tratado internacional

CONVENCIÓN FISCAL DE LA ONU: “El poder popular es nuestra principal arma en la lucha contra la desigualdad”
CIVICUSconversa acerca de la labor de la sociedad civil para combatir la desigualdad desde la base y analiza las perspectivaspara una convención fiscal de las Naciones Unidas con JennyRicks, coordinadora mundial de la Alianza para Combatir la Desigualdad.

La Alianza para Combatir la Desigualdad es una coalición mundial en expansión que reúne a un amplio abanico de movimientos sociales, organizaciones de base y comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas y activistas individuales que se organizan y movilizan en el territorio para encontrar e impulsar soluciones a las causas estructurales de la desigualdad con el fin de reequilibrar el poder y la riqueza en nuestras sociedades.

¿Existe un consenso global en torno a la idea de que la desigualdad está mal y hay que combatirla?

En los últimos años se ha llegado al consenso de que la desigualdad ha alcanzado niveles extremos y es perjudicial para todos los miembros de la sociedad, así como para el medio ambiente. Estamos en un momento en el cual no solamente las personas más afectadas por la desigualdad consideran que está mal, que es grotesca y que tiene que cambiar, sino que incluso organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sostienen que es un problema. El Papa dice que es un problema. Los gobiernos se han comprometido a reducir la desigualdad a través de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Existe un amplio consenso, pero es superficial: da la impresión de que todo el mundo piensa que la concentración de poder y riqueza en la cúspide de las sociedades ha ido demasiado lejos y que la brecha es demasiado extrema y afecta a la vida cotidiana y a los medios de subsistencia de las personas como cuestión de vida o muerte. Y no sólo eso: también corroe las democracias. Cuando los oligarcas controlan los medios de comunicación, compran elecciones, reprimen a las personas defensoras de derechos humanos y al espacio cívico y destruyen el medio ambiente, esto nos afecta a todos.

Pero por debajo de ese consenso superficial, creo que sigue habiendo un profundo desacuerdo sobre lo que realmente significa luchar contra la desigualdad. En la Alianza para Combatir la Desigualdad estamos interesados en desmantelar los sistemas de opresión que impulsan la desigualdad, incluidos el neoliberalismo, el patriarcado, el racismo y los legados del colonialismo. Estas son las profundas raíces estructurales de las desigualdades: son las razones por las cuales miles de millones de personas luchan por sobrevivir bajo una pandemia mundial mientras los más ricos del mundo siguen pasándoselo en grande. Así que tenemos una agenda de transformación de la naturaleza de nuestras economías y sociedades, y no solamente de retoques del statu quo, con pequeños ajustes para evitar que la gente se rebele.

¿Cómo se puede combatir la desigualdad estructural?

Cuando empezamos a constituir la Alianza para Combatir la Desigualdad, teníamos claro que el problema no radicaba en la falta de soluciones políticas. Sabemos cuáles son las soluciones políticas para luchar contra la desigualdad, así como sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar para hacer frente al cambio climático. Sabemos qué políticas fiscales redistributivas se requieren o cuáles políticas permitirían garantizar un trabajo digno.

El problema era que la abrumadora concentración de poder y riqueza en la cúspide no era compensada por una fuerza equivalente desde abajo. Los más ricos y poderosos están organizados y bien financiados. Persiguen sus intereses y su codicia de forma agresiva y exitosa. Lo que nosotros tenemos es poder popular. Pero dentro de la sociedad civil y fuera de ella, los grupos estaban muy fragmentados, muy aislados y centrados en sus propias agendas y absorbidos por las cuestiones más urgentes para las poblaciones a las que responden. No había suficiente conexión entre las luchas.

Organizarse en torno a la desigualdad es una buena forma de lograr que la gente entienda cómo sus luchas están interconectadas: a las luchas cotidianas subyacen raíces comunes y, por tanto, también hay soluciones comunes por las que luchar. Ahí es donde vimos que residía nuestro rol, y también en cambiar las narrativas que tenemos sobre la desigualdad. Tenemos que cambiar lo que consideramos que es necesario y posible en nuestras sociedades, y crear poder para impulsar las visiones alternativas por las que luchamos. Cuando nos vemos limitados por lo que las narrativas dominantes consideran natural o normal, como la falsa idea de que los multimillonarios son genios esforzados que merecen tener una riqueza ilimitada, perdemos energía y capacidad de organización para promover el cambio estructural.

