sociedad civil

RUSIA: “Cabe esperar que el activismo de derechos humanos aumente en reacción a la represión”
CIVICUS conversa con Leonid Drabkin, uno de los coordinadores de OVD-Info, una organización de la sociedad civil (OSC) de derechos humanos independiente que documenta y asiste a víctimas de persecución política en Rusia. A través de su línea telefónica de asistencia directa y otras fuentes, OVD-Info reúne información sobre las detenciones de manifestantes y otros casos de persecución política, publica noticias y coordina la asistencia legal para los detenidos.
SALUD GLOBAL: “En el Día Mundial del SIDA recordamos a la gente que la pandemia del VIH no ha terminado”
CIVICUS conversa conGastón Devisich, responsable de Participación Comunitaria en el Departamento de Investigación de la Fundación Huésped, acerca de la labor de la sociedad civil en la lucha contra el VIH-SIDA, tanto a nivel comunitario como en los órganos de gobernanza global.

La Fundación Huésped es una organización de la sociedad civil (OSC) argentina que desde 1989 trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y el control de enfermedades. Integra la plataforma regionalCoalición Plus y, representada por Gastón, es una de las dos organizacionesde América Latina y el Caribe que integran la Delegación de ONG ante la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA.

¿Cuáles fueron los resultados de la última ronda de promesas de contribuciones al Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y cuáles serán sus implicancias?

El objetivo principal del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria es hacer inversiones catalíticas y aprovechar las innovaciones para impulsar un progreso más rápido en la reducción de nuevas infecciones, abordar las barreras estructurales para mejorar los resultados de estas pandemias y construir equidad, sostenibilidad e impacto duradero. Su nueva estrategia pone a las personas y las comunidades al frente y en el centro de todo su trabajo, desafiando las dinámicas de poder para garantizar que las comunidades afectadas tengan voz en la lucha y oportunidades de un futuro saludable.

El Séptimo Reaprovisionamiento del Fondo Mundial ha arrojado un total de 15.700 millones de dólares estadounidenses. Ha sido la culminación de una campaña exitosa que comenzó hace más de un año. Es un logro notable, no solo porque varios donantes públicos y privados aumentaron sus compromisos, en muchos casos en más de 30%, sino también porque hubo una cantidad récord de gobiernos implementadores –al menos 20– que han dado un paso al frente para convertirse también en donantes.

Este apoyo tiene como objetivo salvar 20 millones de vidas, evitar 450 millones de nuevas infecciones y generar nuevas esperanzas de acabar con el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Esta inversión también fortalecerá los sistemas comunitarios y de salud para aumentar la resistencia a futuras crisis.

Dado su papel central en la lucha contra las pandemias, el Fondo Mundial también estipula continuar contribuyendo a la agenda mundial de preparación para pandemias en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y otros socios.

¿Qué rol desempeña la sociedad civil en la gobernanza de ONUSIDA?

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas (ONU) sobre el VIH/SIDA, conocido como ONUSIDA, fue el primer programa de la ONU en contar con representación formal de la sociedad civil en su órgano directivo. La participación de OSC en la Junta Coordinadora de Programa de ONUSIDA es fundamental para la inclusión eficaz de voces de las comunidades en este foro de política global clave en el área de VIH/SIDA.

La Delegación de ONG está compuesta por cinco OSC, tres de países en desarrollo y dos de países desarrollados o países con economías en transición, más otras cinco que actúan como miembros alternos. Nuestro propósito es presentar las perspectivas y la experiencia de las personas que vivimos con VIH/SIDA y aquellas poblaciones particularmente afectadas por la pandemia, así como la sociedad civil, para garantizar que ONUSIDA se guíe por un enfoque equitativo, basado en derechos, y sensible al género para garantizar el acceso a la prevención, diagnóstico, tratamiento, la atención y el apoyo integrales de VIH para todas personas.

La existencia de una delegación comunitaria dentro del mayor órgano de gobernanza de un programa como ONUSIDA es fundamental para garantizar la participación significativa de las poblaciones más afectadas por el VIH en todos los niveles del desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas. El fortalecimiento de la colaboración significativa con la comunidad fomenta una relación de mayor confianza y respeto con quienes somos los beneficiarios directos de cualquier programa o política.

La implicación de todas las partes interesadas, siempre que sea transparente y basada en el entendimiento mutuo, puede minimizar los malentendidos y reducir las probabilidades de conflictos o controversias innecesarios. Esto ayuda a mejorar nuestro acceso a derechos y la provisión de servicios de calidad que deben garantizarlos, así como también permite abordar las desigualdades de poder existentes entre tomadores de decisiones y comunidad para establecer relaciones más equitativas y horizontales.

¿Por qué es importante incorporar las voces de las comunidades en los espacios de toma de decisiones?

