sociedad civil

• MIGRACIÓN: “La propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia”

  CIVICUS conversa con Maddalena Avon, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios para la Paz (CPS), sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en Europa en el marco de la pandemia y las formas en que la sociedad civil está respondiendo a la creciente presión fronteriza ejercida por gobiernos europeos hostiles.

  CPS es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la no violencia y el cambio social a través de la educación, la investigación, la incidencia, las campañas y el activismo. Fundada en 1996, trabaja en tres áreas: asilo, integración y seguridad humana; educación para la paz y afirmación de la no violencia; y lucha contra las desigualdades. CPS es miembro activo de la Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras, una red independiente de OSC basadas en su mayoría en los Balcanes y Grecia, que monitorea las violaciones de derechos humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea y aboga por poner fin a la violencia contra las personas en movimiento.

  

  ¿Cuáles han sido las principales tendencias migratorias en Europa, y específicamente en los Balcanes, durante la pandemia?

  El panorama del acceso al asilo ha cambiado drásticamente desde que entraron en vigor las restricciones establecidas en respuesta a la pandemia. La Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras (BVMN) ya había publicado informes que referían al asilo como un conjunto de derechos erosionados, pero el debido proceso para las solicitudes de protección internacional se ha visto aún más cuestionado en el marco de la emergencia sanitaria de los últimos meses.

  En primer lugar, las persistentes medidas de devolución en las fronteras siguen impidiendo a las personas solicitar protección internacional, y los Estados realizan expulsiones colectivas. En segundo lugar, las decisiones de los gobiernos de suspender o cerrar las oficinas de asilo sin ofrecer ninguna alternativa o remedio eficaz han colocado a las personas refugiadas y otros migrantes en un limbo efectivo y en riesgo de devolución. Igualmente, la implementación de medidas contra la COVID-19 ha permitido a países como Croacia, Grecia y Hungría restringir aún más el acceso a protecciones internacionalmente garantizadas.

  En medio de la escalada del brote de COVID-19, la Unión Europea (UE) lanzó su Plan de Acción Conjunto para los Derechos Humanos. Sin embargo, el espíritu de esta declaración diverge agudamente con la realidad sobre el terreno. En particular, continúan las violaciones de derechos fundamentales por parte de Estados miembros de la UE y de terceros países que tienen con la UE diversos acuerdos sobre migración, asilo y seguridad fronteriza, así como sistemas de campamentos financiados. En lugar de ayudar a las comunidades vulnerables en este período de precariedad, las políticas y regulaciones han permitido que el fortalecimiento de las fronteras de la mayoría de los Estados miembros erosione aún más los derechos de asilo, el debido proceso y el trato humanitario.

  Según un reciente informe de la BVMN, en marzo y abril de 2020 Eslovenia experimentó un descenso en el número de cruces irregulares de fronteras en comparación con los dos primeros meses de 2021 y el mismo periodo de 2019, y esto se reflejó en el número mucho menor de personas detenidas en las comisarías debido a cruces irregulares de fronteras. Sin embargo, la cantidad de expulsiones colectivas a Croacia se mantuvo constantemente alta. A principios de 2020, durante el brote de COVID-19 y las restricciones subsiguientes, Eslovenia continuó negando sistemáticamente el derecho de asilo y utilizó su acuerdo de readmisión con Croacia -que le permite entregar personas a la policía croata si hay pruebas de que han cruzado ilegalmente la frontera en las últimas 48 horas- para deportar a un gran número de personas, aunque el acuerdo de readmisión no se aplica si la persona ha pedido asilo o es un potencial solicitante de asilo. Ha seguido haciéndolo a pesar de ser plenamente consciente del alto riesgo de tortura y de nuevas expulsiones ilegales a Bosnia y Herzegovina.

  En Croacia, como en otros lugares, la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero algunas cuestiones, como el régimen de expulsiones, desgraciadamente se mantienen igual. La única diferencia es que estas violentas expulsiones colectivas atraen ahora menos atención, ya que todas las miradas están puestas en la pandemia y no se ha permitido a los observadores de derechos humanos permanecer en el terreno a causa de las restricciones sanitarias. Las expulsiones y la violencia en las fronteras han persistido: en un caso de los cientos documentados por la BVMN, un grupo que incluía a una persona gravemente herida y a un menor fue golpeado con porras por agentes croatas, que también quemaron su ropa, y el grupo fue devuelto a Bosnia y Herzegovina.

  Un fenómeno relativamente nuevo en materia de prácticas de devolución es el de marcar a grupos de personas con pintura en aerosol naranja, como informó No Name Kitchen, una organización de base y miembro de la BVMN que presta asistencia directa a personas en movimiento en ciudades fronterizas a lo largo de la Ruta de los Balcanes. También han continuado las devoluciones en cadena desde Eslovenia a través de Croacia, que envían de regreso a las personas migrantes por el mismo camino por el que llegaron.

  Resultan preocupantes los reportes que indican un aumento de la brutalidad en el marco de las devoluciones, dada la mayor autonomía que las autoridades estatales han ganado con la pandemia. Las devoluciones son ilegales y la propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia.

  ¿Cómo responden el CPS y la BVMN a estas tendencias?

  El valor del trabajo realizado por la BVMN radica en la interconexión de diversos métodos: el trabajo de campo, que incluye el establecimiento de relaciones de confianza con las personas localizadas en zonas fronterizas, la recolección de testimonios y el trabajo de incidencia política, que supone la presentación de demandas claras a las instituciones para que rindan cuentas de determinadas acciones. El trabajo jurídico también es esencial cuando las personas que han sobrevivido a violaciones de derechos humanos quieren reclamar justicia. Cada miembro de la BVMN es fuerte en uno o varios de estos métodos de trabajo, y nuestra fuerza colectiva consiste en combinarlos a todos en un enfoque integral.

  Dentro de la red, el CPS lleva a cabo investigaciones que alimentan nuestros esfuerzos de concientización e incidencia sobre el acceso al sistema de asilo, la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, la conducta ilegal de la policía, la criminalización de la solidaridad y la integración, con especial atención al empleo y la educación.

  En lo que se refiere a la integración, dos de nuestros grandes éxitos han sido la Brújula del Danubio, una herramienta web que incluye toda la información relevante para la integración de personas migrantes y refugiadas en la sociedad croata, y nuestro programa de educación no formal para solicitantes de asilo, Hablemos de la Sociedad, que ofrece a los nuevos miembros de nuestra comunidad una introducción a la sociedad y las instituciones croatas, les informa acerca de sus derechos y fomenta su participación activa en la sociedad.

  Dentro de la red, el CPS es un fuerte actor jurídico, ya que hasta ahora hemos presentado 12 denuncias penales contra autores desconocidos en uniforme de policía. Mediante un litigio estratégico, impedimos una extradición y logramos presentar dos demandas contra la República de Croacia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de nuestra labor de incidencia, varias instituciones internacionales y de la UE, incluida la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, comenzaron a cuestionar y condenar las prácticas de las autoridades croatas.

  Como consecuencia de nuestra exposición pública de las prácticas ilegales hacia las personas refugiadas, hemos sufrido mucha presión y se nos prohibió ingresar y trabajar en los centros de asilo. Esto dificultó nuestro trabajo, pero no comprometió nuestra autonomía.

  ¿Consideras que se ha logrado algún progreso para que Frontex, la agencia fronteriza europea, rinda cuentas por no proteger los derechos humanos?

  Frontex ha enfrentado graves acusaciones de violaciones de derechos humanos procedentes de diversos actores e instituciones, y la sociedad civil se ha unido en torno de múltiples campañas y acciones sobre el asunto, incluyendo #DefundFrontex. Con el apoyo de 22 OSC y redes de sociedad civil, incluida la BVMN, esta campaña reclama que se desfinancie a la agencia y que su presupuesto se reoriente hacia la creación de un programa europeo de salvamento marítimo civil dirigido y financiado por los gobiernos.

  El principal problema es que Frontex opera en una zona gris en materia legal y se considera que no tiene responsabilidad por sus acciones: la responsabilidad siempre recae sobre el Estado miembro donde Frontex opera. Las normas de la agencia están redactadas de forma tal que en gran medida le permiten no rendir cuentas. Sin embargo, estamos viendo pequeños pasos hacia un cambio en este sentido, por ejemplo con la participación activa de la Defensoría del Pueblo Europeo.

  ¿Cómo puede la sociedad civil presionar a la UE para que su compromiso con los derechos humanos se extienda a las personas migrantes y refugiadas, y cómo puede alentar a los Estados miembros a respetar sus derechos?

  Una de las formas que los miembros de la BVMN han encontrado para aunar múltiples fuerzas y ser más asertivos en demandas clave es la construcción de redes transfronterizas. Creemos que la implicación activa de la sociedad civil en cada zona fronteriza, país y pueblo puede suponer una diferencia real en la influencia ciudadana. Es muy importante expresarnos con voz fuerte en defensa de los derechos de refugiados y migrantes. También es importante conectar una variedad de luchas que están muy interconectadas y que tienen lugar a través de las fronteras, tales como las luchas relativas al cambio climático y los derechos de las mujeres.

  El espacio cívico en Croacia es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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• MYANMAR: “Casi todos los detenidos nos dicen que fueron golpeados”

  CIVICUS conversa con Manny Maung, investigador en Myanmar de Human Rights Watch (HRW), acerca de la situación de derechos humanos en Myanmar. Anteriormente Manny fue periodista y pasó muchos años viviendo y trabajando en Myanmar.

  Myanmar sigue figurando en la lista de vigilancia de CIVICUS, que incluye a países que recientemente han experimentado rápido deterioro de sus libertades cívicas. En Myanmar los militares tomaron el poder mediante un golpe de estado el 1º de febrero de 2021, arrestaron a los líderes civiles de los gobiernos nacional y estaduales y lanzaron una brutal represión contra el movimiento de protesta en todo el país. Más de seis meses más tarde, el asalto al espacio cívico continúa. Miles de personas han sido detenidas y encarceladas arbitrariamente. Muchas enfrentan acusaciones infundados y se han denunciado torturas y malos tratos durante los interrogatorios, así como muertes bajo custodia.

  

  ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas en Myanmar a más de cinco meses del golpe?

  Desde el golpe militar del 1º de febrero, hemos asistido a un rápido deterioro de la situación. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y cientos han sido asesinadas, mientras que muchas más están escondidas e intentan evitar ser detenidas. HRW ha determinado que los militares han cometido contra la población abusos que equivalen a crímenes contra la humanidad, por lo que es evidente que la situación para la sociedad civil es extremadamente peligrosa, ya que las libertades cívicas se han vuelto inexistentes.

  ¿Sigue activo el movimiento de desobediencia civil (MDC) a pesar de la represión?

  Se siguen realizando protestas a diario, aunque son más pequeñas y ad hoc. Se producen protestas relámpago en todo Myanmar, no solamente en las principales ciudades. Pero estas manifestaciones están ahora algo acalladas, no sólo por la violenta represión de las fuerzas de seguridad, sino también por la devastadora tercera oleada de infecciones por COVID-19. Se han dictado cientos de órdenes de detención contra los líderes de las protestas, incluidos casi 600 médicos que han participado en o liderado el MDC. Periodistas, abogados y líderes de la sociedad civil han sido objeto de ataques, al igual que cualquiera que sea considerado un líder de la protesta o de la huelga. En algunos casos, si las autoridades no encuentran a la persona que pretenden detener, arrestan a sus familiares como forma de castigo colectivo.

  ¿Cuál es la situación de los manifestantes que han sido detenidos y encarcelados?

  Casi todas las personas con las que hablamos que fueron detenidas o acorraladas durante la represión generalizada de las protestas nos cuentan que fueron golpeadas cuando fueron detenidas o mientras estaban retenidas en centros de interrogatorio militares. Un adolescente describió que le golpearon tan fuerte con la culata de un rifle que se desmayó entre entre una y otra paliza. También describió cómo le obligaron a meterse en una fosa y le enterraron hasta el cuello mientras tenía los ojos vendados, todo ello porque las autoridades sospechaban que era un líder de la protesta. Otros han relatado las graves palizas que les propinaron mientras estaban esposados a una silla, que les fueron negados agua y alimentos, que se les privó del sueño y que sufrieron violencia sexual o amenazas de violación.

  Muchos de los manifestantes que siguen detenidos no han tenido realmente un juicio. Algunos han sido acusados y condenados, pero se trata de un número pequeño comparado con los miles que están esperando que sus casos avancen. Muchos de los detenidos que ya han salido de la cárcel nos dicen que han tenido un contacto mínimo, si es que han tenido alguno, con sus abogados. Pero los abogados que los representan también corren riesgos. Al menos seis abogados que defienden a presos políticos han sido detenidos, tres de ellos mientras representaban a un cliente en un proceso judicial.

  ¿Cómo ha afectado al MDC la interrupción de los servicios de internet y televisión?

  La prohibición de la televisión por satélite se ha sumado a las restricciones del acceso a la información. La Junta alegó que las “organizaciones ilegales y las organizaciones de noticias” estaban emitiendo por satélite programas que amenazaban la seguridad del Estado. Pero las prohibiciones parecen dirigirse principalmente a los canales de noticias extranjeros que emiten por satélite en Myanmar, entre ellos dos emisoras independientes en lengua birmana, Voz Democrática de Birmania y Mizzima, a las que la Junta revocó sus licencias de medios en marzo. Los cortes de internet también han dificultado el acceso a la información y la comunicación en tiempo real.

  Los cortes generalizados de internet son una forma de castigo colectivo. Dificultan el acceso a la información y las comunicaciones necesarias para la vida cotidiana, y resultan especialmente disruptivos durante la crisis y la pandemia de COVID-19. Las restricciones también dan cobertura a los abusos de derechos humanos y complican los esfuerzos para documentar las violaciones.

  ¿Por qué ha aumentado la violencia en las zonas étnicas, y cuáles son sus blancos preferidos?

  En algunas partes del país el golpe provocó la reanudación de los combates entre grupos étnicos armados y el ejército. El estado de Rakhine parece ser la excepción, ya que allí el Ejército de Arakan ha negociado un alto el fuego y las protestas contra los militares no han sido tan ruidosas ni generalizadas. Otros grupos étnicos armados, como el Ejército por la Independencia de Kachin y el Ejército de Liberación Nacional de Karen (KNLA), han acogido con satisfacción la resistencia frente a los militares y están proporcionando refugio a quienes huyen de los militares en los territorios que controlan. Los renovados enfrentamientos entre el ejército y el KNLA han dado lugar a diversas violaciones de derechos humanos de la población civil y han desplazado a miles de personas en la frontera entre Tailandia y Myanmar.

  ¿Qué opina de la respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la situación de Myanmar?

  La ASEAN ha intentado utilizar los canales diplomáticos, pero esta situación no es la habitual. Los militares se han hecho con el poder y han estado cometiendo crímenes contra su propio pueblo, una población civil que ya ha expresado su preferencia en las elecciones. Tras meses de negociaciones inútiles, la ASEAN debería estar preparada para imponer sanciones a Myanmar. Como naciones independientes, los Estados miembros de la ASEAN deben actuar juntos e imponer sanciones selectivas a Myanmar para garantizar que los militares dejen de actuar con total impunidad.

  La reacción del general Min Aung Hlaing, que se ha autoproclamado primer ministro, ante el plan de consenso de cinco puntos propuesto por la ASEAN, muestra su absoluto desprecio por la diplomacia regional y pone de manifiesto que sólo responderá a demostraciones de fuerza, tales como la de cortar su acceso y el de los militares a ingresos del exterior mediante la imposición de sanciones.

  ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil e impulsar el retorno a la democracia?

  HRW recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. El CSNU y países influyentes como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, India, Tailandia y la Unión Europea deberían aplicar sanciones coordinadas para presionar a la junta. El CSNU también debería aprobar una resolución para prohibir la venta de armas a Myanmar.

  En cuanto a las organizaciones internacionales de la sociedad civil, deben seguir defendiendo a los miembros de la sociedad civil que actualmente se encuentran escondidos o detenidos arbitrariamente. Esto significa seguir presionando para que se reconozca la gravedad de la crisis política y humanitaria en Myanmar y presionar a los gobiernos para que actúen en beneficio del pueblo de Myanmar.

  El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

  Siga a @mannymaung en Twitter.

• Myanmar: Activistas entre rejas

  

  Tras el golpe militar de febrero de 2021, miles de personas han sido arrestadas, detenidas y atacadas arbitrariamente en Myanmar, entre ellas personas que defienden los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, activistas políticos y estudiantiles, poetas, escritores y monjes. 

  Tal y como ha documentado el CIVICUS Monitor, muchos de ellos se enfrentan a cargos infundados y también se han denunciado torturas y malos tratos durante los interrogatorios, así como muertes bajo custodia. A continuación, presentamos algunas de las personas defensoras de los derechos humanos y activistas que han sido detenidas por la Junta.