La gente conoce sus problemas y sus soluciones. La desigualdad no es un problema que puedan resolver los economistas y los tecnócratas: es ante todo una lucha que debe librar la gente. Y hay que escuchar las voces de quienes experimentan la peor parte de estas desigualdades. Estas personas son las verdaderas expertas en esta lucha. Así que el poder popular es la principal arma que aportamos a esta lucha. Los gobiernos y las instituciones internacionales quieren llevar estos debates a las arenas técnicas de los órganos de formulación de políticas y a las salas de conferencias, envolviéndolos en un lenguaje técnico que los hace intencionadamente inaccesibles para la mayoría de la gente. Muchas cuestiones que requieren cambios estructurales, y desde luego la desigualdad, son tratadas como cosas que hay que medir, sobre las que hay que informar y de las que hay que hablar en los círculos económicos.

Pero la desigualdad es una tragedia humana, no una cuestión técnica. Es una cuestión de poder. Y las soluciones deben estar en manos de las personas cuyas vidas se ven más afectadas por ella. Tenemos que cambiar el equilibrio de poder, en nuestras sociedades y en el ámbito global, en vez de discutir la redacción de un documento técnico debatido a puertas cerradas, y eso solamente se consigue organizándonos a gran escala. Este poder popular es la principal arma que aportamos a la lucha contra la desigualdad.

¿Por qué la fiscalidad es importante en la lucha contra la desigualdad?

La lucha contra la desigualdad requiere que redistribuyamos el poder y la riqueza, y la fiscalidad es una importante herramienta de redistribución.

En los últimos diez o veinte años, la sociedad civil ha trabajado mucho para cuestionar el hecho de que las personas más ricas y las grandes empresas de todo el mundo no pagan los impuestos que les corresponden. El modelo económico es explotador, injusto e insostenible; se basa en la extracción de recursos, principalmente del Sur global, en prácticas laborales abusivas, trabajadores mal pagados y daños ambiental.

Todos podemos identificarnos con esta cuestión también a nivel nacional y local, ya que para equilibrar los presupuestos los gobiernos suelen aumentar los impuestos indirectos, tales como el impuesto sobre el valor agregado, que es el tipo de impuesto más regresivo porque se aplica a cualquier cosa que la gente compre, incluidos los productos de primera necesidad, en vez de gravar más a los ricos o a las multinacionales, que han creado toda una industria y unos complicados esquemas globales para eludir y evadir impuestos a gran escala.

La redistribución se está produciendo ahora mismo: se basa en extraer recursos de los más pobres y distribuirlos entre los más ricos del mundo: multimillonarios, accionistas de empresas y similares. Eso es lo que estamos luchando por revertir, a nivel tanto local como global.

¿Cómo podría ayudar una convención de la ONU sobre fiscalidad?

El nivel actual de concentración de la riqueza es tan grotesco que exige soluciones y medidas en todos los niveles. Tenemos que luchar en el frente local, donde la gente está sufriendo, al tiempo que impulsamos un cambio sistémico en lugares como la ONU. El debate sobre las normas fiscales globales parece bastante alejado de las luchas cotidianas de la mayoría de la gente, dentro y fuera de nuestra alianza. Pero las decisiones que se toman al respecto repercuten sobre esas luchas.

Hasta ahora, las normas fiscales han sido establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización intergubernamental con 38 Estados miembros: el club de los países ricos. ¿Cómo es posible que las decisiones sobre las normas fiscales globales, que afectan a todo el mundo, se tomen en un lugar que no sea la ONU, que con todos sus defectos y fallas es el único organismo multilateral en el cual todos los Estados tienen un lugar en la mesa?

Aun así, como hemos visto con las negociaciones sobre el clima, en la ONU se libra una enorme lucha de poder. Conseguir el tipo de normas fiscales globales que queremos seguirá siendo una lucha titánica. Pero si las normas fiscales globales se elaboran en el seno de la OCDE, la mayoría del mundo ni siquiera tiene una oportunidad. Pedir amablemente a los países ricos que se comporten mejor no va a producir el tipo de transformación que queremos.