Es urgente desarrollar estrategias adicionales para abordar la epidemia de VIH. Una amplia diversidad de factores crea, intensifica y perpetúa el impacto del virus y sus determinantes subyacentes pueden estar arraigados en el tejido cultural, legal, institucional o económico de la sociedad.

Para lograr una respuesta integral al VIH, es esencial reconocer esas desigualdades de poder y abordarlas desarrollando prácticas que eviten su replicación o refuerzo inadvertido a lo largo de la implementación de programas y políticas públicas.

Las organizaciones locales contamos con una experticia única para contribuir a la respuesta al VIH. Tenemos conocimientos fundamentales y entendimiento de las culturas y perspectivas locales, los idiomas, la dinámica de la epidemia local de VIH, las preocupaciones de los grupos de población más vulnerables o marginados, y las prioridades locales que otras partes interesadas no necesariamente tienen. La comunidad puede ayudar a asegurar que los objetivos y procedimientos de la respuesta al VIH sean adecuados y aceptables de acuerdo a nuestras idiosincrasias, a fin de evitar el refuerzo de las desigualdades existentes.

¿En qué consiste el trabajo de la Fundación Huésped, tanto a nivel nacional como en este foro global?

Nuestro abordaje integral incluye el desarrollo de investigaciones, soluciones prácticas y comunicación vinculadas a las políticas de salud pública en Argentina y en América Latina. Buscamos desarrollar estudios científicos, acciones de prevención y promoción de derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades, con foco en VIH/SIDA, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva.

En tanto que representantes de la sociedad civil en ONUSIDA, solicitamos activamente las opiniones de nuestras respectivas comunidades en temas clave relacionados con las políticas y programas del organismo, y abogamos, junto con los gobiernos y las organizaciones copatrocinadoras –diez organizaciones de la ONU que componen el Programa Conjunto de ONUSIDA–, por conseguir mejoras significativas en la aplicación y evaluación de las políticas y programas sobre VIH/SIDA.

¿Qué desafíos enfrentan las organizaciones dedicadas al VIH-SIDA y qué apoyos necesitan para poder continuar haciendo su trabajo?

La agenda del VIH sigue vigente, con nuevos desafíos y la persistencia de estigma, discriminación y violación de derechos. Cuarenta años después de los primeros casos de VIH notificados en el mundo, y gracias a los avances científicos, la implementación de políticas, planes y programas, el activismo de la sociedad civil y los logros en materia de derechos humanos, contamos con más y mejores estrategias para controlar al virus que hoy mismo podrían terminar con el SIDA. Sin embargo, este año hubo 1.5 millones nuevos casos de VIH y 680 mil nuevas muertes relacionadas al SIDA en todo el mundo – 110.000 casos y 52.000 muertes en América Latina y el Caribe.

El Día Mundial del SIDA, el 1º de diciembre, es nuestra oportunidad anual para recordarle a la gente que la pandemia del VIH no ha terminado. En los últimos 40 años la ciencia ha generado mucha innovación, pero estos beneficios no se aplican a todas las personas por igual. La mejor ciencia del mundo no puede competir con los efectos debilitantes de sistemas de salud deficientes. Para acabar con el SIDA tenemos que corregir el curso de la respuesta al VIH, empezando por poner fin a las desigualdades. La respuesta se necesita hoy. No podemos perder más tiempo.

Póngase en contacto con la Fundación Huésped a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@FundHuesped en Twitter.
TAILANDIA: “La juventud cuestiona que el gobierno abuse de sus derechos y comprometa su futuro”
CIVICUS conversa con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Tailandia, Piyanut Kotsan, acerca del movimiento por la democracia y la represión de las protestas en Tailandia. Fundada en Bangkok en 1993, Amnistía Internacional Tailandia cuenta con más de 1.000 miembros en todo el país. Su trabajo se centra en la promoción de la libertad de expresión en internet y fuera de ella, la libertad de reunión pacífica, la educación en derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en la denuncia de la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte.
Tendencias políticas y acción ciudadana en 2022: ¿qué nos espera?
Por Inés M. Pousadela y Andrew Firmin

En 2022 veremos más protestas ciudadanas, movilización climática, ataques a la democracia, lucha contra el populismo de derechas y esperanza ante una nueva generación de activistas.

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TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “La sociedad civil somete a verificación de datos los argumentos los Estados”
CIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de unTratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Ian preside laAlianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de laIniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?

No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.

La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.

¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?

Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.

A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.

¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?

Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.

Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.

¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?

En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.

El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?

Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.

Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.

Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de susitio web, y siga a@GI_TOC y@IanTennant9 en Twitter.
TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”
CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?

Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.

Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.

Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.

Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.

Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.

¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?

El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.

Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.

¿Cuáles son los principales desafíos?

El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.

Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.

No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.

Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.

Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.

Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.

¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?

La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.

Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.

El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.

También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.

Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.

En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.

¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?

Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.

El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?

Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.

El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.

Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.
TRATADO DE LA ONU SOBRE LOS PLÁSTICOS: “La salud humana y el medio ambiente deben ser lo primero”
CIVICUS conversa sobre los avances hacia un Tratado de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Contaminación por Plásticos con Vito Buonsante, abogado especializado en salud ambiental y asesor técnico y político de la Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes (IPEN).

IPEN es una red global de organizaciones de la sociedad civil (OSC) cuyo objetivo es mejorar las políticas sobre productos químicos y sensibilizar a la opinión pública para asegurar que las sustancias peligrosas dejen de producirse, utilizarse o desecharse de forma perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.

La mayoría de la gente no sabe que se está elaborando un Tratado de la ONU sobre la Contaminación por Plásticos. ¿Cuándo y cómo se inició el proceso?

En marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), el máximo órgano decisorio mundial en materia de medio ambiente, aprobó un amplio mandato para iniciar conversaciones sobre un tratado internacional que haga frente a las crecientes amenazas de la contaminación por plásticos. El Tratado sobre los Plásticos pretende abarcar todas las repercusiones de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida, incluidos los efectos de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos sobre la salud humana y el medio ambiente. Debería ayudar al mundo a avanzar hacia un futuro libre de productos tóxicos.

Según el análisis de IPEN, sobre la base del mandato de la UNEA, el acuerdo final debe abordar los impactos de los plásticos y sus sustancias químicas sobre la salud de cuatro maneras. En primer lugar, debe abordar el uso, la liberación y los daños de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el consumo y la gestión de residuos. En segundo lugar, dado que el mandato hace hincapié en la importancia de promover un diseño sostenible, el tratado debe garantizar que se eliminen las sustancias químicas peligrosas de la producción de plásticos y que los plásticos con sustancias químicas peligrosas no se reciclen.

En tercer lugar, la resolución de la UNEA señala la importancia de prevenir las amenazas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de los plásticos tóxicos y demanda coordinación con el Convenio de Basilea de 1989 sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Rotterdam de 1998 sobre la importación de productos químicos peligrosos, el Convenio de Estocolmo de 2001 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, un marco político mundial adoptado en 2006. Por tanto, el tratado debe abordar las repercusiones para la salud y el medio ambiente de la exposición a sustancias químicas peligrosas y emisiones tóxicas a lo largo del ciclo de vida de los plásticos.

En cuarto lugar, está la cuestión de los microplásticos, que la resolución de la UNEA incluye dentro de la contaminación por plásticos. Esto significa que el tratado también debe abordar los peligros para la salud y el medio ambiente de los microplásticos, incluido su potencial para ser vectores de contaminación química.

¿Qué progresos se han producido en la primera sesión de negociaciones?

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 se celebró en Punta del Este, Uruguay la primera sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino.

En esta primera reunión, los Estados han tenido la oportunidad de expresar sus intenciones en relación al tratado que imaginan. Por un lado, hemos visto a un gran grupo de Estados, que trabajan bajo el paraguas de la Coalición de Alta Ambición para Acabar con la Contaminación por Plásticos, que han expresado su deseo de un tratado que marque la diferencia en la forma en que se fabrican los plásticos y aborde las causas profundas de la contaminación por plásticos. Por otro lado, hay un grupo de Estados que luchan por un tratado que no cambie la situación actual. Entre estos países se encuentran, Arabia Saudita, Estados Unidos y Japón, que quieren un tratado centrado únicamente en la gestión de residuos, en lugar de abarcar todo el ciclo de vida de los plásticos, y basado en compromisos nacionales voluntarios en vez de obligaciones vinculantes para todos.

La segunda sesión tendrá lugar a finales de mayo y principios de junio en París, Francia. Las negociaciones deberían concluir a finales de 2024, y debería ser posible cumplir el plazo. Es posible acordar medidas globales. La ciencia es muy clara: sería ilusorio pensar que reciclar las crecientes cantidades de plásticos que se producen es la solución a la crisis de contaminación por plásticos, después de 40 años de no conseguir reciclar ni siquiera una pequeña cantidad de esos residuos plásticos. Es demasiado pronto para saber en qué dirección irán las conversaciones, pero debería ser posible acordar una serie de normas globales, aun a riesgo de que algunos Estados no ratifiquen inmediatamente el tratado.

¿Cómo sería un tratado ambicioso?

La medida más importante que debe incluir un tratado eficaz es la reducción de la producción total de plásticos. Si la producción no se ralentiza, en los próximos 20 años la cantidad de plástico se duplicará y será realmente imposible controlarla.

Una segunda medida clave se refiere al diseño de los plásticos. Aquí es necesario eliminar todos los aditivos químicos tóxicos, como los bisfenoles, los PFAS y los retardantes de llama, y todos los polímeros tóxicos, como el PVC y el poliestireno. Se sabe que estas sustancias químicas tienen efectos perjudiciales para la salud, ya que alteran las funciones hormonales, la fertilidad y las funciones cerebrales de los niños, entre otras cosas. Eliminarlos de los plásticos creará ciclos de materiales más seguros. También es muy importante mejorar la transparencia en lo que se refiere tanto a los ingredientes de los plásticos como a las cantidades y tipos de plásticos producidos. Sin una imagen clara de lo que se produce y dónde, será difícil vencer la contaminación por plásticos.