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  Min Htin Ko Ko Gyi - director de cine  

  El cineasta Min Htin Ko Gyi fue detenido el 1 de febrero de 2021, tras el golpe de Estado militar. Se trata de un destacado cineasta y fundador del Human Dignity Film Institute. Ha producido el documental "Floating Tomatoes", ganador de un premio, sobre el desastroso efecto que están teniendo los pesticidas en el lago Inle de Myanmar.

  En agosto de 2019, fue detenido y condenado a un año de prisión, en virtud del artículo 505(a) del Código Penal de Myanmar, por el Tribunal del municipio de Insein, por una serie de publicaciones en Facebook en las que criticaba la Constitución de 2008, redactada por los militares, y el papel de éstos en la política.

  (Foto: Myanmar NOW) 

  Ko Min Thway Thit - estudiante activista 

  El activista estudiantil Ko Min Thway Thit fue detenido el 1 de febrero de 2021, tras el golpe de Estado. Ya había sido encarcelado en 2015 por su papel en las protestas contra el nuevo proyecto de ley de educación y liberado en 2016.

  También fue uno de las cuatro personas multadas con 30.000 kyats por organizar una protesta sin permiso el 7 de julio de 2019 para conmemorar la masacre de activistas estudiantiles de Ne Win en 1962.
  
  (Foto: Burma News International) 

  Mya Aye - activista de la generación 88

  Este destacado activista por la democracia y uno de los líderes de la Generación del 88 fue detenido el 1 de febrero de 2021, tras el golpe de Estado. En dos ocasiones fue arrestado por la antigua junta por su activismo político durante y después del levantamiento de 1988, y cumplió un total de 12 años en prisión.

  Se enfrenta a cargos de incitación al odio en virtud del artículo 505(c) del Código Penal, que conlleva hasta dos años de prisión.

   

  (Foto: The Myanmar Times)

  Shwe Nya Wah Sayadaw - monje budista prodemocracia

  El monje budista Shwe Nya War Sayadaw fue detenido el 1 de febrero de 2021, tras el golpe de Estado. Fue detenido por los militares en su monasterio de Yangon. Es un monje crítico con el movimiento 969, apoyado por monjes budistas nacionalistas.

  En 2012 se le ordenó que abandonara su monasterio en Yangon debido a un discurso que pronunció en un acto en favor de la democracia en la oficina de Mandalay de la Liga Nacional para la Democracia, en el que había pedido públicamente la liberación de los presos políticos y el fin de las guerras civiles en curso.

   (Foto: Kaung Htet/ The Myanmar Times)

  Thin Thin Aung - defensora de los derechos de las mujeres

  Thin Thin Aung fue detenida arbitrariamente el 8 de abril de 2021 en el municipio de Botahtaung, en Yangon, y llevada al centro de interrogatorio militar de Yay Kyi Ai, en el municipio de Insein, en Yangon. El 9 de abril de 2021, las fuerzas de seguridad militares allanaron su apartamento en Yangon e incautaron sus pertenencias, incluidos sus ordenadores. Ese mismo día la llevaron al centro de interrogatorio de Mingalardon (Yay Kyi Aing). Tras ser torturada durante dos semanas, fue trasladada a la prisión de Insein de Yangon el 21 de abril de 2021. Ha sido acusada de acuerdo con el artículo 505 (a) del Código Penal.

  Es cofundadora de la Agencia de Noticias Mizzima y de la Liga de Mujeres de Birmania (WLB), fundadora de Mujeres por la Justicia, antes conocida como Asociación de Derechos y Bienestar de las Mujeres de Birmania (WRWAB). Desde el levantamiento de 1988, Thin Thin Aung ha dedicado su vida a la lucha por la democracia y los derechos humanos en Myanmar. Ha pasado la mayor parte de su tiempo abogando a nivel local e internacional por la justicia de los derechos humanos de las mujeres. 

  Ko Wai Moe Naing - líder de protestas

  Ko Wai Moe Naing, destacado líder de las protestas contra la junta en Monywa, región de Sagaing, fue golpeado y arrastrado por las fuerzas de la junta después de que su motocicleta fuera embestida el 15 de abril de 2021.  Al día siguiente de su detención, se hizo viral una foto en la que aparentemente aparece torturado.

  Wai Moe Naing se reunió con sus abogados por primera vez el 27 de mayo de 2021, más de un mes después de su detención. Al parecer, se enfrenta a un total de 10 cargos penales, entre ellos traición, asesinato, incitación, asociación ilícita, confinamiento ilegal y robo a mano armada.

  (Foto: Myanmar NOW) 

  Ma Myo Aye - lideresa sindical

  Ma Myo Aye es una de las principales líderes sindicales de Myanmar. Fue detenida el 15 de abril de 2021, en su oficina del municipio de Shwepyithar, por alrededor de 40 miembros de las fuerzas de seguridad de la Junta Militar, que la llevaron a una comisaría para ser interrogada.

  Es directora del Sindicato de Solidaridad de Myanmar (STUM) y ha sido una de las líderes sindicales más destacadas del movimiento de desobediencia civil, que lleva organizando huelgas y protestas nacionales desde que los militares tomaron el poder.

  (Foto: Twitter/@cleanclothes) 

  Man Zar Myay Mon - defensor del derecho a la tierra y al medio ambiente

  Man Zar Myay Mon es un defensor del derecho a la tierra y al medio ambiente en la región de Sagaing. Fue detenido por soldados en la mañana del 8 de junio de 2021 cuando intentaba huir del pueblo de Shan Htoo, municipio de Chaung-U, región de Sagaing. Los soldados le dispararon en la pierna mientras conducía una motocicleta, lo capturaron inmediatamente, lo esposaron y le vendaron los ojos. Está retenido en un centro de interrogatorios en el cuartel general del Comando Noroeste del Tatmadaw en Monywa, región de Sagaing.

  Tras convertirse en una figura destacada de las protestas pacíficas contra el golpe de Estado, en marzo de 2021 Man Zar Myay Mon fue acusado de "incitación" en virtud del artículo 505(a) del Código Penal por su participación en las manifestaciones y se dictó una orden de detención contra él, lo que le obligó a esconderse. Ha trabajado durante muchos años para promover la responsabilidad de las industrias extractivas en beneficio de las comunidades locales. También participó activamente como uno de los líderes comunitarios en las protestas contra la mina de Letpadaung, en la región de Sagaing.
  (Foto: The Irrawaddy)

  Ma Chan Bu - periodista

  El 29 de marzo, las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron a la reportera Ma Chan Bu, de la cadena 74 Media, mientras cubría una protesta en Myitkyina, estado de Kachin. Fue detenida junto con Ko La Raw, de Kachin Wave. Ambos medios de comunicación tienen su sede en la capital del estado de Kachin. Ha sido acusada de acuerdo con el artículo 505a del Código Penal.

  Según los informes del 15 de julio de 2021, casi la mitad de los 87 periodistas detenidos por la Junta de Myanmar en los cinco meses transcurridos desde el golpe de Estado siguen detenidos. 31 reporteros quedaron en libertad antes del 30 de junio de 2021, cuando la junta declaró una amnistía general y liberó a 2.300 presos de las cárceles del país, entre ellos otros 14 periodistas. En la mayoría de los casos, las autoridades acusaron a los reporteros de difamar a los militares en virtud del artículo 505 (a). En la actualidad, decenas de reporteros se encuentran en la clandestinidad.

  (Foto: BNI Multimedia Group)

• NACIONES UNIDAS: ‘Ahora la regulación ambiental deberá guiarse por un enfoque de derechos humanos’

  CIVICUS conversa con Victoria Lichet, directora ejecutiva de la Coalición del Pacto Mundial, sobre la resolución recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en tanto que derecho humano.

  La Coalición del Pacto Mundial reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC), activistas, artistas, abogados y científicos que abogan por la adopción del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, un proyecto de tratado internacional que apunta a consagrar una nueva generación de derechos y deberes fundamentales relativos a la protección del medio ambiente, y especialmente el derecho a un medio ambiente sano.

  ¿Qué relevancia e implicaciones tiene la reciente resolución de la AGNU sobre el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible?

  La adopción de una resolución sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible por parte de la AGNU, el órgano legislativo de la ONU, que incluye a todos sus Estados miembros, es una victoria histórica para la protección del medio ambiente. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano universal convierte a la protección del medio ambiente en un aspecto fundamental de la protección de los derechos humanos. Es un paso importante hacia la introducción de una perspectiva de derechos humanos en el litigio ambiental, ya que integra normas de derechos humanos en los asuntos ambientales.

  Además de reconocer el derecho a un medio ambiente sano en tanto que derecho de todas las personas, el preámbulo de la resolución afirma claramente el vínculo entre un medio ambiente sano y los derechos humanos. La AGNU reconoce que “los daños ambientales tienen repercusiones negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.

  Aunque las resoluciones de la AGNU no son jurídicamente vinculantes, esta resolución es un fuerte mensaje político de gran contenido simbólico. Desempeñará un papel importante en la formación y el fortalecimiento de normas, leyes, estándares y políticas ambientales internacionales más sólidas. De ese modo, necesariamente mejorará la eficacia general del derecho ambiental y catalizará nuevas acciones ambientales y climáticas. Esto también demuestra que el multilateralismo todavía tiene un rol que desempeñar en el derecho ambiental internacional.

  ¿Qué papel desempeñó la sociedad civil en el proceso que culminó con esta resolución?

  Esta resolución fue el resultado de meses de movilización por parte de OSC y organizaciones de pueblos indígenas (OPI), entre ellas la Coalición del Pacto Mundial. Bajo el inspirador liderazgo del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, y su predecesor, John Knox, la coalición de OSC y OPI pudo llegar a los gobiernos a través de correos electrónicos y cartas para informarles mejor sobre la importancia del derecho a un medio ambiente sano. También hizo campañas en las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre el proceso.

  El grupo de países que lideró esta iniciativa, formado por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza, fue un gran apoyo y comunicó sobre cada paso relativo al avance de la resolución. Estamos muy agradecidos por su liderazgo.

  ¿Considera que el texto final de la resolución refleja plenamente los aportes de la sociedad civil?

  El texto final de la resolución mayormente refleja las expectativas de la sociedad civil. En el curso de la negociación, algunos Estados lograron eliminar algunos párrafos. Por ejemplo, el primer borrador decía que el derecho a un medio ambiente sano estaba relacionado con el derecho a la vida y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Pero el borrador final también incluía párrafos adicionales en los cuales, por ejemplo, se mencionaba a “empresas y otras partes interesadas” en el llamamiento a adoptar políticas de cooperación internacional para aumentar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano.

  En términos generales, el principal objetivo de la sociedad civil era que se reconociera el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano para todas las personas, y esto, obviamente, quedó plenamente reflejado en el texto final. Se trata, pues, de una victoria histórica de la sociedad civil.

  ¿Qué medidas deberían adoptar los Estados para hacer efectivo el derecho reconocido en la resolución?

  El reconocimiento debe combinarse con políticas públicas nacionales y regionales sólidas y ambiciosas que pongan en marcha mecanismos para reforzar la protección del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y el disfrute de sus restantes derechos humanos. A partir de ahora, los Estados deberán adoptar un enfoque de derechos humanos en la regulación ambiental, así como mejores políticas de energía renovable y economía circular.

  Como lo expresó el relator especial David Boyd, el reconocimiento internacional del derecho a un medio ambiente sano debe alentar a los gobiernos a revisar y reforzar sus leyes y políticas ambientales y a mejorar su implementación y cumplimiento.

  ¿Qué debería hacer la sociedad civil a continuación?

  Ahora la sociedad civil debe abogar por instrumentos más sólidos y ambiciosos para proteger el medio ambiente, nuestro derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ahora que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido a nivel internacional, debemos introducir derechos y deberes adicionales que nos lleven aún más lejos en el camino de la protección del medio ambiente.

  La resolución de la AGNU podría ser la base de un instrumento internacional más amplio sobre el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ya disponemos de modelos ambiciosos que podrían utilizarse en estas futuras negociaciones, tales como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente y el proyecto de pacto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la mayor red ambiental global.

  El desplazamiento del “derecho blando” al “derecho duro” -en este caso, de la resolución no vinculante de la AGNU a una convención sobre el derecho a un medio ambiente sano- es muy común en el derecho internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en rigor una parte de la resolución de la AGNU sobre la Carta Internacional de Derechos Humanos, y por lo tanto no es jurídicamente vinculante, abrió camino a dos tratados que fueron adoptados en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se necesitaron 18 años para traducir la Declaración en dos textos jurídicamente vinculantes.

  Esperamos que no hagan falta 18 años para lograr una convención sobre derechos ambientales, porque eso nos llevaría hasta 2040. No tenemos tanto tiempo. Ha llegado el momento de adoptar una convención que sea una suerte de “tercer pacto”, es decir, que reconozca una tercera generación de derechos humanos. Tras los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, ha llegado el momento de consagrar los derechos ambientales.

  Ante la actual triple crisis planetaria, un texto internacional vinculante sobre el medio ambiente tiene una importancia vital, ya que millones de personas están muriendo a causa de sus entornos tóxicos, y especialmente por la contaminación atmosférica.

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  Póngase en contacto con la Coalición del Pacto Mundial a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@VictoriaLichet y a@PactEnvironment en Twitter.

• NACIONES UNIDAS: ‘Los temas pendientes del tratado vinculante sobre empresas y DDHH son políticos’

  CIVICUS conversa sobre el proceso para elaborar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos con Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos.

  ¿Por qué es tan importante contar con un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos?

  El proceso para desarrollar este tratado surge de la convicción de que se necesita un instrumento legalmente vinculante que regule las obligaciones de las empresas y, sobre todo, facilite el acceso a la justicia para las víctimas de sus abusos. El objetivo es incorporar protecciones a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.

  Un tratado internacional permitiría trascender las limitaciones jurisdiccionales de los Estados. El capital transnacional opera más allá de fronteras. Una enorme cantidad de empresas en la mayoría de los sectores opera con cadenas de suministro globales. Cuando en algún lugar de esas cadenas ocurren abusos es muy difícil para las víctimas acceder a la justicia, ya que no contamos con mecanismos de justicia que transciendan las fronteras. Las operaciones de las empresas son transnacionales, pero la justicia no.

  Desde ya que los países tienen que tomar medidas a nivel doméstico, fortalecer sus regulaciones, mejorar sus leyes y desarrollar política pública y planes de acción para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos. Y también las empresas deben adoptar compromisos para mejorar sus prácticas. El tratado que se está negociando formaría parte de un conjunto de medidas que son complementarias, no excluyentes.

  El proceso del tratado comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la creación de ungrupo intergubernamental de trabajo de composición abierta que recibió el mandato de negociar y acordar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

  ¿Qué rol está desempeñando el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos?

  ElGrupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos es un procedimiento especial de la ONU instituido porresolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011, con el mandato de promover, difundir y aplicar losPrincipios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Su mandato ha sido sucesivamente renovado en 2014, 2017 y 2020. Está integrado por cinco expertos y expertas independientes, en su mayoría académicos y con representación geográfica equilibrada. Yo formo parte del Grupo de Trabajo desde 2021. Los otros cuatro integrantes actuales son de Australia, Nigeria, Polonia y Tailandia. Tres de los cinco somos mujeres.

  Si bien no tenemos ninguna autoridad para tomar decisiones en cuanto al Tratado, el Grupo de Trabajo desempeña un rol importante. Participamos de casi todas las sesiones de negociación a través de mesas de debate y de discusión, y emitimos opiniones técnicas. Hemos hecho comentarios sobre el articulado y fomentamos la participación proactiva de los Estados de las distintas regiones del mundo.

  Una de las premisas de los Principios Rectores es el desarrollo de medidas que se puedan combinar con el fin de abordar los problemas que existen en el terreno de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Un instrumento legalmente vinculante es justamente una de esas medidas necesarias.

  El Grupo de Trabajo ha sido muy claro en dar un mensaje favorable al proceso de negociación del tratado.

  ¿Qué avances se han producido en la negociación del tratado?

  En laentrevista anterior que tuvimos en el año 2018, el proceso llevaba cuatro años. En ese momento estaba por comenzar en Ginebra la cuarta sesión de negociaciones sobre la base del ‘borrador cero’. Y yo aún no formaba parte del Grupo de Trabajo. Han pasado ya cuatro años más, y en la sesión de octubre de 2022, la octava, se discutió el tercer borrador, surgido previo a las negociaciones de 2021.

  La pandemia afectó los procesos de negociación, en parte porque se perdió el contacto cara a cara por mucho tiempo. Los representantes y delegados en Ginebra, por ejemplo, no pudieron reunirse en persona por más de un año, por lo que las posibilidades de intercambios se vieron muy limitadas. A su vez, la pandemia afectó la participación de la sociedad civil y demás sectores en estos debates. Los procesos se ralentizaron y por lo tanto se extendieron.