En noviembre de 2022 se dio un primer paso positivo: la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución llamando a una cooperación fiscal internacional más inclusiva y eficaz e instando a los Estados miembros a iniciar negociaciones sobre un tratado fiscal mundial. La resolución se hizo eco de un llamamiento del Grupo de los 77 (G77), el mayor bloque de países en desarrollo de la ONU, así como del Grupo Africano, y otorgó a la ONU el mandato de monitorear, evaluar y determinar las normas fiscales globales y apoyar la creación de un órgano fiscal mundial.

Una convención fiscal global pondría a los Estados del Sur en pie de igualdad con los del Norte, por lo que la propuesta enfrentó grandes rechazos. Quedaron claramente en evidencia las dinámicas del poder global. Era de esperarse: se trata de un proceso a largo plazo y de final abierto. No hay garantías de que vaya a dar lugar al marco global sólido que necesitamos. Pero sigue siendo una lucha que merece la pena dar, y la ONU es el escenario adecuado para ella, simplemente porque no hay ningún otro espacio donde puedan llevarse a cabo estas negociaciones. ¿En qué otro lugar podrían el G77 o el Grupo Africano renegociar las normas fiscales globales?

¿Cómo están haciendo campaña a la luz de la resolución?

No estamos haciendo campaña directamente a favor de la Convención Fiscal de la ONU, sino que intentamos atraer a la gente hacia esta agenda de una forma diferente. Hemos estado haciendo mucha campaña sobre los impuestos a los ricos y la abolición de los multimillonarios, que es una forma más atractiva de presentar la cuestión y movilizar a la gente en torno a ella. En este momento no me imagino a cientos de miles de personas saliendo a la calle por la Convención Fiscal de la ONU. En cambio, nos hemos organizado en torno a la necesidad de gravar a los ricos, tanto a individuos como a empresas, a escala nacional y global.

Este llamamiento tiene mucha resonancia popular porque a la gente le resulta más fácil vincularlo con sus luchas: luchas por trabajo, presupuesto para la salud, mejores servicios públicos o una renta básica, o contra medidas de austeridad, subas de impuestos regresivos o recortes de subsidios. Gracias a nuestro trabajo de organización, en los últimos años el tema ha pasado a formar parte de las campañas de muchos más movimientos en todo el mundo. Para muchos movimientos de base del Sur global ha sido la forma de entrar en el tema fiscal. Tiene potencial para atraer la atención de la gente hacia la agenda más amplia de la justicia fiscal. No se puede empezar celebrando una reunión comunitaria sobre la Convención Fiscal de la ONU. Hay que partir de las desigualdades cotidianas que experimenta la gente.

Póngase en contacto conla Alianza para Combatir la Desigualdada través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@jenny_ricks y a@FightInequality en Twitter.
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: “Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas”
CIVICUSconversa sobre el proceso para desarrollar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos y el rol de la sociedad civil con Ivette González, directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).

PODER es una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como a fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

¿Por qué es tan importante contar con un tratado sobre empresas y derechos humanos?

Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.

Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.

El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.

Toda empresa debe operar con debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones, como ciclo continuo de gestión y abarcando desde el planteamiento del proyecto, la inversión, las operaciones, fusiones, cadenas de valor y suministro, relaciones con clientes y proveedores, y cualquier otra actividad que pudiera generar impactos negativos sobre los derechos, incluyendo a los territorios. El tratado sirve para que los Estados, en tanto que principales sujetos de obligaciones para proteger los derechos humanos, exijan a las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades y lo monitoreen.

Asimismo, este tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.

¿Qué avances ha habido en la negociación del tratado?

En la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2022, se produjeron desarrollos interesantes. Si bien no hay una línea de tiempo y un plazo estricto para producir la versión final del tratado, una de las personas expertas convocadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el desarrollo del instrumento propuso el año 2025 para concluir las negociaciones. Ese es el plazo que se espera poder cumplir si los Estados tienen voluntad política para generar consensos. Y por lo pronto, se observa que algunos Estados que en el pasado fueron reticentes a participar ahora están teniendo un poco más de interés.