La ambición debe extenderse también a la implementación. Los países desarrollados deben comprometerse a crear un fondo para implementar el tratado. Por muy estrictas que sean las disposiciones del tratado, sin una inversión considerable en implementación, su impacto de será limitado. Recientemente se han adoptado compromisos para fondos destinados al clima y la biodiversidad, pero aún no se ha creado un fondo para hacer frente a la contaminación por plásticos y otras acciones relacionadas con los productos químicos y los residuos.

¿Qué aportan las OSC ambientalistas a la mesa de negociaciones?

Las OSC poseen un amplio abanico de conocimientos y experiencias que resultan muy valiosos para los negociadores del tratado. IPEN, por ejemplo, lleva más de dos décadas abogando por el reconocimiento de las repercusiones de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos, mostrando claramente a través de numerosos informes científicos y pruebas de plásticos y productos plásticos cómo los productos plásticos exponen a las comunidades y poblaciones vulnerables a sustancias químicas tóxicas.

Somos optimistas y creemos que prevalecerá la necesidad de resolver esta crisis planetaria. La comunidad internacional ha fracasado con el cambio climático y no puede fracasar también con los plásticos. El Tratado sobre los Plásticos podría ser una forma de demostrar que la cooperación internacional es la mejor manera de resolver los problemas globales y que la salud humana y el medio ambiente pueden y deben anteponerse a los intereses nacionales y empresariales.

Póngase en contacto con IPEN a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@ToxicsFree y@VitoABuonsante en Twitter.
TRATADO PANDÉMICO: “Los Estados deben compartir la responsabilidad y rendirse cuentas recíprocamente”
CIVICUS conversa con Barbara M. Stocking sobre la necesidad de desarrollar un nuevo tratado internacional sobre pandemias anclado en la solidaridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad.

Barbara Stocking es presidenta del Panel para una Convención Mundial de Salud Pública, ex presidenta del Murray Edwards College de la Universidad de Cambridge, exdirectora ejecutiva de Oxfam Gran Bretaña y ex presidenta del Panel de Evaluación Provisional del Ébola.

¿Qué es el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública y qué motivó su lanzamiento en abril de 2021?

La Universidad de Miami decidió encuestar a personas expertas de todo el mundo sobre el tema de las pandemias. Esto ocurrió antes de que estallara la pandemia de COVID-19. Necesitábamos saber si estábamos preparados para una pandemia y qué cuestiones debían abordarse. Yo era uno de los expertos en el tema: en 2015 presidí el Comité sobre el Ébola que evaluó la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Unos meses después se publicó en la revista médica The Lancet un artículo que resumía las opiniones expertas.

Para entonces la pandemia de COVID-19 ya estaba en curso, y el presidente de la Universidad de Miami, Julio Frank, propuso hacer algo más que publicar un informe. En 2020 se fundó el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública con el fin de abogar por nuevas formas de abordar el control y la respuesta a los brotes, y se me pidió que lo presidiera.

El Panel es una coalición independiente de alto nivel para hacer incidencia en derechos humanos. Incluye a expresidentes como Laura Chinchilla, de Costa Rica, y John Mahama, de Ghana, y al ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría. Todos ellos son personas que pueden tener influencia sobre la OMS, sus Estados miembros y otros organismos. No hacemos campañas públicas porque no tenemos los recursos ni la gente, pero actuamos al más alto nivel político.

En diciembre de 2021, la Asamblea Mundial de la Salud acordó poner en marcha el proceso de elaboración de un tratado mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Nuestro grupo de expertos seguirá monitoreando los avances de la idea para asegurarse de que cumple con lo que creemos que es necesario para evitar que los brotes se conviertan en pandemias.

¿Qué déficits en la respuesta a la pandemia de COVID-19 hicieron evidente la necesidad de este tratado?

La necesidad de una convención se hizo evidente para todo el mundo como resultado del COVID-19, pero no se trata solamente del COVID-19. Durante los últimos 20 años, todos los informes concluyeron que no estábamos preparados para hacer frente a una pandemia. El COVID-19 acaba de confirmarlo de la forma más espeluznante.

La preparación es la clave. Los gobiernos han intentado estar preparados, pero es evidente que no lo estaban. ¿Por qué? Para algunos países fue una cuestión de recursos, y en esos casos debemos asegurarnos de que obtengan los recursos necesarios para tener sistemas de vigilancia sanitaria. Sin embargo, muchos países con abundantes recursos y excelentes sistemas sanitarios tampoco estuvieron preparados. Una de las razones es que muy pocos países practican la preparación. Cuando estaba en el servicio de salud del Reino Unido, cada hospital hacía un simulacro para un incidente grave cada tres años. Necesitamos el mismo enfoque en la preparación de la salud pública. La práctica es clave y debe incluir no solamente a los sistemas sanitarios, sino a todo el gobierno, porque si ocurre algo tan grande, los ministerios y los jefes de Estado también deben involucrarse.

