipos y el principio de no creer en la víctima.

En 2018 la justicia decidió que lo ocurrido no había sido violación sino solamente “abuso sexual”, y condenó a los cinco miembros de la “manada” a nueve años de prisión por ese delito. La indignación frente al veredicto provocó grandes protestas y el movimiento de mujeres se hizo más masivo. Muchas mujeres jóvenes que por primera vez se estaban acercando al feminismo se movilizaron.

También fue entonces cuando desde Amnistía publicamos un informe que ponía de manifiesto la falta de políticas públicas específicas frente a la violencia sexual, la falta de datos y la ausencia de un marco legal para hacer frente a esta violación de los derechos humanos fundamentales. Desde entonces hemos reclamado una ley para abordar el tema.

La participación en el proceso legislativo fue masiva y la sociedad civil aportó muchísimos insumos, como resultado de los cuales el anteproyecto fue mejorado.

El proceso se prolongó bastante, por un lado porque se habilitó la participación, pero también porque en España cuando se hacen leyes orgánicas que tratan sobre derechos fundamentales se necesitan informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todos esos informes informaron el proyecto de ley y permitieron un tratamiento más riguroso del tema.

¿Cuáles fueron los principales temas de preocupación para las organizaciones feministas en el desarrollo de la ley?

En primer lugar, la falta de un diagnóstico. Este era un tema que preocupaba a Amnistía porque vemos una tendencia a lidiar con los problemas sin diagnosticarlos antes y a no evaluar la efectividad de las políticas públicas adoptadas.

Por medio de esta ley el gobierno buscaba, entre otras cosas, implementar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, o Convenio de Estambul, que exige a España adoptar políticas públicas de prevención. Ello requiere un diagnóstico y datos sistematizados.

Otra cuestión importante fue la de la judicatura. España recibió un dictamen del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por un caso de aplicación de estereotipos por parte de una jueza. En este proceso, una discusión central fue cómo lidiar con la aplicación de estereotipos por parte de la judicatura, qué formación deben recibir los y las funcionarias y hasta qué punto ésta debe ser obligatoria, sin que pueda considerarse interferencia con la independencia del Poder Judicial.

Otro tema que también nos preocupaba, pero que finalmente no fue incluido en la ley, fue el de la violencia sexual como tortura. En España, este uso de la violencia sexual se ha dado en los lugares de detención, especialmente contra personas extranjeras. La ley no se llega a establecer un delito de tortura, que es un delito imprescriptible y que conlleva otro tipo de investigación por tratarse de un crimen de derecho internacional.

Otra cuestión que a nuestro parecer no fue recogida de manera adecuada es la de las mujeres extranjeras en situación irregular. Aunque el Convenio de Estambul establece que no es necesario hacer la denuncia para acceder a servicios de violencia de género, en los casos en que las mujeres denuncian, si por el motivo que sea no hay una condena, sus expedientes de expulsión pueden reabrirse.

Finalmente, hubo algunos temas, como el del trabajo sexual, que generaron debates dentro del feminismo que aún permanecen irresueltos. La postura de Amnistía es que las trabajadoras sexuales tienen derechos humanos y la criminalización del trabajo sexual no solamente no las ayuda, sino que las pone en una situación de estigmatización. Lamentablemente los colectivos de trabajadoras sexuales no fueron consultados en el proceso.

¿Qué dificultades enfrentará la implementación de la ley?

Esta es una ley muy ambiciosa, cuya implementación requiere muchos recursos. Deberá implementarse en todo el territorio de España, que incluye 17 comunidades autónomas, cada una con sus competencias en materia de servicios sociales y justicia, entre otras áreas implicadas en la implementación de la ley. Todo esto plantea el interrogante de cómo se traducirá el texto de la ley en realidad efectiva.

¿Cuáles son los próximos desafíos en materia de derechos de las mujeres?

El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder. En este momento está sobre la mesa una reforma de la legislación sobre el aborto para eliminar barreras de acceso a este derecho, y va a ser un tema controvertido en el debate parlamentario.

La opinión está muy polarizada y hay un discurso de demonización del otro, algo que es muy evidente en el uso de la etiqueta de la “ideología de género”. La libertad de expresión hace a la riqueza de la democracia y debe ser protegida, especialmente cuando se dicen cosas que no nos gustan. Pero algo muy diferente son los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la apología del odio, dos cosas que van en aumento.

En relación con los derechos de las mujeres estamos viendo retrocesos en países cercanos como Hungría. Las conquistas de derechos que habíamos acabado dando por sentados no se están consolidando o están experimentando retrocesos. De ahí la importancia de aumentar la concienciación en materia de derechos humanos y la participación de la ciudadanía. En medio de esta batalla ideológica, la democratización del lenguaje de los derechos es hoy más urgente que nunca.