Por ahora el borrador cuenta con 24 artículos, los primeros 13 de los cuales se discutieron en la última sesión. Las discusiones incluyeron temas centrales como la definición de los derechos de las víctimas y su protección y la definición del propósito y el alcance del tratado, es decir, si debe de incluir solamente a las empresas transnacionales o también a otras empresas. El Estado mexicano, por ejemplo, sostiene que este instrumento debe abarcar todas las actividades que tengan un carácter transnacional. También se ha discutido acerca de la prevención de daños y el acceso a reparaciones, así como acerca de la responsabilidad legal, la jurisdicción que abordará la denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional, entre otros temas.

Algunos Estados han hecho aportes para mejorar el contenido en negociación. Por el contrario, otros Estados buscan minimizar el alcance del tratado en algunos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a protecciones a pueblos y comunidades indígenas, salvaguardas ambientales y derechos de las mujeres y la niñez, entre otros.

Hay Estados que apoyan las nuevas propuestas del presidente relator, el embajador de Ecuador, pero gran parte de la sociedad civil considera que, en su mayoría, van en detrimento de lo alcanzado durante siete años hasta 2021, y le quita fuerza al tratado. Promueven la asimetría de poder entre Estados del norte y el sur, así como entre las empresas y las personas y comunidades titulares de derechos. El tercer borrador revisado es el que reconocemos como legítimo y sobre el que se consideramos que se deben continuar las negociaciones.

¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil?

Decenas de OSC están impulsando un tratado efectivo. Entre ellas se cuentan PODER, junto con la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países, y muchas otras alianzas, movimientos y articulaciones como la Alianza para el tratado, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad.

Por supuesto que en la sociedad civil hay diversidad de opiniones en varios temas, pero estamos de acuerdo en la necesidad de regular la actividad empresarial con una perspectiva de derechos humanos. Hemos identificado los elementos que debe de contener este tratado y las condiciones para su implementación. Y tratamos de ponerle urgencia al proceso, que va demasiado lento, mientras que las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personas defensoras no se detienen, sino que aumentan cada año.

La sociedad civil ha hecho incidencia con los y las tomadoras de decisiones para que se abrieran espacios de discusión con la sociedad civil. PODER, junto con la Red-DESC, en particular, ha insistido en la participación constructiva y proactiva de los Estados del sur global en el proceso, y específicamente de América Latina. También trabajamos para integrar una perspectiva de género e interseccional tanto en el proceso como en el texto; un ejemplo ha sido la propuesta de utilizar la política exterior feminista de México.

La sociedad civil parte de la convicción de que no es posible desarrollar un tratado legítimo si no se coloca en el centro de todo el proceso la participación de los y las titulares de derechos – personas y comunidades rurales afectadas, pueblos indígenas, sindicatos independientes, personas LGBTQI+ y personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.

¿Cuáles son las probabilidades de que la versión final del tratado satisfaga las expectativas de la sociedad civil y cumpla con su cometido?

Esperamos que el tratado contribuya a acabar con la impunidad corporativa y que los Estados asuman su obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Que se eviten abusos y violaciones, se reparen daños y se asegure que estas situaciones no se repitan.

Aunque existen procesos establecidos para el desarrollo de tratados internacionales, este es un tratado inusual y debe ser tratado como tal, por lo que deben hacerse los cambios que sean necesarios tanto en el proceso como en el contenido para que sea realmente efectivo.

La satisfacción completa de las expectativas de la sociedad civil requeriría de un cambio de paradigma basado en el principio de que las empresas tienen una función social y que sus operaciones no deben rebasar ciertos límites para tener una vida digna y un medio ambiente limpio sano y sostenible. Sabemos que no lograremos concretar todas nuestras aspiraciones con un tratado, con Planes Nacionales de Acción y con regulaciones y normativas, aun cuando éstas sean correctamente implementadas. Pero todos estos son pasos importantes para intentar equilibrar la balanza, limitando el poder que el sistema económico global ha otorgado a las corporaciones empresariales.