La sociedad tampoco estaba preparada. Tenemos que asegurarnos de transmitir los mensajes correctos y de involucrar a las comunidades, que sabemos que son muy importantes.

Cuando se hizo evidente que había un virus circulando, y aún no estaba claro de qué se trataba, y la OMS declaró al COVID-19 una emergencia de salud pública de preocupación internacional, no se hizo demasiado. Febrero de 2020 era un momento clave para actuar, pero se hizo muy poco.

Todo se reduce a una falta de comprensión fundamental sobre lo que significa ser precavido en el caso de una pandemia. En la mayoría de las cosas de la vida, uno puede preguntarse si una situación va a empeorar y hacer una evaluación realista. Pero con una pandemia, especialmente al principio, no se sabe cómo se replicará el virus y hay que actuar con rapidez. Pero ante el COVID-19, los Estados no lo hicieron. También se opusieron a las directrices de la OMS porque, según ellos, la OMS “no tiene autoridad”.

El siguiente problema fundamental es que, a pesar de que tenemos normas sanitarias internacionales, la gente tiende a no cumplirlas, y no hay mecanismos para imponerlas y demandar rendición de cuentas. Está claro que también hay que trabajar para actualizar la normativa sanitaria internacional, pero el mayor problema es que los países acepten rendirse cuentas recíprocamente. La expresión que utilizamos es “garantía mutua”: para tomar decisiones difíciles, cada Estado necesita saber que otros harán lo mismo. Esto debería permitirnos vender la idea de la rendición de cuentas.

No tiene sentido tener un tratado o una convención sobre pandemias a menos que haya disposición a rendir cuentas. Pero esto a menudo es ignorado porque es difícil. Los Estados son soberanos sobre sus territorios y son responsables de la salud de su población, pero también tienen una responsabilidad compartida de mantener el mundo a salvo. Por eso necesitamos un tratado o convención.

¿Cómo podría el tratado ayudar a resolver estos problemas?

Los principios de equidad, transparencia y responsabilidad deben incorporarse al tratado. Tenemos que pensar en lo que hay que arreglar o corregir, porque son las cosas sobre las que tendremos que rendir cuentas.

Por ejemplo, en lo que respecta a la preparación, se ha empezado a avanzar, pero sólo a través de revisiones de pares para determinar si los países están preparados. Este sistema tendría que ampliarse. Las revisiones independientes serían algo positivo para el tratado o convención. Necesitamos que alguien más que la OMS realice las evaluaciones de preparación y respuesta, lo que puede hacerse dentro de la estructura de un tratado. La OMS debería establecer las normas y proporcionar apoyo en el rol de “amigo del país”. Podría crearse un organismo pequeño. Como la OMS tiene casi todos los datos, no es necesario empezar de cero. Pero debe haber un organismo con la experiencia y los conocimientos necesarios. Es posible que tenga que rendir cuentas, a través de las estructuras de los tratados, a los jefes de Estado, que esperamos que integren las conferencias de las partes que supervisen este tratado o convención.

Todas estas cosas se pueden incorporar. Esto no quitará poderes a la OMS, sino que los aumentará.

¿Cómo ha participado la sociedad civil hasta ahora en el proceso del tratado?

La sociedad civil está pidiendo claramente más voz en las cuestiones sanitarias y en el desarrollo del tratado sobre pandemias, y creo que esto es realmente necesario.

En el ámbito de la OMS, la sociedad civil que participa procede en su mayoría de organizaciones internacionales y sus socios locales, y a menudo trabaja en temas de salud, y me refiero a la salud en sentido amplio, incluida la salud mental.

Cuando se celebraron las audiencias, la sociedad civil participó activamente y el espectro de organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes se amplió para incluir a OSC de derechos humanos, no solamente a causa de las libertades afectadas bajo las cuarentenas, sino también porque los gobiernos estaban utilizando la pandemia como excusa para violar los derechos humanos. Como resultado, cada vez más OSC de derechos humanos querían tener incidencia en el tratado.

En cuanto a la participación en el propio proceso del tratado, la OMS tiene una categoría para la sociedad civil, que es la de “observadores oficiales”. Pero la sociedad civil debería tener mucha más influencia en el debate. Al más alto nivel, la OMS está organizando eventos de dos días para proporcionar evidencia a las partes interesadas más allá de los Estados miembros. En abril celebraron un evento de dos días, en el que el Panel participó y dio su opinión sobre el tema. En junio se celebrará otro evento.