El espacio cívico en España es calificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.

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CIVICUS habla con Solidary Wheels sobre las consecuencias letales de las políticas antimigrantes de los gobiernos europeos, a la luz de las muertes de personas migrantes en un intento de cruce de la frontera entre España y Marruecos el 24 de junio.

Solidary Wheels es una organización de la sociedad civil (OSC) española que tiene como objetivo desafiar las políticas fronterizas europeas y la constante violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas. Promueve una vida digna para las personas que emigran a Europa denunciando las violaciones de derechos humanos en las fronteras y proporcionando a migrantes y solicitantes de asilo asistencia legal y médica, entre otros servicios.

CIVICUS conversa con Mesud Gebeyehu acerca del conflicto político en la región de Tigray, en Etiopía, y sobre las próximas y muy disputadas elecciones nacionales etíopes, que tendrán lugar en junio de 2021 en medio de la pandemia y de un prolongado estado de emergencia. Mesud es Director Ejecutivo del Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos (CEHRO) y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Mesud también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de OSC de Etiopía, un órgano estatutario creado para coordinar la autorregulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Etiopía.

CIVICUS conversa con la presidenta del grupo de derechos humanos Karapatan, Elisa “Tita” Lubi, que actualmente enfrentacargos falsos de intento de asesinato. Fue acusada, junto con el secretario general de Karapatan para la región de Mindanao Sur, Jayvee Apia, por la presunta comisión de estos delitos durante un enfrentamiento armado entre militares y miembros del grupo opositor armado Nuevo Ejército del Pueblo en mayo de 2018. La causa recién se abrió en junio de 2020, dos años después del supuesto enfrentamiento.

CIVICUS conversa con María Emilia Berazategui, Coordinadora Global de Incidencia Política de Transparencia International, acerca del rol de la sociedad civil en los foros internacionales e intergubernamentales y el grado en que puede influir en los procesos de toma de decisiones, así como sobre los éxitos conseguidos y los desafíos encontrados en 2019 por el C20, el foro de sociedad civil dentro del G20. Antes de incorporarse a Transparencia Internacional, María Emilia lideró el área de Instituciones Políticas y Gobierno en la organización de la sociedad civil (OSC) argentina Poder Ciudadano. En 2018 fue nombrada Sherpa del C20 bajo la presidencia de Argentina. En 2017 y 2019 fue miembro del Comité Directivo del C20, y en 2018 y 2019 fue copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Anticorrupción del C20.

¿Qué es el C20, y por qué es importante?

El C20 (Civil-20) es uno de los grupos de afinidad oficiales del G20, y es el espacio natural para que las OSC hagan incidencia a nivel del G20.

Hay otras dos formas en que las OSC pueden participar en los procesos del G20: asistiendo a las reuniones del Grupo de Trabajo del G20, como invitadas, para presentar recomendaciones temáticas, y a través de su presencia en el Centro Internacional de Medios de Comunicación del G20 durante las cumbres, lo que les permite relacionarse directamente con los medios de comunicación que cubren la cumbre del G20 y difundir sus mensajes en torno a temas clave.

El C20 es un espacio global de la sociedad civil, sin estructura permanente y con una presidencia que rota anualmente, en consonancia con la del G20, para que las OSC de todo el mundo -desde grupos locales y de base hasta grandes OSC internacionales- influyan colectivamente en el G20. Según los recientemente adoptados Principios del C20, su objetivo es garantizar que los líderes mundiales escuchen no solo las voces que representan a los sectores gubernamental y empresarial, sino también las propuestas y demandas de la sociedad civil, y que se guíen por los valores fundamentales de los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible.

El trabajo de la sociedad civil en el G20 es importante porque estamos a apenas 10 años de la fecha límite de 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la brecha entre las acciones emprendidas por los gobiernos y las medidas que deben tomarse para alcanzarlos es inmensa. La mayoría de los desafíos que enfrentamos -la polarización política y el extremismo, los abusos de derechos humanos y las restricciones del espacio cívico, la desigualdad extrema, la corrupción sistémica, las disparidades de género y la violencia de género, la discriminación interseccional, la falta de empleo digno, la crisis sanitaria y el impacto negativo de la digitalización y la tecnología sobre nuestras vidas- no solamente siguen sin respuesta, sino que continúan profundizándose.

Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen un rol fundamental que desempeñar en la búsqueda de soluciones compartidas para los desafíos comunes. Los líderes mundiales deben reunirse urgentemente para encontrar esas soluciones y, a pesar de todos sus déficits, el G20 es uno de los pocos espacios que les brinda la oportunidad de hacerlo.