  Actualmente se sigue discutiendo el tercer borrador, y aparentemente Ecuador, que preside el Grupo de Trabajo intergubernamental, ha dicho que no va a traer otro borrador nuevo a la mesa, sino que se seguirán realizando cambios, modificaciones y adendas a este tercer borrador. Eventualmente, todos estos ajustes permitirán llegar a un borrador final.

  El borrador actual ha avanzado mucho en temas tales como la mención de grupos vulnerables, mujeres, infancias y pueblos indígenas. También se ha ido aclarando su alcance, que fue un tema muy duro en las negociaciones. En general, la sociedad civil tiene la postura de priorizar a las transnacionales, mientras que el borrador actual propone que todas las empresas estén bajo el paraguas del tratado. Esta última es la postura compartida por nuestro Grupo de Trabajo. Varios temas se han desatorado, aunque aún quedan muchas cosas por resolver.

  ¿Cuáles son los temas pendientes de resolución?

  Hay muchas discusiones que son más políticas que técnicas. Algunos Estados y el sector privado han manifestado que el texto es demasiado prescriptivo y rígido. La sociedad civil ha manifestado que quiere más clarificaciones y especificidades sobre algunos temas como la definición de las cortes donde se dirimirían los casos enmarcados en el tratado y la consideración de la perspectiva de las víctimas, ya que la carga de la prueba sigue siendo un tema polémico. En este punto el Grupo de Trabajo ha sido muy claro: los Estados tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia y eliminar las barreras y obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

  Si bien la Unión Europea (UE) y Estados Unidos participan de este proceso, les falta convencimiento sobre el rumbo del texto. La UE tiene una participación muy activa, pero observo posturas divergentes entre sus Estados miembros. Muchos países, como Francia, lo apoyan, pero la UE en conjunto tiene reservas.

  Uno de los grandes triunfos que vivió el proceso en sus inicios fue que China no lo bloqueó, sino que se abstuvo. Lo mismo ocurrió con India. Esto ocurrió, en parte, porque se suponía que el tratado sería sobre empresas transnacionales. A China no le ha gustado la ampliación del alcance del tratado a todas las empresas, y últimamente ha tenido una postura bastante cerrada.

  Los Estados africanos han participado muy poco en las últimas dos rondas de negociación. Creemos que Sudáfrica, que fue co-líder con Ecuador cuando se negoció la resolución que inició el proceso, tampoco se encuentra satisfecha con la ampliación del enfoque más allá de las empresas transnacionales. Incluso, Ecuador convocó recientemente a la formación de un grupo de “amigos de la presidencia” y África es la única región sin miembros participantes.

  América Latina está participando bastante proactivamente, si bien la región ha experimentado muchos cambios políticos, incluyendo en el propio Ecuador, que posiblemente influyan sobre las posturas en las negociaciones.

  En suma, hay discusiones técnicas sobre los artículos, pero la mayoría de los temas pendientes son discusiones sobre todo políticas. Por esta razón, creo que el proceso llevará varios años más.

  ¿Piensas que la versión final del tratado satisfará las expectativas de la sociedad civil?

  Mi deseo es que no nos quedemos con un tratado que enuncie buenas intenciones sin colocar reglas claras. Como ocurre en todas las negociaciones de esta naturaleza, seguramente algunos de los temas que reclama la sociedad civil queden pendientes. Hay muchísimas cosas para acomodar: las perspectivas de los Estados, las expectativas de las empresas y del sector privado en general, y los reclamos de la sociedad civil y de todas las personas titulares de derechos.

  Yo esperaría un texto bastante bueno, que de alguna manera refleje el carácter del proceso, que contó con una sociedad civil y movimientos sociales muy fuertes. Desde mi perspectiva, el proceso se ha sostenido, además de por compromiso de los Estados para negociar, por el impulso de la sociedad civil y el diálogo entre todos los actores.

  Mi expectativa es intermedia. Con cierta cautela en cuanto al alcance del articulado, pienso que el tratado contendrá algunos elementos que satisfagan a la sociedad civil, particularmente a las víctimas.

  ¿Qué trabajo habrá que hacer una vez que el tratado sea aprobado?

  Para empezar, creo que falta mucho para que este tratado se apruebe. Puede que esto todavía lleve varios años más. Hay un largo camino por recorrer en las negociaciones y en lo que respecta al contenido del texto.

  Una vez que el tratado se apruebe, se deberá impulsar su ratificación. Recordemos que los tratados internacionales solo entran en vigor cuando una cierta cantidad de Estados los ratifican, y que solo quedan obligados por ellos los Estados que los ratifican. Aquí es donde yo veo un enorme desafío. Ojalá que una vez que lleguemos a buen puerto, con un texto bueno y abarcativo, el proceso de ratificarlo no sea tan lento y pausado.

  Para esto necesitaremos una sociedad civil fuerte que empuje a los Estados a ratificar el tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. Nuevamente esperaría que este proceso fuese largo y arduo, ya que el tema de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial es bastante espinoso, puesto que hay muchos intereses de por medio. Lo que se viene será un gran desafío para todos los actores involucrados.

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• NACIONES UNIDAS: “Conseguir un sólido tratado mundial sobre los océanos sería nada menos que histórico”

  CIVICUS conversa con Ellie Hooper, de Greenpeace Aotearoa, sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para elaborar un Tratado de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Greenpeace es una red mundial de activismo ambiental que incluye 26 organizaciones nacionales y regionales independientes en más de 55 países de todos los continentes, así como un organismo de coordinación, Greenpeace Internacional, con sede en Ámsterdam, Países Bajos. Greenpeace utiliza la protesta pacífica y la comunicación creativa para poner en evidencia los problemas ambientales globales y promover soluciones para crear un futuro verde y pacífico.

  ¿Por qué es importante tener un tratado sobre los océanos?

  Un tratado mundial sólido sobre los océanos podría revolucionar la forma en que los océanos son gestionados, poniendo fin a una gobernanza fragmentaria que no ha logrado proteger adecuadamente nuestro planeta azul.

  Bien hecho, uno de los principales logros del tratado sobre los océanos sería la creación de zonas marinas protegidas en alta mar. Dentro de estas zonas estarían prohibidas actividades humanas destructivas como la pesca industrial y la minería. En la actualidad no existe ningún mecanismo legal para crear zonas totalmente protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que se ha convertido en un verdadero problema. El océano enfrenta numerosas amenazas y para protegerlo necesitamos adoptar una visión holística que aborde múltiples factores de riesgo.

  Conseguir un tratado sólido sería nada menos que histórico. Los científicos nos dicen que para evitar los peores impactos de la crisis climática y de biodiversidad al menos la tercera parte de los océanos del mundo deberían estar protegidos hacia 2030. Un tratado fuerte nos daría el mecanismo para hacerlo. El océano es un enorme sumidero de carbono y hasta este momento ha absorbido gran parte del calentamiento global. También alberga una biodiversidad asombrosa, produce el oxígeno que respiramos, estabiliza el clima y es fuente de alimento para millones de personas en todo el mundo.

  En suma, mantener al océano sano es vital para nuestra supervivencia y para el funcionamiento de nuestro planeta. Pero cada vez más investigaciones demuestran que está decayendo. Para revertir esta situación tenemos que dar un paso adelante y protegerlo reduciendo las múltiples presiones que padece.

  La ciencia demuestra que las áreas marinas totalmente protegidas son una de las mejores herramientas que tenemos para ayudar al océano a recuperarse y prosperar. Cuando se establecen en las zonas correctas –es decir, en lugares reconocidos por su alta biodiversidad, sus rutas migratorias o sus ecosistemas únicos– la salud del océano mejora y la vida marina florece. Esto tiene efectos positivos en todas las dimensiones, desde el número de criaturas que habitan el mar hasta la capacidad del océano para absorber carbono.

  ¿Por qué el proceso del tratado está llevando tanto tiempo?

  Se trata de un esfuerzo de conservación enormemente ambicioso. Conseguir que un tratado sea aprobado implica que los países de todo el mundo se pongan de acuerdo con sus términos, lo cual no es una tarea fácil.

  Aunque es decepcionante que los representantes de los Estados no hayan logrado cerrar el tratado en la última ronda de negociaciones celebrada en agosto, esto no significa que el acuerdo no vaya a producirse. En la última reunión se avanzó mucho, y los países mostraron más flexibilidad y comprensión de la urgencia. Se les acabó el tiempo, pero no perdemos la esperanza de que este acuerdo histórico esté a la vuelta de la esquina. Lo que hay que hacer ahora es lograr que los Estados se reúnan sin demora y resuelvan sus últimos desacuerdos.

  ¿Cómo han trabajado por el tratado la sociedad civil en general, y Greenpeace en particular?

  La sociedad civil ha ejercido gran presión a favor de este tratado, y muchas organizaciones de todo el mundo han presionado para que se materialice en su mejor versión.

  Greenpeace ha participado activamente en el proceso del tratado desde sus comienzos. Envía una delegación a cada ronda de negociaciones y ha llevado a cabo una campaña mundial de concientización sobre las amenazas que enfrenta el océano y sobre cómo un tratado podría contrarrestarlas. Hemos adoptado un enfoque doble, cultivando una opinión pública favorable al acuerdo al tiempo que seguimos trabajando entre bambalinas, hablando con ministros y otros funcionarios públicos en todas las regiones donde estamos activos.

  Logramos que millones de personas de todo el mundo se unieran a la campaña por un tratado fuerte. Lo han hecho de diversas maneras, desde la firma de peticiones, el envío de cartas y la grabación de mensajes de video hasta la participación en movilizaciones. Mucha gente de todo el mundo está involucrada en el tema y su compromiso ha sido fundamental para llegar hasta aquí.

  Para nosotros en Greenpeace Aotearoa, ha sido inspirador ver la cantidad de personas que están dispuestas a defender la protección de los océanos, y sabemos que sus voces han sido escuchadas. Sus repetidos llamamientos al liderazgo neozelandés para que diera su apoyo a un tratado fuerte llevaron a Nueva Zelanda a sostener una posición mucho más progresista en las negociaciones. Esa es la clase de poder que tiene la gente cuando actúa colectivamente. Cuando trabajamos juntos, podemos lograr auténticos cambios.

  También nos hemos reunido regularmente con la delegación neozelandesa en las negociaciones del tratado, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, y nos comunicamos constantemente con ellos sobre cómo debe ser el tratado para proteger al océano para las generaciones futuras.

  ¿Qué pueden hacer las organizaciones y activistas de la sociedad civil para que el tratado sea aprobado?

  Las negociaciones del tratado deben reanudarse urgentemente. En la última ronda se acabó el tiempo para acordar todos sus términos, pero ya casi se ha logrado. Así que depende de los y las activistas y organizaciones de la sociedad civil seguir presionando a los líderes mundiales para que den prioridad a la reanudación de las negociaciones y la consecución del tratado. No queremos que quede relegado al último lugar de la agenda: es demasiado importante para ello.

  En términos más prácticos, es clave seguir llamando la atención sobre la necesidad de este tratado. Puedes hacerlo compartiendo contenidos en internet, firmando petitorios o escribiéndole al ministro de Asuntos Exteriores de tu país para destacar lo importante que es conseguir este tratado. Ninguno de nosotros puede sobrevivir sin un océano sano, por lo que todos tenemos que contribuir a protegerlo.

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  Póngase en contacto con Greenpeace Aotearoa a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@GreenpeaceNZ y @EleanorRowena en Twitter.

• NACIONES UNIDAS: “El poder de los grupos antiderechos va en aumento; nos esperan tiempos difíciles”

  CIVICUS conversa con Tamara Adrián, fundadora y directora de DIVERLEX-Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, acerca de la exitosa campaña de la sociedad civil por la renovación del mandato de la persona experta independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre orientación sexual e identidad de género.

  Tamara Adrián es abogada y profesora universitaria, y la primera mujer trans que fue electa a un parlamento nacional en América Latina.

  DIVERLEX es una organización de la sociedad civil venezolana dedicada a la investigación, la formación, la incidencia y el litigio estratégico en materia de diversidad sexual. A causa de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, casi todos sus dirigentes se encuentran actualmente fuera de Venezuela, donde siguen trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTQI+ en el exilio.

  

  ¿Por qué es tan importante el mandato del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género?

  Esta es una figura sumamente importante. El arma preferida de todas las intolerancias es la invisibilización de ciertos grupos y de las violaciones de sus derechos. Esta ha sido la constante en relación con las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías raciales y las minorías religiosas. Mientras los intolerantes puedan decir que el problema no existe, su sistema de poder permanece activo y las cosas no cambian. En el sistema universal de derechos humanos, la visibilidad de lo que los intolerantes quieren mantener invisible se logra mediante el trabajo de personas expertas y relatores independientes.

  El primer Experto Independiente, Vitit Muntarbhorn, estuvo en el cargo por un par de años y produjo un informe sobre la violencia por causa de la orientación sexual o la identidad de género, que compartió con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Inició el proceso de visibilizar las injusticias, inequidades y violencias contra las personas LGBTQI+ a nivel global.

  Los tres informes del actual experto independiente, Víctor Madrigal-Borloz, pusieron el dedo en la llaga de muchos países que incumplen en su deber de protección de todos sus ciudadanos y ciudadanas. La propia oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos puso énfasis en el deber positivo de los Estados de asegurar los mismos derechos a todas las personas.

  Entendemos que aún falta mucho y que los informes –del Experto Independiente, el Alto Comisionado y organismos regionales como la Organización de Estados Americanos – son importantes para este proceso.

  Tan importantes son, que este trabajo generó una fuerte reacción por parte de grupos fundamentalistas que se reorganizaron bajo el formato de “organizaciones no gubernamentales” que buscaron obtener estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para poder interferir en sus procesos.

  ¿Cómo operan estos grupos dentro de las Naciones Unidas?

  Los grupos antiderechos han ido cambiando de estrategia. Más que como organizaciones religiosas, han buscado presentarse como defensoras de la libertad religiosa y, sobre todo, de la libertad de expresión. Han impulsado estrategias de unión en el ámbito religioso, reuniendo a fundamentalistas católicos y a representantes de la Santa Sede con fundamentalistas neo-evangélicos y con los grupos musulmanes más retrógrados.

  También han refinado sus argumentos. En primer lugar, sostienen que el concepto de orientación sexual e identidad de género es un concepto occidental y no universal, por lo que no puede ser protegido por la ONU. En segundo lugar, que no hay ningún tratado ni instrumento internacional que proteja contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En tercer lugar, que los países con valores tradicionales deben poder mantener leyes discriminatorias o criminalizar las relaciones de personas del mismo sexo o las identidades de género diversas.

  En la argumentación de los países que se opusieron a la renovación del mandato del experto independiente o propusieron modificaciones estuvieron implícitos estos tres argumentos, junto con un cuarto: que ningún país puede proteger a criminales, y que la determinación de lo que es un acto criminal queda sujeta al derecho penal de cada país y no es susceptible de verificación ante el sistema internacional de derechos humanos.

  Históricamente este tema se ha resuelto a partir del reconocimiento de que todo el mundo tiene derecho a una creencia, pero nadie puede imponer la suya ni negarles a otras personas sus derechos sobre la base de su fe. Los fundamentalistas pretenden que esta situación se revierta para que los creyentes puedan discriminar y negar derechos a otras personas.

  ¿Ha aumentado en los últimos años el poder de los grupos antiderechos?

  El poder de los grupos antiderechos va en aumento, lo cual posiblemente esté vinculado con la regresión que está ocurriendo en los Estados Unidos. Efectivamente, en la votación para la renovación del mandato hemos visto delineados dos grupos de países que han opuesto resistencia: por un lado, países que nunca han avanzado en el reconocimiento de derechos y en los cuales hay mucha resistencia al cambio, y por el otro, países que están retrocediendo, como los Estados Unidos.

  En Estados Unidos desde hace por lo menos una década se han estrechado los vínculos entre el supremacismo blanco, los grupos neo-pentecostales y los sectores más radicales del Partido Republicano. Los grupos antiderechos han ido ocupando espacios en los tribunales, desde lo más bajo hasta la Corte Suprema, así como en las gobernaciones y las legislaturas estatales, lo que ha resultado en cada vez más sentencias, leyes y políticas anti-trans, anti-educación sexual y a favor de la libertad religiosa. Muy abiertamente han expuesto sus planes para revertir el derecho al aborto, combatir el concepto de género, y rechazar la educación sexual y reproductiva y el derecho a la anticoncepción, e incluso los derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario y las protecciones contra la discriminación racial.

