Unión Europea
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DERECHOS DE LOS MIGRANTES: “Europa instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración”
CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas migrantes y refugiadas en Grecia con Maya Thomas-Davis, una de las responsables de Incidencia y Comunicación del Centro Legal Lesvos AMKE, una organización de la sociedad civil griega que proporciona información y asistencia legal gratuita a las personas migrantes que llegan por mar a Lesbos, donde el Centro tiene su sede. El Centro Jurídico también documenta las violaciones de los derechos de las personas migrantes, aboga por rutas migratorias seguras y legales y hace incidencia y litigio estratégico para que el gobierno griego, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y las instituciones europeas rindan cuentas por el trato que dan a las personas migrantes.
Foto: Legal Centre Lesvos @Instagram
¿Qué tipo de trabajo realiza el Centro Jurídico, y cómo se las ha arreglado durante la pandemia?
El Centro Jurídico Lesbos (LCL) es una organización civil jurídica y política sin ánimo de lucro basada en principios de solidaridad, no de caridad. Desde agosto de 2016, ofrece acceso a información, asistencia y representación jurídica a las personas migrantes que llegan por mar a la isla griega de Lesbos. El LCL también trabaja por la justicia colectiva y el cambio estructural como parte del movimiento de resistencia al imperialismo fronterizo de Europa en varios frentes, incluidas la incidencia y el litigio estratégico. El LCL fue fundado en respuesta a la declaración UE-Turquía de marzo de 2016, un acuerdo de dudosa legalidad mediante el cual la Unión Europea convirtió a las personas que buscaban libertad, seguridad y dignidad en mercancías y moneda de cambio: en ese acto, acordó un pago de 6.000 millones de euros al régimen autoritario de Erdogan a cambio de que Turquía actuara como guardia fronterizo de la fortaleza Europa. Este “acuerdo” transformó la isla de Lesbos en un lugar de reclusión indefinida para las personas migrantes. El LCL ofrece acceso a información legal y asistencia en solidaridad con las personas migrantes atrapadas aquí, sin perder de vista que la migración a Europa está íntimamente relacionada con el pasado y el presente imperialista del continente y con los intereses del capitalismo global; que las brutales violaciones que se observan aquí son siempre opciones políticas; y que las personas más afectadas son los actores políticos más importantes a la hora de desafiar el sistema y montar una resistencia.
El LCL tiene una política de puertas abiertas, lo que significa que no rechaza a nadie ni niega a nadie información o asistencia jurídica porque su caso no sea lo suficientemente “sólido” o no resulte adecuado para un litigio estratégico. Mantenemos esta postura porque creemos que, como mínimo, todo el mundo tiene derecho a entender el marco legal al que está sujeto, especialmente en el contexto del derecho de asilo, donde las consecuencias pueden ser una cuestión de vida o muerte.
Para facilitar el acceso a la información, antes de que se introdujeran las restricciones vinculadas con el COVID-19, el LCL había organizado sesiones informativas grupales periódicas sobre los procedimientos de asilo, en varios idiomas. Este es sin duda un aspecto de nuestro trabajo donde la pandemia ha creado dificultades. En Lesbos se han aplicado medidas de confinamiento, con distintos grados de intensidad, desde marzo de 2020. Debido a las limitaciones de capacidad de las oficinas que impusieron las restricciones, nos resultó imposible seguir realizando sesiones informativas grupales. Hemos conseguido mantener la política de puertas abiertas con horarios estrictos, con muchos de nosotros trabajando desde casa al menos una parte del tiempo, y estamos tratando de seguir facilitando un acceso más amplio a la información a través de otros medios, como por ejemplo mediante actualizaciones en varios idiomas en nuestro sitio web y en las redes sociales.
¿Cómo ha evolucionado la situación de las personas migrantes y refugiadas en 2020 a raíz de la pandemia?
Al tiempo que la pandemia de COVID-19 se extendía por Europa, el 1 de marzo de 2020 el Estado griego suspendió en forma ilegal el derecho de asilo y procedió a la violenta fortificación de las fronteras. La UE alabó a Grecia como “escudo” de Europa y la Agencia Europea de Fronteras y Costas, también conocida como Frontex, le proporcionó un creciente apoyo material. Aunque la UE lleva muchos años ejerciendo violencia contra las personas migrantes en sus fronteras, rechazándolas y negándoles la entrada, parece que los funcionarios griegos y de la UE creyeron que la pandemia les daría la cobertura perfecta para intensificar su ataque contra las personas migrantes en el Egeo, con total impunidad.