Lamentablemente, en los últimos años hemos visto pocas pruebas de un progreso real por parte de los líderes del G20. Los compromisos se hacen frente a los medios de comunicación del mundo, pero se olvidan rápidamente y rara vez se ponen en práctica una vez que cada uno regresa a su casa. Un reciente informe de Transparencia Internacional que expone los problemas del lavado de dinero y la propiedad anónima de las empresas encontró debilidades profundamente preocupantes en casi todos los países del G20.

¿Qué puede aportar la sociedad civil?

El trabajo de la sociedad civil en el G20 puede ayudar porque la sociedad civil aporta un conjunto de capacidades únicas.

En primer lugar, al buscar que los resultados de las políticas sirvan al bien común, hacemos que los gobiernos rindan cuentas. Así que cuando los gobiernos se comprometen a algo, les hacemos cumplir sus promesas. A veces se resisten, pero otras veces conseguimos fortalecer a actores dentro de los gobiernos que realmente quieren hacer cosas.

En segundo lugar, aportamos nuestra experiencia. Los grupos de sociedad civil no son solamente perros guardianes. Somos innovadores, tecnólogos, investigadores y expertos en políticas públicas y podemos contribuir a la implementación de las políticas para conseguir los mejores resultados posibles. La sociedad civil también puede contribuir a una mayor transparencia y a una evaluación creíble de sus resultados.

En tercer lugar, la sociedad civil funciona como un puente, ayudando a traducir la jerga técnica en el lenguaje que habla la gente común, explicando en qué consiste el cambio deseado y acercando las perspectivas de la ciudadanía a los responsables de la toma de decisiones. Los gobiernos deben compartir sus planes con la sociedad civil, para que podamos dar nuestra opinión sobre el impacto que esos planes tendrán sobre la gente.

Por último, pero no por ello menos importante, la sociedad civil aporta un equilibrio muy necesario. Una de las mayores debilidades del G20 es la falta de apertura a la representación de la sociedad civil en la misma mesa donde se sientan los intereses empresariales. Esto plantea la cuestión de si el G20 valora más los intereses de las empresas que los de los y las ciudadanas. Sin duda, esto no favorece la confianza, y explica por qué en todo el mundo la gente cree que los gobiernos están demasiado cerca de las empresas o que solamente actúan en beneficio de unos pocos intereses privados.

¿Qué espacio ofrecen foros internacionales como el G20 para que la sociedad civil ejerza influencia real sobre la elaboración de las políticas?

El G20 es a menudo descripto como elitista, como un grupo de potencias económicas -aunque no todas las mayores economías participan en él- que intenta reescribir las reglas de la gobernanza económica mundial, operando en gran medida a puertas cerradas y de forma opaca. No es de extrañar que muchos miembros de la sociedad civil sientan instintivamente que debemos oponernos al G20 en lugar de involucrarnos en él.

El G20 invita a participar en sus reuniones a una gran variedad de invitados, entre los que se cuentan representantes de diferentes grupos regionales, Estados invitados y organizaciones internacionales. Sin embargo, su historial de conversaciones con grupos de ciudadanos y con la sociedad civil es, en el mejor de los casos, desparejo. A pesar de todo lo que podemos ofrecer, no nos sentamos a la misma mesa; se nos trata como socios de segunda clase y nuestras recomendaciones e ideas sobre cuestiones importantes a menudo no son escuchadas.

Las experiencias varían mucho entre los distintos grupos de trabajo que componen el G20. Por ejemplo, a pesar de todos los conocimientos que tiene la sociedad civil sobre cuestiones financieras, el Grupo de Trabajo sobre Arquitectura Financiera Internacional del G20 ha cerrado sistemáticamente sus puertas a la participación de la sociedad civil. Por otro lado, tenemos la suerte de contar con un ítem permanente en el orden del día del Grupo de Trabajo Anticorrupción, donde los gobiernos hablan con las empresas y la sociedad civil en igualdad de condiciones. Sin embargo, aunque apreciamos esto, creemos que tanto este grupo de trabajo como el G20 en general necesitan mejorar significativamente su relación con la sociedad civil.

A pesar de todas estas limitaciones y desafíos, durante 2019, cuando la presidencia del G20 estuvo en manos de Japón, la sociedad civil consiguió influir en el G20 en algunas áreas, tales como la protección de denunciantes, la transparencia del gasto en infraestructura y la relación entre género y corrupción.

En 2019, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 adoptó dos documentos importantes: los Principios de Alto Nivel para la Protección Eficaz de Denunciantes, que estuvieron muy en línea con las recomendaciones de la sociedad civil e incluyeron un reconocimiento sin precedentes por parte del G20 de los aspectos específicos de género de la denuncia de irregularidades, y un Compendio de Buenas Prácticas para Promover la Integridad y la Transparencia en el Desarrollo de Infraestructura, también alineado con las recomendaciones de la sociedad civil.