  Estados Unidos también tuvo un rol clave en el financiamiento internacional del movimiento antiderechos y en el desarrollo de nuevas iglesias neo-pentecostales alrededor del mundo, y sobre todo en África y América Latina. También ha influido sobre la formación de un fenómeno al que no se le ha prestado suficiente atención: el movimiento de las feministas biologicistas, que niega el concepto de género, con los mismos argumentos que las iglesias más conservadoras.

  Esta comunidad de argumentación es altamente sospechosa, y tanto más cuando se observan las corrientes de financiamiento procedentes de Estados Unidos que alimentan a grupos feministas biologicistas en Brasil, Centroamérica, España, el Reino Unido o República Dominicana. El blanco de estos grupos ya no son las personas LGBTQI+ en general, sino específicamente las personas trans. Al sostener el carácter biológico y natural de las diferencias buscan destruir toda la estructura de protección basada en el género.

  Honestamente creo que es un plan muy bien pensado. Entiendo que imitaron la estrategia que nosotros adoptamos inicialmente para visibilizar nuestra lucha. Sin embargo, ellos tienen la ventaja de haber ocupado el poder. El número de países que han firmado una resolución “pro-vida” en la ONU y que se han declarado “países pro-vida” demuestra que su objetivo ya no es oponerse solamente a los derechos de las personas LGBTQI+ sino a todo derecho basado en el concepto de género.

  ¿Cómo se organizó la campaña por la renovación del mandato del Experto Independiente?

  Las organizaciones que incidimos para que se renovara el mandato hemos actuado juntas desde la campaña para la designación del primer Experto Independiente. Cada vez, el proceso se inicia mucho tiempo antes de la designación. En este caso, lo iniciamos hace unos tres años: prácticamente al año siguiente de la renovación del mandato ya estábamos trabajando para crear el grupo madre para trabajar por una nueva renovación.

  Para las organizaciones de América Latina, una limitante recurrente es el desconocimiento del idioma inglés, que restringe la capacidad del activismo para internacionalizar sus luchas. Para superar este problema, nuestro grupo madre está conformado tanto por activistas que hablan castellano como por activistas que hablan inglés. Esto fue muy importante porque la coalición estuvo formada principalmente por grupos latinoamericanos.

  Fue un proceso muy difícil, y si bien la votación eventualmente resultó favorable, a lo largo de meses los resultados de las sesiones no generaban demasiada confianza. Observamos resistencias crecientes por parte de países con posiciones fundamentalistas, cada día más aferrados a la idea de revertir derechos.

  ¿Cuáles son los próximos pasos tras la renovación del mandato?

  Creo que no debemos relajarnos. Nos esperan tiempos difíciles. Es probable que muchos derechos que considerábamos ganados sean revertidos en los Estados Unidos, incluso los vinculados con la igualdad racial. Ya no se trata ni siquiera de regresar a una visión propia del siglo XX, sino a una correspondiente al siglo XVI o XVII.

  Esto tendrá un fuerte impacto a nivel global, sobre todo en los países que poseen instituciones menos desarrolladas. Probablemente los países con una institucionalidad más fuerte podrán resistir mejor los embates para revertir derechos sexuales y reproductivos. 

  Como pasos a seguir pongo el énfasis en la organización. En muchos lugares la gente me dice “tranquila, eso jamás pasará aquí”, pero insisto, no podemos relajarnos. Debemos enfocarnos en la formación de coaliciones y organizar alianzas más fuertes que permitan detener el avance de los grupos neoconservadores y disputarles espacios de poder.

  Contáctese con Tamara Adrián a través de supágina web o su perfil deFacebook y siga a@TamaraAdrian en Twitter.

• NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil ha sido excluida de las negociaciones del tratado global de los océanos”

  CIVICUS conversa con John Paul Jose sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para un tratado de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de la biodiversidad en alta mar. John es un activista medioambiental y climático de la India que actualmente es uno de los jóvenes embajadores de la Alianza por la Alta Mar (High Seas Alliance, HSA) y miembro del Consejo Asesor de Políticas Juveniles de la Alianza para los Océanos Sostenibles. La HSA es una red que incluye a más de 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su objetivo es crear una voz común y fuerte para la conservación de los océanos.

  ¿Cuál es la importancia del tratado propuesto?

  El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, el 64% de los cuales son de alta mar. El océano regula el clima global y mantiene la vida en el planeta. Retiene gran parte de las emisiones de carbono históricas y acumulativas: el fitoplancton, los bosques marinos y las ballenas, en particular, desempeñan un papel importante en la retención del carbono en el océano. Sin embargo, el océano ha sido sistemáticamente ignorado en los esfuerzos para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que se han centrado casi exclusivamente en la tierra.

  Dado que es un bien común global, la alta mar está regida en gran medida por la Organización Marítima Internacional, un organismo de la ONU creado en 1948 para regular la navegación, y por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de 1982, y su organismo intergubernamental autónomo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada en 1994.

  Pero la alta mar está experimentando amenazas sin precedentes que no estaban previstas cuando se alcanzaron esos acuerdos, tales como la acumulación de plásticos, residuos químicos e industriales, la acidificación, la minería de aguas profundas, la pesca de arrastre de fondo y, por último pero no por ello menos importante, los impactos generales del cambio climático. El aumento de las temperaturas y la sobreexplotación de hábitats y especies marinas aumentan el peligro de colapso de los océanos.

  Por eso es urgente elaborar un tratado mundial sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales: un Tratado de Alta Mar. Esto proporcionaría la base legal para la conservación de los ecosistemas marinos y la protección contra la extinción de innumerables especies aún por descubrir. En la actualidad apenas está protegido el 1% de la alta mar, y el tratado pretende llegar al 30% para 2030.

  Esto sería el equivalente del Acuerdo de París para los océanos. Mediante la conservación marina y el uso sostenible de los recursos marinos, podrá preservar el ciclo del carbono. Al crear zonas marinas protegidas, contribuirá a la restauración de los hábitats marinos y a la reposición de los recursos marinos de los cuales muchas comunidades de todo el mundo dependen para su subsistencia. Además, contribuirá a la resiliencia climática global. Una vez que entre en vigor, muchas prácticas perjudiciales para el océano dejarán de existir dentro de las zonas protegidas.

  ¿Por qué se está demorando tanto el proceso del tratado?

  Han pasado 15 años desde que comenzaron las negociaciones, pero en muchos aspectos del tratado ha faltado cooperación. Las diferencias tendrían que resolverse en el período entre sesiones, y debería finalizarse pronto un tratado que incluya todos los aspectos en los que se ha llegado a acuerdos, dejando espacio para futuras enmiendas a medida que se vayan resolviendo las diferencias en torno de los elementos más controvertidos. Y las conferencias intergubernamentales deberían celebrarse con más frecuencia.

  Un elemento que se está debatiendo es la distribución equitativa entre los Estados de los recursos genéticos marinos, que son esenciales para las industrias farmacéutica, cosmética, agrícola y otras. El actual énfasis en el reparto de beneficios es una ilusión, ya que no sabemos lo suficiente sobre dichos beneficios, pues gran parte del océano permanece inexplorada. Pero es un dato de la realidad que diez países acaparan el 71% de la pesca mundial y el 98% de las patentes de códigos genéticos de vida marina en alta mar. La avaricia y la falta de voluntad de esos pocos países para compartir los beneficios y su tecnología y conocimientos sobre el mar, y la evidente preocupación que esto genera entre los países menos poderosos, son algunas de las grandes razones del estancamiento.

  También está estancada la definición de los criterios para las evaluaciones de impacto ambiental y la implementación de áreas marinas protegidas. Lo que está en juego son los intereses de las industrias mineras de aguas profundas y de pesca industrial.

  Sin embargo, el proceso del tratado ha tenido mucho éxito en convocar al debate y abrir negociaciones. Por el momento, más de 100 Estados se muestran fuertemente comprometidos con el tratado en su forma actual y algunos, como Costa Rica, están dando ejemplo avanzando a nivel regional, abriendo así nuevas vías para la conservación.

  Es probable que el tratado se finalice en la próxima sesión, por lo que habría que hacer más esfuerzos para financiar a las delegaciones de países del sur global para que se expresen con una voz más fuerte y aporten más equilibrio a las negociaciones.

  ¿Cómo han abogado por el tratado la sociedad civil en general, y la HSA en particular?

  Desde su creación, la HSA ha abogado por la protección de por lo menos el 50% de los océanos, involucrando a tomadores de decisiones, expertos y actores de la sociedad civil. Ahora estamos enfocados en sostener el impulso de las conferencias intergubernamentales, ya que estamos ante una oportunidad única para conseguir un tratado legalmente vinculante que proteja el planeta cambiando la forma de gobernar la alta mar. Este proceso ha creado mucha conciencia sobre la importancia de la alta mar, por lo que gobiernos que antes no estaban familiarizados con el tema ahora apoyan un tratado sólido.

  Dicho esto, es importante subrayar que solamente los Estados pueden ser partes del tratado, por lo que las voces no estatales no tienen cabida en las negociaciones. Las negociaciones del tratado son en gran medida un debate a puertas cerradas que excluye a la sociedad civil y a la comunidad de expertos. Muchos de nosotros ni siquiera podemos presenciar las negociaciones en directo. y sólo accedemos a los documentos una vez que se han cerrado las discusiones.

  También existen claras desigualdades entre Estados. Muchos Estados con recursos limitados traen delegaciones muy pequeñas y carecen de los conocimientos necesarios para participar de forma productiva en los debates. Sería muy importante para todas las partes involucradas que la sociedad civil pudiera aportar su experiencia al proceso.

  ¿Qué pueden hacer la sociedad civil y el activismo ambiental para lograr la adopción del tratado?

  Hay límites claros a lo que podemos hacer para acelerar la adopción del tratado. Creemos que es crucial contar con un tratado lo antes posible, y es mejor tener uno incompleto que no tener ninguno. Por ello, los Estados deben avanzar en todos los temas en los que se ha llegado a acuerdos y diseñar un proceso de enmiendas para integrar otros temas y preocupaciones de las partes interesadas en el futuro.

  Las OSC y el activismo pueden contribuir al proceso trayendo a la mesa diversas perspectivas. Dado que las negociaciones actuales son debates cerrados entre Estados, a los que no acceden la sociedad civil, los científicos y el sector privado, sólo podemos hacerlo mediante una labor de incidencia con Estados receptivos que sí están sentados a la mesa.

  También podemos hacer campaña para aumentar la presión sobre el proceso, introduciendo los temas que aborda el tratado en la agenda del movimiento global por el clima y generando participación ciudadana. Recursos como el Treaty Tracker de la HSA brindan información útil sobre el tratado y las negociaciones. Esta información debe llegar a todo el mundo y empoderar a la gente para que exija a los líderes mundiales que finalicen el tratado, y para que pidan a sus propios gobiernos que los escuchen en el proceso de formación de política ambiental.

  Un tratado proporcionaría una base legal para la acción, pero incluso en su ausencia, Estados, comunidades y empresas pueden actuar para proteger la alta mar. Muchos países ya tienen áreas marinas protegidas dentro de sus jurisdicciones nacionales, y mediante procesos de participación pública pueden establecer más. La sociedad civil debe participar en estos procesos, pero no debe estar limitada por las fronteras nacionales. Ya es hora de que traspasemos las fronteras y aboguemos también por los bienes comunes globales.

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  Póngase en contacto con la Alianza por la Alta Mar a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@HighSeasAllianc y a@johnpauljos en Twitter.

  cambio climático

• NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil siempre ha sido parte integral del ecosistema de la ONU”

  CIVICUS conversa con Natalie Samarasinghe, directora ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido (UNA-UK), sobre el reciente informe del Secretario General de la ONU “Nuestra Agenda Común” y la necesidad de incluir las voces de la sociedad civil en la ONU.

  UNA-UK es un movimiento de base nacional de más de 20.000 miembros y constituye la principal fuente de información y análisis independiente sobre la ONU en el Reino Unido y se dedica a fomentar el apoyo a la ONU entre los tomadores de decisiones, los formadores de opinión y la ciudadanía.

  

  ¿Cuáles son los objetivos de “Nuestra Agenda Común” y cuáles son sus principales recomendaciones?

  “Nuestra Agenda Común” es un informe publicado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021. Aunque “La ONU publica un informe” no sea un titular demasiado impactante, éste se distingue por dos razones.

  En primer lugar, por la forma en que fue elaborado. Fue encargado en virtud de la declaración de la Asamblea General con motivo del 75º aniversario de la ONU, que encomendó al Secretario General la elaboración de recomendaciones para responder a los desafíos actuales y futuros. El informe se basa en los comentarios aportados por 1,5 millones de personas y 60.000 organizaciones que participaron en la conversación global UN75, así como en los aportes generados a través de una innovadora consulta digital que permitió a las partes interesadas de diversos sectores intercambiar ideas.

  En segundo lugar, por su tono visionario. El informe parece el manifiesto de un secretario general en su segundo mandato. Puesto que le tocó hacer frente a grandes desafíos, desde parásitos nacionales hasta un virus global, Guterres pasó sus primeros cinco años en el cargo luchando contra múltiples crisis e implementando reformas sensatas, aunque tecnocráticas. Acaba de ser reelegido para un segundo mandato, y este informe indica que ahora va en serio: tiene grandes ideas y quiere llevarlas a cabo. Esto refuerza aún más los argumentos a favor de dar a los secretarios generales un solo mandato más largo.

  Salpicado de datos y cifras, el informe presenta un análisis sombrío del estado del mundo, y un pronóstico aún más sombrío. Al mismo tiempo, presenta un escenario alternativo esperanzador basado en la acción colectiva, algo así como una versión existencial de un libro de los de “elige tu propia aventura”.

  En él se plantean cuatro cambios fundamentales: un contrato social renovado basado en los derechos humanos; acción urgente para proteger los bienes comunes globales y proporcionar bienes públicos a nivel global; mayor solidaridad con la juventud y las generaciones futuras; y una ONU en versión mejorada, más inclusiva, interconectada e impulsada por evidencia empírica.

  Para cada cambio hay una serie de propuestas. Algunas son concretas, tales como la de un plan de vacunación mundial contra el COVID-19 y reuniones bienales para el G20 y las instituciones internacionales. Otras son más abiertas: una plataforma de emergencia para responder a futuras crisis, por ejemplo, y planes para transformar la educación. Algunas -como la de darle una nueva misión el Consejo de Administración Fiduciaria para que haga las veces de guardián de las generaciones futuras- se basan en ideas antiguas. Otras, como la de un pacto digital global, llevarían a la ONU a un terreno nuevo. Y otras buscan poner en práctica los cambios propuestos: tales son los casos de la Cumbre del Futuro que se celebrará en 2023 y la Cumbre Social Mundial que tendrá lugar en 2025.

  ¿Cuáles son los aspectos positivos del informe desde la perspectiva de la sociedad civil y de la participación ciudadana en la ONU?

  Uno de los aspectos más interesantes del informe es que recalibra el papel de la ONU en la escena global. Podría decirse que la mayor transformación que ha tenido lugar desde la fundación de la ONU en 1945 es la explosión de actores a nivel local, nacional e internacional. Fue refrescante ver a Guterres combinar ambición respecto del rol de la ONU con humildad sobre lo que puede lograr, y establecer claramente que el éxito dependerá de la acción de y el trabajo conjunto con otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

  El informe señala que desde un principio las OSC han sido parte integral del ecosistema de la ONU. Sitúa a las OSC como elemento central de un nuevo contrato social, vinculándolas a la creación de confianza y cohesión, así como a la prestación de servicios en una serie de áreas, desde el desarrollo sostenible a la acción climática, la gobernanza digital y la visión estratégica. También aboga por que las instituciones, incluida la ONU, escuchen mejor a la gente, adopten enfoques participativos y reduzcan la complejidad para que sus procesos y resultados sean más fáciles de entender.

  Guterres recomienda que los gobiernos lleven a cabo consultas para que la ciudadanía pueda opinar sobre el futuro de sus países. Urge a los Estados a considerar las sugerencias presentadas para ampliar la participación en todos los órganos intergubernamentales. Además, anuncia dos cambios en el Secretariado de la ONU: una Oficina de la Juventud y el establecimiento de puntos focales para la sociedad civil en todas las entidades de la ONU, con el fin de crear espacios de participación a nivel de país, a nivel global, y dentro de los procesos de la ONU.

  ¿Qué falta o habría que reforzar en el informe?

  En algunas secciones el informe es notablemente directo. Al pedir un nuevo contrato social, por ejemplo, Guterres entrelaza una serie de cuestiones políticamente sensibles, como los derechos humanos, la fiscalidad y la justicia. Hace bien en situar estas cuestiones como esencialmente nacionales, pero la definición de un camino a seguir será difícil: el énfasis en el rol de la ONU en cuestiones “internas” sin duda irritará a los gobiernos, mientras que las OSC podrían temer que implique una regresión hacia el establecimiento de normas y la provisión de asistencia técnica.