Desde marzo de 2020, el número oficial de llegadas por mar a Grecia ha disminuido drásticamente: se ha reportado una disminución de 85% en comparación con 2019. En el mismo plazo, numerosos informes e investigaciones han revelado que las autoridades griegas recurren sistemáticamente a la práctica de las expulsiones colectivas, llevadas a cabo mediante un modus operandi consistente, con la complicidad documentada de Frontex. Según todos los relatos compartidos con el LCL por sobrevivientes de estas expulsiones, las autoridades griegas han expulsado sumariamente a personas migrantes del territorio griego sin registrar su llegada ni facilitar su acceso a los procedimientos de asilo. Ya sea en medio del mar o tras su desembarco en una isla del Egeo, las autoridades griegas trasladan por la fuerza a las personas migrantes hacia aguas turcas antes de abandonarlas en el mar en botes sin motor y no aptos para la navegación o en balsas salvavidas, absolutamente indiferentes a si viven o mueren. A pesar de los numerosos informes, declaraciones, investigaciones y denuncias de este continuo ataque contra las personas migrantes, las expulsiones fuera de la frontera del Mar Egeo continúan con impunidad; de hecho, constituyen la implementación no oficial de los objetivos del acuerdo entre la UE y Turquía en momentos en que la frontera turca permanece oficialmente cerrada.
Mientras tanto, en Lesbos, las restricciones relacionadas con la pandemia no han hecho más que agravar la situación de violencia policial, discriminación y detención masiva efectiva de personas migrantes. Las restricciones relacionadas con el COVID-19, tales como los toques de queda y la exigencia de llevar una autorización para circular, se han aplicado de forma injustificadamente discriminatoria. Recientemente, el 15 de febrero de 2021, por ejemplo, el toque de queda para la población general de Lesbos se levantó entre las 18:00 a las 21:00 horas; sin embargo, para las personas migrantes que viven en el campamento se mantuvo un régimen separado de restricciones, y se las sometió a un toque de queda más estricto a partir de las 17:00 horas. Más allá de las citas médicas o legales, solo se les permite que un miembro de la familia salga del campamento una vez a la semana. Incluso cuando presentan una justificación escrita, el permiso para salir del campamento es a menudo denegado de forma arbitraria. A la hora de revisar documentos y permisos de circulación, así como al imponer multas, la policía se ensaña desproporcionadamente con personas racializadas.
Mientras tanto, los cambios en el funcionamiento de la Oficina Regional de Asilo y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en Lesbos, que venían realizando entrevistas a distancia con solicitantes de protección internacional, han dado lugar a nuevas violaciones de los procedimientos. Entre ellas se encuentran los obstáculos en el acceso a la asistencia jurídica en primera instancia y a la presentación de recursos dentro de los plazos debido a las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia y al acceso restringido a las oficinas de la EASO; la imposibilidad de garantizar la confidencialidad necesaria debido a que las entrevistas a distancia por teléfono o vídeo se realizan en instalaciones inadecuadas; y la imposibilidad de presentar de forma exhaustiva los motivos de las solicitudes a causa de interrupciones prácticas y técnicas de las entrevistas de asilo.
En cuanto a la situación sanitaria, el Estado no ha evacuado sistemáticamente a las personas en riesgo de los campamentos superpoblados e insalubres de Lesbos, donde las medidas de distanciamiento son imposibles. Al igual que el anterior campamento de Moria, que se incendió en septiembre de 2020, el nuevo centro de acogida e identificación de Mavrovouni/Karatepe -también conocido como “Moria 2.0”- no es apto para la habitabilidad humana. Por si las condiciones de alojamiento, atención sanitaria, privacidad, alimentación, electricidad, agua corriente, duchas calientes, aseos y otras instalaciones higiénicas no fueran lo suficientemente malas, desde 1926 y hasta su precipitada transformación en campamento en septiembre de 2020, el emplazamiento de Moria 2.0 había sido un campo de tiro militar, y el gobierno griego ha admitido que se ha encontrado una alta concentración de plomo en las muestras tomadas del lugar. La intoxicación por plomo provoca daños en los órganos, cáncer y daños en el desarrollo de fetos y niños. No se conoce ningún nivel de exposición al plomo que no tenga efectos nocivos. En estas condiciones, el hecho de que el Estado griego no traslade a las personas que están desproporcionadamente expuestas a peligro de muerte en las condiciones inhumanas de Moria 2.0 para darles condiciones de vida adecuadas supone un atentado contra las vidas migrantes.