A través del Compendio, el G20 también reconoció que la transparencia respecto de quiénes son los propietarios últimos de las empresas es fundamental para la lucha contra la corrupción. En consonancia con las sugerencias de la sociedad civil, recomendaron la creación de registros de propiedad efectiva de las empresas para reducir la posibilidad de que los fondos públicos sean utilizados para favorecer a determinadas personas o empresas, y para identificar los conflictos de intereses.

En general, ¿cuáles diría que fueron los principales éxitos obtenidos por la sociedad civil en el G20 durante 2019?

En una palabra, el principal éxito del trabajo de la sociedad civil durante 2019 fue garantizar su continuidad. La sociedad civil pudo mantener un grado de involucramiento con el G20 similar al que tuvo en 2018, cuando el G20 fue presidido por Argentina. En 2018, y por un corto período de tiempo, la sociedad civil ganó acceso a algunas reuniones del Grupo de Trabajo del G20, aunque lamentablemente no a los grupos de trabajo que forman parte del llamado G20 Finance Track, así como al Centro de Comunicaciones del G20. Esto permitió a la sociedad civil acceder, por primera vez, a algunas sesiones que solían celebrarse a puertas cerradas. Además, conseguimos que los representantes locales del G20, incluido el sherpa, asistieran a las reuniones presenciales del C20.

El llamamiento que en 2018 la sociedad civil hizo a los delegados del G20 para que pasen de las palabras a la acción se desplazó de Argentina a Japón. Tuvo eco en las redes sociales, a través del hashtag #G20takeaction. Para seguir fortaleciendo la participación de la sociedad civil y garantizar un impacto cada vez mayor dentro del G20, en 2019 el C20 acordó un conjunto de principios que consagran la transparencia, la colaboración, la independencia, el internacionalismo, la inclusión y el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género como pilares centrales de la práctica del grupo de afinidad. Este fue un hito muy importante en la historia del C20.

¿Cuáles han sido los desafíos, y qué es lo que hay que mejorar?

A pesar de estos éxitos, es urgente que el G20 cambie su forma de relacionarse con la sociedad civil. En el G20, los gobiernos discuten políticas que tienen un gran impacto sobre nuestras vidas. En tanto que sociedad civil, se nos debe permitir poner sobre la mesa las voces reales y diversas de los y las ciudadanas. Ellas son las personas que se verán afectadas por las políticas públicas promovidas en este foro.

Las pocas veces que hemos conseguido acceder a las reuniones del G20, la experiencia no ha sido positiva. Hacemos grandes esfuerzos para estar allí. Tras buscar los recursos y viajar muchas horas, esperamos -a veces durante mucho tiempo- fuera de la sala de reuniones hasta que finalmente nos dejan entrar. Una vez dentro, compartimos nuestras ideas y recomendaciones lo más rápidamente posible para que haya tiempo para el diálogo con las delegaciones, aunque en realidad no suele tratarse de una conversación abierta y honesta. Al cabo de un rato, nos sacan diplomáticamente de la sala para que, ya marcada la casilla de participación de la sociedad civil, las negociaciones puedan continuar.

El G20 todavía tiene un largo camino que recorrer para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil. Los líderes del G20 deben dejar de pensar que invitar a representantes de la sociedad civil a un par de reuniones equivale a cumplir con su obligación de consultar ampliamente y abrirse al escrutinio. Deben reconocer las capacidades únicas que aporta la sociedad civil y avanzar hacia una vinculación más significativa y sostenida con la sociedad civil.

Pueden hacerlo de muchas maneras. En primer lugar, pueden, y deben, invitar a la sociedad civil y a los representantes de las empresas a secciones adicionales de las distintas reuniones del Grupo de Trabajo, para que aporten sus puntos de vista y perspectivas en relación con cada tema, y no solamente durante una única y breve sesión dedicada a escuchar todas nuestras preocupaciones. Además, deberían compartir con nosotros el orden del día de esas reuniones. Puede parecer una locura, pero la mayoría de las veces nos invitan y acudimos a las reuniones sin saber lo que se va a debatir, por lo que no necesariamente estamos enviando a la persona más adecuada o preparando la contribución más relevante o detallada.

En segundo lugar, los delegados del G20 deberían reunirse sistemáticamente con la sociedad civil nacional a lo largo del año, tanto antes como después de las reuniones del Grupo de Trabajo del G20. Esto ya está ocurriendo en algunos países del G20, pero no en todos.