  En otros momentos, Guterres no se anda con rodeos. Puede que esto sea acertado en áreas controvertidas como la paz y la seguridad, donde el informe establece propuestas modestas que, en su mayor parte, ya están en marcha. A UNA-UK y a nuestras organizaciones de la sociedad civil aliadas les habría gustado un mayor hincapié en el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y en el freno al desarrollo de armas letales autónomas.

  En cuanto al clima, el tema estelar de Guterres, el informe podría haber avanzado más y enmarcado la “triple crisis” de la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad como una emergencia interrelacionada cuyo núcleo son los derechos humanos. También podría haber sensibilizado a los tomadores de decisiones con una serie de medidas más audaces. Y tras una excelente destilación de los desafíos, quienes están en busca de nuevos enfoques en materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género también se quedan con las ganas.

  Para muchos de nosotros, sin embargo, el tema más decepcionante fue la inclusión de la sociedad civil. El lenguaje de Guterres es positivo, pero menos enfático que en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, y aporta pocos detalles más allá de unas cuantas palabras bonitas.

  Durante las consultas con las partes interesadas, las OSC de todas las regiones pidieron un representante de alto nivel de la sociedad civil en la ONU para ayudar a aumentar y diversificar la participación y dar asesoramiento en materia de acceso a todos los espacios, desde la sede de la ONU hasta las COP sobre el clima. Esta fue la única propuesta concreta que atrajo un amplio apoyo y, aunque el informe se compromete a explorarla más a fondo, resultó bastante desconcertante que Guterres no avanzara e hiciera esta designación, que está en sus manos hacer.

  Por supuesto, tener puntos focales distribuidos en todo el sistema es importante. Muchas entidades de la ONU ya los tienen. Pero por nuestra experiencia en materia de género y de derechos humanos sabemos que la transversalidad (mainstreaming) no es suficiente. Esta es, sin duda, parte la justificación subyacente a la creación de una Oficina de la Juventud. El mismo argumento debería aplicarse también a la sociedad civil.

  ¿Qué habría que hacer para mejorar la participación en la ONU?

  A corto plazo, la propuesta de establecer puntos focales en todo el sistema debería implementarse rápidamente y en consulta con la sociedad civil. Debería establecerse un calendario y un proceso para cartografiar y monitorear la participación, como se prevé en el informe. Un representante de alto nivel sería el actor ideal para hacer ambas cosas, por lo que es de esperar que se establezca este puesto.

  A mediano plazo serían útiles otros cambios, tales como una estrategia amplia en materia de espacio cívico dentro y fuera de la ONU; una plataforma en línea sencilla para efectivizar la participación, que podría incluir un mecanismo de petición ciudadana; un fondo voluntario para apoyar la participación, así como herramientas como los bonos de impacto social para financiar la actividad de las OSC a nivel de país; y un nuevo marco de partenariado para mejorar la capacidad de colaboración, incluso a nivel de país, simplificar la participación y permitir el escrutinio.

  Más a largo plazo, las Naciones Unidas deberían avanzar hacia un modelo de partenariado, poniendo en marcha una campaña global de desarrollo de capacidades para transferir varias de sus funciones a las OSC y a otras entidades mejor preparadas para actuar en el terreno. Esto permitiría a la organización concentrarse en otras tareas para las que está especialmente bien equipada. De hecho, el informe ya parece ir en esta dirección al enfatizar el rol de la ONU en tanto que foro convocante y proveedora de datos precisos, análisis y pronósticos.

  ¿Qué puede hacer la sociedad civil para impulsar el cambio y cómo puede la ONU apoyar mejor a la sociedad civil? 

  La ONU ya depende de la sociedad civil en todos los aspectos de su trabajo. Somos fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para hacer frente a la emergencia climática. Proporcionamos una ayuda fundamental en las crisis humanitarias, a veces en tanto que únicos actores con acceso a las comunidades marginadas y con el beneficio de su confianza. Defendemos a las personas ignoradas y maltratadas. Somos socios fundamentales de la ONU, al tiempo que actuamos como su conciencia, instándola a ser más audaz y ambiciosa y a actuar sin miedos ni favoritismos. Y todo esto lo hacemos en el marco de crecientes ataques.

  Las OSC pueden presionar de muchas maneras para que se avance en “Nuestra Agenda Común”, desde la incidencia ante los Estados para que le den al Secretario General el mandato que necesita para avanzar, hasta la concretización de las numerosas propuestas del informe y su implementación en comunidades, capitales y foros de la ONU.

  Podemos hacer esto desde los márgenes: tenemos mucha experiencia en hacer oír nuestras voces pese a la reducción del espacio cívico. Pero seremos mucho más eficaces si se nos reconoce un rol formal en procesos específicos, tales como los preparativos de la Cumbre del Futuro, así como en el trabajo de la ONU más en general; y si sabemos que podemos contar con el apoyo del funcionariado de la ONU. El nombramiento de un representante de la sociedad civil sería un buen comienzo.

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• NICARAGUA: “El caso de María Esperanza es parte de un proceso creciente de criminalización de la protesta social”

  CIVICUS conversa con Ana Lucía Álvarez, responsable para Nicaragua de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), acerca del caso de María Esperanza Sánchez, injustamente encarcelada en Nicaragua desde marzo de 2020, y acerca de la campaña en curso para obtener su liberación.

  IM-Defensoras es una red de activistas y organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que busca dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Fundada en 2010, busca fortalecer y vincular a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales para fortalecer redes de protección y solidaridad entre ellas y aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de su trabajo por los derechos humanos.

  

  ¿Desde cuándo está María Esperanza en la cárcel, y por qué?

  María Esperanza fue capturada el 26 de enero de 2020. Ella es una activista que estuvo acompañando durante mucho tiempo a familiares de personas presas políticas, y tengo entendido que inició su activismo y su organización a partir del levantamiento ciudadano de abril del 2018. Ella ya era perseguida por lo que estaba en una casa de seguridad. La policía allanó ilegal y arbitrariamente la vivienda, sin orden de allanamiento, y se la llevó. La acusaron de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública. Su caso lo está llevando el abogado Julio Montenegro, dedicado a litigar en casos de criminalización de la protesta y judicialización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. 

  ¿Consideras que el caso de María Esperanza es parte de un ataque más amplio contra el espacio cívico en Nicaragua?

  Definitivamente, hay un proceso creciente de criminalización de la protesta social en Nicaragua. El primer auge de esa criminalización se dio luego de la Operación Limpieza, que terminó aproximadamente en agosto de 2018. Fue una operación pseudo militar realizada por fuerzas policiales y parapoliciales, para desmantelar toda organización de resguardo y protección territorial que la población había levantado a través de barricadas en los barrios y tranques en las calles de todo el país. 

  Terminada la Operación Limpieza, comenzó la criminalización de quienes habían participado en la lucha cívica. Más de 800 personas fueron presas políticas, y luego fueron excarceladas en 2019 por decisión unilateral del gobierno mediante la Ley de Amnistía.

  María Esperanza ya era perseguida, hostigada, vigilada y amenazada desde antes de caer presa por su labor de defensa de los derechos humanos. Su detención y su juicio, al igual que el de muchísimas otras personas, estuvieron plagados de irregularidades. Las violaciones del debido proceso son sistemáticas. En Nicaragua el sistema de justicia está totalmente cooptado, colapsado y controlado por la llamada “pareja presidencial”, constituida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

  ¿Cómo ha seguido la situación de la sociedad civil desde la ola de protestas de 2018?

  En las protestas de 2018 hubo más de 350 personas asesinadas en un lapso de seis meses. El peso simbólico y emocional que tuvo esa cantidad de muertos en un país que ha vivido guerras civiles, dictaduras y levantamientos armados, ha sido tremendo. En Nicaragua nunca ha habido rendición de cuentas, siempre ha habido políticas de borrón y cuenta nueva, lo cual profundiza las heridas.

  Al sufrimiento de los 350 muertos se suman los de las más de 800 personas que fueron presas por motivos políticos, gran parte de las cuales están excarceladas. Decimos “excarceladas”, y no “libres”, porque tras la excarcelación la persecución política no se termina: el hostigamiento sistemático de las fuerzas policiales y parapoliciales continúa, y se constituye en obstáculo para el disfrute de múltiples derechos, tales como el derecho al trabajo.

  Para estas personas, a los efectos de la crisis económica que atraviesa el país se suman las dificultades que trae consigo la persecución política. Muchas veces no pueden salir de su casa porque hay una patrulla afuera, y cuando salen los siguen, consiguen los nombres de sus empleadores y también comienzan a hostigarlos.

  La persecución se da a nivel barrial. El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha establecido diversas estructuras que utilizan para el control territorial mediante la vigilancia y la represión: los Consejos de Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia y los Comités de Liderazgo Sandinista. Si eres una persona opositora o defensora de derechos humanos, siempre habrá algún vecino tuyo que está metido en alguna de esas estructuras e informa al régimen y a la policía de lo que haces, y luego comienzas a recibir persecución, hostigamiento, e incluso puede que detenciones arbitrarias.

  El hostigamiento y la hipervigilancia provocan daños psicológicos no solamente en la persona perseguida sino también en su familia. Eso ha repercutido en el aumento de la emigración, que es un fenómeno dual, causado tanto por la persecución política como por la precarización social. Desde 2018 120 mil personas se han ido de Nicaragua, una cantidad enorme para un país de apenas seis millones de habitantes.

  Las elecciones de 2021 exhibieron abiertamente la falta de legitimidad del régimen. ¿Sobre qué bases se sostiene el gobierno?

  En el contexto de las elecciones de 2021 la persecución no hizo más que exacerbarse. Para poder llevar a cabo la farsa electoral de noviembre, el gobierno encarceló a diez precandidatos y precandidatas presidenciales y a mucha gente con un rol central en el proceso electoral y en la conformación de alternativas. Eso mandó un mensaje muy claro, como consecuencia del cual sigue habiendo mucha autocensura.

  Daniel Ortega ha continuado concentrando y consolidando su poder. Actualmente vivimos bajo un régimen que se ha convertido en totalitario, donde todas las libertades están totalmente restringidas. Esta es la única forma en que el gobierno puede sostenerse, porque no tiene ninguna legitimidad. Por eso la represión y el control social continúan aumentando en vez de disminuir. En ausencia de esos niveles de represión y control social, el altísimo nivel de rechazo popular hacia el régimen le haría imposible mantener el control político.

  En consecuencia, cabe esperar que continúen la represión, el control territorial, la represión barrial, la criminalización de la protesta y la disidencia social y el cierre de espacios para la libertad de expresión y para la libertad de prensa.

  Ahora se ha aprobado un combo de leyes que incluye una Ley de Ciberdelitos. Y ya tenemos al primer preso político condenado por esta ley, que no hace otra cosa que criminalizar la libertad de opinión.

  Lo que busca el gobierno con los presos políticos es tener rehenes. Entre las personas detenidas en los últimos tiempos destacan precandidatos presidenciales, empresarios, banqueros, abogados, activistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno trata de negociar su salida para ganar legitimidad y aprobación internacional.

  Lo cierto es que el gobierno no tiene apoyo internacional. Los únicos líderes extranjeros que asistieron a su toma de posesión fueron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

  ¿Cómo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la recuperación de la democracia y los derechos humanos?

  Hay que amplificar la denuncia de las violaciones y afinar los mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil en Nicaragua ha hecho un tremendo esfuerzo no solamente para documentar las violaciones de derechos humanos sino también para identificar autores y responsables. Dado que el sistema de justicia en Nicaragua está colapsado, y que la sociedad civil está haciendo todo lo que está en sus manos, recae sobre la comunidad internacional la gran responsabilidad de impulsar la rendición de cuentas y el castigo a los responsables.

  El régimen de Daniel Ortega ya no es un proyecto político sino un proyecto económico. El control del Estado le permite disponer de redes de corrupción en su provecho. En función de esto la comunidad internacional debería afinar sus mecanismos, revisando el tema de las sanciones económicas, identificando a las empresas que siguen haciendo negocios, no siempre totalmente lícitos, con el régimen de Ortega. Ya que muchos acuerdos de asociación tienen cláusulas democráticas y anticorrupción, es necesario hacerlos operativos. También deben imponerse sanciones personales a los artífices de la corrupción y de la represión.

  ¿Qué tipo de presión debería ejercerse para lograr la liberación de María Esperanza Sánchez?

  María Esperanza fue condenada a diez años de prisión. Todo lo que ha pasado con ella y con el resto de las personas presas políticos es completamente arbitrario; justamente por eso les consideramos presos políticos. Lo que reclamamos es la liberación incondicional y con garantías de todos ellos. 

  Lo que ocurra con ellos dependerá en gran medida de la fuerza con que logren ejercer presión la oposición y la comunidad internacional, de la correlación de fuerzas que se establezca entre el gobierno de Nicaragua y los movimientos de defensa de los derechos humanos.

  Hay que hacer campañas y seguir presionando. Seguir poniendo el dedo en la llaga de todas las arbitrariedades, ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Todavía sigue habiendo gente en Europa y en otras partes del mundo que piensa que Daniel es aquel antiguo revolucionario idealista, y no el déspota en que se ha convertido. La mejor forma de desenmascarar a dictadores y violadores de derechos humanos es seguir comunicando la verdad sobre la base de evidencia bien documentada.

  El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que identifica a los países donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.
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• NICARAGUA: “El régimen busca aniquilar toda organización autónoma de la ciudadanía”

  CIVICUS conversa con María Teresa Blandón, defensora nicaragüense de los derechos humanos y directora del Programa Feminista La Corriente, una organización de la sociedad civil (OSC) cuya personería jurídica fue recientemente cancelada por el régimen autoritario liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

  

  ¿A qué se debe la renovada ola de represión actualmente en curso en Nicaragua?

  La represión se incrementó en vísperas de las elecciones fraudulentas de 2021, cuando el régimen apuntó específicamente contra los líderes de los principales grupos de oposición que habían estado construyendo alianzas para participar de las elecciones, ya que aun sabiendo que las condiciones eran sumamente adversas insistían en que esta era la salida a la crisis.

  A partir de enero de 2022 el régimen Ortega-Murillo escaló nuevamente su ofensiva, posiblemente a causa de un fallo en sus cálculos políticos: había pensado que una vez consumado el fraude electoral y con la oposición en la cárcel, ésta abdicaría de su rol y el régimen obtendría el aval de la comunidad internacional.

  Pero ninguna de las dos cosas ocurrió: ni la oposición se resignó ni hubo apoyo internacional, sino todo lo contrario: el aislamiento del régimen se profundizó. La oposición nicaragüense mantuvo y mantiene una constante denuncia ante la instalación de un estado policial de facto y reclama la salida del régimen por vías cívicas. Las OSC que lograron mantenerse en el país continuaron denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la represión; de ahí la aprobación de nuevas leyes para despojarlas de su personería jurídica y de sus bienes.

  Ante la falta de legitimidad, el régimen Ortega-Murillo ha profundizado su estrategia de aniquilación de toda forma de organización de la ciudadanía que no se subordine a sus intereses. A la fecha, más de 1.600 OSC han sido eliminadas por la Asamblea Nacional y en muchos casos sus bienes han sido confiscados en el marco de leyes abiertamente violatorias de la Constitución de nuestro país, que establece el derecho a la libre asociación y la prohibición expresa de la confiscación.

  Hasta hace muy poco, la cancelación de personerías jurídicas había estado a cargo de la Asamblea Nacional, pero una nueva ley asignó esta atribución al Ministerio de Gobernación, que ahora tiene el poder absoluto de decidir quiénes tienen derecho a asociarse y quiénes no. El procedimiento es expedito y no existe ninguna instancia de apelación, lo cual habla claramente del nivel de indefensión en que se encuentra la sociedad civil nicaragüense.

  El Poder Judicial ha guardado silencio ante los recursos por inconstitucionalidad presentados en 2021, luego de la aprobación de la Ley de agentes extranjeros que obliga a las OSC que reciben fondos de la cooperación internacional a reportar en detalle sus actividades en un nivel que hace prácticamente imposible su funcionamiento.

  De este modo, el régimen elimina toda forma de participación autónoma, deja a activistas y personas defensoras de derechos humanos en una situación de mayor precariedad, y se hace de los recursos que necesita para continuar con las prácticas clientelares características de su gestión.

  Y es que uno de los problemas que enfrenta el régimen es precisamente la falta de recursos para sostener los proyectos de desarrollo comunitario que llevaban a cabo muchas de las OSC eliminadas. Ya no cuenta con apoyos procedentes de Venezuela y tampoco puede seguir ampliando las empresas familiares que el clan Ortega-Murillo ha construido al amparo del poder. Muchas de estas empresas han sido sancionadas, incluyendo la que tiene el monopolio del combustible, lo que les ha obligado a realizar diversas maniobras para mantenerlas activas. 