¿Cuáles diría que son las principales violaciones de derechos que sufren las personas migrantes y refugiadas en Lesbos?
El hecho de que cientos de personas hayan sido, y sigan siendo, trasladadas a la fuerza y luego abandonadas en medio del mar por las autoridades griegas sin medios para pedir rescate, en botes y balsas salvavidas no aptos para la navegación, constituye una forma espectacular de violencia estatal contra las personas migrantes. Más allá de las violaciones de derechos, la posición del LCL es que los elementos constitutivos del modus operandi sistemático de las expulsiones colectivas en el Egeo, sumados al carácter generalizado y sistemático del ataque, equivalen a crímenes contra la humanidad. La práctica de las expulsiones sistemáticas impunes revela hasta qué punto la fortaleza Europa trata las vidas migrantes como desechables. Es la clase de tratamiento que históricamente ha acompañado la comisión de crímenes atroces.
El mismo desprecio por las vidas de las personas migrantes se desprende de las condiciones que éstas se ven obligadas a soportar en los campamentos y centros de detención en Lesbos, que constituyen violaciones del derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes y a la tortura, de los derechos a la libertad y la seguridad, a la vida privada y familiar, al recurso efectivo, a la no discriminación y, en suma, a la vida. Ese desprecio se revela en el hecho de que las personas son obligadas a esperar en el limbo durante años, aisladas de sus familias, amigos, comunidades y objetivos de vida, sin poder avanzar ni retroceder. Se observa también en el hecho de que la UE prioriza y financia cada vez más la detención masiva y efectiva de personas migrantes, mediante sistemas de “puntos calientes”, procedimientos fronterizos acelerados, deportaciones forzosas, militarización de las fronteras y externalización del control fronterizo mediante acuerdos de dudosa legalidad con terceros países y el condicionamiento de la ayuda y otros paquetes financieros a la fortificación de las fronteras.
Aunque la violencia de las expulsiones en el Egeo es escandalosa y debe ser tratada como tal, no es en absoluto una aberración en el marco de la lógica del régimen fronterizo europeo, que instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración a cualquier precio. Incluso si en Lesbos se cumplieran las normas de acogida y de procedimiento exigidas por el Sistema Europeo Común de Asilo, muchas personas seguirían siendo excluidas, y el sistema seguiría siendo violento y fundamentalmente insuficiente para garantizar las condiciones de desarrollo humano que todas las personas merecen. Por esta razón, aunque el LCL seguirá documentando, denunciando y buscando reparación para las violaciones sistemáticas de derechos en Lesbos, somos conscientes de que al mismo tiempo debemos organizarnos para lograr un cambio sistémico: el marco de derechos humanos de Europa no puede fallarles a personas a las que no fue diseñado para proteger.
¿Cuál es su posición respecto de las protestas de personas refugiadas frente a las condiciones de vida en los campos y la suspensión de los procedimientos de asilo?
El LCL siempre se ha organizado y actuado en solidaridad con la resistencia liderada por migrantes. A lo largo de los años esto ha tomado muchas formas, incluyendo protestas, huelgas de hambre, publicaciones colectivas, asambleas y ocupaciones. El Estado ha respondido con intentos de castigar colectivamente la resistencia organizada de migrantes en Lesbos. Un ejemplo de ello fue el de los 35 de Moria hace unos años. Pero hay muchos ejemplos más recientes. Por supuesto, esta resistencia puede entenderse como un ejercicio de los derechos humanos, y específicamente de los derechos a las libertades de asociación, de reunión pacífica y de expresión, y en tanto que organización legal, esta es una de las formas en que entendemos y apoyamos este tipo de acciones. Sin embargo, en Lesbos -donde los derechos se violan sistemáticamente con total impunidad, se imponen deliberadamente condiciones de miseria y la situación siempre parece seguir empeorando justo cuando ya parecía que no cabía imaginar algo peor- la resistencia organizada es también, en muchos sentidos, la única opción que queda.