En tercer lugar, los representantes del G20 deben ser más abiertos y honestos en sus intercambios con la sociedad civil. Cuando los delegados del G20 hablan con la sociedad civil, la mayoría de las veces solamente comparten información limitada sobre lo que están haciendo para abordar los principales desafíos globales, lo cual a veces no es más que propaganda. ¿Qué tal si nos preguntan de qué queremos hablar y qué información nos gustaría recibir? ¿Y qué tal si nos dan una respuesta honesta y directa en relación con las propuestas y recomendaciones que compartimos con ellos?

Los líderes del G20 parecen no ser conscientes de que una buena comunicación y el acceso a la información son fundamentales. No existe un sitio web permanente del G20. En su lugar, cada presidencia establece un sitio nuevo, que después queda desactualizado. El espacio virtual está plagado de sitios web obsoletos del G20. Esto hace que a la sociedad civil, a los medios de comunicación ya los investigadores que buscan informarse sobre las actividades del G20 les resulte difícil encontrar lo que buscan. En 2017, cuando Alemania presidió el G20, el gobierno alemán tomó una excelente iniciativa: recopiló en un solo lugar todos los compromisos anticorrupción existentes. Esto debería ser una práctica habitual. En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, todos los grupos de trabajo del G20 deberían publicar las actas y agendas de sus reuniones. Y deberían consultar sistemáticamente a la sociedad civil para que podamos hacer aportes a los borradores de los documentos que planean adoptar y sugerir temas clave en los que debería centrarse el G20.

¿Qué cambió en cuanto a la participación de la sociedad civil cuando la presidencia del G20 pasó a Arabia Saudita?

A pesar de sus limitaciones y de su escasa vinculación con la sociedad civil, el G20 ha sido un espacio relevante para hacer llegar nuestras preocupaciones directamente a los gobiernos y abogar ante ellos para que aborden los problemas más críticos que enfrentamos. Lamentablemente, en 2020 el espacio para la participación de la sociedad civil se redujo significativamente cuando la presidencia del G20 y de todos sus grupos de afinidad, incluido el C20, pasó a Arabia Saudita, por efecto de una decisión tomada por los gobiernos del G20 en 2017 en Hamburgo, Alemania.

Arabia Saudita es un Estado que no ofrece prácticamente ningún espacio a la sociedad civil y donde no se toleran las voces de la sociedad civil independiente. Las críticas de los medios de comunicación son sistemáticamente reprimidas, las personas defensoras de derechos humanos son regularmente detenidas y perseguidas, la libertad de expresión es censurada, la libertad de movimiento limitada, y los periodistas y activistas detenidos son torturados y maltratados. Esto vuelve a la participación de la sociedad civil éticamente cuestionable.

Además, los principios del C20 hacen hincapié en una serie de elementos que la presidencia saudita es incapaz de proporcionar, como la inclusión de una variedad de actores de la sociedad civil verdaderamente independientes, desde el nivel local hasta el global, la transparencia de los procedimientos de toma de decisiones y los valores rectores de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Al participar en el limitadísimo espacio que el gobierno saudita podría ofrecer, solo contribuiríamos a lavar la reputación internacional de Arabia Saudita. El gobierno saudita ya ha contratado a costosos asesores de relaciones públicas occidentales y ha gastado millones de dólares para pulir su empañada imagen.

En respuesta a ello, numerosas OSC de todo el mundo han unido sus voces y han decidido boicotear el C20 organizado por Arabia Saudita este año. En Transparencia Internacional estamos deseando volver a participar plenamente en el proceso del C20 el año que viene, cuando la presidencia haya pasado a manos de Italia.

El espacio cívico de Arabia Saudita es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Transparencia Internacional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@anticorruption y a@meberazategui en Twitter. 

CIVICUS conversa sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en Grecia y sobre el rol de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas con Lefteris Papagiannakis, responsable de incidencia, políticas e investigación deSolidarity Now (Solidaridad Ahora) y ex vice alcalde para asuntos de migrantes y refugiados del Ayuntamiento de Atenas. Solidarity Now es una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja con grupos vulnerables, y en particular con las comunidades de personas migrantes y refugiadas en Grecia, para que reciban un trato digno y accedan a un futuro mejor.

CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.

Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.

CIVICUS conversa con el equipo de Visibles acerca de los recientes avances antiderechos ocurridos en Guatemala.

Fundada en 2017, Visibles una organización guatemalteca que trabaja para conseguir la plena inclusión las personas diversas y construir una sociedad donde todas las personas puedan ejercer sus derechos y gocen de respeto, libertad y bienestar.

El proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia llevaba varios años encajonada. ¿Por qué finalmente se aprobó ahora?