  ¿Cuál es el trabajo que hace tu organización?

  El Programa Feminista La Corriente tiene casi 30 años de existencia, y nació con el propósito de contribuir a la generación de pensamiento crítico y alentar nuevas formas de participación de las mujeres en Centroamérica. Durante los últimos 15 años hemos ampliado nuestra labor con jóvenes y colectivos disidentes sexuales y de género.

  Durante todo nuestro recorrido, hemos contribuido a desafiar el heterosexismo, la misoginia y la violencia machista y construido redes vitales para la defensa de derechos. Hemos priorizado temas relacionados con la prevención de la violencia, la maternidad voluntaria, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el respeto de la diversidad sexual y de género.

  Los esfuerzos de investigación de la realidad que viven las mujeres, jóvenes y cuerpos disidentes han sido clave para el desarrollo de programas de formación y comunicación pública. Para nosotras es de vital importancia potenciar la acción colectiva a través de movimientos sociales capaces de pensar y actuar los cambios requeridos por la sociedad nicaragüense. También somos parte de redes y alianzas centroamericanas y latinoamericanas, desde donde contribuimos con procesos de incidencia hacia gobiernos e instituciones globales.

  Precisamente por generar pensamiento crítico y defender derechos, en el mes de mayo del presente año la Asamblea Nacional canceló nuestra personería jurídica y a principios de julio la policía se apropió de nuestras instalaciones.

  ¿Con qué argumentos se ordenó el cierre de la organización?

  En general, los argumentos esgrimidos por los diputados sandinistas que controlan el parlamento incluyen una acusación sin fundamento alguno que coloca a las OSC como posibles lavadoras de dinero por el hecho de recibir dinero de fuentes externas, obviando de manera deliberada que estas fuentes están vinculadas a gobiernos y agencias de cooperación debidamente establecidas. 

  También esgrimen supuestas infracciones burocráticas tales como el vencimiento de juntas directivas, la falta de actualización de estatutos, o simplemente que se habían negado a dar información solicitada por el Ministerio de Gobernación. Sobre esto último, hay que destacar la intervención abusiva de este ministerio, que de acuerdo con la nueva ley obliga a las OSC a presentar información detallada sobre cada una de las actividades a realizar y datos personales de las personas con las que trabajan.

  Tales exigencias desnaturalizan el sentido de las organizaciones no gubernamentales, convirtiéndolas en una extensión del Estado, una clara evidencia del afán totalitario de este régimen. A todas luces se trata de imponer un modelo de control absoluto para lo cual es necesario desarticular toda forma de participación autónoma de la sociedad civil.

  Asimismo, con la cancelación de las OSC que trabajan con sectores de escasos recursos, el régimen pretende retomar el control de lo que supone su base social, a la que intenta recuperar o retener a través de políticas clientelares. En este sentido, han sido eliminadas organizaciones que promueven el acceso a la educación de niños y jóvenes de bajos recursos, atención a necesidades de personas con discapacidad acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra y otros recursos, servicios de salud sexual y reproductiva, y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, entre otras. 

  También se han cerrado OSC que trabajan en el ámbito de la participación ciudadana desde una perspectiva de derechos y con un claro enfoque de defensa de valores democráticos. Han sido declaradas adversarias del régimen y sus representantes han sido objeto de vigilancia, amenazas, exilio y encarcelamiento. También se trata de una suerte de venganza por generar evidencias que desmienten el discurso oficial y denunciar la violación sistemática de derechos por parte del régimen sandinista.

  ¿Por qué el régimen se ha ensañado específicamente con las organizaciones feministas?

  La hostilidad contra las feministas nicaragüenses viene desde la década de los ‘80. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como partido guerrillero que llegó al poder, realmente nunca reflexionó sobre las lógicas patriarcales del poder, simplemente las replicó sin contemplaciones.

  Las feministas de mi generación tuvimos que soportar una relación autoritaria y abusiva con el gobierno sandinista, que en distintos momentos expresó malestar con la existencia de una organización de mujeres, porque desde su perspectiva ello debilitaba la unidad de las fuerzas revolucionarias.

  De hecho, ejercieron su poder de veto para impedir que los colectivos de mujeres colocaran en el debate público demandas relativas a la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos. Las líderes de estos colectivos fueron silenciadas y obligadas a asumir las prioridades establecidas por la dirigencia del partido de gobierno.

  El parteaguas que marcó la ruptura definitiva del movimiento feminista con el FSLN ocurrió a fines de los ‘90, cuando Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y actual vicepresidenta, denunció los abusos cometidos por su padrastro durante más de 20 años. Cuando las feministas nos posicionamos del lado de la víctima se produjo la una ruptura con la dirigencia del FSLN, que desde entonces nos percibe como enemigas. La denuncia de Zoilamérica alentó nuevas denuncias que involucraron a otros miembros de la dirección nacional del FSLN, como el fallecido Tomás Borge.

  Por otro lado, durante la campaña electoral de 2005-2006 un sector del movimiento feminista formó parte de una alianza electoral con partidos de oposición, incluyendo al Movimiento de Renovación Sandinista, ahora UNAMOS, a quienes el FSLN considera traidores de la revolución por haber demandado la democratización del partido y cuestionado el liderazgo autoritario y caudillista de Ortega.

  El retorno de Ortega al gobierno en 2007 enseguida dejó en claro que su estrategia era lograr la desarticulación de las redes feministas que a esas alturas habían crecido en su capacidad de propuesta y de influencia en la sociedad nicaragüense. La campaña de estigmatización arrancó con un discurso de Murillo en el que acusó a las feministas de traficar con el sufrimiento de las mujeres y de querer imponer una forma de vida extraña a la cultura nicaragüense. Ese mismo año el gobierno comenzó a presionar a las agencias internacionales de cooperación para que suspendieran su apoyo a los colectivos feministas, logrando que muchas de ellas se fueran del país.

  El discurso del régimen Ortega-Murillo tuvo entre sus principales ejes su supuesto compromiso con la equidad de género, proclamando como uno de los principales avances el logro de la paridad de género en todos los poderes del Estado. Si bien este discurso fue asumido por organismos de Naciones Unidas e instituciones financieras multilaterales, las feministas aportaron claras evidencias que confirmaban la persistencia de la desigualdad y la ausencia de políticas públicas para atender demandas de las mujeres.

  La penalización absoluta del aborto, la ausencia de políticas de prevención y sanción de la violencia machista, incluyendo el abuso sexual contra niñas y adolescentes que en Nicaragua es una constante, la ausencia de educación sexual, el incumplimiento de la ley que estableció la creación de un fondo para la entrega de tierras a mujeres rurales, la violación de derechos laborales de las trabajadoras de maquila, figuran entre los problemas no resueltos por un régimen que se atrevió a compararse con los países que más han avanzado en materia de equidad de género en el mundo.

  ¿Qué deberían hacer los donantes, y la comunidad internacional en general, para ayudar a la sociedad civil nicaragüense?

  En tiempos tan convulsos y con tantos focos de tensión en el mundo, resulta difícil apelar a la solidaridad con la sociedad nicaragüense, que continúa apostando por un cambio cívico y pacífico para salir de esta nueva dictadura y sentar las bases de la democratización del país. 

  Sin embargo, es urgente seguir apelando a los gobiernos democráticos, independientemente de su signo ideológico, para que no aparten la mirada de lo que pasa en Nicaragua y apoyen nuestras justas demandas de liberación inmediata de las presas y presos políticos, suspensión del estado policial, cese de la persecución a las OSC y a la iglesia católica, y restablecimiento pleno de nuestros derechos.

  Reclamamos una postura coherente por parte de los gobiernos democráticos, las agencias del sistema de Naciones Unidas, las instituciones financieras multilaterales, los bloques de integración regional y los foros de partidos políticos a fin de evitar cualquier acción que contribuya a prolongar la permanencia de la dictadura Ortega-Murillo en el poder.

  A estas alturas resulta inadmisible que denuncien las sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen, al mismo tiempo que votan a favor del otorgamiento de préstamos al mismo régimen, que además de incrementar una deuda que ya es mayor que el PIB, le da un mayor margen de maniobra para sostenerse en el poder.

  El apoyo activo a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y OSC es vital para sostener la esperanza en un cambio democrático que no imponga más sufrimientos al pueblo nicaragüense.

  El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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• NICARAGUA: “Estas elecciones fraudulentas fueron para el gobierno un completo fracaso”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones en Nicaragua, caracterizadas por la proscripción de candidaturas, el fraude y la represión, con una defensora de derechos humanos perteneciente a una plataforma nacional de la sociedad civil nicaragüense, que por razones de seguridad solicitó mantener el anonimato.

  

  ¿En qué contexto político se desarrollaron las elecciones presidenciales del 7 de noviembre?

  El contexto comenzó a configurar se en el año 2006, con el pacto entre los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, y la fuerza por entonces gobernante, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el expresidente Arnoldo Alemán a la cabeza. El objetivo del llamado “pacto Alemán-Ortega” consistía en instaurar un sistema bipartidista dominado por ambos líderes, lo cual no funcionó para ambos: resultó en una completa reestructuración del sistema político, incluidas una reforma de la Constitución y la modificación de las fechas de las elecciones, que le permitió al FSLN – que llevaba varios turnos electorales perdiendo la presidencia - ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, para ya no volver a dejar el poder.

  Ya en el poder, el FSLN realizó varias reformas constitucionales y de la ley electoral ordenadas por Daniel Ortega, en contubernio con los poderes legislativo, judicial y electoral, para imponer una constitución a su medida y hacerse reelegir indefinidamente.

  Desde las más recientes reformas electorales, que datan de mayo de 2021, el contexto electoral ya estaba diseñado para que el actual gobierno ganase las elecciones. Esta reforma le entregó al FSLN el control de toda la estructura electoral, le dio a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores y quitó financiamiento a sus candidatos.

  Ya en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional había aprobado una ley para neutralizar candidaturas opositoras: bajo el pretexto de rechazar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, inhibió las candidaturas de quienes hubieran participado en las protestas de 2018, catalogadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado financiado por potencias extranjeras.

  Todas estas leyes fueron aplicadas por las instituciones del Estado para proscribir a todos los postulantes democráticos que de alguna manera pudieran ser considerados idóneos para derrotar al candidato del FSLN. El resultado fueron unas elecciones sin ninguna competencia real.

  ¿Se hizo algún intento de postergar la elección hasta que estuvieran dadas las condiciones?

  Primero, en el contexto de las protestas de 2018, que fueron fuertemente reprimidas y arrojaron centenares de muertos, varios sectores, incluida la Conferencia Episcopal de Nicaragua, propusieron adelantar las elecciones para resolver la crisis. Algunos también pensaron en la posibilidad de forzar la renuncia del presidente por su responsabilidad en las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas de 2018.

  Pero Ortega se negó a convocar a elecciones anticipadas, y en cambio desafió a los supuestos “golpistas” que protestaban contra él a conseguir el voto del pueblo en las elecciones de 2021. Y entretanto, en vez de proceder a la reforma electoral que se reclamaba desde hace años, se dedicó a preparar el terreno para que nadie pudiera desafiarlo en esas elecciones.

  Con el proceso electoral de 2021 ya en marcha, y en vistas de que no habría ninguna competencia real, hubo actores de la sociedad civil que recomendaron suspender y reprogramar unas elecciones que serían claramente ilegítimas y carentes de credibilidad, pero desde ya que este reclamo no tuvo ningún eco.

  ¿Cómo evalúas los resultados de las elecciones?

  Claramente la abrumadora mayoría de la ciudadanía nicaragüense consideró que estas elecciones eran ilegítimas, puesto que solo aproximadamente el 10% de los votantes habilitados se presentaron a votar. Algunos de los que lo hicieron son partidarios del gobierno, mientras que otros, como los integrantes del ejército y la policía y los trabajadores del Estado, fueron obligados por el temor y por sus circunstancias laborales.

  Estas afirmaciones son respaldadas por los datos de los sondeos de diversos grupos de la sociedad civil dentro y fuera del país, tales como Coordinadora Civil, Mujeres Organizadas y Urnas Abiertas. El día de las elecciones, algunas de estas organizaciones hicieron un sondeo rápido en el terreno, en dos tiempos – en una franja matutina y otra vespertina – y documentaron a través de fotos, videos y testimonios de algunos observadores electorales invitados por el gobierno que la mayoría de la población no salió a votar.

  Desde el punto de vista de la sociedad civil, estas elecciones fueron para el gobierno un completo fracaso, ya que nos da todos los fundamentos para demostrar a nivel internacional que el presidente no cumple con las condiciones mínimas de legitimidad para permanecer en su puesto. No solamente el pueblo no reconoce los resultados de estas elecciones: hay más de 40 países que no los han reconocido. El gobierno llevó a cabo unas elecciones fraudulentas para ganar legitimidad, pero no lo consiguió porque nadie lo reconoce ni a nivel nacional ni a nivel internacional.

  ¿Cuál es el panorama para la sociedad civil nicaragüense tras las elecciones?

  El panorama no ha cambiado. Lo que nos espera es más de lo mismo: más represión, más persecución, más secuestros, más presos políticos, más exiliados. Al mismo tiempo, este gobierno que no responde ni rinde cuentas, es completamente incapaz de resolver ninguno de los problemas que tiene Nicaragua, de modo que también continuarán profundizándose la pobreza, el desempleo y la inseguridad ciudadana.

  En respuesta, no podemos hacer otra cosa que sostener la resistencia y tratar de romper las cadenas del miedo, porque este gobierno ilegítimo domina a través del temor.

  ¿Qué clase de apoyos internacionales necesita la sociedad civil nicaragüense?

  La sociedad civil nicaragüense necesita toda clase de apoyos, desde apoyos para la construcción y el fortalecimiento de alianzas que amplifiquen nuestras voces para dar a conocer la situación política que vive Nicaragua y reclamar acción en los foros internacionales, hasta apoyos financieros y en especie para dotarnos de las herramientas con que hacemos nuestro trabajo, sostener a nuestras organizaciones y proveer de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidas y atacadas.

  El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que incluye casos donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.

• Nicaragua: Las crecientes violaciones a los derechos humanos requieren el escrutinio continuo de las Naciones Unidas

  Actualización del Alto Comisionado acerca de la situación en Nicaragua

  🇳🇮#SOSNicaragua: Nos preocupa el creciente número de desplazados forzosos y los + de 240 presos políticos recluidos en condiciones degradantes y tratados cruelmente en las cárceles del país.
  ¡Pedimos urgentemente la libertad de todxs lxs presxs políticxs! https://t.co/07AZzoF28z pic.twitter.com/mBpfAoBcSV

  — CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 15, 2022

  Leída por Amaru Ruiz Aleman

  Hago esta declaración en nombre de la Asociación Red Local, miembro de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONGs.

  Expresamos nuestra preocupación por la situación de los más de 240 presas y presos políticos que se encuentran en condiciones degradantes y reciben tratos crueles en diversos centros carcelarios del país.

  En las elecciones municipales recientes el gobierno de Ortega se aseguró el control de forma arbitraria y poco transparente de los 153 municipios del país, restringiendo de esta forma, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos nicaragüenses.

  Debido las diversas violaciones a los Derechos Humanos, más de 150.000 nicaragüenses viven en el exilio sin poder regresar a Nicaragua y más de 3206 organizaciones de la sociedad civil y 55 medios de comunicación han sido cancelados en un esfuerzo concertado del gobierno de Nicaragua por eliminar todas las voces que opinan y piensan diferente.

  Solicitamos a los miembros de este Consejo apoyen y refuercen la resolución sobre Nicaragua en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de marzo 2023 para dar continuidad al esfuerzo del Grupo de Expertos y el mandato de supervisión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Con especial atención en las restricciones del espacio cívico, las condiciones las personas presas políticas y la situación de las familias desplazadas forzosamente.

  ¡Libertad para todas los presos y presas políticas en Nicaragua!

• Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

  Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

• PANAMÁ: “Al dar luz verde al gobierno para discriminar, la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+”

  CIVICUS habla con Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales, sobre la situación de las personas LGBTQI+ y la lucha por el matrimonio igualitario en Panamá.

  La Fundación Iguales es una organización de la sociedad civil (OSC) panameña que lucha por el fin de la discriminación por diversidad sexual a través de actividades de diagnóstico, sensibilización, promoción y defensa de derechos humanos. Sobre la base de un enfoque interseccional, también promueve los derechos de las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas mayores y toda otra persona en situación de vulnerabilidad.

  ¿Qué avances ha experimentado la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá desde la despenalización de la homosexualidad en 2008?

  La opinión pública ha evolucionado sostenidamente hacia una actitud de el respeto hacia las personas LGBTQI+. Si bien queda un largo camino que recorrer, que se evidencia especialmente en la ausencia de políticas públicas de reconocimiento de derechos de la población sexualmente diversa, el fortalecimiento de una sociedad civil promotora de los derechos humanos es un avance palpable.