¿Qué tipo de apoyo necesitaría el LCL de la sociedad civil internacional para seguir haciendo su trabajo?
El año pasado, el Estado griego introdujo nueva legislación sobre el registro de organizaciones de la sociedad civil, imponiendo requisitos de registro y certificación onerosos y complejos que constituyen barreras innecesarias y desproporcionadas para las organizaciones que trabajan en solidaridad con las personas migrantes en Grecia. Esto sin duda dificultará el trabajo del LCL, tal como está previsto que ocurra. El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de las ONGI del Consejo de Europa ya ha expresado su preocupación por estos nuevos requisitos, y como forma de apoyo de parte de la sociedad civil internacional, todo desafío que pueda interponerse frente a estas medidas sería bienvenido.
En general, el apoyo y la solidaridad internacionales son necesarios para resistir frente al entorno cada vez más hostil para las personas migrantes en Grecia, así como para quienes trabajan en solidaridad con ellas. Las campañas de desinformación de la extrema derecha, que acusan de criminales a las personas migrantes y a las organizaciones de solidaridad con ellas, se traducen cada vez más en prácticas del Estado griego, tales como la identificación por parte de la policía griega de cuatro grupos de derechos humanos y de solidaridad con migrantes en una investigación en la que se les acusa de espionaje, formación de y pertenencia a una organización criminal; el procesamiento sistemático de migrantes por parte del Estado griego por facilitar entradas o salidas ilegales; su perversa decisión de procesar al padre de un niño de seis años que se ahogó trágicamente en un naufragio cerca de Samos en noviembre de 2020 por haber puesto en peligro la vida de su hijo; y su decisión de presentar cargos penales contra una mujer que, desesperada, se prendió fuego en Moria 2. 0 en febrero de 2021. Esas medidas que presentan a las personas migrantes y a quienes actúan en solidaridad con ellas como criminales y como amenazas para la nación son el producto de una táctica deliberada y eficaz para ocultar el hecho de que son los Estados los que poseen el monopolio de la violencia y para distraer la atención de las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes que ellos cometen.
En términos más generales, de las propuestas legislativas contenidas en el “nuevo” pacto de la UE sobre migración y asilo se desprende que la UE intentará extender el modelo que ya ha probado en el laboratorio de Lesbos y de las otras “conflictivas” islas griegas a todas las fronteras exteriores de Europa. Este modelo incluye la detención a la llegada, la aceleración de los procedimientos fronterizos de detención en función de tasas de reconocimiento de asilo por nacionalidad, el uso de la deportación como forma de “solidaridad” entre los Estados miembros y la ampliación del uso de los datos personales y biométricos de las personas migrantes. Este año se va a construir un nuevo campo “controlado” en Lesbos, en una zona intencionadamente alejada y conocida por el peligro de incendios forestales. La solidaridad internacionalista será siempre nuestra mejor arma para organizar la resistencia desde abajo frente a todas estas medidas.
El espacio cívico en Grecia es calificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.
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HUNGRÍA: ‘A las personas trans nos están arrebatando nuestros derechos’
Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.
¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?
En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.
Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.
Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.
En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.
El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.
Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?
¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?
En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.
Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?
Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.
Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.
Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.
¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?
Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.
Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.
También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.
Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.
Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?
En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.
Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.
En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.
También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.
¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?
Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.
Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.
La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.
La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.
¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?
Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.
El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
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MIGRACIÓN: “La propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia”
CIVICUS conversa con Maddalena Avon, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios para la Paz (CPS), sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en Europa en el marco de la pandemia y las formas en que la sociedad civil está respondiendo a la creciente presión fronteriza ejercida por gobiernos europeos hostiles.
CPS es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la no violencia y el cambio social a través de la educación, la investigación, la incidencia, las campañas y el activismo. Fundada en 1996, trabaja en tres áreas: asilo, integración y seguridad humana; educación para la paz y afirmación de la no violencia; y lucha contra las desigualdades. CPS es miembro activo de la Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras, una red independiente de OSC basadas en su mayoría en los Balcanes y Grecia, que monitorea las violaciones de derechos humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea y aboga por poner fin a la violencia contra las personas en movimiento.