Un problema importante que he visto es la gestión centralizada de la pandemia. Tenemos que involucrar a las comunidades, y esto incluye a la sociedad civil. Cuando se gestiona una pandemia, hay que incorporar la participación de personas y organizaciones a nivel local. Esto no puede hacerlo solo el gobierno central; las autoridades locales deben desempeñar su rol para involucrar a estos grupos.

Ampliar la gobernanza del tratado para incluir a la sociedad civil sería todo un desafío, ya que los Estados miembros serán dueños del tratado que firmen, ya sea por consenso o por ratificación gubernamental. Tiene que haber más debate sobre cómo, incluso si hay una conferencia de las partes, podemos incluir más a la sociedad civil y comprometernos con ella.

¿Cuáles son los principales desafíos que prevé en el futuro inmediato en relación con la implementación de un eventual tratado?

El primer desafío es producir una Convención Mundial de Salud Pública con un fuerte componente de rendición de cuentas. Los Estados deben aceptar que deben rendirse cuentas entre ellos y al mundo. Y aunque a los Estados les resulte difícil aceptar la idea de ser evaluados por personas independientes, necesitamos que las evaluaciones sean realizadas por un organismo independiente. Podemos tener Estados que supervisen su trabajo, pero el organismo tiene que ser capaz de trabajar de forma independiente.

La noción de “soberanía compartida” sigue siendo difícil de aceptar para los países. Pero habitamos todos el mismo planeta y necesitamos trabajar juntos. Todos estamos interrelacionados, por lo que debemos tener la voluntad de cooperar y ver cómo podemos construir juntos. Algunos se preocuparán por la pérdida de soberanía, pero tenemos que ayudarles a entender la importancia crítica que tiene esto, desde un punto de vista tanto moral como de interés propio. A cada persona le interesa que los demás se comporten bien con ella. Estos son algunos de los bloqueos que debemos superar para lograr un buen tratado.

En resumen, los Estados ya han acordado elaborar algún tipo de tratado o convención y ya están trabajando en ello. Pero la pregunta es si este será el tratado adecuado. Si todo va bien, tendremos un acuerdo para 2024, y luego habrá que esperar a que los países lo ratifiquen, o no.

Pero no debemos dejar pasar el impulso porque realmente debemos estar preparados. La gente sigue preguntándonos si podríamos tener otra pandemia en los próximos 10 o 20 años. Bueno, francamente, podríamos tener otra el año que viene. Hay una verdadera urgencia porque los hábitats están cambiando; los animales y los humanos están cada vez más cerca unos de otros.

Veo que todo el mundo se relaja un poco ya que el COVID-19 parece estar relativamente controlado. Pero no debemos quedarnos dormidos. Es casi seguro que algo similar volverá a ocurrir en el futuro. Lo único que no sabemos es cuándo.

Póngase en contacto con el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública a través de susitio web.
Tratado promueve la justicia ambiental en América Latina y el Caribe
Por Danny Sriskandarajah, secretario general de CIVICUS

A pesar de la reducción de espacios para la sociedad civil, el nuevo Acuerdo de Escazú, que ofrece medidas de protección para los defensores y agrupaciones ambientalistas, es un brillante ejemplo de ciudadanos que se organizan de manera creativa para luchar por la justicia social.

Leer en: Open Global Rights
UGANDA: “Nadie puede ganar las elecciones sin los votos de los jóvenes”
CIVICUS conversa con Mohammed Ndifuna, Director Ejecutivo de Justice Access Point-Uganda (Punto de Acceso a la Justicia-Uganda, JAP). Establecido en 2018, JAP busca impulsar, animar y fortalecer la lucha por la justicia en el contexto del estancado proceso de justicia transicional de Uganda, las dificultades del país para implementar las recomendaciones de su primer y segundo Exámenes Periódicos Universales en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la reacción de algunos estados africanos contra la Corte Penal Internacional.

Mohammed es un experimentado y apasionado defensor de los derechos humanos y trabajador por la paz, con más de 15 años de activismo en derechos humanos y prevención de atrocidades a nivel local, nacional e internacional. En 2014 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea para Uganda; ha integrado el Comité Directivo de la Coalición por la Corte Penal (2007-2018) y la Junta Asesora de la Human Rights House Network en Oslo (2007-2012), y actualmente integra el Comité de Gestión del Comité Nacional de Uganda para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas.

¿Cuál es la situación del espacio cívico en Uganda de cara a las muy esperadas elecciones de 2021?

El espacio cívico en Uganda puede ser caracterizado como un espacio acosado, asfixiado y expoliado. La sociedad civil da la impresión de estar en una especie de pendiente resbaladiza mientras las cosas cambian de mal en peor. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han experimentado una ola de ataques descarados contra su espacio físico que han tomado la forma de intrusiones y allanamientos de sus oficinas a plena luz del día. Entretanto han continuado los ataques contra las OSC en general, y en particular contra las que hacen incidencia en derechos humanos y promueven la rendición de cuentas. En los últimos años se ha promulgado una cantidad de medidas legislativas y administrativas contra las OSC y otros sectores, tales como la Ley de Gestión del Orden Público (2012) y la Ley de ONG (2016).