Si bien el tratado difícilmente satisfaga todas nuestras expectativas, las OSC que estamos exigiendo el máximo nivel de exigencia para este tratado seguiremos haciéndolo hasta el final. Seguiremos llevando propuestas de personas expertas y de las comunidades y grupos afectados que luchan por la justicia y la reparación de los daños que viven en carne propia, abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas y permanezcan en el centro de las negociaciones en todo momento e incluyendo en las consultas sobre el texto a personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.

Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí, y solo contribuiría a mantener un statu quo insostenible.

Contáctese con PODER a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@ProjectPODER en Twitter.
NACIONES UNIDAS: ‘Los temas pendientes del tratado vinculante sobre empresas y DDHH son políticos’
CIVICUS conversa sobre el proceso para elaborar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos con Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos.

¿Por qué es tan importante contar con un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos?

El proceso para desarrollar este tratado surge de la convicción de que se necesita un instrumento legalmente vinculante que regule las obligaciones de las empresas y, sobre todo, facilite el acceso a la justicia para las víctimas de sus abusos. El objetivo es incorporar protecciones a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.

Un tratado internacional permitiría trascender las limitaciones jurisdiccionales de los Estados. El capital transnacional opera más allá de fronteras. Una enorme cantidad de empresas en la mayoría de los sectores opera con cadenas de suministro globales. Cuando en algún lugar de esas cadenas ocurren abusos es muy difícil para las víctimas acceder a la justicia, ya que no contamos con mecanismos de justicia que transciendan las fronteras. Las operaciones de las empresas son transnacionales, pero la justicia no.

Desde ya que los países tienen que tomar medidas a nivel doméstico, fortalecer sus regulaciones, mejorar sus leyes y desarrollar política pública y planes de acción para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos. Y también las empresas deben adoptar compromisos para mejorar sus prácticas. El tratado que se está negociando formaría parte de un conjunto de medidas que son complementarias, no excluyentes.

El proceso del tratado comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la creación de ungrupo intergubernamental de trabajo de composición abierta que recibió el mandato de negociar y acordar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

¿Qué rol está desempeñando el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos?

ElGrupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos es un procedimiento especial de la ONU instituido porresolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011, con el mandato de promover, difundir y aplicar losPrincipios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Su mandato ha sido sucesivamente renovado en 2014, 2017 y 2020. Está integrado por cinco expertos y expertas independientes, en su mayoría académicos y con representación geográfica equilibrada. Yo formo parte del Grupo de Trabajo desde 2021. Los otros cuatro integrantes actuales son de Australia, Nigeria, Polonia y Tailandia. Tres de los cinco somos mujeres.

Si bien no tenemos ninguna autoridad para tomar decisiones en cuanto al Tratado, el Grupo de Trabajo desempeña un rol importante. Participamos de casi todas las sesiones de negociación a través de mesas de debate y de discusión, y emitimos opiniones técnicas. Hemos hecho comentarios sobre el articulado y fomentamos la participación proactiva de los Estados de las distintas regiones del mundo.

Una de las premisas de los Principios Rectores es el desarrollo de medidas que se puedan combinar con el fin de abordar los problemas que existen en el terreno de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Un instrumento legalmente vinculante es justamente una de esas medidas necesarias.

El Grupo de Trabajo ha sido muy claro en dar un mensaje favorable al proceso de negociación del tratado.

¿Qué avances se han producido en la negociación del tratado?

En laentrevista anterior que tuvimos en el año 2018, el proceso llevaba cuatro años. En ese momento estaba por comenzar en Ginebra la cuarta sesión de negociaciones sobre la base del ‘borrador cero’. Y yo aún no formaba parte del Grupo de Trabajo. Han pasado ya cuatro años más, y en la sesión de octubre de 2022, la octava, se discutió el tercer borrador, surgido previo a las negociaciones de 2021.

La pandemia afectó los procesos de negociación, en parte porque se perdió el contacto cara a cara por mucho tiempo. Los representantes y delegados en Ginebra, por ejemplo, no pudieron reunirse en persona por más de un año, por lo que las posibilidades de intercambios se vieron muy limitadas. A su vez, la pandemia afectó la participación de la sociedad civil y demás sectores en estos debates. Los procesos se ralentizaron y por lo tanto se extendieron.