  Es importante recalcar que, si bien la homosexualidad fue despenalizada en 2008, la discriminación institucional ha persistido, y no solamente en las actitudes sino también en cantidad de normas y regulaciones. Por ejemplo, el reglamento disciplinario de la policía incluye como falta gravísima “la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo”. Es una falta de la misma gravedad que la de “hacer disparos innecesarios haciendo daño a terceros” o “atacar físicamente a un compañero o subalterno”. También el reglamento general de los bomberos incluye como faltas gravísimas “practicar el homosexualismo (o lesbianismo) públicamente”.

  Asimismo, sigue sin permitirse a personas homosexuales donar sangre y no tenemos una ley de reconocimiento de la identidad de género ni leyes antidiscriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.

  ¿Qué significación tuvo el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la aprobación del matrimonio igualitario en Panamá?

  El llamamiento de la CIDH se produjo en 2020 en el marco de una audiencia temática solicitada por Fundación Iguales ante la larga demora por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de dar curso a las diversas demandas de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio civil entre parejas de personas del mismo sexo. La audiencia generó muchas expectativas, especialmente en las parejas del mismo sexo que tras largos años de espera veían denegado su derecho de acceso a la justicia, y por ende a su dignidad.

  Fundación Iguales y otras organizaciones de derechos humanos LGBTQI+ logramos llamar la atención sobre nuestras demandas, y la CIDH fue categórica en su recomendación para que Panamá cumpliera sus compromisos interamericanos. Pero las expectativas generadas fueron claramente defraudades porque el gobierno no cumplió con los acuerdos resultantes de la audiencia, que incluían el establecimiento de una mesa de trabajo entre la CIDH y el Estado para dar seguimiento a las demandas que expresamos en la audiencia y que la CIDH confirmó debían cumplirse en un breve plazo.

  ¿Cómo han trabajado las organizaciones LGBTQI+ de Panamá, y Fundación Iguales en particular, para lograr cambios legales y vencer resistencias culturales?

  En los últimos años, las organizaciones LGBTQI+ de Panamá hemos crecido y aumentado nuestra labor de incidencia en diferentes temas y espacios, con buenos resultados. La colaboración entre organizaciones ha sido clave a la hora de enfrentar las resistencias culturales a nuestro trabajo.

  Desde Fundación Iguales nos hemos enfocado tanto en el trabajo social como en el apoyo a casos de litigio por el matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Justicia. Hacemos un uso intensivo del sistema interamericano de derechos humanos, principalmente a través de audiencias temáticas de la CIDH y participando de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También trabajamos en el marco del sistema universal de derechos humanos liderando procesos nacionales y enviando insumos a instancias tales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

  Paralelamente Fundación Iguales ha liderado una campaña nacional por el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, Sí Acepto, que ha contado con el acompañamiento de otras OSC como Convive, Hombres Trans, Diversa y Pride Connection. También se han sumado empresas como Diageo, LLYC y BBDO, las embajadas de Canadá y el Reino Unido y la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otras instituciones.

  Tenemos muchos años acompañando los procesos de cambio de nombre de personas trans junto a la Asociación Panameña de Personas Trans y Hombres Trans Panamá. Hemos sido partícipes y colaborado con la organización de las Marchas del Orgullo, específicamente en la oferta académica y cultural de la mano de la organización lésbico feminista Coalición Internacional de Mujeres y Familias.

  ¿Cuáles son los grupos a favor y en contra de los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá?

  Quienes estamos a favor somos un grupo diverso y complementario, decididamente acompañado por nuestras familias y la juventud en general. Hay numerosas empresas, embajadas, instituciones internacionales, medios, periodistas e instituciones académicas que se expresan con firmeza para que Panamá sea un país inclusivo donde las personas LGBTQI+ seamos respetadas y valoradas. El acompañamiento de otros grupos minoritarios de Panamá, como el de los afrodescendientes, consolida nuestro mensaje interseccional.

  El grupo que se opone a nuestros derechos constituye una facción extrema de grupos conservadores y religiosos. Sin embargo, es importante aclarar que en Panamá muchas personas conservadoras y religiosas están a favor del respeto y la no violencia contra las personas LGBTQI+.

  Lastimosamente, muchas instituciones que se supone que deben protegernos, como la policía y la Corte Suprema de Justicia, se han opuesto tajantemente a los derechos de la diversidad sexual. Sus argumentos son profundamente pobres y suelen centrarse en una visión muy esquemática de lo “natural” versus lo “antinatural”. En esa línea se expresó vergonzosamente la Corte Suprema al postular que el matrimonio tiene como función principal la procreación para la continuidad de la especie. Las conclusiones que se desprenden de estos argumentos son sumamente violentas e inaceptables en una sociedad moderna.

  ¿Por qué los progresos realizados en el terreno de la opinión pública siguen sin verse reflejados en el marco legal?

  Ha habido clarísimos progresos en la opinión pública. Según indicaron las encuestas, la campaña Sí Acepto, por ejemplo, tuvo un gran impacto en la sociedad panameña: en tan solo tres años cambió la opinión de más de 300 mil personas, lo cual es muchísimo para un país de apenas 4.2 millones de habitantes. Que tantas personas no LGBTQI+ apoyen la aspiración de una sociedad libre de discriminación es un claro indicio de cambio.

  Pero estos cambios positivos no se ven reflejados en el marco legal por falta de voluntad política. Tenemos un liderazgo político vetusto, populista, inoperante y falto de ética. Nuestros líderes no han comprendido que están disociados de los cambios de nuestra época relativos a la evolución de los derechos humanos, el derecho internacional y los principios de la democracia liberal. Pero el cambio es imparable: las nuevas generaciones claramente están adoptando posiciones favorables a los derechos, la diversidad y la inclusión, y que lleguen a ocupar lugares clave en la toma de decisiones es solo cuestión de tiempo.

  ¿Cómo sigue la lucha tras la sentencia de la Corte Suprema que admitió la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo?

  La lucha se consolida, se reinventa y continúa. Al dar luz verde al gobierno para discriminar, en este caso contra parejas del mismo sexo y su derecho a conformar una familia reconocida y protegida por el Estado, la Corte ha puesto en evidencia su animadversión hacia las personas LGBTQI+. Ya nadie puede decir que la discriminación es sutil o imaginaria: se ha vuelto evidente y obscena para todas las personas, y no solamente para las personas LGBTQI+ que la padecen directamente. La situación ha quedado más clara que nunca, lo que ha llevado a que más gente se comprometa con la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+.

  En suma, la deplorable decisión de la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+, y en ese sentido constituye un momento trascendental en dirección de la conformación del país que queremos, con foco en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, el combate de las desigualdades sociales y económicas y la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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  El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

  Contáctese con Fundación Iguales a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@figualespanama en Twitter.

• PANAMÁ: “Las protestas reflejan las desigualdades estructurales y la frustración ante la evidente corrupción”

  CIVICUS conversa sobre las recientes protestas en Panamá conEileen Ng Fábrega, Directora Ejecutiva de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO). CAPADESO es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven el desarrollo social en Panamá. Su objetivo es evidenciar los aportes de la sociedad civil, fortalecer a la sociedad civil y fomentar las alianzas para incidir en las políticas públicas.

• PERÚ: “Es necesario recuperar la confianza en las elecciones”

  CIVICUS conversa con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sobre las recientes elecciones presidenciales y el estado de la democracia en Perú. La Asociación Civil Transparencia es una organización de la sociedad civil independiente que trabaja por la calidad de la democracia y la representación política mediante la facilitación del diálogo entre actores políticos, gubernamentales y de sociedad civil, la implementación de programas de educación y de desarrollo de capacidades para el liderazgo ciudadano y político, la elaboración de propuestas de política pública y la observación de los procesos electorales.

  

  ¿Cuáles fueron las particularidades de este proceso electoral, y qué es lo que estuvo en juego?

  Las últimas elecciones generales estuvieron vinculadas con varios procesos políticos y sociales. En primer lugar, tuvo lugar al cabo de un período de cinco años muy inestable políticamente, en el cual tuvimos cuatro presidentes -Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti- y el Congreso fue disuelto constitucionalmente. Al mismo tiempo, la economía ya no venía creciendo tanto, con lo cual empezó a aumentar el descontento social. En este contexto, los escándalos de corrupción terminaron por minar la credibilidad de los partidos políticos. A esto se sumó el impacto socioeconómico de la pandemia, que generó mayores demandas redistributivas.

  Como resultado de todos estos procesos, se produjo una atomización de las preferencias de la ciudadanía. Los efectos de esta situación se expresaron en una gran fragmentación del voto en las elecciones parlamentarias de enero de 2020 y, nuevamente, en la primera vuelta de la elección presidencial de abril de 2021, donde los dos candidatos que salieron primeros, y que por lo tanto pasaron a la segunda vuelta, sacaron en conjunto apenas el 33% de los votos. En un Congreso de 130 asientos hay representados diez partidos políticos diferentes.

  En la segunda vuelta, el triunfo de Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular -un partido de derecha-, mostró el gran peso que tuvo la demanda de cambio, sumada al rechazo de la política convencional de los últimos años.

  Sin embargo, los resultados oficiales demoraron en ser proclamados, lo cual generó un clima de gran incertidumbre. En un contexto de alta polarización, hubo un aumento exponencial de los recursos contra los resultados electorales: lo habitual es que se presente menos de una decena, pero en esta ocasión se presentaron más de mil, ninguno de los cuales fue considerado con fundamentos. Se hizo un uso instrumental de estos recursos: las denuncias infundadas de fraude fueron utilizadas para alargar al máximo el proceso y tratar de impedir la oficialización de los resultados. Si bien este intento no tuvo éxito, demoró la transferencia del poder y aumentó la desconfianza hacia la política y las instituciones electorales.

  ¿Por qué hubo tanta gente que no fue a votar?

  La tasa de ausentismo en la primera vuelta fue de casi 30%, algo superior a la de las elecciones legislativas de 2020, cuando había sido del 26%; sin embargo, en la segunda vuelta bajó a menos de 24%. Hay que recordar que la primera vuelta electoral se dio en el punto más alto de la pandemia de COVID-19 en Perú. En otros países, como Chile, ni siquiera fue posible votar debido a la emergencia sanitaria, pero en Perú las elecciones se desarrollaron normalmente. En realidad, es notable que el ausentismo no haya sido más alto.

  ¿Qué rol desempeñó Transparencia en relación con el proceso electoral?

  En el período previo a las elecciones, en el marco de la campaña #DecideBien, Transparencia difundió información sistemática sobre los partidos, las candidaturas y las propuestas, para que la ciudadanía pudiera evaluar sus opciones. Desglosamos los programas de gobierno para que cada persona pudiera conocer y comparar las propuestas de cada candidato en torno de los temas de su interés y votar en función de ese conocimiento.

  Además, invitamos a la ciudadanía a inscribirse a la Red Nacional de Voluntariado de Transparencia para participar como observadores en las elecciones. Desde nuestra perspectiva, la observación electoral consiste en vigilar, orientar y dar testimonio de los hechos ocurridos durante la jornada electoral, además de hacer pedagogía ciudadana sobre la conducta y las reglas electorales.

  Con esta red de voluntarios y voluntarias Transparencia observó el proceso y desde un primer momento señaló que el proceso electoral se había desarrollado con normalidad, más allá de los incidentes menores que suelen ocurrir en todas las elecciones, pero que no afectan los resultados.

  En vistas de las alegaciones infundadas que buscaron desacreditar el proceso, también trabajamos para contrarrestar la desinformación electoral. El fenómeno de la desinformación en redes sociales, en particular después de la segunda vuelta, fue mucho más fuerte que en elecciones anteriores, y las propias autoridades electorales tuvieron que montar equipos dedicados casi exclusivamente a desmentir las “noticias falsas”. El clima de polarización seguramente contribuyó a aumentar el impacto de la desinformación.

  ¿Qué desafíos políticos se perfilan tras las elecciones?

  Los principales desafíos son cómo reducir la desconfianza en el Estado, como encarar la insatisfacción con la democracia y cómo mejorar la representación política. Aunque en comparación con estos retos, la polarización política, que se exacerbó en el contexto electoral, es menos preocupante, también debe ser considerada. Si bien los sectores más radicalizados siguen atizando la polarización, se trata de sectores minoritarios. Lograron polarizar las elecciones porque consiguieron pasar a la segunda vuelta a pesar de haber conseguido un bajo porcentaje de votos, pero pasadas las elecciones, la mayoría de la ciudadanía se ubica lejos de los extremos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la desconfianza, la insatisfacción y la sensación de falta de representación son elementos que los sectores que buscan polarizar pueden aprovechar en su beneficio.

  Es necesario recuperar la confianza en las elecciones. Para eso debemos continuar formando e informando a la ciudadanía sobre las reglas de las elecciones, la política y la democracia. También debemos mejorar los mecanismos de que disponemos para combatir la desinformación. Asimismo, es necesario avanzar en las reformas electorales pendientes, para crear incentivos para el fortalecimiento de los partidos políticos, así como para mejorar la calidad de la representación política.

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• PERÚ: “Las regulaciones ambientales se flexibilizaron, cuando se deberían haber reforzado”

  CIVICUS conversa sobre el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima, Perú, con Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías en Oceana, la mayor organización internacional dedicada a proteger y restaurar los océanos del mundo. Fundada en 2001, Oceana enfoca su labor en la recuperación de las pesquerías, la promoción de energías limpias y la creación de áreas marinas protegidas.

  ¿Ha habido alguna atribución de responsabilidades por el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima?

  El derrame de petróleo, causado por la empresa petrolera española Repsol, ocurrió el 15 de enero de 2022. Por su magnitud y su visibilidad, ha sido el peor desastre ecológico de la historia reciente del Perú. Se produjo en una zona de pesca artesanal, con áreas protegidas y una actividad económica estacional muy definida, y ha sido el derrame más grande que hemos tenido.

  El derrame ocurrió a causa de las altas mareas generadas por la erupción del volcán submarino de Tonga, las cuales afectaron el proceso de descarga de petróleo de un barco petrolero de Repsol a la refinería La Pampilla. La pregunta es: ¿cómo es posible que se dieran cuenta de la magnitud del derrame recién al día siguiente? La negligencia de la empresa determina las consecuencias de este derrame.

  Lamentablemente hemos visto pocos avances con relación con la asunción de responsabilidades de Repsol de recuperar el ecosistema. Ni siquiera se sabe con certeza el volumen exacto de petróleo derramado. La reacción de la empresa fue muy lenta, lo cual es preocupante porque las primeras 24 horas tras un accidente de esta naturaleza son clave, ya que la película del petróleo se vuelve muy delgada y se expande mucho. Recién casi 20 días después trajeron equipos más sofisticados para abordar el problema.

  En general no hay suficiente transparencia. En este caso, el plan de contingencia no se implementó. Se supone que las actividades actualmente en curso son producto de un plan, pero no se han hecho públicos ni los compromisos de la empresa ni los contenidos de ese plan. La zona entre Ancón y Chancay fue fuertemente impactada por el derrame, y allí no hay bahía, solamente se ve el acantilado y el agua. Se percibe que se ha hecho muy poco en materia de recuperación.

  También hay poca transparencia en la investigación. Aún no es claro si Repsol entregó el aparato que estaba bajo el agua para poder investigar y determinar qué pasó el día del derrame.

  Esta falta de transparencia es sintomática del modo de funcionamiento del Estado peruano. Salvando las distancias, esto es similar a lo que ocurrió cuando se desató la pandemia y “descubrimos” que teníamos un sistema de salud absolutamente precario, que claramente no estaba a la altura. En este caso, tenemos estructuras, legislación y procedimientos ambientales en el papel, pero sin correlato en la realidad. La opacidad informativa pretende ocultar esta discrepancia.

  Para nosotros es muy claro: Repsol asumir públicamente responsabilidades claramente definidas.

  ¿Qué impactos ecológicos y económicos ha tenido el derrame?

  Ha habido un gran daño ambiental. La zona afectada por el derrame incluye a varias áreas naturales protegidas: las Islas Guaneras, la Zona Reservada de Ancón y la Zona Reservada de Punta Salinas. El derrame ha impactado en la fauna marina y ha afectado a animales como lobos marinos, nutrias, pingüinos y aves. Muchos ejemplares se han manchado de petróleo y corren riesgo de vida. Oceana actualmente está relevando estos daños, así como el daño adicional provocado por la reacción demorada.