De cara a las elecciones generales y presidenciales, que se celebrarán el 14 de enero de 2021, el ministro del Interior estableció que todas las OSC deben pasar por un proceso obligatorio de validación y verificación para quedar habilitadas para operar. Muchas OSC no han podido completar el proceso. De hecho, hasta el 19 de octubre de 2020 solo 2.257 OSC habían completado con éxito el proceso de verificación y validación, y entre ellas se contaban solo unas pocas OSC que hacen incidencia en temas de gobernanza.

Las OSC ugandesas son altamente dependientes de los donantes y ya estaban lidiando con la reducción de sus recursos financieros, que afectó fuertemente los alcances de su trabajo. Esta situación se vio agravada por el brote de COVID-19 y las medidas de confinamiento que se tomaron como respuesta, que perjudicaron los esfuerzos de movilización de recursos de las OSC. Así pues, la combinación de estas tres fuerzas - acoso, restricciones y acceso limitado al financiamiento - ha debilitado a las OSC, obligando a la mayoría a centrar sus esfuerzos en su propia supervivencia.

Parecería que hay mucho más en juego en las elecciones de 2021 que en años anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado?

La situación comenzó a cambiar en julio de 2019, cuando Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine, anunció que competiría por la presidencia como candidato de la opositora Plataforma de Unidad Nacional. Bobi Wine es cantante, actor, activista y político. Como líder del movimiento Poder Popular, Nuestro Poder, fue elegido legislador en 2017.

La atención que recibe Bobi por parte de los jóvenes es enorme, y hay que tener en cuenta que más del 75% de la población de Uganda tiene menos de 30 años. Esto hace que los jóvenes sean un grupo que es muy importante atraer. Ningún candidato puede ganar las elecciones de Uganda si no recibe la mayor parte de los votos de los jóvenes. En la próxima carrera presidencial, Bobi Wine parece ser el candidato más capaz de atraer estos votos. Aunque no tiene gran experiencia como político, Bobi es una personalidad muy carismática y ha logrado atraer a su movimiento de masas no solo a los jóvenes sino también a muchos políticos de los partidos tradicionales.

Largamente conocido como el “presidente del gueto”, Bobi Wine ha aprovechado su atractivo como estrella de la música popular para producir canciones políticas y movilizar a la gente. Sus raíces en el gueto también lo han tornado más atractivo en las zonas urbanas. Se cree que ha motivado a muchos jóvenes a registrarse para votar, por lo es posible que la apatía entre los votantes jóvenes disminuya en comparación con elecciones pasadas.

En vistas de la actual lucha sin cuartel por los votos de los jóvenes, no es de extrañar que el aparato de seguridad haya arremetido violentamente contra los jóvenes, en un intento evidente de contener la presión que están ejerciendo. Muchos activistas políticos vinculados a Poder Popular han sido acosados y, en algunos casos, asesinados. Varios líderes políticos de Poder Popular han sido intermitentemente detenidos y procesados en los tribunales o presuntamente secuestrados y torturados en sitios clandestinos. En un evidente intento de atraer a los jóvenes del gueto, el presidente Yoweri Museveni ha nombrado como asesores presidenciales a tres personas procedentes del gueto. Esto sugiere la posibilidad de que las bandas de gánsteres del gueto y la violencia desempeñen un rol en las próximas elecciones presidenciales.

En elecciones anteriores hubo restricciones a la libertad de expresión y el uso de Internet. ¿Veremos tendencias similares en esta oportunidad?

Ya las estamos viendo. La preocupación por la restricción de las libertades de expresión e información es válida no solamente en virtud de la mirada retrospectiva, sino también a causa de varios acontecimientos recientes. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2020 la Comisión de Comunicaciones de Uganda (CCU) emitió un aviso público indicando que toda persona que deseara publicar información en internet debía solicitar y obtener una licencia de la CCU antes del 5 de octubre de 2020. Esto afectará principalmente a los usuarios de internet, como blogueros, a quienes se les paga por el contenido que publican. Obviamente, esto intenta reprimir las actividades políticas de los jóvenes en la internet. Y también es particularmente preocupante porque, dado que las reuniones y asambleas públicas están restringidas a causa de las medidas de prevención del COVID-19, los medios de comunicación digitales serán el único método permitido para hacer campaña para las elecciones de 2021.

También ha aumentado la vigilancia electrónica, y no es remota la posibilidad de un cierre de las plataformas de redes sociales en vísperas de las elecciones.

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a la sociedad civil y a su capacidad para responder a las restricciones del espacio cívico?