¿Cuáles han sido las principales tendencias migratorias en Europa, y específicamente en los Balcanes, durante la pandemia?
El panorama del acceso al asilo ha cambiado drásticamente desde que entraron en vigor las restricciones establecidas en respuesta a la pandemia. La Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras (BVMN) ya había publicado informes que referían al asilo como un conjunto de derechos erosionados, pero el debido proceso para las solicitudes de protección internacional se ha visto aún más cuestionado en el marco de la emergencia sanitaria de los últimos meses.
En primer lugar, las persistentes medidas de devolución en las fronteras siguen impidiendo a las personas solicitar protección internacional, y los Estados realizan expulsiones colectivas. En segundo lugar, las decisiones de los gobiernos de suspender o cerrar las oficinas de asilo sin ofrecer ninguna alternativa o remedio eficaz han colocado a las personas refugiadas y otros migrantes en un limbo efectivo y en riesgo de devolución. Igualmente, la implementación de medidas contra la COVID-19 ha permitido a países como Croacia, Grecia y Hungría restringir aún más el acceso a protecciones internacionalmente garantizadas.
En medio de la escalada del brote de COVID-19, la Unión Europea (UE) lanzó su Plan de Acción Conjunto para los Derechos Humanos. Sin embargo, el espíritu de esta declaración diverge agudamente con la realidad sobre el terreno. En particular, continúan las violaciones de derechos fundamentales por parte de Estados miembros de la UE y de terceros países que tienen con la UE diversos acuerdos sobre migración, asilo y seguridad fronteriza, así como sistemas de campamentos financiados. En lugar de ayudar a las comunidades vulnerables en este período de precariedad, las políticas y regulaciones han permitido que el fortalecimiento de las fronteras de la mayoría de los Estados miembros erosione aún más los derechos de asilo, el debido proceso y el trato humanitario.
Según un reciente informe de la BVMN, en marzo y abril de 2020 Eslovenia experimentó un descenso en el número de cruces irregulares de fronteras en comparación con los dos primeros meses de 2021 y el mismo periodo de 2019, y esto se reflejó en el número mucho menor de personas detenidas en las comisarías debido a cruces irregulares de fronteras. Sin embargo, la cantidad de expulsiones colectivas a Croacia se mantuvo constantemente alta. A principios de 2020, durante el brote de COVID-19 y las restricciones subsiguientes, Eslovenia continuó negando sistemáticamente el derecho de asilo y utilizó su acuerdo de readmisión con Croacia -que le permite entregar personas a la policía croata si hay pruebas de que han cruzado ilegalmente la frontera en las últimas 48 horas- para deportar a un gran número de personas, aunque el acuerdo de readmisión no se aplica si la persona ha pedido asilo o es un potencial solicitante de asilo. Ha seguido haciéndolo a pesar de ser plenamente consciente del alto riesgo de tortura y de nuevas expulsiones ilegales a Bosnia y Herzegovina.
En Croacia, como en otros lugares, la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero algunas cuestiones, como el régimen de expulsiones, desgraciadamente se mantienen igual. La única diferencia es que estas violentas expulsiones colectivas atraen ahora menos atención, ya que todas las miradas están puestas en la pandemia y no se ha permitido a los observadores de derechos humanos permanecer en el terreno a causa de las restricciones sanitarias. Las expulsiones y la violencia en las fronteras han persistido: en un caso de los cientos documentados por la BVMN, un grupo que incluía a una persona gravemente herida y a un menor fue golpeado con porras por agentes croatas, que también quemaron su ropa, y el grupo fue devuelto a Bosnia y Herzegovina.
Un fenómeno relativamente nuevo en materia de prácticas de devolución es el de marcar a grupos de personas con pintura en aerosol naranja, como informó No Name Kitchen, una organización de base y miembro de la BVMN que presta asistencia directa a personas en movimiento en ciudades fronterizas a lo largo de la Ruta de los Balcanes. También han continuado las devoluciones en cadena desde Eslovenia a través de Croacia, que envían de regreso a las personas migrantes por el mismo camino por el que llegaron.