  Para las comunidades de la zona, la mayor preocupación es económica. En su mayoría se trata de personas de bajos ingresos que se dedican a la pesca artesanal. Más allá de los impactos individuales e inmediatos -por ejemplo, para quienes hicieron una inversión en un negocio estacional justo antes del derrame-, las consecuencias son colectivas y de largo plazo. Ahora no se puede pescar ni en Ancón ni Chancay, y es difícil saber cuándo será posible hacerlo, porque el petróleo tiene un tiempo de degradación mucho más largo cuando se sedimenta en el lecho marino. A los pescadores y a todos los trabajadores involucrados en la logística del proceso y la distribución también les preocupa la variación del precio del producto de la pesca y la caída de la demanda.

  Nosotros hemos hecho un cálculo del valor económico de la pesca costera de esos lugares para darnos una idea de la pérdida económica. También creemos que hay un impacto importante en la actividad turística: para los nueve millones de habitantes de Lima, la capital, y los tres millones que habitan un poco más al norte, estas playas son el sitio más cercano para veranear, y el derrame ha truncado la temporada de verano, que se extiende entre enero y abril. Ya hemos advertido a las municipalidades que deben estimar el daño provocado al turismo.

   

  ¿Cómo ha respondido la sociedad civil?

  Todos hemos reaccionado con preocupación y con un gran interés en ayudar al otro. Hemos visto cantidad de personas voluntarias ayudando a limpiar las playas, así como a expertos y académicos contribuyendo desde sus áreas de conocimiento.

  Sin embargo, el trabajo voluntario tiene limitaciones porque para rescatar a la fauna marina del impacto petrolero se deben usar determinados procedimientos y productos que permiten quitar de forma apropiada el petróleo del plumaje o la piel del animal. A causa de ello, el interés por ayudar generalmente no se traduce en resultados 100% exitosos.

  Además, como es la primera vez que enfrenta un desastre de estas dimensiones, Perú no tiene toda la expertise que necesitaría. En otros lados hay expertise y experiencia post-derrame; es necesario traerlas. También sería importante profundizar en la discusión de cuál es la matriz energética que tenemos y cómo cambiarla volcándonos a los recursos renovables de que disponemos.

  ¿Cómo se podría lograr que las empresas asuman su responsabilidad y contribuyan a prevenir futuros desastres?

  La falta de rendición de cuentas es un reclamo de larga data de las comunidades de estas zonas, y el hecho de que haya sido sistemáticamente ignorado es un síntoma del fuerte centralismo que hay en el Perú. Hace varios años que los pescadores artesanales del norte advierten sobre esta situación y no ha habido ninguna respuesta significativa. La extracción de petróleo en Perú data del siglo XIX, de hecho, Perú tuvo el primer pozo de Sudamérica. En las décadas de 1950 y 1960 se instalaron las plataformas marinas que están en la raíz de los derrames y las fugas por los que reclaman los pescadores. También hay reclamos por lo que ocurre en el proceso de transporte, que tiene implicancias mucho mayores.

  Esta situación alentó a la sociedad civil a priorizar la búsqueda de soluciones. Desde hace casi una década que en Perú se han ido reduciendo los requisitos ambientales; resulta necesario desandar ese camino. Perú se dedica a la pesca, la minería y otras actividades para las cuales las regulaciones se han flexibilizado, cuando se deberían haber reforzado. La bajísima capacidad ambiental del Estado y la deficiente respuesta de las empresas ante el desastre exhibe claramente su insuficiencia. Perú padece una gran crisis de gobernanza y de respeto del Estado del Derecho. 

  La posibilidad de que ocurra otro derrame está siempre presente. Es necesario minimizar la probabilidad de que ocurra, y asegurar que cuando ocurra tenga el menor impacto posible por su magnitud, su frecuencia y sus consecuencias. Para ello tenemos que empezar por no perder de vista quiénes son los responsables de este desastre y las consecuencias que está teniendo su acción irresponsable.

  El espacio cívico en Perú es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
  Póngase en contacto con Oceana a través de susitio web o sus páginas deFacebook,Instagram yTik Tok , y siga a@Oceana_Peru y a@SueiroJC en Twitter.

• REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Puede que tengamos por delante una época de cambios positivos’

  CIVICUS conversa sobre las elecciones recientemente celebradas en la República Dominicana, en el contexto de la pandemia del COVID-19, conHamilk Chahin, coordinador del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral, y Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG. El Manifiesto Ciudadano, una iniciativa multiactor liderada por la sociedad civil, fue lanzado en diciembre de 2019 para monitorear las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2020 e impulsar la consolidación de las instituciones democráticas. Alianza ONG es una red que abarca a 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de República Dominicana. Fundada en 1995, se dedica a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, la capacitación y la socialización de información, la incidencia política, y el fomento de la solidaridad y el voluntariado.

  Ya antes del estallido de la pandemia del COVID-19, el panorama electoral se presentaba complicado. ¿Cuál era la situación hacia marzo de 2020?

  En los últimos años el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha acumulado mucho poder en todas las instituciones del Estado, afectando la calidad de la democracia. El mismo partido se reeligió varios períodos y las élites políticas se acomodaron en sus sitios y se acostumbraron a ejercer el poder para su propio beneficio y en desmedro de los intereses de la colectividad. De a poco e inadvertidamente, la sociedad también fue aceptando esta situación. Ayudó en ese sentido el manejo excepcionalmente eficiente de los mecanismos de comunicación por parte de los sucesivos gobiernos. Sumado a buenas alianzas internacionales y buena fortuna en el manejo económico, el andamiaje publicitario y propagandístico facilitó la perpetuación del gobierno.

  Afortunadamente hay en toda sociedad un germen que es prácticamente imposible desarraigar: la sociedad civil. Puede que por momentos permanezca latente o en hibernación, pero en algún momento algo ocurre que la lleva a ponerse en movimiento. En nuestro caso, fue la extrema confianza de nuestros gobernantes de tener el poder asegurado, que los llevó a prácticas cada vez más descaradas, hasta el punto de que la ciudadanía, que en su mayoría llevaba mucho tiempo tolerándolas, en un determinado momento dijo basta y entró en estado de efervescencia. La primera manifestación importante de este hartazgo fue el Movimiento Marcha Verde, iniciado en enero de 2017.

  Surgida al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluyó a un amplio espectro de OSC y se centró en la movilización callejera. Todo comenzó con una modesta caminata de protesta que organizamos a través de una OSC llamada Foro Ciudadano, que dio inicio a un gran fenómeno de movilización cuyo principal logro fue romper la indiferencia ciudadana, sacar a la clase media de esa zona de confort desde donde criticaba sin pasar a la acción. Los partidos de oposición comenzaron a montarse en esa dinámica, pero desde su certeza de que tenía todos los resortes del poder asegurados, el gobierno al principio le dio poca importancia. Sin embargo, el fenómeno fue mucho más allá de marchar: se recolectaron firmas, se hicieron encuentros comunitarios, se promovieron muchas formas de movilización. Fue un despertar cuyo motor fue la dignidad. La ciudadanía perdió el miedo de expresarse y esto desconcertó al gobierno.

  ¿Cómo comenzó el proceso electoral de 2020, y cómo se formó el Manifiesto Ciudadano?

  El comienzo del proceso electoral fue también el inicio del fin del actual gobierno. En octubre de 2019 se hicieron las elecciones primarias de los partidos políticos; fueron las primeras que se realizaban bajo una nueva legislación electoral y de partidos políticos, y fueron administradas por la Junta Central Electoral (JCE). Mientras que el PLD optó por primarias abiertas, permitiendo la participación de todos los votantes habilitados, el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo primarias cerradas, permitiendo la participación de sus afiliados. De las internas del PRM surgió claramente la candidatura de Luis Abinader, que acabaría siendo electo presidente. En contraste, en las internas del PLD el candidato Gonzalo Castillo se impuso por una pequeña diferencia sobre el tres veces presidente Leonel Fernández.

  Las elecciones primarias del partido de gobierno fueron mucho más que un proceso de selección de candidaturas: en ellas se jugaba el poder del presidente, Danilo Medina. En el poder desde 2012, Medina había sido reelecto en 2016, y había hecho algunos infructuosos intentos de reformar la constitución para volver a reelegirse. En tanto que presidente de su partido, Leonel Fernández se había opuesto a estas maniobras, de modo que no obtuvo el apoyo de Medina cuando presentó su candidatura. Fue evidente el uso de los recursos del Estado en apoyo del delfín de Medina; como consecuencia de esto el PLD se fracturó y Fernández pasó a integrar el bloque de oposición. Fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación. Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería de la elección nacional.

  En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto Ciudadano, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso, laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y sobre todo, hicimos incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos convirtió en interlocutor directo de la JCE.

  ¿Para cuándo estaban programadas las elecciones?

  El ciclo electoral incluía una serie de elecciones: las municipales, programadas para febrero, y las nacionales, tanto presidenciales como legislativas, inicialmente programadas para mayo. En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual, completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso, el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.

  Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones municipales en todo el país.

  Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de febrero, día de la independencia, hubo una manifestación multitudinaria para exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. La diáspora dominicana en distintos países del mundo organizó manifestaciones solidarias en apoyo a la democracia en su país.

  Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque de queda.

  En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas sanitarias necesarias. Afortunadamente los medios de comunicación facilitaron los espacios necesarios a las OSC; tuvimos una buena plataforma comunicacional.

  Dado que las elecciones tuvieron lugar durante la pandemia, ¿se tomaron medidas para limitar el riesgo de contagio?

  Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica, porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de protección, y medidas de distanciamiento físico.

  La verdad, el gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante, pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música, todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse utilizados para controlar efectivamente la pandemia.

  ¿Qué posibilidades tuvo la oposición de hacer campaña en el marco de la emergencia sanitaria?

  Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como “quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.

  La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.

  Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con grandes operaciones de propaganda.

  Con todo a su favor, ¿cómo se explica que el gobierno perdiera las elecciones?

  Efectivamente, el candidato del PRM, Luis Abinader, se impuso en primera vuelta, con más del 52% de los votos, mientras que el candidato del gobierno quedó segundo con el 37% y el expresidente Fernández llegó al 9%. La división del partido gobernante como resultado de las denuncias de fraude en las primarias tuvo efecto, porque de haber estado el partido unido y no afectado por ese escándalo los resultados podrían haber sido otros.

  Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25 años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas. La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los cacerolazos.

  El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización de la democracia.

  El espacio cívico en República Dominicana es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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• RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos”

  CIVICUS conversa con Hailey Campbell sobre la recienteresolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre el medio ambiente, que habilita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para hacer frente al cambio climático.

  Hailey es activista climática y codirectora ejecutiva de Care About Climate, unaorganización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en educación y empoderamiento en pos de la justicia climática y una red internacional de jóvenes líderes del movimiento por el climaque buscan compartir soluciones en la escena internacional.

  ¿Cuál fue el origen de la iniciativa de llevar el tema del clima ante la CIJ?

  Esta iniciativa histórica fue presentada por primera vez en 2019 por los Estudiantes del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático (PISFCC), una organización liderada por jóvenes y fundada por estudiantes de ocho países insulares del Pacífico. PISFCC empezó convenciendo al Foro de las Islas del Pacífico, la principal organización política y económica de la región, de llevar a la CIJ la cuestión del cambio climático y los derechos humanos. Las OSC del Pacífico apoyaron esta campaña y establecieron la Alianza para una Opinión Consultiva sobre Justicia Climática (ACJAO, por sus siglas en inglés), incluyendo a otros actores no estatales. En 2021, el estado de Vanuatu, un pequeño país insular muy susceptible a las catástrofes climáticas, inició las negociaciones y la redacción de la resolución, que posteriormente recibió el apoyo de más de 130 países y más de 220 OSC y acabó siendo adoptada por consenso por la AGNU el 29 de marzo de 2023.

  ¿Consideras a esta resolución como una victoria de la sociedad civil?

  Esta resolución fue una victoria monumental. Y esta victoria es el comienzo de una ola de cambio en la forma en que pensamos la crisis climática, así como un recordatorio de que el cambio climático no respeta las fronteras geopolíticas. Las OSC ecologistas, los jóvenes líderes, las naciones insulares que lideran la petición de la resolución y el grupo PISFCC están recordando al mundo que antes que personas defensoras, ejecutivos de los combustibles fósiles o políticos, todos somos personas. En tanto que humanos, todos compartimos este hermoso planeta y compartirlo exige preocuparse por los demás. Si algunos líderes no lo reconocen, deben rendir cuentas de ello.

  La resolución que solicita una opinión consultiva de la CIJ es también una celebración de la innovación y la perseverancia isleñas. Los isleños se han apoyado en sus conocimientos tradicionales y en su liderazgo colaborativo para adaptarse a los impactos medioambientales durante miles de años. La iniciativa de llevar el mayor desafío global al más alto tribunal del mundo pone de relieve su fortaleza y experiencia. En tanto que persona joven que vive en una isla del Pacífico, agradezco el liderazgo de otros jóvenes isleños y aliados que están allanando el camino para que las generaciones venideras tengan un futuro sostenible.

  ¿Cómo podría la CIJ ayudar a hacer frente al cambio climático?

  La CIJ es el más alto tribunal del mundo, y sienta precedentes mediante opiniones consultivas y normas que establecen cómo deben cooperar los Estados a escala mundial. En ese sentido, desempeña un rol destacado en el mantenimiento de la paz entre nuestras naciones.

  La opinión consultiva de la CIJ plasma la realidad de que no podemos resolver la crisis climática continuando con las mismas prácticas que nos llevaron a ella. El alcance de la resolución va más allá del Acuerdo de París, ya que hace referencia a la importancia de un clima seguro como un derecho humano que es clave para el bienestar. De esbozar posibles consecuencias jurídicas para las naciones que causen daños significativos a comunidades vulnerables y a las generaciones futuras, podría finalmente garantizar una mayor rendición de cuentas por la crisis climática. Si las naciones son obligadas a rendir cuentas y a actuar, se abre la puerta para garantizar la completa eliminación de las emisiones de combustibles fósiles y la satisfacción de las necesidades de creación de capacidades para la adaptación.

  ¿Cómo te has involucrado personalmente en la promoción de esta resolución y, más en general, en el activismo por el clima?

  Conocí la campaña del PISFCC en 2019, cuando me conecté con el movimiento climático tras la cumbre sobre cambio climático COP25. Como estudiante de sostenibilidad dedicada a trabajar en el ámbito del clima, me inspiró la forma en que un pequeño grupo de estudiantes de todas las islas pedía enérgicamente una opinión consultiva de la CIJ. Empecé a seguir su trayectoria y a apoyar sus llamados a la acción de diversas maneras, desde reenviar contenidos a las redes sociales hasta sacar a relucir argumentos relevantes en mis conversaciones con los líderes de las siguientes COP.

  Inspirada por el liderazgo insular, acepté una pasantía en la Red Local Isleña 2030, la primera red global de pares dirigida por islas y dedicada a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprendí más sobre la sostenibilidad de las islas y los efectos del cambio climático de la mano de sus líderes, cuyos ejemplos de soluciones innovadoras y su espíritu optimista me sorprendieron. Alentada a utilizar mi formación para ayudar a los isleños a hacer oír su voz, decidí centrar mi máster en la elaboración de un plan de trabajo para que los isleños pudieran colaborar con sus comunidades en el desarrollo, el seguimiento y la implementación de soluciones sostenibles para el cambio climático.

  Esta trayectoria de activismo estudiantil me ayudó a convertirme en una líder ambiental intersectorial, a trabajar en la adaptación climática en las islas y a apoyarme, en tanto que parte de un grupo vulnerable, en coaliciones como Care About Climate para defender nuestro derecho a un futuro climáticamente seguro. De hecho, esta inspiración me llevó a trabajar con jóvenes para lograr la primera inclusión de jóvenes como partes interesadas en una decisión de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en la COP27.

  ¿Qué pueden hacer los aliados internacionales para apoyar esta lucha?

  Todos los aliados internacionales deben seguir luchando. Esta resolución histórica es apenas el primer paso. Antes de emitir su dictamen, la CIJ solicitará argumentos escritos y orales a los Estados y a ciertas organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es importante que los miembros de la comunidad sigan contactándose con sus representantes nacionales y con las organizaciones internacionales seleccionadas para presentar testimonios y les pidan su apoyo al dictamen. De hecho, el PISFCC acaba de lanzar un increíble manual, que recomiendo encarecidamente consultar, para ayudar a tomadores de decisiones, jóvenes y OSC ambientales a entender su papel. Mi ejemplo favorito del manual refiere a la importancia de compartir con tus representantes nacionales tu testimonio personal sobre por qué crees en la necesidad de una opinión consultiva de la CIJ sobre derechos climáticos y qué impacto ella podría tener en tu futuro. Espero que mucha gente se anime a unirse a nuestra Alianza para enterarse de las distintas formas en que puede hacer sentir su influencia.

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  Póngase en contacto con Care About Climate a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@careaboutclimate y a @hailey_campbell en Twitter eInstagram.