La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas en respuesta han agravado el ya precario estado en que se encontraban las OSC. Por ejemplo, la capacidad de la sociedad civil para organizar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas en apoyo de los derechos y libertades fundamentales, o para protestar contra su violación, se ha visto restringida por la forma en que se han aplicado los procedimientos operativos estándar (POE) para hacer frente al COVID-19. Esto ha resultado en violaciones y ataques contra el espacio cívico. Por ejemplo, el 17 de octubre de 2020 la Fuerza de Policía de Uganda y las Unidades de Defensa Local allanaron conjuntamente una reunión de oración de Acción de Gracias que se llevaba a cabo en el distrito de Mityana y gratuitamente lanzaron gases lacrimógenos contra la congregación, que incluía a niños, mujeres, hombres, personas mayores y líderes religiosos; la razón alegada fue que las personas reunidas habían desobedecido los POE para el COVID-19.

En cuanto la implementación de los POE para el COVID-19 entre en contacto con la presión electoral, es posible que la represión de las libertades de reunión pacífica y asociación se agrave. Lamentablemente, las OSC ya se encuentran fuertemente restringidas.

¿De qué manera puede la sociedad civil internacional ayudar a la sociedad civil de Uganda?

La situación en que se encuentra la sociedad civil de Uganda es tal que requiere del apoyo y la respuesta urgentes de la comunidad internacional. Es necesario prestar atención a lo que está sucediendo en Uganda y expresarse de modo tal de amplificar las voces de una sociedad civil local que está siendo cada vez más sofocada. Más específicamente, se debería apoyar a las OSC ugandesas para que puedan responder mejor a las violaciones flagrantes de las libertades, mitigar los riesgos que conlleva su trabajo y mejorar su resiliencia en el contexto actual.

El espacio cívico enUganda es catalogado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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Unamos fuerzas en defensa del espacio cívico en Venezuela

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; Civicus, IFEX-ALC y Voces del Sur exhortamos a la comunidad internacional a rechazar abiertamente la nueva iniciativa legislativa que habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación.

El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”. Desde su presentación ante el parlamento se plantea un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como “enemigas de la patria”.

Venezuela atraviesa desde hace varios años una crisis estructural con impacto negativo en la garantía de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y con consecuencias a nivel regional por el desplazamiento de millones de personas en condición crítica hacia otros países del continente. Esta situación ha sido atendida por organizaciones de la sociedad civil a través de asistencia social y humanitaria, cuyo trabajo se vería restringido a través de esta ley.

A la fecha de publicación de este comunicado, el proyecto de ley no es de acceso público. Una vez presentada, la propuesta se aprobó de forma inmediata; la Asamblea Nacional no discutió la normativa ni cumplió el proceso establecido en la Constitución para el tratamiento de los proyectos de ley.

En Venezuela las organizaciones están sometidas a una serie de registros y cumplen con sus compromisos fiscales. Es el Estado el que impide de facto que nuevas organizaciones se registren o actualicen su documentación al paralizar los procesos en los registros públicos.

La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia. Además, el proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar “datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno. La transparencia es un pilar fundamental del trabajo de la sociedad civil y se ejerce como una buena práctica, sin embargo la obligatoriedad contenida en la ley debe estar enmarcada en garantías institucionales claras, que respeten y protejan de manera efectiva la libertad de asociación.

Pedimos a la comunidad internacional su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región sigan proliferando, ya que solo buscan mermar el espacio cívico en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes e incentivan más acciones de este tipo por parte de sectores de poder con motivaciones cada vez menos democráticas. De aprobarse esta ley, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela estaría bajo una seria amenaza, lo que aumentaría las restricciones en un espacio cívico ya estrecho en el país.

Una democracia saludable requiere el trabajo de la sociedad civil; personas, organizaciones, movimientos y colectivos para contener el avance de políticas que buscan mermar sus bases, desnaturalizando mecanismos legítimos que al vaciarlos de contenido y convertirlos en instrumentos para conservar y aumentar el poder lo único que logran es sacrificar a quienes ejercen de manera legítima sus derechos.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
UNITED NATIONS: ‘Anti-rights groups come in under the pretence of speaking about human rights’
As part of our 2019 thematic report, we are interviewing civil society activists and their allies about their experience of facing backlash by anti-rights groups. CIVICUS speaks to two United Nations (UN) officials, speaking on condition of anonymity, about the increasing space that is being taken up by anti-rights groups at the UN Human Rights Council, and the strategies that need to be developed to strengthen progressive narratives and civil society responses.
Veinticinco años después: una mirada a mi viaje con CIVICUS
French

por Anabel Cruz, presidenta de la Junta Directiva de CIVICUS 2016-2019

A principios de 1993, la democracia era aún bastante «joven» en muchas partes del mundo. Apenas habían transcurrido menos de cuatro años desde la caída del Muro de Berlín; el apartheid todavía no se había desmantelado por completo y las primeras elecciones sudafricanas mediante sufragio universal se celebrarían el año siguiente, en 1994. Al mismo tiempo, a principios de los noventa, varios países de América Latina habían dado sus primeros pasos hacia democracias representativas tras más de una década de dictaduras militares.

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