Resultan preocupantes los reportes que indican un aumento de la brutalidad en el marco de las devoluciones, dada la mayor autonomía que las autoridades estatales han ganado con la pandemia. Las devoluciones son ilegales y la propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia.
¿Cómo responden el CPS y la BVMN a estas tendencias?
El valor del trabajo realizado por la BVMN radica en la interconexión de diversos métodos: el trabajo de campo, que incluye el establecimiento de relaciones de confianza con las personas localizadas en zonas fronterizas, la recolección de testimonios y el trabajo de incidencia política, que supone la presentación de demandas claras a las instituciones para que rindan cuentas de determinadas acciones. El trabajo jurídico también es esencial cuando las personas que han sobrevivido a violaciones de derechos humanos quieren reclamar justicia. Cada miembro de la BVMN es fuerte en uno o varios de estos métodos de trabajo, y nuestra fuerza colectiva consiste en combinarlos a todos en un enfoque integral.
Dentro de la red, el CPS lleva a cabo investigaciones que alimentan nuestros esfuerzos de concientización e incidencia sobre el acceso al sistema de asilo, la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, la conducta ilegal de la policía, la criminalización de la solidaridad y la integración, con especial atención al empleo y la educación.
En lo que se refiere a la integración, dos de nuestros grandes éxitos han sido la Brújula del Danubio, una herramienta web que incluye toda la información relevante para la integración de personas migrantes y refugiadas en la sociedad croata, y nuestro programa de educación no formal para solicitantes de asilo, Hablemos de la Sociedad, que ofrece a los nuevos miembros de nuestra comunidad una introducción a la sociedad y las instituciones croatas, les informa acerca de sus derechos y fomenta su participación activa en la sociedad.
Dentro de la red, el CPS es un fuerte actor jurídico, ya que hasta ahora hemos presentado 12 denuncias penales contra autores desconocidos en uniforme de policía. Mediante un litigio estratégico, impedimos una extradición y logramos presentar dos demandas contra la República de Croacia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de nuestra labor de incidencia, varias instituciones internacionales y de la UE, incluida la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, comenzaron a cuestionar y condenar las prácticas de las autoridades croatas.
Como consecuencia de nuestra exposición pública de las prácticas ilegales hacia las personas refugiadas, hemos sufrido mucha presión y se nos prohibió ingresar y trabajar en los centros de asilo. Esto dificultó nuestro trabajo, pero no comprometió nuestra autonomía.
¿Consideras que se ha logrado algún progreso para que Frontex, la agencia fronteriza europea, rinda cuentas por no proteger los derechos humanos?
Frontex ha enfrentado graves acusaciones de violaciones de derechos humanos procedentes de diversos actores e instituciones, y la sociedad civil se ha unido en torno de múltiples campañas y acciones sobre el asunto, incluyendo #DefundFrontex. Con el apoyo de 22 OSC y redes de sociedad civil, incluida la BVMN, esta campaña reclama que se desfinancie a la agencia y que su presupuesto se reoriente hacia la creación de un programa europeo de salvamento marítimo civil dirigido y financiado por los gobiernos.
El principal problema es que Frontex opera en una zona gris en materia legal y se considera que no tiene responsabilidad por sus acciones: la responsabilidad siempre recae sobre el Estado miembro donde Frontex opera. Las normas de la agencia están redactadas de forma tal que en gran medida le permiten no rendir cuentas. Sin embargo, estamos viendo pequeños pasos hacia un cambio en este sentido, por ejemplo con la participación activa de la Defensoría del Pueblo Europeo.
¿Cómo puede la sociedad civil presionar a la UE para que su compromiso con los derechos humanos se extienda a las personas migrantes y refugiadas, y cómo puede alentar a los Estados miembros a respetar sus derechos?
Una de las formas que los miembros de la BVMN han encontrado para aunar múltiples fuerzas y ser más asertivos en demandas clave es la construcción de redes transfronterizas. Creemos que la implicación activa de la sociedad civil en cada zona fronteriza, país y pueblo puede suponer una diferencia real en la influencia ciudadana. Es muy importante expresarnos con voz fuerte en defensa de los derechos de refugiados y migrantes. También es importante conectar una variedad de luchas que están muy interconectadas y que tienen lugar a través de las fronteras, tales como las luchas relativas al cambio climático y los derechos de las mujeres.