La iniciativa de ley 5272, aprobada por el Congreso de Guatemala como Decreto 18-2022, aumentó las penas por aborto a un mínimo cinco años de cárcel y prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo y la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.

La iniciativa había sido presentada el 26 de abril de 2017 por un representante del partido conservador Visión con Valores. Tras obtener dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el pleno del Congreso la discutió y aprobó en sus primeras dos lecturas en 2018.

Pero para aprobar una ley en Guatemala se necesita reunir previamente el apoyo de una cantidad de congresistas antes de someterla a votación en el hemiciclo. Esto no ocurrió hasta 2022, cuando la alianza oficialista y los grupos políticos y económicos que les respaldan establecieron como una de sus prioridades promover esta agenda conservadora.

La actual presidenta del Congreso, Shirley Rivera, llegó a este puesto tras una trayectoria muy limitada, centrada únicamente en la propuesta de leyes que estigmatizan a la población trans y que buscan conceder mayores libertades a las iglesias, particularmente en el modo en que reportan sobre sus finanzas.

En el mes de marzo, en una suerte de contrapeso de la tradicional conmemoración del Día Internacional de la Mujer -una jornada de movilización feminista-, el Congreso declaró un Día Nacional de Conmemoración de la Vida y la Familia y aprobó esta iniciativa regresiva. Desde sus distintos poderes el Estado promovió una cantidad de acciones comunicacionales y eventos en los que participaron actores nacionales e internacionales vinculados al movimiento antigénero, orientados a promover la defensa de la vida desde el momento de la concepción y una definición tradicional, estrecha y excluyente de familia –es decir, una causa amplia que busca restringir la autonomía y las libertades de las mujeres y las personas LGBTQI+.

En esa misma fecha el Congreso pasó el Decreto 18-2022, y lo hizo por abrumadora mayoría: apenas ocho de 160 legisladores votaron en contra, y 52 se abstuvieron. 

¿Consideran que esta movida forma parte de una tendencia regional antiderechos más amplia?

Definitivamente. Los grupos antiderechos de Guatemala forman parte de un movimiento transnacional altamente organizado y bien financiado que tiene por objetivo socavar los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+, así como la participación más amplia de la sociedad civil en el debate y las decisiones públicas.

La aprobación del Decreto 18-2022 no fue una reacción contra los muy escasos avances producidos en los últimos tiempos en materia de reconocimiento de derechos de la diversidad y de las mujeres. Sirvió para para reforzar jerarquías sociales que benefician a los poderosos y mantener o incluso aumentar su poder.

Las mujeres y las personas LGBTQI+ somos un blanco fácil. Los ataques contra nosotros reflejan una resistencia a las transformaciones sociales que buscamos: liberar el talento y el potencial de más de la mitad de la población.

Los movimientos feministas, de mujeres y de la diversidad representan algunos de los obstáculos que enfrenta este proyecto de poder y control, pero no son el único. Otro obstáculo surge del hecho de que, gracias al mayor acceso a la tecnología, ha aumentado el descontento social y se han elevado voces que les exigen rendición de cuentas. Son cada vez más las demandas de acción urgente para transformar la economía y asegurar que sirva para crear mejores oportunidades para todas las personas y familias, así como de creciente atención a problemas como el cambio climático y la preservación del medio ambiente y las vidas de quienes resisten el extractivismo transnacional.

¿Cómo se organizó la sociedad civil frente a este ataque antiderechos?

En Guatemala hay numerosas organizaciones de mujeres, de los pueblos indígenas, de juventudes, de población diversa, estudiantiles y religiosas que se organizaron para resistir el avance de esta agenda regresiva. Tras el cierre de espacios para la lucha anticorrupción, luego de la disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019, uno de los principales procesos que ocurrieron fue la criminalización de quienes la habían impulsado, desde personas defensoras de derechos humanos hasta fiscales y jueces que habían trabajado dentro de las instituciones estatales.

Este cierre de espacios impulsó la búsqueda de nuevas ideas y rutas para avanzar en la construcción de la justicia. Ahora, la resistencia a la entrada en vigencia del Decreto 18-2022 nos marca el camino.

El Estado de Guatemala ha colaborado activa y sistemáticamente en la creación de una narrativa hostil a los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Y lo ha hecho de una forma muy hipócrita, ya que ha impulsado políticas públicas que invocan la protección de la vida y familia al mismo tiempo que ha demostrado una absoluta falta de compromiso con el mejoramiento de las condiciones en que viven las personas y familias guatemaltecas. Esta incoherencia se vuelve un insulto al aprobarse una ley que, al criminalizar a las mujeres y a las personas LGBTQI+, pone en peligro a más de la mitad de la población.