Actualmente se sigue discutiendo el tercer borrador, y aparentemente Ecuador, que preside el Grupo de Trabajo intergubernamental, ha dicho que no va a traer otro borrador nuevo a la mesa, sino que se seguirán realizando cambios, modificaciones y adendas a este tercer borrador. Eventualmente, todos estos ajustes permitirán llegar a un borrador final.

El borrador actual ha avanzado mucho en temas tales como la mención de grupos vulnerables, mujeres, infancias y pueblos indígenas. También se ha ido aclarando su alcance, que fue un tema muy duro en las negociaciones. En general, la sociedad civil tiene la postura de priorizar a las transnacionales, mientras que el borrador actual propone que todas las empresas estén bajo el paraguas del tratado. Esta última es la postura compartida por nuestro Grupo de Trabajo. Varios temas se han desatorado, aunque aún quedan muchas cosas por resolver.

¿Cuáles son los temas pendientes de resolución?

Hay muchas discusiones que son más políticas que técnicas. Algunos Estados y el sector privado han manifestado que el texto es demasiado prescriptivo y rígido. La sociedad civil ha manifestado que quiere más clarificaciones y especificidades sobre algunos temas como la definición de las cortes donde se dirimirían los casos enmarcados en el tratado y la consideración de la perspectiva de las víctimas, ya que la carga de la prueba sigue siendo un tema polémico. En este punto el Grupo de Trabajo ha sido muy claro: los Estados tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia y eliminar las barreras y obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

Si bien la Unión Europea (UE) y Estados Unidos participan de este proceso, les falta convencimiento sobre el rumbo del texto. La UE tiene una participación muy activa, pero observo posturas divergentes entre sus Estados miembros. Muchos países, como Francia, lo apoyan, pero la UE en conjunto tiene reservas.

Uno de los grandes triunfos que vivió el proceso en sus inicios fue que China no lo bloqueó, sino que se abstuvo. Lo mismo ocurrió con India. Esto ocurrió, en parte, porque se suponía que el tratado sería sobre empresas transnacionales. A China no le ha gustado la ampliación del alcance del tratado a todas las empresas, y últimamente ha tenido una postura bastante cerrada.

Los Estados africanos han participado muy poco en las últimas dos rondas de negociación. Creemos que Sudáfrica, que fue co-líder con Ecuador cuando se negoció la resolución que inició el proceso, tampoco se encuentra satisfecha con la ampliación del enfoque más allá de las empresas transnacionales. Incluso, Ecuador convocó recientemente a la formación de un grupo de “amigos de la presidencia” y África es la única región sin miembros participantes.

América Latina está participando bastante proactivamente, si bien la región ha experimentado muchos cambios políticos, incluyendo en el propio Ecuador, que posiblemente influyan sobre las posturas en las negociaciones.

En suma, hay discusiones técnicas sobre los artículos, pero la mayoría de los temas pendientes son discusiones sobre todo políticas. Por esta razón, creo que el proceso llevará varios años más.

¿Piensas que la versión final del tratado satisfará las expectativas de la sociedad civil?

Mi deseo es que no nos quedemos con un tratado que enuncie buenas intenciones sin colocar reglas claras. Como ocurre en todas las negociaciones de esta naturaleza, seguramente algunos de los temas que reclama la sociedad civil queden pendientes. Hay muchísimas cosas para acomodar: las perspectivas de los Estados, las expectativas de las empresas y del sector privado en general, y los reclamos de la sociedad civil y de todas las personas titulares de derechos.

Yo esperaría un texto bastante bueno, que de alguna manera refleje el carácter del proceso, que contó con una sociedad civil y movimientos sociales muy fuertes. Desde mi perspectiva, el proceso se ha sostenido, además de por compromiso de los Estados para negociar, por el impulso de la sociedad civil y el diálogo entre todos los actores.

Mi expectativa es intermedia. Con cierta cautela en cuanto al alcance del articulado, pienso que el tratado contendrá algunos elementos que satisfagan a la sociedad civil, particularmente a las víctimas.

¿Qué trabajo habrá que hacer una vez que el tratado sea aprobado?

Para empezar, creo que falta mucho para que este tratado se apruebe. Puede que esto todavía lleve varios años más. Hay un largo camino por recorrer en las negociaciones y en lo que respecta al contenido del texto.