El espacio cívico en Croacia es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el Centro de Estudios para la Paz a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @CMSZagreb en Twitter.
Póngase en contacto con la Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @Border_Violence en Twitter. -
UK: ‘The Rwanda plan sets a worrying precedent for the future of migration and human rights’
CIVICUS speaks with Julia Tinsley-Kent, Policy and Strategic Communications Manager of the Migrants’ Rights Network, about the UK’s new migration treaty with Rwanda, aimed at sending asylum seekers arriving unlawfully in the UK to Rwanda for processing.
The Migrants’ Rights Network is a UK charity that stands in solidarity with migrants in their fight for rights and justice.
How different is the new treaty that the UK signed with Rwanda from its predecessor? Do you think it will be implemented?
The Supreme Court recently upheld a ruling that the UK government’s plan to send migrants to Rwanda was unlawful on the basis that the country is unsafe and that there was a risk of refoulement – the forcible return of migrants to a country where they are likely to face persecution.
However, the UK government has not been deterred and has pressed ahead with new legislation that would declare Rwanda a safe country. The new Bill would give the government the power to disapply elements of the Human Rights Act 1998 and ignore European Court of Human Rights injunctions against deportation flights. It also puts a legal obligation on the courts to consider Rwanda a safe country when considering removal decisions, and to not entertain any claim based on the UK’s Human Rights Act or international law obligations.
The UK government has repeatedly demonstrated its commitment to outsourcing its protection obligations to other countries like Rwanda. Regardless of whether this policy is eventually implemented, it has already caused harm to migrant communities in Britain and demonstrated what lengths the government is prepared to go in deterring people from seeking safety and a new life in the UK.
What is concerning about the plan is the worrying precedent it sets for the future of migration and human rights. It shows the UK government is prepared to overhaul the judicial system to push through regressive and cruel policies.
Do you view this as part of a wider regional or global restrictive trend?
The Rwanda plan is one component of the UK’s increasingly hostile environment for migrants. This is reflective of a wider global trend. Across the world, but particularly in Europe and the USA, governments are pouring money into tightening already highly militarised borders.
In times of crisis or economic instability, governments will scapegoat excluded groups and migrants to distract from their own failings. It is the oldest trick in the book. At a time where the UK is in the midst of a chronic cost of living crisis where growing numbers of people are struggling to feed their families or pay their bills, the government is shifting the blame and attention on to migrants.
Contemporary attitudes and policies on migration draw on decades of restrictive racist immigration policies, aimed at keeping out particular groups of migrants. We must acknowledge the disparities between who is constructed as welcome in the west and who is not. For example, hostile borders and immigration policies have not been imposed on white people from Ukraine nor wealthy, western expats. Instead, it is people of colour and those from majority-Muslim countries who withstand the worst of them.
How does UK civil society and your organisation in particular work to help migrants?
At the Migrants’ Rights Network, we stand in solidarity with migrants in their fights for rights and justice. We are a charity mostly led by migrants and migratised people – people assumed to be migrants – that campaigns for transformational change to tackle oppression at its source. We are not a formal network but we work to establish and strengthen connections because we believe it is through building bonds between people that we have the greatest opportunity to achieve transformational change. We are led by the opinions, views and experiences of migrants and grassroots organisations and are willing to be challenged. In particular, we look at how racism, Islamophobia, homophobia and other systems of oppression shape immigration systems and how migrants are constructed in prevalent narratives.
Our work takes many forms. Among these, we use our platform to raise awareness of pressing issues amongst politicians and policy makers, and in the media; work with people and organisations to build campaigns and links with legal experts to pursue strategic litigation; build an evidence base for change by co-curating with affected migrants to better understand the issues and inform our work and the work of others; promote partnership and collaboration between different causes and campaigns, to enable information and resource sharing; inform migrant communities on their rights through our tailored resources and training; and develop alternative narratives to counter harmful rhetoric and narratives around migration through informative and creative campaigns.
British migration charities should focus on delivering much-needed support and campaigning for liberation, but must also ensure that they are held to account by migrants. Recommendations are often based on assumptions rather than experience, so we must ensure we remain accountable to those who have moved across borders.
Civic space in the UK is rated ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.
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The opinions expressed in this interview are those of the interviewee and do not necessarily reflect the views of CIVICUS.