El mismo día en que se aprobó el Decreto 18-2022 comenzaron las protestas. La presión callejera fue novedosa e importante: mostró que las organizaciones podemos trabajar en coalición y que la ciudadanía está dispuesta a sumarse y velar por el bienestar de todos.

La movilización elevó el costo que pagaría el gobierno si convalidaba la decisión del Congreso. Hay que tener en cuenta que la administración liderada por el presidente Alejandro Giammattei era ya de por sí impopular y enfrenta un creciente número de demandas de rendición de cuentas: desde investigaciones periodísticas que revelan el mal manejo del poder público y denuncias de corrupción hasta sanciones internacionales contra funcionarios clave. En este contexto, el presidente Giammattei amenazó con vetar la ley por considerar que violaba la Constitución de Guatemala y los acuerdos internacionales suscritos por el país, y el Congreso reaccionó dando marcha atrás y archivando la ley.

¿Cómo trabaja Visibles para mejorar la situación de las personas LGBTQI+ en Guatemala?

Visibles trabaja por cambiar las ideas, actitudes y comportamientos de las personas hacia las personas LGBTQI+ y sus derechos a través de esfuerzos de investigación, formación, comunicación propositiva e incidencia política. Pensamos que nuestra visión de largo plazo –la de una sociedad que incluya plenamente a las personas diversas, garantizando que gocen de respeto, libertad y bienestar y que puedan ejercer todos sus derechos– solo es posible si empezamos a tener conversaciones uno a uno, con familias, amistades y personas en nuestros espacios de acción, para movernos juntos desde un lugar de prejuicio hacia uno de la aceptación.

La experiencia de resistencia colectiva frente al avance antiderechos nos unió, inspiró y comprometió aún más. La resistencia contra una política concreta de control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas como mujeres y personas LGBTQI+ nos interpeló de manera mucho más directa que una noción distante y abstracta como la del acceso a la justicia. Hoy nos mueve la construcción colectiva de un proyecto de justicia de género que consagre el derecho de todas las personas a vivir con dignidad. Esperamos que estas nuevas prácticas y objetivos de transformación revitalicen el movimiento por los derechos humanos.

¿Qué apoyos internacionales necesita la sociedad civil que defiende los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Guatemala?

La aprobación –y posterior vuelta en U– del Decreto 18-2022 nos dio una prueba del poder real que el Estado tiene en Guatemala sobre las mujeres y personas LGBTQI+. El riesgo no desaparece por el hecho de que se haya archivado la ley, pero quizá sí tenga el efecto de enviar una señal de alarma a la comunidad internacional.

Es importante que vuelvan su atención, sus apoyos y recursos hacia Guatemala, cuyas fuerzas antiderechos forman parte de una avanzada regional. No podemos descuidarnos y permitir que los movimientos antigénero avancen en su objetivo de sostener y consolidar estructuras injustas de poder desigual en la cual algunos mantienen sus privilegios a costa de los derechos elementales de otros.

El espacio cívico en Guatemala es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa con Indyra Mendoza, fundadora ycoordinadora general de la Red Lésbica Cattrachas, una organización lésbica feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Honduras. En marzo de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió unfallo en el caso de Vicky Hernández. Vicky, mujer trans y defensora de derechos humanos, fue asesinada entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, mientras regía un toque de queda a continuación de un golpe de Estado. Su asesinato ocurrió en un contexto de enorme discriminación y violencia, incluso de parte de la fuerza pública, contra las personas LGBTQI+.

¿Cómo fue el proceso que resultó en el fallo de la Corte IDH? ¿Cuál fue el rol de Cattrachas?

El Observatorio de Violencia de la Red Lésbica Cattrachas registró el caso de Vicky y enseguida lo identificó como un potencial caso de litigio estratégico, ya que fue uno de los primeros asesinatos de personas LGBTQI+ tras el golpe de Estado.

Ya antes del golpe de Estado, Cattrachas había identificado un patrón de violencia no letal hacia mujeres trans propiciado por agentes policiales. Y si bien ya habíamos registrado 20 muertes violentas de personas LGBTQI+ ocurridas entre 1998 y 2008, los asesinatos de personas LGBTQI+ se incrementaron tras el golpe de Estado en 2009, en particular el número de mujeres trans asesinadas incrementó. El Observatorio registró un total de 15 muertes violentas de mujeres trans, en su mayoría ocurridas durante toques de queda o estados de excepción decretados ilegalmente por el gobierno, cuando la custodia absoluta de las calles estaba en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En el caso de Vicky, Cattrachas tuvo conocimiento de que no se había practicado autopsia, contactó a la familia y corroboró que se habían llevado a cabo muy pocas diligencias investigativas. El 23 de diciembre de 2012 Cattrachas presentó la petición inicial por el asesinato de Vicky ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; posteriormente se sumaría Robert F. Kennedy Human Rights, una organización de derechos humanos de los Estados Unidos. La Comisión emitió su informe de fondo, que estableció que había habido violaciones de derechos humanos, el 7 de diciembre de 2018 y envió el caso a la Corte IDH el 30 de abril de 2019. La audiencia pública se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre de 2020. 