Una vez que el tratado se apruebe, se deberá impulsar su ratificación. Recordemos que los tratados internacionales solo entran en vigor cuando una cierta cantidad de Estados los ratifican, y que solo quedan obligados por ellos los Estados que los ratifican. Aquí es donde yo veo un enorme desafío. Ojalá que una vez que lleguemos a buen puerto, con un texto bueno y abarcativo, el proceso de ratificarlo no sea tan lento y pausado.

Para esto necesitaremos una sociedad civil fuerte que empuje a los Estados a ratificar el tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. Nuevamente esperaría que este proceso fuese largo y arduo, ya que el tema de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial es bastante espinoso, puesto que hay muchos intereses de por medio. Lo que se viene será un gran desafío para todos los actores involucrados.

Siga a@fernanda_ho y a@WGBizHRs en Twitter.
TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “La sociedad civil somete a verificación de datos los argumentos los Estados”
CIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de unTratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Ian preside laAlianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de laIniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?

No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.

La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.

¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?

Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.

A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.

¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?

Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.

Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.

¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?

En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.

El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?

Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.

Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.

Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de susitio web, y siga a@GI_TOC y@IanTennant9 en Twitter.
TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”
CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?

Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.

Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.

Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.

Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.

Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.

¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?

El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.

Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.

¿Cuáles son los principales desafíos?

El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.

Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.

No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.

Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.

Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.

Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.

¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?

La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.

Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.

El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.

También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.

Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.

En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.

¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?

Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.

El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?

Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.

El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.

Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.
TRATADO DE LA ONU SOBRE LOS PLÁSTICOS: “La salud humana y el medio ambiente deben ser lo primero”
CIVICUS conversa sobre los avances hacia un Tratado de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Contaminación por Plásticos con Vito Buonsante, abogado especializado en salud ambiental y asesor técnico y político de la Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes (IPEN).

IPEN es una red global de organizaciones de la sociedad civil (OSC) cuyo objetivo es mejorar las políticas sobre productos químicos y sensibilizar a la opinión pública para asegurar que las sustancias peligrosas dejen de producirse, utilizarse o desecharse de forma perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.

La mayoría de la gente no sabe que se está elaborando un Tratado de la ONU sobre la Contaminación por Plásticos. ¿Cuándo y cómo se inició el proceso?

En marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), el máximo órgano decisorio mundial en materia de medio ambiente, aprobó un amplio mandato para iniciar conversaciones sobre un tratado internacional que haga frente a las crecientes amenazas de la contaminación por plásticos. El Tratado sobre los Plásticos pretende abarcar todas las repercusiones de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida, incluidos los efectos de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos sobre la salud humana y el medio ambiente. Debería ayudar al mundo a avanzar hacia un futuro libre de productos tóxicos.

Según el análisis de IPEN, sobre la base del mandato de la UNEA, el acuerdo final debe abordar los impactos de los plásticos y sus sustancias químicas sobre la salud de cuatro maneras. En primer lugar, debe abordar el uso, la liberación y los daños de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el consumo y la gestión de residuos. En segundo lugar, dado que el mandato hace hincapié en la importancia de promover un diseño sostenible, el tratado debe garantizar que se eliminen las sustancias químicas peligrosas de la producción de plásticos y que los plásticos con sustancias químicas peligrosas no se reciclen.

En tercer lugar, la resolución de la UNEA señala la importancia de prevenir las amenazas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de los plásticos tóxicos y demanda coordinación con el Convenio de Basilea de 1989 sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Rotterdam de 1998 sobre la importación de productos químicos peligrosos, el Convenio de Estocolmo de 2001 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, un marco político mundial adoptado en 2006. Por tanto, el tratado debe abordar las repercusiones para la salud y el medio ambiente de la exposición a sustancias químicas peligrosas y emisiones tóxicas a lo largo del ciclo de vida de los plásticos.

En cuarto lugar, está la cuestión de los microplásticos, que la resolución de la UNEA incluye dentro de la contaminación por plásticos. Esto significa que el tratado también debe abordar los peligros para la salud y el medio ambiente de los microplásticos, incluido su potencial para ser vectores de contaminación química.