Finalmente, el 26 de marzo de 2021 la Corte IDH dictó una sentencia que declaró al Estado de Honduras responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, la privacidad, la libertad de expresión y el nombre en perjuicio de Vicky. Dictaminó además que el Estado de Honduras incumplió con la obligación establecida en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém Do Pará. Por otra parte, la Corte IDH estableció que la muerte de Vicky no fue investigada con la debida diligencia, por lo que condenó a Honduras por la violación del debido proceso, la protección judicial y la obligación establecida en el artículo 7.b de dicha Convención. Por último, la Corte declaró que se había violado el derecho a la integridad personal de las familiares de Vicky. La sentencia fue notificada el 28 de junio de 2021, a 12 años de consumados el golpe de Estado y el transfemicidio de Vicky Hernández.

La resolución de este caso fue excepcional. ¿A qué se debió esta excepción?

La resolución fue excepcional debido a las múltiples interseccionalidades de violencia presentes en la vida de Vicky. Vicky era una mujer trans, hondureña, joven, defensora de derechos humanos, trabajadora sexual, que vivía con VIH, contaba con escasos recursos económicos y en algún momento de su vida había sido migrante a causa de la precariedad laboral. El caso de Vicky es el primer caso de violencia letal en contra de una persona LGBTQI+ que se dio en la intersección de dos contextos relevantes: el golpe de Estado de 2009 y el contexto de violencia estructural que las personas LGBTQI+, y en particular las mujeres trans, viven en Honduras.

El caso permitió a la Corte reiterar estándares sobre el derecho a la identidad de género, la igualdad y no discriminación, e insistir en que, en contextos de violencia, subordinación y discriminación históricas, en este caso contra las personas trans, los compromisos internacionales imponen al Estado una responsabilidad reforzada. Asimismo, mediante una interpretación evolutiva la Corte estableció que las mujeres trans son mujeres, y por ende están protegidas por la Convención de Belém Do Pará.

¿Cuál es la significación de este fallo para las personas LGBTQI+ en Honduras?

La sentencia en el caso de Vicky marca un antes y un después, ya que establece garantías de no repetición que deben transformarse en políticas públicas a favor de las personas LGBTQI+.

Las medidas que establece la sentencia incluyen el establecimiento de una beca educativa para personas trans, que llevará el nombre de Vicky Hernández, la puesta en marcha de un plan de formación, sensibilización y capacitación para cuerpos de seguridad, la adopción de protocolos para el diagnóstico, la recopilación de datos, el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra personas LGBTQI+, y la adopción de un procedimiento para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad y en los registros públicos. Este procedimiento debe guiarse por los estándares de la Opinión Consultiva 24/17, lo cual implica que no requerirá de ninguna ley, debe ser expedito, no requiere exámenes patologizantes, no debe existir un registro histórico de los cambios y debe ser, en la medida de lo posible, gratuito.

A más de una década del asesinato de Vicky Hernández, ¿cuál es la situación de las personas LGBTQI+ en Honduras?

Las personas LGBTQI+ en Honduras nos enfrentamos a limitaciones constitucionales y legales basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género que nos prohíben el acceso al matrimonio igualitario así como al reconocimiento del matrimonio celebrado en el extranjero, la unión de hecho, la adopción, la visita íntima en centros penitenciarios, el cambio de nombre basado en la identidad de género y la donación de sangre. Específicamente en relación con el cambio de nombre, la sentencia de la Corte IDH en el caso de Vicky manda al Estado a establecer un procedimiento adecuado y efectivo para poder reconocer la identidad de las personas trans.

Honduras es el país con la tasa de muertes violentas de personas LGBTQI+ más alta de Latinoamérica y el Caribe. Desde el transfemicidio de Vicky a la fecha han asesinado a 388 personas LGBTQI+ en Honduras y una persona se encuentra desaparecida; 221 de esas personas son gays, 112 son trans y 46 lesbianas; tan solo 83 casos han sido judicializados, resultando en 11 sentencias absolutorias y 34 sentencias condenatorias, lo cual refleja un 91% de impunidad.

En suma, las personas LGBTQI+ no solo nos enfrentamos a obstáculos legales grandes, sino también a un contexto de violencia letal muy alto y a la falta de acceso a la justicia.

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