¿Qué progresos se han producido en la primera sesión de negociaciones?

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 se celebró en Punta del Este, Uruguay la primera sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino.

En esta primera reunión, los Estados han tenido la oportunidad de expresar sus intenciones en relación al tratado que imaginan. Por un lado, hemos visto a un gran grupo de Estados, que trabajan bajo el paraguas de la Coalición de Alta Ambición para Acabar con la Contaminación por Plásticos, que han expresado su deseo de un tratado que marque la diferencia en la forma en que se fabrican los plásticos y aborde las causas profundas de la contaminación por plásticos. Por otro lado, hay un grupo de Estados que luchan por un tratado que no cambie la situación actual. Entre estos países se encuentran, Arabia Saudita, Estados Unidos y Japón, que quieren un tratado centrado únicamente en la gestión de residuos, en lugar de abarcar todo el ciclo de vida de los plásticos, y basado en compromisos nacionales voluntarios en vez de obligaciones vinculantes para todos.

La segunda sesión tendrá lugar a finales de mayo y principios de junio en París, Francia. Las negociaciones deberían concluir a finales de 2024, y debería ser posible cumplir el plazo. Es posible acordar medidas globales. La ciencia es muy clara: sería ilusorio pensar que reciclar las crecientes cantidades de plásticos que se producen es la solución a la crisis de contaminación por plásticos, después de 40 años de no conseguir reciclar ni siquiera una pequeña cantidad de esos residuos plásticos. Es demasiado pronto para saber en qué dirección irán las conversaciones, pero debería ser posible acordar una serie de normas globales, aun a riesgo de que algunos Estados no ratifiquen inmediatamente el tratado.

¿Cómo sería un tratado ambicioso?

La medida más importante que debe incluir un tratado eficaz es la reducción de la producción total de plásticos. Si la producción no se ralentiza, en los próximos 20 años la cantidad de plástico se duplicará y será realmente imposible controlarla.

Una segunda medida clave se refiere al diseño de los plásticos. Aquí es necesario eliminar todos los aditivos químicos tóxicos, como los bisfenoles, los PFAS y los retardantes de llama, y todos los polímeros tóxicos, como el PVC y el poliestireno. Se sabe que estas sustancias químicas tienen efectos perjudiciales para la salud, ya que alteran las funciones hormonales, la fertilidad y las funciones cerebrales de los niños, entre otras cosas. Eliminarlos de los plásticos creará ciclos de materiales más seguros. También es muy importante mejorar la transparencia en lo que se refiere tanto a los ingredientes de los plásticos como a las cantidades y tipos de plásticos producidos. Sin una imagen clara de lo que se produce y dónde, será difícil vencer la contaminación por plásticos.

La ambición debe extenderse también a la implementación. Los países desarrollados deben comprometerse a crear un fondo para implementar el tratado. Por muy estrictas que sean las disposiciones del tratado, sin una inversión considerable en implementación, su impacto de será limitado. Recientemente se han adoptado compromisos para fondos destinados al clima y la biodiversidad, pero aún no se ha creado un fondo para hacer frente a la contaminación por plásticos y otras acciones relacionadas con los productos químicos y los residuos.

¿Qué aportan las OSC ambientalistas a la mesa de negociaciones?

Las OSC poseen un amplio abanico de conocimientos y experiencias que resultan muy valiosos para los negociadores del tratado. IPEN, por ejemplo, lleva más de dos décadas abogando por el reconocimiento de las repercusiones de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos, mostrando claramente a través de numerosos informes científicos y pruebas de plásticos y productos plásticos cómo los productos plásticos exponen a las comunidades y poblaciones vulnerables a sustancias químicas tóxicas.

Somos optimistas y creemos que prevalecerá la necesidad de resolver esta crisis planetaria. La comunidad internacional ha fracasado con el cambio climático y no puede fracasar también con los plásticos. El Tratado sobre los Plásticos podría ser una forma de demostrar que la cooperación internacional es la mejor manera de resolver los problemas globales y que la salud humana y el medio ambiente pueden y deben anteponerse a los intereses nacionales y empresariales.

Póngase en contacto con IPEN a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@ToxicsFree y@VitoABuonsante en Twitter.